Guía de estudio unidad 2, curso Género

PROGRAMA DE FORMACIÓN ORIENTADO A LA PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS Y AL DISEÑO DE INDICADORES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

UNIDAD 2 MARCO NORMATIVO NACIONAL

CECILIA ENRIQUEZ

NOVIMEBRE DE 2014

UNIDAD 2: MARCO NORMATIVO NACIONAL

ÍNDICE MARCO NORMATIVO NACIONAL .................................................................................................... 1 1.

Introducción ........................................................................................................................... 3

2.

MarcoNormativo .................................................................................................................... 4 2.1 Concepto de Política Pública .............................................................................................. 4 2.2 Constitución Política del Estado ......................................................................................... 5 2.3 Estructura de Igualdad ..................................................................................................... 11 2.4 PlanNacionaldeIgualdaddeOportunidades (PNIO) ........................................................... 16 2.5 Agenda Patriótica y su relación con el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades ..... 24 2.6 Leyes y Decretos Supremos con inclusión de la perspectiva de género y derechos de las mujeres 2009-2013 .................................................................................................................. 25

3.

Análisis comparativo de buenas prácticas en América Latina. ............................................. 29

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 30

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UNIDAD 2 UNIDAD 2: MARCO NORMATIVO NACIONAL MARCO NORMATIVO NACIONAL INTRODUCCIÓN

En la anterior Unidad se analizó el marco conceptual y la normativa internacional que debería permear toda la Política Pública, puesto que, como vimos, al ratificar las diferentes convenciones el Estado está obligado a plasmar sus contenidos en Política Pública nacional. Con esos insumos, en esta Unidad se hará un recorrido sobre el marco normativo nacional y se analizarán planes, programas y políticas de Estado que promueven la igualdad de género en el país.

En esta Unidad usted podrá conocer y analizar la Política Pública diseñada para el avance de las mujeres a partir del análisis de la Constitución Política del Estado (CPE), la Agenda Patriótica 2025, el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (PNIO) y la arquitectura estatal diseñada para el cumplimiento de la normativa.

Se espera que usted profundice en la relación entre los diferentes actores que intervienen en la implementación de la Política Pública, el contenido de la misma y su articulación con los avances de las mujeres.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

¿Cuál es el marco normativo que rige en el Estado Plurinacional?



¿Qué es la Política Pública?



¿Cuáles son los artículos de la CPE que reconocen los derechos de las mujeres?



¿Qué derechos reconoce la CPE?



¿Cuál es la Política Pública para el avance de las mujeres?



¿Cuál es la arquitectura institucional gubernamental pensada para la implementación de la Política Pública?

 ¿Cuáles son los avances y cuáles los vacíos?

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1. Marco Normativo 2.1 Concepto de Política Pública

Es importante entender que las políticas públicas muestran la voluntad política del Estado para resolver determinados problemas identificados por la sociedad civil. Son las respuestas que el Estado –en sus diferentes niveles- puede dar a las demandas de determinados sectores en forma de normas, instituciones, prestaciones, asignación presupuestaria, bienes públicos o servicios. En este sentido, están ligadas directamente a la actividad del Estado en tanto ente ejecutor, es decir, aludiendo a la Administración del Estado, centralizada o descentralizada. Al analizar la Política Pública, el énfasis debe estar centrado en: 

Los beneficios y repercusiones en la sociedad.



El desarrollo social.



La economía, la infraestructura y la expansión de las vías generales de comunicación, de las telecomunicaciones, del desarrollo social, de la salud y de la seguridad pública, entre otras.



Los planes de desarrollos anuales, quinquenales, etc.



Los presupuestos anuales de los estados y de las administraciones autonómicas y municipales.



La administración pública o sistema burocrático y sus planificaciones.



Los tratados internacionales y las declaraciones de principios de los estados individuales o unidos en agrupaciones regionales: Naciones Unidas, América Latina, Unión Europea, etc., con énfasis en la cohesión social y la gobernabilidad para desarrollos integrales o totales.

Idea principal El diseño, implementación y evaluación de la Política Pública es tuición del Estado en sus diferentes niveles. Refleja la voluntad política del Gobierno de resolver diferentes problemas identificados en la población.

Documento CEPAL http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/19485/sps95_lcl2176p.pdf

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2.2 Constitución Política del Estado

El Estado boliviano se rige por la Constitución Política del Estado (CPE), promulgada el 7 de febrero de 2009, fue producto de un proceso constituyente que dio salida a la crisis del periodo neoliberal y marcó el fin del antiguo modelo estatal.

Coherente con ello, la Constitución – que es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano-, incorpora en su texto un régimen completo de Derechos Humanos que recoge todos los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y poblaciones específicas (pueblos indígenas, mujeres, personas adultas mayores y con discapacidad) dándoles, a sus derechos, jerarquía constitucional. Esta norma, además, anticipa que, ante la emergencia de disposiciones de derechos humanos más favorables, las mismas tendrán prioridad sobre el texto constitucional expresando una auténtica vocación y compromiso con un proyecto de sociedad más inclusivo basado en los derechos humanos (Arts. 13 y 410 de la CPE).

Idea principal

La Constitución Política del Estado en un hito en la construcción de norma suprema puesto que ha sido hecha por diferentes sectores de la población que llevaron hasta Sucre demandas sectoriales.

Constitución Política del Estado http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/constitucion2009.pdf

Los derechos de las mujeres reconocidos en la CPE son los siguientes: ARTÍCULO

TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

PRIMERA PARTE: BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS DEBERES Y GARANTIAS Art. 4

El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión.

Art. 8

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad,

solidaridad,

reciprocidad,

respeto,

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complementariedad,

armonía,

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transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Prevé entre los fines y funciones esenciales del Estado el constituir una sociedad Art. 9

justa y armoniosa, sin discriminación y con plena justicia social; garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, fomentando el respeto mutuo.

Art. 11

I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.

14

I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna.

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

15

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual.

Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

21

Protege derechos importantes para el ejercicio de la participación política: la libertad de pensamiento y opinión (y a expresarlos de forma individual o colectiva);

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la libertad de reunión y asociación; el acceso y la difusión de información.

22

Deber primordial del Estado: respetar y proteger la dignidad y la libertad de la persona (derechos inviolables).

23-25

Toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas.

Sirve para protección ante ciertos actos de acoso político a mujeres.

26

I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

45

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.

V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal.

I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio.

II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección

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de las trabajadoras y de los trabajadores, como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.

V. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado.

VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad.

I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.

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II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones 63

personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas.

64

I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad.

