Revista XI Espacios Políticos by Espacios Políticos

QUIÉNES SOMOS?

(ACEP) ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIOS POLÍTICOS (2014-2018)

Consejo de Expertos Dr. Guillermo O´ Donnell ( ), Dr. Ludolfo Paramio, Dr. Andrés Malamud, Dr. Juan Manuel Abal Medina (h), Dr. Mario Riorda, Mg. Gastón Mutti, Dr. Fabián Repetto, Dr. Arturo Fernández, Dr. Jorge Battaglino, Dr. Lucas González (Phd, Notre Dame)

Presidente Maximiliano Ulises Campos Ríos

Directores Lic. Gonzalo Diéguez Mg. Maximiliano Campos Rios Coordinadora General Lic. Laura Paonessa (UdeSA) Responsable de Comunicación Florencia Berbery (UdeSA) Responsable de participación de estudiantes Lic. Ayelén Vanegas (UdeSA) Responsable Boletín mensual Lic. Cintia Mariana Cabral

Vicepresidente 1º Emilio Vitale Vicepresidente 2º Mauro Solano Tesorero Gonzalo Diéguez Protesorero Luciano Adolfo Jaúregui Secretario Camilo Vedia Prosecretario Eduardo Mastrostéfano 1º Vocal Daniel Blinder

Revista "Espacio CBC" Dr. Daniel Blinder y Federico García

2º Vocal Federico García

Mesa consultiva Lic. Camilo Vedia (UBA), Lic. Francisco Aráoz Bugallo (USAL), Lic. Mauro Solano (UCALP), Lic. Emilio Vitale (USAL), Lic. Facundo Cruz (UADE), Lic. Mario Katzenell (UBA), Lic. Romina Sarmiento (UBA), Lic. Natalia Larsen (UBA), Lic. Ángeles Polzella (UBA), Lic. Eduardo Mastrostéfano (UBA), Lic. Ignacio Claut (UTDT), Lic. Mariano Rogelio Rodrigo (UdeSA), Lic. Leandro Signorile (UBA)

Titular Silvio Castro

Área Metropolitana Coordinador USAL: Lic. Octavio Tesone Coordinadora UNQ: Gisele Parvanoff Coordinador UdeSA: Uriel Kuzniecki Coordinador UNLAM: Lic. Mariano Boiero Coordinador UADE: Lic. Diego Usatinsky Coordinador UBA: Lic. Walter Caamaño Coordinador UCALP: Lic. Matias Hastoy Coordinadora Región Litoral - UNR Lic. Sofía Perotti Coordinadora Región NOA - UNSTA Lic. Alicia Camaño Coordinador Región Patagonia - UNTDF Lic. Juan Pablo Ortiz

Comisión revisora de cuentas

Suplente Rogelio Mariano Rodrigo

NUESTRAS REDES

Sección General

PANDO/MALDONADO

2. GIGLI BOX

Gobierno electrónico para mejorar la administración pública. (...)

Una aproximación al concepto de Parlamento Abierto.

3. PERRI

¿Por qué pensar en clave de género dentro de la Ciencia Política argentina?

Comisarías de la Mujer: ¿De la violencia doméstica a la violencia institucional?

4. KASTA

5. C.FRASCA/CASTRO

El delito desde una perspectiva social: Marginación social, poder (...)

La política de la comunicación pública en la era de la revolución digital

6. ACOSTA

7. CAMPOS DA COSTA

Los medios de comunicación en la agenda del gobierno de Enrique Peña Nieto

Ensaio sobre a Comissäo Nacional da Verdade (CNV) do Brasil

9. CATALDI/RIMOLDI

DOMÍNGUEZ SARDOU

DI BAGGIO VEGA

¿Nuevos partidos en el Uruguay, grieta en el sistema? (...)

Una aproximación a los aspectos internacionales en la transición española

10. MAZZINA/CAMBEL

11. BUGLIONI

Cuba y Estados Unidos: el descongelamiento de las relaciones (...)

Italia en su laberinto

12. Sereni

13. TORRES ALONSO

Democracia, conflicto e identidad en el estado de excepción - (...)

La transformación del Estado: La nueva gerencia pública

14. La Rosa

15. DEGIUSTTI

La fragilidad del sistema de poderes en la República Argentina post crisis (...)

Poder presidencial y ampliación del gabinete: La estructura ministerial (...)

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GOBIERNO ELECTRÓNICO PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. RETOS Y FACTORES CLAVE EN LA INCORPORACIÓN EXITOSA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. LA EXPERIENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES (2008-2015) Diego Pando

Director del Programa de Gobierno Electrónico, Universidad de San Andrés, dpando@udesa.edu.ar

Cintia Maldonado

Maestrando en Administración y Políticas Públicas, Universidad de San Andrés, maldonado.cintia@gmail.com

1. Introducción El gobierno electrónico, entendido como la utilización de tecnología de información y comunicación (TICs) por parte de los gobiernos (Pando, 2006), representa una oportunidad para que el Estado pueda mejorar su eficiencia y eficacia. Las reformas realizadas por las administraciones públicas a través del gobierno electrónico han sido consideradas fuente de mejora y de innovación notables durante los últimos años (Criado & GilGarcía, 2013), e inclusive experiencias de gobierno electrónico en América Latina señalan que el uso intensivo de tecnologías de la información ha estado vinculado a la mayoría de las transformaciones exitosas que experimentaron recientemente las administraciones públicas en la región (Pando, 2014). El presente trabajo describe brevemente algunos hallazgos preliminares sobre los retos y factores clave en la incorporación exitosa de tecnologías de información para fortalecer la gestión pública. El artículo se centra en el estudio de caso sobre el desarrollo del expediente digital, la firma digital y la aplicación de biometría en la Dirección Nacional de Migraciones. Se trata de un estudio de caso utilizado de manera instrumental, es decir, como medio para una comprensión más general (Stake, 1978). Las técnicas de recolección de datos contemplaron 6 entrevistas en profundidad a funcionarios públicos responsables con niveles de decisión y protagonismo en este proceso (identificados como actores clave) y datos secundarios obtenidos a partir de la revisión de la documentación oficial disponible a los fines de la presente investigación. 2. La experiencia de la Dirección Nacional de Migraciones en la incorporación de tecnologías de información La Dirección Nacional de Migraciones (DNM en adelante) es un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, que se encarga de la aplicación de la Ley 25.871. La DNM registra los ingresos y egresos

de personas al país, ejerce el poder de policía migratorio, y decide sobre la admisión de personas al territorio nacional. La DNM constituye un caso paradigmático en el marco de la administración pública nacional argentina por el uso intensivo de tecnologías de información. En el período 2008-2015 la DNM incorporó, entre otros, el expediente digital para la admisión de extranjeros, la ﬁrma digital y la biometría como mecanismo de registración. Esta incorporación de TI en la DNM ha permitido agilizar los trámites de radicación de inmigrantes (a través del expediente digital, ﬁrma digital y uso de tecnología biométrica) y ha dado lugar a la utilización de un nuevo sistema de control migratorio desde abril de 2012, que se aplica en las principales terminales del país. En ambos casos, el uso de nuevas TI (y consecuente despapelización) otorga mayor celeridad y seguridad, tanto en la resolución de radicaciones (no traslado físico de los expedientes) y posibilidad de seguimiento del estado de cada expediente a través de una interfaz común y nacional, como en el control migratorio, que, según estimaciones de la DNM, se efectúa en menos de treinta segundos el registro de entrada o salida del país de los viajeros bajo estrictas normas de seguridad. Asimismo, otro de los resultados a destacar de la incorporación de TI es la ventanilla única, que permite a los extranjeros iniciar conjuntamente la tramitación del DNI con la residencia. Esta posibilidad representa la adquisición de un nuevo ámbito de competencia por parte de la DNM, ya que esta función anteriormente era desempeñada por el Registro Nacional de las Personas (Re.Na.Per.). 3. Factores clave del éxito en la experiencia de la DNM Algunos factores fueron muy destacados por los funcionarios protagonistas de la incorporación de TI en la DNM, por su importancia en este proceso. Los principales son: El compromiso del liderazgo político del más alto nivel: Ha sido

1. muy destacada la existencia de una política migratoria clara desde el año 2004, a raíz de la sanción de la Ley 25.871. Por otro lado, el Ministerio del Interior y Transporte, a cargo de Florencio Randazzo, ha impulsado en los últimos años políticas que hacen un uso intensivo de tecnologías de información, como el Sistema Único de Boleto Electrónico, los nuevos Documento Nacional de Identidad y Pasaporte. En este marco, la asignación presupuestaria y respaldo político a la incorporación de nuevas tecnologías de información en la DNM fueron fundamentales para el éxito de la iniciativa. Asimismo, la continuidad en el cargo del Director Nacional de Migraciones, Martín Arias Duval, resulta muy relevante. Estrategia incremental y escalabilidad tecnológica: La incorporación de tecnologías en la DNM se realizó de manera incremental, y puso foco en la escalabilidad tecnológica, es decir, en las potencialidades de sofisticación del sistema tanto en términos de complejidad como de funciones fue destacado por los entrevistados. Por ejemplo, el expediente digital, cuya implementación a nivel nacional se hizo efectiva recién en 2014, se basa en un aplicativo previo denominado “SADEX” (Sistema de Admisión de Extranjeros), que fue implementado desde el año 2009 a través de módulos, y que se fue sofisticando hasta constituirse en el expediente digital. Asimismo, la implementación de biometría para el control migratorio ofrece la potencialidad de incorporar nuevos patrones de identificación (como el reconocimiento de voz, etc). Además, actualmente la DNM se encuentra en el proceso de compra de puertas biométricas para Ezeiza y Aeroparque, los dos principales aeropuertos internacionales de Argentina. Incorporación de recursos humanos: Gran parte del personal de la DNM, que pertenecía a la cultura “del cuaderno y la lapicera” manifestó mucha resistencia al proceso de adopción de TI, por lo que la incorporación de recursos humanos, favorecida por la alta rotación de personal y por el crecimiento del organismo, cumplió un rol fundamental. La incorporación de personal joven “que venía más de la cultura del teclado que de la lapicera, esos [jóvenes] agarraron viaje mucho más rápido”, según describe uno de los funcionarios clave, contribuyó significativamente a administrar las resistencias culturales en el proceso de incorporación de TI. Inversión en infraestructura y sistemas tecnológicos: La asignación de recursos para la adquisición del software y hardware tiene el carácter de una condición necesaria para cualquier proceso de incorporación de tecnologías. En este sentido, la DNM hizo una inversión en tecnologías de clave pública, como el desarrollo de la firma digital (Thill, 2011:25-28), así como de la compra del equipamiento necesario para el almacenamiento y la adquisición de tecnologías biométricas. Gestión del área de tecnología alineada a la estrategia del organismo: Disponer de un área de Sistemas y TI a cargo de un director que conozca cómo operan las variables políticas y las administraciones públicas es un factor imprescindible para entender el éxito de la DNM. Se destaca por haber promovido la informatización de procesos centrales en las funciones que constituyen el

