Sol Yucatán | Edición 146

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

de Mérida, Yucatán

¡CÓMPLICE DE DESVÍOS!

*Desde la entrega-recepción entre la administración del priísta Rolando Zapata Bello y el actual gobernador del PAN, Mauricio Vila Dosal, este último ha solapado el desvío de recursos gubernamentales, sin que a la fecha haya procesados judicialmente

*El mandatario mintió a los yucatecos cuando dijo que perseguiría la corrupción y metería a la cárcel a los funcionarios que se llevaron dinero que no es suyo, pues hay un desfalco en el ISSTEY por más de 2,500 millones de pesos y a nadie ha acusado

*La Auditoría Superior de la Federación señaló claramente que no se pagaron impuestos ni cuotas de seguridad social; hay desfalco en gastos personales, y transferencias que no corresponden a los saldos en las cuentas bancarias, entre múltiples inconsistencias

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- De acuerdo con la revisión de una muy pequeña parte de la cuenta pública 2018, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el último año de transición del gobierno de Rolando Zapata Bello, este causó un daño a la Hacienda Pública por más de 4,852,404.05 millones de pesos por concepto de transferencias federales, tan sólo en un rubro auditado.

Dos semanas después de que Mauricio Vila tomara posesión como gobernador, el 1 de octubre de 2018, la secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, quien sigue en el cargo actualmente, dijo que se encontraron 900 plazas de confianza con duplicidad de funciones y un faltante de 1,900 millones de pesos del presupuesto estatal para el último trimestre del año. PAG. 3

LUCRAN CON DESPENSAS

*A través del DIF Estatal se beneficia a la empresa Comercializadora Ecourbana, que este año recibirá más de 181 millones de pesos por el suministro de despensas

*En lo que va del gobierno de Mauricio Vila, Comercializadora Ecourbana suma más de 531 millones de pesos en tan sólo tres contratos de 2019, 2021 y 2022

*Esta compañía fue adquirida al inicio del sexenio, en 2018, por Dica Administración S.A.P.I de C.V., consorcio vinculado a círculos panistas en la entidad

110 MDP EN RENTAS

*El Ayuntamiento gasta más de 100 millones de pesos para la contratación de automóviles por 24 meses, sin aclarar el motivo de rentar en lugar de comprar

*La flotilla de 49 unidades cuenta con placas, rastreo satelital GPS y el seguro anual con cobertura amplia

*Barrera Concha endeuda al municipio con préstamo millonario que ha dicho servirá para tapar baches y construir calles

PAG. 5

Redacción/Sol Yucatán

El Ayuntamiento de Mérida, dirigido por Renán Barrera mantiene un contrato con el proveedor Amsa Idealease, S.A. de C.V. por $110, 257,476.98 (son: ciento diez millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y seis pesos 98/100 m.n.), para la renta de 49 vehículos, sin dar cuenta del tipo del modelo y para qué se requiere dicho servicio, que a todas luces se mira con opacidad.

Mérida.-

Ciudad

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Mauricio Vila Dosal.

Rolando Zapata Bello.

EDITORIAL

EL NEGOCIAZO GUBERNAMENTAL DE ARRENDAR Y NO COMPRAR

Redacción/Sol Yucatán

Automóviles de uso general, patrullas, computadoras, fotocopiadoras, engargoladoras, máquinas para credencialización, escritorios, sillas, camiones de pasajeros, tractocamiones, tractoexcavadoras, volquetes y un largo etcétera, que se le pueda ocurrir a un alcalde y a un gobernador con creatividad para los negocios, con amigos empresarios o simplemente compadres, primos, vecinos, suegros, tíos o parientes de una novia en turno que quieren hacerse ricos a costillas del pueblo, con el dinero de las arcas públicas, es lo que está de moda.

Antes, los que gobernaban y repartían el pastel de los negocios se quedaban con el famoso “diezmo”, “el moche” o “aportación voluntaria para el partido”, que era efectivamente un diez por ciento o tal vez un 15 por ciento de lo que establecía el contrato, sin alterar los precios, sino más bien disminuyendo las ganancias del proveedor. Hoy eso ya no es así; en este momento las utilidades completas se reparten prácticamente en partes iguales y no importa que se reduzca la calidad de los servicios, mientras no se reduzca el tamaño de la ganancia.

Hoy cualquiera que no tenga escrúpulos para quedarse con el presupuesto público y justificarlo ante la Auditoría Superior de la Federación o del Estado, no importa, sólo

*La moda es alquilar todo lo que se pueda, todo lo que se utilice en el servicio público y además que se incluya mantenimiento permanente para que paguen más los ciudadanos

*Pero no sólo es rentar insumos físicos o infraestructura, sino también contratar los servicios, como jardinería y limpieza o mantenimiento y servicios generales a una empresa externa para que haga lo que debe hacer el gobierno, pero más caro

*Y entrados en gastos, no importa quién presta los servicios o renta al gobierno; así sea un improvisado que acaba de tener su registro como proveedor, porque su amigo, su primo, su hermano o su compadre llegó al poder y va a dar los contratos a modo, siempre y cuando se compartan las ganancias

depende de donde es el dinero que se va a tomar para justificar los recursos, puede llegar a gobernar y compartir el presupuesto.

Hoy gobernar pareciera que es saber hacer negocios. Pareciera que para ser funcionario o ganar un puesto de elección tienes que ser listo para las cuentas, lo demás no importa.

Antes, el empresario llegaba para hacer política, ahora el político llega para convertirse en empresario.

No interesa si las calles están hechas una infamia, llenas de baches, remendadas con chipotes de asfalto que afecten los vehículos que por ahí transiten.

No importa si no hay servicio público decente de limpieza o infraestructura y mobiliario urbano en buen estado.

Se trata de arrendar todo lo que se pueda para que lo use el gobierno, porque justifican que así rinde más el presupuesto, aunque en realidad el gobierno se queda sin nada, porque todo es rentado a precios de oro, de tal manera que cuando vence un contrato, un vehículo que costaba de contado 300 mil pesos, se pagó en 600 mil, 800 mil o más y no se quedan con él, porque es rentado.

¿Dónde quedó el ahorro para el gobierno y la optimización del presupuesto? En ningún lado.

GUERRERO: AUTORIDADES Y SOCIEDAD, BAJO EL YUGO DEL CRIMEN

*Cuando no están coludidas, las autoridades están sometidas a las presiones del crimen organizado. La sociedad vive aterrorizada por la ola de terror que en Guerrero siembran al menos seis cárteles de la droga –Jalisco, Sinaloa, Ardillos, Tequileros, Guerreros Unidos y el cártel Independiente de Guerrero –todos ellos se disputan amplias extensiones territoriales y el control del mercado de la amapola, de donde se extrae la goma de opio para elaborar herorína, una de las drogas con mayor demanda a Estados Unidos.

*En Guerrero operan más de 400 organizaciones criminales, según datos de la FGR y de la Sedena. La mayoría de éstos grupos actúan al amparo de autoridades municipales: alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros y hasta jefes policiacos están bajo las órdenes de los criminales.

*Y en el caso de los comandantes de la policía éstos fungen como brazos armados de los cárteles y, al mismo tiempo, son el cerco protector de mafiosos y bandoleros. Ni El Ejército ni la Guardia Nacional ha podido desarticular estas redes. Si lo intentan, se mueren.

Redacción/Sol Yucatán

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

DIRECTORIO Director General: Pedro Daniel Rodríguez Hernández

Subdirector General: José Enrique González Ortiz

Coordinación Editorial: José Sánchez López/Julio Fontanes

Coordinador de Finanzas: Víctor Manuel Simá Kú

CORRESPONSALES NACIONALES

Veracruz: Sayda Chiñas Córdoba / Tijuana: Isaí Lara Tonathiu / Guerrero: Cuauhtémoc Albarrán / Chihuahua: Héctor Dáyer López / Tamaulipas: Oscar Pineda Tapia / Oaxaca: Roberto Polo Hernández / Sinaloa: Jesús Herrera Guanajuato: Eduardo Estrada Téllez / Puebla: Ana de la Fuente Laudo / Michoacán: Marcos Hernández Palafox / Ciudad de México: José G. Sánchez / Cuernavaca: Alejandro Melgoza

COLUMNISTAS

Rafael Loret de Mola / Ricardo Ravelo Galó / José Sánchez López / Francisco Medina / Mouris Salloum George / Pablo Cabañas / Héctor Moctezuma de León / Edgar González Martínez / Sergio Gómez Montero /Moisés Sánchez Limón / Sócrates Campus Lemus / Gregorio Ortega Molina / Glen Rodrigo Magaña / Fernando Irala / Octavio Campos Ortiz / Alberto Woolrich / Aletia Molina / Miguel Rocha Valencia / Miguel Tirado Rasso / Armando Rojas/ Roberto Fuentes Caricaturistas: Armando Barrera Vera

Redacción: Transparencia: Lesmy Aurelia González Velázquez Diseño gráfico y Diagramación: Daniel E. Tuz Solís / Edwin J. Hidalgo Sandoval Relaciones públicas: Melissa Espadas Ventas: Mario Cabrera Pech

OFICINAS EN YUCATÁN

Y en este momento no estamos hablando de cuando los servicios también se le dan al compadre, al vecino o al amigo para que cotice a precios estratosféricos, le agregue cláusulas al contrato donde el comerciante sale ganando y no donde las ventajas son para el gobierno, como lo pide la ley.

No estamos hablando de que los precios que paga el gobierno deben ser más baratos que los que se ofertan al público en general, como lo manda la ley también.

Estamos hablando de que tareas tan elementales como limpieza y jardinería de parques y jardines, que están incluidas dentro de las tareas que debe prestar un Ayuntamiento, ahora se les encargan a empresas privadas.

¿Cuándo cambiaron la ley? ¿En qué momento gobernar fue sinónimo de hacer negocios monopolizados desde el poder? ¿A partir de qué instante el poder se convirtió en la mina de oro para alcaldes sin escrúpulos y gobernadores deshonestos?

¿Por eso los alcaldes ahora repiten en el cargo una y otra vez? ¿O por eso los alcaldes mandan a sus esposas a gobernar después de ellos y regresan un período no y otro sí? ¿A eso se debe que también el primo, el hermano y el padre se alternan las presidencias municipales creando cacicazgos inmundos con familias millonarias con un pueblo en la miseria?

Mientras esto siga así no habrá dinero para satisfacer a esta gente que no tiene llenadera.

Es tiempo de que la corrupción no sea sinónimo de gobernar, pero también de que los ciudadanos dejemos de ser complacientes y se exija que los servicios públicos sean de calidad, con el mejor precio y realizados por empresas especialistas.

Mientras un empresario abarrotero se dedique a pavimentar calles, o haya empresas legamente constituidas (porque eso dice su escritura pública), pero sean “todólogas” y acaparen todos los contratos desde construir hasta proveer artículos de limpieza, pasando por alimentos que en el DIF se requieren, no habrá presupuesto público que alcance para todo y para todos.

OFICINAS EN QUINTANA ROO

Los índices de pobreza del ciudadano, crecen en la misma proporción que los bolsillos de riqueza de los alcaldes y gobernadores en turno.

¿Por qué en Yucatán no hay ex gobernadores presos, alcaldes o regidores que han saqueado el erario público?

Porque hay impunidad, hay complicidad.

Porque todos se llevan un pedazo del pastel del dinero público, vacían los cajones sabiendo que nada les pasará, siempre y cuando repartan lo que se van a llevar.

Y lo que ya es insostenible, es que el atraco se comete a plena luz del día, con lujo de violencia para la gente que paga sus impuestos.

Guerrero.- En el estado de Guerrero la ley no existe, por ello ocurre de todo: crímenes, “levantones”, desapariciones, cobro de piso, venta de droga a granel; los cárteles que se disputan el territorio son “Guerreros Unidos”, “Los Rojos”, Los Ardillos” –éste con amplias ramificaciones políticas --, la célula Beltrán Leyva, Cártel de Jalisco y Sinaloa.

De acuerdo con informes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Guerrero operan, además, unas 450 ramificaciones criminales que están relacionadas con autoridades municipales: alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros y hasta con jefes policiacos, éstos últimos sirven como brazos armados de los grupos criminales.

El cártel de Los Ardillos, por ejemplo, uno de los más violentos y temidos, está encabezado por los hermanos Ortega Jiménez: Celso, Antonio, Iván y Bernardo. Éste último es diputado local por el Partido de la Revolución Democrática.

El cártel tiene el control de la distribución de mariguana, cocaína y drogas sintéticas, pero también controlan grandes extensiones de amapola, de donde extraen la goma de opio para la elaboración de heroína, una de las drogas con mayor demanda en Estados Unidos.

Los Ardillos han sembrado el terror en Guerrero. Cualquier persona que denuncie sus actividades es asesinada o desaparecida; han impuesto como ley el pago de piso a comercios grandes y pequeños y se afirma que cientos de empresarios ya deben pagar una cuota mensual para que el grupo criminal no los moleste.