II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones.

65

En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación.

66

Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.

79

La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.

82

I. El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

142

I. Podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización las extranjeras y los extranjeros en situación legal, con más de tres años de residencia ininterrumpida en el país bajo supervisión del Estado, que manifiesten expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

II. El tiempo de residencia se reducirá a dos años en el caso de extranjeras y extranjeros que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 1. Que tengan cónyuge boliviana o boliviano, hijas bolivianas o hijos bolivianos o

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padres sustitutos bolivianos. Las ciudadanas extranjeras o los ciudadanos extranjeros que adquieran la ciudadanía por matrimonio con ciudadanas bolivianas o ciudadanos bolivianos no la perderán en caso de viudez o divorcio.

143

I. Las bolivianas y los bolivianos que contraigan matrimonio con ciudadanas extranjeras o ciudadanos extranjeros no perderán su nacionalidad de origen. La nacionalidad boliviana tampoco se perderá por adquirir una ciudadanía extranjera.

II. Las extranjeras o los extranjeros que adquieran la nacionalidad boliviana no serán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen.

SEGUNDA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO 147

I. En la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y mujeres.

172

Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley: 22. Designar a las Ministras y a los Ministros de Estado, respetando el carácter plurinacional y la equidad de género en la composición del gabinete ministerial.

209

Las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción de los cargos elegibles del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional serán postuladas y postulados a través de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, en igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley.

210

I. La organización y funcionamiento de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos deberán ser democráticos.

II. La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y los candidatos de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos será regulada y fiscalizada por el Órgano Electoral Plurinacional, que garantizará la igual participación de hombres y mujeres.

III. Las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos podrán elegir a sus candidatas o candidatos de acuerdo con sus normas propias

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de democracia comunitaria.

270

Define los principios que rigen la organización territorial del Estado y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas, entre ellos: bien común, solidaridad, autogobierno, igualdad, equidad de género, transparencia, participación y control social.

278

La ley determinará los criterios generales para la elección de asambleístas departamentales, tomando en cuenta la paridad y alternancia de género.

CUARTA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO 338

El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas.

395

I. Las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal.

402

El Estado tiene la obligación de: (…)

2. Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra.

Para que todo lo comprometido en la CPE, se plasme en la vida de las personas, desde su promulgación, se está desarrollando en Bolivia un nuevo marco legal e institucional para la elaboración, implementación y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y acciones que respondan a la nueva visión de desarrollo o cosmovisión denominada “vivir bien” como horizonte político de transformación.

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2.3 Estructura de Igualdad

Dentro este marco legal, para el marco institucional se ha creado en el órgano ejecutivo el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (Art. 83 del D.S. 29894) –dependiente del Ministerio de Justicia- que tiene, entre sus atribuciones principales, dirigir políticas, normas y programas que promuevan la igualdad de género, así como transversalizar las mismas en la gestión pública nacional y territorial. Para esto último, además, tiene la facultad de coordinar, gestionar y supervisar en las entidades territoriales autónomas, la asignación de recursos económicos.

Este viceministerio se subdivide en tres direcciones generales: de Personas con discapacidad, de Niñez, juventud y Personas Adultas Mayores y, finalmente, de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia en razón de género y generacional.

Así el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales, se constituye en cabeza de sector en materia de género. Las otras instancias del Órgano Ejecutivo también están exigidas de ejecutar las políticas públicas nacionales en esta materia, en el marco de los convenios internacionales suscritos por Bolivia y que han sido ratificados mediante leyes del Estado Plurinacional.

En el Órgano Ejecutivo, existen instancias que tienen competencias concurrentes para la aplicación de políticas públicas a favor de las mujeres y tienen acciones específicas que deberían desarrollar para aportar a los objetivos del Plan de Igualdad de Oportunidades. Se identificaron las siguientes: MINISTERIO

UNIDAD

OBJETO DE LA UNIDAD

Ministerio de Defensa

Unidad de Interculturalidad e Igualdad de Oportunidades

Promover la inclusión social, equidad de género, igualdad de oportunidades, interculturalidad en las Fuerzas Armadas

Ministerio de Educación

Unidad de Políticas Intraculturales Interculturales y Plurilingüismo

Ministerio de Trabajo

Unidad de Derechos Fundamentales

El Equipo de Género Generacional y Justicia Social está trabajando en el marco de la Ley de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez Nº 070, en los componentes de: género generacional y social; prevención de violencia maltrato y abuso; sexualidad integral en el ámbito educativo; equiparación de oportunidades de género y generacional; educación en derechos -Apoyar y asesorar a la o al Ministro en relación al respeto y la garantía de la efectiva aplicación de los Derechos Fundamentales en el trabajo.

-Promover el ejercicio de los derechos laborales de las mujeres y el acceso al trabajo digno.

- Promover el desarrollo de una nueva cultura de relaciones laborales y empleo de calidad que facilite la corresponsabilidad para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

- Transversalizar acciones con perspectiva de género en el ámbito laboral.

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Si bien estos Ministerios cuentan con una Unidad o personas especializadas en la transversalización de género en sus respectivos Ministerios, existen otros, como el Ministerio de Autonomías y de Desarrollo Productivo, que sin una instancia específica han transversalizado género en sus Ministerios y han trabajado en Política Pública favorable a las mujeres.

Dentro del Órgano Ejecutivo, es importante resaltar la creación de la Unidad de Despatriarcalización dependiente Viceministerio de Descolonización del Ministerio de Culturas y Turismo. Esta Unidad tiene en su interior las siguientes dependencias: jefatura de Unidad; profesional en formación; técnico en promoción cultural y técnico enlace con organizaciones sociales. Su objetivo estratégico: “complementar los procesos de descolonización iniciados por el Estado Plurinacional”, y como objetivos específicos: “a) la visibilización de las relaciones sociales de dominio que responden al orden patriarcal, b) la desestabilización y puesta en crisis de esos ordenes de dominio patriarcal, y; c) la transformación de esas relaciones sociales de dominio, para constituir una sociedad justa y armoniosa”1.

En su relación con el Órgano Judicial, el VIO debería coordinar acciones con el aparato judicial en su conjunto y con la Corte Suprema y las Cortes Superiores de Distritos en particular, como instancias de resguardo y restitución de derechos, ya que se ha verificado un déficit importante en lo que se refiere al acceso de las mujeres a la justicia. Coordinar con el Órgano Legislativo, para el cumplimiento de la agenda legislativa a favor de las mujeres.