core de la organización, a través del desarrollo de software propio. 4. Principales retos Las entrevistas con funcionarios clave permiten identificar al menos cuatro retos principales en la experiencia de la DNM, que pueden ser considerados también como retos de todo proceso de incorporación de tecnologías de información en la gestión pública. De esta forma, destacamos: Gestión del desarrollo de las personas y cultura organizacional: Los entrevistados señalaron repetidamente la barrera que representa una cultura burocrática basada en prácticas arraigadas. Además, el Estado no cuenta con la posibilidad de competir con el sector privado en términos remunerativos. Para hacer frente a esto, la DNM adoptó medidas de flexibilidad laboral e incentivos de tipo no remunerativo para evitar la fuga personal calificado al sector privado. De todas formas, según señalan los entrevistados, estos esfuerzos continúan siendo insuficientes, dada la magnitud de la brecha entre los salarios. Gestión del dinamismo tecnológico en la administración pública. En contraposición con los avances tecnológicos, la capacidad de adquirir nuevo hardware y software a través de los procesos que rigen en el Estado puede representar un reto. Por este motivo, el rol del área de Sistemas puede presentar una solución (parcial) frente a este desafío. Un ejemplo claro en el caso de la DNM es el desarrollo de software propio, llevado a cabo por la Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información. Asimismo, existe la posibilidad del aprendizaje organizacional para encontrar mecanismos (como la apertura de diversos expedientes de licitación en paralelo, según insumo a comprar) para reducir los plazos de compra. Continuar rediseñando procesos: Particularmente en el caso del expediente digital, las mejoras progresivas llegan hasta el día de hoy en el que, luego un año y medio de implementación a nivel nacional se siguen identificando posibles correcciones para mejorarlo. Esto también aplica al uso de biometría y a los dispositivos que se utilizan para el control migratorio. En en una primera etapa, podrán ser utilizadas por viajeros argentinos que dispongan de pasaporte biométrico; en una segunda etapa, también podrán utilizar este sistema de control las tripulaciones y finalmente, se incorporarán aquellos extranjeros que quieran empadronarse. Coordinación con otros organismos estatales con diferentes niveles de desarrollo tecnológico. La experiencia de la DNM pone de manifiesto que existen descoordinaciones producto de la brecha en el uso de TI. Las funciones de la DNM implican que se relacione con otros organismos del Estado. En este sentido, cuando la DNM requiere información de parte de otras organizaciones, éstas generalmente la envían en otro formato (generalmente, soporte papel) y se producen demoras ya que los procesos requieren que la DNM adapte la información para cargarla en su sistema digitalmente. Algunos ejemplos del caso están relacionados con pedidos de información al Poder Judicial o Cancillería. Los entrevistados señalaron estas dificultades de

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1. coordinación como desafío frente a las posibilidades de avanzar en iniciativas de intercambios de datos. Consideraciones ﬁnales Si bien los actores clave señalan que el proceso no estuvo provisto de improvisaciones (que le atribuyen, en parte, a la falta de experiencias comparables nacionales e internacionales), los avances en la incorporación de tecnologías en la DNM resultaron en una jerarquización del organismo. La experiencia del caso parece indicar que la receta del éxito reside en desaﬁar las culturas arraigadas y contar con liderazgo fuerte y comprometido en los niveles altos e intermedios para lograr el compromiso de la organización para apropiarse del cambio. El incrementalismo, en este sentido, se presenta como un potencial mecanismo para lograr transformaciones sustanciales. La innovación a través de procesos graduales puede contribuir, si se desarrolla sostenidamente, a mejorar las capacidades estatales en el marco de un organismo de la administración pública. Este potencial puede maximizarse si las experiencias de éxito son documentadas y compartidas, fomentando mecanismos de cooperación y coordinación para el intercambio y aprendizaje.

Por este motivo, consideramos que los estudios de caso constituyen una estrategia metodológica propicia para identificar de forma sistemática aquellos retos y factores clave para la incorporación exitosa de TI en la administración pública. Bibliografía Criado, J. I. & Gil-García, R., 2013. Gobierno electrónico, gestión y políticas públicas. Volumen temático Gobierno Electrónico, pp. 3-48. Pando, D., 2006: Algunas notas para entender (y mejorar) las políticas de gobierno electrónico en Argentina, Primer Congreso Internacional de Gobierno Electrónico, Universidad Católica de Chile – Sumaq, Santiago. Pando, D., 2014. Desafíos y oportunidades de la planificación estratégica en la utilización de tecnologías de la información en las administraciones públicas latinoamericanas. En: Planificación estratégica: Nuevos desafíos y enfoques en el ámbito público. Buenos Aires: SAAP-CERALE, pp. 121-151. Stake, R. E., 1978. The Case Study Method in Social Inquiry. American Educational Research Association, 7 (2), pp. 5-8. Thill, E. (compilador), 2011. Biometrías 2, 1a ed. - Buenos Aires : Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación, 590 p.

OPEN SMART GOVERNMENT:

NO SOLO ABIERTO, SINO INTELIGENTE María Celeste Gigli Box

Especialista Universidad Nacional de La Plata mcgb_br@yahoo.com.br

Hace más de un lustro las iniciativas de gobierno abierto se han extendido, implementado en diferentes direcciones e incluso innovado a sí mismas. Pero las posibilidades que la tecnología provee para la administración pública tampoco se detienen. En estas líneas, trabajaremos sobre esa nueva manera de gestión pública conocida como gobierno inteligente (o smart government), teniendo en cuenta el que se ha considerado su precedente inmediato, el gobierno abierto ( Jiménez et al, 2014). Nuestro objetivo aquí es mostrar que lo que se considera

smart government, lejos de superar y dejar atrás los objetivos del gobierno abierto (transparencia, colaboración y participación ciudadana), los puede incluir en su seno, y, además de ello, asegurar aspectos que para el open government fueron muy problemáticos de implementar (como por ejemplo, la interoperabilidad)1. Esta rearticulación de ambos fenómenos implica presentar dos escenarios diferentes: el primero, la relación que ha caracterizado al gobierno abierto vis à vis la tecnología, y el segundo, la relación del smart government con ella. Esto resultará ﬁnal-

mente útil para poder vislumbrar el rol que el gobierno abierto puede tener en una estructura smart, y lo que ésta tiene para aportarle al primero. Una sola aclaración metodológica: aquí referiremos a la implementación del gobierno abierto en su dimensión tecnológica (es decir, la transparencia y rendición de cuentas que se alcanza por medio de la publicación de información al ciudadano en webs institucionales, la disponibilización de datos abiertos -y el desarrollo de herramientas digita-

2. les a partir de ellos-, la participación y colaboración que acontece en el medio 2.0, wikis y plataformas ad hoc, etc.). De este modo, dejamos de lado los mecanismos de participación y colaboración tangibles (presupuestos participativos, participación y colaboración en diseño de servicios públicos, aceleradores cívicos, etc.). Avances y re-configuraciones Los modelos de gestión pública (Guerrero, 2001) que implican la tecnología –como el gobierno electrónico, gobierno abierto, etc.- se han ido reconfigurando a lo largo del tiempo (Salkov-Iversen y Krause, 1985), pero no de una manera ‘pura’, sino que cada uno de ellos se reorienta a otros objetivos (Felcman, 2012). Inevitablemente mantienen características del anterior, principalmente por su factor común (la tecnología) y porque deliberadamente capitalizan las implementaciones tecnológicas anteriores. No obstante, creemos que la idea de la supuesta evolución del gobierno electrónico en el gobierno abierto (Naser, 2011; Concha y Naser, 2012; García Mendoza, 2013) no es un pasaje tan mecánico, completo o prolijo: por ejemplo, no podemos afirmar que todas -o la mayoría- de las iniciativas de gobierno electrónico hayan devenido en estrategias de gobierno abierto (la decisión de modernizar la gestión a través de la informatización de servicios y procesos internos sin duda facilita la gestión y favorece a la ciudadanía, pero no provee las herramientas adaptadas para que ésta ejerza su contralor activo o el avance activo del Estado hacia una mayor transparencia y accountabaillity a través de la liberación de datos (data sets), como en el gobierno abierto. Tampoco parece adecuado afirmar que todas las iniciativas de gobierno abierto que encontramos implementadas hayan pasado por etapas previas bien desarrolladas de gobierno electrónico. Y en el caso de las que pudieren haberlo tenido, ésta no determinó el sentido de la apertura as han primado la colaboración, otras incorporan una fuerte estrategia de comunicación gubernamental digital o gobierno 2.0, etc.), por una sencilla razón: la apertura implica una decisión no meramente tecnológica,

sino también de sopesamiento de costobeneficio político al decidir abrir la caja negra del Estado o una oficina pública determinada. Tecnología y gobierno abierto: una relación de asociación. Los modelos de gestión asistidos por tecnología (Bonina, 2005) poseen una dinámica compleja, con aspectos relacionados que presentan rupturas y continuidades, por lo que deben ser vistos en su complejidad, alejada de la mera sucesión de etapas estancas. La tecnología y la modernización de la gestión pública producen configuraciones diferentes a lo largo del tiempo (no necesariamente superadoras netas de las anteriores, sino reorientadas hacia otros sentidos), por lo que si pensamos la combinación gestión pública/tecnología del gobierno electrónico, veremos que la lógica organizacional resulta profesional, y presenta una modernización media orientada hacia la interacción con la ciudadanía ( Jiménez et al, 2014). Para el caso del gobierno abierto, la modernización resulta avanzada e inmersa en una dinámica relacional -donde se concretan la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración-. En estas líneas, queremos alejarnos de la esfera de la gestión pública estricta para cotejar lo societal y señalar la dinámica de la dupla gobierno abierto/tecnología pensada bajo la lógica de asociación. Es decir, el ecosistema de la administración de lo público se combina con una coyuntura social en la que se produce un crecimiento exponencial de los usos cotidianos de la tecnología (Bernal Calderón, 2006) y de herramientas accesibles a legos junto a un crecimiento sostenido de la comunicación horizontal. Pero este desarrollo tecnológico es autónomo en términos del Estado (diríamos que sucede independientemente de él) y solo luego de acontecer se asocia a lo público –como lo hizo a tantos otros aspectos de nuestras vidas-. Este cambio de prácticas, saberes y posibilidades de producción (individual y social) de conocimiento a partir de información, resultó también objeto de uso para la política y la gestión pública. La implementación del gobierno abier-

