La Opinión de México | Edición n.º 11 | 23 de mayo de 2022

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¡DEFRAUDADORES! Ciudad de México

Del 23 al 29 de mayo del 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 11

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*Moisés El-Mann Arazi, del grupo E-Desarrollos y FUNO, es uno de los pseudoambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya; sin embargo, se ha visto envuelto en escándalos de fraudes.

Prueba de ello es el pago de 2 mdp por un quebranto al Infonavit *Los problemas de los pseudoambientalistas también se han reflejado con sus “socios” Zaga Tawil, que demandaron a André y Moisés El Mann Arazi por el uso indebido de recursos que tenían en un fideicomiso para la compra de bienes inmuebles en EU Redacción/La Opinión de México Ciudad de México.- Moisés El-Mann Arazi, del grupo E-Desarrollos y FUNO, es uno de los pseudoambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya; sin embargo, se ha visto envuelto en escándalos de fraudes. Prueba de ello es el pago de 2 mil millones de pesos por un quebranto al Infonavit, además del embargo de propiedades y congelamiento de cuentas por mil millones por el uso indebido de recursos que tenían con Rafael Zaga Tawil en un fideicomiso para la compra de bienes inmuebles en Estados Unidos.

El gobierno de la 4T asestó un duro golpe a los empresarios El-Mann Arazi y Rafael y Teófilo Zaga Tawil, accionistas de Telra Realty, empresa que obtuvo en 2014 un contrato exclusivo del Infonavit para desarrollar un programa de movilidad hipotecaria, mejor conocido como Cambiavit.

Moisés El-Mann Arazi

André El-Mann Arazi

QUINTANA ROO

NARCOTRÁFICO

DEA BUSCA ACABAR CON IMPUNIDAD DE CAPOS MEXICANOS ¡PAREJA DELICTIVA! Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo

*Con nuevas estrategias de búsqueda, aumento de recompensas y un amplio despliegue de carteles a lo largo y ancho de la frontera con México, la agencia antidrogas norteamericana, DEA, busca poner fin a la impunidad que envuelve a varios capos mexicanos, por quienes ofrece sumas millonarias por información que permita su captura *Se trata de Rafael Caro Quintero, Ismael el "Mayo” Zambada y cuatro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, quienes responden a los nombres de Iván y José Alfredo Guzmán Salazar; Joaquín y Ovidio Guzmán López. Todos ellos son identificados como el clan de “Los Chapitos”, quienes controlan un ala importante del Cártel de Sinaloa, lo que les permite mantener de pie el tráfico de drogas a gran escala desde México hacia Estados Unidos *Por Caro Quintero la DEA ofrece 20 millones de dólares; por Zambada García, 15, y por cada uno de los hijos de Guzmán Loera la recompensa es de 5 millones de dólares. Todos estos personajes viven en México en completa impunidad, por lo que la DEA se propone acabar con la protección que los ha mantenido libres y activos en el negocio de las drogas

*Dicta juez auto de formal prisión contra Carlos Alberto Moyano Menchaca, marido de la expresidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña *El esposo de la candidata por el PAN-PRD-CQ a gobernadora ya es considerado prófugo de la justicia por diversos delitos cometidos en Nayarit, Jalisco y Quintana Roo *El jalisciense tiene cuentas pendientes desde 2009 a la fecha por asuntos de toda índole que le han llevado a tramitar amparos contra diversas autoridades para evitar la acción de la justicia

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Ciudad de México, del 23 al 29 de mayo de 2022

Redacción/ La Opinión de México

Ciudad de México.Moisés El-Mann Arazi del grupo E-Desarrollos y FUNO, es uno de los pseudoambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya, sin embargo, se ha visto envuelto en escándalos de fraudes, prueba de ello es el pago de 2 mil millones de pesos por un quebranto al Infonavit, además del embargo de propiedades y congelamiento de cuentas por mil millones por el uso indebido de recursos que tenían con Rafael Zaga Tawil en un fideicomiso para la compra de bienes inmuebles en Estados Unidos.

El gobierno de la 4T asestó un duro golpe a los empresarios El-Mann Arazi y Rafael y Teófilo Zaga Tawil, accionistas de Telra Realty, empresa que obtuvo en 2014 un contrato exclusivo del Infonavit para desarrollar un programa de movilidad hipotecaria, mejor conocido como Cambiavit.