Con la Corte Nacional Electoral y con las Cortes Departamentales Electorales, como instancias responsables de llevar adelante los procesos electorales y de hacer cumplir las normas relativas al derecho de participación política de las mujeres.

2.3.1 Articulación con gobernaciones y municipios

Una

de las principales transformaciones del Estado Plurinacional es la creación de un

régimen autonómico departamental, regional y municipal y el reconocimiento del ejercicio de esta facultad en los territorios de los pueblos indígena originarios.

La autonomía es la cualidad gubernativa para la elección directa de sus autoridades, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio, dentro de su territorio, de facultades

1

Manual Interno de Funciones de las Unidades del Viceministerio de Descolonización” (2013)

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legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la Ley. La Ley Marco de Autonomías (LMA) No. 031 establece, en relación a igualdad de género, que la forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas (ETAs) es democrática, participativa, representativa y comunitaria allá́ donde se la practique, con igualdad de género que debe reflejarse en la composición de las asambleas departamentales y concejos municipales (órganos deliberativos y fiscalizadores).

Así mismo las ETAs deben:  Promover el desarrollo territorial, justo, armónico y con igualdad de género con énfasis en lo económico productivo y en desarrollo humano.  Generar las condiciones y los medios que contribuyan al logro de la justicia social, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad e integralidad del desarrollo en las entidades territoriales autónomas, en la conformación de sus gobiernos, en las políticas públicas, en el acceso y ejercicio de la función pública.  Prever la sostenibilidad y la asignación de recursos suficientes para la eliminación de las desigualdades sociales, de género y la erradicación de la pobreza, dicha asignación puede ser con recursos propios, transferencias públicas, donaciones, crédito u otras fuentes. A tal efecto, se dispuso incluir en las leyes, las directrices y el clasificador presupuestario Categorías de género2 con un límite de gasto para los departamentos de hasta un cinco por ciento (5%) en programas no recurrentes, de apoyo a la igualdad de género, en asistencia social y otros.

2

III “Programación de gastos y recursos en las municipalidades” de las Directrices de Planificación y Presupuesto del Estado Plurinacional: Asignación de Recursos para Equidad de Género  En cumplimiento de las competencias municipales establecidas en la Ley Nº 2028 de Municipalidades, Ley N| 031 Marco de Autonomías, D.S 29850 de 22 de diciembre de 2008 y Decreto Supremo Nº 24864, de 10 de octubre de 1997, de Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres, deben asignar los recursos necesarios para promover y desarrollar el:  Programa Integral para el Desarrollo Económico-Productivo y Empleo para las Mujeres;  Programa de Servicios Públicos de Atención de Necesidades de la Familia;  Programa de Difusión de Igualdad de Derechos y Responsabilidades entre Mujeres y Hombres en el Hogar, la Comunidad y el Municipio  Fortalecimiento del Liderazgo Social y Político de las Mujeres y sus Organizaciones.

Asimismo, deberán programar recursos para el funcionamiento de los servicios legales integrales, asignando a una de las áreas funcionales de su estructura, la responsabilidad de asumir las actividades correspondientes

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Tanto los estatutos autonómicos departamentales como las cartas orgánicas municipales, mínimamente deben incorporar un régimen de igualdad de género, generacional y de personas con discapacidad (Art. 62 LMA).

Por su parte, es competencia exclusiva del gobierno departamental: “Diseñar y establecer el plan de desarrollo económico y social del departamento, incorporando los criterios del desarrollo económico y humano, con equidad de género e igualdad de oportunidades, considerando a los planes de desarrollo municipales e indígena originario campesinos, en el marco de lo establecido en el Plan General de Desarrollo”, mientras que los gobiernos municipales tienen que: “Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, incorporando los criterios del desarrollo humano, con equidad de género e igualdad de oportunidades, en sujeción a ley especial, conforme a las normas del Sistema de Planificación Integral del Estado y en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental.”

A nivel departamental, las instancias de coordinación para trabajar los derechos de las mujeres tienen las siguientes atribuciones: a) Ejecutar políticas b) Gestionar respuestas a las necesidades y requerimientos c) Supervisar el cumplimiento de las políticas y normas institucionales en relación con las entidades públicas, privadas y sociales

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d) Gestionar asistencia técnica y financiera nacional o internacional con organismos de cooperación para ejecutar programas, proyectos y acciones de desarrollo social e) Coordinar las acciones con las instancias correspondientes

Dentro de las Entidades Territoriales Autónomas se tiene el siguiente estado de situación: DEPARTAMENTO

ENTIDAD

Despatriarcalización y/o Género

Descolonización

Gobernación

No cuenta

Descolonización

Alcaldía Municipal

Género

No Cuenta

Gobernación

Género

No Cuenta

Alcaldía

Género

No Cuenta

Gobernación

Género

Descolonización

Alcaldía

Despatriarcalización

Descolonización

Gobernación

Género

Descolonización

Alcaldía

Género

No Cuenta

Gobernación

Despatriarcalización

Descolonización

Alcaldía

Género

No Cuenta

Gobernación

Género

Descolonización

Alcaldía

Género

No Cuenta

Gobernación

Género

No Cuenta

Alcaldía

Género

No Cuenta

Gobernación

Género

No Cuenta

Alcaldía

Género

No Cuenta

Gobernación

No cuenta

No Cuenta

Alcaldía

No cuenta

Descolonización

La Paz

Oruro

Potosí

Chuquisaca

Tarija

Cochabamba

Santa Cruz

Beni

Pando

La instancia competente para brindar asistencia técnica para la integración de la igualdad de género en el ejercicio competencial es el Servicio Estatal de Autonomías (SEA). Si bien, actualmente, existen algunos problemas en la coordinación, es posible que muchas deficiencias actuales se puedan resolver en Consejos de coordinación sectorial (Art. 132) y/o mediante

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acuerdos intergubernativos (Art. 133) antes que tener que pensar en la emisión de nuevas leyes y decretos.

Idea principal Tanto la LOPE como la Ley Marco de Autonomías asignan al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades dirigir políticas, normas, y programas que promuevan la igualdad de género, así como transversalizar la misma en la gestión pública nacional y territorial. Para esto último, además, tiene la facultad de coordinar, gestionar y supervisar en las entidades territoriales autónomas la asignación de recursos económicos

Ley Marco de Autonomías http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/archivos/vivi/nal/Ley%20N%C2%BA%20031.pdf

Estudio de las Instancias de Coordinación Sectorial y Multisectorial http://www.autonomia.gob.bo/portal3/index.php/component/content/article/24publicaciones/479-estudio-de-las-instancias-de-coordinacion-sectorial-y-multisectorial-en-elestado-plurinacional-de-bolivia.html

Por otra parte, la Ley 1674 (1995) y su reglamentación a fin de modificar patrones de conducta violentos, estereotipos, prácticas discriminatorias, proteger la integridad física, la sanción y la prevención, creó los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs), que han venido trabajando en el país, lamentablemente con muy escasos recursos económicos humanos y técnicos.