to, lo suficientemente intensiva en herramientas digitales, pero ineficaz en aspectos determinantes como la interoperabilidad (que permitirían una apertura concreta donde la información fluya allende los límites de una oficina) pueden ahora ser logradas en un ecosistema smart. Creemos que la ineficacia atávica con la interoperabilidad está influenciada por la relación del gobierno abierto con la tecnología: estos dos aspectos estuvieron simplemente asociados: la explosión tecnológica aconteció, el gobierno resultó en algunos casos permeable a ella, modificó procesos y vio un horizonte de innovaciones posibles, pero ese fue su límite máximo (la reformulación del término gobierno abierto en el memorando de Obama es el mejor ejemplo de esto: Barack Obama reformula la noción previa de open government patrocinada por la OCDE para incorporar la colaboración, interpretada en clave de tecnologías 2.0 –que tan importantes fueron para su acceso al poder-). Así, los lazos fuertes, las imbricaciones necesarias en términos de infraestructura informática para que la tecnología pueda desenvolverse en todo su espectro (Valenzuela Mendoza, 2013), no resultaron del todo prioritarias entre los defensores del gobierno abierto, siempre sorprendidos con cómo la tecnología estaba cambiando nuestras maneras de gestionar lo público. Pero la tecnología siguió avanzando, y cada día resulta más imbricada y articulada en nuestras vidas. Así es como la noción de smartness2 (inteligencia) generó desarrollo urbano (smart cities) las que no pueden ser gestionadas sin un smart government (gobierno inteligente). Tecnología y gobierno inteligente: una relación de articulación El advenimiento del smart government: otro cambio se suma. Un gobierno inteligente no es otra cosa que la implementación de procesos intensivos en tecnología para dotar al Estado de la capacidad de aumentar y mantener el flujo de información entre las diferentes dependencias y así proveer servicios públicos de alta calidad (Harsh y Ichalkaranje, 2015). Acorde con Jiménez et al (2014), en este esquema

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2. la modernización de la gestión resulta óptima al concretar los principios de interoperabilidad e innovación pública abierta3. Aquí plantearemos que, en realidad, el gobierno inteligente presenta una lógica de articulación entre la tecnología y la gestión pública. De este modo, creemos que el ‘smart gov’ requiere de dos aspectos más –también vitales al gobierno abierto-, además de la interoperabilidad y la innovación pública abierta ( Jiménez et al, 2014). Ellos son: 1) la construcción de mayor smartness (inteligencia) a través de datos abiertos: una estrategia de smart disclosure (divulgación inteligente) implica la liberación de datos que ayuden al desarrollo ventajoso ciudadano al mismo tiempo que proveen servicios públicos (esta es la razón por la que la administración Obama promovió la apertura inteligente creando la Task Force on Smart Disclosure y el sitio consumer.data.gov, una plataforma centralizada para la apertura inteligente de data sets y recursos para la disposición de la comunidad). Desde ya, aquí también resulta preciso que esos datos resulten relevantes para decisiones implicadas en el beneficio de un servicio público, y además, también es necesario avanzar hacia la disponibilización de datos acerca del propio consumo de los ciudadanos de esos servicios, lo que permitirá optimizarlos, conocer su impacto, repensar maneras de ese consumo, etc. (Gerety y Raseman, s/d). 2) La provisión de información para la optimización de servicios inteligentes a través del social government (o gobierno 2.0, es decir, el dispositivo comunicacional gubernamental 2.0). Este flujo de información constante -que no en todos los casos pertenecen a estrategias de gobierno abiertos- mantiene al gobierno en conexión multi-direccional con oficinas y ciudadanía a través de compartir constantemente información. En un ecosistema smart, los medios sociales deben integrarse como constante provisión de feedbacks comunicacionales, y por tanto de índole cualitativa (diferentes de los que implican las estructuras smart, capaces de recolectar grandes conjuntos

de datos). La capacidad de recabar usos, prácticas y recepciones de los servicios en tiempo real no puede ser soslayada, si queremos que la categoría ‘inteligente’ resulte efectiva en todo su espectro. Colofón El smart government lejos de ser una instancia superadora (y que deja atrás) al gobierno abierto, es una gran plataforma para continuar su implementación de manera perfeccionada, al concretar el principio de interoperabilidad, la participación y colaboración que otorga la innovación pública abierta, y de incorporar una recolección de información valiosa a través del social government, sin descontar el valor de la continua apertura de datos para estimular esa masa de como el continuo avance de la divulgación inteligente (para que estos datos también ingresen al sistema smart y conformen sus estructuras). El gobierno abierto no parece superado, continua su camino, ahora perfeccionado, y con un horizonte que implica la posibilidad de integrarse en una estructura smart para dar(se) uno de sus mejores impulsos y concreciones tecnológicas. Referencias: 1 Es decir, la habilidad de dos o más sistemas/componentes para intercambiar información y utilizar esa información intercambiada (IEEE, 1990). Podemos pensarla también allende lo técnico y avanzar hacia la lógica institucional, donde encontraremos a organizaciones y sistemas (usualmente dispares en términos de agregación administrativa, y diferentes en sus ﬁnes y materias) deben poder intercambiar información para obtener beneﬁcios mutuos, dados con unos objetivos consensuados comunes (Criado, Gascó y Jiménez, 2010).

El adjetivo smart alude a un punto de partida: la tecnología. Ésta es el componente infraestructural, estático, que existe para otro dinámico: la recogida eficiente de datos para poder generar información fiable, anclada (en tiempo y espacio) y con capacidad predictiva. Es decir, que el grado de smartness de una tecnología implica su capacidad para recabar datos de manera eficiente y luego procesarlos para que la información resultante sirva a la gestión de procesos 2

constantes en el tiempo (por ejemplo: la implementación de sensores que indiquen la frecuencia de tráfico vehicular, para así poder gestionar la actividad de los usuarios de rutas y caminos) 3 La innovación abierta se define como el uso por parte de las organizaciones (empresas, organizaciones de la sociedad civil) de inputs y outputs de conocimiento a través de la utilización de insumos provenientes también del exterior (Chesbrough, 2006). Su objeto es acelerar el avance de procesos tecnológicos internos y expandir el mercado/comunidad para el uso externo de la nueva tecnología desarrollada. Cuando se la implementa en la esfera de la gestión pública, usualmente está orientada a la producción de servicios de calidad, eficientes y eficaces, desarrollados en colaboración con la participación activa de la ciudadanía. Bibliografía: • Bartenberger, M. y Grubmüller, V. (2014): The Enabling Effects of Open Government Data on Collaborative, Governance in Smart City Contexts. Consultado en junio de 2015. • Bonina, C. (2005): Tecnologías de información y Nueva Gestión Pública: experiencias de gobierno electrónico en México, Documento de Trabajo 167, CIDE: Toluca. • Concha, G. y A. Naser (2012). El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la igualdad. CEPAL: Santiago de Chile • Chesbrough, H. (2006): Open innovation: A new paradigm for understanding industrial innovation. En Chesbrough, H., Vanhaverbeke, M. y J. West (eds.): Open Innovation: Reaching a New Paradigm. Oxford University Press: New York. pp: 1-12 • Criado, I.; Gascó, M. y C. Jiménez (2010): Bases para una Estrategia Iberoamericana de Interoperabilidad, Documento patrocinado por CLAD para la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado: Buenos Aires. • Felcman, I. (2012) Nuevos modelos de gestión pública, en Aportes para el Estado y la Administración gubernamental año 18, número 30, AAG: Buenos Aires. • Harsh, A. y N. Ichalkaranje (2015): Transforming e-Government to Smart Government: A South Australian Perspective, en L. C. Jain, S. Patnaik y N. Ichalkaranje [eds.] “Intelligent Computing, Communication and Devices”,

2. Springer: Alemania. Consultado el 21/6. • Institute of Electrical and Electronics Engineers (1990): Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries, IEEE: New York • Gerety, A. y S. Raseman (s/d): Three Data Access Trends Shaping the Future of Community Development: Open Data, My Data, and Smart Disclosure. Consultado el 21/06. • Guerrero, O. (2001): Nuevos Modelos de Gestión Pública, en Revista Digital Universitaria, Vol.2 No.3, Buenos Aires. • Gil García, J. y G. Quintanilla (2013): Gobierno Abierto en América Latina: Modelo Conceptual, Planes de Acción y Resultados Prelimina-

res, INAP: Cuajimalpa • Jiménez, C. et al (2014): Smart Government: Opportunities and Challenges in the Development of Smart Cities en Dolićanin, Kajan, Randjelovic, Stojanovic (eds) “Handbook of Research on Democratic Strategies and CitizenCentered E-Government Services”, IGI Global. • Messenet M. (1975): La Nouvelle Gestion Publique: pour un Etat sans Burocratie, ediciones Hommes et Tecniques: Paris • O'Brien, A. (2012) Optimizing the Value of Social Media to Deliver Smart Government, IDC Government Journal: Washington • Rubel, T. (2014): Smart government: creating more effective information and services (online).

