Aproximación al análisis del comportamiento político y electoral cuaderno by Escuela Electoral

APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO POLÍTICO Y ELECTORAL

Directores: Ismael Crespo Francisco Parra Virgilio Hurtado

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset - España Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset - España Director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad - JNE - Perú

Diseño: Diana Patrón Corrector de Estilo: Carlos Atocsa Jurado Nacional de Elecciones Av. Nicolás de Piérola N° 1080 - Lima Hecho el Depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2011-16522 ISBN 978-612-45161-4-6 Primera Edición: Diciembre 2011 Impreso en Editora Diskcopy S.A.C. Jr. San Agustin No. 497 - Surquillo Telf.: 446-3035 445-5902 2

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Antonia González Salcedo

A MODO DE INTRODUCCIÓN Uno de los ámbitos en los que más ha avanzado la ciencia política es el del estudio de las actitudes y el comportamiento político. La publicación de The Civic Culture en 1963, en donde Almond y Verba comparaban las características de los electores de Italia, México, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, marcó un hito en la historia de esta disciplina, al que siguieron trabajos como Political Action (Barnes, Kaase et al., 1979), o Political Equality (Verba, Nie y Kim, 1978). Un primer elemento identificable dentro de este ámbito de investigación es la conclusión de que las sociedades occidentales están en la actualidad caracterizadas por la aparición y el desarrollo de valores postmaterialistas, según el postulado de los sucesivos trabajos de Inglehart (1971, 1977 y 1988). Las generaciones socializadas durante la postguerra de la Segunda Guerra Mundial se caracterizaban por atribuir una importancia superior a la seguridad y el bienestar materiales (empleo, control de la inflación, mantenimiento del orden, crecimiento económico), mientras que los valores postmaterialistas actuales se centran más en necesidades sociales y de autorrealización (calidad urbana y del paisaje, libertad de expresión, participación, etc.). El concepto de postmaterialismo, aunque criticado, ha sido muy útil a la hora de explicar determinados cambios en el comportamiento político, como el surgimiento de los partidos ecologistas o el auge de los nuevos movimientos sociales y de otras formas de participación política.

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Un segundo elemento que se encuentra en la literatura reciente sobre actitudes y cambio político se centra en la hipótesis del aumento de la desafección política. Según algunos autores, los ciudadanos perciben cada vez más una distancia creciente entre ellos y los partidos políticos, son más escépticos sobre la utilidad de la política, e incluso se desarrollan con mayor frecuencia actitudes apáticas y hostiles que en ocasiones se canalizan en un mayor uso de las formas de participación política no convencionales (Barnes, Kaase et al., 1979; Inglehart, 1977; y, más recientemente, Evans y Norris, 1999). Aunque algunos autores han defendido la idea de que la relación entre el ciudadano y el Estado (entendido en sentido amplio) no ha cambiado de manera fundamental, parece contar con más apoyo la idea de que vivimos una época de malestar en nuestras relaciones con la política. Estas dos características del cambio de valores se reflejan en el ámbito del comportamiento político en varios elementos. Por un lado, se detecta un declive de intensidad variable tanto en las tasas de participación electoral, como en las tasas de afiliación a partidos y sindicatos, que deben competir como agentes movilizadores con los nuevos movimientos sociales (Dalton, 2002). Simultáneamente, sin embargo, la participación política no convencional se ha incrementado (Barnes, Kaase et al., 1979; Klingemann y Fuchs, 1995). Por otro lado, los elementos que estructuran el comportamiento electoral son cada vez más difusos. Los clivajes tradicionales de Europa occidental (clase social, iglesia-Estado, campo-ciudad, centroperiferia) según Lipset y Rokkan (1967) ya no funcionan a la hora de explicar la orientación del voto, y en algunos casos tampoco articulan el sistema de partidos (Dalton, 2002). En su lugar se percibe una mayor importancia de los elementos personalistas (los candidatos) y de las cuestiones políticas.

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Las sociedades de las democracias occidentales se caracterizan hoy por la presencia de valores postmaterialistas frente al materialismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, por la crisis de los canales tradicionales de representación (fundamentalmente partidos políticos y sindicatos), la aparición de nuevos agentes políticos (como los nuevos movimientos sociales) y de nuevas formas de participación política; y por unas pautas de comportamiento político cada vez menos determinadas, más abiertas y, por ello mismo, más difíciles de explicar (mayor volatilidad electoral, menor capacidad explicativa de las variables socio-demográficas tradicionales, como el género, la educación, los ingresos, la clase social).

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Capítulo I EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO POLÍTICO Podemos definir el comportamiento político como el conjunto de actividades humanas relacionadas con lo político. El comportamiento político engloba, por tanto, aspectos que no son estrictamente acciones sino cuestiones de actitud, identificaciones, orientaciones, demandas, expectativas, valoraciones, es decir, los aspectos que orientan la acción política. Un momento clave en el estudio del comportamiento político fue el nacimiento de una corriente intelectual denominada conductismo, conductivismo o behaviorismo. Esta disciplina de la ciencia política estudia al individuo como actor político, aunque no niega la importancia de las instituciones, sino que las ven como el resultado de las acciones individuales (Lazarsfeld et al., 1944; Campbell et al., 1960). La revolución behaviorista redefine también los métodos y técnicas con los que se debe estudiar la política y reivindica la interdisciplinariedad. Supone el uso de métodos de investigación rigurosamente científicos que tienen como vocación seguir el modelo de las ciencias naturales. Para los behavioristas, la realidad política es una realidad objetiva que se puede analizar objetivamente y que, desde el punto de vista de la filosofía de las ciencias, se enmarcaría en lo que se conoce como positivismo lógico.

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La diferenciación entre los hechos y los valores consiste en la posibilidad de percibir el mundo y medirlo sin que las opiniones, la ideología de cada uno, afecten en la descripción del fenómeno. El behaviorismo se puede resumir en una serie de características: • En la realidad social y política existen uniformidades, regularidades observables y verificables empíricamente. • Uso extensivo y sofisticado de la cuantificación para medir los fenómenos políticos. • Importancia de la conexión entre teoría y la investigación empírica. • Exclusión de los juicios de valor en el análisis político. • Cierta interacción de distintas disciplinas de las ciencias sociales. Hasta mediados de los años cincuenta, el estudio del comportamiento político se identifica principalmente con el análisis de la personalidad política, poniendo el énfasis en la socialización política. Otro de los enfoques de estudio del comportamiento político es el económico, que da lugar a la teoría de la elección racional, según la cual el comportamiento viene determinado por la valoración que hace el individuo de los costes y beneficios de participar. Los enfoques de elección racional sobre el comportamiento político se caracterizan, fundamentalmente, por su reduccionismo metodológico, en el sentido de que su objetivo principal es deducir explicaciones lógicas del comportamiento a través de la formulación de supuestos simples sobre los individuos. Esta perspectiva utiliza las teorías de la elección social provenientes de la economía para explicar cómo los candidatos, partidos y votantes