2.4 Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (PNIO)

El PNIO establece los lineamientos generales para aplicar políticas públicas con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a partir de seis ejes de acción.

1. Eje Económico, productivo y laboral:

¡Objetivo estratégico!

Hasta 2020, el Estado boliviano, en los niveles de la gestión pública, ha generado condiciones para el ejercicio pleno de los derechos económicos, productivos y laborales de las mujeres, a fin de que avancen mayor autonomía económica.

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UNIDAD 2: MARCO NORMATIVO NACIONAL

 Promover el ejercicio de los derechos laborales de las mujeres y el acceso al trabajo digno  Promover el acceso de las mujeres a los recursos naturales, a los recursos de la producción y a los servicios públicos  Promover el acceso de las mujeres al patrimonio tangible (tierra, vivienda, capital) e intangible (tecnología, capacitación)  Redistribuir las tareas del cuidado y protección de la familia entre mujeres y hombres dentro del hogar y entre las familias y el Estado Política

Acciones Concurrentes

Ente ejecutor Ministerio de Trabajo

Promover el ejercicio de los derechos laborales de las mujeres y el acceso al trabajo digno

Promover el desarrollo de una nueva cultura de relaciones laborales y empleo de calidad que facilite la corresponsabilidad para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; promover el acceso igualitario de mujeres y hombres a los distintos espacios laborales; fomentar la calidad en el empleo y la igualdad salarial entre hombres y mujeres; promover la eliminación de los estereotipos sexistas en los distintos espacios laborales; Establecer medidas dirigidas a prevenir y sancionar el acoso sexual en el trabajo; Velar por la seguridad social de las mujeres en los espacios laborales; Proteger los derechos laborales de las mujeres; proponer una normativa especial, con perspectiva de género, que flexibilice la normativa laboral en el sector informal; Promover el acceso al trabajo digno de las mujeres mineras.

Fortalecer el empoderamiento de las mujeres en los espacios de decisión para el manejo y protección de los recursos naturales, especialmente en las zonas rurales; visibilizar la participación y definir el beneficio hacia las mujeres de todos los programas de apoyo a la producción y de seguridad alimentaria.

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Fortalecer e impulsar la participación de las mujeres emprendedoras, en niveles de decisión, de programas de apoyo a PYME, OECA, Cooperativas, Asociaciones; Promover las iniciativas emprendedoras de las mujeres en la micro, pequeña y mediana industria; propiciar el acceso de las mujeres emprendedoras a mercados bajo la forma de encadenamientos productivos.

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

Favorecer la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones sobre programas de agua y saneamiento; priorizar programas e iniciativas de habitabilidad básica, agua y saneamiento, que interrelacionen la sostenibilidad y el enfoque de género, a nivel local y nacional

Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda

Fortalecer el poder de decisión de las mujeres en programas y proyectos de sus respectivas competencias sectoriales.

Todos los sectores

Asegurar el acceso equitativo de las mujeres a al programa de crédito solidario (BDP); facilitar el acceso de las mujeres a la tecnología, mejoramiento de condiciones laborales de trabajo, capacitación.

Ministerio de Desarrollo Productivo

-Asegurar el acceso equitativo de las mujeres a la propiedad de la tierra

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

-Facilitar el acceso de las mujeres, particularmente de las jefas de hogar, al Programa de Vivienda Social y Solidaria.

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Promover el acceso de las mujeres a los recursos naturales, a los recursos de la producción y a los servicios públicos

Promover el acceso de las mujeres al patrimonio tangible (tierra, vivienda, capital) e intangible (tecnología, capacitación)

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Ministerio de Minería y Metalurgia

UNIDAD 2: MARCO NORMATIVO NACIONAL

Redistribuir las tareas del cuidado protección de la familia entre mujeres y hombres dentro del hogar y entre las familias y el Estado.

-Fortalecer el principio de igualdad de oportunidades y corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la convivencia familiar y social.

Ministerio de Trabajo Ministerio de Justicia

-Fortalecer y desarrollar servicios de atención y cuidado de niños/as, ancianos/as, personas con discapacidades, emprendidas desde las iniciativas comunitarias y estatales que garanticen el acceso de las mujeres a fuentes laborales; incidir en el cambio de esquemas culturales de la distribución de roles de mujeres y hombres en la familia mediante el incentivo a la reflexión y toma de conciencia de la igualdad y equidad entre sexos; desarrollar todas las acciones normativas y operativas necesarias para el reconocimiento del valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y su cuantificación en las cuentas públicas.

Hasta el momento, se ha aprobado una ley y un reglamento de fomento a la Lactancia Materna3, la inamovilidad laboral de la madre y del padre con hijos e hijas menores de 1 año4, la cobertura de servicios de salud materno infantil5 y, además, se ha ampliado la cobertura de servicios públicos como agua potable y saneamiento básico en el área rural principalmente. Sin embargo, estos cambios no benefician a todas y todos por igual, puesto que la población urbana más pobre, principalmente mujeres e indígenas, son trabajadores y trabajadoras informales y sólo el 20% de la población asalariada está bajo la Ley General del Trabajo y, de este porcentaje, solo el 14% cuenta con seguridad social de corto plazo6.

En relación al acceso a la Tierra, recursos naturales y otras formas de patrimonio, los avances son escasos y, lamentablemente, en relación a la redistribución de tareas de cuidado de la familia, los resultados visibles son prácticamente nulos.

También se puede señalar que el Ministerios de Producción del desarrollo y Economía Plural desarrollo durante el 2012 - 2013, un ejercicio de alineación de su plan estratégico al Plan de igualdad de oportunidades a partir del uso de herramientas de presupuestos sensibles al Género (esto está señalado en el informe a la CEDAW del país).

2. Eje de Educación: ¡Objetivo estratégico!

Hasta 2020, el Estado boliviano, en los niveles de la gestión pública, facilita el acceso, la permanencia y la promoción de las mujeres en todos los niveles y ciclos de la educación, con una oferta de calidad, sin estereotipos sexistas, que considere sus necesidades específicas, sus saberes y competencias, según su ciclo vital y desde una visión intercultural.