Consultado el 21/6. • Salkov-Iversen, D.; Krause Hansen, H. y S. Bislev (1985). Governamentality, Globalization and Local Practice: Transformation of the Hegemonic Discurse, Bussiness School: Copenhagen. • Stalker, G. (2013): Fortalecer la Democracia desde Abajo: Gobiernos Abiertos y Locales, Diseño y Digitalización en Pando, D. y N. Fernández Arroyo, El gobierno electrónico a nivel local, CIPPEC-UdeSA: Buenos Aires. • Valenzuela Mendoza, R. (2013) Delimitar Gobierno Abierto para ampliar la Colaboración con una Sociedad más Abierta en Revista Estado, Gobierno, Gestión Pública Nº21 pp. 127/158

¿POR QUÉ PENSAR EN CLAVE DE GÉNERO DENTRO DE LA CIENCIA POLÍTICA ARGENTINA? María Emilia Perri

Licenciada en Ciencia Política. UNL - CONICET mperri@unl.edu.ar

Dentro de las ciencias sociales, las teorías vinculadas con el empoderamiento de las mujeres han cobrado gran relevancia; más aún si pensamos en la ciencia política, son pocos los congresos que quedan sin mesas vinculadas a “Política y Género”. ¿Pero qué signiﬁca esto para la Ciencia Política? Mucha es la bibliografía que se ha escrito al respecto; principalmente sobre el rol de la mujer en los ámbitos del Estado y de la política, y de los mecanismos para su empoderamiento. Es difícil deﬁnir dónde comenzar y dónde detener el análisis. Es por esto que creo acertado y necesario realizar un breve racconto de cuáles son las líneas más relevantes respecto a la vinculación entre política y mujeres, y así pensar en cómo podemos seguir avanzando en el desarrollo de este núcleo disciplinar. Quizás hoy las discusiones sobre la participación femenina no son las mismas que hace 15 o 20 años atrás. Las realidades sociales y políticas han cambiado, y han generado nuevas demandas y nuevas conquistas. Esto es lo que intentaré mostrar en este

breve repaso sobre la teoría de género y política en Argentina. Las idas y venidas Para poder comenzar quizás sea necesario remontarnos a siglos atrás y no hablar de participación femenina en política sino de exclusión de este colectivo. Ya lo dice Lilian Ferro (2005) en su libro, la historia de las mujeres y sus luchas por los derechos políticos no es un proceso histórico lineal sino que se construye a partir de avances y repliegues. En un primer momento debemos hablar de los movimientos feministas en nuestro país, que se desarrollan en el marco de las organizaciones obreras del anarquismo, el comunismo y el socialismo. Durante ﬁnales del siglo XIX y principios del siglo XX las mujeres estarán vinculadas a la participación en estos espacios, siempre por fuera de los canales públicos estatales. El primer gran paso en cuanto a ejercicio electoral femenino en Argentina se dio en el año 1947 (Barrancos 2002), cuan-

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3. do se sancionó la Ley 13.010 que establecía que las mujeres tenían el derecho a participar en las elecciones. Esta ley permitió la inclusión de las mujeres en el sistema político, reconociéndole uno de los derechos políticos más importantes. A su vez la reforma constitucional de 1949 legalizó la participación de éstas, que votaron por primera vez en las elecciones nacionales del año 1951. Sin embargo, aun dándose este paso, siguieron existiendo barreras para la mujer. Por ejemplo barreras vinculadas a la posibilidad de ser elegidas. Dicha conquista llegó a finales del siglo XX, a partir de los años 90. En este sentido, y considerándola como una de las acciones más importantes, la Ley de cupo femenino (Ley 24.012/91) significó una puerta para las mujeres al acceso al gobierno. Fue la primera en América Latina y marcó el punto de inicio en cuanto a afirmaciones positivas en la región. A ella la acompañó, en el plano internacional, en 1995 la Conferencia de Beijing y la aprobación de su Plataforma de Acción, donde los mecanismos de acción positiva encontrarían una fuerte legitimación. “[…] en 1991 Argentina se transformó en el primer país que estableció un cupo femenino de cumplimiento obligatorio (Ley 24.012) que ha resultado sumamente eficaz, lo cual lo transformó en un paradigma (Araújo y García: 2006) que alentó la adopción normas similares en más de diez países latinoamericanos.” (Caminotti, 2008: 14) Se demostró en Argentina, mediante diversos estudios, que esta ley aumentó significativamente el número de mujeres dentro de los espacios políticos, principalmente en el ámbito legislativo (Archenti y Tula 2008; Llanos y Sample 2008; Malan Htun 2002). Abordajes de Género Para comenzar a hablar sobre los abordajes de género en nuestro país, primero deberíamos decir que quienes comenzaron a indagar sobre estas temáticas, a partir de la recuperación de la democracia en 1983, fueron otras disciplinas, como ser la historia, la filosofía y la economía. En cuanto a los estudios politológicos de género, los mismos van a tener sus comienzos a partir de la década del 90. En este sentido quizás un puntapié inicial importante para estos fue la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, donde se manifiesta la necesidad de colocar como tema de agenda política la equiparación de los derechos de hombres y mujeres, y que en 1994 en Argentina adquiere jerarquía constitucional. En este sentido, una línea de estudios se centró en el rol del mainstreaming de género y la idea de repensar los espacios estatales y de poder en términos de igualdad de género (RigatPflaum, M. 2008; García Prince, E. 2010). Aquí la mirada está puesta en la capacidad que tienen las instituciones públicas y sus

recursos humanos de pensar políticas públicas bajo perspectiva de género, planteando desde el inicio de la misma la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, y el empoderamiento de estas últimas en determinadas áreas (por ejemplo: salud). Otra vertiente de análisis es la que se pregunta por qué es importante la participación de la mujer y cuáles son los mecanismos para lograrla. Aquí empezamos a ver estudios sobre la vinculación de las mujeres en política y cómo es su acceso a los espacios de poder (Caminotti, M. 2013). En este sentido también se habló sobre el rol del contexto institucional y sobre cómo eso puede afectar las participaciones de colectivos minoritarios. En este sentido comenzaron a expresarse trabajos acerca del rol del sistema electoral y de cómo las modiﬁcaciones en el mismo pueden disminuir o aumentar la inclusión de mujeres en cargos electivos. Aquí también empezamos a ver estudios sobre cuotas de género en Argentina y su desempeño a partir del sistema electoral en el que se encuentra (Archenti, N. 2000; Marx, J. Borner, J. y Caminotti, M. 2006). Aquí también encontraremos estudios vinculados a los diferentes poderes del Estado y como se da la inclusión de mujeres, principalmente en el poder legislativo donde las cuotas tienen injerencia (Archenti N. y Tula, M.I. 2008). Por último encontramos las discusiones que se dan en torno al lugar de los partidos políticos en esta búsqueda de igualdad, pensándolos principalmente como instituciones a las cuales las diferencias de género las atraviesan, y que son el primer escalón que las mujeres deben superar para pensar sus carreras políticas (Archenti, N. y Tula, M.I. 2014). Reﬂexiones Finales Mucho se ha escrito sobre el lugar y el rol de la mujer en política, pero mucho queda por escribir. Cuando pensamos que quizás hemos llegado al núcleo central de la cuestión vemos que surgen nuevos espacios para analizar porque, todavía hoy, no son las mujeres iguales a los hombres. Más allá de estas diferencias, no deben negarse ciertos niveles básicos de igualdad, que aún hoy, en muchos casos no se estarían dando. Dentro de la ciencia política se ha escrito sobre el empoderamiento de la mujer y sobre mecanismos que ayuden en función de ello; pero creo que todavía hay una gran deuda. Quizás la respuesta esté en volver a los comienzos y preguntarnos por qué todavía hoy las lógicas de poder siguen mostrando un tinte machista y patriarcal. Creo que vinculando las cuestiones antes mencionadas se podrá contar con un buen bagaje teórico y metodológico para realizar análisis respecto a la temática/problemática de la participación femenina en espacios de poder. No obstante esto, es necesario remarcar que se hizo hincapié en bibliografía argentina sobre las cuestiones de género, mucho ha quedado fuera de este trabajo, que a la hora de pensar análisis so-

3. bre inclusión de mujeres y política son de lectura obligatoria. Hoy la mujer ha alcanzado ciertos reconocimientos, que generan espacios totalmente legitimados para este colectivo, espacios que hace 20 años atrás eran impensados. No obstante esto, es cierto que quedan ciertos caminos por desandar, que hoy la discusión también está planteada, ya no en términos de igualdad, sino en términos de paridad. También el estudio de los espacios locales ha cobrado relevancia y es un ámbito poco estudiado dentro de nuestra disciplina. Y esto es quizás lo que deberíamos estar observando desde la academia. Bibliografía Archenti, Nélida (2000); “Representación, Ley de Cuotas y Sistemas Electorales”; en Revista PostData, Nº 6, Buenos Aires. Archenti, Nélida y Tula, María Inés (2008); Mujeres y Política en América Latina, Sistemas Electorales y cuotas de género; Editorial Heliasta, Buenos Aires. Archenti, Nélida y Tula, María Inés (2014); La representación política imperfecta. Logros y desafíos de las mujeres políticas. Editorial EUDEBA. Buenos Aires. Barrancos, Dora (2002); Inclusión/Exclusión. Historia con Mujeres; Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. Caminotti, Mariana (2008); “Derribar los muros indebidos: Reﬂexiones en torno de las leyes de cupo femenino en argentina”; en Revista Aportes para

el Estado y la administración gubernamental, Año 14 Nº 25. Buenos Aires. Caminotti, Mariana (2013); “La representación política de las mujeres en el período democrático” en Revista SAAP Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Vol. 7. Buenos Aires. Ferro, Lilian (2005), Ser, estar y actuar. Mujeres y participación política; Feminaria Editora; Buenos Aires. García Prince, Evangelina (2010); "1 notas para el debate: Maistreaming de género y políticas de igualdad" en el marco del proyecto: "Superando obstáculos para la transversalidad de Género en América Latina y el Caribe". Área Práctica de Género del RSCLAC PNUD para América Latina y el Caribe con apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Htun, Malan N. (2002); “Mujeres y poder político en Latinoamérica”, en Karam, Azza; Mujeres en el Parlamento. Más allá de los números; IDEA Internaciónal; Suecia. Llanos, Beatriz y Sample, Kristen (2008); 30 años de democracia: ¿En la cresta de la ola? Participación política de la mujer en América Latina; IDEA Internacional; Perú Marx, J. Borner, J. y Caminotti, M. (2006); “Cuotas de género y acceso femenino al Parlamento. Los casos de Argentina y Brasil en perspectiva comparada” en Política (Revista de Ciencia Política de la Universidad de Chile). Vol. 46. Santiago de Chile. Rigat-Pﬂaum, María (2008); "Gender mainstreaming: un enfoque para la igualdad de género" en Revista Nueva Sociedad. N° 218. www.nuso.org

COMISARÍAS DE LA MUJER.

