Ciudad de México
Edición No. 62 Del 15 al 21 de mayo de 2023 $ 5.00
Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director GeneralCiudad de México
Edición No. 62 Del 15 al 21 de mayo de 2023 $ 5.00
Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director GeneralCORRUPCIÓN
*La Secretaría del Bienestar, cuya titular es Ariadna Montiel Reyes, se ha convertido en una de las dependencias más corruptas, al dejar en el desamparo a miles de personas que forman parte de los grupos más vulnerables del país
*Por medio de los programas del Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Sembrado Vida, “saquean” más de 68.7 millones de pesos del erario público federal
*La dependencia del gobierno federal pago 30 millones 708 mil pesos a 10 mil 106 personas adultas mayores derechohabientes, quienes, de acuerdo con la información proporcionada por el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), recibieron apoyos después de la fecha de su defunción ocurrida entre enero y agosto del ejercicio fiscal 2021
Redacción/La Opinión de México
Ciudad de México.- Los programas estrella de la Secretaría del Bienestar, cuya titular es Ariadna Montiel Reyes, solo han servido para desviar el dinero público dejando en el desamparo a miles de personas que forman parte de los grupos más vulnerables del país. PAG. 3
ESPECIAL: CORRUPCIÓN
VENDIÓ EQUIPO DE ESPIONAJE A EPN EN 5.2 MDP DEJA SIN PROTECCIÓN A PERIODISTAS
*A través de compañías ligadas a su red de corrupción, García Luna vendió por más de 5.2 millones de pesos equipos de espionaje a la PGR encabezada por Murillo Karam y también consiguió un contrato para dar mantenimiento a otros equipos
*El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, hizo un gran negocio en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se convirtió en “empresario de seguridad” y le vendió no solamente equipo de espionaje a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sino que también con otra de sus compañías brindaba mantenimiento
*La Auditoría Superior de la Federación, determinó que la Secretaría de Gobernación, bajo el Mando de Adán Augusto López no le ha dado prioridad a la asignación de recursos orientados a la protección integral de periodistas
*La SEGOB dio seguimiento de posibles riesgos por medio de noticieros o redes sociales, la activación de alertas mediante Google active alerts, el análisis de los registros y la coordinación con las Unidades Estatales de Prevención; sin embargo, no contó con un Programa de Monitoreo, que tuviera metas e indicadores
La hegemonía periodística de Grupo Sol Corporativo se ha logrado gracias a los miles de lectores que tiene en los diversos estados del país y otras entidades internacionales, así como por la ética y profesionalismo en sus investigaciones.
Es por ello, que gracias a esas cualidades hoy podemos decir que seguimos conquistando lectores a lo largo y ancho de la República Mexicana y es por ello que tenemos el gusto de informar a los regiomontanos que llegamos a esta maravillosa tierra fértil y próspera con La Opinión, con un periódico que tendrá sólo un slogan: Informar a los regiomontanos sin tapujos, sin mentiras y sin medias tintas.
La Opinión de Monterrey se unirá a los demás periódicos hermanos de Grupo Sol Corporativo, entre digitales e impresos, como lo son La Opinión de México, La Opinión de Chiapas, La Opinión de Querétaro, La Opinión de Puebla, La Opinión de Tabasco.
Asimismo, el Sol de Quintana Roo, Sol Yucatán, Sol Campeche y el periódico digital internacional Sol de Belice.
También, se integrará a las diver-
*La hegemonía periodística de Grupo Sol Corporativo se ha logrado gracias a los miles de lectores que tiene en los diversos estados del país y hoy se une La Opinión de Monterrey a sus periódicos hermanos existentes en México
*El nacimiento de La Opinión de Monterrey se llevó a cabo tras un estudio meticuloso realizado por nuestro director general, Pedro Daniel Rodríguez Hernández, quien le apuesta al periodismo y a la libertad de expresión por parte de todas la corrientes
*En palabras de él mismo, un periódico ve la luz pública cuando sus colaboradores están comprometidos consigo mismos, porque la llave y la clave del periodismo es tener ética y profesionalismo, mismos que se transmiten y es ahí donde se tiene éxito
sas radiodifusoras con que cuenta el Corporativo en Quintana Roo con un alcance regional, es decir, llegando sus frecuencias a Yucatán, Campeche y algunos municipios del vecino país de Belice.
El nacimiento de La Opinión de Monterrey se llevó a cabo tras un estudio meticuloso realizado por nuestros director general, Pedro Daniel Rodrí-
guez Hernández, quien le apuesta al periodismo y a la libertad de expresión por parte de todas la corrientes. En palabras de él mismo, un periódico ve la luz pública cuando sus colaboradores están comprometidos consigo mismos, porque la llave y la clave del periodismo es tener ética y profesionalismo, que se transmiten y es ahí donde se tiene éxito.
El filósofo mexicano Emilio Uranga, fue asesor de cuatro presidentes de la República, era un erudito den el campo de la filosofía y fue intérprete del discurso revolucionario del PRI. El estudioso de su obra José Manuel Cuéllar Moreno, sostiene que el vínculo entre el pensamiento de Uranga y la ideología que se proyectó en el sexenio de Adolfo López Mateos tuvo una fecha relevante el 1 de julio de 1960, cuando el presidente de la República señaló en un discurso en Guaymas, Sonora: “mi gobierno, dentro de la Constitución, es de extrema izquierda”
Desde 1958, Uranga se distanció de otros intelectuales de su época, la mayoría de ellos sus amigos y colegas, que comenzaban a manifestar la necesidad de construir nuevas agrupaciones políticas o sociales y que pugnaban por una mayor participación social, ya fuera a través de nuevos partidos políticos, organizaciones o grupos intelectuales.
Uranga no encuentra más allá del Estado y del PRI otros actores o grupos que puedan contribuir a la consolidación del proyecto de la Revolución mexicana. Sostenía que la tarea de los genuinos intelectuales de izquierda, es decir, de los intelectuales comprometidos con las causas populares, era la de fortalecer el Estado revolucionario, no socavarlo.
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La primera tarea, de Uranga como asesor fue la de darle coherencia a las ideas aisladas del presidente Adolfo López Mateos para construir a partir de ellas un discurso político articulado. Se dio a la tarea de dar estructura y contenido a la llamada “doctrina de Guaymas,” es atípica que surgiera en esos años de un presidente delmPRI, y que consiste en que este se declare de extrema izquierda. Hoy pasaría lo mismo, diríamos ¿qué le pasa?. La frase sacudió a muchos e indignó a algunos; David Alfaro Siqueiros -quien participó en el primer atentado contra León Trotsky en 1940 y que fue encarcelado en 1960 por el delito de “disolución social”-, señaló que el gobierno, en rigor, era de “extrema derecha y fuera de la Constitución”. A partir de esa idea, Cuéllar Moreno, sostiene que Uranga concibió la “doctrina Guaymas” a partir de la afirmación de López Mateos de que la Revolución Mexicana era un proceso social original y enraizado en toda nuestra historia, además, con proyección universal. No hay que olvidar que la primera parte del sexenio de López Mateos se contrastó con la naciente Revolución Cubana: el 1 de enero de 1959 Fidel Castro entra a La Habana y proclama la revolución triunfante.
La Iglesia católica inició una campaña anticomunista; entretanto la Revolución Mexicana —enaltecida por los gobiernos nacionalistas— se debilitó ante la cubana. Sólo pensar en la palabra revolución y el acuñamiento de “revolucionario” dentro del nombre del PRI, generaba oposición en muchos políticos del primer círculo de López Mateos. Cuéllar Moreno observa que la declaración del presidente López Mateos, para el filósofo-funcionario Uranga, representaba un proyecto de gobierno en espera de realización.
“La postura política de Emilio Uranga [era] —dice Cuéllar, era ante todo con la Revolución, y en ese compromiso se les jugaba la existencia”. Uranga resistió los ataques de la comunidad intelectual; fue marginado por los intelectuales, sobre todo, los académicos. La lección es clara en México : hay que contextualizar la política y el periodo sexenal.
Marcha, quienes, de acuerdo con la información proporcionada por el RENAPO, no se identificaron como personas fallecidas.
Sobre el Programa Sembrado Vida, la ASF reveló que la Secretaría del Bienestar no acreditó, con la documentación comprobatoria, la entrega de apoyos económicos otorgados a 451 personas por 8 millones 64 mil pesos. Esta cifra corresponde al tipo de apoyo económico ordinario modalidad "canal cerrado" (pago en efectivo).
programa "Sembrando Vida", y no se implementaron ni se informaron al Comité Técnico del Programa los mecanismos de control y ejecución para que lo sujetos de derecho reciban y comprueben la aplicación de los apoyos económicos adicionales.
Redacción/ La Opinión de México
Ciudad de México.- Los programas estrella de la Secretaría del Bienestar, cuya titular es Ariadna Montiel Reyes, solo han servido para desviar el dinero público dejando en el desamparo a miles de personas que forman parte de los grupos más vulnerables del país.
Entre ellos destacan los programas de pensión para el Bienestar de las Personas
ejercicio fiscal 2021.
Además, hizo pagos por 18 millones 32 mil pesos a 3 mil 624 personas adultas mayores, quienes, de acuerdo con la información proporcionada por el RENAPO, fallecieron antes del ejercicio 2021 y no obstante ello se les otorgaron los apoyos.
Aunado a estas anomalías se otorgaron recursos por 5 millones 639 mil pesos a 347 personas cuyos nombres registrados en el padrón de beneficiarios no se corresponden
*La Secretaría del Bienestar, cuya titular es Ariadna Montiel Reyes, se ha convertido en una de las dependencias más corruptas, al dejar en el desamparo a miles de personas que forman parte de los grupos más vulnerables del país
*Por medio de los programas del Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Sembrado Vida, “saquean” más de 68.7 millones de pesos del erario público federal
*La dependencia del gobierno federal pago 30 millones 708 mil pesos a 10 mil 106 personas adultas mayores derechohabientes, quienes, de acuerdo con la información proporcionada por el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), recibieron apoyos después de la fecha de su defunción ocurrida entre enero y agosto del ejercicio fiscal 2021
Adultas Mayores y Sembrado
Vida, en los cuales se detectó una sangría de más de 68.7 millones de pesos, según el resultado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En principio, la ASF reveló que el Programa del Bienestar de las Personas Adultas Mayores no aclaró el destino de 60 millones 659 mil 770 de la Cuenta Pública 2021, pues se detectaron pagos a personas que ya habían fallecido, otras que recibieron los apoyos con nombres falsos y otras más que no tenían la edad que se requiere para recibir los apoyo.
De esta manera detalla que, por medio del Programa del Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Secretaría del Bienestar realizó pagos por 30 millones 708 mil pesos a 10 mil 106 personas adultas mayores derechohabientes, quienes, de acuerdo con la información proporcionada por el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), recibieron apoyos después de la fecha de su defunción ocurrida entre enero y agosto del
La entidad fiscalizada no demostró que realizó el reconocimiento y registro de las transacciones presupuestarias y contables que afectaron el presupuesto del programa con base en los momentos contables.
Además, no se establecieron mecanismos de control que permitieran contar con la documentación que acredite que los sujetos de derecho beneficiarios del programa cumplieron con los criterios y requisitos de elegibilidad. Tampoco se contó con la conciliación anual del principal e intereses respecto de los recursos transferidos al Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como instancia dispersora de los apoyos económicos del
Es así como los programas estrella de la Secretaría del Bienestar de Ariadna Montiel Reyes, solo han servido para desviar el dinero público, utilizando a miles de personas que forman parte de los grupos más vulnerables del país para beneficiar a unos cuantos funcionarios corruptos. Los programas de pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Sembrado Vida, en los cuales se detectó una sangría de más de 68.7 millones de pesos, es por ello que ya es investigada. Ante estos hechos, la Secretaría de la Función Pública Federal informó que investiga además del desvío de recursos en Secretaría de Bienestar diversos casos de nepotismo. Entre las indagatorias de la SFP están 75 denuncias contra la Secretaría de Bienestar encargada de los principales programas sociales del Gobierno federal, por incumplimiento de las reglas de operación de los programas, conflictos de intereses, nepotismo y desvío de recursos públicos.
con la información compulsada con el RENAPO.
La ASF agrega que realizó pagos por 2 millones 33 mil pesos a 125 personas adultas mayores derechohabientes del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores con edades inferiores a los 65 años, edad mínima para recibir los apoyos conforme lo establecen las Reglas de Operación del citado programa.
Se identificó que 273 personas adultas mayores contaron con dos números únicos identificadores (ID_PERSONA) considerados como número único identificador, de las cuales se realizaron pagos duplicados por 969 mil pesos, así como apoyos pagados a 6 personas por 46 mil pesos quienes tenían registrado el mismo número de ID_PERSONA.
Pagos por 3 millones 229 mil pesos del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del ejercicio fiscal 2021 a 2 mil 385 personas por concepto de apoyo económico de Pago de
Redacción/ La Opinión de México Ciudad de México.- De acuerdo con la Auditoría ASCM/31/19 aplicada por el órgano fiscalizador del Congreso de la Ciudad de México, al CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS”, de la SECRETARÍA DE LAS MUJERES, en la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2019, la SEMUJERES reportó un presupuesto original de 64,970.0 millones de pesos, monto que tuvo un decremento de 1,729.0 millones de pesos, para quedar en
un presupuesto modificado y ejercido de 63,241.0 millones de pesos. El gasto de la SEMUJERES con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” ascendió a 63,241.0 millones de pesos mediante 25 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), los cuales se pagaron con recursos fiscales. Derivado de los trabajos que se llevaron a cabo en la fase de planeación de la auditoría y del estudio y evaluación del diseño del control interno, se determinó revisar un monto de 15,651.0 millones de pesos, por medio de 5 CLC expedidas
El programa social seleccionado fue el siguiente:
Programa social: Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia de la Ciudad de México 2019” Tipo de ayuda: Transferencia económica directa
Objetivo general del programa: Promover procesos participativos y organizativos de mujeres en la modalidad de multiplicadoras para el conocimiento, ejercicio y exigibilidad de sus derechos y la apropiación de la ciudad, sus colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales desde una perspectiva de género, incluyente y democrática que contribuya al fortalecimiento de su autonomía física, económica y política. Total: 36,671.0
Mediante el oficio núm. SAF/SE/5032/2018 de fecha 6 de diciembre de 2018, la Subsecretaría de Egresos de la SAF comunicó a la entonces Dirección General del INMUJERES el techo presupuestal para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por un monto de 268,174.9 millones de pesos, de los cuales 135,834.4 millones de pesos se destinarían a servicios personales; 132,340.5 millones de pesos a otros gastos, entre ellos, al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”; y 2,249.2 millones de pesos correspondían a recursos etiquetados.
Además, la SAF indicó que el plazo establecido para la entrega de la versión impresa de los reportes sería con límite al 12 de diciembre de 2018, de conformidad con los artículos 26, 27 y 41 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México vigente en 2018.
Mediante el oficio núm. INMUJERES-DF/DG/0008/12-2018 del 12 de diciembre de 2018 con sello de recepción de la misma fecha, el entonces INMUJERES remitió a la Subsecretaría de Egresos de la SAF en forma impresa, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2019 con la información de los Módulos de Integración por Resultados e Integración Financiera por un monto de 268,174.9 millones de pesos.
2. La estructura del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019 consideró los elementos y bases para la programación, es decir, los objetivos, políticas, prioridades y metas de la dependencia de conformidad con el Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019, emitido por la Subsecretaría de Egresos de la SAF.
Asimismo, se constató que las 10 actividades institucionales que consideró la dependencia estuvieron vinculadas con el Programa de Gobierno 2019-2024 publicado en el portal web https://plazapublica. cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/12/plan_gob_nov_ digit al.pdf, en cumplimiento al procedimiento “Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual” contenido en el manual administrativo del entonces INMUJERES con registro núm. MA-69/101215-E-INMUJERES-11/2007, vigente en 2019.
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México núm. 482 Tomo II del 31 de diciembre de 2018, se publicó el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, en cuyo artículo 5 se estableció que a la SEMUJERES se le asignó un presupuesto de 236,065.4 millones de pesos.
La diferencia por 32,109.5 millones de pesos entre el techo presupuestal comunicado por la SAF (268,174.9 millones de pesos) para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, y el presupuesto aprobado en el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019 (236,065.4 millones de pesos), obedece a ajustes realizados por la SAF y el Congreso de la Ciudad de México.
4. Con el oficio núm. SAF/SE/0148/2019 del 10 de enero de 2019, la Subsecretaría de Egresos de la SAF comunicó a la titular de la dependencia el Analítico de Claves y el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, correspondientes al presupuesto aprobado, por 236,065.4 millones de pesos, de los cuales 100,231.0 millones de pesos se destinaron a otros gastos y, de ese monto, 64,970.0 millones de pesos al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, de los cuales 57,970.0 millones de pesos fueron a la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”.
5. Mediante los oficios núms. SAF/SE/0426/2019 del 28 de enero y SAF/SE/0684/2019 del 11 de febrero, ambos de 2019, la Subsecretaría de Egresos de la SAF remitió a la titular de la dependencia el Calendario Presupuestal y el POA definitivos para el ejercicio de 2019, respectivamente, por 236,065.4 millones de pesos, que incluyó una asignación para el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” de 64,970.0 millones de pesos.
con cargo a una de las dos partidas de gasto que integraron el presupuesto ejercido en el rubro sujeto a revisión, así como su documentación justificativa y comprobatoria, que representa el 24.7% del total ejercido en el rubro examinado.
La Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) ocupó el decimosexto lugar respecto del presupuesto ejercido en 2019 por las 21 dependen-
Para determinar la muestra sujeta a revisión, se consideraron los criterios siguientes:
1. Se integraron las cifras consignadas en la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2019 y en la base de datos de las CLC que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) proporcionó a esta entidad de fiscalización, correspondientes a la SEMUJERES.
2. Se integró el presupuesto ejercido en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, por partida presupuestal, actividad institucional y programa social, a fin de identificar su representatividad en cuanto al presupuesto ejercido.
3. Se eligió la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” con un monto ejercido de 56,241.0 millones de pesos, que representó el 88.9% del total erogado en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” (63,241.0 millones de pesos).
recursos, el universo del presupuesto ejercido (63,241.0 millones de pesos) y la muestra sujeta a revisión (15,651.0 millones de pesos), corresponden a recursos fiscales, Para la determinación de las metas físicas y financieras consideradas en el Guion del POA, la dependencia informó que “debido a que era el primer año de operación del programa social ‘Red de Mujeres por la
*De acuerdo con la Auditoría ASCM/31/19 aplicada por el órgano fiscalizador del Congreso de la Ciudad de México, al CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS”, de la SECRETARÍA DE LAS MUJERES, en la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2019
*El gasto de la SEMUJERES con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” ascendió a 63,241.0 millones de pesos mediante 25 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), los cuales se pagaron con recursos fiscales
cias de la Ciudad de México (81,324,221.3 millones de pesos), con un monto de 268,302.9 millones de pesos, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública de la Ciudad de México del mismo año. Ese importe representó el 0.3% del total erogado por las dependencias y fue superior en 13.7% (32,237.5 millones de pesos) al presupuesto asignado originalmente (236,065.4 millones de pesos) y no ejerció recursos en 2018. Asimismo, reportó economías por 3,940.5 millones de pesos en 2019.
En el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, la SEMUJERES ejerció 63,241.0 millones de pesos, que representan el 23.6% del total erogado (268,302.9 millones de pesos) y fue inferior en 2.7% (1,729.0 millones de pesos) al presupuesto aprobado (64,970.0 millones de pesos), y no ejerció recursos en 2018. El rubro en revisión no presentó economías en el ejercicio en revisión. En dicho capítulo, destacó la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” con 56,241.0 millones de pesos que representó el 88.9% del total erogado en el capítulo (63,241.0 millones de pesos).
Derivado de los trabajos que se llevaron a cabo en la fase de planeación de la auditoría, se determinó revisar un monto de 15,651.0 millones de pesos, como se detalla a continuación: 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” 15,651.0 4451 “Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro” 0.0. Respecto al origen de los
Igualdad y la No Violencia de la Ciudad de México 2019’, tomó en consideración los parámetros establecidos en la Red de Información de violencia contra las mujeres, que operó en la Ciudad de México en el año 2018, mediante un sistema de registro que permitió, a través de la Cédula de Registro Único (CRU), recolectar, procesar información y dar seguimiento a casos de violencia contra mujeres y niñas, atendidas por los servicios brindados por 8 dependencias del gobierno de la Ciudad y las 16 Alcaldías permitiendo además identificar el nivel de riesgo que viven las mujeres propiciando su atención inmediata”, con lo que acreditó, que el entonces INMUJERES, contó con los elementos de soporte para la determinación de las metas físicas y financieras que, según el POA de 2019, fueron las siguientes por un total de 64,970.0: 303 “Comunicación y difusión institucional con perspectiva de género” 3 campañas 5,309.4 313 “Fomento a la corresponsabilidad con OSC para beneficio de las mujeres” 25 convenios 7,000.0 318 “Prevención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia” 2 documentos* 52,660.6 Del análisis a la información relativa al POA y al analítico de claves, se observó que el entonces INMUJERES programó 5,309.4 millones de pesos y 52,660.6 millones de pesos en las actividades institucionales 303 “Comunicación y difusión institucional con perspectiva de género” y 318 “Prevención y Acceso a la
4. Se identificó que con cargo a la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”, se ejecutaron los programas sociales “Seguro para el Fortalecimiento de la Autonomía de las Mujeres en Situación de Violencia de Género” y “Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia de la Ciudad de México 2019”, en los que se erogaron los montos más representativos en cuanto a presupuesto ejercido.
5. Se seleccionó el programa social “Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia de la Ciudad de México 2019” en el que se erogó el monto más representativo en cuanto a presupuesto ejercido de los programas sociales citados, y se integró el universo de CLC por monto ejercido.
6. De dicho programa social se seleccionaron cinco CLC, tres de mayor monto ejercido y dos relativas al inicio y el final del período de las erogaciones.
justicia de las mujeres víctimas de violencia”, respectivamente, ambos importes con cargo a la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” por 57,970.0 millones de pesos; y 7,000.0 millones de pesos de la actividad institucional 313 “Fomento a la corresponsabilidad con OSC para beneficio de las mujeres” con cargo a la partida 4451 “Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro”; sin embargo, al final del ejercicio la SEMUJERES no ejerció los 5,309.4 millones de pesos de la actividad institucional 303 “Comunicación y difusión institucional con perspectiva de género”, pero sí en la actividad 318 “Prevención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia”, a la que transfirió recursos mediante la afectación presupuestaria núm. C 38 C0 01 4222.