3 Ley No 3460 y Decreto Supremo reglamentario No 0115 4 Decreto Supremo N° 0012.

5 Bono Juana Azurduy.

6 Farah, Ivonne, et al. 2012.- Hacia una política municipal del cuidado. CIDES-UMSA. Conexión-Fondo de emancipación. La Paz, Bolivia.

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UNIDAD 2: MARCO NORMATIVO NACIONAL

 Erradicar el analfabetismo femenino  Incrementar las oportunidades de acceso y la permanencia de niñas, adolescentes y jóvenes mujeres en el sistema de la educación formal y alternativa  Incorporar la perspectiva de género en la revolución educativa  Abrir oportunidades de formación, capacitación y profesionalización de las mujeres en todos los ámbitos

Política

Acciones Concurrentes

Ente ejecutor

Erradicar el analfabetismo femenino

Garantizar el acceso prioritario de las mujeres mayores de 15 años en todos los programas de erradicación del analfabetismo (alfabetización y post-alfabetización), y su acceso a la educación primaria.

Ministerio de Educación

Incrementar las oportunidades de acceso y la permanencia de niñas, adolescentes y jóvenes mujeres en el sistema de la educación formal y alternativa

Impulsar acciones que incentiven el cambio de la perspectiva cultural acerca de los estereotipos de género en la familia y la comunidad, referida al acceso y permanencia de niñas, adolescentes y jóvenes mujeres en los centros educativos; propiciar servicios sectoriales que apoyen la creación y mantenimiento de proyectos educativos, de acuerdo a características regionales (internados rurales, transporte escolar y otras).

Ministerio de Educación

Ministerio de Educación

Incorporar la perspectiva de género en la revolución educativa

Promover que maestras y maestros reciban la formación adecuada en coeducación, prevención de la violencia de género, e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; Transversalizar la perspectiva de género en el Proyecto de Ley Elizardo Pérez y Avelino Siñani y en su respectiva reglamentación normativa y operativa; Incorporar la igualdad y equidad de género en los contenidos de planes y programas de los distintos niveles y ciclos educativos, y asegurar su cumplimiento en la práctica educativa ejercida por los/las docentes; Incidir en el uso del lenguaje no sexista, así como en la deconstrucción de imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, en los espacios educativos; Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección, participación y toma de decisiones del sistema educativo; Promover y reforzar procesos de adecuación de políticas referidas al respeto a la diversidad y a los derechos culturales, en coherencia con las políticas de no discriminación e igualdad de género, y viceversa; Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la educación superior.

Abrir oportunidades de formación, capacitación y profesionalizació n de las mujeres en todos los ámbitos

Impulsar la igualdad de oportunidades en las Universidades; Recuperar la memoria histórica de las mujeres; transversalizar el enfoque de género en la producción del conocimiento en todos los niveles educativos; crear programas que incentiven la formación, capacitación y profesionalización de mujeres en el sistema educativo plurinacional de acuerdo a objetivos de desarrollo del PND; fomentar el diseño y realización de programas de orientación no sexista que promuevan la elección de estudios de forma no discriminatoria; diseñar y proponer programas educativos para la igualdad de derechos dirigidos a mujeres y hombres en áreas productivas contemplando acciones positivas hacia las mujeres

Ministerio de Educación

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Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia

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Existe una reducción de la brecha de analfabetismo entre mujeres y varones, sin embargo, estamos lejos de su erradicación. Asimismo, el Bono Juancito Pinto ha permitido retener a la población estudiantil en el sistema de educación, sin embargo, no se ha incrementado la matriculación ni hay mejora de la calidad de la educación que se imparte.

3. Eje de Salud:

¡Objetivo estratégico!

Hasta 2020, el Estado boliviano, en todos los niveles de la gestión pública, facilita el la salud integral de las mujeres, les brinda servicios de salud con calidad y calidez, y promueve el ejercicio de todos los derechos sexuales y reproductivos, en el marco del reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del país.

 Ampliar la cobertura de los servicios de salud a mujeres en edad fértil en el marco del Sistema Único Intercultural y Comunitario de Salud  Promover el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres Política

Acciones Concurrentes

Ampliar la cobertura de los servicios de salud a mujeres en edad fértil en el marco del Sistema Único Intercultural y Comunitario de Salud

-Incorporar en la formación del personal de salud el enfoque de género y el respeto a la diversidad cultural; promover investigaciones orientadas a recuperar los saberes de las mujeres en el cuidado de la salud; fortalecer los sistemas públicos de salud garantizando una atención adecuada a las mujeres, en cuanto a sus especificidades de género y diversidad de identidades, edades y culturas; impulsar la participación y empoderamiento de las mujeres en los procesos de salud; Garantizar la adecuada implementación de programas y proyectos de salud cuyo objetivo sea mejorar la calidad y calidez en la atención a las mujeres respetando su diversidad cultural

Promover el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres

Enfatizar en los programas de salud sexual y reproductiva la maternidad segura y la prevención del cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, e incrementar su cobertura; Desarrollar programas de educación ciudadana, formación y capacitación referidos a derechos sexuales y derechos reproductivos; promover el debate público, libre y abierto sobre el derecho de las personas a vivir una sexualidad libre de prejuicios y estereotipos

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Ente ejecutor

Ministerio de Salud Ministerio de Justicia

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Si bien, como se indica, se ha ampliado la cobertura de los servicios de salud estos carecen de enfoque integral y se focalizan en los aspectos reproductivos; por otro lado, aún no se ha desarrollado ninguna estrategia de prevención.

Por otra parte, la amenaza de retroceso en los mínimos avances en las políticas (por ejemplo, la oferta de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia), puede ser suprimida por injerencia de los sectores más conservadores de las iglesias que presionan al Ministerio de Salud para retirarlas de los servicios.

4. Eje de Violencia en razón de género:

¡Objetivo estratégico!

Hasta 2020, el Estado boliviano, en los niveles de la gestión pública, ha generado las condiciones para una vida libre de violencia en razón de género y sanciona las prácticas discriminatorias de exclusión y subordinación, a través de mecanismos institucionales e instrumentos normativos.

Se concentra en contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género.

A partir de una mayor visibilización de la violencia de género y el recrudecimiento de los episodios de violencia en nuestra sociedad, se ha aprobado la Ley No 348 y su Reglamento /Decreto Supremo 2145) con la respectiva asignación presupuestaria.