¿DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL? Di Baggio Vega, Victoria

Lic. en Ciencia Política UBA victoria.dibaggio@gmail.com

El presente artículo aborda la creación de las comisarías de la mujer (CM). Nuestro objeto de análisis nos remite a un abanico de múltiples problemáticas, frente a las cuales dichas instituciones serian potenciales respuestas. Más allá de los debates de trasfondo, reconocemos que a las destinatarias primarias de la política- las mujeres que padecen violenciala lentitud e ineﬁcacia de las herramientas se les presentan como el principal problema en su lucha cotidiana contra dicho ﬂagelo. (Bardach, 1993: 2) He aquí nuestro recorte: la política de las comisarías de la mujer es una respuesta desti-

nada a simpliﬁcar el acceso a la justicia de aquellas mujeres que sufren violencia, dentro del marco general de lucha por la erradicación de la violencia de género: “Las funciones de las primeras Comisarías, se veían limitadas por no existir el marco legal respectivo que abalice la administración de justicia en violencia intrafamiliar, pues hasta ese entonces no se contaba con ninguna ley que respalde su gestión, por tanto no habían acciones legales expresas que se pudieran adoptar." (Ministerio de Justicia y Seguridad, Provincia de Buenos Aires, 2001: 12). La intervención posterior al hecho violento

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4. refleja el carácter atenuante y mitigante de la medida. Nuestro objetivo es analizar los aciertos y falencias de la política pública que nos compete. Las políticas públicas tienen su génesis en un entramado de correlaciones de fuerzas, de contradicciones sociales, de intereses contrapuestos y conflictivos, de procesos de creación de hegemonía, por lo que es en virtud de ellos que realizaremos el abordaje. Es decir, remarcamos el carácter intersubjetivo de la definición del problema y de las distintas etapas del ciclo de políticas públicas. Si consideramos que las políticas públicas son “Un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión que concita la atención de la sociedad civil” (Ozlack y O´ Donell, 1987) debemos enfatizar que actualmente existen sistemas de decisión conjuntos, que ya no se encuentran exclusivamente bajo la potestad del Estado. Este proceso se complejiza a medida que tomamos en cuenta las percepciones, ideas e intereses en juego, los cuales van a definir el problema y las alternativas de solución, poniendo en jaque la hegemonía existente. Definido el problema, debemos enfocarnos en el proceso por el cual este se convierte en una cuestión de agenda gubernamental. La elaboración del problema, en el caso que nos convoca, fue externa al sistema estatal y, una vez implementada, la política no fue continua y lineal sino más bien fluctuante. Esto nos enfrenta a la tarea de juzgar críticamente el accionar de nuestros gobernantes y de los distintos actores involucrados, analizando qué papel juega cada uno y cuáles son las estrategias que buscan sostener, a través de la violencia, la subordinación de la mujer a lo largo del tiempo. Nos es imposible negar, parafraseando a Bitar (1999), que la violencia de género es un problema socialmente relevante. Así lo demuestran las luchas de miles de mujeres que desconocen fronteras, las pintadas que rezan frases al estilo “si te quiere, no te pega” o “no hagas trato con el maltrato” en las calles y encuentros, el repudio a roles patriarcalmente establecidos, el cuestionamiento constante, desafiante que les vale el mote de brujas, de locas. Podemos afirmar que la violencia logró escalar los peldaños suficientes para instalarse como temática resonante. Sin embargo, los hechos de violencia, que derivan en femicidios1, demuestran que más allá de ser una problemática ineludible no es una política de Estado. Ahora bien, la violencia que se nos hace innegable por el carácter visible de un golpe, de las marcas y moretones no es la única forma de ejercer violencia. Hay más maneras, invisibilizadas, omitidas, postergadas. Nos referimos a la violencia en su carácter psicológico, económico, simbólico, mediático: “(…) violencia también es el insulto, el aislamiento, el menoscabo, el control de los movimientos, las amenazas, la restricción en la disposición de bienes propios, etc. Y nuestras instituciones tienen que estar preparadas para la detección

temprana de estas situaciones, para la atención correcta de las víctimas, para su contención y su asesoramiento jurídico, psicológico y social.” (Ministerio de Justicia y Seguridad, Provincia de Buenos Aires, 2001: 9). He aquí la mayor falencia de la política que analizamos: la misma no asalta a la violencia de forma integral. Si bien la ley prescribe algunos cursos de acción respecto de un tratamiento cabal y completo del fenómeno, parecería ser más un marco con meros fines descriptivos que una guía de los pasos a seguir. Las comisarías de la mujer brindan a las víctimas de violencia un espacio institucional donde se las contiene y asesora a través de personal especializado que integra equipos interdisciplinarios conformados por psicólogos, asistentes sociales y abogados. Las CM fueron uno de los primeros compromisos concretos del Estado frente al asunto y si bien podemos ahondar en sus irregularidades, no podemos dejar de considerarlo como una avance, un logro de las olvidadas reivindicaciones de género. Hablamos en plural en tanto las demandas a las que nos referimos son generales y abstractas, y se vinculan con el cambio de patrones socioculturales, de concepciones, de discursos, de formas de enunciación, de la construcción de un alter que incorpore definiciones acordes a los tiempos que corren, que se aparten del patriarcalismo y la heteronormatividad actual y que doten a la violencia de una significatividad renovada. De acuerdo al marco normativo vigente, la violencia puede llevarse a cabo por acción u omisión y puede ejercerla cualquier persona particular, grupo o bien, funcionario u agente del Estado. La violencia abarca desde el maltrato físico hasta el daño emocional, el deterioro de la autoestima, el impedimento de desarrollo y progreso personal, el control de los recursos económicos y patrimoniales, la reproducción de desigualdades, la discriminación y la naturalización del discurso sexista. Entonces: ¿Es la verdadera solución a nuestro problema la creación de las comisarías de la mujer? Si la violencia tiene diversas aristas, requiere la misma cantidad de soluciones. Es a partir de esta afirmación que realizamos el recorte de nuestra problemática, considerando que no es combatir a la violencia, en tanto la entendemos, a lo que apunta la política pública analizada. Observamos que a nivel programático el proyecto es integrador, busca adoptar medidas no solo con el fin de volver más expeditivo el proceso de denuncia y judicialización, sino que se embarca en propuestas que generarían una transformación de la problemática subyacente. Es decir, la legislación contempla la necesidad de una trasformación en las normas, valores y patrones desde los cuales consideramos la violencia, pero no podemos asegurar que contemos con las herramientas para efectivizarlo en el tratamiento cotidiano del fenómeno. Nos encontramos con que en la práctica la mayoría de las obligaciones no se cumplen, o en caso de llevarse a la práctica, se hacen de forma irregular y deficiente. ¿Derivo

4. esto en un replanteo total de la política? No, la perspectiva inmediatista y paliativa desde la cual se lleva adelante la política no hace más que reproducir las conductas, ideas y valores machistas y patriarcales que subyacen a nuestro problema. Peor aún, no pueden dar respuesta a los conflictos diarios y recurrentes que derivan de lo anterior: maltrato en comisarías y centros de asistencia, ineficiencia de los procesos judiciales, vacío en lo que respecta a asistencia psicológica y social tanto de las mujeres como de sus familiares, deficiencias en disponibilidad de refugios, ayuda en la elaboración de un nuevo proyecto de vida, entre otros. El abordaje del tema es justificado en tanto se trata de un problema aún irresuelto o, para ser menos pesimistas, los avances son escasos y mal logrados. “La política criminal de un Estado no puede desconocer el problema de la violencia hacia la mujer, como producto de una construcción cultural en la que uno de los sexos domina al otro; (…) es en este contexto que se vuelve imperioso contar con estrategias y recursos para empoderar a las mujeres, fortalecerlas en sus ámbitos familiares, acompañarlas en los procesos de denuncias y garantizarles, a la vez, integridad física, psíquica y económica en los casos que sean necesarios.” (Ministerio de Justicia y Seguridad, Provincia de Buenos Aires, 2011: 8). ¿A qué desafíos nos enfrentamos? “(…) no solo es importante lograr que el Estado asuma políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, sino que existan todos los recursos humanos, técnicos y materiales para un efectivo cumplimiento de estas políticas” (Ministerio de Justicia y Seguridad, Provincia de Buenos Aires, 2001: 15). Adecuarnos a los recursos disponibles, a las limitaciones que nos presenta la práctica, nos parece por demás conformista. Entendemos que resignarnos a la solución que nos ofrece el Estado es un obstáculo a la transformación de los parámetros desde los cuales pensamos el problema. “La violencia es el arma por excelencia del patriarcado. Ni la religión, ni la educación, ni las leyes, ni las costumbres ni ningún otro mecanismo habrían conseguido la sumisión histórica de las mujeres si todo ello no hubiese sido reforzado con violencia.” (Sabaté, 3) Desnaturalizarla, cuestionarla, combatirla, al menos desde la palabra, es a lo que apunta este breve aporte. Referencias 1 Hay que desentrañar el significado socialmente admitido de crímenes pasionales: el concepto de femicidio muestra el carácter político y social del problema. Bibliografía

• Bardach, Eugene (1993): “Problemas de la deﬁnición de problemas en el análisis” en Aguilar Villanueva, Luis. La implementación de las políticas. Porrúa, México DF

• Birgin, Haydee (s/f ): “Algunos comentarios sobre la Ley Nro. 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. • Bitar, Anselmo (1999): “La constitución de la agenda y el ciclo de las políticas públicas” Universidad Nacional de Entre Ríos. • Comisaria de la mujer y la familia. Política de promoción y prevención de derechos. Conceptos fundamentales, 2011, DG de Coord. de Políticas de Género. Min. de Justicia y Seguridad de la Pcia de Buenos Aires, Argentina, http://www.unicef.org/argentina/spanish/CONimprenta.pdf • Etzioni, A. (1992): La exploración combinada: un tercer enfoque de la toma de decisiones. En Aguilar Villanueva, Luis. La hechura de las políticas públicas. Porrúa, México DF • Informe Violencias, malos tratos y torturas hacia las mujeres detenidas en las unidades carcelarias y dependencias policiales de la Pcia de Buenos Aires , Junio 2010, www.comisionporlamemoria.org • Jácome Villalba, N., Estudio cultural de la práctica jurídica en las comisarías de la mujer y la familia. Capítulo I. Las comisarías de la mujer y familia: el modelo institucional, Flacso, Quito, 2003, • Jubb, N. y Pasinato Izumino, W. (2002): “Mujeres y servicios policiales en América Latina: un documento de referencia revisado” CERLAC Occasional Papers. • Jubb, N. (2008): “Mapeo Regional de las Comisarias de la mujer en América Latina”. En Proyecto de Acceso a la justicia para mujeres en situación de violencia: Estudio comparativo de las comisarías de la mujer en América Latina, Quito, Ecuador • Lindblom, C. (1992): “La ciencia de salir del paso”. En Aguilar Villanueva, Luis. La hechura de las políticas públicas. Porrúa, México DF • Lindblom, C. (1992): “Todavía tratando de salir del paso”. En Aguilar Villanueva, Luis. La hechura de las políticas públicas. Porrúa, México DF • Martínez Nogueira, R. (2010): La coherencia y la Coordinación de las Políticas Públicas. Aspectos Conceptuales y Experiencias. En Acuña C. (comp) Los desafíos de la Coordinación y la integralidad de las Políticas y Gestión Publica en América Latina. Proyecto de Modernización del Estado, Buenos Aires. 5 • Mascareno, C. (2003): “Las políticas públicas ante las realidades emergentes: Notas para la discusión”. En revista CDC. Enero 2003, vol.20. n.3 • Moore, M. (1993): “Anatomía del problema de la heroína: un ejercicio de deﬁnición de problemas” En Aguilar Villanueva, Luis (estudio introductorio y edición) Problemas públicos y agenda de gobierno. Miguel Ángel Porrúa, México DF • Sabaté, L: “No son “crímenes pasionales”: son feminicidios”, s.d • True, J., Brywn J. y F. Baumgartner (2010): “Teoría del equilibrio interrumpido. Explicación de la estabilidad y del cambio en la formulación de las políticas públicas”. En Sabatier, Paul (editor) Teorías del proceso de las políticas públicas. Proyecto de modernización del Estado, Buenos Aires.4 • Tsebellis, G. (2008): “La toma de decisiones en los sistemas políticos. Actores de veto en el presidencialismo, parlamentarismo, multilateralismo y multipartidismo”. En Acuna, C. (comp.) Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. Jefatura de Gabinete de Ministros, Buenos Aires. Legislación consultada: Decreto 4570/90; Ley N° 12.569; Ley N° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