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toman sus decisiones políticas (Riker y Ordeshook, 1973) asumiendo que la vida política es un mercado donde se puede elegir el producto que más le interesa al consumidor. El modelo de elección racional plantea que los actores políticos tienen un comportamiento racional motivado y orientado a maximizar sus objetivos individuales. Pero de acuerdo con este enfoque ¿por qué vota la gente? Según la perspectiva de la elección racional, pero principalmente a partir de la obra An Economic Theory of Democracy de Anthony Downs, en 1957, el acto de votar sería como un cálculo sobre los costos y beneficios, así como a las probabilidades percibidas de que el voto de uno sea decisivo en el resultado de la elección. La idea principal es que el beneficio de votar debe ser mayor que el costo, de otra manera, la persona se abstendría (Downs, 1957). El modelo teórico mediante el cual se explica la decisión de votar se basa fundamentalmente en tres aspectos. El primero de ellos son los beneficios derivados de que el candidato o el partido preferido por el elector sea elegido (Downs, 1957). Estos beneficios pueden ser materiales, como la reducción de impuestos, o inmateriales como la gratificación psicológica de que el candidato preferido sea el elegido. El beneficio tiene rasgos de bien público, porque ningún ciudadano puede ser excluido de disfrutar de la victoria de su partido o candidato con independencia de si ha votado o no (Criado, 2003). El segundo componente que un elector racional debería tener en cuenta para tomar su decisión es la probabilidad de que su voto determine el resultado de la elección, sin embargo, esta probabilidad es minúscula incluso en elecciones muy competitivas. Por último, el tercer elemento son los costos de votar. Dentro de estos costos se incluiría, por ejemplo, el tiempo y el dinero invertido en trasladarse hasta el lugar de la votación. 11

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Tomando en consideración estos supuestos las personas votarán siempre y cuando los beneficios que obtengan del acto de votar superen los costos del mismo. Racionalmente, como se señaló anteriormente, el resultado sería que la gente mayoritariamente no vote ya que en elecciones por muy cerradas y reñidas que sean, la posibilidad de que e1voto afecte el resultado general de la elección tiende a ser muy bajo. Por su parte, respecto al beneficio, aunque éste se disfrute individualmente de la manera más egoísta que nos imaginemos, también será disfrutado por todos ya que se trata de un bien público. Aun así, la gente mayoritariamente vota, a esta situación se le conoce tradicionalmente como la paradoja del voto o paradoja de la votación, y a partir de esta contradicción se desprenden una serie críticas y propuestas dentro de las ciencias sociales que apuntan en dos direcciones. Una tiene relación con las críticas que apuntan a los fundamentos mismos de la teoría de la elección racional; otra con las dificultades para explicar específicamente el comportamiento electoral. Al respecto, una de las críticas más comentadas a la elección racional ha sido la de Green y Shapiro (1994), quienes afirman que la explicación del voto demuestra algunas de las patologías más frecuentes de la elección racional, como ha sido la utilización de argumentos ad hoc, predicciones vagas e incapacidad de formular una hipótesis nula coherente. Normalmente, en cualquier tipo de elección o en cualquier país, varios millones de personas votan. Esta divergencia entre el equilibrio de escasa participación predicho por la teoría y la participación mayoritaria que se observa en la realidad supone un fracaso empírico considerable para la explicación del voto desde la elección racional (Green y Shapiro, 1994). No obstante, desde la elección racional se han seguido distintas estrategias para responder a este problema.

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Una de las más importantes contracríticas y posterior solución a la paradoja del voto es la inclusión de un nuevo parámetro en el cálculo de éste. Este nuevo parámetro representa una forma distinta y más amplia de entender la utilidad que el elector recibe y le da al hecho de votar. En la teoría económica de Downs (1957) se reconoce ya el valor de votar pero considera que es muy pequeño para los ciudadanos, por lo tanto, cualquier aumento de los costos puede amenazar la participación de las personas en el acto de votar. Riker y Ordeshook (1973) critican esta especie de irracionalidad del voto y complementan el trabajo iniciado por Downs y agregan el valor de cumplir el deber cívico como ciudadanos de asistir a votar, el valor de expresar por medio del voto el apoyo al sistema político o a la nación. Estos factores son considerados el componente expresivo del voto. Los electores reciben estos beneficios por el hecho de votar, independientemente de las consecuencias de su acción. El voto así visto se convierte en un acto de consumo en lugar de un acto de inversión (Fiorina, 1976). De este modo, si los beneficios derivados de votar y los beneficios derivados de la gratificación psicológica de cumplir con un deber cívico son mayores que los costos, entonces el equilibrio predicho será la participación de la mayoría de los ciudadanos, cuestión que ayuda a explicar un poco más el acto mayoritario de votar. Por su parte, Marcus Olson (1965) también contradijo que todos los individuos racionales actuaran en busca de su propio interés. Esta premisa no se cumpliría a no ser que el número de individuos que forman parte de un grupo sea bastante pequeño, o que haya coerción o algún otro mecanismo especial que haga a los individuos actuar en el interés común. Los individuos racionales que buscan también su propio interés no colaborarán en la obtención del interés común o del grupo. 13

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La razón por la cual los individuos racionales no actuarán en pro del interés común es que los grupos de interés persiguen bienes colectivos o públicos, que se caracterizan por la imposibilidad de excluir a otros individuos de sus beneficios. Un bien público es tal si, una vez que se provee, la provisión del bien afecta a todos los miembros del grupo, además, el consumo del bien por parte de un individuo no supone ninguna disminución en el consumo del bien por parte de otro. En este contexto, el curso de acción más racional para un individuo que piensa en su propio interés es intentar hacer de “gorrón” (free-rider); intentar recibir los beneficios del bien público sin contribuir a los costes de su obtención. Esta situación podría evitarse cuando se introducen beneficios o costes que solo se obtienen si se participa o si se deja de participar, serían los llamados incentivos selectivos. Un ejemplo de incentivo selectivo serían los beneficios que un sindicato ofrece solo a sus afiliados (Olson, 1965). Desde el modelo de la elección racional, el ciudadano llegaría a determinar su voto a partir de tres aspectos: • El elector racional se encuentra movido por un interés individual que tiene una preferencia clara por ciertas políticas frente a otras y por ciertos rasgos de los candidatos frente a otros, que puede ordenar esas preferencias en un “ranking” y que dispone de información suficiente sobre toda la oferta electoral. Este modelo, que se ha llamado de distancia de los candidatos en relación con el “candidato ideal”, se construye sobre la hipótesis de que existe en la mente de cada elector un “perfil” del candidato ideal, y que este elector vota por el candidato real, que a su juicio, se acerca más al candidato ideal.