Cambiavit atendía a la necesidad de los derechohabientes del Infonavit de cambiar de vivienda, aún sin haber terminado de pagar su hipoteca, ante la modificación de sus necesidades habitacionales. Se requería de un programa para tal fin, pero el caso de la contratación de Telra ejemplificó como una necesidad legítima fue extralimitada en el proceso de contratación de un tercero.

En mayo de 2017 bajo la gestión de David Penchyna se procedió a cancelar anticipadamente el contrato por decisión del Consejo del Infonavit y a indemnizar a Telra. Se autorizó el pago de aproximadamente 5 mil 88 millones de pesos a los accionistas, los El-Mann Arazi y los Zaga Tawil, lo que propició la demanda de la FGR de la 4T. Por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Santiago Nieto, solicitó información de los principales accionistas del Fibra Uno. El número de requerimiento 110/F/B/646/2020 de la UIF, fue recibido un día después por la Comi-

Moisés El-Mann Arazi. sión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Adalberto Palma. Las autoridades actuaban con base en una denuncia que se interpuso contra los ElMann y los Zaga por un quebranto en perjuicio del Infonavit.

La querella en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) al mando de Alejandro Gertz Manero, solicitó el congelamiento de cuentas de los accionistas.

Los El-Mann ofrecieron a la FGR y a la UIF un acuerdo reparatorio a fin de evitar un daño mayor que afectara al resto de sus negocios.

El principal de ellos, Fibra Uno, fideicomiso que posee más de 560 propiedades que representan 8.7 millones de metros cuadrados que registran un 94.3 por ciento de ocupación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio Gertz Manero, dieron a conocer la recuperación de 2 mil millones de pesos, que fue lo que los El-Mann tuvieron que pagar.

Se espera que los Zaga también ofrezcan un acuerdo reparatorio similar, de ahí que el fiscal haya declarado que se esperan más recursos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Sin embargo, los problemas de los pseudoambientalistas El-Mann Arazi también se han reflejado con sus “socios” Zaga Tawil, ya que resulta que Rafael Zaga Tawil demandó a sus exsocios por

André El-Mann Arazi.

el uso indebido de recursos que tenían en un fideicomiso para la compra de bienes inmuebles en EU. Zaga Tawil los denunció ante la Comisión Na-

en los Eventos Relevantes de Fibra Uno (FUNO) en la BMV. Los hermanos André y Moisés El-Mann Arazi, principales accionistas

*Moisés El-Mann Arazi, del grupo E-Desarrollos y FUNO, es uno de los pseudoambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya; sin embargo, se ha visto envuelto en escándalos de fraudes. Prueba de ello es el pago de 2 mdp por un quebranto al Infonavit *Los problemas de los pseudoambientalistas también se han reflejado con sus “socios” Zaga Tawil, que demandaron a André y Moisés El Mann Arazi por el uso indebido de recursos que tenían en un fideicomiso para la compra de bienes inmuebles en EU

cional Bancaria y de Valores, que dirige Jesús de la Fuente Rodríguez, por la recurrente falsedad de la información divulgada

del fideicomiso inmobiliario Fibra Uno, sufrieron un supuesto embargo de mil millones de pesos (48 millones de dólares)

como parte de una disputa que tienen con el también empresario Rafael Zaga Tawil y aparentemente su antiguo socio en un proyecto de financiamiento hipotecario.

El Juzgado Cuarto Civil de la Ciudad de México ordenó, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que fueran congeladas las cuentas de los empresarios en cualquier institución del sistema financiero nacional, dijo Zaga en un comunicado emitido por su empresa Telra Reality.

El juez solicitó además el congelamiento de los derechos corporativos y patrimoniales de los ElMann Arazi en Fibra Uno, el mayor administrador de inmuebles listado en bolsa y les ordenó abstenerse de disponer o transferir los títulos de la firma.

“También se ordenó como parte de las medidas, la suspensión inmediata de los señores El-Mann Arazi de sus calidades de miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 366 constituido ante Banco Ve Por Más”, agregó Zaga en el comunicado.

El juicio ordinario mercantil es promovido contra los empresarios por la presunta disposición indebida de recursos por mil millones de pesos. Las medidas cautelares sufrieron efecto desde el 7 de diciembre, agregó el demandante.

