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¡NARCOTERRORISMO EN SUDAMÉRICA!
Ciudad de México
Del 14 al 20 de noviembre de 2022
Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General
Edición No. 36
$ 5.00
*Cárteles mexicanos trabajan con “bandas locales” de Ecuador para sembrar el “narcoterrorismo” y extender sus dominios en Sudamérica; más de 18 atentados en Ecuador
*Desde las cárceles ecuatorianas, motines y secuestros de custodios penitenciarios. Varias masacres en los penales sudamericanos; más de 200 víctimas en menos de dos años *Ecuador entró a producir cocaína, sólo detrás de Colombia y Perú, de acuerdo con datos de la UNODC Adriana Noboa/Corresponsalías Internacionales/ Grupo Sol Corporativo Guayaquil, Ecuador.- La palabra “narcoterrorismo” es bastante nueva para los ecuatorianos. El país sudamericano vivió la jornada más violenta de su historia reciente el pasado martes, 1 de noviembre. En menos de 24 horas, cuatro ciudades costeras sufrieron 18 atentados. Y, según las fuerzas del orden ecuatorianas, gran parte de la delincuencia está atada a los cárteles internacionales, especialmente los mexicanos: el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Entre artefactos explosivos, coches bomba y ataques a mano armada, el principal blanco ese día fueron unidades policiales, los mismos uniformados y gasolineras. También hubo disturbios en varias cárceles, con enfrentamientos armados, explosiones y secuestro de agentes penitenciarios. Y es que, precisamente, las prisiones se han convertido en el epicentro de la ola de violencia que crece en Ecuador desde hace dos años. La teoría del presidente Guillermo Lasso es que esa violencia es una reacción frente a las acciones de su gobierno contra el crimen organizado. En 2021, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga (UNODC), Ecuador fue el tercer país del mundo con más cocaína incautada, con 210 toneladas. Debido a su ubicación geográfica, el país de 18 millones de habitantes está situado entre los países que concentran la mayor parte de la producción global de cultivos ilícitos de hoja de coca (Colombia y Perú). PAG. 7 NARCOTRÁFICO
GUANAJUATO: DONDE LA VIDA NO VALE NADA *Ante el debilitamiento del Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpe con los sicarios “El Tripa” y “El Apá” para tomar por asalto la plaza *Balaceras en bares y reacomodos de las células delincuenciales siembran el terror en el Bajío mexicano. Toque de queda en ciudades como Irapuato, Celaya y Apaseo el Alto *Dos mil 500 homicidios en el Bajío mexicano tan sólo en lo que va del año. De estos, casi mil 600 han muerto con arma de fuego
Noé Zavaleta/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo Guanajuato.- En Guanajuato, como decía el ídolo de Dolores Hidalgo, José Alfredo Jiménez: La vida no vale nada. El repliegue del Cártel de Santa Rosa de Lima, tras la detención de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, y el avance expansivo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Bajío mexicano ha desatado un “operativo limpieza” de las células delincuenciales que han recrudecido en balaceras en bares y lugares públicos de la entidad, así como ajustes de cuentas que han sembrado una estela de muerte en el turístico estado que gobierna el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
YUCATÁN
¡CÓMPLICE DE ROLANDO!
*A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación señaló un desfalco por 85.7 millones de pesos en el último año del gobierno de Rolando Zapata Bello, aún no es llamado a rendir cuentas *La administración de su sucesor, Mauricio Vila Dosal, se ha caracterizado por cubrirle la espalda no sólo en este caso, sino incluso con la crisis del ISSTEY *Cinco servidores públicos no acreditaron el perfil de plaza requerido, como botón de muestra, la cédula profesional de un servidor público no corresponde con la información reflejada en la página la SEP
laopiniondemexico.mx Ciudad de México, del 14 al 20 de noviembre de 2022
¡NARCOTERRORISMO EN SUDAMÉRICA!