La vida en Guerrero ha cambiado, más aún en las zonas serranas, donde la violencia criminal ha forzado a cientos de familias a desplazarse por temor a ser asesinados o desaparecidos. Los cuerpos policiacos dejaron de servir a la sociedad y desde hace varios años son vistos como brazos armados del crimen, pues las detenciones que realizan no son para poner a los presuntos delincuentes en manos de las autoridades sino para entregarlos a los cárteles enemigos para que sean interrogados y asesinados.

GUERRERO: ESTADO SIN LEY

Con una decena de cárteles en guerra por el control territorial, el estado de Guerrero es la cuarta entidad más violenta del país. Las autoridades estatales están rebasadas ante la ola criminal que azota al estado. Los cárteles siembran terror y ninguna autoridad pone freno al crimen organizado.

En esa entidad del Pacífico --clave en el turismo pero también en el narcotráfico --han arribado grupos criminales como el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Pero la entidad es la que más cárteles tiene. De acuerdo con informes oficiales, en ese territorio que a partir del 15 de octubre de 2021 gobierna Evelyn Salgado –hija de José Félix Salgado Macedonio –operan unas 450 grupos delictivos.

En la mayor parte del territorio, dichos grupos criminales están encabezados por alcaldes, síndicos, regidores y comandantes de las policías estatales y municipales que han convertido la labor política y criminal en un verdadero negocio.

El caso más alarmante es el del cártel de “Los Ardillos”, cuyos miembros gobiernan municipios, tienen el control en comunidades rurales y rancherías, pero también controlan el Congreso local.

Ricardo Ravelo Galó.

solyucatan.mx

¡CÓMPLICE DE DESVÍOS!

Redacción/ Sol Yucatán

Mérida.- De acuerdo con la revisión de una muy pequeña parte de la cuenta pública 2018, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el último año de transición del gobierno de Rolando Zapata Bello, este causó un daño a la Hacienda Pública por más de 4,852,404.05 millones de pesos por concepto de transferencias federales, tan sólo en un rubro auditado.

Dos semanas después de que Mauricio Vila tomara posesión como gobernador, el 1 de octubre de 2018, la secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, quien sigue en el cargo actualmente, dijo que se encontraron 900 plazas de confianza con duplicidad de funciones y un faltante de 1,900 millones de pesos del presupuesto estatal para el último trimestre del año.

Del presupuesto estatal, el panista acusó al priista y hoy alto mando del PRI nacional como secretario de Acción Electoral de un desfalco de más de 500 millones de pesos, que lo llevaron a presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado, pero que desde hace cuatro años están congeladas, sin contar el megafraude del ISSTEY.

¿Y por qué no hay funcionarios de los gobiernos de Ivonne Ortega y Rolando Zapata en la cárcel? ¿Los exgobernadores se pueden ir sin responsabilidad aun cuando son jerárquicamente la máxima autoridad estatal responsable del dinero público?

Mauricio Vila protege a funcionarios y políticos que han desfalcado la tesorería estatal, pero le carga el rescate a los trabajadores a los que les cobrará más cuotas del ISSTEY; y cuando entró al gobierno corrió a cientos de empleados, muchos de los cuales no fueron liquidados conforme a la ley.

Este documento de la Auditoría Superior de la Federación confirma algunos de los millones de pesos que les detectaron como faltantes y además explica que hay un pésimo manejo administrativo y de gobierno de los recursos públicos.

Rosas Moya lo dijo al inicio de la administración, en 2018, y los primeros meses de 2019; ahora guarda silencio y la responsabilidad se la cargan a la Fiscalía General del Estado, en donde han impuesto fiscales a modo. El gobierno de Vila afirmó que presentó 26 denuncias con toda la documentación correspondiente para probar los actos de corrupción.

LAS CUENTAS FEDERALES

Las auditorías 2018-A31000-19-1515-2019 1515-DSGF, aplicada a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; 2018-A-31000-191522-2019 1522-DS-GF aplicada a los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, y 2018-A-3100019-1512-2019 1512-DS-GF aplicada al Programa de Inclusión Social Componente Salud.

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejerci-

cio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Yucatán por 181,978.8 millones de pesos. La muestra examinada fue de 161,910.8 millones de pesos, que representó el 89.0% de los recursos transferidos.

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa del fondo, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 1,737.0 millones de pesos, que representa el 1.1% de la muestra auditada; no obstante, este fue resarcido en el transcurso de la auditoría a través de reintegros a la TESOFE.

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 161,910.8 millones de pesos, que representó el 89.0% de los 181,978.8 millones de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya vera-

*El mandatario mintió a los yucatecos cuando dijo que perseguiría la corrupción y metería a la cárcel a los funcionarios que se llevaron dinero que no es suyo, pues hay un desfalco en el ISSTEY por más de 2,500 millones de pesos y a nadie ha acusado

*La Auditoría Superior de la Federación señaló claramente que no se pagaron impuestos ni cuotas de seguridad social; hay desfalco en gastos personales, y transferencias que no corresponden a los saldos en las cuentas bancarias, entre múltiples inconsistencias

cidad es responsable.

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Yucatán ejerció el 92.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 99.2%; asimismo, reintegró a la TESOFE por intervención de la ASF 1,510.8 millones de pesos.

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa del fondo, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 1,737.0 millones de pesos, que

representa el 1.1% de la muestra auditada; no obstante, éste fue resarcido en el transcurso de la auditoría por medio de reintegros a la TESOFE.

Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. El Gobierno del Estado de Yucatán dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para

la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que el Gobierno del Estado de Yucatán entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferido; sin embargo, no acreditó el envío a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del oficio con la información relativa al número total del personal comisionado y con licencia, ni de los pagos retroactivos del cuarto trimestre de 2018.

En la Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-191522-2019 1522-DS-GF, los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal en el Estado de Yucatán fueron por 713,267.5 millones de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 429,702.8 millones de pesos, que representó el 60.2%.

NO PAGARON IMPUESTOS

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de control interno; transferencia de recursos; registro e información financiera de las operaciones; destino de los recursos; servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; otros conceptos de gasto; y transparencia; en virtud de que el resultado de la evaluación del Control Interno ubicó a la instancia ejecutora de los recursos en un nivel bajo; por rendimientos financieros no transferidos a la instancia ejecutora; porque el saldo reflejado en la cuenta bancaria utilizada por el REPSSY no corresponde con la información financiera y contable; porque no se generaron los registros presupuestarios; porque la documentación comprobatoria y justificativa no se canceló debidamente; por subejercicio de recursos y rendimientos financieros; por ocho servidores públicos que no acreditaron el perfil requerido para la plaza requerida; por pagos a nueve servidores públicos de los cuales no se presentó documentación que acredite que laboraron en los centros de trabajo a los que fueron adscritos; por no proporcionar evidencia del pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social del SAR y el FOVISSSTE, relativas al cuarto bimestre de 2018; por un establecimiento prestador de servicios que no contó con la acreditación de calidad vigente; y por no publicar oportunamente en su medio local de difusión los informes del formato Nivel Financiero de los cuatro trimestres de 2018.

Se determinó un monto por 4,968,278.05 millones pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 115,874.00 millones de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 775.06 millones de pesos se generaron por cargas financieras; 4,852,404.05 millones de pesos están pendientes de aclaración.

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 429,702.8 millones de pesos, que representó el 60.2% de los 713,267.5 millones de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.

Al 31 de diciembre de 2018,

la entidad fiscalizada había pagado el 89.2% de los recursos transferidos por 636,308.0 millones de pesos, y al 31 de marzo de 2019, había pagado el 99.7% por 710,997.8 millones de pesos.

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno; transferencia de recursos; registro e información financiera de las operaciones; destino de los recursos; servicios personales; otros conceptos de gasto; y transparencia; lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,852.4 millones de pesos, que representó el 1.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.

INCUMPLIMIENTOS DE TRANSPARENCIA

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad federativa omitió publicar oportunamente en su medio local de difusión los informes del formato “Nivel Financiero” de los cuatro trimestres de 2018; adicionalmente, se reportó con incongruencias el cuarto semestre del mencionado formato.

Mientras que en la auditoría 2018-A-31000-19-15122019 1512-DS-GF, los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente de Salud en el Estado de Yucatán, fueron por 56,812.1 millones de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 47,104.2 millones de pesos que representó el 82.9%.

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; registro e información financiera de las operaciones, servicios personales; y transparencia, en virtud de que la cuenta bancaria utilizada por la instancia ejecutora no fue específica para los recursos del programa; el saldo en la cuenta bancaria de la instancia ejecutora no corresponde con el saldo pendiente por ejercer reportado en el estado analítico del presupuesto de egresos; no se presentó evidencia de la elaboración de los registros presupuestarios del ingreso y el egreso; cinco servidores públicos no acreditaron el perfil de plaza requerido; no proporcionó evidencia del pago del cuarto bimestre de cuotas y aportaciones del SAR-FOVISSSTE; el informe de gastos del cuarto trimestre se reportó con desfases; no se presentó evidencia del envío del informe anual del ejercicio del gasto; el formato “Nivel Financiero” del segundo trimestre no fue reportado; y los informes del tercer y cuarto trimestres se publicaron con desfases en su medio de difusión local.

*Desde la entrega-recepción entre la administración del priista Rolando Zapata Bello y el actual gobernador del PAN, Mauricio Vila Dosal, este último ha solapado el desvío de recursos gubernamentales, sin que a la fecha haya procesados judicialmente

Mauricio Vila Dosal. Rolando Zapata Bello.

BRUTALIDAD POLICÍACA, IMPUNE

Redacción/ Sol Yucatán

Mérida.- En los cuatro años del gobierno de Mauricio Vila, cuatro personas fueron asesinadas por policías que actuaron con brutalidad policiaca, aplicando en muchos casos tortura, sin que hasta el momento existan elementos procesados por los homicidios cometidos.

En el extremo de los excesos y la impunidad, policías de Valladolid detuvieron a un hombre y lo “ajusticiaron” ellos mismos cortándole la mano.

Las autoridades, empezando por la Secretaría de Seguridad Pública, justifican los crímenes, dotan de impunidad a sus elementos y, al igual que presidentes municipales que son responsables en sus alcaldías, se desentienden de la brutalidad policiaca y solamente dan dinero a las víctimas para que no se quejen.

No hay ningún policía preso por asesinato ni por brutalidad policiaca.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya ha intervenido en los crímenes de los policías, pero estos continúan bajo el manto protector del gobierno de Mauricio Vila, que pregona en su campaña para ser candidato presidencial que Yucatán es el estado más seguro.

El crimen más reciente ocurrió en Progreso en contra de Roberto Lanz Hernández, azotado por un policía contra el pavimento, dejándolo en coma y a la postre muerto; en febrero de 2020 murió Gaspar Avelino Sulub Cimé en un retén de Policía en Chicxulub.

En junio del año pasado, la Policía de Mérida mató a José Eduardo Ravelo Echeverría. De acuerdo con las acusaciones de su familia, el joven falleció en los separos de la Policía Municipal después de lo que detuvieron sin una razón justificada.

Otro muerto en una acción policiaca fue José Alfredo Chan Navarrete, de 43 años de edad, en la comunidad de Tzucacab, en la comisaría de Xcobiakal.

CARA ESTRELLADA CONTRA EL PISO

Cuando la familia de Roberto Lanz Hernández salió de paseo de su casa el 4 de diciembre pasado, no sabían que acabaría muerto a manos de la Policía de Progreso, cuando en un retén lo azotaron al piso, estrellándole la cara para detenerlo.

La agresión policiaca llevó a Roberto a un estado de coma durante 15 días, en el hospital Agustín O´Horán, donde fue atendido. Según la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), se abrió una investigación, se suspendió a los agentes involucrados y mantiene contacto con la familia; sin embargo, ésta niega tal hecho.

De acuerdo con el reporte médico, Roberto, de 38 años de edad, ingresó al hospital con traumatismo craneoencefálico, que le causó el coma y finalmente la muerte.

La agrupación Indignación envió un comunicado para expresar su consternación por el fallecimiento de Roberto y señaló que “se requiere hacer una investigación escrupulosa y de acuerdo a los más altos es-

tándares para garantizar verdad, reparación, justicia y garantías de no repetición”.

Añadió que este hecho se suma a “un alarmante número de personas que han fallecido en Yucatán bajo custodia policial o durante detenciones”.

MUERTO ADENTRO DE UNA PATRULLA

En febrero del 2020 murió también en un retén de Chicxulub, Gaspar Avelino Sulub Cimé, dentro de la patrulla, cuando era trasladado a la cárcel.

Aunque en ese momento se dijo que falleció de un infarto, la familia de Gaspar acusó que la policía lo había matado, lo que provocó protestas de la familia y amigos.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) nunca informó qué agentes ni qué patrulla estuvo involucrada en la detención de Gaspar, sólo que los elementos fueron presentados ante la FGE para deslindar responsabilidades, pero tampoco hay ningún policía preso.