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• El ciudadano usa atajos informativos y valoraciones en sus razonamientos sobre la política y los partidos y simplifica sus razonamientos evaluando su propio bienestar con respecto al pasado inmediato del cual hacen responsable a las autoridades gubernamentales, ya sea recompensándolas por los logros o culpándolas por los fracasos (Goodin y Klingemann, 2001). Estas evaluaciones retrospectivas no se abastecen solamente de información que haya recolectado el propio elector, sino también en los juicios de otras personas o de los medios de comunicación sobre el cumplimiento de las autoridades gubernamentales (Fiorina, 1976). • Existe coincidencia entre los puntos ideales del votante y las posiciones del partido o del candidato respecto de una escala de problemas relevantes para el elector (Goodin y Klingemann, 2001). El votante, de acuerdo a la elección racional, invertiría su voto en aquel partido o candidato que prometa mejores resultados en torno a los problemas que al elector le interesan (Downs, 1957). Ahora bien, independientemente de los avances que ha hecho fundamentalmente la teoría de la elección racional en términos de explicar el comportamiento del voto, surge la pregunta de si las evaluaciones retrospectivas, la cercanía de temas y definiciones de perfiles se razonan cada vez que existe una elección, ya sea nacional, regional o local o si sirven solamente para definir el voto en una única elección de carácter nacional. Por otro lado, el enfoque sociológico privilegia las características sociales de los individuos como principales variables explicativas de su comportamiento electoral, es decir, de acuerdo a su afiliación

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religiosa, clase social, residencia rural o urbana, etc. (Criado, 2003). Desde esta perspectiva, se destacaba la fuerte estabilidad en las decisiones de voto y que la incidencia de las campañas electorales era extremadamente débil frente a los condicionamientos sociales en el momento de optar por un partido o por un candidato. Otro de los argumentos centrales era que los atributos sociales ejercen una gran influencia sobre los individuos, no porque ellos nos impongan las preferencias y determinen los intereses, sino más bien porque ubican a los individuos en la estructura social y esto hace que se afecte su exposición a información política y, por ende, se comienza un proceso de construcción de preferencias, así una persona pensará políticamente de acuerdo a como sea socialmente (Goodin y Klingemann, 2001). Este enfoque, pone especial énfasis en los propósitos individuales y las características contextuales en las que se mueve un individuo debido principalmente a los contextos y las redes que rodean a los ciudadanos. Mientras los contextos sociales están definidos estructuralmente y son externos al individuo, las redes sociales son creadas como una consecuencia de los individuos y sus elecciones. Incluso cuando los individuos tienen poco control sobre la composición social y política de sus entornos tienen discreción sobre las redes de contactos que establecen dentro de los distintos escenarios (Goodin y Klingemann, 2001). Desde esta perspectiva, es necesario entender la relación que existe entre el individuo y los componentes y procesos de la sociedad, para ello hay que lograr entender o más bien romper con el pensamiento

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bajo la forma de individuos entendidos como sustancias aisladas y pasar a reflexionar acerca de las relaciones y de las funciones que se producen entre individuos. Este es uno de los fundamentos de la teoría de redes y de sus aplicaciones y es una postura que la ciencia política y en especial las explicaciones acerca del voto tienden a olvidar con frecuencia (Montecinos, 2007). Para la teoría de redes cobra más relevancia los vínculos entre vecinos para explicar el voto, que las categorías tradicionales como el sexo o la pertenencia de clase o la motivación individual.

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Capítulo II TIPOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO POLÍTICO En los estudios de finales de los años cincuenta y en los primeros sesenta, el comportamiento político solía considerarse desde una perspectiva unidimensional1 y se concebía como una escala ordenada y jerarquizada de acciones. Dependiendo del tipo de actividad que realicen los individuos, éstos serán incluidos en un determinado nivel de la escala participativa. Se plantea la existencia de categorías de activistas políticos, en relación con la clase de actividad desempeñada y la forma de vinculación con ésta teniendo en cuenta el volumen de recursos y el tiempo y esfuerzo que se dedican a ellas. Las acciones tenidas en cuenta desde la perspectiva unidimensional son todas aquellas vinculadas a la esfera electoral y a los mecanismos democráticos institucionalizados, establecidos como vías para intervenir en la esfera política. Entre éstas se encontraría el voto, la asistencia a mítines, la militancia en partidos, etc. No olvidemos que los sistemas democrático-liberales iniciaron su desarrollo vinculados en buena medida a una concepción formal y procedimental de los mismos, la idea de democracia estaba basada en la existencia de determinadas reglas de juego, lo que ha llevado a que la participación política quedara muchas veces reducida a participación electoral.

(1) Las obras más significativas dentro de esta perspectiva son las de Lane (1959) y Milbrath (1965). Este último en su investigación sobre participación política en EE.UU. clasifica a su población en las categorías de apáticos, espectadores y gladiadores.

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Esta perspectiva considera que existe una estructura latente en el modelo de comportamiento político, que es posible construir una escalera jerárquica sobre la base del nivel de implicación o esfuerzo que cada actividad requiere. Además, esta jerarquía de acciones tendría carácter acumulativo, es decir, si un individuo realiza una actividad de dificultad media-alta se supone que ya habrá realizado actividades más fáciles y frecuentes (Dowse y Hughes, 1986). Pero esta visión unidimensional de la participación política se consideró excesivamente simplista, y fue rebatida a partir de dos ideas fundamentales: se cuestionó la hipótesis de que todo el mundo tiene los mismos criterios para decidir si interviene o no en una actividad, y la idea de que el grado de dificultad de una acción fuera el único factor desencadenante de ésta. Estas críticas serán la base para el estudio del comportamiento político desde otra perspectiva diferente, una perspectiva multidimensional. Las investigaciones de Verba y Nie (1972) y Verba, Nie y Kim (1978), son importantes muestras de esta nueva forma de aproximarse al comportamiento político. Desde una perspectiva más amplia, el comportamiento político puede entenderse desde una perspectiva electoral y no electoral, distinguiéndose las formas de participación que se dan dentro o fuera de los marcos electorales. Con frecuencia, el término de participación electoral se utiliza como sinónimo de votar, pero el comportamiento de tipo electoral incluye otras actividades. Las formas de comportamiento político también pueden clasificarse como convencionales o no convencionales. Este criterio distingue las formas de participación política en función de si se ajustan o no a las normas sociales y a los valores dominantes de una sociedad (Barnes,

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Kaase et al., 1979). La participación política convencional es en principio legal y legítima, y en algunos casos, como el voto, está promovida por las instituciones. La participación no convencional no utiliza canales de participación institucionalizados, en ocasiones son extralegales. El concepto de participación no convencional surge porque los primeros estudios sobre la participación se limitaban exclusivamente a formas de participación convencionales desarrolladas dentro del entorno de la democracia representativa como votar, participar en campañas o contactar con políticos. Pero a partir de los años 70 se extienden nuevas formas de participación y se considera comportamiento político toda acción que pretende influir en el sistema, más allá del ámbito electoral y de su legalidad. Sin embargo, la distinción entre comportamiento político convencional y no convencional es relativa, ya que lo que en un momento puede considerarse una forma de participación no convencional puede ajustarse, en el futuro, a las normas sociales. Por otro lado, el comportamiento político puede estar basado en la salida o en la voz (Anduiza y Bosch, 2004). Ante una situación de descontento, un ciudadano puede optar por la salida, es decir, ejercer presión con la amenaza de irse (dejar de votar en las elecciones, abandonar un partido, dejar de comprar un producto). La voz hace referencia a la posibilidad de comunicar el descontento hacia el sistema, partido u organización, a través de la protesta pública, los contactos con cargos públicos o trabajando como activista en una organización. Teniendo en cuenta los diferentes criterios de clasificación, podríamos distinguir las siguientes formas de comportamiento político (Anduiza y Bosch, 2004):

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• • • • •

El voto. La participación en la campaña electoral. La participación en organizaciones políticas. El contacto directo con políticos y medios de comunicación. La protesta política.