Política

Contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género

Acciones Concurrentes Mejorar el sistema de atención a integral a las mujeres víctimas de violencia de género; Intensificar la formación y especialización de profesionales que intervienen en las situaciones de violencia de género; reforzar en la protección policial y judicial de las víctimas de la violencia de género; promover el conocimiento de la violencia de género a partir de los contenidos en el sistema educativo; desarrollar acciones contra la naturalización de la violencia de género, condenándola como un hecho delictivo e incentivando la solidaridad en la comunidad hacia las víctimas; Promover el desarrollo de contenidos preventivos de la violencia sexual contra niñas y adolescentes en el ámbito de la escuela y la familia; capacitación y sensibilización a operadores/as y administradores/as de justicia en perspectiva de género y atención a casos de violencia de género.

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Ente ejecutor Ministerio de Justicia Ministerio de Gobierno Defensoría del Pueblo

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5. Eje de ciudadanía y participación política:

¡Objetivo estratégico!

Hasta 2020, el Estado boliviano, en los niveles de la gestión pública, ha generado las condiciones para la reducción de barreras que limitan la participación de las mujeres en espacios de decisión, bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades.

 Promover mecanismos eficaces para el ejercicio de derechos de ciudadanía de las mujeres  Promover y proteger la participación política de las mujeres en diferentes espacios de decisión

Política

Acciones Concurrentes

Promover mecanismos eficaces para el ejercicio de derechos de ciudadanía de las mujeres

Incrementar la participación de las mujeres en los espacios de decisión política para alcanzar una composición equilibrada entre mujeres y hombres; asegurar el acceso de las mujeres a los documentos de identidad (Certificado de Nacimiento y Cédula de Identidad) para el ejercicio de los derechos ciudadanos

Promover y proteger y fortalecer la participación política de las mujeres en diferentes espacios de decisión

Remover los obstáculos que impiden la participación política y ciudadana de las mujeres; incrementar la participación de las mujeres en los puestos de representación y dirección de la Administración del Estado; incentivar la denuncia de mujeres que son víctimas de violencia política; promover entre las fuerzas políticas y organizaciones sociales, el respeto a la participación política de las mujeres; fortalecer los procesos de participación política de las mujeres, en paridad y en alternancia; capacitar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos democráticos

Ente ejecutor Ministerio de Justicia Ministerio de Gobierno Tribunal Superior Electoral Registro Civil Ministerio de Justicia Defensoría del Pueblo Tribunal Superior Electoral

La participación política de las mujeres en condiciones de paridad y alternancia está garantizada en la Ley Electoral; sin embargo, esta continúa evaluándose en términos cuantitativos y no se ha planteado en el debate la necesidad de dar un salto cualitativo que aporte no sólo a garantizar que la participación política se enmarque en la paridad, sino que su ejercicio sea efectivo, sin amenazas ni violencia que constriñan la participación de las mujeres y, que se encamine hacia una transformación del escenario político y sus actores tradicionales en relación a las políticas de igualdad.

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UNIDAD 2: MARCO NORMATIVO NACIONAL

6. Eje de Fortalecimiento institucional:

¡Objetivo estratégico!

Hasta 2020, el Estado boliviano, en los niveles de la gestión pública, contribuye a garantizar la institucionalidad de mecanismos públicos para implementar políticas, estrategias y programas por la igualdad entre mujeres y hombres, a través de la asignación de suficientes recursos físicos y financieros, así como de recursos humanos calificados.

 Construir y fortalecer la institucionalidad pública destinada a promover la igualdad entre mujeres y hombres en todos los niveles y ámbitos de la gestión pública

Política

Acciones Concurrentes

Construir y fortalecer la institucionalidad pública destinada a promover la igualdad entre mujeres y hombres, en todos los niveles y ámbitos de la gestión pública

Fortalecer y jerarquizar los mecanismos de género en las distintas instancias estatales; proponer normas, acciones y estrategias para transversalizar la perspectiva de género en la gestión pública; coordinar y articular las políticas públicas referidas a la igualdad de género en los proyectos, programas y planes de las diferentes instancias estatales

Ente ejecutor Ministerio de Justicia

En los logros de implementación del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades se anotan, sobretodo, en el ámbito formal y de estrategia normativa pues se han elaborado y aprobado más leyes y reglamentos con enfoque de género que en la década precedente (Participación política, Lucha contra la violencia, Trata y tráfico de personas, Acoso y violencia política, etc.).

El PNIO es, como se ha visto, una propuesta sectorial que busca constituirse en política intersectorial, sin mucho éxito por la falta de coordinación y por el breve lapso entre su aprobación y la transformación del marco institucional del país, lo que la dejó con cortas posibilidades de implementación.

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2.5 Agenda Patriótica y su relación con el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades

El 22 de enero de 2013 se presenta la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, que se constituye en política y estrategia de Estado en la cual plantea 13 pilares para la construcción de una nueva sociedad más incluyente, participativa, democrática, sin discriminación, sin racismo ni división, en el marco de los preceptos constitucionales. Los Trece Pilares de la Bolivia Digna y Soberana son: 1. Erradicación de la extrema pobreza.

2. Socialización y universalización de servicios básicos luz, agua, telecomunicaciones.

3. Salud, educación y deporte para formación integral del ser humano.

4. Soberanía científica y tecnología con identidad propia.

5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero.

6. Soberanía productiva con diversidad sin dictadura del mercado capitalista.

7. Soberanía de recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en equilibrio con madre tierra.

8. Soberanía alimentaria a través del saber alimentarse para el vivir bien.

9. Soberanía ambiental con desarrollo integral.

10. Integración complementaria de los pueblos (Estados) con soberanía.

11. Soberanía y transparencia bajo preceptos del ama llulla, ama swa y ama quilla.

12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, música, ríos, selvas, montañas, nevados, aire y sueños.

13. Reencuentro soberano con alegría, prosperidad, reciprocidad y nuestro mar.

La Agenda Patriótica, por su naturaleza y, al surgir desde el más alto nivel administrativo, involucra al Estado en todos sus órganos y niveles. Sin embargo, ejes fundamentales como la erradicación de todas las formas de violencia, la discriminación, la igualdad de género, la emancipación y autonomía de las mujeres indígenas y otras poblaciones vulneradas, la reducción

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de brechas o el acceso a la justicia, todos ellos elementos que afloran en el Plan Nacional de Desarrollo y el PNIO, no han sido considerados capaces de constituir un pilar por sí mismo o visibilizarse en el documento.

Los pilares propuestos responden a una visión nacional donde la igualdad de género no tiene un espacio preciso, ni horizontal ni transversalmente, aunque cabe esperar que el desarrollo de la Agenda visibilice e incluya de alguna manera objetivos específicos para la igualdad de género, pues no se puede pensar siquiera en luchar contra la pobreza extrema sin considerar que ésta es producto de un sistema basado en la discriminación y marginación histórica de mujeres, niños, niñas, indígenas y personas adultas mayores, entre otras.