El proceso de programación-presupuestación fue realizado por el extinto INMUJERES (que operó hasta el 31 de diciembre de 2018, ya que SEMUJERES inició operaciones a partir del 1o. de enero de 2019) y se verificó que el proceso de programación, presupuestación, integración de su presupuesto se sujetó a la normatividad aplicable y contó con los elementos de soporte para ello.
En el análisis del POA y el Analítico de Claves definitivos se observó que la estructura funcional de las actividades institucionales del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” se encontró vinculada con el Programa de Gobierno 2019-2024. Asimismo, se verificó que ello permitió el cumplimiento de los objetivos de los programas y que fueron congruentes con el objetivo del programa en revisión, el techo presupuestal aprobado, el Analítico de Claves, el POA y el calendario presupuestal. Los recursos del rubro sujeto a revisión se programaron ejercer en el eje, finalidad, función, subfunción y actividades institucionales del POA que se indican a continuación por un total de 64,970.0 :
Partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”
1 “Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano”
1 “Gobierno”
2 “Justicias”
4 “Derechos Humanos”
303 “Comunicación y difusión institucional con perspectiva de género” 5,309.4
318 “Prevención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia” 52,660.6 Subtotal 57,970.0 Partida 4451 “Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro”
1 “Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano”
1 “Gobierno”
2 “Justicias”
4 “Derechos Humanos”
313 “Fomento a la corresponsabilidad con OSC para beneficio de las mujeres” 7,000.0 Con base en lo anterior, se concluye que la SEMUJERES contó con un POA en el que se reflejó de forma desglosada el presupuesto asignado al rubro en revisión por 64,970.0 millones de pesos, los cuales programó ejercer con cargo a dos partidas de gasto, entre ellas la 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” seleccionada para su revisión, y que sirvió de base para la integración de su anteproyecto de presupuesto anual; consideró elementos de valoración para la determinación de sus metas físicas y financieras, las cuales fueron congruentes con las necesidades operativas del sujeto fiscalizado; su proyecto de presupuesto de egresos se vinculó con los ejes, áreas de oportunidad, objetivos, metas y líneas de acción del Programa de Gobierno 2019-2024; y el extinto INMUJERES tramitó oportunamente ante la SAF la aprobación de su anteproyecto y proyecto de presupuesto de egresos conforme a la normatividad aplicable, por lo que se comprobó que el proceso de programación, presupuestación, integración y autorización de su presupuesto se sujetó a la normatividad aplicable y contó con los elementos de soporte para ello.
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El primer contrato fue por 2.5 millones de pesos y se realizó sin licitaciones ni procesos de selección por “necesidades urgentes” El segundo contrato fue por 2.7 millones de pesos, para darle mantenimiento al servicio Sistema Laguna, de Spectra Group.
Ciudad de México.- A través de compañías ligadas a su red de corrupción, García Luna vendió por más de 5.2 millones de pesos equipos de espionaje a la PGR encabezada por Murillo Karam y también consiguió un contrato para dar mantenimiento a otros equipos.
El primer contrato fue por 2.5 millones de pesos y se realizó sin licitaciones ni procesos de selección por “necesidades urgentes” El segundo contrato fue por 2.7 millones de pesos, para darle mantenimiento al servicio Sistema Laguna, de Spectra Group.
El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, hizo un gran negocio en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se convirtió en “empresario de seguridad” y le vendió no solamente equipo de espionaje a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sino que también con otra de sus compañías brindaba mantenimiento.
Durante la etapa de Jesús Murillo Karam en la PGR, se compró a una de las empresas ligadas a García Luna una “plataforma de intervención telefónica” y mantenimiento a otro tipo de equipos.
El ex funcionario usó sus influencias para que la Procuraduría comprara primero el equipo de vigilancia telefónica NiceTrack a la compañía israelí NICE Systems Ltd., que pertenecía a sus testaferros de la familia Weinberg”, señalados por Hacienda en la trama de corrupción de García Luna posterior a su paso por el Gobierno de Felipe Calderón.
En noviembre de 2013, usó la misma táctica para contratar a otra empresa de la que García Luna era beneficiario final, Nunvav Inc., que era la que supuestamente brindaba el mantenimiento para que la dependencia de Murillo Karam tuviera capacidad para toda la carga de intervención de comunicaciones privadas de telefonía fija y móviles.
Mientras tanto, en el Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, Fideicomisos para Infraestructura y para Evaluación de Seguridad Pública de la Auditoría: 07-0-36100-02-0506
En resumen, los recursos aportados a los fideicomisos durante el ejercicio 2007 fueron por un importe total de 5,202,000.0 millones de pesos, que representa el 29.5% del presupuesto total reportado.
en Movimientos del fideicomiso para la plataforma de infraestructura mantenimiento y equipamiento de seguridad pública y de aeronaves 2007 y Movimientos del fideicomiso para la evaluación de la seguridad pública en la República Mexicana, determinó un gasto por más de 841, 337.6 millones de pesos.
Se verificó que la SSP presentó, a través del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, los informes correspondientes al tercero y cuarto trimestres de 2007, los cuales contienen información referente al cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados; recursos presupuestarios otorgados; rendimientos financieros, los egresos realizados y su destino.
De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007 (CHPF), se constató que la Secretaría de Seguridad Pública ejerció en la Partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos" 5,202,000.0 millones de pesos, los cuales se revisaron al 100.0%.
En la revisión efectuada de los informes presentados por la SSP, mediante el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, se observó que no reportaron en el tercer trimestre los rendimientos financieros generados por los fideicomisos para la Plataforma de Infraestructura Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves; y para la Evaluación de la Seguridad Pública en la República Mexicana en el periodo por 468.8 millones de pesos y 30.2 millones de pesos, respectivamente, en contravención del artículo 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Cabe señalar que los rendimientos fueron reportados en el informe correspondiente en el cuarto trimestre.
La ministración de recursos a los fideicomisos afectó el Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras”. Al respecto, se constató que el presupuesto ejercido se registró y operó de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto
*A través de compañías ligadas a su red de corrupción, García Luna vendió por más de 5.2 millones de pesos equipos de espionaje a la PGR encabezada por Murillo Karam y también consiguió un contrato para dar mantenimiento a otros equipos
*El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, hizo un gran negocio en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se convirtió en “empresario de seguridad” y le vendió no solamente equipo de espionaje a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sino que también con otra de sus compañías brindaba mantenimiento
de la Administración Pública Federal en la partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos”, en cumplimiento de los artículos 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De conformidad con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos” no contó con presupuesto original durante el ejercicio 2007; tuvo ampliaciones por 6,078,000.0 millones de pesos y reducciones por 876,000.0 millones de pesos, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 5,202,000.0 millones de pesos, los cuales
se ejercieron en su totalidad.
Al respecto, se comprobó que las modificaciones se sustentaron en los oficios de afectación presupuestaria debidamente requisitados, tramitados y autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 58, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 92, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, al comparar las cifras del presupuesto ejercido (5,202,000.0 millones de pesos) reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, en la partida 7801
De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007 (CHPF), se constató que la Secretaría de Seguridad Pública ejerció en la Partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos" 5,202,000.0 millones de pesos, los cuales se revisaron al 100.0%.
En la revisión efectuada de los informes presentados por la SSP, mediante el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, se observó que no reportaron en el tercer trimestre los rendimientos financieros generados por los fideicomisos para la Plataforma de Infraestructura Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves; y para la Evaluación de la Seguridad Pública en la República Mexicana en el periodo por 468.8 millones de pesos y 30.2 millones de pesos, respectivamente, en contravención del artículo 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
"Aportaciones a Fideicomisos Públicos”, con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto y los auxiliares presupuestales presentados por la DGPOP de la secretaría no se detectaron diferencias, por lo que las cifras son confiables, en cumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los fideicomisos para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves; y para la Evaluación de la Seguridad Pública en la República Mexicana se constituyeron mediante los contratos del 11 de septiembre de 2007 celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Fideicomitente), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,(Fiduciario) y la Secretaría de Seguridad Pública (Coordinadora del Fideicomiso), con el objeto de, en el caso del primero, “…administrar los recursos que forman su patrimonio para realizar los pagos por las contrataciones de servicios u obra pública y la adquisición de bienes que realice la SSP, incluyendo las que requieran sus Órganos Administrativos Desconcentrados, a fin de contar con mejores instrumentos para las policías u otras corporaciones de seguridad pública federal encargadas de combatir y prevenir el delito en el ámbito federal, como son tecnología de punta en el ramo de las telecomunicaciones, equipo terrestre y aéreo, incluido su mantenimiento y refacciones, necesarios para el cumplimiento de sus funciones.”; y en el caso del segundo “…el FIDUCIARIO reciba y administre los recursos líquidos del patrimonio del FIDEICOMISO, y previa instrucción del Comité Técnico, pague con cargo en dichos recursos los servicios que contrate dicho FIDUCIARIO a propuesta de la SSP, para llevar a cabo las evaluaciones de las políticas públicas en materia de seguridad pública, así como la actuación y el desempeño de la autoridad policial, con base en indicadores capaces de generar condiciones de credibilidad y confianza en la sociedad civil, de manera que los ciudadanos tengan parámetros claros para calificar los resultados obtenidos y señalar las áreas donde
no sean satisfactorios, en las diversas entidades federativas de la República Mexicana”. Los contratos fueron elaborados por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, según el oficio núm. SSP/ CGAJ/1031/2007 del 20 de agosto de 2007, y contienen los apartados respecto del monto y composición del patrimonio; el plazo de vigencia determinado en congruencia con su objeto; la unidad responsable de verificar que los recursos fideicomitidos se apliquen a los fines para los cuales fue constituido; la declaración de que no se duplicarán funciones, fines y estructuras orgánicas existentes en la Administración Pública Federal; la instrucción del fideicomitente al fiduciario para que transparente y rinda cuentas sobre el manejo de los recursos presupuestarios, proporcione informes que permitan su vigilancia y fiscalización, así como las facilidades para realizar visitas de inspección por parte de las instancias fiscalizadoras federales; la declaración de que el propósito del fideicomiso cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la facultad expresa del fideicomitente para revocar el fideicomiso y las facultades del Comité Técnico del mismo, en cumplimiento de los artículos 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 213 y 215, fracciones I, y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, se constató que para la constitución de los fideicomisos, la dependencia contó con la opinión favorable de Banobras con respecto del proyecto de contrato, emitida mediante el oficio núm. DJF/ SFAD/184000/180/2007 del 15 de agosto de 2007; la autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según el oficio 315-A-04603 del 31 de agosto de 2007; y la opinión jurídica de la Procuraduría Fiscal de la Federación, emitida mediante el oficio núm. 529-IIDGLCEPF/105/07 del 5 de septiembre de 2007, en cumplimiento de los artículos 9 y 215, fracciones III, IV y VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Genaro García Luna.Redacción/ La Opinión de México
Ciudad de México.- De acuerdo con la Auditoría: 071-18T4L-02-0218 aplicada a Pemex en Arrendamiento de Equipos de Perforación, se destinaron mil 130 millones de pesos, señala la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2007.
La ASF revisó un total de 1,130,082.4 millones de pesos, que representa el 14.6% de los servicios de arrendamiento de equipos, los cuales se conforman por el importe conjunto de los ocho contratos, de los que tres se adjudicaron a través de licitación pública internacional, por 353,653.2 millones de pesos y cinco por adjudicación directa, por 776,429.2 millones de pesos.
Las áreas revisadas fueron: La Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos y las regiones marinas: Noreste: (Activos Integrales Cantarell y Ku-Maloob-Zaap) y Suroeste (Activos Integrales Abkatun Pol Chuc y Litoral de Tabasco).
Con el oficio circular núm. 307-A.-0104 del 24 de enero de 2007, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a sus Organismos Subsidiarios la distribución del presupuesto de egresos aprobado por unidad responsable y nivel de desagregación para los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) aprobado para 2007, autorizado por la H. Cámara de Diputados, en cumplimiento del artículo 44, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por su parte, la Unidad de Planeación y Evaluación de PEP, a través de la Subdirección de la Coordinación de Servicios Marinos, con los oficios núms. PEP-SCSMUPYE-084/07, 092/07 y 318/07 del 6 y 7 de febrero y 31 de mayo de 2007, respectivamente, comunicó a las subdirecciones que integran la estructura organizacional de PEP la distribución de su presupuesto original a nivel de capítulo y concepto del gasto, en cumplimiento del artículo 44, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El presupuesto original para PEP se integró por 21 proyectos de inversión PIDIREGAS, de los cuales los relativos a Cantarell, y Ku-Maloob Zaap, Programa Estratégico de Gas y el Caan, en los que se incluye-
ron los contratos multianuales 411003826, 411005824, 411005825, 411005826, 411005828, 411005829, 411006902 y 411006905 que conforman la muestra revisada, se verificó que al respecto la SHCP emitió el correspondiente oficio de autorización de inversión, en cumplimiento de los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Con el análisis de los 1,130,082.4 millones de pesos asignados a los ocho contratos seleccionados en la muestra por concepto de arrendamiento de equipos de perforación, se determinó que de los contratos núms. 411003826, 411006902 y 411006905, por un importe de 353,653.2 millones de pesos, el primero fue adjudicado al contratista Todco de México Inc. y los dos restantes a la empresa Goimar, S.A. de C.V., mediante el proceso de licitación pública internacional; en tanto que los contratos núms. 411005824, 411005825, 411005828 y 411005829 del prestador de servicios Nabors Perforaciones de México, S. de R.L. de C.V. por un total de 659,346.2 millones de pesos, y el último contrato núm. 411005826 de la empresa Perforadora Central, S.A. de C.V. por importe de 117,083.0 millones de pesos, se adjudicaron mediante el procedimiento de adjudicación directa, debido a que la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos (UPMP), por medio de los correspondientes fallos, declaró como insolventes las propuesta de los participantes en los procedimientos licitatorios, en cumplimiento de los artículos 40 y 41, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Con la revisión de las adquisiciones citadas que se realizaron en la UPMP, se verificó que las áreas usuarias formularon las requisiciones correspondientes, en las que se consignan datos tales como: fecha de elaboración, número de documento, área solicitante, ubicación de las plataformas marinas, precio estimado,
*La ASF revisó un total de 1,130,082.4 millones de pesos, que representa el 14.6% de los servicios de arrendamiento de equipos, los cuales se conforman por el importe conjunto de los ocho contratos, de los que tres se adjudicaron a través de licitación pública internacional, por 353,653.2 millones de pesos y cinco por adjudicación directa, por 776,429.2 millones de pesos
Proveedor: Todco México Inc.
No de contrato 411003826
Fecha 28-Jul-03
Licitación Pública Programa Estratégico de Gas
Monto: 119,905.6 MDP.
Proveedor: Nabors Perforaciones de Mexico, S. de R.L. de C.V. no. contrato 411005824
Fecha 27-Oct-05
Tpo de adjudicación Directa
Proyecto de inversión Programa Estratégico de Gas Monto: 119,905.6 MDP.
Proveedor: Nabors Perforaciones de Mexico, S. de R.L. de C.V. No. De Contrato 411005825
Fecha: 28-Oct-05
Licitación Directa
Proyecto: Ku-Maloob-Zaap Monto 173,776.1 MDP.
Proveedor: Nabors Perforaciones de Mexico, S. de R.L. de C.V. No. De contrato: 411005825
Fecha: 28-Oct-05
Licitación: Directa Proyecto: Ku-Maloob-Zaap MONTO: 165,117.2 MDP.
Proveedor; Perforadora Central, S.A. de C.V. No. De Contrato: 411005826
Fecha: 10-Nov-05
Licitación: Directa
Proyecto: Caan y Programa Estratégico de Gas Monto: 117,083.0 MDP.
Proveedor: Nabors Perforaciones de Mexico, S. de R.L. de C.V. No. De Contrato: 411005828
Fecha: 10-Nov-05
Licitación: Directa
Proyecto: Cantarell Monto: 160,340.5 MDP.
Proveedor: Nabors Perforaciones de Mexico, S. de R.L. de C.V. No. De Contrato: 411005829
Fecha: 23-Dic-05
Licitación: Directa
Proyecto: Cantarell Monto: 160,112.4 MDP.
Proveedor: Goimar, S.A. de C.V. No. De Contrato: 411006902
Fecha: 30-Ene-06
Licitación Pública
Proyecto: Ku-Maloob-Zaap Monto: 118,100.1 MDP.
Proveedor: Goimar, S.A. de C.V. No. De Contrato: 411006905
Fecha: 30-Ene-06
Licitación Pública
Proyecto: Cantarell Monto:115,647.5 MDP.
fecha de inicio y término del contrato, características del servicio y firmas de autorización, entre otros; además, contaron con la justificación técnica, estudio de factibilidad del arrendamiento del equipo de perforación sin opción a compra, disponibilidad presupuestal y el requerimiento de los servicios, en cumplimiento del Procedimiento Administrativo para la Formulación y Recepción de Solicitudes de Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Cualquier Naturaleza, autorizado el 15 de noviembre de 2004 por la Subdirección de Administración y Finanzas de PEP, vigente en 2007.
Con el análisis de los cinco contratos restantes de la muestra seleccionada por 776,429.2 millones de pesos, asignados en la modalidad de adjudicación directa para obtener mejores propuestas económicas, se verificó que contaron con el dictamen del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UPMP de PEP; los oficios de cotización y las propuestas de los contratistas; las memorias justificativas del procedimiento de adjudicación; la solicitud de arrendamiento de servicios; la disponibilidad presupuestal, los contratos formalizados, las pólizas de seguro y fianza de cumplimiento. Cabe señalar que para realizar la adjudicación de los citados contratos la entidad fiscalizada realizó las respectivas licitaciones públicas internacionales, las cuales se declararon desiertas, porque los precios ofertados fueron superiores a las estimaciones formuladas por PEP, con base en las publicaciones realizadas por la revista especializada en la materia Rig Locutor, situación que provocó que las ofertas se declararan insolventes, en cumplimiento de los artículos 26, fracción III, 40 y 41, fracción VII , de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se verificó que la UPMP aplicó penalizaciones a cuatro contratos de los prestadores de servicios Todco México Inc., Perforadora Central, S.A. de C.V., y a dos de Nabors Per-
foraciones de México, S. de R.L. de C.V., por un importe conjunto de 3,282.9 millones de pesos, debido a los desfases en la fecha de entrega del equipo de perforación o por incumplimiento de conceptos consignados en el checklist del anexo “E 1” de los contratos, de conformidad con las cláusulas cuarta y quinta de los contratos de arrendamiento de equipos de perforación. De los ocho contratos de la muestra revisada por un importe de 1,130,082.4 millones de pesos, se seleccionaron para su inspección física los equipos denominados MASE 801 correspondientes al contrato núm. 411005824 y COSOL 4 del contrato 411006905 , arrendados por los proveedores Nabors Perforaciones de México, S. de R.L. de C.V. y Goimar, S.A. de C.V., respectivamente, donde se verificó que los prestadores de servicios instalaron los equipos de perforación en las plataformas ubicadas en el Litoral de Campeche, del Golfo de México, en cumplimiento del Anexo “E 1” de los contratos de prestación de servicios, ya que de acuerdo con el checklist se observó la instalación de los equipos: generadores de energía eléctrica, de seguridad industrial y salvamento, telecomunicaciones, de cómputo; así como grúas, cernidores, moto bombas, quemador de gases, dormitorios y cocina, entre otros, de conformidad con el artículo 55, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En relación con el registro contable de los 1,130,082.4 millones de pesos de la muestra, se observó que los servicios de arrendamiento de equipo de perforación se registraron con cargo en las cuentas 2401 “Materiales Recibidos a Precio Estimado”, 1212 “IVA por acreditar”, con abono en la cuenta 1102 “Caja y Bancos”, como lo establece el Catálogo de Cuentas e Instructivo para el Manejo de Cuentas de Balance y Resultados en el sistema SAP, autorizado por la SHCP el 22 de junio de 2006 y vigente en 2007, en cumplimiento del artículo 96, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, sus afectaciones presupuestales se registraron por cada centro gestor y posiciones financieras, establecidas en el Catálogo de Posiciones Financieras para Aplicación en SAP, autorizado por la SHCP mediante el oficio núm. 340.A.-22633 del 28 de diciembre de 2001 y vigente en 2007, en cumplimiento del artículo 248, fracciones I, II y III, del reglamento de la citada ley.
Felipe Calderón Hinojosa.Redacción/ La Opinión de México
Ciudad de México.- Mediante al menos 23 contratos de publicidad y monitoreo de medios y hasta en encuestas telefónicas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha pagado un total de 181 millones 478 mil 574 pesos, los cuales impactaron los ejercicios fiscales del 2022 y 2023, según demuestran documentos en poder de Grupo Sol Corporativo.
Tal erogación de dinero público se repartió principalmente en las televisoras Televisa y TV Azteca, las cuales recibieron en conjunto al menos 105 millones de pesos por dos sendos contratos emitidos por el Infonavit.
Según el contrato CT0607-22 Televisa S. De R.L de C.V., representado por Patricia Lara Calderón,firmó un convenio con la dependencia federal por 65 millones 280 mil pesos para la contratación de espacios publicitarios en televisión, digital y editorial de la empresa en campañas de comunicación.
Dicho acuerdo fue signado el 8 de septiembre del año pasado, consta de una vigencia de 12 meses y esta compuesto de 999 páginas donde se detallan en dos anexos como serán distribuidos los anuncios en Televisa.
La otra televisora que se llevó la segunda tajada más grande del pastel fue “TV Azteca S.A. de C.V.”, empresa que fue representada en la firma por Manuel Meillón del Pandon, se establece un pago de 44 millones de pesos, documento que fue signado el 10 de octubre del 2022 y que se encuentra vigente toda vez que su duración fue de un año.
El documento de 299 hojas también establece en sus anexos los servicios de publicidad que la televisora del Ajusco proporcionará al Infonavit en el plazo acordado en el contrato CT-0433-22-
Otro de los medios de la campaña publicitaria que el Infonavit incluyó en el derroche de recursos fue en la radio, donde se aplicaron millonarias cantidades para difundir mensajes mediante contratos que se firmaron en el 2022 y 2023
Uno de ellos fue el realizado con la empresa con razón social "RADIO PUBLICIDAD XHMEXICO, S.A. DE C.V.”, representada en el acuerdo comercial por Arturo Flores Yánez y Adolfo Acosta Noriega, por un monto de siete millones 500 mll pesos.