Adriana Noboa/Corresponsalías Internacionales/ Grupo Sol Corporativo
Guayaquil, Ecuador.- La palabra “narcoterrorismo” es bastante nueva para los ecuatorianos. El país sudamericano vivió la jornada más violenta de su historia reciente el pasado martes, 1 de noviembre. En menos de 24 horas, cuatro ciudades costeras sufrieron 18 atentados. Y, según las fuerzas del orden ecuatorianas, gran parte de la delincuencia está atada a los cárteles internacionales, especialmente los mexicanos: el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Entre artefactos explosivos, coches bomba y ataques a mano armada, el principal blanco ese día fueron unidades policiales, los mismos uniformados y gasolineras. También hubo disturbios en varias cárceles, con enfrentamientos armados, explosiones y secuestro de agentes penitenciarios. Y es que, precisamente, las prisiones se han convertido en el epicentro de la ola de violencia que crece en Ecuador desde hace dos años. La teoría del presidente Guillermo Lasso es que esa violencia es una reacción frente a las acciones de su gobierno contra el crimen organizado. En 2021, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga (UNODC), Ecuador fue el tercer país del mundo con más cocaína incautada, con 210 toneladas. Debido a su ubicación geográfica, el país de 18 millones de habitantes, está situado entre los países que concentran la mayor parte de la producción global de cultivos ilícitos de hoja de coca (Colombia y Perú). Además, su perfil costero en el océano Pacífico lo convierte también en un puerto estratégico de la salida de droga hacia Estados Unidos y Europa. Es así que, en los últimos años, Ecuador dejó de ser sólo un país de tránsito para el narcotráfico y se convirtió en un centro de distribución y exportación. Aunque el gobierno sostiene que mantener la seguridad y recuperar la paz en el territorio nacional es su prioridad, no ha tenido suerte en la administración del sector. Las instituciones públicas que se encargan del área son las más inestables del Ejecutivo. Los cambios de ministros y secretarios han sido varios, especialmente en el Servicio Nacional de Atención Integral, encargado de la gestión de las cárceles. La misma Policía Nacional atraviesa por una grave crisis institucional. El año pasado, el embajador de Estados
Policía y Fuerzas armadas recuperan el control de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, el 3 de noviembre de 2022. Fuente: Ministerio del Interior
Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, habló de la existencia de supuestos narcogenerales en las fuerzas públicas. En su intento por demostrar el énfasis en el manejo de la seguridad, el presidente Lasso creó una entidad nueva: la Secretaría Nacional de Seguridad Pública. Y la puso a cargo de uno de sus colaboradores cercanos, que previamente ocupaba un puesto en la Asamblea Nacional, Diego Ordóñez. La falta de experiencia de Ordóñez en materia de seguridad generó críticas. Y los anuncios de la creación y ejecución de un plan o estrategia nacional en el área no han logrado convencer a la opinión pública ni a los actores políticos. El gobierno incluso planteó un referendo y una consulta popular, que está en revisión de la más alta magistratura del país: la Corte Constitucional. Ahí el presidente Lasso busca que la ciudadanía apruebe, en las urnas, temas como la extradición de narcodelincuentes, la creación de un delito penal para sancionar la extorsión y que los recursos que se generen con los comisos de bienes relacionados al crimen organizado sean destinados exclusivamente a la educación de niños y adolescentes. Estas intenciones también tienen sus detractores, quienes señalan que son reformas superficiales y que no tendrán un impacto directo en la ola de violencia e inseguridad que vive el país. De todas formas, si estas preguntas son admitidas, llegarían a las urnas posiblemente en febrero.
