Ciudad de México, D.F. a 13 de agosto del 2014
COMISIONADA TRACY ROBINSON Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la CIDH Presente Acudimos ante usted para solicitar su acompañamiento y su intervención para revertir la severa situación de violación a los Derechos Humanos por parte del Gobierno Mexicano, en particular de los Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) . En el año 2000 se reconoce el principio de la No discriminación en México, a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que hizo evidente el abandono del Gobierno Mexicano de las poblaciones indígenas. Este reconocimiento condenó la discriminación contra cualquier persona en el país por motivo de raza, condición de salud, capacidad económica y lo que el gobierno llamó “preferencias”, lo cual, en su momento fue un intento por rechazar la orientación sexual y la identidad de género como una condición humana de millones de personas en el país. En el 2008 se lleva a cabo en México la XVII Conferencia Internacional del SIDA, donde se firma la Declaración Ministerial Prevenir con Educación en el mes de agosto, donde el gobierno mexicano se compromete a implementar la educación integral de la sexualidad, acto celebrado en presencia de Bann Ki Moon Secretario General de la ONSU, lo que a la fecha no se ha instrumentado como mecanismo para revertir la discriminación por homofobia y erradicar la pandemia del VIH SIDA, la cual ha cobrado la vida de más de 80 mil personas y que en fechas recientes se ha informado no solo su prevalencia, sino el incremento de contagios entre hombres que tienen sexo con hombres, mujeres y jóvenes. En diciembre del 2009 se realizan reformas en el código civil del Distrito Federal, que entra en vigor en marzo del 2010 y que reconocen el derecho de las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio y adoptar. Como respuesta, los gobiernos de algunos Estados y la propia Procuraduría General de la República por instrucción del entonces presidente Felipe Calderón interpusieron acciones de inconstitucionalidad contra la igualdad de estas personas, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en agosto del mismo año que estos matrimonios son constitucionales, con validez en todo el país y con derecho a la adopción.
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