GOLPEADO, VIOLADO Y ASESINADO

Al siguiente año, el 21 junio

*Derechos

de 2021, José Eduardo Ravelo Echeverría falleció en los separos de la Policía Municipal de Mérida (PMM). La muerte del joven veracruzano incluso llegó hasta la Mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso, pues las autoridades municipales, en-

cabezadas por el alcalde Renán Barrera Concha nunca dieron garantía de justicia, aun habiendo los videos que mostraron la golpiza que le propinaron a José Eduardo.

Desde entonces, la madre de Eduardo, Dora María Ravelo Echavarría, ha sufrido un peregrinar con las autoridades nacionales, pues las estatales se

deslindaron completamente del caso, el cual sigue abierto pero no tiene mayor avance, tampoco hay policías presos por brutalidad policiaca.

En su última visita a Mérida, Dora María comentó a Sol Yucatán que solicitó un documento al hospital Agustín O´Horán, sobre todo el procedimiento que llevó la atención de José Eduardo, pues también busca deslindar responsabilidades con los trabajadores de la salud que atendieron a su hijo, quien, aseguró, no fue atendido con la urgencia que requería, estigmatizándolo y cuestionando sus preferencias sexuales, “uno de los médicos lo trató como gay y yo sé que mi hijo no era gay. Tampoco se le avisó como protocolo al Ministerio Público por la sospecha de violación”.

Añadió que los médicos del estado no están capacitados para atender a una víctima de abuso sexual, para atender un ataque.

“Estamos pidiendo los videos de las cámaras de vigilancia, los médicos que lo atendieron; para mí eso es importante conocer todos los involucrados; también seguimos con el proceso para que se acredite que fue tortura lo que le hicieron a mi hijo; no me han dado

fecha de una nueva audiencia, ni siquiera para dar informes”, lamentó.

ASESINADO EN SU CASA

Otro caso que pasó bajo el más absoluto silencio del gobierno de Mauricio Vila Dosal, fue el de José Alfredo Chan Navarrete, de 43 años de edad, quien presuntamente fue asesinado en su hamaca, por policías, en la comunidad de Tzucacab, en la comisaría de Xcobiakal.

La versión de la SSP es que los uniformados llamaron a la puerta de José Alfredo y cuando entraron los policías, Chan Navarrete los encañonó con la escopeta, lesionando a un elemento de la policía, hecho que los vecinos han desmentido por quienes presenciaron el operativo, indicando que hubo exceso de la fuerza pública, tampoco hay policías presos por asesinato.

CORTAN LA MANO

Otro caso extremo que incluso alcanzó a titulares en los medios de información nacional fue el de un presunto ladrón de nombre Manuel “N”, que fue detenido por policías municipales en Valladolid, donde los elementos lo llevaron al monte y le cortaron la mano derecha. Los hechos ocurrieron el 17 de agosto pasado.

Esto, de acuerdo a los usos y costumbres, es un ajuste de cuentas, pero realizado por la policía de Valladolid; tampoco hay procesados por brutalidad policiaca.

Al conocer los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) denunció a los policías, abriendo una carpeta de investigación; hasta agosto pasado no había ningún detenido.

REPRESIÓN A MANIFESTANTES

Uno de los episodios más polémicos que la policía de Yucatán ha tenido bajo el mando de Luis Felipe Saidén Ojeda ocurrió en enero de 2020, durante el informe de gobierno de Mauricio Vila Dosal, cuando los elementos de la SSP reprimieron con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que intentaban llegar al Centro Internacional de Congresos y Convenciones (CICC).

Entre los manifestantes había maestros, personas de la tercera edad, menores de edad, mujeres, empleados del propio gobierno y yucatecos inconformes por el aumento de impuestos y lo que ya se veía sería uno de los peores gobiernos en la historia de Yucatán.

Ese mismo día, el mismo comandante Saidén Ojeda señaló que sin que se le hubiera dado la orden a los policías, estos lanzaron una granada de gas lacrimógeno contra los manifestantes, pero justificó que ante el intento de violentar y alterar el orden de los manifestantes, “se activaron medidas adicionales, para salvaguardar la presencia de los representantes del Presidente de la República y de ocho gobernadores”.

*Violencia extrema por parte de los integrantes de la Secretaría de Seguridad de Yucatán y municipios deja al menos cuatro muertos sin aclarar y un detenido al que le cortaron la mano, en lo que va del sexenio de Mauricio Vila

*La inseguridad en Yucatán la provocan los policías, que además tienen permiso para violentar a ciudadanos sin ir a la cárcel; no hay presos por los homicidios

Humanos acusa tortura y Amnistía Internacional confirma que no hay garantías de no repetición de los abusos policíacos que acaban en crímenes

Redacción/ Sol Yucatán

Mérida.- El Ayuntamiento de Mérida, dirigido por Renán Barrera mantiene un contrato con el proveedor Amsa Idealease, S.A. de C.V. por $110, 257,476.98 (son: ciento diez millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y seis pesos 98/100 m.n.), para la renta de 49 vehículos, sin dar cuenta del tipo del modelo y para qué se requiere dicho servicio, que a todas luces se mira con opacidad.

Llama la atención que el contrato: LP-2022-CS-ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PESADOS-01-01, con fecha de firma el 1 de julio de este año, sin embargo, el inicio del servicio fue el 30 de junio de este año y la renta es por 24 meses, lo que muestra que el servicio se contrata a discreción con la

110 MDP EN RENTAS

empresa constituida con los hermanos Ponce García, cabe destacar que esta empresa forma parte de una de las divisiones de Bepensa, que tiene presencia en 22 estados del país, en República Dominicana y Estados Unidos.

Es así como el alcalde Renán Albero Barrera Concha y el secretario de la Comuna,

Alejandro Iván Ruz Castro, autorizan el gasto millonario por este contrato, rentando en lugar de adquirir a mejor precio unidades que pertenezcan al Ayuntamiento.

Cabe mencionar que por la información obtenida a través del portal de Transparencia se conoce el número de licitación pública

LP-2022-CS-ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PESADOS-01-01, en la cual resultó adjudicada la persona moral denominada Amsa Idealease S.A. DE C.V., para la partida única por el importe total de 110 millones 257 mil 476 pesos.

De acuerdo al contrato, la renta por un camión chasis cabina con redilas, en los 24 meses será superior al millón de pesos; un camión chasis cabina con caja de volteo de 7 metros cúbicos costará la renta en los 2 años, casi dos

millones de pesos la unidad; mientras que un camión chasis cabina con pipa para riego de 20,000 litros se rentará en los dos años siguientes en 2.35 millones de pesos.

La pregunta en el aire siempre será la misma: ¿Conviene al Ayuntamiento rentar vehículos pesados para el trabajo municipal o adquirirlos y pagar el costo solo una vez mientras se pueden utilizar por varios años?

“Al Ayuntamiento no sabemos si le conviene rentar en lugar de comprar, porque al final no se queda con nada

y siempre tendrá necesidad de utilizarlos, al alcalde si le conviene rentarlos y más si está en campaña para ser gobernador”, precisa un especialista en el ramo.

Así como, que los vehículos contaban con placas, rastreo satelital GPS y el seguro anual con cobertura amplia. Además de ello, tenían 24 horas en atención de rescate, es decir, un taller para sus necesidades.

También se sabe que la empresa AMSA IDEALEASE S.A. DE C.V. ha otorgado poderes desde el 2014 hasta este año 2022, y fue constituida en el año 2003, en Mérida Yucatán por los hermanos Ponce García.

Haciendo memoria, en junio pasado, tanto el Ayuntamiento de Mérida como el Gobierno del Estado solicitaron al Congreso la aprobación de créditos de más de dos mil millones de pesos. Fueron 1,735 millones de pesos para la autoridad estatal y 350 millones de pesos para el municipio.

A Renán Barrera los diputados aprobaron la solicitud “fast track” y a Vila Dosal una semana después, ambos créditos se justificaron para la Implementación de transporte eléctrico Ie-Tram que actualmente realiza el Gobierno Estatal y para las modificaciones que se tienen que hacer en la infraestructura de la capital yucateca para tal servicio.

El alcalde meridano, que repite por tercera vez en el cargo, quiere ser el abanderado panista para competir por la gubernatura, por lo que, todos los contratos y servicios que se otorguen y dejen dinero, suman para el proyecto.

Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- Pese a ser competencia del Ayuntamiento de Mérida, el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), dependiente del gobierno del estado, sigue entregando contratos millonarios al empresario José Antonio Morales Greene, quien a través de la empresa MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A DE C.V., para el mantenimiento de parques y jardines del centro histórico de Mérida.

Dar contratos por servicios que debería realizar por norma el gobierno es una manera de favorecer a contratistas, y de no optimizar los recursos gubernamentales. Además el Incay como su nombre lo indica es para Infraestructura carretera, no para cortar jardines, barrerlos y tenerlos en buen estado.

En esta ocasión, bajo el contrato GE-INCAY-SERLP-JUR-OO1-2022 y bajo una “licitación pública”, MC PROYECTOS, S.A DE C.V., recibió 1,998,776.40 (SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.). Los trabajos debieron iniciar el 16 de marzo de este año y concluyen el 31 de este mes.

El exdirector del Institu-

ACUERDOS POR FUERA

mentado más de una ocasión el favoritismo hacia este empresario, pues también por medio de su compañía inmobiliaria Cumbres Yucatán S.A., de C.V., recibió obras de 7.5 millones de pesos.

El empresario recibió el 30% de anticipo como acostumbra, lo que indica el favoritismo que tiene para seguir recibiendo a manos llenas contratos millonarios de servicios que debería prestar el gobierno con sus recursos y no contratar externos que lo hagan.

De igual forma, con el Gobierno del Estado ha firmado al menos dos contrataciones, por medio del Incay y la empresa de Morales Greene, lo que demuestra el vínculo directo que hay entre las autoridades estatales y municipales.

La empresa es una sociedad constituida en 2009, ubicada en la calle 6 número 401 entre 6 y 6 A de la colonia Díaz Ordaz, y está compuesta por los hermanos Mauricio y Alejandrina Morales Greene, y cuyo administrador único es José Antonio Morales Manzanero.

Las primeras irregularidades de la empresa datan de 2014, al obtener un millonario botín por parte de diversas dependencias, y entre las más recientes destacan los amañados convenios con el Incay.

En 15 de julio de 2021,

Morales Greene y Canul Moguel también suscribieron el contrato de obra pública con número FE-INCAYOB-LP-JUR-007-2021, para habilitar 50 km de carriles preferentes para circulación (segunda etapa) zona 1.

El proceso fue por medio de una licitación pública, pero en ningún momento se dio a conocer el número de participantes y mucho menos los resultados de la evaluación de la propuesta ganadora.

El documento, que se puedo obtener a través del Instituto de Transparencia, y con el que cuenta Sol Yucatán, se estableció que el contratista “tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dispone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto del contrato”.

En ese momento, se le asignó un techo financiero por siete millones 548 mil 438 pesos, recursos procedentes del Convenio de apoyo financiero para la inversión en la etapa 1 del Proyecto Integral de Transporte Masivo denominado “Sistema Integrado de Transporte en la Zona Metropolitana de Mérida (SIT Mérida)”, con fecha 23 de octubre de 2020 y con número de partida 6152.

to de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), Felipe Alberto Canul Moguel, una vez más le adjudicó a José

Antonio Morales Greene, el no menos despreciable contrato de casi dos millones de pesos. Sol Yucatán ha docu-

Mérida,

Yucatán. Del 26 de diciembre de 2022

*El Ayuntamiento gasta más de 100 millones de pesos para la contratación de automóviles por 24 meses, sin aclarar el motivo de rentar en lugar de comprar

*La flotilla de 49 unidades cuenta con placas, rastreo satelital GPS y el seguro anual con cobertura amplia

*Barrera Concha endeuda al municipio con préstamo millonario que ha dicho servirá para tapar baches y construir calles

Renán Barrera Concha.

*Para

Felipe Alberto Canul Moguel.

Redacción/ Sol Yucatán

Mérida.- Cuando se habla de seguridad y justicia, al Gobierno de Yucatán le gusta presumir que se encuentra en los últimos lugares de incidencia delictiva y en la calidad de su impartición de justicia, pero cuando se consulta a los ciudadanos respecto a su experiencia, cuando por un infortunio tienen que hacer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), no hay quien no señale que es un verdadero calvario hacer un trámite.

No se puede hablar de modernidad ni profesionalismo en las oficinas de la Fiscalía, cualquiera que haya tenido la necesidad de pisar ese centro de “justicia” lo va a negar, es por eso que nuevamente, y gracias a los documentos del Instituto de Transparencia que señalan que en el contrato C/ JUR/038-2022, firmado el 12 de agosto de este año, con vigencia de esa misma fecha y que concluyó el 20 de noviembre de 2022, nuevamente la Fiscalía entregó a LASES COMPUTACION DEL SURESTE S.A. DE C.V, un contrato por $7, 143, 369.35 (son siete millones ciento cuarenta y tres mil trescientos sesenta y nueve pesos 35/100 m.n.).