Sin importar las medidas tomadas por el gobierno, el suministro, principalmente, de armas, explosivos y teléfonos celulares a las prisiones no se ha detenido. Por lo que las fuerzas del orden pierden regularmente el control de los centros penitenciarios. Y, así, las cabecillas de las bandas siguen operando desde el interior de lo que el mismo gobierno ha denominado como “cuarteles generales del crimen”. La Penitenciaría del Litoral, ubicada en la ciudad de Guayaquil, es la prisión más
*Cárteles mexicanos trabajan con “bandas locales” de Ecuador para sembrar el “narcoterrorismo” y extender sus dominios en Sudamérica; más de 18 atentados en Ecuador *Desde las cárceles ecuatorianas, motines y secuestros de custodios penitenciarios. Varias masacres en los penales sudamericanos; más de 200 víctimas en menos de dos años *Ecuador entró a producir cocaína, sólo detrás de Colombia y Perú, de acuerdo con datos de la UNODC entre las bandas rivales. Entre el 1 de enero y el 2 de noviembre, las muertes violentas en Ecuador superaron las 3 mil 705, siendo octubre el mes más violento, con casi 500 casos. La tasa de homicidios en el país sigue creciendo, ahora es de 20.6 por cada 100 mil habitantes. Y, justamente, la reciente jornada de violencia del 1 de noviembre coincidió con la decisión del gobierno de trasladar a 200 presos a otras cárceles. La noche previa a los atentados circularon vo-
Hubo 6 policías heridos en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, el 3 de noviembre de 2022. Fuente: Policía
peligrosa del país. Desde febrero de 2021, cuando se profundizó la crisis carcelaria, 214 internos han sido asesinados dentro de su perímetro. Según las autoridades, las masacres y amotinamientos, así como las muertes violentas en las calles tienen relación directa con la incautación de droga y con la lucha por territorios
lantes con amenazas, atribuidas a dos bandas locales que operan en las cárceles, Los Lobos y Los Tiguerones. No querían que movieran a su gente. El traslado se realizó. El presidente Lasso, el último ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, afirmaron que
EL EPICENTRO ESTÁ EN LAS CÁRCELES Desde el 23 de febrero de 2021, ha habido nueve masacres carcelarias, en cinco prisiones de cuatro ciudades, que suman 398 víctimas mortales. Pese a los constantes estados de excepción, que implican la participación de las Fuerzas Armadas, y las declaraciones de emergencia, para agilitar el uso de recursos públicos, el sistema penitenciario sigue en crisis.
Escena del atentado con coche bomba en la provincia de Santo Domingo, el 2 de noviembre de 2022.
no cambiarían las medidas ni los planes de seguridad pese a los ataques, que continuaron hasta el lunes 7 de noviembre, pero con menor intensidad y frecuencia. La decisión implicó, además, la reubicación de unos 2 mil 400 presos, entre ellos, varios cabecillas de otra banda local, Los Choneros. Esto también creó resistencia de las bandas del crimen organizado, lo que culminó en varios enfrentamientos con policías, agentes penitenciarios y militares. El argumento oficial para esos movimientos es la lucha contra el hacinamiento en los centros penitenciarios y la mejora de los pabellones donde habitan. Pero después de los ataques, el presidente Lasso tuvo que declarar nuevamente un estado de excepción en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. Y la maquinaria de comunicación gubernamental se puso en marcha. El presidente ecuatoriano se trasladó a las ciudades más afectadas por la violencia para dirigir las operaciones desde la semana pasada. Las cadenas de radio y televisión nocturnas llamaron al patriotismo y a la unidad. Y las cifras del trabajo de la Policía y las Fuerzas Armadas se replican por todas las plataformas oficiales. Hasta el domingo 6 de noviembre se reportaron: 19 mil 685 operativos, mil 042 detenidos, 146 mil 896 personas registradas. En los cinco primeros días de ataques se reportaron seis policías asesinados y otros 29 heridos. El presidente Lasso aseguró que no le temblará la mano para responder y advirtió: “cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia”. Pero, según análisis de la misma Policía, medidas como los traslados y reubicaciones no producen el efecto deseado. Pasó ya con la crisis penitenciaria de 2019, cuando se trasladó a varios mandos de las pandillas a diferentes centros carcelarios, para desarticular las estructuras criminales. Esto lo único que consiguió fue cambiar las dinámi-