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Capítulo III FACTORES EXPLICATIVOS DEL COMPORTAMIENTO ELECTORAL Una de las características fundamentales de las sociedades democráticas es la escasez de comportamientos participativos entre los ciudadanos (exceptuando el voto, que se ha asentado como la forma primordial de participación). Cuando buscamos cuál es la causa de que sólo algunas personas participen de forma activa en la vida política, la respuesta es sumamente complicada, ya que existen gran cantidad de factores y condicionamientos que intervienen en esta decisión. Según la reciente literatura sobre el tema (Verba, Schlozman y Brady, 1995), la participación política depende tres tipos de factores: (i) la capacidad para participar, los ciudadanos no participan porque no pueden por falta de recursos como educación o dinero; (ii) la motivación para participar, los ciudadanos no participan porque no sienten o no creen que deban hacerlo, porque no se consideran parte del proceso, porque perciben que su participación no tendrá efecto, o porque no quieren de acuerdo con cálculos racionales; por último serían importantes (iii) los incentivos para participar, los ciudadanos no participan porque existen dificultades para hacerlo, porque nadie se lo ha pedido, o porque nadie ha intentado movilizarles. Los elementos que pueden incidir sobre la participación son muy numerosos y de diversa naturaleza. La clasificación que voy a utilizar distingue por un lado dos factores de carácter individual,

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como la posición socioeconómica o las actitudes políticas, factores relacionados con la capacidad y la motivación para participar según Verba, Schlozman y Brady (1995). Pero también tendré en cuenta los llamados recursos de grupo obtenidos por los ciudadanos en asociaciones cívicas y políticas, así como el contexto político e institucional en el que se desenvuelve la participación. Estos factores se englobarían en el estudio de los autores citados dentro de los incentivos de la participación. 3.1. Recursos socioeconómicos

En términos generales, el estudio del comportamiento político ha sido capaz de determinar que las desigualdades sociales influyen en el modo y la frecuencia con la que los ciudadanos actúan políticamente. Los aspectos que pueden influir en el estatus social de un individuo (su clase, género, edad, nivel educativo, raza y religión) están asociados a los niveles de información de que disponen, a sus actitudes, a sus capacidades, etc. La mayor parte de los estudios empíricos realizados sobre la participación política subrayan la existencia de una serie de variables socio-económicas, que pueden determinar las acciones participativas. Se trata de rasgos inherentes a los propios individuos tales como la edad, el género, la educación, los ingresos y el nivel socio-económico2. Según Lijphart (1997), las características demográficas y socioeconómicas de los individuos actúan como determinantes de su posición en la sociedad e indirectamente afectan a las distintas formas de participación política.

(2) Parry, Moyser y Day (1992), Rosenstone y Hansen (1993) y Dalton (2002) han tratado el tema de los factores internos en sus diferentes modalidades.

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Estas variables influirán en la capacidad de los individuos para acceder a la información necesaria y para disfrutar de las habilidades mínimas requeridas para poder participar en los asuntos públicos. La edad puede ser considerada como un recurso individual determinante de la participación, ya que está relacionada con la experiencia adquirida en el transcurso del ciclo vital y porque proporciona conocimientos y habilidades sobre el funcionamiento de organizaciones e instituciones. Esta es una de las razones por la que los jóvenes suelen participar menos que los mayores en formas de participación institucionalizadas y organizadas3. Pero a partir de un determinado umbral, una edad muy avanzada deja de ser un recurso y pasa a convertirse en un factor que reduce la participación. Las personas mayores suelen tener menores niveles de movilidad (por cuestiones de salud) y de integración social, ya que no trabajan, lo que las hace menos participativas (Anduiza y Bosch, 2004). Los estudios realizados en los últimos años4 evidencian que, en relación con la participación electoral, los jóvenes suelen ser menos participativos y muestran un bajo nivel de afiliación a organizaciones políticas y sindicales en la mayoría de los países de la Unión Europea, pero la baja cota de participación institucional no significa que los jóvenes no tengan interés por participar políticamente, sino que prefieren utilizar formas de participación más alternativas, espontáneas e informales.

(3) Lane (1959), Verba, Nie y Kim (1978), y Barnes, Kaase et al. (1979) han determinado que la edad tiene un impacto diferencial dependiendo del modo de participación. Los jóvenes participan en mayor medida en actividades menos convencionales. (4) Cfr. Fischer y Münchmeier (1997), Gille y Krüger (1998), CIS (2000, 2002, 2003), INJUVE (2001, 2002, 2003, 2004, 2005), Comisión de las Comunidades Europeas (2002).

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Entre los canales de participación más utilizados por los jóvenes europeos se encuentran: la recolección de firmas, la participación en manifestaciones legalmente permitidas, la participación en discusiones públicas, las actividades en instancias abiertas de participación pública, la actividad en los organismos de participación universitaria, la participación en una huelga sindical o en una iniciativa ciudadana, entre otros5. Otra de las características de la generación de jóvenes es la articulación de un sentimiento de compromiso social y político “frenado”. Estando, en principio, dispuestos a comprometerse social y políticamente, la mayoría de los jóvenes considera que les faltan organizaciones y estructuras que consideren adecuadas, es decir, con las cuales puedan identificarse y generar cambios efectivos en la sociedad. Afirmaciones como “poder participar en la toma de decisiones, en particular en relación a aquellas actividades que uno mismo vaya a desarrollar”, “que pueda incorporar y realizar en esa actividad mis propios intereses, capacidades y habilidades”, “que el objetivo formulado se pueda alcanzar de manera más o menos adecuada”, son las respuestas más frecuentes dadas por los entrevistados respecto de las condiciones que exigen para participar políticamente (Fischer y Münchmeier, 1997). Otro factor fundamental a la hora de participar sería la educación. A través de la educación se aprende a entender y a trabajar con conceptos abstractos y complejos, y se accede con mayor facilidad a la información política. La educación proporciona habilidades como la lectura o la capacidad de hablar en público y de participar en discusiones sobre la política, ya que puede despertar en el individuo una serie de inquietudes y preocupaciones sociales que, a su vez, pueden incrementar el interés por la política y la participación. (5) INJUVE (2005) y Comisión de las Comunidades Europeas (2002).

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Pero según muestran diversos estudios como el de Barnes, Kaase et al. (1979), si bien la educación incide positivamente en la participación convencional, también lo hace a nivel no convencional. Altos niveles de educación pueden llevar a la gente a participar fuera de los canales establecidos6, e incluso puede producirse entre los ciudadanos con más alto nivel de preparación un mayor grado de escepticismo respecto de la política, ya que este grupo de individuos es el que más se plantea la pregunta de si el compromiso político aún vale la pena, y si sus resultados compensan los esfuerzos invertidos en él (Fischer y Münchmeier, 1997). En relación con la participación electoral, la tradicional relación asumida por trabajos de investigación más antiguos entre conocimiento político y participación parece estar desapareciendo: “La educación puede no ser un recurso fundamental para una forma de participación relativamente poco costosa como la electoral” (Anduiza y Bosch, 2004: 124). Por otro lado, el nivel de ingresos también es un factor que incide en una mayor o menor participación política, pero de manera menos significativa que la educación. Quienes tienen mayores ingresos participan más porque suelen vivir en medios que estimulan su interés por la política, porque les proporciona los recursos y oportunidades para hacerlo; en tanto que quienes poseen menores ingresos tienen que utilizar los pocos recursos disponibles en la consecución de los medios para satisfacer las necesidades básicas. Estudios como el de Verba, Schlozman y Brady (1995), revelan que la participación política convencional se relaciona positivamente con la estratificación social.