Redacción/ Sol Yucatán

Mérida.- La pandemia de Covid-19 fue el pretexto ideal para la gastadera desde el Congreso del estado, institución en la que se solapan gastos de millones de pesos tan sólo para beneficio de unos cuantos, claro ejemplo es el costo millonario para la sanitización de sus curules mientras que el pueblo yucateco no recibe ningún beneficio por parte de la actual Legislatura.

Uno de los principales resultados del dispendio legislativo es quien hoy ostenta la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el panista Víctor Hugo Lozano Poveda, solapador de todos los derroches que se generan al amparo de la LXIII Legislatura, y que además metió las manos en el Sector Salud al manipular las elecciones sindicales de este año y colocar familiares en la Secretaría de Salud.

Y es que, Lozano Poveda se ha encargado de hacer lucrativos negocios con la salud pública, e incluso, facilitar un contrato por 1 millón 264 mil 400 pesos sólo por la sanitización de los asientos de los diputados yucatecos, servicio que fue entregado a un proveedor completamente desconocido en el ramo, que se ha dedicado a beneficiarse con dinero público con gobierno panistas.

Se trata de la empresa Ceiba Green Consultoría e Ingeniería Ambiental S. de R.L. de C.V., la cual fue seleccionada de forma directa,

CONTRATOS “A MODO”

El contrato se hace por el servicio de equipo de cómputo y de tecnología de la información, lo que no queda

claro es que si es compra o venta de estos equipos, mas no es la primera vez que la empresa LASES COMPU-

TACION DEL SURESTE S.A. DE C.V recibe un jugoso contrato por parte de la Fiscalía General de Yucatán. Tampoco se especifica el destino de esos más de 7 millones de pesos para el servicio de computación, cuando la dependencia no logra la eficiencia y profesionalización que la sociedad yucateca requiere y

es que, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), de enero a diciembre de 2021, la FGE fue una de las principales dependencias más señaladas por presuntas irresponsabilidades de violaciones a los derechos humanos.

Cabe recordar que en 2021, la activista transgénero Grecia Sosa denunció a la FGE, por atentar contra sus derechos humanos y discriminación por más de seis años, así como al Sector Salud por no brindar una atención integral por el abuso sexual del que fue víctima.

En rueda de prensa, indicó que, incluso, teniendo las pruebas para judicializar la carpeta de investigación, esta no se ha realizado, por lo que señaló que su denuncia era por una dilación de procuración de justicia, lo que significa que las autoridades no actúan con rapidez y

MILLONARIA SANITIZACIÓN

oportunidad.

“Quieren cansarme, agotarme para no continuar con las investigaciones, demandas y denuncias por abuso sexual”, dijo en su momento.

Antes de que el actual fiscal de Yucatán, Juan Manuel León León tomara el cargo, fue delegado de Procuraduría General de la República (PGR) en este puesto, en 2016 se puso entre dicho el caso de un decomiso de 24 toneladas de peces por parte de la Secretaría de Marina (Semar), cargamento que se reportaba como sospechoso de estar contaminado con cocaína, pero León León declaró que después de haber hecho los exámenes correspondientes no encontraron la droga.

La polémica se dio porque la Semar había hecho el muestro que dio como resultado que el cargamento si era positivo de cocaína.

En ese tiempo, un reporte de quien fuera el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, puso en entredicho la labor de Juan Manuel León León al frente de la FGR, por no haber dado resultados en el combate a la delincuencia organizada en Yucatán, principalmente contra el narcotráfico, pues la UIF, en ese momento reportó a los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al del Golfo, con presencia en Yucatán.

se ve envuelto en polémicas relacionadas con temas de salud pública.

al recibir una invitación restringida para participar en el expediente ICTP-04-22 del Congreso del Estado, para la adjudicación del servicio de sanitización del recinto legislativo.

La contratación fue realizada el día 25 de enero del 2022, por el servicio de sanitización por 12 meses, pero

sin explicar cada cuándo o en qué fechas y periodicidad se debían realizar estos servicios.

Dicha empresa está constituida por los socios Nicolás Carlos Morgante Guandalini, Esteban Jacob Moreno Arjon y Yaeli Sánchez Domínguez, quienes cobraron más de un millón de pesos simplemente por brindar una sanitización.

Este grupo empresarial ha acaparado diversos contratos en dependencias pa-

nistas, principalmente por servicios de limpieza, pero también por la proveeduría de material sanitizante, por lo que han hecho una gran fortuna gracias a la pandemia de Covid 19 en instituciones como la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, la Secretaría de Planeación y Evaluación, así como el Colegio de Bachilleres de Yucatán y otras instituciones públicas.

Cabe mencionar que de

acuerdo con una búsqueda de servicios similares de sanitización en el estado de Yucatán, el monto por el cual prestó sus labores Ceiba Green al Congreso del estado es un sobreprecio, pues fue más de 1.2 millones de pesos, pero en otras contrataciones similares con otras instancias los montos van de unas cuantas decenas de miles de pesos por la sanitización de todo un edificio, todo este abuso en los costos es solapado por el presidente del congreso Víctor Hugo Lozano Poveda, quien está más enfocado en hacer campaña que en estar atento al quehacer legislativo.

DIPUTADO MIOPE

Cercanísimo y sumiso al gobernador Mauricio Vila, así como al alcalde Renán Barrera, el presidente del congreso Víctor Hugo Lozano Poveda se ha convertido en un intrascendente de la política local, un empleado más del poder sin ser un contrapeso al Ejecutivo del Estado.

Y es que, desde la actual Legislatura se firman cheques exprés para proveedores amigos, como es el caso ya expuesto de Ceiba Green Consultoría e Ingeniería Ambiental S. de R.L. de C.V., la cual fue seleccionada por dedazo para brindar la sanitización del Congreso, No es la primera vez que Víctor Hugo Lozano Poveda

Este año, el presidente del Congreso fue acusado de querer intervenir en la elección del dirigente de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, al cargar los dados a favor de Vicente López Cardeña.

El legislador panista también ha sido señalado por colocar a familiares y amigos en diversas áreas del Sector Salud de Yucatán, particularmente en el Hospital Regional de Alta Especialidad, donde Lozano Poveda giró instrucciones para coaccionar a los empleados a votar a favor de su favorito para líder sindical.

Y es que, el flamante presidente del Congreso yucateco ha vivido durante más de 25 años de la “ubre” presupuestal, saltando de un cargo a otro sin importar los colores que estén en la gubernatura.

Es con Vila Dosal con quien ha mostrado mayor servilismo, pues desde 2012 ambos fueron diputados locales y Lozano Poveda fungió como vicecoordinador de la fracción parlamentaria del blanquiazul. En 2018, cuando Mauricio Villa gana la gubernatura, la relación se profundiza aún más, porque es nombrado Subsecretario de Desarrollo Social y de Asuntos Religiosos, hasta principios del 2021 cuando solicita licencia para competir por la diputación local por el IV Distrito local que a la postre ganó.

*La Fiscalía General de Yucatán derrocha $7, 143, 369.35 para servicio de computación; presenta opacidad en el tipo de contrato

*Ineficiencia y lentitud, características principales de la Fiscalía, mientras la sociedad yucateca sufre un calvario para hacer denuncias

*La Fiscalía se “aclienta” con empresa proveedora de computación para dar jugosos contratos

*En el Congreso del Estado gastan más de 1 millón 264 mil pesos en tener sus curules bien sanitizadas por una de las empresas favoritas de panismo yucateco

*Ceiba Green Consultoría e Ingeniería Ambiental S. de R.L. de C.V. es uno de los proveedores predilectos de diversas dependencias estatales

*Detrás del derroche del Congreso está el actual presidente de la Junta de Gobierno, Víctor Hugo Lozano Poveda, quien es señalado por diversas polémicas vinculadas con el Sector Salud

Víctor Hugo Lozano Poveda.

Juan Manuel León León.

ALCALDE, EN LA OPACIDAD

*Al estilo del alcalde neomorenista, Pablo Gutiérrez Lazarus mantiene en la opacidad los contratos concedidos este 2022 a la Constructora Acrosteel S.A. de C.V., los cuales suman la cantidad total de 8 millones 520 mil 985.26 pesos. El primer contrato fue otorgado el 23 de marzo del 2022 para la “Construcción de techados en espacios multideportivos”; mientras que el 2 de julio recibió 6 millones 743 mil 343.85 pesos para la “Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 34 en la colonia Guanal”

*Consentida por la administración anterior del exalcalde Óscar Rosas González, la dueña de Constructora Acrosteel, Amairani Vera Acosta, ha sido acusada de ser prestanombres de varias compañías al representar en los concursos a otros licitantes

*La joven afiliada al PRI, que ya arrastra un historial negro, ha celebrado contratos con la Administración Portuaria Integral, además del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche que, entre el 2020 y 2021, otorgó en contratos la suma total de 4 millones 060 mil 781.63 pesos

Redacción/Sol Campeche

Campeche.- Sin importar el negro historial de la empresaria Amairani Vera Acosta, el Ayuntamiento de Carmen, representado por el neomorenista Pablo Gutiérrez Lazarus, entrega obras a la Constructora Acrosteel S.A. de C.V., compañía que recibió este 2022 la cantidad de 8 millones 520 mil 985.26 pesos.

La joven afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió el 23 de marzo de 2022 un contrato identificado con el número MCC-DOP-RMLIR-007-22.

El acuerdo que se dio por el procedimiento de “Invitación a cuando menos tres personas” estableció la cantidad de un millón 777 mil 641.41 pesos para realizar la “Construcción de techados en espacios multideportivos, en la localidad de Ciudad del Carmen, Asentamiento San Manuel”.

IMPUNIDAD EN LA UNACAR

*El exrector de la Universidad Autónoma de Carmen, José Antonio Ruz Hernández, que estuvo durante más de 9 años al frente de la institución, es reconocido por supuestos fraudes millonarios, entre ellos la "Estafa Maestra", además de desfalco al fondo de pensiones para los jubilados

*El cúmulo de acusaciones lo presionó para renunciar; sin embargo, se fue con total impunidad al saquear los recursos de la UNACAR, por lo que el abuso de poder que ejerció no tendrá castigo

*El derroche de recursos también se refleja en contratos de vigilancia al proveedor Vicente Leyva Ventura, a quien entregó dos contratos en un mismo mes que suman en total 8 millones 922 mil 489.16 pesos

Campeche, Campeche

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Pablo Gutiérrez Lazarus.

Amairani Vera Acosta.

ALCALDE, EN LA OPACIDAD

Redacción/ Sol Campeche

Campeche.- Sin importar su negro historial de la empresaria Amairani Vera Acosta, el Ayuntamiento de Carmen, representado por el neo morenista Pablo Gutiérrez Lazarus, entrega obras a la Constructora Acrosteel S.A. de C.V., compañía que recibió este 2022 la cantidad de 8 millones 520 mil 985.26 pesos.

La joven afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió el 23 de marzo de 2022 un contrato identificado con el número MCC-DOP-RM-LIR-007-22.

El acuerdo que se dio por el procedimiento de “Invitación a cuando menos tres personas” estableció la cantidad de un millón 777 mil 641.41 pesos para realizar la “Construcción de techados en espacios multideportivos, en la localidad de Ciudad del Carmen, Asentamiento San Manuel”.

El plazo de los trabajos inició el 25 de marzo del 2022

y concluyó el 23 de mayo del 2022.

Los posibles contratantes para esta obra fueron las empresas Arquitectura, Ingeniería y Asistencia Técnica S.A. de C.V. y Construcción, Arquitectura, Diseño y Servicios S.A. de C.V., esta última otra de las compañías consentidas del alcalde carmelita, al ser Said Gorra del Río el administrador a quien ha favorecido con diversos contratos.

Tres meses después del primer contrato del 2022, el

alcalde neo morenista le cedió otro contrato, el 2 de julio, por 6 millones 743 mil 343.85 pesos para la “Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 34 entre calles 25 Y 15 en la colonia Guanal”, edificación que inició con retraso y problemas de la constructora.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la oficina de la Coordinación de Licitaciones y Contratos de la Dirección de Obras Públicas el 2 de junio.

El inicio de las obras comenzó el 2 de junio del 2022,

con un plazo de ejecución de 70 días naturales, teniendo como fecha máxima para la terminación del mismo el día 15 de agosto del 2022.

La administración del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus no transparentó los documentos públicos, por lo que no existe en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la versión del contrato con expediente MCC-DOP-FOPETLP-005-22, únicamente se encuentra el acta de fallo del procedimiento de licitación pública.