El convenio CT-0435-22 fue firmado el 8 de septiembre del año pasado y tiene
Mediante al menos 23 contratos de publicidad y monitoreo de medios y hasta en encuestas telefónicas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha pagado un total de 181 millones 478 mil 574 pesos
*El Infonavit no aplica la ley por parejo, y beneficia a los allegados, su prueba es que pagó millonarias sumas de publicidad y monitoreo de medios y hasta encuestas telefónicas
*Erogó recursos para promocionar su imagen en el equipo de beisbol Tomateros de Culiacán en los partidos de la Liga Mexicana del Pacifico
una vigencia de 12 meses por lo que aún permanece vigente.
En el contrado CT-945222 signado el 13 de septiembre con la razón social “OBJETOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V. “ el Instituto logró una campaña en prácticamente todos los estados de la república mexicana para lo cual se desembolsaron 8 millones 926 mil 666 pesos.
Según los contratos antes mencionado la publicidad no solo fue realizada en estaciones de radio, sino también en plataformas tecnológicas como Universal TV, Telemundo y Online Latino.
Otro de los consorcios radiofónicos que fue contratado por la dependencia federal fue “Imagen Radio Comercial”, empresa que cobró 8 millones 940 mil 776 pesos por ofrecer sus servicios de difusión de los programas de Infonavit, lo cal quedo plasmado en el convenio CT0450-22
Este contrato fue firmando el 13 de septiembre y al igual que los demás pactos con otros consorcios de comunicación tiene una vigencia de 12 meses.
En la tierra del Presidente de la República el Infonavit también firmó un contrato con una empresa local, el cual se registró con la clave CT-0499-22 con la empresa "RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S.A. DE C.V por 828 mil 936 pesos. El convenio firmado con
la empresa tabasqueña fue un 29 de septiembre del 2022 y tiene una duración de un año a partir de su rúbrica.
Por un monto de 5 millones de pesos se cerró el acuerdo comercial CY 044022 por parte del Infonavit con otra empresa de comunicación, en esta ocasión con RADIO 88.8, S. DE R.L. DE C.V.
A pesar del impresionante derroche de recursos en comunicación, a inicios del 2023 el Infonavit firmó dos contratos más para empresas del sector radiofónico, el primero con el Instituto Mexicano de la Radio por un importe de 2 millones de pesos, mientras que el segundo fue con la Cadena Radiodifusora Mexicana por un importe total de 3 millones 596 mil pesos.
El infonavit también escogió medios impresos para comunicar sus acciones, para lo cual contrató los servicios de periódicos como Milenio, La Jornada, además de dos medios locales del estado de Veracruz, sin embargo en la lista sorprende la aparición de dos rotativos, es el caso de los diarios del Grupo Reforma y el Universal, quienes a pesar de la repulsión del mandatario nacional llevaron a sus arcas dinero del erario federal.
Empero el periódico que obtuvo el contrato más alto fue Milenio Diario, empresa
que logró los contratos CT0463-22 y CT-0562-22 que en suma le produjeron ganancias por 6 millones de pesos, sin embargo solo uno de ellos consta en la PNT, pues el segundo solo quedó registrado con el folio 4600033871.
Por su parte La Jornada, mediante su razón social DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V. que firmó el convenio CT04-2822 el pasado 6 de septiembre mediante el cual el Infonavit le pagará 4 millones de pesos a cambio de publicaciones en su edición impresa y digital durante 12 meses.
Mediante el contrato CT-0465-22 con la empresa
MEDIOS MASIVOS MEXICANOS, S.A. DE C.V la dependencia federal amarró publicidad en 53 periódicos de 22 entidades federativas por un monto de 1 millón 800 mil pesos, durante los úl-
timos meses del 2022 y hasta el 20 de septiembre del presente año.
EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. fue otra de las empresas periodísticas a las cuales el Infonavit les compró publicidad, pues mediante el contrato CR-0466-22 obtuvo ingresos producto de los impuestos de los mexicanos de 2 millones de 500 mil pesos, dicho diario ha sido en diferentes ocasiones.
Otros de los medios llamados como “fifñis” por parte del Presidente de la República, es el grupo Reforma, consorcio de comunicación que obtuvo el contrato CT-0429-22 por 1 millón 500 mil pesos para difundir las actividades del Infonavit, la razón social que fue utilizada par tal efecto es CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V
El estado de Veracruz fue otro de las entidades donde el Infonavit realizó un acuerdo con medios locales, al destinar un millón de pesos para que en los periódicos El Imparcial y El Dictamen de esa entidad federativa se difundieran sus acciones de gobierno durante 12 meses, según consta en el contrato CT-0489-22
También el Infonavit erogo recursos para promocionar su imagen en el equipo de beisbol Tomateros de Culiacán mediante la razón social PROMOTORA DE DEPORTES Y ESPECTACULOS en los partidos de la Liga Mexicana del Pacifico.
Dicho contrato quedo registrado en el expediente CT0498-22 y fue firmado el 29 de septiembre del 2022 y finalizó el 31 de enero del año siguiente.
Según el anexo 2 de ese acuerdo comercial el servicio se proporcionó a nivel nacional por medios digitales y, a nivel local, en el estadio ubicado en Culiacán, Sinaloa.
Otro de los contratos que conforman la campaña de difusión del Infonavit fue con la empresa Carse Innovación Tecnológica, mediante la cual se pactó la realización de 21,200 llamadas telefónicas para conocer la percepción de los ciudadanos respecto a los productos y servicios de esa dependencia.
A cambio, el proveedor recibió 6 millones 098 mil 816 pesos según quedó estampado en el contrato CT0409-22.
Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
Veracruz.- En abril de 2021, el gobierno de López acordó con Estados Unidos el despliegue de más de 10 mil elementos de Guardia Nacional (GN) en la frontera con Guatemala, con la finalidad de acotar el flujo de migrantes que buscan ingresar a ese país por el territorio mexicano. Salen de sus respectivos terruños huyendo del hambre, la miseria y la muerte.
Las manifestaciones y reclamos de organizaciones defensoras de los derechos humanos no fue impedimento para que AMLO buscara congraciarse con la administración de Joe Biden, y tapizó ciudades como Tapachula y las fronterizas con Belice con cientos de elementos de la GN, complicando aún más el tránsito de personas extranjeras que buscan llegar a Estados Unidos pasando por México, y necesariamente, por Veracruz, donde las autoridades del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez encontraron en esta acción del gobierno federal –y de Estados Unidos --,una gran oportunidad de hacer lo que mejor saben: sacar dinero mediante negocios al amparo del poder.
El negocio de altos funcionarios estatales es a costa del sufrimiento, el dolor y la tragedia que viven las personas extranjeras que abandonan sus países, pues para pasar por Veracruz, además de pagar una cuota monetaria bastante abultada, a veces les representa también el pago de una cuota de sangre o de cárcel en los separos del Instituto Nacional de Migración (INM), que deporta por cientos a quienes no llegan a un acuerdo con los polleros y los personeros del gobierno de Veracruz.
Todo lo anterior se sustenta en datos, hechos y evidencias, además de que el caso es un escándalo inocultable debido por la presunta parti-
cipación de los titulares de la Secretaría de Gobierno –Eric Cisneros –y de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quienes de acuerdo con las denuncias se han convertido en presuntos CEO (gerentes) de una de las empresas criminales que más ganancias les estarían dejando al mes.
Las cifras se estiman en millones de pesos, todo en complicidad con mandos policiales de las delegaciones de la SSP en Cosoleacaque, Acayucan, Las Choapas, Coatzacoalcos, entre otras, donde se ha establecido una especie de corredor del dinero escoltando vehículos, desde coches compactos hasta camiones y tráileres en los que a diario se mueven decenas de migrantes que, lejos de ser tratados como seres humanos, les dan trato de mercancía porque les genera ganancias millonarias.
El tráfico humano se realiza con personas de orígenes distintos. Hay ciudadanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua; también de países asiáticos; de Brasil, África y de Medio Oriente que buscan el Sueño Americano, pero padecen la desgracia de cruzar por Veracruz –tierra de nadie --donde deben dejar importantes sumas de dinero para conseguir salir con vida, no caer en los separos del INM y librar así la deportación.
Y es que al interior de la dependencia que encabeza el capitán Cuauhtémoc Zúñiga no solo hay una red de acosadores sexuales, la cual ha quedado expuesta en la prensa nacional e internacional; también existe una intrincada, compleja y bien organizada red de elementos de la SSP que colaboran en el movimiento de personas extranjeras sin documentos, claro, obteniendo jugosas ganancias en los traslados que se cobran por tipo de vehículo, inclusive. Los pagos se realizan en moneda nacional o en dólares. El negocio ya devino en conflictos. De acuerdo con informes consultados, en la zona
*Altos funcionarios del gobierno de Veracruz conforman esta red o presunta organización criminal dedicada al tráfico de personas hacia Estados Unidos
*Utilizan a las corporaciones policiacas para custodiar camiones repletos de migrantes que, previamente, han pagado por cruzar por la entidad sin ser detenidos ni deportados
*El negocio parece muy rentable, pues se han sumado miembros de la Sedena, Guardia Nacional y hasta efectivos de La Marina
con centroamericanos se pagan 3 mil pesos (por cada vehículo); camioneta SUV, 4 mil pesos; por camioneta grande, 5 mil pesos; camioneta van, suburban o sprinter, 7 mil pesos; camioneta de tres a siete toneladas, 15 mil pesos; por un torton, 18 mil pesos; por un tráiler, 20 mil pesos.
Los polleros que quieran pasar por Veracruz ya saben que forzosamente tienen que reportarse con el delegado en Las Choapas, Jesús Prieto Rodríguez, de distintivo Toretto, gente allegada al titular de la SSP, capitán Cuauhtémoc Zúñiga. También le responde a Rafael Ángel González Uscanga, exdirector de la Fuerza Civil y actual subsecretario de Seguridad Pública.
de migrantes, y claro, es un negocio exclusivamente de los mandos”.
Así cruzan el peligroso territorio veracruzano cientos de hombres, mujeres y niños que buscan llegar a los EU. El dinero que pagan en su mayoría se queda en manos de los delegados de la SSP en Las Choapas, Coatzacoalcos, Juan Rodríguez Clara, Cosoleacaque y Acayucan, el conjunto de delegaciones que controlan más de 100 municipios donde la violencia, el tráfico de drogas, así como las amenazas, el robo de ganado y el secuestro están a la orden del día, pues las autoridades preventivas están más ocupadas en sacarle dinero a los migrantes que en atender la seguridad pública.
sur de Veracruz se ha desatado una batalla encarnizada entre mandos medios de la SSP para ocupar el cargo de delegado en el municipio de Las Choapas. Esta delegación deja tanto dinero que es conocida entre jefes y tropa como “La Mina de Oro”, ya que en el peor de los escenarios los altos funcionarios obtienen ganancias de hasta un millón de pesos por semana. Cuando el flujo migratorio es alto, la cifra aumenta.
Antes, esta zona de Veracruz era usada como plaza de castigo. Es una de las más retiradas de Xalapa, la capital del estado, pues entre ambas hay 400 kilómetros de distancia.
Allá iban a parar elementos o mandos que se portaban mal. Se les presionaba enviándolos a esa región sureña para que renunciaran a sus puestos.
Pero gracias al acuerdo sellado entre el presidente López y el gobierno de Estados Uni-
dos para cortar el flujo migratorio con elementos de la GN apostados en la frontera con Guatemala, ahora esa plaza es la más codiciada por mandos y tropa, pues descubrieron el boyante negocio que significa el paso de migrantes o “pollos”, como les llaman los policías.
El negocio es muy jugoso. Mandos medios y superiores de la SSP tienen cuotas establecidas para autorizar el paso de migrantes que intentan cruzar por Veracruz.
Las cuotas –sostienen las fuentes referidas –se negocian con los “polleros” o bien con la delincuencia organizada, que desde hace varios años explota el tráfico humano. El corredor del sur de Veracruz está controlado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJGN), según los informes consultados.
La dinámica y el negocio opera de la siguiente manera: Por pasar un coche pequeño
Cuenta un alto mando de la policía veracruzana “que desde que van planeando llegar a Veracruz deben informar cuántos vehículos llevan, mandar fotos, así como la cantidad de personas para iniciar las negociaciones. En el caso de que de que los polleros y los mandos de la SSP lleguen a algún acuerdo, se envía a elementos oficiales sin uniforme y en coches sin emblemas para recoger el dinero. Así le dan entrada a la caravana”.
Explica que es muy común que se realicen detenciones de vehículos con migrantes o que se les asegure en hoteles, eso pasa porque son polleros que no quisieron pagar o debido a que la cuota les pareció muy alta, por lo cual son puestos a disposición.
Expone: “Por eso es muy importante que desde que ingresan a territorio veracruzano, los que acuerdan con la SSP, envíen fotos de los vehículos de la caravana, así como el contacto del encargado para correr el dato a las demás delegaciones y retenes en donde pasarán “los pollos”.
“Esta es una práctica que se comparte con otras corporaciones como SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, entre otras, para que todos estén coordinados sobre el paso
Estimaciones someras indican que al menos el 70 por ciento de las ganancias de los “pollos” se queda en manos del delegado en turno; la otra parte la deben reportar a los altos mandos y se asegura que la red de beneficios económicos llega hasta el secretario de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga; al sub secretario, Rafael Ángel González Uscanga; y al titular de la SEGOB, Eric Cisneros Burgos.
A este último se le ha vinculado en la presunta protección de Gil Caro Quintero, “El Pelos Chino”, de acuerdo con informes de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana. También se le relaciona con una banda de presuntos polleros. Gil Caro Quintero está afincado en el municipio de Vega de Alatorre y, de acuerdo con la DEA, encabeza el llamado cártel de Caborca.
De acuerdo con las denuncias consultadas, así como con fuentes policiacas, en Veracruz opera una red de corrupción con el negocio de la migración ilegal que estaría “muy bien protegida” por altos mandos de la policía y funcionarios de primer nivel del gobierno veracruzano.
La red estaría encabezada por el delegado de Las Choapas –Jesús Prieto Rodríguez, “El Toretto” --. De él se afirma que es muy allegado a Cuauhtémoc Zúñiga, así como a Eric Cisneros, el secretario de Gobierno. Otra parte de la red la encabeza en Cosoleacaque Hernán Olmos Hernán, “El Blindado”.
En Coatzacoalcos está Jesús Barrera Sobrevilla, “Huasteco” y Andrés Humberto Segura Barradas, “Fénix”, subdirector de la SSP en la zona sur. También forma parte del esquema Francisco Alexander Ronzón Cardeña, “Ronzón” –delegado de esa dependencia en Acayucan -- elemento de alta confianza de Rafael Ángel González Uscanga, el segundo hombre al mando dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. También es allegado a Eric Cisneros.
Cisneros fue amenazado por la delincuencia organizada en 2022 cuando aparecieron nueve cadáveres en la autopista Isla-Cosoleacaque. De ese hecho trágico surgió la versión de que el funcionario presuntamente está relacionado con el crimen, aunque hasta ahora no ha sido investigado oficialmente por la FGR.
La realidad del sur de Veracruz --y de otras regiones del estado –revela que las autoridades de la SSP están concentradas en generar dinero con el negocio de la migración ilegal, encarcelar a rivales políticos y a toda persona que no comulgue con los grupos de Eric Cisneros Burgos y de Cuitláhuac García Jiménez, quien se ha ganado la mala fama de ser es el gobernador más represivo e incompetente que ha tenido el estado de Veracruz.
Esta descomposición del estado no es desconocida. El 1 de diciembre de 2022, elementos de la Fuerza Civil –operaban las patrullas FC2141 y FC1698 – fueron sorprendidos por personal de la Sedena, en funciones de Guardia Nacional, cuando trasladaban a centroamericanos a bordo de las unidades; también otorgaban custodia a otros vehículos con migrantes localizados en Ixhuatlán del Sureste.
Los elementos sorprendidos respondían directamente a los capitanes Cuauhtémoc Bonilla –en ese tiempo subsecretario de seguridad –y a Rafael Ángel González Uscanga, entonces director de la Fuerza
Todo lo anterior se sustenta en datos, hechos y evidencias, además de que el caso es un escándalo inocultable debido por la presunta participación de los titulares de la Secretaría de Gobierno –Eric Cisneros (derecha) –y de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla (izquierda), quienes de acuerdo con las denuncias se han convertido en presuntos CEO (gerentes) de una de las empresas criminales que más ganancias les estarían dejando al mes.
Civil tras la caída de Hugo Gutiérrez Maldonado como titular de la SSP.
En medio del escándalo por las detenciones del personal bajo su mando –a lo que se sumó la desaparición forzada del policía Juan Alan Cuetero Meza --los dos capitanes ascendieron rápidamente al poder.
De esta forma, la red de protección al tráfico humano sigue intacta, pues ambos son estrechamente cercanos a Eric Cisneros, secretario de Gobierno. No sólo eso: operan como sus arietes para reprimir a opositores fabricando delitos, siembran armas y drogas para cuadrar las incriminaciones, de acuerdo con informes en poder de este reportero. De esta forma sirven a Cisneros, quien aspira a ser candidato de MORENA al gobierno del estado.
Un personaje incómodo para Eric Cisneros y su estructura era Ilario Amaya, primer encargado de la coordinación de la Guardia Nacional en Coatzacoalcos hasta diciembre de 2021, cuando fue adscrito a otra entidad.
Amaya había realizado importantes detenciones de bandas de polleros que operaban desde Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos. Incluso, usaban documentos falsos de organizaciones defensoras de derechos humanos para mover migrantes previo acuerdo con el personal de la SSP.
Durante su estancia en
La dinámica y el negocio opera de la siguiente manera: Por pasar un coche pequeño con centroamericanos se pagan 3 mil pesos (por cada vehículo); camioneta SUV, 4 mil pesos; por camioneta grande, 5 mil pesos; camioneta van, suburban o sprinter, 7 mil pesos; camioneta de tres a siete toneladas, 15 mil pesos; por un torton, 18 mil pesos; por un tráiler, 20 mil pesos.
la coordinación de la GN en Coatzacoalcos no había mes que Amaya no diera un golpe a las estructuras del tráfico de personas. Por ello, el personaje resultaba ser muy incómodo para Eirc Cisneros. Conocía muy bien las presuntas corruptelas de Cisneros: ambos trabajaron juntos en la administración pública en el estado de Baja California.
El estado de Veracruz es un caso claro de Estado fallido. Por corrupción o incompetencia, en el sur de Veracruz no dejan de cometerse violaciones a los derechos humanos , masacres y se ha impuesto como una ley el llamado cobro de piso.
La semana pasada --25 de marzo --cerró con la noticia
dos de la SSP y de la Fiscalía General del Estado arrastran denuncias y señalamientos desde hace dos años por esos generadores de violencia. Sin embargo, nada ocurre para recomponer el maltrecho escenario estatal, pues policías de todos los niveles están más preocupados en proteger el tráfico de migrantes y en perseguir a detractores políticos de sus jefes.
En medio de este contexto, no extraña que en Veracruz haya constante muerte de migrantes en la ruta que siguen, pues las autoridades que deberían cuidarlos solo buscan la rentabilidad: quedan a merced tanto de altos mandos de la policía como de grupos criminales.
Un caso que ilustra lo anterior fue el de la joven Emma Clarissa “N”, de origen salvadoreño, que perdió la vida en Veracruz tras ser agredida por oficiales de la GN, según determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, La recomendación 111/2021 concluyó que fueron balas de la GN, en particular de la Policía Federal de Caminos, las que cegaron la vida de la menor de 12 años.
Estos hechos ocurrieron el 14 de julio de 2019 en la carretera federal 180, a la altura del municipio de Agua Dulce, considerado como uno de los más riesgosos para el paso de migrantes.
Los riesgos van en aumento, En mayo de 2022, en Playas de Tonalá, Agua Dulce, murieron ahogados seis migrantes de diversas nacionalidades.
que el gobernador y la Fiscal General, Verónica Hernández, comparezcan en el Senado de la República para explicar por qué no están aceptando las recomendaciones ante las flagrantes violaciones a los derechos humanos que cometen elementos de la SSP y de la Policía Ministerial. Abogados, juristas y académicos consultados al respecto sostienen que el gobierno de García Jiménez es igual que el que encabezó Javier Duarte de Ochoa, en cuyo periodo altos funcionarios se ligaron al crimen organizado y se implantó un récord de desapariciones forzadas. De ahí que haya tantas fosas clandestinas en la entidad.
Una de esas recomendaciones es la 146/2021, dirigida al gobierno de Veracruz por la CNDH tras la detención ilegal de seis personas ocurrida el 3 de septiembre de 2021 en las inmediaciones de un centro comercial en Xalapa, donde elementos de la SSP así como de la Fiscalía del Estado sembraron armas y droga para criminarlas.
También los acusaron de ultraje a la autoridad, delito que fue anulado por la Suprema Corte de Justicia al comprobarse que era usado para reprimir a personas de bien y a empresarios que no se alineaban con los intereses del gobierno de Veracruz.
Con ese delito como instrumento, las cárceles del estado se llenaron en poco tiempo. En su mayoría se trataba de personas que se enfrentaban a la policía con cuchillos oxidados o en mal estado.
El tráfico humano se realiza con personas de orígenes distintos. Hay ciudadanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua; también de países asiáticos; de Brasil, África y de Medio Oriente que buscan el Sueño Americano.
de una nueva ejecución múltiple en el municipio de Hidalgotitlán: dos familias que llevan dos años enfrascadas en un pleito por contratos de obra pública se agredieron a balazos. El saldo: cinco muertos.
Uno de los fallecidos –Jorge Sánchez –presunto constructor y c de cuotas, libró un atentado en el 2022, pero en la trifulca perdió la vida su hija de cinco años de edad.
Pese al baño de sangre que enfrenta el estado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez salió a defender su estrategia de seguridad. Soslayó la violencia que se vive en la demarcación donde ocurrió la masacre y dijo que todo se trató de un pleito entre familias. Pasó por alto que man-
La tragedia ocurrió cuando la lancha en la que viajaban zozobró. Trataban de llegar a las costas del municipio de Catemaco. Tomaron la vía fluvial porque pretendían evitar los retenes de las autoridades veracruzanas, donde los costos por cruzar son cada vez más altos.
Debido al incremento de la violencia contra migrantes y ciudadanos detenidos a los que les cargan delitos fabricados por parte de la Fiscalía Estatal, las recomendaciones de la CNDH van en aumento. Sin embargo, el gobierno estatal se ha mostrado renuente a aceptarlas.
