Las elecciones de la corrupción y el narcotráfico

Entremundos

Guatemala se prepara para un proceso electoral más, para las elecciones de 2023 el Tribunal Supremo Electoral permitió la inscripción de candidatos señalados por narcotráfico y corrupción. En este país decidir por quién votar es cada vez más difícil porque las opciones son desalentadoras, la ciudadanía debe evaluar muy bien y recordar el pasado de quienes buscan el poder.

El próximo 25 de junio los guatemaltecos elegirán diputados por listado nacional, diputados distritales (dependiendo del departamento en el que voten), alcalde y concejales, diputados al Parlamento Centroamericano y dos candidatos a la presidencia y vicepresidencia que pasen a segunda vuelta.

Previo a las elecciones en los medios de comunicación se leen y escuchan los historiales criminales de los candidatos, como Roderico Eleazar Ramos Aguilar, candidato para alcalde de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, señalado de narcotráfico y lavado de dinero. El hermano de Ramos, Exadillas, también está vinculado al narcotráfico y aún así es alcalde de El Rodeo San Marcos y quiere seguir en el poder con el partido Vamos.

Los hermanos no son los únicos, en Chiquimula el alcalde de Ipala, Esduín Jerson Javier Javier desea ser diputado de ese departamento con el partido Cambio. Javier Javier es conocido como “Tres Kiebres” y está vinculado al caso Narcotráfico municipal.

Otra candidatura ligada al narcotráfico es la de Elisa Judith Mejía Salazar de Rozotto, quien busca ser diputada de Santa Rosa por el partido Prosperidad Ciudadana. Es esposa de Juan Bautista Rozotto López, “Juancho”, uno de los líderes de la banda de narco - tráfico Los Huistas. La organización opera en las rutas del norte del país que conectan con México. En todas las regiones de Guatemala hay candidatos vinculados al narco.

Otro escenario frecuente son los candidatos que ya estuvieron en el poder por uno o varios periodos, fueron señalados de corrupción, pero beneficiados por la justicia y la impunidad.

Este es el caso de Sergio Guillermo Enríquez Garzaro, señalado de lavado de dinero por un desfalco a la Municipalidad de Chicamán, Quiché. Es hijo del pastor Sergio Enríquez, líder de la iglesia evangélica Ministerios Ebenezer. Es candidato a diputado en la casilla tres por listado nacional de la UNE.

Otro candidato con una historia de corrupción y anti derechos humanos es Allan Rodríguez, diputado de Sololá sancionado bajo la Ley Magnitsky, EE. UU. Señalado de utilizar su autoridad como presidente del Congreso de Guatemala para otorgar subvenciones para la construcción a cambio de sobornos financieros y votos en el congreso a cambio de dinero. Ahora quiere seguir como diputado con el partido Vamos en Sololá. Carlos Enrique López Girón, uno de los caciques de Quiché, quiere regresar al parlamento con el partido Valor, fue señalado por financiamiento electoral www.entremundos.org no registrado y 17 plazas fantasmas en el Congreso. En ambos casos fue beneficiado por la jueza Claudette Domínguez, su hijo también está en el Congreso.

Las candidaturas con irregularidades llegan hasta los presidenciables, la inscripción de Zury Ríos como candidata a la presidencia por el partido Valor es cuestionada por la sombra de su papá Efraín Ríos Montt, uno de los responsables del genocidio contra los indígenas del área Ixil.

¿Cómo afecta a la ciudadanía?, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que la corrupción en la gestión de los recursos públicos compromete la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones de derechos sociales, incluidos salud, educación, agua, transporte o saneamiento, que resultan esenciales para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y en particular de las poblaciones y grupos en condición de más vulnerabilidad.

Mientras que el narcotráfico está ligado con la impunidad en las violaciones a derechos humanos. La corrupción y el narcotráfico también influyen en la vulneración a un derecho humano esencial, la libertad de expresión.