Aunque hubo otras empresas participantes, el contrato se adjudicó a Constructora Acroosteel S.A. de C.V. Otras licitantes fueron Instalaciones Marítimas y Terrestres Golamo, S.A. de C.V., JDL Constructions & Supply, S.A. de C.V., Sumicont, S.A. de C.V., María Antonia Hernández Pérez y Arturo Domínguez Gómez.

MALA REPUTACIÓN

La Constructora Acrosteel S.A. de C.V., ha tenido un pésimo desempeño desde la pasada administración por

*Al estilo del alcalde neo morenista, Pablo Gutiérrez Lazarus, mantiene en la opacidad los contratos concedidos este 2022 a la Constructora Acrosteel S.A. de C.V., los cuales suman la cantidad total de 8 millones 520 mil 985.26 pesos. El primer contrato fue otorgado el 23 de marzo del 2022 para la “Construcción de techados en espacios multideportivos”; mientras que el 2 de julio recibió 6 millones 743 mil 343.85 pesos para la “Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 34 en la colonia Guanal”

*Consentida por la administración anterior del exalcalde Óscar Rosas González, la dueña de Constructora Acrosteel, Amairani Vera Acosta, ha sido acusada de ser prestanombres de varias compañías al representar en los concursos a otros licitantes

*La joven afiliada al PRI que ya arrastra un historial negro ha celebrado contratos con la Administración Portuaria Integral, además del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche que, entre el 2020 y 2021, otorgó en contratos la suma total de 4 millones 060 mil 781.63 pesos

presuntamente tratarse de una compañía fachada, pues su representante legal, Amairani Vera Acosta, apenas egresó de la universidad en el 2018.

Pese a la mala reputación que ha generado, en tan pocos años se ha convertido en una presunta empresaria con contratos multimillonarios, los cuales también fueron otorgados por José Antonio de Jesús Pinto Elías, director de Obras Públicas del Ayuntamiento durante el gobierno priista del ex alcalde Óscar Rosas González.

Al sospechar de Amairani Vera Acosta de ser prestanombres de diversas empresas, se emitieron diversas solicitudes de transparencia para investigar el caso, fue entonces cuando se le cayó el teatro con sus negocios turbios.

La tensión aumentó cuando se empezó a notar que las obras incumplían con los plazos establecidos, además

de que el material de construcción empleado era de pésima calidad, por lo que sólo permanecían impecables en la inauguración

Además, la contratista firmaba en representación de otros licitantes, por lo que se encontró que apoyaba a diversas empresas y con ellas se repartía los recursos obtenidos.

Otros organismos con los que ha celebrado contratos son la Administración Portuaria Integral (API) durante el pasado sexenio, además del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (Inifeec) que, entre el 2020 y 2021, otorgó en contratos la suma total de 4 millones 060 mil 781.63 pesos.

Además, desde hace tres años, la contratista figura como miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Carmen.

Redacción/ Sol Campeche

IMPUNIDAD EN LA UNACAR

Campeche.- El derroche de recursos en la Universidad Autónoma de Carmen (UNACAR), formó parte de la administración del exrector José Antonio Ruz Hernández, parte de ello lo destinó en contratos de vigilancia, justificando su liderazgo en la institución, toda vez que los pagos exorbitantes son evidentes.

Tan sólo en este año, Ruz Hernández pagó la suma total de 8 millones 986 mil 007.86 de pesos a Vicente

*El exrector de la Universidad Autónoma de Carmen, José Antonio Ruz Hernández, que estuvo durante más de 9 años al frente de la institución, es reconocido por supuestos fraudes millonarios, entre ellos la estafa maestra, además de desfalco al fondo de pensiones para los jubilados

*El cumulo de acusaciones lo presionó para renunciar; sin embargo, se fue con total impunidad al saquear los recursos de la UNACAR, por lo que el abuso de poder que ejerció no tendrá castigo

*El derroche de recursos también se refleja en contratos de vigilancia al proveedor Vicente Leyva Ventura, a quien entregó dos contratos en un mismo mes que suman en total 8 millones 922 mil 489.16 pesos

Leyva Ventura.

El proveedor que se dedica al “Servicio de investigación, protección y custodia, y servicio de limpieza de inmuebles”, ubica su domicilio fiscal en calle 22, número 9, colonia Guanal, Ciudad del Carmen, Campeche.

El 1 de junio del 2022, la UNACAR entregó el acuerdo número C-UNACAR-LPSRV-003-05-2022 a Vicente Leyva Ventura para brindar el “Servicio de vigilancia”, al cual se destinaron 8 millones 922 mil 489.16 pesos.

El plazo del contrato abarca dos ejercicios fiscales, el cual comenzó el 24 de junio de 2022 y concluirá el 23 de junio de 2023.

Ese mismo mes, el 6 de junio del 2022 solicitó al em-

presario el “Servicio de Limpieza de aspirado, lavado, desmanchado y brillo de alfombras, madera y cortinas del Centro Cultural Universitario”.

El inicio de las labores duró tan sólo cinco días, comenzó el 6 de junio y concluyó el 10 de junio del 2022.

La UNACAR destinó 63 mil 518.70 pesos para el contrato, el cual se pagó en dos partes; el primer pago fue de 38 mil 860 pesos en el mes de junio, el segundo pago de 24 mil 658.70 pesos se realizó en el mes de julio del 2022.

HUYÓ CON MILLONES

El exrector de la UNACAR, José Antonio Ruz Hernández, estuvo al frente durante más de 9 años, periodo en el cual la institución estuvo involucrada en diversas irregularidades.

Una de las transas más graves fue el fraude millonario conocido como la “estafa maestra”, en la que directivos encabezados por el rector Ruz Hernández, recibieron una comisión por el desvío de 331 millones 241 mil pesos que se destinarían a la ejecución de 11 convenios firmados por Pemex,

Sagarpa y Senasica.

Además, otras siete universidades fueron cómplices del desvío de 3 mil 400 millones de pesos, al ser utilizadas como intermediarias entre las dependencias federales y 186 empresas irregulares o inexistentes.

Desde entonces se pedía su renuncia para ser encarcelado; por el contrario, Ruz Hernández intentó defenderse de las acusaciones y se posicionó hasta tomar el poder por completo en la UNACAR.

SIN FONDO DE PENSIONES

Durante años se permitieron un sinfín de anomalías, una de ellas terminaría por revelar el desfalco al fondo de pensiones para los jubilados, lo cual generó protestas masivas.

A principios de noviembre, agremiados del Sindi- cato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Carmen (Sutunacar), se organizaron para frenar los abusos de Ruz Hernández; activos no sindicalizados y estudiantes se sumaron a la manifestación; por lo que no le quedó de otra al exrector, más que renunciar el pasado 22 de noviembre del 2022.

José Antonio Ruz Hernández.

Pablo Gutiérrez Lazarus.

Amairani Vera Acosta.

Sol Campeche

Calkiní.- El recién nombrado municipio número 13 no ha podido despuntar como se esperaba, ya que han surgido diversas irregularidades desde que vieron en Dzitbalché una mina de oro, que cuando formaba parte de Calkiní, fue una localidad que estuvo desatendida por las administraciones anteriores a las que sólo les importó llenarse los bolsillos con dinero del erario público.

Una vez creado, comenzó a recibir recursos federales para abatir la pobreza; sin embargo, el reto es enorme pues no se han podido combatir los índices de rezago en ningún aspecto. Al pertenecer a Calkiní, los servicios públicos sólo fueron una ilusión por lo que su recuperación será lenta, sobre todo porque Roberto Herrera Maas, como primer presidente municipal de Dzitbalché, le ha quedado grande el puesto.

Obsesionado con “enfrentar a la delincuencia”, ha centrado esfuerzos en el sector de seguridad, mientras el tema de la falta de acceso a los servicios básicos sigue ignorado. Al exponer ante el Congreso de Campeche en qué gastarán los recursos solicitados para el siguiente año, el alcalde de Dzitbalché comentó en la comparecencia que para el 2023 apuesta por la formación de un cuerpo policiaco municipal para distribuirlos en las comunidades que presentan mayor incidencia de delitos, con una inversión de recursos propios por al menos 300 mil pesos

Para 2023, Dzitbalché prevé ejercer106 millones 970 mil 843 pesos, que incluyen 23 millones 24 mil 687 pesos más en comparación con el 2022, cuando se asignaron 83 millones 946 mil 156 pesos, es

Redacción/ Sol Campeche

Campeche.- La empresa Grupo DRD CIME S.A. de C.V. dedicada a la construcción y proveeduría de material e infraestructura se ha posicionado como una de las favoritas entre los políticos señalados de corruptos, al menos en el estado de Campeche probó el goce de contratos millonarios en los municipios de Escárcega, Candelaria, Calakmul y Carmen.

La cantidad total que ha obtenido en contratos desde el 2018 al 2022 es de 14 millones 803 mil 736 pesos.

Los hermanos Domitilo Magaña Hernández y Ruli Magaña Hernández son los administradores que fundaron esa empresa el 11 de junio de 2014, la cual quedó registrada con domicilio fiscal en calle geógrafos, Manzana 2, Lote 3, Colonia Solidaridad, Ciudad del Carmen, Campeche.

Junto con más familiares que colaboran Grupo DRD CIME S.A. de C.V. como Eulofia Magaña Hernández y Damián de la Cruz Magaña, han aprovechado el mal uso de recursos con priistas como el ex acalde Óscar Rosas González.

Durante su gestión fue acusada de entregar obras con atrasos e irregularidades, por lo que las denuncias ciudadanas por las pésimas obras no se hicieron esperar, pues el material empleado en las calles se desprendía al poco tiempo de ser inauguradas. Aún con las anomalías, fue muy notoria la cantidad de veces que Rosas González prefirió ceder traba-

EDIL IMPROVISADO

decir el 27.43 por ciento adicional. Esta cifra deberá verse reflejada en atraer beneficios, ya que este año se le escapó la oportunidad de aportar obras y servicios dignos para la población.

FAVORITISMO

Además, aunque acaba de comenzar su gestión, ya se observan diversas irregularidades en el municipio, una de ellas es el favoritismo que le tienen hacía algunos contratistas que más que aportar en la infraestructura acaparan obras que terminan sin comprobar la calidad con la que fueron hechas.

La empresaria Imelda Vanessa González Cahuich es una de las consentidas de Roberto Herrera Maas, a quien le asignó por su decisión dos contratos en el mes de mayo por adjudicación directa, que suman un total de un millón 200 mil 602.65 pesos.

La contratista que ubica

su domicilio fiscal en la calle 31, S/N, colonia Centro, Becal, Calkiní, Campeche, fue beneficiada con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), el cual financió las obras en ese municipio.

Los acuerdos aprobados

habitantes, Roberto Herrera Maas, pasará a la historia sólo como el primer presidente municipal que gestionó Dzitbalché, pues las irregularidades que persisten en el nuevo municipio delatan su inexperiencia

*La empresaria Imelda Vanessa González Cahuich es una de las favoritas de los alcaldes como Roberto Herrera Maas, quien le asignó cínicamente dos contratos en mayo por adjudicación directa, que suman un total de un millón 200 mil 602.65 pesos. Con el exalcalde de Calkiní, Roque Jacinto Sánchez Golib, también fue beneficiada con dos acuerdos que suman en total un millón 872 mil 837. 37 pesos

*Un total de 3 millones 073 mil 439 .65 pesos ha obtenido con esos políticos que no logran mejorar la calidad de vida de los pobladores en Dzitbalché y Calkiní

por el alcalde morenista, Herrera Maas, fueron firmados por Luis Enrique Pech Caamal, secretario del Ayuntamiento; Alder Eduardo Cuevas Yam, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; así como Rosalía del Rocío Chan Caamal, directora de Planeación del Desarrollo.

El primer contrato asignado se identifica con el número DZB-DUOP-FISMAD-004/2022, el cual fue firmado el 16 de mayo del 2022 para realizar la “Construcción de calle con concreto hidráulico en la calle privada veintiséis, en la colonia San Feliciano, en la localidad y municipio de

Dzitbalché, Campeche.

El monto del contrato que proviene del ejercicio fiscal 2022 es de 203 mil 373.85 pesos, cantidad para desarrollar la obra en 30 días naturales, la cual inició el 17 de mayo del 2022 y concluyó el 15 de junio del 2022.

Nueve días después de entregar el acuerdo, el 25 de mayo del 2022 el Ayuntamiento de Dzitbalché le pagó 997 mil 228.80 pesos a Imelda Vanessa González Cahuich señalados en el contrato DZB-DUOPFISM-AD-006/2022.

Los trabajos que llevó a cabo fueron para la “Rehabilitación de calle con doble riego de sello de la calle Veinticuatro, en la localidad de Bacabchén, municipio de Dzitbalché, Campeche.

Además de que Imelda Vanessa González Cahuich acaparó Dzitbalché, también tuvo obras en Calkiní entregadas por el entonces presidente municipal Roque Jacinto Sánchez Golib, que suman la cantidad total de un millón 872 mil 837. 37 pesos.