Fibra Uno informó que miembros de su comité técnico enfrentaban un juicio ordinario mercantil en lo personal, pero sin mencionar el embargo.

Zaga Tawil es, por su parte, investigado por las autoridades judiciales al respecto de un fraude supuestamente cometido en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la dependencia encargada de otorgar préstamos hipotecarios a los trabajadores del sector privado a tasas atractivas, mientras que también promueve la edificación de vivienda para esos mismos trabajadores.

La Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de la investigación contra los Zaga

Tawil. Esa pesquisa se da a partir de que el Infonavit, en el gobierno del presidente Enrique Paña Nieto, pagó una indemnización presuntamente ilegal de cinco mil 88 millones de pesos (242 millones de dólares) a la empresa Telra Realty, de la familia Zaga Tawil, cuando esa dependencia terminó por anticipado el contrato por el cual Telra tuvo el encargo de desarrollar el programa movilidad hipotecaria, de acuerdo con reportes de medios.

FUNO es fundada en 2011 y se convierte en el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) en México.

Comenzó con una cartera inicial de 13 propiedades.

La filosofía empresarial de FUNO se basa en un conocimiento amplio y profundo, así como en un proceso de decisión centrado 100% en el sector inmobiliario. Llevando a cabo su oferta pública inicial bajo un complejo escenario económico global, convirtiéndonos en la primera empresa inmobiliaria que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

Durante la década de los 70 la familia El-Mann forma e-Group, distribuidora de pintura, en 1990 e-Group adquiere su primera propiedad industrial.

En 1995- e-Group desarrolla el centro comercial Las Américas, en Cancún; entre 1997-2009 e-Group se expande y consolida su presencia en el sur del país; en 2011 Moisés ElMann lanza junto a su hermano y dos socios Fibra Uno, el primer fondo de inversión inmobiliaria cotizado en la Bolsa Mexicana de Valores, en 2013 Fibra Uno compra a Moor Park Capital una cartera de sucursales de Banco Sabadell.

Fibra uno es una empresa mexicana dedicada a la adquisición, desarrollo, renta y operación de desarrollos inmobiliarios.

El principal mercado en México de Fibra Uno está basado en complejos turísticos y el desarrollo de centros comerciales, aunque también abarca viviendas, oficinas y hasta bodegas.

laopiniondemexico.mx Ciudad de México, del 23 al 29 de mayo de 2022

EL FOBAPROA AZUCARERO DE FOX QUE COSTÓ 19 MIL MDP Redacción/ La Opinión de México

Ciudad de Mexico.- El 3 de septiembre de 2001, el entonces presidente Vicente Fox, decidió expropiar 27 ingenios azucareros, en aras de protegerlos de las inmensas deudas en que los hundieron sus dueños, lo que representó uno de los grandes errores económicos del sexenio, y prueba de ello es que la mayoría de las factorías se devolvieron a sus propietarios tras la impugnación jurídica del decreto expropiatorio de 2001 Esta maniobra, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tuvo un costo fiscal de 19 mil millones de pesos y de ese monto 5 mil 776 millones (32 por ciento) correspondieron a los recursos públicos que el gobierno de Fox gastó en la expropiación, y 12 mil 305 millones son pasivos acumulados por Financiera Nacional Azucarera.

De los 27 ingenios expropiados por Fox y que fueron reprivatizados en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, nueve pertenecían al empresario Enrique Molina Sobrino; una cantidad similar al negociador del capítulo azucarero en el Tratado de Libre Comercio, Juan Gallardo Thurlow; cinco del empresario y político Alberto Santos de Hoyos; tres de Teresita Machado, y uno más de la familia Seoane.

Según el acuerdo con la ASF, del total de ingenios expropiados 14 fueron devueltos a sus dueños por resolución de la Suprema Corte de Justicia, cuatro vendidos entre 2005 y 2011, y nueve que se encuentran en espera de una resolución judicial.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reconoció en su momento que las personas afectadas por la expropiación demandaron la reversión de la propiedad, pero no se ha emitido una resolución definitiva por parte de la autori-

dad competente.

La todavía Secretaría de la Función Pública aclaró también en el Diario Oficial de la Federación de septiembre del 2011 que “no existe ningún otro procedimiento administrativo o medio judicial que pueda perturbar la propiedad que actualmente ostenta la Nación sobre los nueve ingenios”, pero queda pendiente un concurso mercantil.