Actualmente, el gobierno de Veracruz fue emplazado por la CNDH, por medio del Senado de la República, para
Los seis jóvenes salieron de la cárcel tras las gestiones y presiones del senador Ricardo Monreal, quien enfrentó al gobierno del estado hasta que echó abajo ese delito que tanto daño causó y, en venganza, las autoridades veracruzanas procedieron a detener José Manuel del Río Virgen, secretario Técnico en el Senado de la República, y hombre cercano a Monreal, quien fue liberado en junio de 2022 al comprobarse que todo se trató de un invento de la Fiscalía de Veracruz, controlada por Cisneros Burgos. El caso se interpretó como una venganza de Eric Cisneros contra Monreal.
Continúa...
Una de esas recomendaciones es la 146/2021, dirigida al gobierno de Veracruz por la CNDH tras la detención ilegal de seis personas ocurrida el 3 de septiembre de 2021 en las inmediaciones de un centro comercial en Xalapa, donde elementos de la SSP así como de la Fiscalía del Estado sembraron armas y droga para criminarlas.
No es todo: Anulado el delito de ultrajes a la autoridad, el gobierno de García Jiménez buscó otro instrumento para reprimir: modificó el Código Penal del estado de Veracruz para incrementar penas por el delito contra las instituciones de seguridad pública municipal, penalizado en el artículo 371.
Ahora la pena es de seis meses a dos años de prisión a quien agreda a elementos de la ley en el cumplimiento de sus funciones.
Así, con este delito, las autoridades veracruzanas no paran de detener a quien se les antoja o por consigna de Eric Cisneros Burgos.
De esta manera siguen con sus persecuciones, con la represión y con la siembra de terror en la entidad, pues suelen detener a delincuentes de bajo perfil –en el peor de los casos les fabrican delitos para justificar su trabajo –mientras los jefes de plaza, generadores de violencia, viven sin ser molestados.
Todo este escenario es del conocimiento de las autoridades estatales, entre ellos del gobernador Cuitláhuac García, Eric Cisneros, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla y Rafael Ángel González Uscanga.
El caso de la violencia en Veracruz también se conoce y muy bien en Estados Unidos. En su último informe sobre derechos humanos en México, el Departamento de Estado del gobierno norteamericano reprobó a Veracruz por aspectos como abusos en las detenciones cometidas por personal de la Fiscalía y de la SSP; violaciones a los derechos de los migrantes que cruzan por el estado, así como por la violencia contra los periodistas.
El estado de violencia se ha construido en tan sólo cuatro años de gobierno. Ciudadanos veracruzanos consultados vía telefónica coinciden que el desastre que padece Veracruz es responsabilidad de tres hombres el gobernador Cuitláhuac García, su secretario de Gobierno, Eric Cisneros y el titular de la SS, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.
--¿Deberían estar fuera del poder? –se le pregunta a Benjamín Rodríguez Cruz.
--Deberían estar presos y sumidos en una cadena perpetua. La corrupción que impera en el tráfico de migrantes no es distinta de la que priva en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el pasado lunes murieron calcinados 39 migrantes
La enfermera del Centro de Cancerología de Xalapa, Yarazeth Zepeta García (gráfica) denunció en dos ocasiones ante la Fiscalía y la Policía Estatal que habían intentado allanar su morada en la colonia Veracruz con el objetivo de robarle, pero también de atentar contra su vida. No la escucharon. El 22 de abril, a plena luz del día fue asesinada por su vecino, Mauro Armando “N”, un sujeto que vivía obsesionado con la joven oriunda de Papantla.
de diversos países: algunos acusan a las autoridades de extorsionarlas y violarles sus derechos humanos. Y de ello acusan al Instituto Nacional de Migración (INM) que, junto con policías y funcionarios estatales, encaban un cártel dedicado a la explotación del tráfico humano.
Veracruz.- La enfermera del Centro de Cancerología de Xalapa, Yarazeth Zepeta García denunció en dos ocasiones ante la Fiscalía y la Policía Estatal que habían intentado allanar su morada en la colonia Veracruz con el objetivo de robarle, pero también de atentar contra su vida. No la escucharon. El 22 de abril, a plena luz del día fue asesinada por su vecino, Mauro Armando “N”, un sujeto que vivía obsesionado con la joven oriunda de Papantla.
La necropsia de ley de Yarazeth García arrojó que su cuerpo tenía varias heridas punzocortantes, mordidas en un dedo y un seno, así como cortes con cuchillo en el cuello. La Fiscalía descartó que haya sido violada, amigas de la enfermera aseguraron lo contrario.
Mauro Armando “N” ya obtuvo prisión preventiva oficiosa. Su error fue robarse el auto compacto KIA de su víctima, el cual abandonó calles más adelante en la avenida La Loma, donde fue detectado por cámaras de seguridad. Mauro fue detenido días después por portación de drogas como cristal y marihuana, sin embargo, entre sus perte-
tado protestando contra el Estado. La imagen es por demás elocuente: Unas 200 enfermeras y empleados administrativos de la Secretaría de Salud –con el logo oficial del Veracruz que me llena de orgullo a la altura del corazón- recriminan “justicia” para Yara al Palacio de Gobierno, donde despacha Cuitláhuac García Jiménez.
Ariadna Fernández López fue asesinada en la primera semana de noviembre del 2022. La Fiscalía de la Ciudad de México giró órdenes de aprehensión en contra de Ratuel “N” y Vanessa “N”, un empresario y una hostes, ambos pertenecían al círculo cercano de Ariadna.
nencias le fue encontrado el celular Xiaomi 5G de su víctima. Un día de suerte para la Fiscalía.
Ya en el cateo del domicilio de Mauro Armando, la Policía Ministerial encontró una bata de la Secretaría de Salud propiedad de la víctima, la llave del vehículo KIA de Yarazeth y un cuchillo con manchas hemáticas, que tras el análisis genético, arrojó como resultado que pertenecían a la víctima.
En Veracruz, cifras del Secretariado Ejecutivo del Siste-
Enfermeras que protestan en contra del ente gubernamental que les paga la nómina; pero que en contraste no les garantiza seguridad ni paz social. El sábado 26 de abril fue asesinada en el interior de su domicilio de la colonia Veracruz, la enfermera Yarazeth Zepeta García, y hoy, sus compañeras salieron a pedir y exigir justicia, en una marcha de dos kilómetros y medio de trayecto y 45 minutos bajo un abrazante sol, para recordarle al gobierno que no quieren ni un feminicidio más.
“A Yara no la escucharon, la dejaron sola. A Yara no la escucharon la dejaron sola”, con ese grito de guerra y dolor, las enfermeras del Centro de Cancerología, Miguel Dorantes Meza bajaron del Cerro del Macuiltepetl para marchar por toda la avenida Américas y Manuel Ávila Camacho para recriminar la omisión, complicidad o incompetencia –o las tres juntas- de la Fisca-
*En cuatro años de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez han ocurrido 343 feminicidios, una de las tasas más altas del país
*Aunque García presume que ahora ya no se “pacta con cárteles” y ya “no hay impunidad”, colectivos feministas y organizaciones de su propio gobierno le recriminan: “Nos dejaron solas”
ma Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que de enero a marzo han ocurrido 19 feminicidios en la entidad, cifra letal por arriba de entidades como Yucatán o Zacatecas que solo contabilizan tres en lo que va del año. O entidades altamente violentas como Sinaloa y Quintana Roo que solo reportan 5, Puebla que registra 6 y Nuevo León que registra 15, Jalisco 8 y Ciudad de México con 14 carpetas de investigación abiertas por feminicidio.
Tan sólo en abril, aunque aún el SESNSP no presenta su conclusión, además de Yarezeth se dieron los feminicidios de María en Perote a manos de su pareja, de la cual el gobernador, Cuitláhuac García aseguró que fue un “invento de los medios”, pues ella se suicidó ingiriendo “raticida”.
El propio Sistema de Seguridad Pública reporta que desde que arrancó la administración del morenista, Cuitláhuac García Jiménez han ocurrido 343 feminicidios, siendo el año más fatídico 2019 con cien casos en territorio veracruzano.
De esos 343 casos, la Fiscalía a cargo de Verónica Hernández Giadáns se ha negado sistemáticamente a dar una cifra, de cuantos responsables de esta cantidad de feminicidios ya están siguiendo su proceso penal desde prisión.
Dejaron sola a Yarazeth
Son las enfermeras del es-
Ariadna Fernández López fue asesinada en la primera semana de noviembre del 2022. La Fiscalía de la Ciudad de México giró órdenes de aprehensión en contra de Ratuel “N” y Vanessa “N”, un empresario y una hostes, ambos pertenecían al círculo cercano de Ariadna.
Quienes hallaron el cuerpo de Yarazeth Zepeta en su vivienda, la encontraron desangrada, con varias heridas de objetos punzocortantes en costillas y pecho. Así como mordidas en un seno y diversos golpes en las extremidades.
“Hubo funcionarios públicos en la Fiscalía que fueron omisos e indiferentes al llamado de auxilio de mi compañera; hoy exigimos justicia por Yara, pero también para que la familia de Yara pueda estar tranquila”, expusieron sus compañeras.
El grito de “justicia, justicia” de las enfermeras del Centro de Cancerología, Miguel Dorantes Meza retumbó en el viaducto, aquel que los colectivos de feministas han inmortalizado con pintas, leyendas y protestas en contra de esta sociedad patriarcal, tan acostumbrada a mancillar los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres.
nero en diversos estados del país, pues cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizaron 951 feminicidios en el 2022.
En el país, según las cifras del SESNSP las entidades donde más ocurrieron feminicidios en el 2022: Estado de México con 138 casos; la Ciudad de México con 74 casos; Nuevo León con 102 casos; Veracruz con 68; Oaxaca con 40 casos; Michoacán 43 casos y Jalisco con 35 feminicidios.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó más de 5 mil muertes violentas de mujeres en el periodo comprendido entre enero y noviembre. En ese desglose consigna que hubo 2 mil 592 mujeres víctimas de homicidios dolosos y otras 3 mil 513 víctimas de homicidios culposos.
lía General del Estado, quien en dos ocasiones no atiendo las denuncias presentadas por la enfermera Yarazeth Zepeta por allanamiento de morada.
“Este feminicidio se hubiera podido evitar, sí nuestras autoridades hubieran tomado cartas en el asunto, de las denuncias que puso nuestra compañera Yarazeth… ustedes no saben la falta que Yara nos va a hacer”, reclamó con los ojos vidriosos y un nudo atorado por la rabia y el dolor, una enfermera que tomó el megáfono, se subió a una tarima y se dirigió de forma enérgica hacia el Palacio de Gobierno, donde hoy manda el régimen de la Cuarta Transformación.
Con globos blancos y con sus batas de enfermería, compañeras y administrativos fueron marchando. Unas con gestos compungidos y miradas tristes; otras con los ojos de rabia y rostros adustos por el modo tan cruel en que murió su compañera. Otras más, tapándose el rostro de las cámaras de Televisión y de las fotográficas, en clara muestra, de que es la primera vez que salen a marchar por un tema de inseguridad.
“Yo al igual que Yara ya no me siento segura…el clima de delincuencia es insostenible”, expuso la única enfermera que atinó a decir unas palabras a la prensa, que la cuestionó en las afueras del Centro de Cancerología el día de la protesta.
“Yara era una excelente enfermera, atendió de forma valiente a muchos enfermos de COVID; atendió a muchos enfermos de cáncer, era una enfermera por vocación y servicio”.
Yarazeth Zepeta llevaba 14 años trabajando en el Centro de Cancerología en Xalapa. Las mujeres manifestantes gritaron en el viaducto de la avenida Zaragoza que hoy el “CECAN está de luto” por la pérdida de una estupenda compañera.
México continúa siendo un país feminicida. De poco han servido las Alertas de Gé-
En Minatitlán, al sur de Veracruz, el pasado 24 de diciembre, la empleada petrolera, María del Pilar Pineda López acudió a la casa de su hijo, Francisco Maza Pineda para celebrar nochebuena y navidad. Al parecer, pretendía limar asperezas con su primogénito con quien se encontraba en conflicto por una herencia familiar.
Un día después, María del Pilar fue reportada como desaparecida. Dos días después, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que sus restos, quemados y cercenados fueron hallados en el basurero municipal a cielo abierto de Las Matas en el sur de la entidad.
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El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó más de 5 mil muertes violentas de mujeres en el periodo comprendido entre enero y noviembre. En ese desglose consigna que hubo 2 mil 592 mujeres víctimas de homicidios dolosos y otras 3 mil 513 víctimas de homicidios culposos.
*La ASF hace observaciones por 6, 016.3 millones de pesos
*La empresa Constructora y Urbanizadora Luconsa S.A de C.V., de Jesús Manuel Perales Luna, hijo de Martha Leticia Luna Rodríguez, quien funge como directora de Enlace y Desarrollo Municipal, oficina que depende de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Javier Navarro, recibió dos contratos de más de 250 millones de pesos, en un lapso de 6 meses, compañía que, además, muestra indicios de que pudiera ser una fachada para la facturación de obras del Gobierno de Samuel García, mismo que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tuvo observancias por 6, 016.3 millones de pesos, señalan las auditorías 2021-A-19000-19-1275-2022, 2021-A19000-19-1273-2022 y 2021-A-19000-21-1277-2022
Monterrey.- Perales Luna aprovechó la influencia de su madre para que, a través de su empresa Construcciones y Urbanizaciones Al Máximo S.A. de C.V., obtener el contrato número 22-07-005 por 120 millones 991 mil 248 pesos, para la reconstrucción de 12 metros de la carretera Monterrey-Colombia.
“La presente hoja de firmas corresponde al contrato número 22-07-005, suscrito entre la Secretaría de Infraestructura y Planeación Urbana y Construcciones y Urbanizaciones Al Máximo para la ejecución de la obra carretera Monterrey- Colombia. Reconstrucción de 12 metros en kilómetro 4.20 (tramo 253+200 al 257+400) en el municipio de Anáhuac”, dice el contrato.
Por cada metro de la reconstrucción de esta carretera, Jesús Manuel Perales Luna recibió más de 10 millones de pesos para esta construcción que presuntamente culminó el pasado 10 enero, tras supuestamente haber empezado el 15 de julio del 2022.
Jesús Manuel Perales Luna, propietario de la empresa Construcciones y Urbanizaciones Al Máximo S.A. de C.V. recibió otro contrato millonario con número 22-07-002 de Hernán Villarreal, titular de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana.
"Es el cártel más sanguinario del país junto con el de Jalisco Nueva Generación. Sus hombres, armados hasta los dientes, no tienen piedad por nadie: con su metralla arrollan a rivales e inocentes, igual que Los Zetas en su tiempo. Bajo el liderazgo de Juan Cisneros Treviño el grupo criminal sigue arrebatando territorios sin que las Fuerzas Armadas detengan su ascenso fulgurante."
Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
* A base de balazos, secuestros, descuartizamiento de cadáveres y decapitaciones, el cártel del Noreste se posiciona como la tercera fuerza criminal del país.
* Arriba de este grupo está Sinaloa y CJNG. El cártel tamaulipeco domina Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Tabasco y sus tentáculos llegan a Zacatecas –donde disputan el estado --, Jalisco y El Bajío. Este cártel es considerado la máquina de la muerte.
Tamaulipas.- El cártel del Noreste se reposiciona en el mapa del crimen organizado nacional y, bajo el liderazgo de Juan Cisneros Treviño –primo de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40 –tiene bajo control buena parte de la región norte del país.
Entre otros estados, domina Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y, hacia el Golfo de México, tiene fuerte presencia en Tabasco, Veracruz; hacia el centro del país es uno de los cárteles generadores de violencia en Zacatecas, Jalisco, Michoacán y algunas de sus células han sido reportadas en el Bajío, particularmente en Guanajuato, una de las regiones más violentas.
*La hegemonía periodística de Grupo Sol Corporativo se ha logrado gracias a los miles de lectores que tiene en los diversos estados del país y hoy se une La Opinión de Monterrey a sus periódicos hermanos existentes en México
*El nacimiento de La Opinión de Monterrey se llevó a cabo tras un estudio meticuloso realizado por nuestro director general, Pedro Daniel Rodríguez Hernández, quien le apuesta al periodismo y a la libertad de expresión por parte de todas la corrientes
*En palabras de él mismo, un periódico ve la luz pública cuando sus colaboradores están comprometidos consigo mismos, porque la llave y la clave del periodismo es tener ética y profesionalismo, mismos que se transmiten y es ahí donde se tiene éxito
Redacción/
La hegemonía periodística de Grupo Sol Corporativo se ha logrado gracias a los miles de lectores que tiene en los diversos estados del país y otras entidades internacionales, así como por la ética y profesionalismo en sus investigaciones.
Es por ello, que gracias a esas cualidades hoy podemos decir que seguimos conquistando lectores a lo largo y ancho de la República Mexicana y es por ello que tenemos el gusto de informar a los regiomontanos que llegamos a esta maravillosa tierra fértil y próspera con La Opinión, con un periódico que tendrá sólo un slogan: Informar a los regiomontanos sin tapujos, sin mentiras y sin medias tintas.
La Opinión de Monterrey se unirá a los demás periódicos hermanos de Grupo Sol Corporativo, entre digitales e impresos, como lo son La Opinión de México, La Opinión de Chiapas, La Opinión de Querétaro,
La Opinión de Puebla, La Opinión de Tabasco. Asimismo, el Sol de Quintana Roo, Sol Yucatán, Sol Campeche y el periódico digital internacional Sol de Belice.
También, se integrará a las diversas radiodifusoras con que cuenta el Corporativo en Quintana Roo con un alcance regional, es decir, llegando sus frecuencias a Yucatán, Campeche y algunos municipios del vecino país de Belice.
El nacimiento de La Opinión de Monterrey se llevó a cabo tras un estudio meticuloso realizado por nuestros director general, Pedro Daniel Rodríguez Hernández, quien le apuesta al periodismo y a la libertad de expresión por parte de todas la corrientes.
En palabras de él mismo, un periódico ve la luz pública cuando sus colaboradores están comprometidos consigo mismos, porque la llave y la clave del periodismo es tener ética y profesionalismo, que se transmiten y es ahí donde se tiene éxito.
"Las razones pueden ser desaparición por feminicidios, sustracción ilegal, adopciones ilegales, crimen organizado y tráfico de órganos, todo relacionado con la delincuencia. La cifra real de mujeres desaparecidas en el Estado es de 157 en los 27 meses recientes. Empero, los reportes de casos de larga y mediana data suman 1,793"
Nuevo León.-Las acciones de las colectivas feministas y de familiares de personas desaparecidas, permitieron que se hablará de un problema hasta entonces encubierto: la desaparición de niñas y mujeres jóvenes en Nuevo León
La alarma por las mujeres desaparecidas estalló en Nuevo León. En menos de un mes, el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI) ha emitido alertas por más de 20 jóvenes: 12 han sido localizadas con vida, pero al menos otras nueve de la zona metropolitana de Monterrey siguen sin aparecer.
El hallazgo, el pasado sábado, del cuerpo de María Fernanda Contreras, de 27 años, ha desencadenado dos jornadas de protestas en la capital y ha obligado al gobernador Samuel García a anunciar la creación urgente de un grupo especial de búsqueda.
Cabe preguntarse si ¿es verdad que desaparecen tantas mujeres en Nuevo León? Y al destacarlo ¿estaremos negando que haya varones desaparecidos?
Con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), es posible elaborar
"Es el cártel más sanguinario del país junto con el de Jalisco Nueva Generación. Sus hombres, armados hasta los dientes, no tienen piedad por nadie: con su metralla arrollan a rivales e inocentes, igual que Los Zetas en su tiempo. Bajo el liderazgo de Juan Cisneros Treviño el grupo criminal sigue arrebatando territorios sin que las Fuerzas Armadas detengan su ascenso fulgurante."
un perfil de las personas desaparecidas, y entender, hoy en día, quiénes son las personas desaparecidas en Nuevo León, y entender también si este es un problema en Nuevo León, o bien un fenómeno más amplio que también ocurre en el resto del país.
"Mientras no se investigue correctamente a las redes delincuenciales y a las complicidades que permiten su funcionamiento, se seguirán desapareciendo a personas hasta que no haya un contrapeso a la delincuencia organizada por la vía judicial"
¿Qué pasa con las desapariciones de mujeres en Nuevo León? ¿Desaparecen más mujeres también en el resto del país?
Entre 2018 y 2022, el porcentaje de varones/mujeres que fueron desaparecidos en México quedó relativamente estable: se desaparece a UNA mujer por TRES varones. No obstante, en Nuevo León aumentó la proporción de mujeres desaparecidas, hasta alcanzar una mujer desaparecida por dos varones.
Allison Campos solo tiene 12 años y está desaparecida desde el 28 de marzo. La última vez que fue vista en la colonia San Gilberto, de Santa Catarina, llevaba tenis de color blanco y sudadera gris.
A unos kilómetros de allí desaparecieron Paulina Solís y Celeste Tranquilino, ambas
estudiante de Derecho de 18 años, desapareció el pasado sábado 9 de abril en la madrugada, en el municipio de Escobedo, al norte de la zona metropolitana, tras acudir a una fiesta en una quinta con dos amigas.
Ellas se fueron antes y mandaron a un conductor a recoger a Debanhi, pero por causas todavía desconocidas este terminó dejándola sola en el camino. Es ahí donde se localizó la última ubicación de la estudiante.
de 16, Debanhi Escobar, de 18, Karen Valencia, de 24, Yolanda Martínez, de 26, Diana Cárdenas, de 28, y Yolanda González, de 32.
Son ocho solo en la zona metropolitana de Monterrey en las últimas tres semanas. La policía tampoco encuentra a Sofía Sauceda, de 15 años, desaparecida el 16 de marzo en Ciudad Terán, a menos de 100 kilómetros de la capital.
Debanhi Susana Escobar,
Debanhi aparece con una falda larga en una carretera oscura. La historia de la imagen es confusa: las dos amigas han declarado que fue tomada por el conductor quien se la envió y ellas se la compartieron a la familia. “Desde entonces no hemos sabido nada de ella. Mis tíos ya no le pudieron contactar por teléfono”. “Solo es una niña que ahora está en la lista de desaparecidas”
La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León sostuvo que la cifra real de mujeres desaparecidas es de 157 en los 27 meses recientes. Empero, los reportes de casos de larga y mediana data suman 1,793
Leer reportaje completo en: laopiniondemonterrey.mx
ponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
Nuevo León.- El cártel del Noreste se reposiciona en el mapa del crimen organizado nacional y, bajo el liderazgo de Juan Cisneros Treviño –primo de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40 –tiene bajo control buena parte de la región norte del país.
Entre otros estados, domina Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y, hacia el Golfo de México, tiene fuerte presencia en Tabasco, Veracruz; hacia el centro del país es uno de los cárteles generadores de violencia en Zacatecas, Jalisco, Michoacán y algunas de sus células han sido reportadas en el Bajío, particularmente en Guanajuato, una de las regiones más violentas.