Al menos en 2020, recibió dos contratos que fueron aprobados por el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Jorge Alberto Alpuche Cuevas.

El primer contrato lo obtuvo por adjudicación directa identificado con el número CLK-DOP-FISMIR-019/2020, el cual fue entregado el 28 de agosto del 2020.

El monto de 811 mil 845.21 pesos fue destinado para la “Construcción de Infraestructura Agrícola para Camino Sacacosecha en la localidad de Nunkiní.

Las obras fueran financiadas por el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

OBRAS INSERVIBLES

jos a la compañía por encima de otras más.

LICITACIONES CON EL MISMO GANADOR

Además, durante los procesos para obtener dichos acuerdos fueron disfrazados de supuestas “licitaciones públicas”, pero siempre ganaba Grupo DRD CIME S.A. de C.V. En la alcaldía de Carmen fue más beneficiado el año 2020 con tres contratos que suman en total 4 millones 941 mil 377 pesos.

Los acuerdos reportados son el número MCCDOP-FOPET-LP-006-20 con 3 millones 658 mil 065 pesos; MCC-DOP-FOPETLP-005-20 con 996 mil 917

pesos; y MCC-DOP-FOPETLP-004-20 con 286 mil 395 pesos.

Mientras que, en el municipio de Escárcega obtuvo en

*La empresa Grupo DRD CIME S.A. de C.V., dedicada a la construcción, ha acaparado contratos millonarios en los municipios de Campeche. Los ayuntamientos en los que más obras ha desarrollado con diversas anomalías son Escárcega y Carmen. La cantidad total que ha obtenido en contratos del 2018 al 2022 es de más de 14 millones de pesos

*Con el exalcalde de Carmen, Óscar Rosas González, obtuvo tres contratos que suman en total 4 millones 941 mil 377 pesos; sin embargo, las obras que entregó fueron señaladas por vicios ocultos

*Los hermanos Magaña Hernández, Domitilo y Ruli, son administradores de Grupo DRD CIME S.A. de C.V., empresa con domicilio fiscal en Ciudad del Carmen, Campeche, que recientemente irrumpió en Champotón, donde la alcaldesa Claudeth Sarricolea le otorgó dos contratos suman más 4 millones 286 mil 760.14 pesos

los 2018 dos contratos que suman en total 5 millones 176 mil 398 pesos; el primero de ellos, HAE-FAFEF-004-2018 con 3

millones 678 mil 752 pesos, y HAE-FAFEF-003-2018 con un millón 497 mil 646 pesos.

En el municipio de Calakmul, el 26 de abril del 2018 recibió el contrato HAC-FISMUB-002-2018 por el presidente Juan Enrique González Chan.

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) destinó la cantidad de 399 mil 201 pesos para realizar la “Construcción de caminos rurales en la localidad de El Sacrificio, Calakmul”.

El acuerdo fue firmado por Mirna Cortés Muñoz, directora de Obras y Desarrollo Urbano; así como Maricruz Pérez Pérez, directora de Contraloría Interna.

ADJUDICADOS EN CHAMPOTÓN

Sin importar las referen-

cias de la empresa, la presidenta municipal de Champotón, Claudeth Sarricolea Castilllejo, en el segundo cuatrimestre del año, recurrió a la contratación de Grupo DRD CIME S.A. de C.V., para entregarle dos contratos, uno por invitación restringida y otro por adjudicación directa, que suman más de 4 millones 286 mil 760 pesos.

Gabriel Arnabar Navarro, director de Obras Públicas; Sergio Raúl Escalante Sánchez, responsable del área jurídica; Lorenzo Alberto Can Sánchez, director de Planeación, estuvieron presentes en la firma de los acuerdos.

El primer contrato otorgado se identifica con el número MPIO-DOP-R33Sl-001-001/2022, fue firmado el 3 de junio del 2022, cuando se entregó el monto total de 3 millones 477 mil 249 pesos para la “Construcción de cancha techada, en la localidad Ulumal, Champotón”.

El plazo de ejecución de la obra se llevó a cabo el 6 de junio y concluyó el 5 de agosto del 2022.

MÁS PRIVILEGIOS

Tres meses después de la entrega del primer acuerdo, los hermanos Magaña Hernández recibieron el número MPIODOP-R33-SE-001-027/2022, el cual fue firmado el 20 de septiembre del 2022. El plazo de ejecución de la obra es el 22 de septiembre y se concluyó el 22 de octubre del 2022.

Roberto Herrera Maas.

Óscar Rosas González.

*Sin acciones trascendentales que contribuyan a beneficiar a los

Campeche, Campeche

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

EDIL IMPROVISADO

*Sin acciones trascendentales que contribuyan a beneficiar a los habitantes, Roberto Herrera Maas pasará a la historia sólo como el primer presidente municipal que gestionó Dzitbalché, pues las irregularidades que persisten en el nuevo municipio delatan su inexperiencia

*La empresaria Imelda Vanessa González Cahuich es una de las favoritas de los alcaldes como Roberto Herrera Maas, quien le asignó cínicamente dos contratos en mayo por adjudicación directa, que suman un total de un millón 200 mil 602.65 pesos. Con el exalcalde de Calkiní, Roque Jacinto Sánchez Golib, también fue beneficiada con dos acuerdos que suman en total un millón 872 mil 837. 37 pesos

*Un total de 3 millones 073 mil 439 .65 pesos ha obtenido con esos políticos que no logran mejorar la calidad de vida de los pobladores en Dzitbalché y Calkiní

Redacción/Sol Campeche

Calkiní.- El recién nombrado municipio número 13 no ha podido despuntar como se esperaba, ya que han surgido diversas irregularidades desde que vieron en Dzitbalché una mina de oro, que cuando formaba parte de Calkiní fue una localidad que estuvo desatendida por las administraciones anteriores a las que sólo les importó llenarse los bolsillos con dinero del erario.

OBRAS INSERVIBLES

*La empresa Grupo DRD CIME S.A. de C.V., dedicada a la construcción, ha acaparado contratos millonarios en los municipios de Campeche. Los ayuntamientos en los que más obras ha desarrollado con diversas anomalías son Escárcega y Carmen. La cantidad total que ha obtenido en contratos del 2018 al 2022 es de más de 14 millones de pesos

*Con el exalcalde de Carmen, Óscar Rosas González, obtuvo tres contratos que suman en total 4 millones 941 mil 377 pesos; sin embargo, las obras que entregó fueron señaladas por vicios ocultos

*Los hermanos Magaña Hernández, Domitilo y Ruli, son administradores de Grupo DRD CIME S.A. de C.V., empresa con domicilio fiscal en Ciudad del Carmen, Campeche, que recientemente irrumpió en Champotón, donde la alcaldesa Claudeth Sarricolea le otorgó dos contratos suman más 4 millones 286 mil 760.14 pesos

Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- Este año, el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (Ivey) suscribió el contrato IVEY-LP-036-2022, con fecha del 9 de agosto de este año, con la empresa Construcciones y Diseño de Proporciones S.A. DE C.V. con RFC de la persona física o moral contratista o proveedor: CDP140131LS6, administrada por Roque Luis Loria Borregui, para la construcción de 81 acciones de vivienda, para los municipios de Chankom (21), Chikindzonot (20) y Tixcacalcupul (40), en el estado de Yucatán, por la cantidad de $7, 201, 050.26 (siete millones doscientos un mil cincuenta pesos 26/100 M.N.), lo que significaría 90 mil pesos por cada acción de vivienda, aproximadamente.

Borregui también es administrador único de la empresa Arquitectura y Desarrollo Edificado, S.A. DE C.V.

Los trabajos de dichas obras iniciaron el 17 de agosto de 2022 y concluyeron el 14 de noviembre de este mismo año. En tres meses se debieron construir cuartos, pies de casa, pisos y baños, lo que no cuadra ante la cantidad millonaria que se invirtió en las obras.

En 2020, se destapó la corrupción en el polémico programa de vivienda del gobernador Mauricio Vila, cuando se informó que 17 mil acciones de vivienda, con un presupuesto de 900 millones de pesos, darían en un costo de 53 mil pesos por acción de vivienda.

En ese momento, las obras fueron hechas por la empresa

Redacción/ Sol Yucatán

Mérida. – Durante, al menos, tres diferentes años, el gobierno panista de Mauricio Villa ha entregado una suma estratosférica de más de 464 millones de pesos a una misma empresa para el reparto de dádivas de despensa a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Yucatán.

La compañía denominada Comercializadora Ecourbana S.A. de C.V. suma tres enormes contratos durante los años 2019, 2021 y 2022, mediante los cuales ha amasado la gran cantidad total de 531 millones 719 mil 394 pesos.

Dicha empresa fue creada desde 2012 por parte de Carlos Adrián Quiroz Osorio y David Humberto Quiñones Osorio, sin embargo, apenas inició el

IVEY, TRÁFICO DE VIVIENDAS

También se señaló un presunto “moche” del 8% a través de la empresa Sucovisa S.A., de C.V.

de Mario Millet, uno de los principales beneficiarios de las licitaciones del gobierno de Vila y Zapata Bello. En su momento, se señaló a uno de los asesores del Gobernador, Álvaro Juanes Laviada, quien entregaba las asignaciones.

El hecho causó indignación ante la sociedad yucateca, pues las fotografías que mostraban las obras y que eran cuartos para habitar, dejaban mucho que desear para que las familias pudieran vivir dignamente, incluso, fueron tachadas por denigrantes, pues no contaban ni con ventanas.

TAMBIÉN EN EL INTERIOR DEL ESTADO

A principios de este año, Sol Yucatán reportó que el Ivey realiza trabajos en los municipios, con los que obtiene jugosas ganancias, pues por cada obra obtiene el 10% del total de la propuesta. Tan solo en 2019, la problemática se registró en Tekax, donde las ganancias fueron de carca de 1.2 millones de pesos.

Uno de los casos informados este año fue el de la empresa Icon Peninsular, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la que se le otorgó un diezmo de 1.3 millones de pesos, para la realización de obras en Tixcacalcupul, también en 2019.

Fue señalado el jefe de Normatividad y Obras Públicas del Ivey, José de la Cruz Pech Bacelis, quien estuvo a cargo de 288 acciones de vivienda en Tixcacalcupul.

La obra fue licitada con el número LO931034978-E171-2019, firmado el 16 de diciembre de 2019. En la convocatoria participaron tres empresas, en esta ocasión el Ivey apostó por Icon Peninsular, cerrando el contrato por 12 millones 900 mil 963.98 pesos.

El Ivey entregó un anticipo del 30%, equivalente a 3 millones 870 mil 289.19 pesos, para que el contratista iniciara la construcción de oficinas, bodegas e instalaciones, traslado

de maquinaría y el equipo de construcción.

Lo que evidenció, en ese momento, el mal manejo de la obra fue la ausencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic), exponiendo a la mafia dentro del Ivey.

Otro caso, también documentado en 2020 por Sol Yucatán, gracias a la información solicitada por el Instituto de Transparencia, fue cuando el Ivey, dirigido por Carlos Francisco Viñas Heredia, autorizó el proyecto a la persona física Sara Ojeda Hernández, entregando 2.5 millones de pesos, para la construcción de casas habitación.

Sol Yucatán detectó en ese momento ocho anomalías en siete municipios, con la construcción de 136 viviendas, por un monto de 58.2 millones de pesos. También se reportó que en ese momento, la información de 2019 de la dependencia, que se encontraba el portal de Transparencia estaba desfasada por dos años, para minimizar la grave corrupción.

Para la construcción de 288 acciones de vivienda en Tixcacalcupul, según el acta con número LO-931034978_ E171-2019, el Ivey entregó a Icon Peninsular un monto de 12 millones 900 mil 963.98 pesos.

Para la construcción de 195 acciones de vivienda en Tekax, de acuerdo con el acta LO931034978-E89-2019, se benefició a Diseños y Construcciones de Pisos, S.A., de C.V., a la que se le autorizó 12 millones 148 mil 979-10 pesos.

Leer reportaje completo en solyucatán.mx

LUCRAN CON DESPENSAS

*A través del DIF Estatal se beneficia a la empresa Comercializadora Ecourbana, que este año recibirá más de 181 millones de pesos por el suministro de despensas

*En lo que va del gobierno de Mauricio Vila, Comercializadora Ecourbana suma más de 531 millones de pesos en tan sólo tres contratos de 2019, 2021 y 2022

*Esta compañía fue adquirida al inicio del sexenio, en 2018, por Dica Administración S.A.P.I de C.V., consorcio vinculado a círculos panistas en la entidad

a su nuevo propietario Marco Antonio Lixa Dager, quien está vinculado a círculos panistas en la entidad.

sexenio panista de Mauricio Vila Dosal, la compañía fue enajenada a un consorcio más grande denominado Dica Administración S.A.P.I de C.V. y

Para este 2022, el DIF Estatal pagará un monto máximo de 181 millones 586 mil 948 pesos con 95 centavos, con el expediente del contrato DIF/075/2022, con el objeto de suministrar y distribuir leche

ultra pasteurizada dentro del programa de desayunos escolares de este año, pasó como despensas de los programas de asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria.