Lo cierto es que los nueve ingenios en cuestión generan un 27 por ciento de las 5 millones de toneladas de azúcar que cada año se producen en México.

Antes de su expropiación, los dueños de las 27 centrales azucareras tenían adeudos con el fisco, IMSS, Financiera Nacional Azucarera, Bancomext, FIRA (del Banco de México), Banrural hoy Financiera Rural, a la banca comercial, Conagua, así como productores y jornaleros.

En aquel entonces, Fox mandó a sus funcionarios para sustentar la expropiación: Francisco Gil Díaz, de la Secretaría de Hacienda; Javier Usabiaga, de Agricultura, y Luis Ernesto Derbez, de Economía.

Hoy, los mexicanos salen perdiendo con el Fobaproa azucarero implementado por el gobierno foxista que rasuró una deuda de tres mil millones de dólares que venían cargando los dueños de los ingenios beneficiados en los tiempos salinistas.

Hasta el sexenio pasado, se dijo que la Procuraduría General de la República mantenía investigaciones sobre las empresas que causaron el descalabro financiero de la industria azucarera.

Sobre todo por las operaciones irregulares que realizaban con exportaciones simuladas, como lo denuncia la ASF. De acuerdo con el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007, con los citados estados financieros, se constató que los 13 FISOS presentaron una pérdida de opera-

ción de 712,133.0 millones de pesos y en los resultados del ejercicio presentaron un déficit por 716,492.0 millones de pesos.

Así lo señala el Informe de la Auditoría Especial, Auditoría de la Administración de los Ingenios Azucareros Expropiados, Auditoría: 07-3-08I6U-06-0697.

En donde se concluye que las pérdidas reflejadas por los FISOS se debieron a que los costos y gastos de operación fueron superiores a los ingresos obtenidos por la comercialización de productos y subproductos y por el costo integral de financiamiento.

tración del Estado) los estados financieros dictaminados, y los dictámenes correspondientes, en cumplimiento del artículo 32-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

En los dictámenes referidos, el despacho opinó que los estados financieros presentaron razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de los FISOS al 31 de diciembre de 2007, así como los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio fideicomitido y los cambios en la situación financiera por el año

*Representó uno de los grandes errores económicos del sexenio, y prueba de ello es que la mayoría de las factorías se devolvieron a sus propietarios tras la impugnación jurídica del decreto expropiatorio de 2001 *Del total de ingenios expropiados, 14 fueron devueltos a sus dueños por resolución de la Suprema Corte de Justicia, cuatro vendidos entre 2005 y 2011, y nueve que se encuentran en espera de una resolución judicial *Los mexicanos salieron perdiendo con el Fobaproa azucarero implementado por el gobierno foxista, que rasuró una deuda de tres mil millones de dólares que venían cargando los dueños de los ingenios beneficiados Se constató que la firma de contadores públicos del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. presentó a los comités técnicos de los 13 FISOS (12 ingenios expropiados y uno que no se ha devuelto y que está en adminis-

de 2007, de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas.

El objetivo de la ASF fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos aplicados para administrar los ingenios

propiedad del Gobierno Federal, y verificar que se ajustaron a la legislación y normativa; las gestiones realizadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para la recuperación de los recursos otorgados a nueve ingenios como apoyos fiscales para su operación en 2001 y 2002; las gestiones realizadas para dar destino a los ingenios expropiados propiedad del Estado, así como los recursos otorgados a los programas implementados por el Gobierno Federal para apoyar al sector azucarero por medio de financiamientos o subsidios.

Comprendió la evaluación del diseño del control interno del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA); las acciones realizadas en 2007 para la operación y administración de los ingenios expropiados y de sus activos; se revisaron 1,099,635.2 millones de pesos que representan el 52.4% de los 2,098,631.2 millones de pesos, que incluyó el registro, control y ejercicio del gasto realizado por el FEESA en 2007 por 8,535.6 millones de pesos; el control y registro de 511,917.6 millones de pesos de los recursos obtenidos por el ingenio Atencingo por la venta de azúcar y miel, y los recursos radicados para sus gastos de operación; las gestiones realizadas por la Sagarpa para la recuperación de los recursos por 579,182.0 millones de pesos; las acciones realizadas para el pago de indemnizaciones a los expropietarios de los bienes expropiados de 9 ingenios, y para la desincorporación de los ingenios propiedad del Gobierno Federal; las acciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para la enajenación de los ingenios que ya son propiedad del Estado.

