G. Comunidades indígenas defienden sus derechos a la vida y al cuidado del medio ambiente ante la construcción de la Hidrovía Amazónica. (Scarlett Chavez Ochoa

II. CONFLICTOS DEL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020

Comunidades Indígenas defienden sus Derechos a la Vida y al cuidado del Medio Ambiente ante la construcción de la Hidrovía Amazónica

Scarlett Chavez Ochoa ODS: 1) FIN DE LA POBREZA, 2) HAMBRE CERO, 3) SALUD Y BIENESTAR, 10) REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 13) ACCIÓN POR EL CLIMA, 15) VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES, 16) PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

La intervención de los recursos naturales genera un impacto ambiental, y cualquier modificación que sufra el medio ambiente como consecuencia de las actividades humanas genera el empeoramiento de su calidad y con ello consecuencias en el bienestar de los pobladores, la economía, el ecosistema y la salud. De esta manera cuando se intervienen estos ecosistemas sin realizar un previo estudio integral y transversal de la dinámica sociocultural del lugar, se generan conflictos constantes, y hoy por hoy nos encontramos ante la incertidumbre en cuanto a la continuidad de este proyecto que depende mucho de las estrategias y soluciones que puedan plantear los actores involucrados ante las consecuencias que ocasione este proyecto de desarrollo.

Por esta razón el abordaje del conflicto social que se viene gestando hace un par de años en relación a la construcción de la Hidrovía amazónica que es un proyecto concesionado por el Estado peruano y aprobado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el año 2017, viene presentando dificultades para su ejecución por la principal razón de no contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) favorable, es decir este estudio no brinda las medidas necesarias para salvaguardar a las comunidades indígenas que viven en los ríos y el cuidado del vital pulmón del mundo, que es la amazonia.

Por su parte el gobierno peruano bajo intereses principalmente políticos y económicos de posicionar al país como una potencia productiva y competitiva en América latina y en el mundo, promulga en el 2019 el Decreto Supremo 238-2019- EF, donde aprueba el Plan Nacional de Infraestructura Competitiva ( PNIC) el cual promueve la construcción de la hidrovía amazónica como una hoja de ruta para lograr el desarrollo económico, proponiendo la mejora de la conectividad y de las condiciones de navegabilidad entre los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas, sin tomar en cuenta lo que esto desencadenaría. 14 comunidades dañando las propiedades del río, acabando con el ecosistema y afectando la vida de los pobladores que usan las aguas del río para su consumo. También se vería afectada la seguridad alimentaria ya que con el dragado removerán el fondo del río y esto ahuyentará a los peces del lugar. Las principales provincias que se verán afectadas económicamente serían Loreto y Ucayali por las cuales pasan los ríos a intervenir, y en donde la empresa SYNOHIDRO plantea realizar 23 puntos de dragado.

Las comunidades se oponen a que continúen con el proyecto y exigen justicia y respeto a sus derechos y a la consulta previa que si bien está enmarcada en la legislación nacional no fue considerada para este macroproyecto y por su parte la Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. (Cohidro), conformada por la empresa china Synohidro y la empresa peruana Construcción y Administración S.A (CASA), desistió en diciembre del 2019 de continuar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), después de tener más de 400 observaciones elevadas por SENACE, argumentando que no podrán subsanar estas observaciones por falta de información, sin embargo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que el contrato de concesión continúa vigente.

La negativa de las comunidades indígenas viene a raíz de las muertes que se han presentado ante otros proyectos de desarrollo como los constantes derrames de petróleo a lo largo del oleoducto Norperuano y la contaminación de decenas de ríos por minería aluvial que han provocado un impacto perjudicial para la salud de miles de personas intoxicadas con metales pesados; su miedo y preocupación se encuentra ante la respuesta indiferente del Estado ante las víctimas humanas que han cobrado estos proyectos. El Atlas de Conflictos Socioterritoriales Pan-Amazónico sustenta que a Perú se le conoce como un país andino, pero en realidad el territorio peruano está comprendido aproximadamente por un 60% de amazonia. Después de Brasil, Perú es el país con mayor territorio amazónico, con más de 73 millones de hectáreas de bosques tropicales y donde además viven 51 pueblos indíge-

nas organizados en más de 2.500 comunidades nativas y más de 1.000 comunidades campesina.

En relación a las comunidades indígenas proponen que se respete el acuerdo de Escazú, que plantean los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que les permitirá a las personas puedan tener información de cómo un proyecto en particular podría afectarlo y el impacto al medio ambiente, incorporando enfoques de interculturalidad y género. Sin embargo, el pasado martes 20 de octubre la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República rechazó el acuerdo de Escazú alegando que este atentaría con la soberanía nacional y la seguridad del país.

La situación de construcción de la hidrovía amazónica en la actualidad atraviesa un período de silencio por parte de las instituciones del Estado, donde aún no se pronuncian todos los actores en busca de una solución eficiente y en espera de respuestas concretas es necesario la intervención del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Cultura que juegan un papel importante en la solución de este conflicto.

Scarlett Chavez Ochoa soc.scarlett@gmail.com

Socióloga colegiada, con experiencia en el sector público y privado como profesional en administración de programas sociales, bienestar social, asistencia técnica administrativa y operaciones. Orientada a la investigación social, desarrollo de proyectos y programas sociales, conocimientos en relaciones comunitaria, resolución de conflictos, planificación estratégica y gestión pública.