El cártel del Noreste vivió una etapa de esplendor en Ta-
* A base de balazos, secuestros, descuartizamiento de cadáveres y decapitaciones, el cártel del Noreste se posiciona como la tercera fuerza criminal del país.
* Arriba de este grupo está Sinaloa y CJNG. El cártel tamaulipeco domina Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Tabasco y sus tentáculos llegan a Zacatecas –donde disputan el estado --, Jalisco y El Bajío. Este cártel es considerado la máquina de la muerte.
maulipas durante el gobierno de Francisco Cabeza de Vaca –actualmente libre de cargos y quien se apresta a jugar la candidatura presidencial por el PAN en el 2024 --; tal bonanza parece continuar ahora con la administración de Américo Villarreal, el nuevo gobernador de esa entidad que compitió por MORENA y ganó las elecciones.
Los escándalos alrededor de Villarreal salieron a flote cuando fue acusado de recibir financiamiento precisamente del cártel del Noreste; también fue señalado de haber realizado una suerte de pacto
para no molestar al grupo criminal que tiene su asiento en la entidad tamaulipeca.
El cártel del Noreste va en ascenso ahora con sus presuntas ligas políticas con MORENA. Es un cártel bien posicionado que surgió de las escisiones de sufrió el cártel de Los Zetas –otrora brazo armado del cártel del Golfo –y que devino en un grupo menor debido a la desbandada de sus principales miembros y jefes: El fundador de ese grupo criminal, Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, fue ejecutado en Coahuila, según la versión
oficial, mientras que Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40” terminó capturado en Nuevo León. De esta forma el grupo criminal se debilitó y sus nuevos líderes no pudieron sostener en pie la franquicia.
De esta forma surgió, pujante, el cártel del Noreste, pues se nutrió de restos de Los Zetas y de otras piezas desechadas del cártel del Golfo. Sin embargo, eso no significó que su fuerza resultara menor, por el contrario, el cártel es señalado dentro y fuera de México como uno de los más violentos y sanguinarios junto con el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), segundo más poderoso de México y con fuerte presencia al menos en dos continentes: América Latina y Europa.
"La empresa Constructora y Urbanizadora Luconsa S.A de C.V., de Jesús Manuel Perales Luna, hijo de Martha Leticia Luna Rodríguez, quien funge como directora de Enlace y Desarrollo Municipal, recibió dos contratos de más de 250 millones de pesos, en un lapso de 6 meses, compañía que, además, muestra indicios de que pudiera ser una fachada para la facturación de obras del Gobierno de Samuel García"
Redacción /La Opinión de Monterrey
Monterrey.- Perales Luna aprovechó la influencia de su madre para que, a través de su empresa Construcciones y Urbanizaciones Al Máximo S.A. de C.V., obtener el contrato número 22-07-005 por 120 millones 991 mil 248 pesos, para la reconstrucción de 12 metros de la carretera Monterrey-Colombia.
“La presente hoja de firmas corresponde al contrato número 22-07-005, suscrito entre la Secretaría de Infraestructura y Planeación Urbana y Construcciones y Urbanizaciones Al Máximo para la ejecución de la obra carretera Monterrey- Colombia. Reconstrucción de 12 metros en kilómetro 4.20 (tramo 253+200 al 257+400) en el municipio de Anáhuac”, dice el contrato.
rrey-Colombia kilómetro 5.0, tramo 227+000 al 232+000 en el municipio de Anáhuac. Una obra en la que cada metro también tuvo un costo aproximado de casi 10 millones de pesos.
Según datos ofrecidos por la empresa, esta compañía tiene su domicilio fiscal en la calle Batallón de San Patricio, número 109 en la colonia Valle Oriente del municipio de San Pedro.
El Gobierno del Estado de Nuevo León recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2021 por 287,356.7 millones de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 1,819.2 millones de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 285,537.5 millones de pesos. Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2021, al Gobierno del Estado de Nuevo León por 287,356.7 millones de pesos. La muestra examinada fue de 251,033.6 millones de pesos, que representaron el 87.4% de los recursos transferidos.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Coordinación Fiscal. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
misos pactados con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Por cada metro de la reconstrucción de esta carretera, Jesús Manuel Perales Luna recibió más de 10 millones de pesos para esta construcción que presuntamente culminó el pasado 10 enero, tras supuestamente haber empezado el 15 de julio del 2022.
Jesús Manuel Perales Luna, propietario de la empresa Construcciones y Urbanizaciones Al Máximo S.A. de C.V. recibió otro contrato millonario con número 2207-002 de Hernán Villarreal, titular de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana.
El monto de este contrato asignado al hijo de Martha Leticia Luna Rodríguez, directora de Enlace y Desarrollo Municipal, fue por 138 millones 896 mil 349 pesos para la reconstrucción de 12 metros de la carretera Monte-
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 251,033.6 millones de pesos, que representó el 87.4% de los 287,356.7 millones de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Al 31 de diciembre de 2021, el Gobierno del Estado de Nuevo León comprometió 285,531.8 millones de pesos y pagó 281,679.0 millones de pesos y, al 31 de marzo de 2022, ejerció el total de recursos comprometidos, que representaron el 99.4% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 1,824.9 millones de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Por lo que se refiere a los rendimientos financieros por 182.7 millones de pesos, también fueron reintegrados a la TESOFE.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León infringió la normativa, principalmente la
Al Gobierno del Estado de Nuevo León se le asignaron 724,201.7 millones de pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2021, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 181,050.4 millones de pesos, que representaron el 25.0% de la asignación, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples y 543,151.3 millones de pesos, que equivalen al 75.0%, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad recibió 51,170.8 millones de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Nuevo León fue de 594,322.1 millones de pesos, que incluyó los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio, durante el ejercicio fiscal 2021. La muestra examinada fue de 515,211.7 millones de pesos, que representaron el 86.7% de los recursos transferidos.
No aplicó la totalidad de los recursos remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples, los 12 contratos a cargo del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León no cumplieron con la descripción pormenorizada de las obras y no proporcionó evidencia del avance en el cumplimiento de los compro-
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 515,211.7 millones de pesos, que representó el 86.7% de los 594,322.1 millones de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y de los remanentes del FAM; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 2,106.0 millones de pesos, se verificó que 780.3 millones de pesos se aplicaron en los objetivos del fondo y 1,325.7 millones de pesos se reintegraron a la TESOFE.
Respecto de los recursos remanentes del FAM se erogaron 58,791.7 millones de pesos, por lo que quedó un monto disponible de 86,046.9 millones de pesos, los cuales incluyeron 38,718.7 millones de pesos de ejercicios fiscales anteriores y 47,328.2 millones de pesos de los recursos trans-
cio fiscal 2021 por concepto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal al Gobierno del Estado de Nuevo León fueron por 269,947.8 millones de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 183,254.1 millones de pesos, que representó el 67.9%.
Se determinaron las observaciones correspondientes a la falta de registro patrimonial de las adquisiciones con recursos del fondo, relativas a 2,141 chalecos balísticos, y a 166 vehículos para patrullaje; por los recursos del fondo y sus rendimientos financieros generados no comprometidos al 31 de diciembre de 2021, así como por los recursos no pagados al 31 de marzo de 2022, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación y debieron aplicarse a los objetivos del fondo; por la falta del dictamen fundado, motivado y soportado que acredite el supuesto de excepción a la licitación pública nacional de un contrato financiado con los recursos del fondo, celebrado mediante el proceso de adjudicación directa; y por la falta de operación de 88 vehículos adquiridos con recursos del fondo. Cabe mencionar que dichas acciones fueron promovidas en el transcurso de la auditoría.
Al 31 de diciembre de 2021, el Gobierno del Estado de Nuevo León comprometió los 543,151.3 millones de pesos y pagó 492,422.5 millones de pesos y, al 31 de marzo de 2022, ejerció 540,152.9 millones de pesos, que representaron el 99.4% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no ejercidos por 2,998.4 millones de pesos, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
feridos en el ejercicio fiscal 2021.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de otras disposiciones de carácter específico. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Los recursos federales transferidos durante el ejerci-
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 183,254.1 millones de pesos, que representó el 67.9% de los 269,947.8 millones de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2021, la entidad federativa no había devengado el 75.3% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2022, no devengó ni pagó el 8.1%.
Monterrey, Nuevo León
Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General*Mientras no se investigue correctamente a las redes delincuenciales y a las complicidades que permiten su funcionamiento, se seguirán desapareciendo a personas hasta que no haya un contrapeso a la delincuencia organizada por la vía judicial
*La alarma por las mujeres desaparecidas estalló. En menos de un mes, el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata ha emitido alertas por más de 20 jóvenes: 12 han sido localizadas con vida, pero al menos otras nueve de la zona metropolitana de Monterrey siguen sin aparecer
Redacción/ La Opinión de Monterrey
Nuevo León.-Las acciones de las colectivas feministas y de familiares de personas desaparecidas, permitieron que se hablará de un problema hasta entonces encubierto: la desaparición de niñas y mujeres jóvenes en Nuevo León
La alarma por las mujeres desaparecidas estalló en Nuevo León. En menos de un mes, el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI) ha emitido alertas por más de 20 jóvenes: 12 han sido localizadas con vida, pero al menos otras nueve de la zona metropolitana de Monterrey siguen sin aparecer.
El hallazgo, el pasado sábado, del cuerpo de María Fernanda Contreras, de 27 años, ha desencadenado dos jornadas de protestas en la capital y ha obligado al gobernador Samuel García a anunciar la creación urgente de un grupo especial de búsqueda.
Cabe preguntarse si ¿es verdad que desaparecen tantas mujeres en Nuevo León? Y al destacarlo ¿estaremos negando que haya varones desaparecidos?
Con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), es posible elaborar un perfil de las personas desaparecidas, y entender, hoy en día, quiénes son las personas desaparecidas en Nuevo León, y entender también si este es un problema en Nuevo León, o bien un fenómeno más amplio que también ocurre en el resto del país.
¿Qué pasa con las desapariciones de mujeres en Nuevo León? ¿Desaparecen más mujeres también en el resto del país?
Entre 2018 y 2022, el porcentaje de varones/mujeres que fueron desaparecidos en México quedó relativamente estable: se desaparece a UNA mujer por TRES varones. No obstante, en Nuevo León aumentó la proporción de mujeres desaparecidas, hasta alcanzar una mujer desaparecida por dos varones.
"Las razones pueden ser desaparición por feminicidios, sustracción ilegal, adopciones ilegales, crimen organizado y tráfico de órganos, todo relacionado con la delincuencia. La cifra real de mujeres desaparecidas en el Estado es de 157 en los 27 meses recientes. Empero, los reportes de casos de larga y mediana data suman 1,793"
José Sánchez López/Corresponsalías Nacionales/ Grupo Sol Corporativo
San Luis Potosí.- De no ser por la denuncia del secuestro de un empresario transportista y una veintena de turistas y la presión de la opinión pública que obligaron a actuar al gobierno potosino, ésta no habría admitido la existencia de toda una zona controlada por el crimen organizado donde se plagia y extorsiona masivamente a miles de migrantes.
El lunes 3 de abril, un grupo de turistas y un empresario de Grupo Eifel partieron de las comunidades de San Felipe, La Peña y La Quemada, en Guanajuato, a bordo de dos camionetas turísticas; una transportaba 15 pasajeros y la otra a seis, con sus respectivos choferes, para un total de 23 personas.
De acuerdo con sus registros de geolocalización de la empresa, el grupo mantuvo un trayecto normal, pero aproximadamente a las 3 de la madrugada del martes 4 de abril, al llegar al municipio de Matehuala, San Luis Potosí, salieron de su ruta y se dirigieron a un centro nocturno llamado “Mezquit Rodeo”, donde permanecieron aproximadamente una hora.
Cuando el sistema le alertó de la anomalía en la ruta, Osvaldo González, socio de la compañía, intentó contactar a los choferes de las camionetas vía mensajes de texto y llamadas telefónicas pero no tuvo éxito, por lo que supuso que, para ese momento, los choferes ya no tenían control de las unidades y a partir de ese momento se perdió tofo rastro.
Ante la desaparición presentó su demanda de inmediato, a los que las autoridades potosinas le aseguraron que actuarían de inmediato, pero los días pasaban y no avanzaban las investigaciones por lo que comenzaron las presiones.
El día 6, lo que era la búqueda de las 23 personas plagiadas, destapó la cloaca y en menos de 48 horas no sólo localizaron a los 23 buscados, sino aparecieron 98 víctimas más, para un total de 121 que habían sido secuestradas en Matehuala, San Luis Potosí, entidad gobernada por Ricardo Gallardo Cardona, del PVEM.
Además de los 23 desaparecidos en las camionetas turísticas, fueron encontradas 12 personas más, todas migrantes centroamericanas.
En una zona cercana también fueron localizados 46 migrantes plagiados que viajaban en un autobús de la Ciudad de
México a Nuevo León, interceptado por un grupo delincuencial en el tramo de Villa Hidalgo a Matehuala.
También fue hallado un tercer grupo de 11 migrantes que se encontraba retenido en un hotel del municipio de Matehuala, cuyo alcalde es el panista Iván Estrada Guzmán.
La Fiscalía de San Luis Potosí desglosó seis diferentes hallazgos con 96 migrantes extranjeros y 9 mexicanos, entre ellos 3 choferes, uno de los cuales, Joel "N", murió a causa de los golpes que le propinaron sus plagiaros.
Junto con ello, 16 pasajeros de una camioneta que provenía del Estado de México, fueron secuestrados en la misma zona.
La localización de los 121 plagiados se logró tras la denuncia de Osvaldo González, quien además contribuyó a las investigaciones al aportar la ubicación exacta de uno de los vehículos desaparecidos, gracias a su geo localizador, lo que desató sendos operativos de los gobiernos de San Luis Potosí y de Guanajuato, apoyados por el gobierno el federal, lo qie dio como resultado que la cifra de víctimas
aumentara hasta sumar 121.
En el rescata hubo éxito, no así en la detención de los culpables, excepto dos detenidos: uno en un hotel y otro en una casa de seguridad, en el resto de los secuestros masivos no hubo ningún delincuente capturado.
Al respecto, especialistas y legisladores cuestionaron
cial y casas de seguridad, se debe desarticular por completo y que no quede sólo en la anécdota feliz de que los migrantes fueron rescatados con vida”, remarcó Saucedo.
El experto añadió, que el grupo criminal que opera en la carretera 57 está ligado al Cártel del Golfo, y cuenta con información privilegiada para
*Inermes ante las embestidas del crimen organizado
*Cártel de los Ministeriales, principales protectores de plagiarios
*Gobernador y alcalde de Matehuala, presuntamente vinculados
nada hasta que se ven presionadas, pero lo más grave es que se evidencia que amplias zonas, no sólo de ese estado sino del país, están dominadas por el crimen, agregó.
Por su parte, el senador Damián Zepeda, integrante de la Comisión de Justicia, dijo que en la región opera una red de tráfico de personas que cuenta con la protección policial, “se trata de una red que lleva a los migrantes a ranchos, hoteles o domicilios para extorsionarlos e incluso obligarlos a formar parte de sus redes del narcomenudeo o de producción de drogas”.
Precisó que no sólo en San Luis Potosí existen mafias dedicadas al tráfico de personas, también en Guanajuato, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León, que cazan a los migrantes que se ven obligados a utilizar las carreteras para llegar a EU. Les quitan sus teléfonos celulares, llaman a los familiares y piden depósitos en cuentas banearías.
Esto no es un fenómeno nuevo, desde hace mucho tiempo distintos grupos del crimen organizado tienen el control de regiones completas en el cruce de migrantes a Estados Unidos, concluyó el legislador.
activo, ya que cuenta con protección de la Policía Ministerial potosina y tiene negocios con elementos de la Guardia Nacional que resguardan esa carretera, por lo que opera impunemente.
Además del plagio de migrantes también se dedican al robo de autotransportes de carga diversa, misma que almacenan en bodegas y posteriormente la venden junto con otras mercancías robadas e incluso se ha detectado que elementos de la Guardia Nacional venden al grupo la mercancía que aseguran en los operativos que realizan, precisa el documento del CRFIN titulado Caso Alemán.
En alianza con el Cártel del Golfo, operan los grupos de Los Espartanos que mantienen vínculos con policías del estado, señalados como el Cártel de los Ministeriales quienes le brindan protección institucional.
la impunidad que priva en San Luis Potosí, pies luego de aparatosos despliegues no hay un sólo detenido importante, “lo que hace aparecer que los delincuentes fueron alertados a tiempo”, advirtió David Saucedo especialista en seguridad.
“Ahora que se descubrió que existe toda una red de tráfico de personas que tiene un anillo de protección poli-
conocer sobre los convoyes o grupos de migrantes que utilizan esa vía para llegar al norte.
Recordó que fue gracias a una empresa de transporte que dio información en tiempo real de una de sus camionetas, que las autoridades pudieron comenzar las acciones de búsqueda.
Reportes de inteligencia militar, revelan la existencia del grupo criminal Los Alemanes, dedicados al principio al robo de mercancía en la Carretera federal 57 en San Luis Potosí, cuyo líder Alfredo Alemán Narváez, El Comandante Alemán, ya detenido, mantenía en zozobra a varias regiones del estado, incluida la capital y Matehuala.
*Los Zetas, Cártel del Golfo y CJNG controlan plagios y narco Continúa...
Dijo que es lamentable que las autoridades no hagan
Una investigación del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Noreste (CRFIN), revelada por Guacamaya Leaks, señala que ese grupo criminal se desprendió de Los Zetas y que sigue en
Iván Estrada Guzmán, alcalde panista de Matehuala, donde están asentadas las bandas criminales que plagian y extorsionan a migrantes y automovilistas, fue implicado con el narco en audios que se hicieron virales.
En esos audios, el edil admite tener tratos con un cártel por lo que la Fiscalía del Estado inició una indagatoria.
“Yo te digo, yo soy transparente y yo jalo con el cártel transparente y lo que el cártel me diga aquí está y lo que el cártel merezca aquí está”, se escucha que dice Estrada Guzmán en uno de los audios.
El senador Damián Zepeda, integrante de la Comisión de Justicia, dijo que en la región opera una red de tráfico de personas que cuenta con la protección policial, “se trata de una red que lleva a los migrantes a ranchos, hoteles o domicilios para extorsionarlos e incluso obligarlos a formar parte de sus redes del narcomenudeo o de producción de drogas”.
En las grabaciones el munícipe supuestamente acepta tener vínculos con un grupo delictivo para que pueda seguir operando en la zona del Altiplano potosino sin contratiempos.
Según víctimas de uno de los plagios, escucharon un intercambio radial entre sus secuestradores y otros hombres que les avisaban de camionetas que iban saliendo de Matehuala para que fueran interceptadas y asaltadas más adelante.
Por su parte, el Edil de Matehuala descalificó las grabaciones, dijo que fueron fabricadas en su contra y culpó a su antecesor Alejandro Segovia, del PVEM, de una campaña negra y ser el responsable de la operación criminal en Matehuala, “sabemos que si alguien trajo el crimen organizado fue en su administración, sabemos que a los hoteles de la familia Segovia se ha acercado gente armada”, acusó.
Asimismo, José Ricardo Gallardo Cardona, que gobierna San Luis Potosí desde el 26 de septiembre del 2021, también ha sido envuelto en polémicas similares, como cuando difundió en sus cuentas de redes sociales fotografías luciendo armas largas, además de haber sido encarcelado en enero de 2015 por delincuen-
cia organizada, cuando era alcalde de Soledad de Graciano.
Fue detenido el 6 de enero de este año e internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Hermosillo, Sonora; y después fue transferido al de Guanajuato.
La orden de aprehensión la emitió el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Hermosillo Sonora “por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El mandato se dio a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que detectó operaciones dentro del sistema financiero nacional con recursos por montos inusuales en transferencias bancarias y dinero en efectivo, presumiblemente con origen ilícito”.
En el rubro de la seguridad, San Luis Potosí cerró el 2022 como la segunda metrópoli con la percepción más alta de inseguridad, por detrás de Zacatecas donde el 93.3 % de sus habitantes consideró como inseguro vivir en la ciudad.
Los tramos San Luis Potosí – Querétaro y Matehuala – Monterrey, son dos de los tramos carreteros más peli-
grosos de México, en cuanto a desapariciones y robos, según estadísticas oficiales y en lo que respecta a homicidios dolosos, San Luis Potosí cerró el 2022 con 648 y en 2021 fueron reportadas 740 víctimas.
De acuerdo con un informe realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional y que fue filtrado por Guacamaya Leaks, en dicha entidad operan Los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación, denominados como los grupos más poderosos en el estado.
El documento señala que la conexión de San Luis con las principales urbes del país y con cuatro grandes puertos, son los motivos principales que han ocasionado que el estado esté bajo el asedio de grupos criminales que se disputan el control de la entidad, factor clave al ser el punto intermedio entre la Ciudad
Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo estas grandes organizaciones no solo se enfrentan entre ellas, sino también pelean o se alían con grupos criminales locales, según sea el caso, que se autonombran como cárteles sin contar con la infraestructura, personal y recursos como Los Zetas, Golfo o Jalisco, aunque no por ello menos peligrosos.
De tal suerte que forman alianzas con grupúsculos como el Cártel San Luis Potosí Nueva Generación, la Unidad de la Huasteca, así como La Nueva Familia Michoacana.
El reporte asegura que Los Zetas tienen presencia en los municipios de Ciudad Fernández, Rioverde, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Naranjo, Tampamolón Corona y Tanquián de Escobedo.
Mientras que el CDG y las células operativas Espartano, Grupo Squalo, El Señor de la P, Escorpión y el Cártel Unido de la Huasteca, operan en Río Verde, Ciudad Fernán-
Iván Estrada Guzmán (gráfica), alcalde panista de Matehuala, donde están asentadas las bandas criminales que plagian y extorsionan a migrantes y automovilistas, fue implicado con el narco en audios que se hicieron virales.
alió con Los Alemanes pero solo en algunas zonas en disputa, en tanto que Los Zetas y el CDG dieron a conocer una supuesta alianza para hacer frente al CJNG en los municipios Rioverde, Ciudad Fernández, Cárdenas, y Ciudad del Maíz.
La dependencia también reportó las divisiones que existen en estos grupos como la separación del Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación del grupo que lidera El Mencho.
El reporte también señala a los liderazgos responsables de deli tos como el cobro de piso.
Alfredo González Hernández.
El CJNG es encabezado por Pedro Antonio Huerta Larraga, mientras que su hermana Cynthia, La China, es la principal distribuidora de droga de la organización. Los siguientes al mando son identificados como: El Comandante 90, Comandante H 28 y El Señor Karís.