Se trata de la compra de hasta 10 millones 500 mil leches en presentación de 250 mililitros; 267 mil despensas

tipo básica; 13 mil despensas de atención prioritaria a personas de 2 a 5 años; hasta 11 mil 520 despensas para mujer embarazada y lactante; 17 mil despensas de 6 a 11 meses; y 23 mil 600 despensas a 1 a 2 años.

El contrato de este año formó parte de la licitación DIFLIC-LECHE Y DESPENSAS 01-22, que fue firmado el 10 de marzo del 2022 con vigencia hasta el fin de año.

Esto fue avalado por la directora de DIF Estatal, María Teresa Boehm Calero, quien apenas fue designada en el cargo en el mes de enero, pero a su llegada ya traía la consigna de apapachar a Comercializadora Ecourbana S.A. de C.V. con grandes y lucrativos negocios con el hambre del pueblo yucateco.

Otros contratos con los cuales ha sido beneficiada Comercializadora Ecourbana fueron en 2021, con el expediente DIF/177/2021, la misma empresa cobró 179 millones 955 mil 610 pesos con 10 centavos también para surtir leches, más de 10 millones 600 mil unidades, además de diversos tipos de despensas.

Y en 2019, con el expediente DIF/DG/DDCA/135/2019, Ecourbana obtuvo 170 millones 176 mil 835.25 pesos, de nueva cuenta, el objeto fue el suministro de más de 15 millones de piezas de cajitas de leche, así como despensas en sus diversas modalidades.

Este negociazo alimentario ha sido la coartada perfecta para el mandatario Mauricio

Vila, con el cual mover ingentes recursos públicos para la promoción de su imagen mediante la entrega de dádivas en forma de despensa, pero que en el fondo sólo se está enriqueciendo a un grupo empresarial.

EMPRESA SOSPECHOSA

La empresa apapachada, Comercializadora Ecourbana, ha estado envuelta en polémica desde su creación en 2012, pues primero perteneció a David Humberto Quiñones Osorio y Carlos Adrián Quiroz Osorio, quienes son acusados de diversas arbitrariedades no sólo en Yucatán, sino también en estados vecinos.

Y es que, al ser creada en 2012 con Folio Mercantil Electrónico N-2018062517, Comercializadora Ecourbana S.A. de C.V. en realidad tenía el objetivo de celebrar cualquier tipo de contrato a modo que fuera cachado por sus dueños originales, David Humberto Quiñones Osorio y Carlos Adrián Quiroz Osorio.

Basta observar la amplia lista de objeto social, en la cual sin especificar ni un solo giro comercial o prestación de servicio en el que estuviera especializado, enumera hasta 16 puntos “objetos sociales principales”.

Destacando la realización de toda clase de actos de comercio; importación y exportación de todo tipo de bienes; compra, venta, permuta, arrendamiento y explotación de toda clase de bienes; adquisición o arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles.

Leer reportaje completo en solyucatán.mx

Mérida, Yucatán.

*La institución encargada de hacer acciones para viviendas dignas saca “moches” millonarios por cada asignación

*Entregan más de 7 millones de pesos para la construcción de 81 pies de casa, ventanas, cuartos o baños que tienen un valor aproximado de 90 mil pesos

*Gobierno de Mauricio Vila le echa la bolita a anteriores gobiernos ante lluvia de denuncias por corrupción en el Ivey

Carlos Francisco Viñas Heredia.

María Teresa Boehm.

Redacción

/Sol Yucatán

Mérida. – En total desgobierno y plagado de irregularidades se encuentra el gobierno municipal de Tekax, a cargo del alcalde panista Diego Ávila Romero, quien con toda la ambición que lo caracteriza se reeligió para un segundo periodo, pero no ha dado los resultados esperados ni ha cumplido todas sus promesas, que ya resultan palabras vacías para el pueblo tekaxeño.

Y es que desde que inició su segundo periodo, el edil ha perdido completamente el piso, y se ha dedicado a soltar contratos para obras mal ejecutadas, como es el caso del mercado municipal, que se ha convertido en una de las principales críticas en su contra.

Aunque la construcción de este nuevo centro de abasto tiene un costo de 3 millones 698 mil 951.65 pesos, y que debió concluirse desde mediados de este año, el proveedor predilecto del alcalde Diego Ávila simplemente no ha concluido con el encargo, tanto así que ya se han generado protestas.

El empresario elegido es Julio Alejandro Chan Peralta, quien es cercano al propio edil y es presunto constructor que cobra como persona física, no cuenta con algún otro contrato con algún ente público, únicamente ha recibido encargos del

Redacción/ Sol Yucatán

Mérida.- A principios del mes de noviembre, Julissa Chuc Haas, originaria del estado de Quintana Roo, ingresó al hospital Agustín O'Horán, en Mérida, Yucatán, para dar a luz a su segunda hija; fue el único día que pudo verla, se la quitaron sin razón como un “modus operandi” del Gobierno para luego dar los bebés a otras familias.

Desde ese momento empezó un calvario para Julissa, pues las autoridades estatales de Yucatán le quitaron a la recién nacida y a su hermano de seis años, argumentando que presentaban desnutrición, heridas y la bebé síndrome de abstinencia, según porque la madre se pudo haber drogado durado el embarazo. Los niños actualmente se encuentran en el Sistema DIF del Estado.

La abogada Dariana Quintal, quien acompaña legalmente a Julissa, ha señalado que las autoridades estatales han inventado dichos motivos, para separar a la madre, de 30 años de edad, discriminándola por ser lesbiana.

El DIF Yucatán justificó la separación de los niños, cuando recibieron el llamado de las autoridades hospitalarias, el 26 de octubre, reportando a la recién nacida y a su hermano con evidencia de malos tratos. Hasta el momento, el sistema de Salud no ha hecho público algún documento que avale su denuncia.

La abogada indicó que a Julissa las trabajadoras sociales del hospital le cuestionaron desde un principio su orientación sexual y a poner

MERCADO DE CORRUPCIÓN

además de que se ha manejado en completa opacidad, tanto así que ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no se publicó ni la convocatoria, ni la presentación de propuestas, ni el acto de fallo ni mucho menos la versión pública del contrato.

alcalde, Diego Ávila Romero, para reclamar la corrupción que se ha presentado en la obra de más de 3.6 millones de pesos para la construcción del mercado público.

municipio de Tekax bajo el gobierno del panista David Ávila.

La obra se realiza con

el número de contrato 31079.01.2022.12, a un monto de 3 millones 698 mil 951.65 pesos, el plazo de ejecución debía ser del 27 de mayo al 10 de julio del presente año, pero hasta la fecha no ha sido en-

tregado por el edil, generando desconfianza y enojo entre locatarios y ciudadanía.

Desde un principio, la mala planeación del alcalde David Ávila, han afectado la obra de remodelación del mercado,

Esta no es la primera vez que el alcalde David Ávila muestra su verdadero rostro de opacidad y falta de rendimiento de las cuentas públicas.

A principios de este año fue acusado por integrantes del cabildo por no rendir informes de la cuenta pública atrasados por más de seis meses, por lo que el alcalde Diego Ávila comete violación sistemática a la ley de transparencia y de los municipios del estado de Yucatán.

En Tekax son varias las irregularidades y quejas de la ciudadanía en contra del munícipe Ávila Romero, debido a la falta de respeto a los ordenamientos legales en el Estado por parte del Ayuntamiento local, ya que no solo violan la Ley de Gobierno de los Municipios, sino que además, violan la Ley de Transparencia.

ENOJO SOCIAL

Recientemente, decenas de vecinos de Tekax se manifestaron frente a la casa del papá del

TRAFICAN CON MENORES

*Denuncian al gobierno de Mauricio Vila Dosal por la violación de tratados internacionales y el acoso institucional que han emprendido contra la ciudadana Julissa Chuc y sus hijos que le fueron arrebatados por el Gobierno

*Organizaciones exigen a las autoridades que cese de manera inmediata la intimidación y la flagrante violación de sus derechos humanos como una forma de quedarse con niños que luego dan a otras familias

*La abogada Dariana Quintal acusa a las autoridades estatales que a través de la Prodenay y el Caimede hay tráfico de menores

Desde el inició se mal planeó el mantenimiento del mercado local, que por muchos años ha estado descuidado, ya que para llevar a cabo el proyecto hacía falta mover a los locatarios a un lugar para que pudieran seguir vendiendo.

Todo esto fue hecho de mala manera, pues en un predio cercano al mercado se pusieron varios locales improvisados y malhechos para ubicar ahí a los vendedores, pero se les trató de mover de forma abrupta y sin llegar a acuerdos.

Y es que, la promesa era arreglar el tianguis actual para convertirlo en mercado público, pero los trabajos han sido con extrema demora mientras que se trata de reubicar a los venteros con intimidación y amenazas, además de que temen perder sus locales originales y que entren otros comerciantes que sean cercanos al alcalde panista.

La pésima ejecución de esta obra de 3.6 millones de pesos, cae en la responsabilidad del alcalde Ávila Romero, quien ha ignorado todos los procesos, pues el Cabildo no aprobó el proyecto de construcción, y, en consecuencia, organizar a los comerciantes para ocupar sus lugares.

entre dicho si era drogadicta. Julissa para recuperar a sus hijos ha mostrado las pruebas toxicológicas que han dado negativo de tales sustancias.

La abogada Quintal ha señalado que vecinas de Julissa se han presentado ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodenay), como testigos de que los niños no sufren de violencia.

También acusó al DIF del Estado, porque han sometido

al varón de seis años, porque le han practicado exámenes para descartar la violación sexual, lo que incluye una exploración anal, sin que haya una denuncia que fundamente la práctica.

Además, de que a Julissa no se le ha permitido amamantar a la recién nacida, sin poder guardar reposo luego del nacimiento ha tenido que comenzar a trabajar para ganar dinero y pagar todos los trámites y estudios que requiere para recuperar a sus hijos. La abogada señaló que ha presentado sangrados, estrés y complicaciones por no poder amamantar al bebé.

A MÁS DE UN MES

La agrupación Unid@s por un Mejor País, encabezado por el delegado en el Estado, Bayardo Ojeda Marrufo, quien se pronunció contra la actuación del gobernador Mauricio Vila Dosal, y de sus subordinadas María Dolores Fritz Sierra, secretaria de General de Gobierno, y Teresita de Jesús Anguas Zapata, titular de la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), por la violación de tratados internacionales y el acoso institucional que han emprendido contra la ciudadana Julissa Chuc y sus hijos.

En rueda de prensa, frente al Palacio de Gobierno, Ojeda Marrufo expuso los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece en su artículo 7 numeral 1, que “el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento” y tendrá derecho desde que nace a un nombre y a adquirir una nacionalidad, también la misma disposición señala que es uno de sus derechos fundamentales, “conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.

También manifestó que el artículo 8 añade en su numeral 1, que “los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”.

Además, indicó que la misma Convención, en el artículo 9 numeral 1 indica que, “los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la volun-

tad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño”.

LA DENUNCIA

Luego de exponer los derechos de los niños y de la madre, Ojeda Marrufo dijo que el gobernador Mauricio Vila Dosal está violando el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, al no velar por el interés superior de los hijos de la señora Julissa Chuc a ser cuidados por su madre.

Además, transgreden el artículo 8 del propio pacto internacional, al obstaculizar el derecho que tienen los hijos de Julissa a preservar sus relaciones familiares con su madre, así como al actuar con negligencia en su deber de restablecer rápidamente su identidad.

Infringen el artículo 9.1 y 9.2 de la Convención señalada, al separar a los menores de su madre en contra de la voluntad de toda la familia, y sin que exista justificación legal alguna de la necesidad de tal separación por interés superior del niño, y sin dar a Julissa la

oportunidad de participar en el proceso de separación impuesto ni de dar a conocer sus opiniones, lo que a su vez viola los artículos 14 y 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen el derecho de todo ciudadano no ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, así como a exigir participar en cualquier procedimiento en su contra y exigir que se cumplan las formalidades conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Violan el artículo 9.3 del tratado internacional al anular en la práctica el derecho de los hijos de Julissa a mantener relaciones personales y contacto directo con su madre de modo regular, no habiendo hechos demostrados contrarios al interés superior de ambos niños.

Infringen el concepto de interés superior de la niñez, al haber asumido medidas administrativas que bajo ningún análisis o enfoque asegura la máxima satisfacción de los derechos que sea posible y la menor restricción de ellos.

En un hecho que es público y especialmente grave, ejercen de manera sistemática una medida que en todo caso debería ser excepcional, como lo es la separación de las familias, porque no es el único caso pasado o actual que se conoce, en el que los hijos menores de edad son separados de sus padres mediante engaños, y en los que no pocos de ellos termina con la fuga del menor de los centros de atención, con el gravísimo riesgo que eso implica para la vida de éste.