Las acciones realizadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, por la Sagarpa, la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para vigilar el exacto cumplimiento del Decreto de expropiación de 27 ingenios azucareros; así como la fiscalización de la Financiera Rural (FR) y del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) respecto de las actividades realizadas para el otorgamiento de recursos públicos al sector azucarero en el marco de los programas implementados por el Gobierno Federal para apoyar al campo cañero.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados: Partida 4301 “Servicios Personales”. 8,535.6 millones de pesos Comercialización de azúcar y subproductos Atencingo 312,090.7 millones de pesos Gastos de operación Atencingo 199,826.9 millones de pesos Recuperación de apoyos 579,182.0 millones de pesos ÁREAS REVISADAS La Dirección de Administración y Sistemas del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero; la Oficialía Mayor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Dirección Ejecutiva de Comercialización de Cartera y Empresas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; la Dirección General de Industrias Básicas de la Secretaría de Economía; la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública; la Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de Negocios de Financiera Rural; y la Dirección Ejecutiva del Apoyo a los Agronegocios del Fideicomiso de Riesgo Compartido.

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ATAQUE A LA EDUCACIÓN

Redacción / La Opinión de México Ciudad de México.- Mientras la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha decidido desaparecer las escuelas de tiempo completo lo que deja en indefensión a 3.6 millones de niñas y niños, la dependencia que encabeza Delfina Gómez, no ha podido aclarar en que se han ejercido 573 millones 605 mil 778 pesos con 38 centavos.

Así lo señala el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 en la Auditoría de Cumplimiento: 2020-0-11100-19-0124-2021 124-DS realizada al programa

La Escuela es Nuestra.

Se determinó un monto por 581 millones 205 mil 778 pesos con 38 centavos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7 millones 600 mil pesos, con motivo de la intervención de la ASF La ASF tuvo como objetivo fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario La Escuela es Nuestra se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.

En 2020, la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública destinó recursos por 7 millones 250 mil 300 pesos del programa U282 La Escuela es Nuestra para el pago de apoyos a comunidades escolares de las escuelas públicas de educación básica para mejorar sus condiciones de infraestructura y equipamiento con cargo en la partida 43801 “Subsidios a

Entidades Federativas y Municipios”, de los que se revisaron 1 millón 187 mil 650 pesos que representan el 16.4% de los subsidios económicos otorgados a las comunidades escolares para el mantenimiento, rehabilitación, equipamiento o construcción de espacios educativos.

Por otra parte, los recursos objeto de revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2020, Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 11 Secretaría de Educación Pública, U282 La Escuela es Nuestra.

La normativa que regula la operación del programa carece de mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar su operación, ni se establecen los plazos máximos para que los planteles

beneficiarios de los apoyos ejerzan y comprueben la aplicación de los recursos, ni se señalan posibles causales de incumplimiento en la aplicación de los apoyos.

Los integrantes de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), como responsables de la ejecución de los recursos, no cuentan con los conocimientos técnicos y experiencia en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura física educativa que aseguren la integridad física de las comunidades escolares, ni tampoco en el manejo y administración de los recursos, además de que tampoco cuentan con acompañamiento y asesoramiento en dichas materias por parte de personal de la Secretaría de Educación Pública ni de la Secretaría de Bienestar que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas del programa No se proporcionó la documentación que acredite el reintegro a la Tesofe de 9 millones 450

mil pesos, correspondientes a los apoyos otorgados a 40 beneficiarios que no activaron las tarjetas bancarias en las que se les depositaron los apoyos del programa.

Con la revisión de 1,757 expedientes, se constató que éstos no cuentan con documentación que acredite la aplicación de apoyos por 564 millones 155 mil 8 pesos.

