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Estatizar o Reestatizar. ¿Esa es la cuestión?

Por Sebastián Quadrana Lic. en Ciencia Política - UBA

Frente a la crisis social producto de las fallas en el suministro de energía, vuelve nuevamente el cuestionamiento al real funcionamiento del Estado como garante del bienestar de la sociedad.

En numerosos matutinos se pueden leer los cruces entre funcionarios sobre las “responsabilidades” que atañen al gobierno –en cualquiera de sus niveles: nacional, provincial, municipal- y a las empresas encargadas de la distribución y provisión de electricidad.

Desde el Gobierno nacional, el discurso esgrimido por el Ministro de Planificación, Julio De Vido, en el sentido de endilgar las respectivas responsabilidades a EDENOR y EDESUR por los problemas ocasionados no parece un principio de solución. Esto no quiere decir que las empresas concesionarias de los servicios de provisión de energía no sean responsables por la falta de inversión, más allá de la política de subsidios al sector.

Justificar el aumento del consumo a cifras récord gracias al “modelo” de inclusión, el cual mejoró en ciertos aspectos la calidad de vida de algunos segmentos de la sociedad gracias al acceso a aires acondicionados u otros artefactos eléctricos, no debe desviar del foco la responsabilidad del Estado por no ejercer su poder de policía sobre el sector energético.

Referentes sociales, como Luis D´Elía, proponen la expropiación a la REPSOL, sin resarcimiento por incumplimiento. En esta línea, hacerse cargo de otro componente del sector energético –la electricidad; el petróleo ya está “reestatizado”- cumpliría con los designios del Ministro de Economía Axel Kicillof, un ferviente admirador de la intervención estatal.

Ahora bien, ¿es conveniente un proceso de reestatización, aún frente al clamor ferviente de la sociedad?

Creemos que esa no es la solución, por los siguientes motivos.

En primer lugar, estatizar es sinónimo de crear empresas administradas por el Estado. Ya contamos con algunos ejemplos de lo que ocurre con empresas ya estatizadas. Aerolíneas Argentinas genera pérdidas millonarias que son cubiertas

por amplias partidas del presupuesto. Por otra parte YPF, a fin de hacerse de fondos coloca acciones al 19% anual, más que un plazo fijo, y no se han visto aún mejoras en la provisión de combustibles o en actividades de exploración; sólo un acuerdo muy cuestionado con la empresa Chevron, y el aumento de combustibles.

Y, por último pero no menos importante, las líneas férreas, en especial las líneas Mitre y San Martín, que aún no mejoran sus servicios.

No hay que olvidar las actividades nunca del todo claras de ENARSA. En segundo lugar, el Estado cuenta con Entes Reguladores. En este caso el ENRE, ente surgido con las privatizaciones realizadas durante la década del ´90, tiene como función el poder de policía sobre el sector energético.

En tercer lugar, la idiosincrasia argentina siempre busca soluciones en la “estatización”, como una forma de solución de los problemas Por último, el estado y las empresas poseen criterios de eficiencia diferentes. Para las empresas, la eficiencia se mide por la ganancia extraordinaria generada por el uso racional de los recursos. En cambio un estado es eficiente cuanto más puede proveer a la sociedad de bienes públicos. Por ello el estado no gana, siempre invierte desde un punto de vista macroeconómico, siendo mayor o menormente deficitario.

Somos conscientes de que la energía es un bien público, por lo cual el estado no puede deslindarse de su responsabilidad, ya sea siendo proveedor de dicho bien – por medio de empresas estatales-, o bien ejerciendo un control efectivo sobre la concesión del servicio. Pero estatizar no es la solución. Sí se pueden mejorar los mecanismos de control a través del ENRE o de los organismos competentes al efecto. Mejoremos nuestra burocracia, no la ampliemos.