Al frente de Los Zetas está El Z 49, quien tiene como colaboradores a Pedro Flores Oryz, El Perí y Verónica Ivett. El encargado local es Juan Carlos Eugenio Espinoza, Charlie.
A su vez el Cártel de San Luis Potosí, es liderado por Jorge Luis Soni Bulos El Coquis (gráfica). Sus colaboradores son Héctor Arturo Villanueva de la Piedra, EI Negro; Rubén Salazar González, Edgar Azuara Lizcano, El Penco y Alfredo González Hernández.
de México, Monterrey y Guadalajara con cuatro grandes puertos.
El reporte, elaborado por el Segundo Sector Militar en SLP y dado a conocer por los hacktivistas de Guacamaya, advierte de la presencia de Los Zetas, Cártel del Golfo y
dez, Rayón, Ciudad Maíz, Cárdenas, El Naranjo, Tamasopo, Ciudad Valles, Tamuín, Ébano, San Vicente, Tancuayalab, Tanquián de Escobedo, Huehuetlán y la ciudad de San Luis Potosí.
La Defensa Nacional indica que el Cártel de Jalisco también se ha asentado en Rioverde, Ciudad Fernández, Cárdenas, El Naranjo, Tamasopo, Tamuín, Ébano, San Vicente, Tancuayalab, Tanquián de Escobedo, Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Matlapa y Xilitla.
Los tentáculos del Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación, abarcan zonas como Tamuín, San Vicente, Tancuayalab, Tanquián de Escobedo, Tampamolón yTampacán
Alejandro Ochoa Gracia, El Ingeniero Cano, es el coordinador financiero de la célula del Grupo Squalo y que Pablo Misael Ramos Lara, El Pantera 24; puede ser El Señor de la P, aunque no descarta que posiblemente El Señor de la P, se trate de Sergio de la Peña Díaz, originario de Ciudad Valles que radica en Ciudad Madero y Tampico, en Tamaulipas.
A su vez el Cártel de San Luis Potosí, es liderado por Jorge Luis Soni Bulos El Coquis. Sus colaboradores son Héctor Arturo Villanueva de la Piedra, EI Negro; Rubén Salazar González, Edgar Azuara Lizcano, El Penco y
El Cártel Unido de la Huasteca era dirigido por Pedro Antonio Torres Andrade y por Ramiro Ochoa Gallegos El Larry, ambos detenidos, pero se sabe que José Luis Hernández Rojas, El Pitbiül, colaborador de El Larry, es quien envía mensajes a la Unidad Militar para ofrecer a los soldados miles pesos para que colaboren dándoles información.
Ese es sólo un somero panorama en cuanto a la situación en que se encuentra San Luis Potosí, en el que se revela la posible implicación de políticos, policías y funcionarios, lo que podría explicar la rampante impunidad que campea en el estado.
Reportes de inteligencia militar, revelan la existencia del grupo criminal Los Alemanes (gráfica), dedicados al principio al robo de mercancía en la Carretera federal 57 en San Luis Potosí, cuyo líder Alfredo Alemán Narváez, El Comandante Alemán, ya detenido, mantenía en zozobra a varias regiones del estado, incluida la capital y Matehuala.
El Cártel Unido de la Huasteca, se asentó enTamazunchale, Matlapa, Axtla de Terrazas, Xilitla y San Martín Chalchicuatla, además se ha detectado una célula del Cártel de Los Alemanes enTampamolón Corona yTanquián de Escobedo.
Según el documento, la SEDENA tiene conocimiento que la célula Operativa Espartano del Cártel del Golfo, se
Alejandro Ochoa Gracia, El Ingeniero Cano, es el coordinador financiero de la célula del Grupo Squalo y que Pablo Misael Ramos Lara, El Pantera 24; puede ser El Señor de la P, aunque no descarta que posiblemente El Señor de la P, se trate de Sergio de la Peña Díaz, originario de Ciudad Valles que radica en Ciudad Madero y Tampico, en Tamaulipas
Redacción/ La Opinión de México Campeche.- Mediante la imposición y la manipulación de los estatutos de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas (a) Alito, se aferró en la dirigencia nacional del PRI hasta 2024, con la clara intención de mantener el control sobre las candidaturas – y los negocios electorales- de cara a la sucesión presidencial.
Tal como operó en Campeche durante su gubernatura, Alito Moreno actúa como un pequeño dictador, cerrado al diálogo y utilizando todos los recursos a su alcance para impulsar sus intereses; sin embargo, su permanencia como dirigente del PRI, lejos de sumar, resulta una pesada carga por el expediente abierto de corrupción que puede ser reactivado en su contra en cualquier momento.
El exgobernador aún tiene diversos señalamientos e indagatorias por parte de instancias de procuración de justicia como la propia Fiscalía General de la República (FGR), esto ante los señalamientos de enriquecimiento ilícito y corrupción durante su gestión estatal.
Ahora pretende ser pieza clave en la sucesión presidencial de 2024, sin importarle el lastre de corrupción que arrastra, incluso desde antes de que abandonara su mandato campechano, prueba de ello el obsceno incremento de su riqueza que ha sido exhibido una y otra vez, pero sin que sea llamado por la justicia campechana.
Desde su estado natal, Moreno Cárdenas disfruta de impunidad, pues la actual administración ha emprendido pocas acciones legales para aclarar el desfalco ocurrido entre 2015 y 2019; y en lugar de eso la mandataria Layda Sansores San Román ha preferido lanzar sólo torpedos mediáticos.
Sólo tres exfuncionarios estatales han sido detenidos hasta el momento, dos implicados en el llamado fraude de fertilizantes a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, el titular José Ignacio España Novelo, y el subsecretario Joa- quín Álvarez Arana; así como el exsecretario de Pesca, Raúl Uribe Haydar.
No obstante, algunos de ellos han quedado en libertad al ser cobijados por amparos judiciales.
El verdadero responsable del derroche durante el pasado sexenio priista sigue intacto, mientras que las grotescas evidencias de sus riquezas, exhibidas una y otra vez en los martes de show (del jaguar), sólo han servido para vilipendiar públicamente a Moreno Cárdenas, sin hacer caso a la exigencia de justicia por el mal ejercicio del dinero público durante su mandato como gobernador.
Poco a poco, el show mediático de Layda Sansores puede convertirse en complicidad si sigue permitiendo la impunidad de Alejandro Moreno Cárdenas, pues mientras acumula más y más poder
partidista, reteniendo la dirigencia del PRI hasta 2024, en Campeche cada vez salen más evidencias de su corrupto expediente.
Moreno Cárdenas aún aspira a ser presidenciable en 2024, pero antes tendría que aclarar su inexplicable riqueza, presuntamente mal habida mediante el desvío de recursos públicos.
Entre las anomalías financieras de Alejandro Moreno el principal foco rojo es su patrimonio inmobiliario, el cual se duplicó durante su gestión como mandatario estatal, pues el valor total de sus propiedades pasó de 6.5 millones de pesos en 2015, a 12.6 millones en 2021, según sus propias declaraciones patrimoniales, y eso es sólo lo que legalmente puede verificarse, pues su verdadera riqueza va mucho más allá y está oculta en terrenos de la ilegalidad.
Sus declaraciones patrimoniales de los años 2015 y 2021 demuestran inconsistencias, mentiras y falseo de datos para evadir la justicia y el escrutinio financiero, al no coincidir la relación de sus bienes. Se trata sólo de la riqueza de sus bienes inmuebles que tiene registrada en sus declaraciones patrimoniales, puesto que su riqueza personal está valuada en cientos de millones de pesos.
La primera declaración patrimonial fue realizada en 2015, justo antes de entrar a la gubernatura del estado, en ella “Alito” Moreno afirmó contar con 15 propiedades que ascendían a 6 millones 553 mil 466 pesos.
Seis años después, en la declaración patrimonial que presentó en septiembre del 2021, al iniciar su periodo como diputado federal, Moreno Cárdenas detalló que ahora cuenta con 12 inmuebles, cuyo
*Alito Moreno se impuso una vez más en el PRI, extendiendo su mandato hasta 2024 con la intención de controlar candidaturas y los negocios partidistas, pero la sombra de investigaciones por actos de corrupción opaca sus ambiciones
*Sobre su cabeza pesan acusaciones por enriquecimiento ilícito y presuntos desvíos de recursos durante su paso por la gubernatura de Campeche, aunque sólo han caído algunos excolaboradores suyos
*En Campeche se mantiene la impunidad por parte de la gobernadora Layda Sansores, quien en lugar de emprender acciones legales se dedica a hacer show con los audios de “Alito”
valor declarado es de 12 millones 653 mil 458 pesos. A mediados del año pasado, este asunto de su inexplicable riqueza inmobiliaria llevó a la Fiscalía General
del Estado a iniciar una serie de operativos de peritaje para cerciorarse de la cantidad de terrenos y propiedades con los que cuenta Alito Moreno. El culmen de esta supuesta
acción de la justicia se dio el pasado julio cuando se dio un cateo en algunas de las mansiones del líder nacional del PRI, derivado de la carpeta de investigación en contra de Moreno Cárdenas cuenta con el expediente CI-2-2022-3142, en la cual también se le investiga por peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades. Sin embargo, tras varios meses todo esto se quedó en una “llamarada de petate”, pese a la investigación que llevó a la “inspección” de 25 inmuebles, lotes y predios, algunos a su nombre y otros a nombre de sus familiares, Alejandro Moreno sigue libre y ahora imponiéndose aún más en la dirigencia de su partido.
Nada ha importado ser exhibido una y otra vez, el derroche en autos de súper lujo, los vuelos privados, los asesores con costo de millones, y sus relaciones oscuras con políticos y empresarios. En Campeche prevalece el “show” y no la acción de la justicia, tanto así que únicamente han caído tres de sus excolaboradores en su gobierno estatal.
Sólo tres exfuncionarios estatales de la administración de Alejandro Moreno han sido detenidos. Aunque dos de ellos tienen el privilegio de llevar su proceso en libertad mediante artimañas.
El primero en ser detenido a principios de este 2023 fue el exsecretario de Pesca, Raúl Uribe Haydar, acusado del presunto desvió de más de 5 millones de pesos durante su gestión en el gobierno con Alito.
Uribe fue alcalde de Champotón de 2015 a 2018, a partir del último año ocupó el cargo de secretario de Pesca y Acuacultura hasta junio de 2019, justo cuando “Alito” dejó el cargo de gobernador de Campeche para irse a la diri-
gencia del PRI. Tras hacerse el enfermo justo en su detención en enero en el estado de Yucatán, Raúl Uribe Haydar debió cumplir con la reparación de daño dictada por el juez, a favor de la Secretaría de Pesca, al ser hallado culpable del delito de Peculado, pero llegó a un acuerdo para la “reparación del daño” mediante la devolución de 4 millones 559 mil 750 pesos, reconociendo así su culpabilidad en el delito de peculado.
Se presume que parte de esos recursos fueron operados bajo el amparo de Alejandro Moreno Cárdenas, pues tal como dirige hoy su partido, dictatorialmente, también así dirigía la administración del estado y nada se escapaba de sus negocios.
En febrero estalló el fraude de los fertilizantes, operado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural por la administración estatal de Alito Moreno, que usó apoyos de insumos agrícolas con fines clientelares para manipular a los productores campesinos de los municipios más marginados en la entidad, a quienes le condicionaron la entrega a cambio de su voto, así como de su filiación política.
Por estos hechos, el pasado mes de febrero fue señalado por la Fiscalía Estatal Anticorrupción el extitular de la SDR, José Ignacio España Novelo, derivado de una auditoría al ejercicio fiscal 2021 en el que se detectó un supuesto desvío millonario cometido en esta dependencia.
Asimismo, también se implicó al subsecretario de Fomento Agrícola de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), Joaquín del Carmen Álvarez Arana (Joaquín ‘N’), quien es acusado por el presunto desvío de más de 11 millones de pesos en un mega fraude con fertilizantes.
España Novelo y sus subordinados, como el subsecretario Joaquín del Carmen Álvarez Arana, habrían sido culpables de desaparecer más de 14 millones de pesos.
Sin embargo, apenas fue detenido, Joaquín ‘N’ fue liberado en Yucatán luego de un amparo tramitado en aquella entidad.
Mientras que José Ignacio España Novelo, extitular de la SDR, fue vinculado a proceso por ese presunto desvío de más de 11 millones de pesos, pero logró acceder al pago de 300 mil pesos en garantía para enfrentar el procedimiento judicial en libertad.
España Novelo está sujeto a investigación judicial por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, de acuerdo con la carpeta judicial 124/22-2023/JC.
Aunque sólo estos exfuncionarios de Alito han sido llevados ante la justicia, el expediente de corrupción del exgobernador sigue latente, y se hará más presente mientras más visibilidad y protagonismo adquiera en el próximo proceso sucesorio del país.
ESPECIAL: CORRUPCIÓN
Redacción/ La Opinión de México
Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación, determinó que la Secretaría de Gobernación, bajo el Mando de Adán Augusto López no le ha dado prioridad a la asignación de recursos orientados a la protección integral de periodistas, no obstante, de que se ha incrementado el universo de atención, ya que, en 2018, se ejercieron 736,046.7 millones de pesos del 35.4% (406,099.2 millones de pesos) menos de lo aprobado, referente a 1,142,145.9 millones de pesos.
Así lo señala la Auditoría de Desempeño: 2018-004100-07-1762-2019/1762GB aplicada por la ASF a la Secretaría de Gobernación en la partida Protección de Periodistas, en donde se señala que en materia de prevención, a 2018, el Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, no se ha consolidado como un sistema de prevención que garantice la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la libertad de expresión y el periodismo a nivel Estatal, debido a que de las 32 entidades federativas sólo 25 (78.1%) firmaron convenios de cooperación para la operación del mecanismo, sin que la Junta de Gobierno promoviera la implementación y su cumplimiento.
En cuanto al monitoreo de riesgos, la SEGOB dio seguimiento de posibles riesgos por medio de noticieros o redes sociales, la activación de alertas mediante Google active alerts, el análisis de los registros y la coordinación con las Unidades Estatales de Prevención; sin embargo, no contó con un Programa de Monitoreo, que tuviera metas e indicadores. Además de que no acreditó haber realizado mapeo a 2018. La SEGOB en su carácter de Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección no acreditó haber realizado acciones preventivas con la información monitoreada, que le permitiera disminuir la incidencia delictivas en contra de los periodistas en el ámbito Estatal, toda vez que no demostró haber enviado información a las Unidades Estatales o Representantes locales del Mecanismo de Protección.
De 2013 a 2018 la CNDH, la CEAV y la PGR (hoy FGR), diseñaron e impartieron cursos de capacitación para sensibilizar a 57,110 personas entre servidores públicos y periodistas, en el marco de sus atribuciones, de los cuales 81.1% (46,352) correspondieron a
CNDH; (16.5%) 9,403 a la PGR y 7.8% (4, 450) pertenecieron a la CEAV, pero no se establecieron acuerdos para capacitar y difundir en materia de protección a los derechos humanos de los periodistas, por lo que la SEGOB, en su carácter de Unidad de Prevención, Seguimiento y Atención, no cumplió con su atribución de fortalecer la prevención de futuras situaciones de riesgo.
Asimismo, la CEAV y la PGR no realizaron acciones de difusión, en tanto que, la SEGOB diseñó una página web para difundir la operación del mecanismo en los tres niveles de gobierno y la CNDH reprodujo 54,893 ejemplares, entre carteles, folletos, trípticos y libros, para dar a conocer la situación de los periodistas en México, no obstante ambas entidades desconocen el alcance que tuvieron dichas acciones; además de que ninguna de estas se hizo en el marco del Mecanismo de Protección, lo que evidencia la falta de una Programa de Difusión con objetivos, metas e indicadores, que asegurara que los integrantes de la Junta de Gobierno, participaran de manera coordinado.
Asimismo, se identificó que, el Consejo Consultivo, tampoco diseñó ningún mecanismo o instrumento de difusión En cuanto a la protección, a partir de 2015, la SEGOB aplicó la metodología basada en el modelo Freedom House, que considera el análisis de riesgo desde un enfoque de género, individual y colectivo; que si bien permite medir el contexto de riesgo; la intencionalidad de causar daño; las vulnerabilidades de la persona evaluada, y la inminencia en la materialización del daño, pero no incluye las denuncias de
*La Auditoría Superior de la Federación, determinó que la Secretaría de Gobernación, bajo el Mando de Adán Augusto López no le ha dado prioridad a la asignación de recursos orientados a la protección integral de periodistas
*La SEGOB dio seguimiento de posibles riesgos por medio de noticieros o redes sociales, la activación de alertas mediante Google active alerts, el análisis de los registros y la coordinación con las Unidades Estatales de Prevención; sin embargo, no contó con un Programa de Monitoreo, que tuviera metas e indicadores
hechos ante la PGR ni de su estado procesal; asimismo, la SEGOB no acreditó que la metodología es utilizada con el rigor técnico y estándares internacionales, lo que incide directamente en la evaluación del nivel de riesgo del periodista.
En 2018, el Mecanismo de Protección recibió 278 solicitudes de incorporación, de las cuales el 23.4% (65) fueron aceptadas y el 76.6% (213) fueron rechazadas, sin que se indicará las causas de los rechazos. Tampoco fue posible evaluar la oportunidad en el proceso de incorporación del periodista al Mecanismo de Protección, el
cual es de 3 horas, toda vez que la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida (URCyRR) no dispone de registros ni controles del tiempo que tarda en realizar este proceso. La oportunidad con que se otorgaron las Medidas Urgentes de Protección a los periodistas con un riesgo extraordinario fue al 73.9% (17) de los casos, mientras que el 26.1% (6) se protegió fuera del tiempo establecido por la ley; el envío oportuno de los casos para ser evaluado su riesgo con oportunidad fue del 34.8% (24) de los casos y el 65.2% tardó en evaluarse un promedio de 23 días; asimismo, para llevar a
cabo la evaluación de riesgos la ley establece su cumplimiento en 10 días, el 13.0% (9) fue evaluados conforme a la ley, mientras que el 87.0% tardó en promedio 73 días para contar con una propuesta de medidas de protección; debido a que el Mecanismo de Protección no contó con la infraestructura ni personal necesario para operar en condiciones óptimas. Asimismo, a pesar de que la evaluación de riesgos cuenta con variables que analizan integralmente la probabilidad de que ocurra un daño, la dictaminación de la Junta de Gobierno queda supeditada a la discrecionalidad de sus miembros, y en sus actas de sesión no se evidenció que la aprobación de concluir el caso por la disminución del riesgo. La Unidad de Evaluación de Riesgo no contó con criterios aprobados por la Junta de Gobierno para determinar si un comunicador se encuentra en condiciones de abandonar el Mecanismo; y no se cuenta con un manual o lineamiento para determinar la permanencia o no de un periodista en el Mecanismo de Protección. Por lo que, con la revisión, se identificó que, a 2018, el 40.0% (44) de los 110 beneficiarios directos e indirectos cumplían con alguna condición que los hacía viables para salir del Mecanismo de Protección; pero no registró cuales fueron cumplidos en cada caso; en tanto que, de 2013 a 2018, debieron salir del mecanismo 220 (40.1%) periodistas, de los 549 que ingresaron al programa; sin embargo, no se comprobó las razones por las que aún se continuó brindando protección a dichos periodista, lo que representó el 17.6% (57,294.2 millones de pesos) de los 324,955.4 millones de pesos ejercidos, para la aplicación de medidas otorgadas a los periodistas mediante la empresa RCU, Sistemas.
de los derechos humanos de los periodistas, ya que este órgano fiscalizador identificó que en promedio, a un periodista les son violados más de un derecho, y el más vulnerado fue el de seguridad jurídica en más de 20 veces, el cual debió ser garantizado por las autoridades encargadas de la procuración de justicia; y las 3 recomendaciones que se emitieron en 2018, correspondientes a expedientes de quejas recibidas en 2016 y 2017, 1 caso tardó 3 años y en dos casos un año en emitirse las recomendaciones pertinentes; sin embargo, la CNDH no contó en el “Reporte de los servidores públicos sancionados por violaciones a los derechos humanos de periodistas”. Asimismo, en 2018, la CEAV atendió a 143 periodistas que les fue violentado su derecho a la libertad de expresión, a los cuales se les otorgaron 198 servicios: 55 de ayuda inmediata, 39 medidas de asistencia y 104 medidas de atención, en tanto que, en el periodo 2013-2018, se registraron 312 periodistas a los que se les otorgaron 451 servicios, pero no fue posible determinar el número de servicios de trabajo social otorgados. En tanto que, le fue reparado el daño a un periodista, el 0.3%, respecto de los 312 comunicadores atendidos y el 2.8% respecto de los 35 canalizados por el mecanismo de protección, al cual se le otorgó un monto de 2,189.9 millones de pesos, el 0.5% respecto de los 397,563.2 millones de pesos destinados en ese año a la reparación del daño.
La Auditoría Superior de la Federación, determinó que la Secretaría de Gobernación, bajo el Mando de Adán Augusto López no le ha dado prioridad a la asignación de recursos orientados a la protección integral de periodistas, no obstante, de que se ha incrementado el universo de atención, ya que, en 2018, se ejercieron 736,046.7 millones de pesos del 35.4% (406,099.2 millones de pesos) menos de lo aprobado, referente a 1,142,145.9 millones de pesos.
En cuanto a la atención, en 2018, la CNDH, recibió 1,688 quejas en materia de Derechos humanos, en las que se incluyen, entre otras, las correspondientes a la protección de periodistas que a su vez fueron revisadas y canalizadas a la Quinta Visitaduría General, que es la encargada de atender los asuntos de los periodistas, y analizar la queja y determinar la gravedad de la violación de los derechos humanos para posteriormente integrar 42 expedientes por ser calificadas en el delito señalado, que después radicaron en recomendaciones a las autoridades competentes de atender las indicaciones de la comisión; sin embargo, las acciones implementadas por la CNDH no han logrado inhibir la vulnerabilidad
En cuanto a la procuración de justicia, en materia de investigación del delito cometido contra la libertad de expresión de periodistas, a 2018, se registraron 118 averiguaciones previas para trámite en materia de delitos cometidos contra la libertad de expresión de periodistas, de las cuales se determinó el 30.5% (36), de ellas 18 fueron consignadas ante los órganos jurisdiccionales; en tanto que el 69.5% (82) quedaron pendientes; por lo que, de cada 10 averiguaciones, en 7 los MPF no determinaron si existió o no delito que perseguir; durante el periodo 2013-2018, se registraron 1,430 averiguaciones previas, de las cuales su determinación disminuyó en 21.8 puntos porcentuales al pasar de 52.3% a 30.5%; por lo anterior, se observó una contribución marginal de la FEADLE en la procuración de justicia a las víctimas y en la disminución de la incidencia del delito contra la libertad de expresión de periodistas.