cas de las bandas y propició la creación de subgrupos en todo el sistema penitenciario. Lo que, a su vez, ocasionó que se multipliquen las guerras entre pandillas. LA EVOLUCIÓN DELINCUENCIAL Una muestra de narcoterrorismo se sintió por primera vez en Ecuador el 27 de enero de 2018, cuando hubo un atentado con explosivos que hirió a 14 uniformados en un centro policial de San Lorenzo, ciudad ubicada en la provincia de Esmeraldas, en la frontera norte. Ese atentado fue adjudicado al Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El hecho fue seguido del secuestro y asesinato de un equipo periodístico, el asesinato de dos civiles y otro ataque con explosivos que mató a tres marinos. Pero después no hubo eventos de la misma magnitud, hasta marzo de 2021. En ese entonces, hubo dos atentados con explosivos a las oficinas de la Fiscalía y Policía en la ciudad del Triunfo, en la provincia de Guayas. A partir de entonces, los ecuatorianos han sido testigos del incremento en las muertes violentas y en las sangrientas formas de ejecución. Por ejemplo, en febrero pasado, el país se conmocionó con la aparición de dos cuerpos colgados en un puente en Durán, ciudad también de Guayas. El caso más reciente de estos sucedió al norte, en Esmeraldas, el 31 de octubre. Ha habido también casos de cadáveres descuartizados o sin cabeza. Y las autoridades señalan las similitudes con las tácticas implementadas, particularmente, por los cárteles mexicanos. Entre las bandas locales más peligrosas están Los Choneros, los Chone Killers, Los Tiguerones, Los Lagartos, Los Lobos y los Latin King. Y, según inteligencia policial, los cárteles mexicanos trabajan con las disidencias colombianas para ampliar su alcance y dominio en Ecuador. Por ejemplo, el Cártel de Sinaloa trabaja junto al Frente Oliver Sinisterra con bandas locales, como Los Choneros, Los Águilas y Los Gánsters. Otro actor relevante, que es parte del bando liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, es la Columna Móvil Urías Rondón, otra disidencia de las FARC, que opera con bandas locales como Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers.
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¡470.6 MDP A OBRAS “FANTASMA”! Redacción / La Opinión de México
Ciudad de México.- Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2002 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la administración de Ricardo Monreal en el estado de Zacatecas, se presume un daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, por un monto 470.6 millones de pesos, por conceptos de obra que se dejaron de instalar o construir y que fueron pagados con recursos del FISM, correspondientes a 15 proyectos del municipio, en contravención de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas. De las 45 obras inspeccionadas físicamente, se determinó que en 15 de ellas se dejaron de instalar o construir conceptos incluidos en los proyectos, y que fueron pagados por parte del municipio, por un importe global de 470.6 millones de pesos, en contravención de lo establecido en el artículo 41, 43 y 46 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas. Se comprobó que tres obras por un importe de 1,614.3 millones de pesos presentan deficiencias técnicoconstructivas, lo cual ha impedido que se encuentren en servicio, y se detallan a continuación: Obra número 10047, construcción de alcantarillado, existen tres pozos sin terminar y no se deja silleta; Obra número 10165, construcción de alcantarillado: en esta obra los pozos son a media caña, un pozo está sin aplanar
y no se deja silleta, y Obra número 10255, construcción del parque ecológico, en el que la losa de la cancha deportiva tiene asentamientos; asimismo, las palapas aún se encuentran en proceso de construcción. En la recomendación 0260320-2-114-01-015 de la ASF, se exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas que en el ámbito de su competencia solicite al municipio de Fresnillo que implemente los mecanismos de control necesarios, para que se corrijan las deficiencias técnico-constructivas y se ejecuten los conceptos de obra pendientes hasta su terminación y correcto funcionamiento, y posteriormente se elaboren las actas de entrega-recepción de las mismas. Se revisaron los recursos ministrados por la Tesorería de la Federación a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, y se comprobó que esta última no ministró los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal al municipio General Pánfilo Natera, en tiempo y forma, de acuerdo con el calendario publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado el 31 de enero de 2002 y con lo establecido en los Lineamientos Generales de Operación del Ramo General 33, emitidos por el Gobierno del Estado de Zacatecas, como se observa en el cuadro siguiente: La diferencia de 83.4 millones de pesos, entre lo que se debió ministrar la Secretaría de Finanzas del estado al municipio de General Pánfilo Natera en términos del ca-
*Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2002, realizada por la ASF, durante la administración de Ricardo Monreal en el estado de Zacatecas hubo un daño a la Hacienda Pública Federal, por un monto 470.6 millones de pesos, por conceptos de obra que se dejaron de instalar o construir y que fueron pagados con recursos del FISM *De las 45 obras inspeccionadas físicamente, se determinó que en 15 de ellas se dejaron de instalar o construir conceptos incluidos en los proyectos, y que fueron pagados por parte del municipio *Las anomalías incluyen pozos sin terminar o mal construidos, losas de canchas deportivas con asentamientos, palapas a medias, entre otras lendario publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 31 de enero de 2002 y lo asignado realmente, corresponde a los descuentos que realizó por 57.7 millones de pesos, para gastos indirectos estatales y 25.7 millones de pesos, para el convenio de desarrollo institucional, celebrado por los 57 municipios del estado de Zacatecas y las Secretarías de Finanzas y de Planeación, del estado. Con el análisis de los estados de cuenta bancarios donde se depositaron los recursos del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se comprobó que el municipio General Pánfilo Natera, no recibió los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en los plazos y montos señalados, en contravención de lo establecido en el artículo 32, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal; el calendario publicado el 31 de enero de 2002 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y al apartado 5.1, de los Lineamientos Generales de Operación del Ramo General
33, emitidos por el Gobierno del Estado de Zacatecas, al cual se adhirió el municipio mediante acuerdo firmado el 18 de junio de 2002, en el que intervinieron la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado y los 57 municipios del estado. Cabe aclarar que en el mes de marzo del año en curso se realizó un depósito, por un importe de 182.8 millones de pesos, de la Secretaría de Finanzas por el retraso en la entrega de los recursos del fondo. La documentación comprobatoria de las obras ejecutadas por el municipio de General Pánfilo Natera, por 4,932.9 millones de pesos, los recursos por apoyo a la educación básica por 1,144.3 millones de pesos, y los gastos indirectos, así como los destinados a la realización de un programa de desarrollo institucional, por un importe de 236.6 millones de pesos, en ningún caso fue cancelada con sello de "OPERADO FISM", en incumplimiento de lo establecido en el apartado 5.7 de los Lineamientos Generales de Operación del Ramo General 33, emitidos por el Gobierno del Estado de Zacatecas. Se comprobó que no existe evidencia de la supervisión por parte del personal del municipio de General Pánfilo Natera, a 31 obras ejecutadas por 3,264.3 millones de pesos, en incumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas, así como de lo señalado en el apartado 5.8 de los Lineamientos Generales de
Operación del Ramo General 33, emitidos por el Gobierno del Estado de Zacatecas. Como resultado de la revisión de los 31 expedientes técnicos de obra, se constató que las obras núm. 16003, por 238.0 millones de pesos, y núm. 16025, por 184.0 millones de pesos, que se realizaron a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, no cuentan con las fianzas de cumplimiento de contrato y de vicios ocultos, en contravención de lo establecido en los artículos 31 y 45 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas y 22 de su reglamento. El municipio de General Pánfilo Natera no suscribió los convenios respectivos con los contratistas por modificaciones a los contratos originales en las obras siguientes: 16003, por 176.4 millones de pesos, adjudicada mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, el pago realizado al contratista fue de 192.5 millones de pesos, monto que incluye el 15.0% de Impuesto al Valor Agregado. En el expediente 16025, adjudicada mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, por 160.5 millones de pesos, el pago realizado fue por la cantidad de 209.9 millones de pesos, que incluye el 15.0% del Impuesto al Valor Agregado. La omisión contravino lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas.