CONSECUENCIAS SOCIALES En el apartado “Considerando” del acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa La Escuela es Nuestra vigentes en 2020, se indica que dicho programa busca fortalecer la organización de las comunidades escolares mediante la instalación de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) electos en asambleas escolares y lograr que rindan más el presupuesto, evitando la corrupción, el clientelismo y la discrecionalidad en el manejo

del presupuesto destinado a la infraestructura educativa, y también se señala que el objetivo general del programa es mejorar las condiciones de la infraestructura y el equipamiento de los planteles públicos de educación básica; sin embargo; dicho objetivo se cumple parcialmente, toda vez que se constató que los integrantes de los CEAP, como responsables de la ejecución de los recursos, no cuentan con los conocimientos técnicos y experiencia en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura física educativa que aseguren la integridad física de las comunidades escolares, ni tampoco en el manejo y administración de los recursos, además de que tampoco cuentan con acompañamiento y asesoramiento en dichas materias por parte de personal de la Secretaría de Educación Pública ni de la Secretaría de Bienestar que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas del programa.

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Del 23 al 29 de mayo del 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 11

EL FOBAPROA AZUCARERO DE FOX QUE COSTÓ 19 MIL MDP

*Representó uno de los grandes errores económicos del sexenio, y prueba de ello es que la mayoría de las factorías se devolvieron a sus propietarios tras la impugnación jurídica del decreto expropiatorio de 2001 *Del total de ingenios expropiados, 14 fueron devueltos a sus dueños por resolución de la Suprema Corte de Justicia, cuatro vendidos entre 2005 y 2011, y nueve que se encuentran en espera de una resolución judicial *Los mexicanos salieron perdiendo con el Fobaproa azucarero implementado por el gobierno foxista, que rasuró una deuda de tres mil millones de dólares que venían cargando los dueños de los ingenios beneficiados Redacción/La Opinión de México

Ciudad de Mexico.- El 3 de septiembre de 2001, el entonces presidente Vicente Fox, decidió expropiar 27 ingenios azucareros, en aras de protegerlos de las inmensas deudas en que los hundieron sus dueños, lo que representó uno de los grandes errores económicos del sexenio, y prueba de ello es que la mayoría de las factorías se devolvieron a sus propietarios tras la impugnación jurídica del decreto expropiatorio de 2001 Esta maniobra, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tuvo un costo fiscal de 19 mil millones de pesos y de ese monto 5 mil 776 millones (32 por ciento) correspondieron a los recursos públicos que el gobierno de Fox gastó en la expropiación, y 12 mil 305 millones son pasivos acumulados por Financiera Nacional Azucarera.

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YUCATÁN

GASTÓ SIN REGISTRO

*A mediados de 2021, la delegación del IMSS en Yucatán autorizó el desvío de 8.2 millones de pesos para finalizar la construcción de un “elefante blanco” en el Hospital General Regional No. 1, mejor conocido como T1. *La empresa ganadora contó con 150 días naturales para llevar a cabo los trabajos, pero como ya es común en estos casos, no hay registro documental y/o fotográfico de la finalización y entrega del proyecto.

CAMPECHE

¡CHANTAJISTA!

*El exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas se hunde en nuevo audioescándalo, en el que se queja aspirar a 300 millones de pesos, y solo haber obtenido “migajas” de 25 millones del dueño de Cinépolis, para financiar ilegalmente las campañas nacionales del PRI

ATAQUE A LA EDUCACIÓN Redacción/La Opinión de México

Ciudad de México.- Mientras la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha decidido desaparecer las escuelas de tiempo completo lo que deja en indefensión a 3.6 millones de niñas y niños, la dependencia que encabeza Delfina Gómez no ha podido aclarar en qué se han ejercido 573 millones 605 mil 778 pesos con 38 centavos.

Así lo señala el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 en la Auditoría de Cumplimiento: 2020-0-11100-19-0124-2021 124-DS realizada al programa La Escuela es Nuestra.

Se determinó un monto por 581 millones 205 mil 778 pesos con 38 centavos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7 millones 600 mil pesos, con motivo de la intervención de la ASF

La ASF tuvo como objetivo fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario La Escuela es Nuestra se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.

En 2020, la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública destinó recursos por 7 millones 250 mil 300 pesos del programa U282 La Escuela es Nuestra para el pago de apoyos a comunidades escolares de las escuelas públicas de educación básica para mejorar sus condiciones de infraestructura y equipamiento con cargo en la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, de los que se revisaron 1 millón 187 mil 650 pesos que representan el 16.4% de los subsidios económicos otorgados a las comunidades escolares para el mantenimiento, rehabilitación, equipamiento o construcción de espacios educativos.