(6) Habría que considerar esta afirmación de manera prudente, ya que según Kaase (1992) si bien la educación es uno de los principales factores para comprender la tendencia de los países europeos a llevar a cabo actividades legales de protesta, su impacto es inapreciable cuando hablamos de actividades ilegales de protesta o formas de desobediencia civil.

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Quienes pertenecen a los estratos más altos participan más por la vía convencional, porque para este tipo de participación se requieren de destrezas, actitudes y conocimientos superiores a los estratos más bajos, y por el contrario, hay una tendencia a la participación no convencional por parte de las personas que se encuentran ubicadas en los estratos socio-económicos más bajos. No obstante, al analizar los efectos de la variable nivel de ingresos en la participación, no podemos olvidar su estrecha relación con el nivel educativo, y por tanto, tal y como sucedía cuando tratábamos este factor, un alto nivel de ingresos (y normalmente de educación) puede venir acompañado no solo de altas cotas de participación convencional, sino también de participación menos institucionalizada e incluso de situaciones de escepticismo y desconfianza respecto a las posibilidades participativas. El género es otro de los factores que inciden en la participación de los ciudadanos. En la práctica totalidad de estudios empíricos se ha hecho referencia a la escasa participación de las mujeres en la política convencional en comparación con los hombres (Revilla, 1995), y este hecho ha sido explicado en muchas ocasiones a partir de ciertas características individuales de las mujeres como la emocionalidad. Esta sería la visión de la perspectiva tradicionalista según Norris (1991), pero frente a este enfoque que plantea la apatía o falta de interés de las mujeres por la política, se ha argumentado que las mujeres desarrollan sus actividades políticas en organizaciones y grupos alejados de la política tradicional. De nuevo, este otro enfoque establece una relación entre mujeres y apatía o activismo político. Sin embargo, autoras como Judith Astelarra (1990) han postulado que las condiciones sociales y, en concreto, el género, no determinan 28

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directamente la participación, son los espacios disponibles para la participación de cada uno de los grupos sociales los que tienen un papel fundamental en las posibilidades participativas. Norris (1991), tras la realización de una investigación en Gran Bretaña durante los años ochenta, apoya esta línea de pensamiento y considera que la variable género no es significativa para predecir la participación política, pues no encontró diferencias importantes en la socialización política de hombres y mujeres. Algunos de los estudios realizados (Verba, Nie y Kim, 1978) han demostrado que la participación masculina ha sido mayor que la de la mujer, porque ella siempre ha estado en desventaja respecto al hombre en el sistema social, pues ha tenido que ocuparse de actividades como ser madre, esposa, ama de casa, etc., que la han mantenido confinada al ámbito doméstico. Sin embargo, en las dos últimas décadas se han venido presentado importantes cambios en la vida de la mujer en las sociedades más desarrolladas, especialmente en la apertura al ingreso masivo a la educación superior y a los patrones de empleo, los cuales la han estimulado para reconocerse como parte activa de la sociedad y, en consecuencia, como parte en el proceso de toma de decisiones políticas. El lugar de residencia y, en concreto, el tamaño del hábitat también parece suponer una variable influyente sobre la participación. En general, parece ser que las comunidades de pequeño tamaño favorecen la integración social de sus miembros, la creación de identidades políticas y el control social sobre los comportamientos políticos, incrementando a través de estos factores los niveles de participación de los ciudadanos, que disminuyen conforme aumenta el tamaño del municipio (Anduiza y Bosch, 2004).

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Después de revisar la influencia de los recursos socio-económicos en la participación, podríamos decir que las personas con un buen estatus socio-económico disfrutan de ubicaciones ventajosas dentro del sistema social para la recepción de información política y para la consecución de una mayor influencia en la política, que les conducen a mayores grados de participación, mientras que las personas con menos recursos, mujeres, jóvenes, personas con niveles bajos de estudios y de ingresos son menos proclives a participar. Por tanto, determinados factores sociales-económicos se habrán de tener en cuenta en relación con la participación, en la medida en que constituyen, por un lado, recursos, pero también en la medida en la que determinan la posición del individuo en los flujos de información y de interacción. Los recursos socio-económicos de las personas van a influir en el desarrollo de un mayor o menor interés por la política, un mayor o menor conocimiento de esta, el grado en el que se sienta políticamente eficaces y, en definitiva, todo el conjunto de actitudes, valores y creencias relacionadas con el ámbito político. 3.2. Actitudes y valoraciones

El enfoque psico-sociológico sugiere que los individuos desarrollan actitudes, creencias y valores que condicionan su comportamiento político. El entorno en el que las personas crecen y se educan condiciona, en buena medida, las destrezas cognitivas y los recursos de que disponen. Tanto las destrezas como los recursos influirán en los niveles de interés y conocimiento de la política, el grado en el que se sienta políticamente eficaces, y en todo el conjunto de actitudes, valores y creencias relacionadas con el ámbito político. Mayores niveles de educación permiten comprender con mayor facilidad todos los aspectos de la actividad política, y eso hace que la sientan como 30

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algo más cercano y relevante para sus vidas, y que al mismo tiempo se sientan capaces de influir en su curso. La seguridad económica permite invertir tiempo, energía y dinero en las organizaciones políticas que les permitirán influir en las decisiones políticas. Pero aunque el estatus socio-económico sea relevante a la hora de condicionar el tipo de actitudes que se desarrollan, el papel de intermediación que juegan las actitudes para explicar el comportamiento político es fundamental. Entre individuos con los mismos niveles de recursos económicos y sociales, las actitudes, valores y creencias que muestren serán determinantes para definir su comportamiento político. ¿Cómo se desarrollan estas actitudes, valores y creencias? Fundamentalmente a través de los procesos de socialización política. En términos generales, podemos definir la socialización como el proceso por el cual los individuos adquieren el conocimiento, las capacidades y las disposiciones que les permiten participar con mayor o menor eficacia en los grupos sociales y en la sociedad. La primera etapa de la socialización en todas las sociedades suele tener lugar dentro de la familia o en el marco del grupo de parentesco o de iguales. En esta fase, el niño empieza a aprender un lenguaje y una serie de normas culturales sobre lo bueno y lo malo, así como ciertas pautas de comportamiento básico. En esta etapa, la socialización política abierta y manifiesta tiene un papel muy reducido, pero lo que se aprende puede transferirse al contexto de lo político. Pero en las sociedades complejas, buena parte de la socialización infantil tiene lugar en instituciones diferentes de la familia. El niño participa en una institución de socialización más formal que la familia, la escuela, en la que se encuentra con amigos, competidores, ideas y autoridades extrafamiliares. La pauta de conducta de la autoridad escolar es menos personal que en el hogar. Entra en contacto con un sistema social en 31