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“EL DELITO DESDE UN PERSPECTIVA SOCIAL”

MARGINACIÓN SOCIAL, PODER Y DOMINACIÓN. POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Kasta Verónica

Licenciada en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires (UBA) Diplomatura Superior en “Gestión y Control de Políticas Públicas. Las políticas públicas en un contexto de crisis global”, FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) verok87@hotmail.com

En el escenario social y político de estos últimos tiempos las nociones de “delito”, “inseguridad”, “criminal” han adquirido una relevancia, que me ha llevado a reﬂexionar y abordarlo mas allá del marco jurídico penal, no solo como un delito y una cuestión del derecho y de la conducta humana prohibida, sino como un fenómeno social, económico, político, y cultural. La Educación, se la considera como un medio efectivo para crecer, mejorar, consolidar conocimientos, y contar con mejores oportunidades en la vida. Puede deﬁnirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse una persona no sólo asimila y aprende conocimientos sino también implica una concientización cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. Si tomamos algunos de estos conceptos, como “socialización”, “concientización cultural y conductual”, en las cuestiones vinculadas al delito, la prisión y las cárceles, las penas serían una forma de rehabilitar” a la persona que ha sido penada por actuar de forma no debida. Y en nuestro lenguaje resocializar implicaría reinsertar al penado en la sociedad convirtiéndolo en un sujeto activo de la misma. No obstante, es necesario replantearse algunas cuestiones que hacen un análisis más profundo. ¿Acaso, antes de la resocialización no esta la socialización? ¿Cómo se pretende resocializar a personas cuando éstas primero no recibieron una socialización o fueron excluidos previamente? ¿Quienes son los que ejercen por primera vez la violencia? La violencia cuando ocurre de manera sistemática, se convierte en relaciones y condiciones estructurales de “violencia institucional”. Las relaciones de opresión y violencia exis-

tentes en la sociedad, entre los que ejercen poder por estatus y posición social sobre aquellos que consideran distintos a ellos. Esto conlleva a una estigmatización que impacta a nivel personal e individual del estigmatizado provocando la conformación de subculturas con sus propias definiciones de justicia y pacto social. El resultado es un sistema de educación paralelo que se entrecruza con el del “de lo debido y lo correcto” del contrato social originario. Las instituciones constituyen un observatorio privilegiado para analizar las relaciones de poder. El autor Julio Barreiro en su escrito “Educación popular y proceso de concientización” define a las instituciones como producto de las relaciones sociales. Cuando éstas se habitúan y tipifican, se configuran las instituciones mediante un proceso de institucionalización. A través de un proceso de legitimación se vuelven una realidad social, explicada, justificada y aceptada bajo la forma de conocimiento, valores y normas sociales. Cuando una persona quebranta una regla impuesta por el contrato social, es considerado por los demás como un individuo marginal, que se desvía de las reglas del grupo. Es decir que la desviación es creada por la sociedad; los grupos sociales establecen las reglas, cuya infracción constituye la desviación. Sin embargo una sociedad tiene muchos grupos, cada cual con su propio conjunto de reglas y la gente pertenece a muchos grupos simultáneamente. Una persona puede quebrantar las reglas de un grupo por el sólo hecho de acatar las reglas de otro grupo. Entonces, que las reglas de los diferentes grupos entren en conflicto hará que exista un desacuerdo sobre el tipo de conducta que resulte correcta en cualquier situación planteada. Así, el grado en el cual un acto será considerado como

5. desviado va a depender de quién lo cometa y quien se sintió ofendido por el mismo. Es necesario considerar las distintas teorías sobre la desviación y la criminalidad para hacer un abordaje más complejo pero rico a la hora de intentar comprender las conductas delictivas. Las explicaciones de la desviación social se pueden agrupar en dos categorías: las teorías biológicas y psicológicas, que se enfocan sobre las características individuales de los desviados de los no desviados; y las teorías sociológicas y antropológicas, que se ocupan de las condiciones sociales y culturales que hacen más probable la desviación. Hacia fines de siglo XIX y principios del XX, en las escuelas positivas comienza la criminología como nueva disciplina cuyo objeto es el delincuente como un individuo diverso y, en cuanto tal, clínicamente observable. Ella era una teoría patológica que se basaba en características biológicas y psicológicas que diferenciaban a los sujetos “normales” de los “criminales”. Para esta teoría, la causa de la criminalidad había que encontrarla en el determinismo biológico, es decir que se sustentaba no tanto en el delito y la clasificación de sus acciones sino sobre el autor del delito. Sin embargo, hacia los años treinta comienza un giro de orientación sociológica (teoría estructural-funcionalista de la anomia y la criminalidad) con una profunda revisión crítica de la criminología de orientación biológica, surgiendo nuevas interpretaciones sobre la concepción del delito y la delincuencia. Durkheim decía que el delito es un hecho social que debe ser explicado socialmente; colocando la idea del relativismo moral de las distintas sociedades y de las distintas épocas para definir que es delito. Sosteniendo que "lo observable" era la reacción de la sociedad en condenar una conducta y no el acto en si mismo. Es decir se pasa de un plano explicativo individual al plano social para explicar el fenómeno delictivo. Años después, a finales de la década de los 30, Robert K. Merton (1980) trató de encontrar las causas de las conductas desviadas como producto de una tensión en el seno de la estructura social, entre las metas culturales que la sociedad proponía para sus integrantes -en particular el logro del éxito económico- , y los medios legítimos que brindaba para alcanzar dichas metas. Esta tensión, estructura-económica, es la que produce la anomia; no permitiendo en la misma medida a todos sus miembros, las mismas posibilidades de acceder a esas metas y a los medios legítimos para alcanzarlas. Sin embargo, Sutherland propone una alternativa a dicha teoría, al ver la enorme discrepancia entre las estadísticas oficiales de la criminalidad y la criminalidad oculta de las personas que ocupan posiciones privilegiadas en la sociedad, denominada

“criminalidad de cuello blanco”. Este tipo de criminalidad no puede explicarse por la discrepancia entre fines culturales y acceso a medios institucionales para alcanzarlos. Por ello, critica a las teorías generales del comportamiento criminal basado en las condiciones económicas, porque dichas teorías no pueden explicar correctamente la criminalidad de cuello blanco y ni siquiera la de los estratos inferiores. Además, estos factores sólo pueden explicar las características de la criminalidad de quienes pertenecen a los estratos inferiores pero no se pueden encuadrar en una teoría general que permita explicar tanto la criminalidad de los estratos inferiores como la criminalidad de cuello blanco. Por ello, esta teoría, la de los contactos diferenciales, parte del supuesto de que la criminalidad (tanto de los estratos inferiores como la de cuello blanco), al igual que cualquier tipo de comportamiento, se aprende según los contactos a los cuales está expuesto el sujeto en su ambiente social y profesional. Esta teoría de Sutherland, contribuyó a la integración de las teorías de las subculturas criminales. Esto lleva a abordar el problema de la conducta desviada sobre la base de la coexistencia de diversos grupos sociales en el interior de una sociedad y de un "pluralismo normativo" cuyos patrones de conductas de los integrantes de tales grupos diferían de las normas más generales existentes en la sociedad, para los cuales la cultura dominante no ofrece soluciones satisfactorias. En realidad son las condiciones sociales, las estructuras y los mecanismos de comunicación y aprendizaje los que determinan la pertenencia de los individuos a subgrupos o subculturas. Esto muestra que los mecanismos de aprendizaje y de interiorización de las reglas y modelos de comportamiento que se hallan en la base de la delincuencia no difieren de los mecanismos de socialización mediante los cuales se explica el comportamiento normal. El resultado es la conformación de subculturas en el orden social, con un sistema de educación paralelo con sus propias definiciones de justicia y pacto social, con sistemas de creencias y valores específicos que institucionalizaron y legitimaron como organización de las bases del conocimiento social. Ello se entrecruza con el “de lo debido y lo correcto” por parte de los que están dentro del sistema y del contrato social originario. Este breve recorrido de las teorías de la criminología nos lleva a reflexionar que los fenómenos que estudiamos en las ciencias humanas suelen ser complejos. Nuestro objeto de estudio es nada menos que la conducta humana, es decir, comportamientos que vienen determinados por un gran número de variables interdependientes del individuo, en función de sus propias experiencias y procesos de vida en relación con el ambiente.