Documentos oficiales sobre la Agenda han desarrollado directrices de planificación de mediano y largo plazo; en éstas se observa que los Pilares son agrupados en las Cinco Patrias del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) a fin de incorporarlos en la estructura programática. Por ejemplo, en el Área de Patria Segura-Patria para Todos se encuentra un Programa la Lucha contra la violencia hacia las mujeres, derechos fundamentales de las mujeres, etc.

2.6 Leyes y Decretos Supremos con inclusión de la perspectiva de género y derechos de las mujeres 2009-2013 Ley 4021 de Régimen Electoral Transitorio (abril 2009) Incluye los criterios de paridad y alternancia en la presentación de candidaturas plurinominales en los procesos electorales nacionales, departamentales y municipales de 2009 y 2010 (diputados y diputadas, senadores y senadoras, concejalías, alcaldías, asambleístas departamentales y gobernaciones).

Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal (mayo 2010) Ley de modificaciones al Sistema Normativo Penal que endurece las sanciones punitivas en contra de los delincuentes reincidentes y la retardación de justicia.

Ley 025 del Órgano Judicial (junio 2010) Incluye criterios de paridad y alternancia en el proceso de preselección de candidatos y candidatas para la elección de altas magistraturas del Órgano Judicial.

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Ley 01 de Órgano Electoral Plurinacional (junio 2010) Incluye criterios de paridad y alternancia en el proceso de preselección de candidatos y candidatas para la elección de vocales de los Tribunales Supremo Electoral y Tribunales Electorales Departamentales del Órgano Electoral.

Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional (julio 2010) Incluye criterios de paridad y alternancia en la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Ley 026 de Régimen Electoral (julio 2010) Incluye criterios de paridad y alternancia en la presentación de candidaturas plurinominales y uninominales en los procesos electorales nacionales, departamentales y municipales.

Ley 031 de Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (julio 2010) Incluye la igualdad de género e igualdad de oportunidades entre sus principios y la finalidad, además, en las formas de gobiernos de las entidades territoriales autónomas. Plantea la necesidad de incluir la igualdad de género en Estatutos Departamentales y Cartas Municipales, en la planificación y en la distribución de recursos.

Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (octubre 2010) Creación de la política pública de prevención y lucha contra toda forma de discriminación con perspectiva de género. Incluye definiciones sobre equidad de género, misoginia, homofobia y transfería. Se sanciona el racismo y la discriminación. Incluye mecanismos para denuncia e incorpora medidas de acción afirmativa contra la discriminación.

Ley 054 de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes (noviembre de 2010) Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ley 065 de Pensiones (diciembre 2010) Incorpora criterios diferenciados para que las mujeres accedan a las pensiones (edad, reconocimiento de un año por hijo e hija hasta el o la tercera).

Ley 070 Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” (diciembre 2010) Incluye la despatriarcalización como principio y finalidad de la educación.

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Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional (diciembre 2010) Incluye, entre sus principios, la igualdad de género. Reconoce el acceso de las mujeres a la justicia y a cargos de decisión. Además, el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y niñas y niños a una vida libre de violencia sancionando, ante la justicia ordinaria, los delitos de trata y tráfico, violación, asesinato y violencia contra niñas y niños.

Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política en Razón de Género (mayo 2012) Incluye, como delitos, las figuras del acoso y de la violencia política, considera sanciones y el procedimiento a través de la vía penal.

Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida segura” (julio 2012) Incorpora la igualdad de género y los derechos humanos como marco de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana. Incluye la violencia en el ámbito público y privado. Plantea incluir el enfoque de género en planes, programas y proyectos.

Ley 260 Orgánica del Ministerio Público (julio 2012) Establece la creación de las fiscalías especializadas. Incluye Mecanismos de protección en casos de mujeres y niñas victimas de trata y tráfico. Prohíbe la conciliación en casos de violencia. Considera la capacitación del personal de las fiscalías con enfoque de género. Fija sanciones para funcionarios y funcionarias que no cumplan sus deberes de protección a víctimas.

Ley 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas (julio 2012) Define los delitos de trata y tráfico e incluye la consideración de la perspectiva de género y no discriminación. Sanciona el proxenetismo y la pornografía. Prioriza a las víctimas. Incluye medidas de prevención con enfoque de género.

Ley 309 de Ratificación del Convenio 189 (noviembre 2012) Se ratifica el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las Trabajadoras Asalariadas del Hogar.

Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (marzo 2013) Reconoce como delitos el feminicidio y el acoso sexual y establece sanciones y un procedimiento para el tratamiento de las diferentes formas de violencia contras las mujeres. Establece la

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elaboración de una política nacional para luchar contra la violencia, en prevención, atención, persecución y rehabilitación.

Decreto Supremo 0012 (febrero 2009) Decreta la inamovilidad de las mujeres en situación de embarazo.

Decreto Supremo 0115 (febrero 2009) Tiene como objetivo garantizar que todas las mujeres, durante el periodo de lactancia, tengan tiempos de descanso en el día, no inferiores a una hora, para que puedan dar de lactar a sus hijos e hijas menores de seis meses y, prolongada, por lo menos hasta dos años.

Decreto Supremo 1302 y 1320 para la “Erradicación de la Violencia Sexual en las Unidades Educativas” (agosto 2012) Establece mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes. En el ámbito educativo, plantea el desafío de transformar las relaciones de poder y el ejercicio autoritario desde el cual se vulneran los derechos de niños y niñas y adolescentes en las escuelas y la impunidad de quienes cometen estos actos Decreto Supremo 1363 (septiembre 2012) Se declara de prioridad y necesidad en todo el territorio del Estado Plurinacional la difusión y la realización de una campaña de sensibilización y concientización dirigida a la población en general, con el objetivo de prevenir, luchar y erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres, autorizando al Ministerio de Economía y Finanzas la otorgación de recursos económicos para este fin. Se crea el “Comité de Lucha Contra Toda Forma de Violencia Hacia las Mujeres”.

Decreto Supremo 1486 (febrero de 2013) Reglamenta la Ley No 265 Integral contra la trata y tráfico de personas.

Decreto Supremo 2145 (octubre 2014) Reglamenta la Ley No 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

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3.

Análisis comparativo de buenas prácticas en América Latina 7.