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el que la actuación se mide cada vez más por los logros, en el que los roles están más diferenciados que en la familia. Sin embargo, no todo el proceso de socialización se produce en la etapa de la infancia, también se producen fenómenos de socialización en la edad adulta. Como adultos, las personas están sometidas a una serie de experiencias y exigencias sociales desconocidas en la niñez, y se puede producir un fenómeno de resocialización, ya que es necesario aprender nuevas formas de comportamiento y de actitudes, especialmente cuando se produce movilidad social ascendente o descendente, o movilidad geográfica. Las actitudes son orientaciones adquiridas, relativamente estables, que inciden directamente en el comportamiento político. Las actitudes se dirigen a diferentes objetos políticos y se presentan con distinta intensidad según los individuos. Se adquieren a través del proceso de socialización, por la pertenencia a determinados grupos con rasgos culturales o políticos distintivos, y a través del propio contexto político e institucional. Estas actitudes pueden dirigirse hacia diferentes ámbitos: la comunidad política en su conjunto, el régimen político, las autoridades o el propio ciudadano como actor político (Anduiza y Bosch, 2004). En primer lugar, la participación política de los ciudadanos dependerá de las actitudes que denotan implicación en la política por parte del individuo. Entre estas actitudes se encontraría el interés por la política y la eficacia política que hace referencia a la percepción del individuo como actor del sistema político. Podríamos decir que la eficacia política tiene dos componentes: la eficacia interna, que se encuentra relacionada con las habilidades y capacidades que el individuo cree tener para actuar en el ámbito político, y la eficacia externa, referida a la receptividad del sistema respecto a sus demandas. 32

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Ambas actitudes tienen como objeto al propio ciudadano y su capacidad de actuación política, reflejan la percepción de uno mismo como actor político y condicionan su predisposición de participar (Verba, Schlozman y Brady, 1995; Montero, Font y Torcal, 2006). Por otro lado, para analizar las actitudes que pueden hacer más probable la participación política, es importante tener en cuenta la politización, es decir, el grado en que los electores se identifican con diferentes opciones políticas, partidistas e ideológicas (Campbell et al., 1960; Parry, Moyser y Day, 1992). La identificación con un partido político se refiere a la presencia de una orientación afectiva del ciudadano hacia un partido político, sin que deba estar afiliado a este. Las personas que se sienten más identificadas con un partido político participarán más, sobre todo a nivel electoral. De igual forma, las personas que se identifican ideológicamente en la escala izquierda/derecha, participarán más políticamente que las personas que no se ubican ideológicamente. Por supuesto, también son importantes las actitudes de los ciudadanos relativas a la satisfacción o insatisfacción del ciudadano con la realidad política que le rodea. La satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento de la democracia, con la gestión del gobierno y su confianza en las instituciones y en los políticos, supone un incremento en la participación de los ciudadanos, sobre todo a nivel convencional, mientras que la protesta política se ve favorecida por altos grados de insatisfacción respecto al funcionamiento de la democracia, así como por bajos niveles de interés y eficacia política (Anduiza y Bosch, 2004; Montero, Font y Torcal, 2006).

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3.3. Los recursos de grupo Frente a los recursos de carácter individual que pueden incidir en la participación política, como la educación y los ingresos, existe un conjunto de recursos grupales de los individuos que se originan a través de la pertenencia o conexión con un conjunto de redes sociales y asociativas, los cuales influyen en la participación política de los ciudadanos (Lazarsfeld et al., 1944; Putnam, 1993; Putnam, Leonardi y Nanetti, 2000; Stolle y Lewis, 2002). Para la obtención de estos recursos es fundamental la existencia de la movilización política, es decir, de un proceso a través del cual instituciones, organizaciones o personas inducen a los ciudadanos a participar políticamente7. De manera indirecta, las redes sociales (familia, amigos, entorno laboral, etc.) producen efectos movilizadores al ejercer presión sobre los individuos o proporcionar incentivos para participar8. La participación en asociaciones contribuye al desarrollo de habilidades sociales como dirigir una reunión, organizar un congreso, preparar un proyecto, defender ideas en público, etc. Son actividades que sirven tanto para la participación en asociaciones como para la participación en el ámbito de la política. Por otro lado, las personas en contacto con asociaciones se exponen a un mayor número de contactos personales y de flujos de información. Además, las asociaciones pueden ejercer una movilización directa e intencionada, dirigida a que sus miembros (7) Rosenstone y Hansen, 1993. (8) Según Anduiza y Bosch (2004), el papel movilizador de las organizaciones es especialmente importante en grupos con menos recursos económicos y, por tanto, con una menor tendencia a participar siguiendo las conclusiones de los primeros estudios de Verba, Nie y Kim (1978).

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participen políticamente, sobre todo en el caso de asociaciones que persiguen objetivos claramente políticos. La inserción en redes sociales puede favorecer, de igual manera, la formación de actitudes positivas para el desarrollo de una sociedad más cívica, a través de la generación de mayores niveles de confianza social o interpersonal (Putnam, 1993; Newton, 1997). Dentro del Proyecto CLEAR9, que analiza los elementos que pueden hacer más probable la participación (Stoker, 2006), también se señala la importancia de la movilización como un factor determinante de la participación. En esta investigación, la movilización hace referencia a la existencia de grupos, organizaciones civiles y políticas que realizan acciones para incrementar la participación de los ciudadanos. Las peticiones de participación por parte de los actores políticos son importantes, ya que los ciudadanos pueden llegar a ser activos porque se les llama a participar. Esta es la razón que le lleva a Verba a afirmar que “no podemos entender el fenómeno de participación política sin considerar el papel de la llamada a la participación” (Verba, Schlozman y Brady, 1995: 113). 3.4. El contexto institucional y político Al estudiar los factores explicativos de la participación, debemos incluir elementos referentes al contexto en el que se produce la participación (Morales, 2004). En dicho contexto, la apertura del sistema político constituye un poderoso incentivo a la participación, pues cuanto (9) Se trata de un proyecto iniciado en 2006 que considera que los ciudadanos participarán en mayor medida de acuerdo con una serie de variables: los ciudadanos participan si pueden, si les gusta, si tienen canales para participar, si se les pide que participen, si los políticos son sensibles a sus demandas. Varios municipios de cinco países, entre los que se incluyen España y Finlandia, participan en el proyecto.