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5. Es tal la cantidad de variables que se ponen en juego a la hora de configurar el comportamiento, sobre todo cuando se trata de la conducta real y en ambiente social, que no tenemos posibilidades de abarcarlas en su totalidad. Todo está relacionado con todo, en el que casi nunca podemos establecer con seguridad cuál es la causa y cuál el efecto, porque los efectos y las causas se mezclan mediante un complejo proceso de retroalimentación. Cada vez que suceden hechos delictivos actúan como disparador del debate palabras como la “inseguridad”, el “delito”, el “delincuente” tratando de identificar las condiciones o causales estructurales y culturales que la hacen posible. El diagnostico social debe contemplar que la problemática es estructural e histórica. Estructural en el sentido que debemos preguntarnos que lugar ocupan dentro de la estructura social, es decir su lugar dentro de la estructura productiva, las personas que delinquen. Por otro lado, el problema también se vuelve histórico porque las condiciones sociales que sufren los que delinquen son consecuencia de políticas sociales deficientes de años anteriores. Generalmente tendemos a considerar la marginación como el problema de otros, colocando nuestras normas y valores como muro entre el problema y nosotros mismos, en suma, de nuestra propia percepción de la realidad. Esto me ha llevado a interesarme sobre el mundo de la marginación social. Me he planteado como hipótesis del presente documento que cuando se habla de marginación social, se ponen en entredicho aspectos importantes, incluso de nuestra propia historia, de nuestro entorno socializador. Nos encontramos con un sistema en donde imperan lógicas simultáneas y contrapuestas produciéndose una paradoja: contamos con marco normativo inclusivo pero predomina la exclusión de los derechos en el hacer cotidiano. Como sostiene Norberto Bobbio, "el problema de los derechos fundamentales ya no consiste en su reconocimiento, sino en la posibilidad de tornarlos efectivos", lo cual no resultará posible si los ciudadanos no logran ejercerlos en forma plena. Porque ciudadanos somos todos, estando dentro o fuera de los que comúnmente se llama “barrotes de hierro”. Entonces nadie se pregunta: ¿Cuáles son las condiciones objetivas que llevan a que alguien se convierta en un delincuente? Porque una persona no nace delincuente, son las condiciones sociales, estructurales y los mecanismos de comunicación y aprendizaje que viven desde su infancia las que lo convierten en ello. Gente que vive hacinada en villas miserias, totalmente carenciados, donde en algunos casos no llega el agua potable,

donde no hay cloacas, donde no hay clubes sociales, donde no hay centros culturales, hace que se encuentren excluidos sociales, cultural y económicamente. Esto conlleva a una estigmatización donde se lo considera como diferente y empieza a juntarse con aquellos que son también etiquetados trasformando personas diferentes. No es una justificación de lo que sucede sino un intento de reconstruir las condiciones que permiten que estas cosas sucedan. Así, las políticas sociales y carcelarias deberán trabajar para poder ser más eﬁcientes en la reinserción social de aquellos que han delinquido. Pero de nada servirán si las condiciones sociales de vida de quien sale de las cárceles, siguen siendo las mismas. Así, como nos preguntábamos al comienzo, ¿antes de la resocialización no esta la socialización? ¿Cómo se pretende resocializar a personas en cárceles cuando éstas primero no recibieron una socialización o fueron excluidos previamente? ¿Quienes son los que ejercen por primera vez la violencia? En consecuencia, el problema de la inadaptación social ha conducido a buscar en el propio individuo las causas de su conducta desadaptada, sin referirse al ambiente, social e institucional, que se conﬁgura en el interior de una sociedad y de un "pluralismo normativo"; tal vez, como ya hemos visto porque nosotros mismos pertenecemos al grupo normativo y tendemos a no cuestionar nuestra propia realidad y a generalizar nuestras pautas valorativas, a convertir "nuestra realidad" en "la realidad". Evidentemente, también los legisladores y los jueces pertenecen al grupo normativo y, por tanto, tampoco tienden a cuestionar su propia realidad. En este sentido, en mi opinión el “delincuentes” no se somete a la institución, pero tampoco se integra. De una u otra forma, en la sociedad, es el que más posibilidades tiene de perder la cordura. Una vez en la cárcel se estigmatiza aquellos sujetos ya considerados previamente como “marginales” y se les da una nueva categorización como “delincuentes” ejerciendo nuevamente violencia, la violencia del sistema penitenciario que opera con un carácter disciplinador y de control, que va desde la agresión física hasta los mecanismos simbólicos de despersonalización y deshumanización. Entonces, la violencia cuando se ejerce de manera sistemática se convierte en condiciones estructurales de “violencia institucional”. Fue Michel Foucault quien en “Vigilar y castigar” nos planteó su tesis de que a partir de la modernidad y con la aparición de un sujeto racional, el hombre tiende a tratar de aferrarse a la razón y todo lo que ella no puede explicar, debe ser segregado negándole su existencia social. La critica mas fuerte radica en que la sociedad misma no reconoce a esa gente como miembros de su misma sociedad, sino que son locos, enfermos o delincuentes que se han des-

5. viado, pero es la misma sociedad y sus condiciones objetivas las que gestan también a los delincuentes. La negación es una venda sobre los ojos que nos vela la mirada y no nos permite ver más allá. No nos permite ver que esos locos, esos delincuentes, son parte de nuestra sociedad y debemos preguntarnos qué condiciones han generado este tipo de cosas. Concluyo tomando como referencia las reﬂexiones de Franco Basaglia: “si no reconocemos que este mundo (el de la exclusión) somos nosotros- nosotros, que somos las instituciones, las reglas, los principios, las normas, las ordenanzas y las organizaciones-, si no reconocemos que formamos parte del mundo de la amenaza…no comprenderemos nunca que la crisis de los enfermos es nuestra propia crisis”. Bibliograﬁa • Barreiro, Julio (1975): EDUCACIÓN POPULAR Y PROCESO DE CONCIENTIZACIÓN Cap. III "Sociedad y conocimiento social. Ideología y conocimiento popular" - Págs. 88-144, Ed siglo XXI • Becker Howard: LOS EXTRAÑOS -SOCIOLOGÍA DE LA DESVIACIÓN • Cap. 1 "Los extraños" - Págs.13-27. • Baratta Alessandro (1986): CRIMINOLOGÍA CRÍTICA Y CRÍTICA DEL DERECHO PENAL Cap. XIII "Sistema Penal y Reproducción de la Realidad Social”, Ed siglo XXI

Redes

• Basaglia Franco (1976): LA INSTITUCIÓN NEGADA "La institución de la violencia". Págs.129-169. Editorial Barral. • FOUCAULT, MICHAEL (2002): “Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión” Siglo XXI, Editores, Buenos Aires. Apunte de Cátedra. Material Bibliográfico de Política Urbana (2009), Facultad de Ciencias Sociales, UBA. • FOUCAULT, MICHAEL (1992): LA VIDA DE LOS HOMBRES INFAMES Cap. 3 "La sociedad punitiva" págs. 47-68. Ed. Altamira - Nordan Comunidad. Apunte de Cátedra. Material Bibliográfico de Política Urbana (2009), Facultad de Ciencias Sociales, UBA • Material Bibliográfico de Política Urbana (2009), Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Jorge Gilbert C (1997), Introducción a la Sociología. • Pegoraro S. Juan (1998): “La corrupción como cuestión Social y como cuestión Penal”, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencia Sociales, Instituto de Investigación Gino Germani Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/01102010/criminologia01.pdf • Vasco Martínez Juan C (2002): SUTHERLAND Y LA CRIMINALIDAD DE LOS CUELLOS BLANCOS. LA EMPRESA COMO PRODUCTORA ORGANIZADA DE DELITO. Mimeo • Vasco Martínez Juan C: CRIMINOLOGÍA TRADICIONAL Y CRIMINOLOGÍA CRÍTICA. Apunte de Cátedra. Material Bibliográfico de Política Urbana (2009), Facultad de Ciencias Sociales, UBA • Zaffaroni Eugenio Raúl (1989): EN BUSCA DE LAS PENAS PERDIDAS "El Condicionamiento, la Estigmatización y la Muerte: La Criminalización". Págs. 137-139. Apunte de Cátedra. Material Bibliográfico de Política Urbana (2009), Facultad de Ciencias Sociales, UBA

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LA POLÍTICA DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA EN LA ERA DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL Alexandra Carballo Frasca Lic. Ciencia Política (UBA)

Silvio Castro

Lic. Ciencia Política (UBA), Docente (UBA-UCES)

La comunicación y la política tienen una relación estrecha, que se hace aún más fuerte cuando hablamos de comunicación de gobierno. Más allá de las campañas electorales, y de las transformaciones propias de los cambios tecnológicos que estas han sufrido en las últimas décadas, los gobiernos, y los funcionarios públicos, se enfrentan al dilema de transformar la comunicación gubernamental, de acuerdo a las nuevas reglas del campo. Nos referimos a gobiernos que se inscriben bajo el sistema democrático. Las reglas propias de la democracia, obliga incluso a los gobiernos a comunicar y rendir cuentas de cara a los ciudadanos. A partir del siglo XX y sobre todo, con la aparición de los medios de masas, los poderes públicos pudieron comenzar a desarrollar procesos para llegar a todos los hogares, prácticamente con un costo cero y con cierta inmediatez. La radio, la televisión y ahora Internet, han transformado de forma sustancial, la comunicación entre los gobernantes y los ciudadanos, pero también han modificado las formas discursivas, la imagen y el mensaje a comunicar. Desde la elección presidencial entre Kennedy y Nixon, donde la televisión ha monopolizado el discurso y como plantea Diego Beas se convirtió “en el principal mediador entre la ciudadanía y el gobierno” (Beas, 2011:17). El propio concepto de democracia ha virado hasta incluir la comunicación en su definición. Bernand Manin, en 1998 hizo propio la idea de “democracia de audiencias”, nacida a finales del siglo pasado y que se continúa en gran medida hasta hoy. Para Manin esta representa la relación creciente “entre el sistema político democrático y el modelo de las audiencias televisivas”. Entre las características preponderantes que el autor cita, se encuentran la crisis de las ideologías, la volatilidad de los votos, rompiendo la histórica relación entre clase social y voto y por último la fuerte injerencia de los mass media en el debate político, pero sobre todo la influencia de los medios de comunicación en el proceso electoral y el surgimiento y expansión del marketing político/electoral (Aznar, 2005). Más aún, la era digital y la irrupción de Internet, como red comercial y red de comunicación, son los dos sucesos más importantes y