*El alcalde de Tekax, Diego Ávila Romero, entregó más de 3.6 millones de pesos para la obra de construcción del mercado municipal, pero los trabajos llevan más de medio año de atraso y no tuvieron la aprobación del Cabildo completo

*El empresario beneficiado es Julio Alejandro Chan Peralta, un supuesto constructor que sólo es contratado por administraciones panistas

*La obra que ha sido mal ejecutada desde el principio, ha causado el enojo de la población y los comerciantes que mantienen pérdidas por mala planeación del Gobierno Municipal

Diego Ávila Romero.

COLOMBIA-MÉXICO: LOS GIGANTES DEL NARCO

Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

Ciudad de México.- En el mundo del crimen organizado nada cambia. Gobiernos van y vienen y los capos del narcotráfico siguen surgiendo para mantener el boyante negocio de las drogas, quizá el más rentable del mundo.

A pesar de los cambios legales, implementados en los años ochenta y noventa para frenar al narcotráfico y su violencia, Colombia sigue siendo el país más exportador de cocaína, principal abastecedor del mercado norteamericano, el más voraz del mundo.

Ese país sudamericano vivió una larga etapa de violencia, consecuencia de la guerra entre los cárteles de Cali y Medellín, los más poderosos en las décadas de los ochenta y noventa, que se enfrentaron por el control absoluto del negocio y por imponer sus decisiones incluso en la política del país: asesinaban a los jefes policiacos, frenaban legislaciones a base de corrupción y asesinatos e imponían a sus aliados para ocupar diputaciones, comandancias de la policía y, uno de sus logros más trascedentes, sin duda, fue haber impuesto a los presidentes de Colombia. Según datos históricos, esto ocurría desde los años sesenta.

La política se contaminó completamente. Colombia llegó a ser un país invivible, incluso, para los propios miembros del crimen organizado. Estados Unidos intervino con “El Plan Colombia” para desactivar a los cárteles en disputa. Pero los cambios no vinieron de un Mesías, sino de la propia clase política mezclada por civiles honestos y criminales. Ellos cambiaron ciertas reglas del juego con un fin: sobrevivir políticamente y mantener a salvo el negocio más importante: el narcotráfico.

Se crearon leyes importantes, como la de Extinción de Dominio, importante para decomisarle recursos al crimen; también se legisló sobre

leyes antilavado y muchos jefes de cárteles fueron extraditados a Estados Unidos, como fue el caso de los hermanos Rodríguez Orehuela, jefes del Cártel de Cali. Pablo Escobar, jefe del Cártel de Medellín, por su parte, fue apresado y recluido en una prisión que él mismo construyó. De ahí se fugó, pues resultó insoportable para él pensar que sería extraditado a Estados Unidos. “Prefiero una cárcel de oro en Colombia que ser extraditado”, decía.

Cuando las cosas cambiaron en Colombia, el reflejo fue claro en la disminución de la violencia. El narcotráfico se mantuvo igual y sigue igual. En aquellos años México no era tan importante para los colombianos, pues ellos exportaban la cocaína a Estados Unidos por Las Bahamas. No necesitaban a México como trampolín.

Luego todo cambió. México y sus cárteles se convirtieron en clientes potenciales de los colombianos. Fueron los capos mexicanos los que terminaron con los intermediarios, quienes sacaban ventajas de todo, sobre todo, del precio.

Los mexicanos llegaban a Colombia a negociar directamente con los productores de cocaína. Compraban los cargamentos y arreglaban que los pusieran en territorio mexicano seguro. Claro, los mexicanos tenían perfectamente arreglado todo con las autoridades. Todo se movía por medio de la corrupción.

Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, fue el principal capo que acabó con los intermediarios y él se convirtió en cliente potencial. Compraba la droga y ésta era enviada a México por diversas rutas. La del Caribe era una de las más socorridas.

Cuando los cárteles de Medellín y Cali fueron exterminados, muchos grupos se dividieron. Surgió así un nuevo esquema criminal: “Los Babycárteles”, pequeñas organizaciones criminales, con bajo perfil, que fácilmente podían colocar un cargamen-

y noventa del siglo pasado, Colombia se convirtió en el país más violento del continente latinoamericano. Entonces la guerra en el país sudamericano la protagonizaban los cárteles de Medellín y Cali, encabezados, respectivamente, por los hermanos Rodríguez Orehuela y Pablo Escobar

*Ahora México ocupa los primeros lugares en violencia criminal y tiene los reflectores internacionales puestos no sólo por las constantes matanzas, sino también por la impunidad y las relaciones entre el poder político y el criminal. México también es un boyante exportador de amapola (de donde se extrae la goma de opio), marihuana, cocaína y la droga letal del momento: el fentanilo

*México ha desplazado a Colombia en ese negocio que por décadas lo convirtió en un país temido y temible. Sin embargo, Colombia sigue siendo un importante exportador de cocaína al mundo, pero los capos del narco ahora operan con bajo perfil

to de cocaína desde cualquier puerto colombiano a diferentes países del mundo.

LOS BABYCÁRTELES SIGUEN OPERANDO Y TIENEN UNA BOYANTE ACTIVIDAD

De acuerdo con estudios de la ONU, México es uno de los más importantes clientes de Colombia para el abastecimiento de cocaína. Los cárteles que más compran la droga son Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Zetas (hoy Cártel del Noreste), entre otros.

Los representantes de estos grupos criminales adquieren la droga directamente de los laboratorios colombianos, lo que les permite ahorrar mucho dinero en el precio, pues

evitan a los intermediarios.

Colombia, en efecto, vio disminuida su violencia de alto impacto, pero mantuvo el negocio por encima de todo. Se asegura que actualmente muchos territorios fueron liberados tras el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la organización guerrillera que terminó operando como cártel.

El narcotráfico en Colombia está en jauja: El 82 por ciento de la cocaína colombiana pasa a Estados Unidos por Centroamérica y México y para abastecer al mundo disponen de 171 mil hectáreas de coca cultivada, según establece un reporte de 2018. Este dato explica por sí solo el incremento de la oferta y de la demanda.

La mayoría de los cárteles mexicanos se abastecen de los productores colombianos, quienes operan desde diversos países, como Panamá, Venezuela, entre otros, donde instalaron sus centros de operaciones.

El transporte para enviar la droga varía, aunque el más socorrido es el aéreo. También explotan el marítimo, sobre todo ahora que pusieron de moda el uso de submarinos y lanchas rápidas que tienen la capacidad de mover cuantiosos cargamentos desde las costas colombianas hasta México, ya sea por el Pacífico o por el Caribe.

LOS CÁRTELES

A diferencia de Colombia –que tiene un narcotráfico organizado y sin tanta violencia de alto impacto– México se mantiene sumido en una oleada de violencia sin tregua.

El 2019 terminó con un saldo estremecedor: 38 mil muertos.

La violencia no para, pues el gobierno sigue sin definir una estrategia contra el crimen organizado, uno de los peores males del actual gobierno.

La disputa que priva en México es por el control del mercado. También es territorial, pues se pelean el control de importantes rutas. Ninguna autoridad tiene la capacidad de poner orden en este caos causado por las organizaciones del narcotráfico.

Los cárteles han diversificado muy bien sus tareas criminales. Operan con 25 tipologías delictivas y en cada municipio cuentan con el poder político bajo control o con la protección de las autoridades, con las que antes ya negociaron.

Se asegura que el 80 por ciento de los jefes policiacos a nivel municipal pertenecen a algún cártel de la droga. Esto lo saben las autoridades, pero poco hablan del tema. Prefieren callar que reconocer que el gobierno en realidad cogobierna con las fuerzas del crimen.

La mayoría de los cárteles ya no operan con drogas sino que, como buenos empresa-

rios del crimen, han puesto en marcha otros negocios: las extorsiones, el tráfico humano, el control de los giros negros, entre otros. También han construido pequeñas células en diversos estados y pagan una cuota a algún cártel por utilizar la marca de otra organización criminal. Así pueden operar con protección en todo el país.

La droga que arriba a la Ciudad de México, procedente de Colombia o de algún otro país sudamericano, llega a través de la aviación comercial y se descarga, con apoyo policiaco, en el Aeropuerto Benito Juárez, considerado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un gran centro de operaciones criminales.

Desde esa terminal aérea operaba Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros, quienes maniataron a la Interpol, autoridades de aduanas y a la Policía Federal. Todos se convirtieron en aliados suyos. Estos hechos de corrupción pasaron inadvertidos por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, respectivamente.

Los sorprendente, sin duda, es que todo esto haya pasado aparentemente desapercibido durante el gobierno de Calderón, quien le declaró la guerra al crimen organizado. Hoy queda claro que la suya fue una guerra parcial: combatió a unos cárteles, pero a otros los protegió. Es el caso de Sinaloa.

Investigaciones recientes de la DEA concluyen que durante el gobierno de Calderón Hinojosa se protegió al Cártel de Sinaloa. Y para muestra ahí está el encarcelamiento de Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad Pública–, quien fue detenido en 2019 en Texas bajo cargos de estar relacionado con el narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

García Luna está a la espera de ser sentenciado. El juicio, según las autoridades norteamericanas, se llevará a cabo en enero del 2023.

Mérida, Yucatán. Del 26 de diciembre

*En los años ochenta

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Ciudad de Mérida, Yucatán

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

BRUTALIDAD POLICÍACA, IMPUNE

CONTRATOS

“A MODO”

*Violencia extrema por parte de los integrantes de la Secretaría de Seguridad de Yucatán y municipios deja al menos cuatro muertos sin aclarar y un detenido al que le cortaron la mano, en lo que va del sexenio de Mauricio Vila

*La inseguridad en Yucatán la provocan los policías, que además tienen permiso para violentar a ciudadanos sin ir a la cárcel; no hay presos por los homicidios

*Derechos Humanos acusa tortura y Amnistía Internacional confirma que no hay garantías de no repetición de los abusos policíacos que acaban en crímenes

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- En los cuatro años del gobierno de Mauricio Vila, cuatro personas fueron asesinadas por policías que actuaron con brutalidad policiaca, aplicando en muchos casos tortura, sin que hasta el momento existan elementos procesados por los homicidios cometidos.

En el extremo de los excesos y la impunidad, policías de Valladolid detuvieron a un hombre y lo “ajusticiaron” ellos mismos cortándole la mano. PAG. 4

TRAFICAN CON MENORES

ACUERDOS POR FUERA

*Para seguir beneficiando al “amigo” empresario, el Incay designa contratos para dar mantenimiento a los parques y jardines del Centro Histórico de Mérida

*Pagan más de 2 millones de pesos, a empresario que ha recibido jugosos contratos desde hace más de cuatro años

*Denuncian

el Gobierno

*La Fiscalía General de Yucatán derrocha $7, 143, 369.35 para servicio de computación; presenta opacidad en el tipo de contrato

*Ineficiencia y lentitud, características principales de la Fiscalía, mientras la sociedad yucateca sufre un calvario para hacer denuncias

*La Fiscalía se “aclienta” con empresa proveedora de computación para dar jugosos contratos

MERCADO DE CORRUPCIÓN

*Licitan las obras, pero no informan el número de participantes y mucho menos los resultados de la evaluación de la propuesta ganadora PAG. 5

*En el Congreso del Estado gastan más de 1 millón 264 mil pesos en tener sus curules bien sanitizadas por una de las empresas favoritas de panismo yucateco

*Ceiba Green Consultoría e Ingeniería Ambiental S. de R.L. de C.V. es uno de los proveedores predilectos de diversas dependencias estatales

*Detrás del derroche del Congreso está el actual presidente de la Junta de Gobierno, Víctor Hugo Lozano Poveda, quien es señalado por diversas polémicas vinculadas con el Sector Salud

*El alcalde de Tekax, Diego Ávila Romero, entregó más de 3.6 millones de pesos para la obra de construcción del mercado municipal, pero los trabajos llevan más de medio año de atraso y no tuvieron la aprobación del Cabildo completo

*El empresario beneficiado es Julio Alejandro Chan Peralta, un supuesto constructor que sólo es contratado por administraciones panistas

*La obra que ha sido mal ejecutada desde el principio, ha causado el enojo de la población y los comerciantes que mantienen pérdidas por mala planeación del Gobierno Municipal

IVEY, TRÁFICO DE VIVIENDAS

*La institución encargada de acciones para viviendas dignas saca “moches” millonarios por cada asignación

*Entregan más de 7 millones de pesos para la construcción de 81 pies de casa, ventanas, cuartos o baños que tienen un valor aproximado de 90 mil pesos

*Gobierno de Mauricio Vila le echa la bolita a anteriores gobiernos ante lluvia de denuncias por corrupción en el Ivey

al gobierno de Mauricio Vila Dosal por la violación de tratados internacionales y el acoso institucional que han emprendido contra la ciudadana Julissa Chuc y sus hijos que le fueron arrebatados por