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más abierto sea el sistema a las demandas participativas habrá más posibilidades de que estas sean más numerosas y, por otro lado, los ciudadanos considerarán la participación como un medio eficaz para conseguir objetivos. Del éxito de las experiencias participativas llevadas a cabo en un sistema político determinado dependerá que se siga o no participando. Las características del contexto político que proporcionan incentivos para que la gente participe se definirían, según Tarrow (1997), como la estructura de oportunidades política. La participación sería más intensa dependiendo de la apertura de esta estructura, es decir, cuando se ofrecen canales de acceso de los ciudadanos a los ámbitos de toma de decisiones. La descentralización territorial es un elemento que favorece la participación, porque en las sociedades en las que el poder se encuentra descentralizado, los ciudadanos se sienten más cercanos a los responsables de la toma de decisiones y se incrementan las posibilidades de que se produzca participación por parte de los ciudadanos. Otro factor que aumentaría la participación es la distribución funcional del poder. Un sistema es más abierto, más receptivo a la participación ciudadana, cuanto más clara es la separación entre poderes. También son fundamentales las posturas de la élite dominante ante las reivindicaciones ciudadanas, en concreto, las estrategias que adoptan pueden ser inclusivas o exclusivas. Estas últimas se caracterizarían por la represión de conflictos, elevando el coste de la participación y reduciendo las posibilidades de éxito de las reivindicaciones ciudadanas. Las estrategias inclusivas, por el contrario, recogerían las demandas ciudadanas y las integrarían en el sistema de toma de decisiones. 36

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La participación de los ciudadanos se vería, a su vez, determinada por la distribución del poder entre los diferentes partidos políticos, las divisiones entre las élites dominantes, parte de las cuales podría apoyar a movimientos de protesta, incrementando el éxito de las iniciativas participativas y los niveles de participación. Teniendo en cuenta elementos concretos del contexto institucional, habría que destacar la importancia del tipo de convocatoria. Los electores distinguen una elección de “primer orden” de una elección secundaria y la tasa de participación es siempre más elevada en las primeras que en las segundas. Otro elemento determinante de la participación electoral es la relevancia política e institucional del órgano que se elige (Jackman y Miller, 1995). Dentro de las elecciones legislativas también se detectan diferencias de participación, dependiendo de las características institucionales del sistema político. En las elecciones legislativas, la participación suele ser mayor cuando el parlamento es la única institución elegida a través del sufragio directo y cuando las instituciones de democracia directa no ocupan un lugar preponderante en el sistema político. Por otro lado, un elemento institucional que influye sobre la participación es el sistema electoral. Los sistemas proporcionales presentan un porcentaje de participación mayor que los sistemas mayoritarios, ya que en el caso de los distritos mayoritarios en cada distrito electoral uninominal la representación no puede repartirse entre varios partidos, sino entre los dos partidos más votados. Todos los demás partidos no tienen opción de lograr representación, ofreciendo los sistemas electorales mayoritarios incentivos para la abstención.

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La modalidad del voto es otro elemento del sistema electoral que ofrece al elector la posibilidad de introducir más información sobre sus preferencias políticas en la papeleta. Algunos sistemas permiten incluso mezclar candidatos en distintas listas. Esta variable puede incrementar la participación, pero hace que el proceso de votación sea más complejo, especialmente para las personas con menos recursos. En cuanto al contexto partidista, cuanto mayor sea el número de partidos políticos existentes y mayor la distancia ideológica que los separa, más diversa es la oferta política (Crepaz, 1990), más posibilidades hay de que cualquier elector encuentre una candidatura que le satisfaga y, por tanto, mayor será la participación. Sin embargo, el número excesivamente elevado puede hacer que la formación del gobierno dependa más directamente de acuerdos entre estos que del resultado electoral. Otra cuestión importante es la fuerza de los anclajes de los partidos en la sociedad (Powell, 1980). Donde estos vínculos son fuertes y estables, se proporcionan pistas a los electores sobre cómo interpretar cuestiones políticas y escoger entre candidatos. Otra característica del sistema de partidos que influye sobre la participación es la competitividad electoral que se da entre partidos. Cuando menor es la distancia que separa a los principales partidos o coaliciones que compiten por el poder y más cierto es el resultado de la elección, mayor es la participación electoral. Y por último, en base a la teoría de la elección racional elaborada por Downs (1957), se establece que una persona votará si los costes de participar son inferiores a los beneficios que el elector obtendría si ganara su partido favorito.

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Por último, existen incentivos institucionales dirigidos a incentivar el voto. El primero y el más efectivo es el voto obligatorio. El caso holandés refleja claramente la influencia de esta variable: antes de la erradicación del voto obligatorio en Holanda en 1970, la tasa de abstención oscilaba en torno al 5%, posteriormente se incrementó hasta el 21%. Otros incentivos directos a la participación son las facilidades para votar: voto por correo, anticipado o a través de otra persona; los horarios de apertura de los colegios electorales; la celebración de elecciones en dos días o en día festivo; la instalación de urnas en hospitales, residencias de ancianos y otros lugares públicos, etc. Pero la influencia de los elementos relacionados con el contexto no es la misma para todos los ciudadanos. El voto obligatorio o las características del sistema electoral afectan más a los electores con más recursos y motivaciones individuales (Anduiza y Bosch, 2004).

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Capítulo IV LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL La participación electoral es una forma de participación política de especial relevancia en el contexto de la democracia representativa, si tenemos en cuenta que son estas las funciones de las elecciones (Anduiza y Bosch, 2004): • Producir representación. A partir de las elecciones se eligen los representantes en base a las preferencias de los electores. • Seleccionar un gobierno. Existen distintas formas de entender la representación política: mandato imperativo (los representantes funcionan como embajadores y reciben instrucciones precisas sobre cómo actuar); mandato representativo (el representante defiende los intereses de sus representados según su propio criterio); y mandato electoral (el representante se debe al partido por el cual ha sido elegido). • Producir legitimidad. A través de la legitimidad que le transfieren las elecciones, el gobierno se ve justificado y autorizado, lo que le permite esperar obediencia y respeto por parte de los ciudadanos, aunque no estén de acuerdo con sus actuaciones concretas. La participación electoral supone menos costes que otras formas de participación política más exigentes y necesariamente se produce dentro de un contexto político altamente movilizador. Desde una perspectiva normativa, la participación electoral incorpora un elemento igualitario que no está presente en otras formas de participación. 41

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En los sistemas democráticos, el acceso al voto es igual y universal para todos los ciudadanos, mientras que en otras formas de participación política la influencia de cada persona es variable, en función de su capacidad y de su disposición. Desde un punto de vista político, el nivel de movilización y el perfil de los electores participantes son elementos que pueden incidir en los resultados de la elección. Por estas razones, desde que se implantó el sufragio universal, la ciencia política se ha preocupado por los niveles de participación electoral (Anduiza y Bosch, 2004). Participación en elecciones legislativas en Europa Occidental (2000-2007) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de Idea International.