Leer reportaje completo en laopiniondemexico.mx
Redacción / La Opinión de México Ciudad de México.- De acuerdo con la Auditoría Financiera realizada por el órgano fiscalizador del Congreso de la Ciudad de México, ASCM/21/19 aplicada al Capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles" de la Secretaría de Seguridad Publica y Protección Ciudadana que dirige Omar Hamid García Harfuch, tuvo un gasto devengado de 46,623.5 millones de pesos.
De conformidad con la norma novena de las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos del Distrito Federal implementadas por el CONSAC-DF y vigentes en 2019, el momento contable del gasto devengado refleja el registro de la solicitud de la CLC o documento equivalente, debidamente aprobado por la autoridad competente de las Unidades Responsables del Gasto, mediante el cual reconocen una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes adquiridos, así como de las obligaciones que derivan de leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
Se concluye que la SSC recibió los bienes adquiridos a entera satisfacción, conforme al contrato administrativo núm. SCC/215/2019; contó con registros de entrada y salida de los bienes del almacén, con los resguardos correspondientes y con el registro de los bienes muebles adquiridos en su padrón inventarial.
De acuerdo con la norma décima de las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos del Distrito Federal implementadas por el CONSAC-DF y vigentes en 2019, el momento contable del gasto ejercido refleja el registro de una CLC o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
Se concluye que las CLC sujetas a revisión fueron elaboradas, registradas, revisadas y aprobadas por los servidores públicos facultados para ello y estuvieron soportadas con la documentación original comprobatoria del gasto; que las operaciones fueron registradas conforme a la naturaleza del gasto y los comprobantes fiscales cumplieron los requisitos fiscales y administrativos; y que la SSC reportó en tiempo y forma a la SAF su pasivo circulante, el cual incluyó el compromiso de las CLC revisadas, de conformidad con la normatividad aplicable.
De conformidad con la norma undécima de las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos del Distrito Federal implementada por el CONSAC-DF y vigentes en 2019, el momento contable del gasto pagado refleja el registro de la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago documentadas mediante CLC o documento equivalente, que se concreta mediante el desembolso de
*De acuerdo con la Auditoría Financiera realizada por el órgano fiscalizador del Congreso de la Ciudad de México, ASCM/21/19 aplicada al Capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles" de la Secretaría de Seguridad Publica y Protección Ciudadana
efectivo o cualquier otro medio de pago.
Con objeto de comprobar que las obligaciones a cargo del sujeto fiscalizado se hayan extinguido mediante el pago, y que éste se haya acreditado y realizado en cumplimiento de la normatividad aplicable y de los instrumentos jurídicos que dieron origen a la obligación, se verificó la efectiva extinción de las obligaciones de pago a cargo del sujeto fiscalizado; y que dichos pagos se hayan realizado por los medios establecidos en la normatividad aplicable.
Del análisis a los estados de cuenta bancarios proporcionados por medio del oficio núm. SAF/DGAF/01047/2020 del 20 julio de 2020, por la Dirección General de Administración Financiera de la SAF,
Con objeto de comprobar que los pagos realizados con cargo al presupuesto del sujeto fiscalizado se encuentren debidamente soportados con la documentación e información que comprueben la recepción de bienes, conforme a la normatividad aplicable y en cumplimiento del instrumento jurídico formalizado, se verificó que los bienes se hayan recibido oportunamente a entera satisfacción y que correspondan al objeto y a las condiciones estipuladas en el contrato celebrado; que se haya contado con evidencia documental de la entrada y salida del almacén de los bienes patrimoniales adquiridos durante 2019 y con los resguardos correspondientes a dichos bienes; y que los bienes adquiridos se hayan registrado conforme al Catálogo de Bienes Muebles y Servicios del Distrito Federal (CABMSDF), en su padrón inventarial de bienes instrumentales de conformidad con la normatividad aplicable. Al respecto, se determinó lo siguiente:
1. Se constató el cumplimiento de la cláusula cuarta del contrato administrativo núm. SSC/215/2019, por medio de las seis actas circunstanciadas de entrega parcial del 3, 4, 5, 17, 30 y 31 de diciembre de 2019, con las cuales el proveedor Fercom de Puebla, S.A. de C.V., realizó la entrega de 244 motocicletas tipo patrulla en el almacén general de la SSC. Dichas actas contaron con las firmas de recibido del Encargado de Almacén e Inventarios; del titular de la Jefatura de Unidad de Transportes Especiales de la Dirección de Transportes; el Delegado de Vehículos de la Subsecretaría de Operación Policial y el Representante Legal del proveedor.
2. En las 244 facturas entregadas por el proveedor se plasmó la leyenda: “se hace constar que se recibieron los bienes a entera satisfacción del área, por lo que se autoriza el pago”, y se asentaron los nombres y firmas del titular de la Subsecretaría de Operación Policial, del personal que recibió los bienes físicos por parte del Almacén Central (los titulares de la Subdirección de Almacenes e Inventarios y la Jefatura de la Unidad Departamental de Refacciones) y del personal que recibió la documentación para su ingreso al sistema Almacx (los titulares de la Dirección de Transportes y la Subdirección de Combustibles, Lubricantes y Refacciones).
3. En el formato “Nota de Entrada de Almacén” de fecha 31 de diciembre de 2019 se registraron los 244 bienes adquiridos con números de entrada del 23 al 266, por un importe total de 46,623.5 millones de pesos. Dicho formato contó con el nombre y la firma del personal que recibió de conformidad y que lo elaboró (los titulares de las Jefaturas de Almacén y de Unidad Departamental de Refacciones); así como con el registro en el padrón inventarial de la dependencia al 31 de diciembre de 2019, en cumplimiento del numeral 8.1.2 de la Circular Uno 2019, Normatividad en materia de Administración de Recursos, y del procedimiento “Recepción, registro y almacenaje de bienes” del Manual Administrativo de la SSC registrado con el núm. MA-42/061219-DSSC-56/010119, ambos vigentes en 2019.
4. En la Tarjeta de Control de Almacén con folio H07M0110 se registraron las 244 motocicletas tipo patrulla adquiridas con la partida presupuestal 5411, clave CABMS núm. 5411000062 y con fechas de entrada y salida del almacén del 31 de diciembre de 2019 y 16 de enero de 2020, respectivamente.
5. Las 244 motocicletas tipo patrulla contaron con los formatos “Resguardo e Inventario de Vehículos Tipo Motocicletas”, los cuales se encuentran debidamente requisitados y firmados por el titular de la Dirección de Transportes y los titulares de las Direcciones Generales Regionales de la Policía de Proximidad y Usuarios, de conformidad con numeral 8.3.2.4 de la Circular Uno 2019, Normatividad en materia de Administración de Recursos y la norma 14 de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en Gaceta Oficial del Distrito Federal núm. 102 Bis el 30 de diciembre de 2013, vigentes en 2019.
6. Las 244 motocicletas tipo patrulla se localizaron en el padrón inventarial de la dependencia al 31 de diciembre de 2019, en cumplimiento del numeral 8.1.2 de la Normatividad en materia de Administración de Recursos (Circular Uno), y del procedimiento “Recepción, registro y almacenaje de bienes” del Manual Administrativo de la SSC registrado con el número MA-42/061219-D-SSC-56/010119, ambos vigentes en 2019.
núms. 11 C0 01 10022563 y 11 C0 01 10022570, ambas emitidas el 31 de diciembre de 2019, por importes de 40,317.9 millones de pesos y 6,305.6 millones de pesos, respectivamente, los cuales se encontraron en las pólizas contables, los auxiliares presupuestales, y coincidieron en las CLC y en los comprobantes fiscales soporte.
Con base en lo anterior, se concluye que el proveedor recibió el pago por la adquisición de las 244 motocicletas tipo patrulla entregadas a la SSC, por la cantidad pactada en el contrato administrativo núm. SSC/215/2019.
se acreditó la realización de depósitos efectuados mediante transferencias bancarias al proveedor Fercom de Puebla, S.A. de C.V., mediante las CLC
La auditoría se realizó con base en las guías de auditoría, manuales, reglas y lineamientos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; las Normas Profesionales del Sistema de Fiscalización; las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores; y
demás disposiciones de orden e interés públicos aplicables a la práctica de la auditoría. Este dictamen se emite el 12 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de la auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por el sujeto fiscalizado, que es responsable de su veracidad. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo objetivo fue verificar que el presupuesto aplicado por la SSC en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se haya aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad y ordenamientos aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance y determinación de la muestra, se concluye que, en términos generales, el sujeto fiscalizado cumplió parcialmente las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.
Con objeto de comprobar que se haya expedido y resguardado la documentación soporte comprobatoria de las operaciones y que ésta reúna los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, se verificó que no se hayan efectuado pagos de adeudos de ejercicios anteriores o de pasivos sin que éstos se hubieran registrado y reportado a la SAF en el ejercicio en que se devengaron; que se hayan aplicado las penas convencionales o sanciones a los proveedores por incumplimiento de los contratos y, en su caso, se hayan aplicado en las CLC tales sanciones o descuentos o que se hubieran hecho efectivas las garantías correspondientes; que los proveedores hayan entregado comprobantes de pago a nombre del Gobierno de la Ciudad de México, con los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación vigente en 2019; que se haya expedido, resguardado y conservado la documentación original comprobatoria de los pagos realizados; en su caso, que el pago de anticipos se haya informado a la SAF para el registro presupuestal correspondiente; que el gasto se haya registrado presupuestalmente con cargo a la partida que le corresponde de acuerdo a su naturaleza y al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal vigente en 2019, que los recursos no devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscalizado hayan sido enterados a la SAF en los plazos establecidos; y que las CLC indiquen el importe, fuente de financiamiento, temporalidad, número de oficio mediante el cual se autorizó por el titular y hayan cumplido los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. Al respecto, se determinó lo siguiente:
1. Las CLC núms. 11 C0 01 10022563 y 11 C0 01 10022570, ambas emitidas el 31 de diciembre de 2019, por un importe de 40,317.9 millones de pesos y 6,305.6 millones de pesos, respectivamente, con cargo a la partida 5411 “Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Atención a Desastres Naturales”, fueron tramitadas para pagar al proveedor Fercom de Puebla, S.A. de C.V., la adquisición de 244 motocicletas tipo patrulla, y estuvieron soportadas con los oficios núms. SAF/SSCHA/DGRMSG/1558/2019 y SAF/SSCHA/DGRMSG/1559/2019, ambos del 21 de junio de 2019, en los que el titular de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la SAF autoriza la adquisición de los bienes restringidos y de los comprobantes fiscales núms. 470 a 520; 522 a 524; 567 a 611; 621; 628 a 690; y 692 a 772; con los comprobantes certificados por el SAT, en cumplimiento de la cláusula tercera del contrato administrativo núm. SSC/215/2019 y del artículo 78, fracción III, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, vigentes en 2019.
Las CLC fueron elaboradas por el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Control del Ejercicio Presupuestal y autorizadas por el titular de la Subdirección de Ejecución Presupuestal, servidores públicos facultados para ello, e indicaron el importe, fuente de financiamiento, temporalidad y número de oficio mediante el cual el titular de la SSC autorizó la entrega de los recursos.
2. Los comprobantes fiscales revisados reunieron los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2019, y se confirmó su autenticidad mediante la consulta realizada en la página del SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
3. El registro presupuestal del pago de los bienes pactados en el contrato seleccionado como muestra se realizó en la partida de gasto que aplicó y atendiendo a la naturaleza de las operaciones, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal y en cumplimiento del artículo 51, primer párrafo, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, vigentes en 2019.
4. Las cifras reportadas por el sujeto fiscalizado coinciden con lo reflejado en la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2019, en cumplimiento del artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y con el Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, ambos vigentes en 2019.
5. No se aplicaron sanciones por incumplimiento del contrato administrativo núm. SSC/215/2019 del 27 de junio de 2019.
6. Mediante el oficio núm. SSC/OM/DGRF/00163/2020 del 10 de enero de 2020, la Dirección General de Recursos Financieros envió en forma impresa a la Subsecretaría de Egresos de la SAF, los formatos RPC Reporte de Pasivo Circulante “Detalle por Proveedor o Contratista 2019” y “Detalle por Clave Presupuestaria 2019” del presupuesto comprometido al 31 de diciembre de 2019, relativo al monto y características de su pasivo circulante, incluido el correspondiente al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, en el plazo establecido en el artículo 67 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, vigente en 2019, en cuyo análisis se determinó lo siguiente:
a) Los formatos RPC Reporte de Pasivo Circulante “Detalle por Proveedor o Contratista 2019” y “Detalle por Clave Presupuestaria 2019” contaron con las firmas de revisión por parte del titular de la Subdirección de Movimientos Presupuestarios, así como de autorización por el titular de la Oficialía Mayor, ambos en la SSC, y fueron presentados en el plazo establecido.
b) En la revisión del formato RPC Reporte de Pasivo Circulante “Detalle por Proveedor o Contratista 2019”, se identificó que la SSC incluyó al proveedor seleccionado en la muestra, por 46,623.5 millones de pesos, importe que se concilió con el total de las CLC pagadas en el contrato administrativo núm. SSC/215/2019 celebrado el 27 de junio de 2019, para la adquisición de las 244 motocicletas tipo patrulla, y se constató que el importe del compromiso anual coincide con los pagos realizados con las CLC núms. 11 C0 01 10022563 y 11 C0 01 10022570, ambas pagadas el 31 de diciembre de 2019.
Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
Estado de México.- Nada ni nadie detiene la maquinaria del crimen organizado: al menos cinco grupos criminales dominan a lo largo y ancho del Estado de México, el bastión histórico del PRI, donde tanto la mafia política como la criminal mantienen a la entidad sumida en la violencia.
Las constantes batallas de los cárteles no sólo han desatado una oleada de terror, desplazados y decenas de secuestros y desapariciones: el crimen impone su ley en todos los territorios: controla municipios, realiza obra pública, cobra derecho de piso a comerciantes pequeños y grandes, controla giros negros y hasta empresarios deben pagarle al crimen para no ser asesinados o secuestrados.
Es la descomposición total y ninguna autoridad federal y menos estatal pone freno al flagelo. La realidad se impone con otros datos perturbadores:
Crímenes, desapariciones, feminicidios, emboscadas contra policías y un perturbador cobro de piso son los flagelos que ocurren todos los días en el Estado de México.
La entidad está atenazada por tres cárteles de la droga:
La Familia Michoacana,. Los Viagras y algunos brazos del cártel de Jalisco Nueva Ge-
neración, ésta última es considerada la organización más bélica del país y ahora disputa el control territorial con los grupos mencionados.
La Familia Michoacana es el grupo criminal que más municipios domina en el Estado de México; en todas las demarcaciones ha impuesto su ley a base de muertes, venganzas y amenazas a la población en general, pero particularmente a los comerciantes, pues les exigen el llamado cobro de piso y para ello les piden “de la manera más atenta” que aumenten los precios de sus productos para cubrir la cuota semanal, quincenal o mensual al grupo delictivo. Este flagelo perturbador ha sido denunciado por algunos comerciantes en el municipio de Luvianos, demarcación localizada a unas tres horas de Toluca, muy cerca de Tejupilco, entraña del crimen. Cuentan que los sicarios y operadores de La Familia Michoacana arribaron al lugar y anunciaron su irrupción con mantas en las que destacaban sendos mensajes respecto a su presencia en el lugar; ofrecieron limpiar de violencia el territorio, pero les pidieron a los comerciantes pagar su cuota correspondiente. Y tras la petición vino la amenaza: “El que incumpla se muere”. Entre los comercios que ingresaron a la lista del crimen figuran gaseras, tortillerías, tiendas de abarrotes, mo-
linos de nixtamal, carnicerías, pollerías, pescaderías, tlapalerías, talleres mecánicos y talacheros (levanta ponches), juguerías y misceláneas.
El cártel michoacano también pasó la charola por las purificadoras de agua, veterinarias, tiendas de alimen-
teles, moteles y casas de asistencia, cocinas económicas, fondas y hasta los llamados changarritos que venden fritangas deben cubrir, puntualmente, su pago a la Familia Michoacana.
El mensaje criminal también llegó a los tianguis que
*El Estado de México ya es un territorio de excepción: el narcotráfico lo domina todo: gobierna municipios, realiza obra pública, cobra derecho de piso, distribuye drogas, secuestra, desaparece, mata y todo ocurre en completa impunidad. Ellos tienen todo el poder político, criminal y económico
*Ninguna autoridad interviene para poner freno al crimen, es más, la policía actúa como brazo armado de los cárteles La Familia Michoacana, Viagras y CJNG; la Fiscalía protege a delincuentes a cambio de cañonazos de dinero, mientras la sociedad padece la violencia del narco y enfrenta la muerte cuando los grupos criminales se enfrentan por el control territorial
*Ni la Guardia Nacional ni la Secretaría de la Defensa pueden con este flagelo que ya colocó al Estado de México en la condición de ser un estado de excepción, igual que Tamaulipas, Guanajuato o Zacatecas
tos para ganado de todas las especias y razas y no quedaron fuera del “entre” los negocios dedicados a la venta de materiales de construcción, mueblerías ni los espacios comerciales que ofertan aparatos eléctricos y materiales para electricidad.
Los talleres de torno y soldadura recibieron el mensaje de que debían pagar el piso correspondiente, así como ho-
se colocan en calles céntricas los fines de semana o días festivos: ahí deben pagar los vendedores de plásticos, ropa, comida, zapatos y también los que ofertan utensilios de cocina. El modesto taquero ambulante no se escapa. El piso también lo deben pagar despachos contables, negocios dedicados a los bienes raíces y hasta el vendedor de una propiedad debe reportar
la venta de una casa o automóvil y pagar por ello.
El mensaje del crimen organizado solicitó a todos los comerciantes de Luvianos, Estado de México, aumentar el precio de sus productos entre un tres o cinco por ciento a fin de que “su economía no resienta” y así puedan cumplir con este pago. “A cambio, recibirán protección”, ofrece el cártel de La Familia Michoacana.
El crimen organizado sentó sus reales en el Estado de México y convirtió a esa entidad en tierra de nadie: el crimen impone su ley por todas partes, sin que haya autoridad que le ponga freno a la ola de secuestros, “levantones”, cobro de piso y matanzas. Todos estos delitos se han multiplicado durante el gobierno de Alfredo del Mazo, pieza del llamado grupo Atlacomulco que fundara el extinto profesor Carlos Hank González.
Considerado el semillero electoral del PRI en sus épocas de bonanza, el Estado de México hoy es tierra de cárteles: ahí operan impunemente organizaciones criminales como La Familia Michoacana, Los Viagras, Los Beltrán Leyva, entre otros, que imponen su ley mediante la violencia, la amenaza, el robo y el cobro de piso a comerciantes de todos los niveles.
Incluso, imponen el precio de los productos comestibles, el gas y otros insumos de primera necesidad, pues aumentando los costos estos grupos obtienen ganancias a través de las cuotas que les cobran al comercio formal e informal.
El Estado de México, entidad que gobierna el priista Alfredo del Mazo, se ha convertido en un territorio de cárteles que han desplegado su violencia por todo el territorio, cuna del llamado grupo Atlacomulco que representara el profesor Carlos Hank González.
Con altos niveles de corrupción policiaca, esa entidad federativa se volvió muy atractiva para los grupos criminales: operan los cárteles del Golfo, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Guerreros Unidos.
De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Estado de México concentra más grupos criminales que cualquier otra entidad. Estos grupos operan, con apoyo oficial, el tráfico de drogas y han azotado a la población con las extorsiones, secuestros, cobro de piso, tráfico de personas, venta de protección y asesinatos por encargo, una modalidad bastante socorrida en ese estado.
Continúa...
los
Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, en el mapa criminal no existe otra entidad federativa con mayor presencia de grupos dedicados al narcotráfico.
Y es que a pesar de que el gobernador Alfredo del Mazo –quien ya cumplió tres años en el poder –ha dicho que trabaja por la seguridad del estado, lo cierto es que el territorio se ha convertido en un campo de batalla de los cárteles de la droga.
A lo largo y ancho de los 22 mil 500 kilómetros de territorio, los cárteles de Jalisco, Sinaloa, Familia michoacana, Caballeros Templarios y Golfo disputan a sangre y fuego el control del tráfico de enervantes. Tanto de día como de noche son frecuentes las balaceras y asesinatos en demarcaciones como Tecámac y Ecatepec, los que
El titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval (izquierda) expuso en junio de este año el mapa criminal del Estado de México. Dijo, por ejemplo, que La Familia Michoacana es encabezada por Jonny Hurtado (derecha), a quien en el mundo del hampa se le conoce como “El Pez”.
jado a grandes redes de la delincuencia organizada. La Policía del Estado de México llegó a ser considerada, hasta hace una década, como una de las más corruptas y temi-
en su segunda huida, ésta vez del penal de La Palma o Altiplano, situado en el Estado de México, fue auxiliado por sus amplia red de cómplices para huir por un túnel, según la versión oficial.
El túnel por donde “El Chapo” huyó por segunda vez, en 2015, fue construido por personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde el entonces poderoso jefe del cártel de Sinaloa tenía muy buenas relaciones: precisamente a través de un avión de esa dependencia –un CD-9 –el cártel de Sinaloa transportó varias toneladas de cocaína procedente de Colombia. Agentes de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) habían organizado un amplio operativo en diversos aeropuertos para que el avión aterrizara sin contratiempos.
El Estado de México, entidad que gobierna el priista Alfredo del Mazo (gráfica), se ha convertido en un territorio de cárteles que han desplegado su violencia por todo el territorio, cuna del llamado grupo Atlacomulco que representara el profesor Carlos Hank González.
concentran la mayor parte de esta narco-dinámica.
Con base en la información de que dispone, la UIF considera que en el territorio nacional no existe otro estado donde haya tanta presencia de cárteles como ocurre en el Estado de México. En dicho territorio opera de todo: desde cárteles poderosos hasta células delictivas que han contribuido con su cuota de violencia: esa es la razón de que la entidad ocupe los primeros lugares a nivel nacional en homicidios, feminicidios, tráfico de drogas, extorsiones, robos y secuestros.
De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto, en México existen 19 cárteles considerados por él como de “alto impacto” y que dominan el lavado de dinero. De este total de grupos criminales, ocho de ellos están afincados en el Estado de México. Un dato resalta: en lo que van del año se han presentado 2, 400 casos de narcomenudeo, lo que revela que es un estado con elevado consumo de drogas, principalmente cocaína, marihuana y sustancias de diseño o sintéticas.