cambiado, más aún en las zonas serranas, donde la violencia criminal ha forzado a cientos de familias a desplazarse por temor a ser asesinadas o desaparecidas. Los cuerpos policiacos dejaron de servir a la sociedad y desde hace varios años son vistos como brazos armados del crimen, pues las detenciones que realizan no son para poner a los presuntos delincuentes en manos de las autoridades, sino para entregarlos a los cárteles enemigos para que sean interrogados y asesinados.
A esa entidad del Pacífico –clave en el turismo pero también en el narcotráfico– han arribado grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con informes oficiales, en ese territorio que desde el 15 de octubre de 2021 gobierna Evelyn Salgado –hija de José Félix Salgado Macedonio– operan unos 450 grupos delictivos. En la mayor parte del territorio, dichos grupos criminales están encabezados por alcaldes, síndicos, regidores y comandantes de las policías estatales y municipales, quienes han convertido la labor política y criminal en un verdadero negocio. El caso más alarmante es el del cártel de Los Ardillos, cuyos miembros gobiernan municipios, tienen el control en comunidades rurales y rancherías, pero también controlan el Congreso local.
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GUERRERO: BAJO EL YUGO DEL CRIMEN
Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/ Grupo Sol Corporativo
Chilpancingo, Guerrero.- En el estado de Guerrero la ley no existe, por ello ocurre de todo: crímenes, “levantones”, desapariciones, cobro de piso, venta de droga a granel… los cárteles que se disputan el territorio son Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Ardillos –este con amplias ramificaciones políticas–, la célula Beltrán Leyva, Cártel Jalisco y de Sinaloa. De acuerdo con informes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Guerrero operan, además, unas 450 ramificaciones criminales que están relacionadas con autoridades municipales: alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros y hasta jefes policiacos; estos últimos sirven como brazos armados de los grupos criminales. El cártel de Los Ardillos,
por ejemplo, uno de los más violentos y temidos, está encabezado por los hermanos Ortega Jiménez: Celso, Antonio, Iván y Bernardo. Este último es diputado local por el Partido de la Revolución Democrática. El cártel tiene el control de la distribución de marihuana, cocaína y drogas sintéticas, pero también controla grandes extensiones de siembra de amapola, de donde extraen la goma de opio para la elaboración de heroína, una de las drogas con mayor demanda en Estados Unidos. Los Ardillos han sembrado el terror en Guerrero. Cualquier persona que denuncie sus actividades es asesinada o desaparecida; han impuesto como ley el pago de piso a comercios grandes y pequeños y se afirma que cientos de empresarios ya deben pagar una cuota mensual para que el grupo criminal no los moleste. La vida en Guerrero ha
*Cuando no están coludidas, las autoridades en Guerrero están sometidas a las presiones del crimen organizado, que se disputa el control del mercado de la amapola, de donde se extrae la goma de opio para elaborar heroína, una de las drogas con mayor demanda en Estados Unidos *En ese estado operan más de 400 organizaciones criminales, según datos de la FGR y de la Sedena. La mayoría de estos grupos actúan al amparo de autoridades municipales: alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros y hasta jefes policiacos están bajo las órdenes de criminales *Los comandantes de la policía fungen como brazos armados de los cárteles y, al mismo tiempo, son el cerco protector de mafiosos y bandoleros. Ni el Ejército ni la Guardia Nacional han podido desarticular estas redes. Si lo intentan, se mueren
GUERRERO: ESTADO SIN LEY Con una decena de cárteles en guerra por el control territorial, el estado de Guerrero es la cuarta entidad más violenta del país. Las autoridades estatales están rebasadas ante la ola criminal que azota al estado. Los cárteles siembran terror y ninguna autoridad pone freno al crimen organizado.