Suiza

Portuga l

Irland a

Francia

Finlandia

Reino Unido

España

Holanda

Grecia

Alemania

Austria

Suecia

Italia

Dinamarca

Bélgic a

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La abstención es considerada un síntoma de apatía, desafección y alienación del ciudadano. Por eso, reducir el nivel de abstención electoral es un objetivo deseable por varias razones: primero, porque la manifestación de un desinterés o una distancia entre ciudadanos e instituciones y partidos amenaza la esencia de la democracia; en segundo lugar, una elevada participación genera virtudes cívicas de los ciudadanos, incrementándose el interés por los asuntos públicos y la intensidad de los vínculos con el sistema político, favoreciendo el desarrollo de los sentimientos de eficacia política interna y externa; y, por último, cuanto mayor sea el nivel de abstención, mayor será la parte de la ciudadanía excluida del sistema político. La participación en el proceso electoral (y en la vida política en general) constituye uno de los elementos esenciales de la vida democrática. Desde un punto de vista normativo, la literatura ha identificado la consecución de una participación política y electoral elevada como uno de los requisitos necesarios para conferir legitimidad y dotar de eficacia al sistema político. Desde un punto de vista empírico, la investigación politológica reciente ha mostrado que el nivel de participación electoral constituye una variable importante para explicar variaciones significativas como los resultados electorales (Rosenstone y Hansen, 1993). En sistemas políticos en los que los electores se hallan fuertemente “anclados” en ciertas posiciones ideológicas o lealtades partidistas, es muy probable que la abstención constituya un elemento clave para explicar cambios en la distribución de votos en elecciones consecutivas. Los votantes tradicionalmente cercanos a un partido o bloque ideológico determinado raramente deciden votar por un candidato o lista electoral que no constituya su primera preferencia.

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Aquellos votantes descontentos con la campaña o gestión gubernamental del partido con el que simpatizan castigan a este último mediante la abstención. Por la misma razón, la movilización de toda la base de sus electores potenciales constituye una de las claves de la victoria electoral de un partido político. En términos generales, los estudios realizados hasta el momento han propuesto explicaciones de índole psicológica y sociológica para dar cuenta de la variación temporal, geográfica y social de la abstención. En las explicaciones psicológicas, la abstención se ha correlacionado con la existencia de un conjunto de actitudes individuales (hacia el sistema político) tales como desinterés, apatía y, en general, “desafección” hacia la esfera política. En los modelos sociológicos, la variación de la abstención se ha atribuido, a su vez, a diferencias en factores estructurales, tales como la edad, hábitat, clase social y renta económica, que al afectar los recursos personales (y, en parte, el grado en que las decisiones políticas afectan el bienestar individual) de cada elector modifican la probabilidad de que cada elector vote. Aunque estos modelos muestran una cierta validez para explicar el abstencionismo en las elecciones norteamericanas, estos estudios suscitan varios problemas. En primer lugar, los factores estructurales, tales como estructura productiva, ingresos o urbanización, que desempeñaron un cierto papel explicativo para las elecciones democráticas, parecen haber dejado de afectar el comportamiento abstencionista desde finales de la década de los ochenta (Justel, 1990 y 1995). En segundo lugar, los modelos sociológicos son incapaces, por definición, de dar cuenta tanto de las diferencias de participación en comicios de distinto rango como de las fluctuaciones temporales en elecciones del mismo nivel (por ejemplo, elecciones generales).

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A fin de resolver los problemas de explicaciones puramente sociológicas, la abstención ha empezado a ser concebida entre algunos autores como un fenómeno determinado por factores de naturaleza política: el grado de identificación de los ciudadanos con las instituciones políticas, el grado de eficacia interna y externa de los electores, y los cálculos estratégicos de los votantes (Riba, 1995). Los estudios existentes no han desarrollado la estructura causal que define la relación entre las estrategias de los candidatos políticos y el grado de movilización electoral. Asimismo, no se ha llevado una investigación sistemática de esta aproximación teórica, con datos individuales y técnicas de regresión no lineal, para todas las elecciones generales. En todo caso, existe un amplio consenso respecto a que una elevada abstención trae consigo el cuestionamiento de la legitimidad del sistema y afecta al principio de igualdad política que debe regir el funcionamiento de los sistemas democráticos, por lo que sería recomendable incrementar al máximo el nivel de participación. Las relación entre el nivel de participación y la salud y legitimidad de la democracia se intuye más claramente cuando se analiza el fenómeno desde una perspectiva diacrónica, es decir, la evolución a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista metodológico es difícil separar tres posibles efectos: periodo (el contexto político es cada vez menos motivador), generacional (las nuevas generaciones son cada vez menos participativas), o ciclo de vida (la distribución de los grupos de edad ha cambiado) (Anduiza y Bosch, 2004).

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En concreto, podríamos distinguir cuatro grupos de explicaciones del descenso de la participación electoral10: • Cambios sociodemográficos en el electorado. La extensión del electorado puede producir una menor participación en la medida en que se incorporan nuevos electores potenciales con menores niveles de información, politización, integración social y experiencia. Asimismo, el segmento de la sociedad de personas de más de 65 años ha incrementado su peso, pudiendo elevar los niveles de abstención. • Cambios en las actitudes políticas de los electores. El nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia desciende para recuperase posteriormente, mientras que el interés por la política y la identificación partidista se mantienen estables con una muy suave tendencia a la baja. • Cambios en el contexto político. Se extiende la sensación de que las elecciones son cada vez menos importantes, tanto por las propias características de una oferta electoral que no consigue llegar al elector, como por las imposiciones externas a los que se someten los gobiernos debido a su vinculación con entidades supraestatales o por interés económicos. • Cambios en los agentes movilizadores: partidos y sindicatos. Se está produciendo un proceso de desmovilización política, los partidos y los sindicatos, agentes tradicionales de movilización, son cada vez menos eficaces y activos en esta tarea, debido en muchos casos al fenómeno de institucionalización que han atravesado estas organizaciones.

( �� ) Blais et al. (2004), Corbetta y Parisi (1994), y Gray y Caul (2000).

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Existen varias propuestas para incrementar la movilización del electorado, basándose en dos principios: por un lado, las que tienden a producir directamente cambios en el comportamiento, es decir, cuyo fin inmediato es atraer votantes a las urnas. Distinguimos las que se basan en la introducción de facilidades para votar, en las medidas para la creación de recompensas o incentivos selectivos y el voto obligatorio, que no incrementa la legitimidad del sistema político pero sí moviliza a una parte del electorado, centrándose en los abstencionistas. Por otro lado, están las propuestas que se basan en las iniciativas que pretenden aumentar la movilización electoral a través de la creación de sentimientos y actitudes que favorezcan la participación. El objetivo es la obtención de una participación apoyada en razones y motivos democráticos. Estas motivaciones son de carácter racional cuando se centran en la utilidad que el ciudadano puede obtener si vota, o altruista cuando justifican el voto como un deber cívico, con el que todo ciudadano debe cumplir como se cumple con otras muchas obligaciones. Ambas estrategias constituyen dos formas distintas de enfrentarse al problema del descenso en la participación electoral. La primera aísla la cuestión de la abstención de otro tipo de problemas relacionados con el funcionamiento y legitimidad de las democracias. La segunda implica resolver algunas de las causas que dan lugar a la abstención y permite mejorar en mayor medida la calidad de la democracia.

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Notas sobre la autora Antonia González Salcedo

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Murcia. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada. Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Nacional Fin de Carrera. Es profesora ayudante y secretaria del Área de Ciencia Política de la Universidad de Murcia. Ha realizado estancias en Universidades e Institutos de prestigio, cuenta con publicaciones en revistas españolas e internacionales de referencia. Asimismo, ha presentado ponencias en diversos Congresos sobre Ciencia Política y Sociología, y ha participado en proyectos de Fortalecimiento Institucional en países de Europa del Este y África subsahariana.