Desde hace varias décadas, el Estado de México es refugio de capos, sicarios, narcotraficantes y ha cobi-
bles del país, después de la de Tijuana en tiempos del alcalde Jorge Hank Rhon.
Durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –éste fue gobernador de esa entidad –el crimen organizado se empoderó abiertamente: durante años fue refugio de los hermanos Beltrán Leyva; también fue escondite de Joaquín “El Chapo” Guzmán tras su primera fuga del penal de Puente Grande, Jalisco. Y
Acudieron al de Toluca, Mérida, Nuevo León, entre otros, donde intentaron corromper tanto a militares como a funcionarios del área de aeronáutica civil. El objetivo era que el avión bajara en uno de esos aeropuertos para volverlo vuelo nacional. El avión después seguiría su curso hacia Toluca donde, por esa condición, ya no sería revisado por la Marina ni el Ejército sino por policías federales que ya habían sido cooptados.
Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Estado de México operan una gran cantidad de grupos criminales. Los informes militares dan cuenta,
por ejemplo, que el territorio mexiquense es asiento de los cárteles Unión Tepito, la fuerza Anti-Unión, Los Zetas, Cártel de Jalisco, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos. Este último cártel opera también en Guerrero y Michoacán, tierras de elevada violencia criminal.
El titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval expuso en junio de este año el mapa criminal del Estado de México. Dijo, por ejemplo, que La Familia Michoacana es encabezada por Jonny Hurtado, a quien en el mundo del hampa se le conoce como “El Pez”.
Por su parte, los Caballeros Templarios –quienes controlan el norte del estado –están liderados por Rodolfo Maldonado Bustos, “Don José”. Además, los cárteles Guerreros Unidos y el de Jalisco mantienen operaciones en el Valle de México, pero también controlan los municipios del noreste de la entidad mexiquense, la cual colinda con la Ciudad de México, donde también tienen fuerte presencia.
Con base en sus informes, Luis Crescencio Sandoval dijo que son once los municipios del Estado de México donde se concentra la mayor parte de la población y, por ello, esas demarcaciones registran las más altas tasas delictivas. Es el caso de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cuautilán, Atizapán y Tultitlán. A esta lista se suman Tecámac y Los Reyes La Paz.
Debido a su alta incidencia delictiva, imparable en los tres años que lleva en el poder el gobernador Alfredo del Mazo, el Estado de México se ha convertido en “tierra de nadie”.
Por su parte, los Caballeros Templarios (gráfica)–quienes controlan el norte del estado –están liderados por Rodolfo Maldonado Bustos, “Don José”. Además, los cárteles Guerreros Unidos y el de Jalisco mantienen operaciones en el Valle de México, pero también controlan los municipios del noreste de la entidad mexiquense, la cual colinda con la Ciudad de México, donde también tienen fuerte presencia.
Estos municipios, según datos oficiales, concentran el 45 por ciento de la población mexiquense y también ocupan los primeros lugares en las estadísticas criminales. Pero lo más grave, según estos mismos datos, es que la mayor dinámica del crimen organizado y común se observa en Ecatepec, Tlalnepantla y Cuauhtitlán Izcalli. Estas últimas demarcaciones colindan con la Ciudad de México, refugio de capos.
Los informes de la Sedena coinciden con los que aporta la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal: según estos infor-
La entidad se ha posicionado en el segundo lugar a nivel nacional por el delito de las extorsiones. Los informes oficiales aseguran que el cártel que más explota esta actividad es La Familia Michoacana. Pero eso no es todo: este grupo delictivo, cuyo asiento está en el estado de Michoacán –otro territorio asolado por el crimen –impone su ley al controlar también los precios de productos alimenticios, entre otros, la tortilla, el huevo, la carne, el pollo y se asegura que también mantiene a raya a los comerciantes de materiales de construcción. Sin importar el giro, a los negocios también les impone pago de piso.
Los mismos datos oficiales sostienen que, tan sólo en lo que va del año, el crimen ha extorsionado a unas dos mil personas. Y las estadísticas revelan que este delito –uno de los más perturbadores –ha ido en aumento desde el año 2018 (hubo mil casos) y 2019 (1,500).
Pese a esta realidad perniciosa, el gobernador Alfredo del Mazo sostiene que en su estado no pasa nada y que
De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto (gráfica), en México existen 19 cárteles considerados por él como de “alto impacto” y que dominan el lavado de dinero. De este total de grupos criminales, ocho de ellos están afincados en el Estado de México.
mes, el cártel de La Familia Michoacana tiene presencia en 55 de los 125 municipios que conforman el Estado de México.
El Cártel de Jalisco, comandado por Nemesio Oseguera, “El Mencho”, controla 31 demarcaciones. Estos dos cárteles están confrontados por el control territorial. A base de balaceras, asesinatos, levantones, descuartizamiento de personas y entierros clandestinos –una forma de generar violencia y terror –los dos cárteles pretenden apoderarse del 44 por ciento del territorio restante.
El gobierno que encabeza Alfredo del Mazo no evade esta realidad: según los informes del gobierno estatal, son veinte los municipios los que concentran más del 70 por ciento de la actividad delictiva. En esos territorios operan La Familia Michoacana y el CJNG.
sigue trabajando por la seguridad de territorio.
El mandatario estatal, sin embargo, ha sido objetivo de escándalos, como el que protagonizó en 2012, cuando le detectaron que ocultó 1.5 millones de euros – 32 millones de pesos actuales –en Andorra, un país blindado en ese tiempo por el secreto bancario.
En ese tiempo, Del Mazo era presidente municipal de Huixquilucan y figuró como representante de la sociedad instrumental holandesa, a cuyo nombre se abrió una cuenta en la banca privada de Andorra. Sin embargo, el actual mandatario del Estado de México no hizo mención a dicha cuenta en su declaración patrimonial de enero de 2017.
El mandatario simplemente guardó silencio al respecto y hasta la fecha ninguna autoridad lo ha investigado.
*Con fuerte presencia en América, Europa, África y Asia
*Tan sólo en EU estiman sus ingresos anuales en 3 mil millones de dólares
*Grecia, a casi 11 mil kilómetros de distancia, su siguiente objetivo
Sinaloa.- El Cártel de Sinaloa, considerado como el más poderoso no sólo de México sino del mundo, con ingresos anuales por cerca de 3 mil millones de dólares, generados solamente por Estados Unidos, tiene presencia sustancial en al menos 50 países de América, Europa, África Occidental y Asia, lo mismo que el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque con menor nivel de penetración, señaló el Servicio Legislativo de Investigación del Congreso de la Unión Americana.
Su especialidad, es el contrabando de enervantes procedentes de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, así como de los que producen en México como amapola, heroína, metanfetaminas, fentanilo y mariguana que envían a los cinco continentes.
En tanto, el CJNG, calificado por el Departamento del Tesoro estadounidense como una de las «organizaciones narcotraficantes más violentas del mundo, desarrolla operaciones en América, Asia y Europa, distribuyendo cocaína, metanfetaminas y fentanilo a lo largo de 10 mil kilómetros de la costa del Pacífico.
Esta organización se mueve a sus anchas en una ruta que va desde el Cono Sur hasta la frontera con Estados Unidos y Canadá, territorios donde ha realizado negocios cuyas inversiones llegan hasta Dubái, uno de los Emiratos Árabes Unidos, con ganancias que también son de miles de millones de dólares al año.
Un informe publicado por el Centro para Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), con sede en Washington, menciona las inversiones hechas en los Emiratos Árabes Unidos por los empresarios mexicanos Hassein Eduardo Figueroa Gómez y su padre, Ezio Benjamín Figueroa Vázquez, ambos sancionados por el Departamento del Tesoro de EU.
El Departamento del Tesoro de EU los incluyó como parte de una red internacional de tráfico de precursores químicos al mejor postor, esto es al servicio de la organización que mejor pagara sus servicios.
Figueroa Vásquez fue arrestado por autoridades mexicanas y pese a ser extraditado y a que se encuentra en una prisión estadounidense, sigue operando sin problemas, tomando a Dubái como base para continuar sus actividades comerciales.
Por su parte, Figueroa Gómez ha invertido más de 4 mil 300 millones de dólares en inmuebles de lujo en Dubái, independientemente de que ha llegado a tener en operación siete empresas en los Emiratos Árabes Unidos y en la República Turca de Chipre.
Informes de las autoridades americanas y de la Unión Europea, revean que entre algunos de los países a los que se expandieron el CDS y el CJNG se encuentran: Italia, Australia, Argentina, Perú, Japón y China, en los que a través de los circuitos financieros de México y Estados Unidos lavan dinero en bancos como Citibank y HSBC.
El más reciente informe de la ONU sobre la producción mundial de cocaína, resalta que las organizaciones criminales de México (Sinaloa y Jalisco), son actores poderosos en la materia a nivel mundial, además de que el panorama criminal mexicano es cada vez más complejo y fragmentado, a la vez que destaca que el aumento de la violencia en América Latina se debe a la rivalidad entre los referidos grupos criminales.
Estas organizaciones criminales rivales que se expandieron a todo el mundo, difieren en la manera cómo logran el control territorial, pues mientras que el CJNG basa su poder en la fuerza e intimidación, el CDS ejerce una violencia relativamente moderada mediante patrones de soborno o extorsión.
Según el Informe Mundial sobre la Cocaína 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la producción mundial de cocaína se ha disparado drásticamente en los dos últimos años tras una desaceleración inicial causada por la pandemia del Covid-19.
El cultivo de coca se disparó un 35% de 2020 a 2021, una cifra récord desde 2016 y el crecimiento de la oferta ha ido acompañado de un aumento similar de la demanda, por lo que muchas regiones han registrado un incremento constante de consumidores de cocaína en la última década, siendo Estados Unidos el principal consumidor.
El estudio señaló que actualmente las autoridades mexicanas han identificado nueve grandes grupos criminales, que incluye aproximadamente un total de 53 cárteles que a su vez derivan en más de 300 células en todo México.
Se identificó que las rutas de contrabando de cocaína a través de la frontera entre México y Estados Unidos, suelen estar controladas por células que manejan la logística y que una célula típica está dirigida por un coordinador de alto rango que cuenta con dos lugartenientes.
Se destacó que estas células criminales, sólo facilitan el transporte de droga a través de la frontera o cobran a traficantes independientes para permitir el paso, de tal suerte que el tráfico de cocaína es sólo una parte de la economía en la que se insertan los cárteles mexicanos, ya que pueden controlar otros mercados criminales como el tráfico de fentanilo, mariguana, heroína, metanfetaminas, armas y tráfico de personas.
El estudio refiere que la expansión del CDS y del CJNG a territorios extranjeros, puede no seguir necesariamente los patrones establecidos y que el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico en América del Sur y Centroamérica es por la rivalidad y la competencia entre esos cárteles.
Sin embargo es un hecho que los narcos mexicanos están a la cabeza en cuanto a logística del tráfico de cocaína a través de aviones privados, aeronaves ligeras y jets que sib acondicionados para esas tareas.
El cártel del Noreste se reposiciona en el mapa del crimen organizado nacional y, bajo el liderazgo de Juan Cisneros Treviño –primo de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40 –tiene bajo control buena parte de la región norte del país.
Entre otros estados, domina Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y, hacia el Golfo de México, tiene fuerte presencia en Tabasco, Veracruz; hacia el centro del país es uno de los cárteles generadores de violencia en Zacatecas, Jalisco, Michoacán y algunas de sus células han sido reportadas en el Bajío, particularmente en Guanajuato, una de las regiones más violentas.
El cártel del Noreste vivió una etapa de esplendor en Tamaulipas durante el gobierno de Francisco Cabeza de Vaca –actualmente libre de cargos y quien se apresta a jugar la candidatura presidencial por el PAN en el 2024 --; tal bonanza parece continuar ahora con la administración de Américo Villarreal, el nuevo gobernador de esa entidad que compitió por MORENA y ganó las elecciones.
Los escándalos alrededor de Villarreal salieron a flote cuando fue acusado de recibir financiamiento precisamente del cártel del Noreste; también fue señalado de haber realizado una suerte de pacto para no molestar al grupo criminal que tiene su asiento en la entidad tamaulipeca.
El cártel del Noreste va en ascenso ahora con sus presuntas ligas políticas con MORENA. Es un cártel bien posicionado que surgió de las escisiones de sufrió el cártel de Los Zetas –otrora brazo armado del cártel del Golfo –y que devino en un grupo menor debido a la desbandada de sus principales miembros y jefes: El fundador de ese grupo criminal, Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, fue ejecutado en Coahuila, según la versión oficial, mientras que Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40” terminó capturado en Nuevo León. De esta forma el grupo criminal se debilitó y sus nuevos líderes no pudieron sostener en pie la franquicia.
De esta forma surgió, pujante, el cártel del Noreste, pues se nutrió de restos de Los Zetas y de otras piezas desechadas del cártel del Golfo. Sin embargo, eso no significó que su fuerza resultara menor, por el contrario, el cártel es señalado dentro y fuera de México como uno de los más violentos y sanguinarios junto con el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), segundo más poderoso de México y con fuerte presencia al menos en dos continentes: América Latina y Europa.
Tras la detención de su anterior jefe –Gerardo Treviño, conocido en el mundo del hampa como “El Huevo”, extraditado a Estados Unidos en marzo de 2022, el cártel del Noreste no esperó mucho tiempo para encontrar a su relevo: Más rápidos que una empresa trasnacional, la organización criminal puso de jefe al primo de Treviño –Juan Cisneros Treviño –quien también es primo de “El Z-40”, actualmente encarcelado en el penal de La Palma, en el Estado de México.
El detenido Gerardo Treviño –extraditado a Estados Unidos el mismo día de su captura –tiene un voluminoso expediente en ese país: es acusado de tráfico de enervantes, asesinatos, lavado de activos y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Pero la nueva generación del cártel del Noreste es más pujante con el liderazgo de Juan Cisneros Treviño. Controlan mayor extensión territorial, disponen de armamento de alto poder –Barret .50 y helicópteros artillados, por ejemplo –para defender sus dominios y enfrentarse a otros cárteles para pelear el mercado de drogas y las principales rutas de trasiego.
Aunque son familiares, “Juanito” y “El Huevo” –primos ambos –mantenían una fuerte rivalidad por el control del cártel del Noreste. Dentro y fuera de la organización criminal impera la sospecha fundada de que Cisneros Treviño fue quien delató a su pariente para que fuera detenido por efectivos militares aquel 19 de marzo de 2021; también se afirma que le declaró la guerra a los miembros de La Tropa del Infierno, el grupo armado remedo de Los Zetas que fundó “El Huevo”. A “Juanito” se le atribuye haber aportado información a las autoridades para que fueran capturados varios elementos de ese ejército criminal y, así, ir debilitando la estructura de Gerardo Treviño hasta que logró su estrepitosa caída.
Según su ficha criminal, Juan Cisneros Treviño es miembro de una amplia familia ligada al tráfico de drogas: es sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40, detenido en el año 2013 en los límites de Coahuila y Nuevo León.
“Juanito” tiene otro tío, según sus antecedentes: se llama Óscar Omar Treviño Morales, hermano de Miguel Ángel; le apodan “El Z-42 y uno de los más sanguinarios del clan Treviño. El nuevo jefe del cártel del Noreste, de acuerdo con su historia personal, es hijo de Ana Isabel Treviño Morales, actualmente detenida; es medio hermano de una mujer llamada Sofía del Carmen, conocida en el mundo del hampa como “La Mojón”; de Orlando, “El Rolis”, y de Carlos Alberto, “La Bola” Monsiváis Treviño. Todos ellos purgan condenas en diversas prisiones de alta seguridad del país por delitos vinculados a la delincuencia organizada.
Tras la fundación de Los Zetas, a finales de los años noventa por parte de Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, y Arturo Guzmán Decenas, ese grupo armado se convirtió en el ejército del cártel del Golfo. Sus actuaciones en el escenario de guerra se caracterizaban por ser verdaderos baños de sangre. N les importaba si en la metralla desatada morían personas inocentes. Por esa razón fueron aumentando las masacres. Era una estrategia para infundir miedo y el terror lo transmitían a la sociedad y a las autoridades cortándole la cabeza de sus rivales o descuartizando cuerpos humanos. Los Zetas pusieron de moda el horror extremo con la decapitación de rivales, una modalidad de muerte que aprendieron de sus socios centroamericanos “Los Kaibiles”, exmiembros del Ejército de Guatemala que, al igual que una treintena de Zetas, también desertaron de la milicia.
En ese tiempo, el jefe del cártel del Golfo y Los Zetas era Osiel Cárdenas Guillén –se afirma que en menos de cinco años puede estar libre tras purgar su condena -- quien relevó en el poder a Juan García Ábrego, “La Muñeca”.
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*De acuerdo con la Auditoría ASCM/31/19 aplicada por el órgano fiscalizador del Congreso de la Ciudad de México, al CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS”, de la SECRETARÍA DE LAS MUJERES, en la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2019
*El gasto de la SEMUJERES con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” ascendió a 63,241.0 millones de pesos mediante 25 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), los cuales se pagaron con recursos fiscales
Redacción/La Opinión de México
Ciudad de México.- De acuerdo con la Auditoría ASCM/31/19 aplicada por el órgano fiscalizador del Congreso de la Ciudad de México, al CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS”, de la SECRETARÍA DE LAS MUJERES, en la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2019, la SEMUJERES reportó un presupuesto original de 64,970.0 millones de pesos, monto que tuvo un decremento de 1,729.0 millones de pesos, para quedar en un presupuesto modificado y ejercido de 63,241.0 millones de pesos.
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El programa social seleccionado fue el siguiente:
Programa social: Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia de la Ciudad de México 2019” Tipo de ayuda: Transferencia económica directa Objetivo general del programa: Promover procesos participativos y organizativos de mujeres en la modalidad de multiplicadoras para el conocimiento, ejercicio y exigibilidad de sus derechos y la apropiación de la ciudad, sus colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales desde una perspectiva de género, incluyente y democrática que contribuya al fortalecimiento de su autonomía física, económica y política. Total: 36,671.0 Mediante el oficio núm. SAF/SE/5032/2018 de fecha 6 de diciembre de 2018, la Subsecretaría de Egresos de la SAF comunicó a la entonces Dirección General del INMUJERES el techo presupuestal para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por un monto de 268,174.9 millones de pesos, de los cuales 135,834.4 millones de pesos se destinarían a servicios personales; 132,340.5 millones de pesos a otros gastos, entre ellos, al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”; y 2,249.2 millones de pesos correspondían a recursos etiquetados.
Además, la SAF indicó que el plazo establecido para la entrega de la versión impresa de los reportes sería con límite al 12 de diciembre de 2018, de conformidad con los artículos 26, 27 y 41 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México vigente en 2018.
Mediante el oficio núm. INMUJERES-DF/DG/0008/12-2018 del 12 de diciembre de 2018 con sello de recepción de la misma fecha, el entonces INMUJERES remitió a la Subsecretaría de Egresos de la SAF en forma impresa, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2019 con la información de los Módulos de Integración por Resultados e Integración Financiera por un monto de 268,174.9 millones de pesos.
2. La estructura del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019 consideró los elementos y bases para la programación, es decir, los objetivos, políticas, prioridades y metas de la dependencia de conformidad con el Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019, emitido por la Subsecretaría de Egresos de la SAF.
Asimismo, se constató que las 10 actividades institucionales que consideró la dependencia estuvieron vinculadas con el Programa de Gobierno 2019-2024 publicado en el portal web https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/12/ plan_gob_nov_digit al.pdf, en cumplimiento al procedimiento “Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual” contenido en el manual administrativo del entonces INMUJERES con registro núm. MA-69/101215-E-INMUJERES-11/2007, vigente en 2019.
*El Infonavit no aplica la ley por parejo, y beneficia a los allegados, su prueba es que pagó millonarias sumas de publicidad y monitoreo de medios y hasta encuestas telefónicas
*Erogó recursos para promocionar su imagen en el equipo de beisbol Tomateros de Culiacán en los partidos de la Liga Mexicana del Pacifico
Redacción/La Opinión de México
Ciudad de México.- Mediante al menos 23 contratos de publicidad y monitoreo de medios y hasta en encuestas telefónicas, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ha pagado un total de 181 millones 478 mil 574 pesos, los cuales impactaron los ejercicios fiscales del 2022 y 2023, según demuestran documentos en poder de Grupo Sol Corporativo.
NARCOTRÁFICO VERACRUZ ESPECIALES
*El Estado de México ya es un territorio de excepción: el narcotráfico lo domina todo: gobierna municipios, realiza obra pública, cobra derecho de piso, distribuye drogas, secuestra, desaparece, mata y todo ocurre en completa impunidad. Ellos tienen todo el poder político, criminal y económico
*Ninguna autoridad interviene para poner freno al crimen, es más, la policía actúa como brazo armado de los cárteles La Familia Michoacana, Viagras y CJNG; la Fiscalía protege a delincuentes a cambio de cañonazos de dinero, mientras la sociedad padece la violencia del narco y enfrenta la muerte cuando los grupos criminales se enfrentan por el control territorial
*Alito Moreno se impuso una vez más en el PRI, extendiendo su mandato hasta 2024 con la intención de controlar candidaturas y los negocios partidistas, pero la sombra de investigaciones por actos de corrupción opaca sus ambiciones
*Sobre su cabeza pesan acusaciones por enriquecimiento ilícito y presuntos desvíos de recursos durante su paso por la gubernatura de Campeche, aunque sólo han caído algunos excolaboradores suyos
CORRUPCIÓN: CALDERONISMO
ALITO: EXPEDIENTE ABIERTO PEMEX DESTINÓ MIL
130 MDP EN LA ERA DE CALDERÓN
*La ASF revisó un total de 1,130,082.4 millones de pesos, que representa el 14.6% de los servicios de arrendamiento de equipos, los cuales se conforman por el importe conjunto de los ocho contratos, de los que tres se adjudicaron a través de licitación pública internacional, por 353,653.2 millones de pesos y cinco por adjudicación directa, por 776,429.2 millones de pesos
*Altos funcionarios del gobierno de Veracruz conforman esta red o presunta organización criminal dedicada al tráfico de personas hacia Estados Unidos
*Utilizan a las corporaciones policiacas para custodiar camiones repletos de migrantes que, previamente, han pagado por cruzar por la entidad sin ser detenidos ni deportados
*El negocio parece muy rentable, pues se han sumado miembros de la Sedena, Guardia Nacional y hasta efectivos de La Marina