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Del 14 al 20 de noviembre de 2022
Ciudad de México
Edición No. 36
¡470.6 MDP A OBRAS “FANTASMA”!
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Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General
QUINTANA ROO
¡CAROS E INEFICIENTES!
*Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2002, realizada por la ASF, durante la administración de Ricardo Monreal en el estado de Zacatecas hubo un daño a la Hacienda Pública Federal, por un monto 470.6 millones de pesos, por conceptos de obra que se dejaron de instalar o construir y que fueron pagados con recursos del FISM *De las 45 obras inspeccionadas físicamente, se determinó que en 15 de ellas se dejaron de instalar o construir conceptos incluidos en los proyectos, y que fueron pagados por parte del municipio *Las anomalías incluyen pozos sin terminar o mal construidos, losas de canchas deportivas con asentamientos, palapas a medias, entre otras Redacción/La Opinión de México
Ciudad de México.- Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2002 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la administración de Ricardo Monreal en el estado de Zacatecas, se presume un daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, por un monto 470.6 millones de pesos, por conceptos de obra que se dejaron de instalar o construir y que fueron pagados con recursos del FISM, correspondientes a 15 proyectos del municipio, en contravención de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas. De las 45 obras inspeccionadas físicamente, se determinó que en 15 de ellas se dejaron de instalar o construir conceptos incluidos en los proyectos, y que fueron pagados por parte del municipio, por un importe global de 470.6 millones de pesos, en contravención de lo establecido en el artículo 41, 43 y 46 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas. Se comprobó que tres obras por un importe de 1,614.3 millones de pesos presentan deficiencias técnicoconstructivas, lo cual ha impedido que se encuentren en servicio, y se detallan a continuación: Obra número 10047, construcción de alcantarillado, existen tres pozos sin terminar y no se deja silleta; Obra número 10165, construcción de alcantarillado: en esta obra los pozos son a media caña, un pozo está sin aplanar y no se deja silleta, y Obra número 10255, construcción del parque ecológico, en el que la losa de la cancha deportiva tiene asentamientos; asimismo, las palapas aún se encuentran en proceso de construcción.
*En sólo dos meses de trabajo, los miembros de la XVII Legislatura le han costado a Quintana Roo cuatro millones 991 mil 889.50 pesos *A cambio, han lanzado 22 iniciativas y, en conjunto, suman 20 faltas en 21 sesiones realizadas hasta el pasado 7 de noviembre *Diputados del MAS y FxM quedan a deber al no presentar propuestas; en tanto, la bancada verde se consolida como la más faltista, otra vez
CAMPECHE
TRANSA FAMILIAR
*El exalcalde Salvador “Chava” Farías y su sobrino Francisco “El Bebé” Farías han enriquecido a un mismo proveedor durante más de seis años *De 2016 a 2022 el constructor Rogelio Balán Méndez ha recibido más de 13.5 millones de pesos en una veintena de contratos por adjudicación directa e invitación restringida
GUERRERO: BAJO EL YUGO DEL CRIMEN
Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo criminales, según datos de la FGR y de la Sedena. La Sol Corporativo mayoría de estos grupos actúan al amparo de autoridades municipales: alcaldes, síndicos, regidores, teso*Cuando no están coludidas, las autoridades en reros y hasta jefes policiacos están bajo las órdenes Guerrero están sometidas a las presiones del crimen de criminales organizado, que se disputa el control del mercado de la *Los comandantes de la policía fungen como braamapola, de donde se extrae la goma de opio para ela- zos armados de los cárteles y, al mismo tiempo, son el borar heroína, una de las drogas con mayor demanda cerco protector de mafiosos y bandoleros. Ni el Ejército en Estados Unidos ni la Guardia Nacional han podido desarticular estas *En ese estado operan más de 400 organizaciones redes. Si lo intentan, se mueren