La reticencia

Por / By Fluvio Ruíz Alarcón

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La reticencia / The reticence

El pasado 22 de julio, reunido con los principales funcionarios del sector energético, el Presidente de la República hizo explícitos diecisiete objetivos de política energética y preguntó si eran realizables con el marco jurídico vigente. Exactamente dos meses después, en una reunión similar, se anunció que cualquier reforma al marco jurídico del sector se hará después de las elecciones federales de 2021.

On July 22, at a meeting with the top energy sector officials, the President outlined seventeen energy policy objectives and asked if they were achievable within the current legal framework. Two months later, in a similar meeting, it was announced that any reform to the sector’s legal framework would take place after the 2021 federal elections.

Esta decisión del Ejecutivo Federal llama la atención porque, tanto en el objetivo general implícito en las diecisiete medidas (devolver al Estado su papel central en la gestión energética a través de sus empresas productivas); como en la revisión de cada uno de los diecisiete puntos, parecía evidente la necesidad de analizar, evaluar y modificar la arquitectura institucional, el marco jurídico y la dinámica sectorial derivados de la Reforma Energética.

Tomemos como botón de muestra el segundo de los diecisiete puntos que trascendieron como parte de un supuesto “memorándum” presidencial. Este punto establece como meta “alcanzar la autosuficiencia energética en bien de nuestra soberanía nacional”.

Tan solo un objetivo así de ambicioso requeriría reformar profundamente la reforma energética. Si por autosuficiencia energética se entiende la producción interna de todos los requerimientos energéticos del país, este punto por sí mismo es todo un programa de largo plazo. Y como tal, requiere una profunda revisión del modelo de desarrollo económico y del papel del sector energético en ese modelo en el contexto de la transición energética.

A partir de ahí, sería fundamental repensar el diseño institucional del sector y la importancia y formas de participación en él de las empresas del Estado. Además de la mejor organización de éstas para enfrentar el reto, el lugar de la inversión privada y las políticas industrial, ambiental, económica, fiscal y de desarrollo territorial; que den coherencia de conjunto a este vasto objetivo.

Incluso, si solo se aborda desde una perspectiva productivista o volumétrica, alcanzar la autosuficiencia en la producción de gas, refinados y petroquímicos, requiere de medidas regulatorias y fiscales de gran calado. Un elemento indispensable sería dotar a Pemex de la flexibilidad operativa necesaria para actuar dentro y fuera del país. ¿Cómo imaginar la autosuficiencia en gas natural, partiendo de una dependencia del 90% sin una estrategia nacional que provoque grandes cambios en el sector? ¿Cómo darle viabilidad y sustentabilidad al incremento de la capacidad de producción y al mejoramiento de la calidad de los productos del Sistema Nacional de Refinación, sin un debate serio sobre la fiscalidad social y ambientalmente óptima del consumo de combustibles?

Un objetivo como este requiere del papel activo del Estado, lo que va a contracorriente del lugar que le confiere, en general, la Reforma Energética. Ésta se sustentó en mecanismos de mercado, sin consideraciones geopolíticas y de seguridad nacional o energética.

Por ejemplo, en los eventuales yacimientos transfronterizos solo se considera como obligatoria una participación minoritaria de Pemex que no le garantiza ser el operador. Asimismo, la legislación establece que la comercialización del crudo correspondiente al Estado en los contratos de producción es objeto de una licitación, en vez de entregarle directamente esa responsabilidad a PMI. ¿Por qué un gobierno que le da tanta prioridad al sector energético no da el paso necesario para armonizar política y legislación energética? ¿Por qué la reticencia? T his decision by the Federal Executive draws attention because, both in the general objective implicit in the seventeen measures (to return the State its central role in energy management through its productive enterprises); and in the review of each of the seventeen points, the need to analyze, evaluate and modify the institutional architecture, the legal framework and the sector dynamics derived from the Energy Reform seemed evident.

Let us take as a reference the second of the seventeen points that transcended in the presidential “memorandum.” This point sets as a goal “to achieve energy self-sufficiency for the sake of our national sovereignty.”

An objective as ambitious as this would require a profound transformation of the energy reform. If energy self-sufficiency means the domestic production of the national energy requirements, this point alone is a long-term program. And as such, it requires a thorough review of the economic development model and the role of the energy sector in that model within the energy transition context.

Based on this, it would be fundamental to rethink the sector’s institutional design and the relevance and participation mechanisms in it by state-owned companies, in addition to the best organization of these companies to face the challenge, the place of private investment and industrial, environmental, economic, fiscal and territorial development policies; that give coherence to this vast objective.

Even if it is only approached from a productivist or a volumetric perspective, achieving self-sufficiency in gas production, refined products, and petrochemicals requires regulatory and fiscal measures of great significance. Providing Pemex with the operational flexibility needed to operate both inside and outside the country would be an indispensable element.

How can we imagine self-sufficiency in natural gas, starting from a 90% dependency without a national strategy that would involve significant changes in the sector? How can we give viability and sustainability to the increase of production capacity and the quality improvement of the National Refining System’s products, without a serious debate on the social and environmental optimum taxation of fuel consumption?

An objective like this one requires the State’s active role, which goes against the flow of what the Energy Reform gi. The latter was based on market mechanisms, without geopolitical and national security or energy considerations.

For example, in possible cross-border deposits, only minimum participation of Pemex is mandatory, which does not guarantee that it will be the operator. Likewise, the legislation establishes that the crude commercialization belonging to the State in the production contracts is subject to a bidding process, instead of handing over this responsibility directly to PMI.

Why does a government that prioritizes the energy sector so much fails to take the necessary step to harmonize the energy policy and legislation? What is the reason for the reticence?