En esta región la mayoría de los reportes de los Estados destacan los avances en materia legislativa (Nicaragua y Venezuela) y de políticas públicas que, generalmente, se circunscriben a crear conciencia, reconocer derechos, promover la inclusión y denunciar la discriminación de género (por ejemplo en Guatemala, Chile, Puerto Rico y República Dominicana). Por su parte, tanto Colombia como Bolivia además incorporan el componente étnico e intercultural.

Desde el punto de vista formal, con seguridad Bolivia se encuentra entre las legislaciones más vanguardistas de América Latina; sin embargo, la realidad de su aplicación exige no contentarse con las transformaciones meramente formales si no hay un correlato concreto que garantice el cumplimiento de estas disposiciones mediante presupuestos, personal idóneo, mecanismos efectivos de acceso oportuno a la justicia, etc.

Este es el caso de Ecuador, que aprobó una Ley de Consejo para la Igualdad de género y que, según sus reportes, habría logrado disminuir la violencia contra las mujeres en zonas rurales y aumentar la participación política en el área legislativa.

Por su parte, El Salvador cuenta con una Política Municipal para la Equidad de Género que contempla áreas generadoras de condiciones tales como: acceso a servicios públicos, mejora del medio ambiente y de los servicios de salud.

En algunos países se han desarrollado Planes Nacionales para promover la igualdad de oportunidades como es el caso de Honduras, Bolivia, Paraguay y Uruguay, país donde, además, se trabaja en Escuelas públicas.

Por su parte, países como Costa Rica, Cuba, México destacan campañas y programas nacionales orientados a concientizar y sensibilizar a la población en su conjunto.

Las buenas prácticas en acceso de mujeres a espacios de poder público se enmarcan en el contexto de la gestación de sociedades más democráticas en América Latina y el empuje de las luchas de los movimientos de mujeres, las transformaciones internacionales y de los derechos humanos que han incidido particularmente en los procesos constituyentes de Bolivia, Venezuela, Ecuador y, en distinta medida, en Costa Rica y Argentina.

7

Algunos de los ejemplos fueron extraídos de: CEPAL, 2010. Reunión internacional sobre buenas prácticas de políticas públicas para el Observatorio de Igualdad de género de América Latina. Serie: Mujer y Desarrollo No 104. Santiago de Chile.

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La existencia de programas de formación política en los partidos, leyes de cuotas, financiamiento directo a la participación política de mujeres, fiscalización, participación política, etc. son las expresiones de estas prácticas más allá de las cuotas.

Carecen de estas disposiciones: Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

El registro de feminicidios del Ministerio Público del Perú es un buen ejemplo de cómo la información disponible en violencia de género y en salud permite desarrollar diagnósticos más acertados, orientar la reflexión y la búsqueda de medidas eficaces para la prevención.

La inclusión de preguntas sobre violencia en las Encuestas Nacionales de Salud también es una buena práctica, aunque lamentablemente en muchos casos no se mantienen correlativamente lo que no permite contar con datos comparables entre sí.

Sobre el Aborto o la salud sexual no es posible acceder a información confiable y oficial en toda la región debido a la penalización que existe en muchos países.

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BIBLIOGRAFÍA BOLIVIA, GACETA OFICIAL Ley No 475 de 30 de diciembre de 2013 Ley de prestaciones de servicios de salud integral del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ley No 348 del 9 de marzo de 2013 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Ley No 300 de 08 de marzo de 2013 Ley de Migraciones Ley No 341 de 05 de febrero de 2013.

Ley de participación y control social Ley No 263 de 31 de julio de 2012 Ley Integral contra la trata y tráfico de personas Ley No 243 del 28 de Mayo de 2012 Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres LEY No 045 del 08 de Octubre de 2010 Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación LEY No 018 del 16 Junio 2010 Ley del Órgano Electoral Plurinacional LEY No 025 del 24 Junio 2010 Ley del Órgano Judicial LEY No 026 del 30 Junio 2010 Ley del Régimen Electoral LEY No 027 del 06 Julio 2010 Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional LEY No 031 del 19 Julio 2010 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.

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Decreto Supremo No 1984 de 30 de abril de 2014 Reglamento a la ley no 475.

Decreto Supremo No 0762 del 5 de enero de 2011 Reglamento a la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación Decreto Supremo No 29894 del 07 Febrero 2009 Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional Decreto Supremo No 29850 del 10 Diciembre 2008 Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades "MUJERES CONSTRUYENDO LA NUEVA BOLIVIA PARA VIVIR BIEN".

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) Brechas de género: un desigual acceso al mercado laboral para las jóvenes bolivianas Juneau, Caroline, Cooperante Cuso. Julio 2013 http://cedla.org/content/41808 Consultado 20 de mayo de 2014 CEPAL

Observatorio para la igualdad de género en América Latina y el Caribe: Notas de igualdad (2014)

CEPAL

Reunión internacional sobre buenas prácticas de políticas públicas para el Observatorio de Igualdad de género de América Latina. Serie: mujer y desarrollo No 104. Santiago de Chile 2010

Farah Ivonne et al

Hacia una política municipal del cuidado. CIDES-UMSA. ConexiónFondo de emancipación. La Paz, Bolivia 2012

Coordinadora de la Mujer

Compilación de instrumentos legales de protección de los derechos de las mujeres: Argentina Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. 1ª edición. Bolivia. 2011

CONEXIÓN

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Discriminación y Derechos de la población TLGB, Conexión Fondo de Emancipación, 2011. http://www.conexion.org.bo/uploads/EncuestaNacional2010.pdf

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Violencia sexual contra las mujeres. Informe Defensorial (nacional). La Paz, Bolivia. 2012

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Feminicidio en Bolivia. Informe Defensorial (nacional). La Paz, Bolivia. La Paz, Bolivia. 2012

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Gerenssa.

Estudio sobre violencia de género y generacional en Bolivia.

Gerenssa Consultores SRL. 2013. Consultado en: http://www.bivica.org/upload/violencia-genero-generacional.pdf

MANODIVERSA et al.

Informe presentado como aporte de la sociedad civil a la 2ª ronda de Examen Periódico Universal (EPU). Marzo 2014

NAVARRO, Flavia.

El bono Juancito Pinto del Estado Plurinacional de Bolivia: programas de transferencias monetarias e infancia. En CEPAL.Colección de Documentos de proyectos.

ONUMUJERES

Los Derechos de las mujeres: Avances y desafíos desde el punto de vista de las bolivianas. ONUMUJERES, 2012

OXFAM

Gobernar para la mayoría: servicios públicos contra la desigualdad . www.oxfam.org consultado el 20 de abril de 2014.

PNUD

Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014.Seguridad ciudadana con rostro humano. Diagnóstico y propuestas para América Latina. PNUD. Noviembre 2013

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