revolucionarios en la historia de la comunicación reciente, y representan un quiebre total y absoluto en la forma en la que, políticos y gobiernos enfrentan su relación con el ciudadano. Estas nuevas formas de comunicación brindan la posibilidad de exigir información sin la mediación de los medios tradicionales de comunicación, (cuya objetividad es discutida), a los ciudadanos, en tiempo real. Esta apertura del sistema, nos lleva a reflexionar sobre los planteos de Javier Sánchez Galicia, para quien el "sistema abierto y en proceso de transición a la democracia, los gobiernos ya no pueden funcionar de manera jerárquica y unilateral, sino que deben hacerlo con base en la legitimación y el consenso. Los gobiernos enfrentan nuevos retos porque los ciudadanos ahora exigen que se comuniquen con ellos y que transparenten sus actos. Así, la comunicación es vista como una de las funciones básicas de un gobierno, la información como el insumo de los medios y un derecho de los ciudadanos” (Sánchez Galicia, 2015). El lazo entre gobierno y comunicación va entonces más allá de los formal y legal, sino que la aparición de las nuevas tecnologías, pone al ciudadano como un actor, que reclama y participa de la comunicación. Ya no es el gobierno quien decide comunicar, sino que es el ciudadano quien también reclama esa comunicación y participa en la misma de forma activa. Para Mario Riorda, "cuando se dice que se gobierna bien pero se comunica mal, se dice una mentira. La comunicación política tiene un objetivo: generar consenso. Si la comunicación política no actúa bien, no hay consenso y si no hay consenso no hay buena gestión. El consenso es la búsqueda de acuerdos políticamente operantes centrados en la idea de que, si bien puede haber (y probablemente siempre existan) grupos en los márgenes del consenso, o fuera de este, las políticas de gobierno deben ser socialmente aceptadas por la mayor cantidad de personas” (Riorda, 2015). La comunicación, ocupa ahora un rol central: la construcción de consensos y por tanto, la aceptación de las políticas públicas que el gobierno implementa. Dentro del propio ciclo de las políticas públicas, planteado en los términos de Tamayo Saez, quien enumera dentro del mismo la Identificación y definición del problema; Formulación de las alternativas de solu-

6. ción; Adopción de una alternativa; Implantación de la alternativa seleccionada; Evaluación de los resultados obtenidos (Tamayo S, 1997), no incluye la idea, ni la necesidad, de la comunicación. Pero, y retomando los planteos de Riorda, y la propia definición de democracia, la comunicación política, sobre todo para quienes ocupan cargos públicos, cumple un rol central, donde se asienta la legitimidad propia del gobierno, la aceptación de sus políticas y la construcción de consensos que lo sostengan en el poder. Si bien se ha avanzado académicamente en la materia, es importante entender este cambio a partir de pensar que la "revolución multimedia es un proceso que tiene numerosas ramificaciones (internet, ordenadores personales, ciberespacio) y que sin embargo se caracteriza por un común denominador: tele-ver y como consecuencia, nuestro video-vivir. El homo sapiens producto de la cultura escrita, en un homo videns para el cual la palabra está destronada por la imagen. Todo acaba siendo visualizado. El acto de telever" (Sartori, 1998). Esta revolución, modifica incluso los mapas de actores y permite reformular la estructura institucional a la que el gobierno, y el Estado, estaban acostumbrados. Sartori introduce la idea de que “El ordenador y los dispositivos móviles son el nuevo soberano (y con él la digitalización de todos los medios) no sólo unifica la palabra el sonido y las imágenes sino que además introduce en los visibles realidades simuladas, realidades virtuales” (Sartori, 1998). La visión de Sartori sobre el hombre y la tecnología tan negativa, ha quedado obsoleta. La tv como niñera y el hombre como incapaz de pensar. Hoy, las redes sociales nos demuestran que hay una nueva inteligencia. Las últimas décadas se caracterizaron por la monopolización, por parte de diferentes actores, de la comunicación. La radio, la televisión, la aparición de la Internet, la masividad del mail y la explosión de las redes sociales, dan cuenta de este proceso. No es una moda, ni una transformación de unas a otras, sino que es una evolución de los canales de comunicación que traspasa la esfera de lo público y obliga a repensar la relación entre comunicación y política. Los medios sociales, son por tanto los principales artífices de la revolución de la comunicación y de su avance en la agenda del gobierno en materia de comunicación. Desde la mitad del Siglo XX, hasta hoy varios medios han ocupado el centro de la escena. Repensando lo planteado y teniendo en cuenta algunos números, es importante entender que este desarrollo, no fue lineal y que la masividad fue incluso más allá de los esperado. La radio tardó 38 años en llegar a 50 millones de usuarios, la televisión tardó 13 años; Internet explorer demandó un tiempo de 4 años para llegar a esto, mientras que el Ipod lo hizo en 3 años. En la era digital, Facebook llegó a más de 100 millones de usuarios en tan solo 9 meses, Hoy, si Facebook fuera un país, sería el segundo más grande del mundo solo superado por China, superando los 1.390 millones de usuarios, seguido por India con 1.299 millones de habitantes. Twitter, Instagram, entre otros, el avance de los dispositivos móviles o smartphones y las tecnologías de conectividad cada vez más extendida, se suman a esta lista. La revolución tecnológica, llevó a una

revolución global en materia de comunicación y los gobiernos debieron adecuarse a la misma, a pesar de los trastornos que esto genera. Los principales problemas no están ligados a la falta de comunicación, ni al uso de las nuevas herramientas, ni a una resistencia por parte del gobierno, sino a una falta de estrategia comunicacional por parte de los mismos. Vacas plantea que "la crisis actuales de comunicación están relacionadas con la inadecuación de las estrategias y formas de dirigirse a los usuarios de la red” (Vacas, 2015). La comunicación es ahora de acuerdo a las nuevas herramientas, donde el ciudadano, no es un actor pasivo, sino que ocupa un rol activo, propositivo y donde su aporte suma a la comunicación. El proceso dialéctico que supone la comunicación per se, se transforma ahora en una relación dialéctica donde el centro se desplaza, y los gobernantes y el ciudadano quedan en pie de igualdad. Ya no se piensa en la comunicación en el sistema democrático como una forma de construcción de ciudadanía, sino que se transformó en la democratización de la comunicación como un rasgo de las nuevas democracias. Los nuevos medios sociales cumplen aquí una función casi revolucionaria. Ya no se piensa en la rendición de cuentas y la publicidad de los actos de gobierno, como pilares de la comunicación gubernamental, y como una de las características de la democracia, sino que la comunicación a partir de estos nuevos canales, acercan el ciudadano al gobierno y le permite conocer y escuchar las demandas de los ciudadanos. Uno de los ejes centrales en esta transformación, la ocupan las redes sociales. José Ignacio Porras agrega que “la red social, entendida como estructura de vínculos horizontales que se construyen de forma voluntaria, probablemente sea la forma más primaria de organización del ser humano. Lo novedoso es que la complementariedad entre Internet y redes sociales define una forma organizativa a escala superior que mantiene la flexibilidad y autonomía de las partes, favoreciendo el proceso de toma de decisiones coordinada y la ejecución descentralizada”.3 Si bien sea probablemente la esfera del Estado, una de la esferas que todavía aparece menos expuesta a la expansión y la penetración de las redes sociales, aparece como inevitable que, como ha ocurrido previamente en el ámbito del mercado o de la sociedad civil, la tendencia y probablemente necesidad será que los gobiernos tengan una creciente participación activa en las diferentes redes sociales por otro tipo de razones. No podría pensarse que los gobiernos queden al margen de espacios donde cada vez encontramos más ciudadanos empoderados y proactivos por el uso de estas plataformas en las que también se construye ciudadanía.4 Todos los medios de comunicación tuvieron que soportar un periodo de adaptación, hasta lograr una penetración real en la comunicación gubernamental. Ni la radio, ni la televisión, ni internet fueron hechas para estos ﬁnes, su aplicación a los ﬁnes estatales demandó años y esfuerzos de todo tipo. El ámbito

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6. privado y sobre todo la publicidad derivada de las necesidades del mercado han sido siempre los pioneros en hacer uso de los mismos. Actualmente "el 78% de los consumidores confía en las recomendaciones que le dan sus pares, versus el 14 % de confianza ante una publicidad. El 70% de las personas entre 18 y 34 años ha visto, ve usualmente tv por internet. Ahora ya no buscamos noticias sino que las noticias nos encuentran a nosotros. Lo mismo sucederá con los productos y servicios que nos encontraran a través de social media, SOCIAL MEDIA no es una moda, es un cambio fundamental en la forma que nos comunicamos"5

jado con nuevos niveles de accesos que marcan un récord, pero que aumentan la potencialidad que la propia comunicación puede tener. Una persona conectada, es un potencial comunicador para sus pares y para el gobierno. La transformación mediática y comunicacional que esto representa, excede incluso los análisis más futuristas de la teoría de las democracias clásica. La revolución de la comunicación gubernamental nos pone ante una paradoja: ¿gobernar la comunicación en la era de las redes sociales, o comunicar para gobernar, como plantea Riorda?

¿Por qué la Política y los Gobiernos van a quedar afuera? No hay motivo para que la democracia no sume a sus características, la comunicación a través de estos nuevos medios y que los gobiernos comiencen procesos cada más amplios para la democracia de audiencias en las nuevas democracias de masas con usuarios en red. El gobierno abierto y electrónico son parte de esta nueva revolución.

Referencias 3 Entrevista a José Ignacio Porras por José Luis Tesoro en FORO e-GOBIERNO OEA, Boletín 57, Septiembre 2010. 4 Material OEA; El Gobierno en la Era de las Redes Sociales, 2014 5 SOCIALNOMICS de Erik qualman, How social media transform the way we live and do business, 2012 6 Social media as a political tool on the rise, If your Facebook or Twitter accounts are full of opinion over the presidential campaign, you're not the only one, 2012 http://www.cnet.com/news/pew-social-media-as-a-politicaltool-on-the-rise/ 7 Infobae, martes 29 de julio de 2014. 8 Fundación Friedrich Ebert Stiftung World Protests 2006-2013,Isabel Ortiz, Sara Burke, Mohamed Berrada y Hernán Cortés, 2013 http://www.fesglobalization.org/new_york/new-publication-world-protests-2006-2013/

En la actualidad, las redes sociales como Facebook y Twitter son utilizadas como plataformas de comunicación por parte de los gobiernos y políticos. En Estados Unidos, el 60% de los adultos usan las redes sociales, y el 66% de esos usuarios han utilizado estos canales de comunicaciones para realizar acciones civiles o políticas, y los jóvenes incluso comparten sus puntos de vista políticos o incluso formar parte de algún grupo político en las redes.6 En nuestro país, Facebook tiene 24 millones de usuarios, casi el 60% total de habitantes. Si se toma el total de internautas, el 89% utiliza esta red social, según los datos de la consultora Carrier y Asociados7. Algo parecido, sucede con Twitter, que supera los 5 millones de usuarios activos, de esta manera, y continuando con el planteo de Beas, Internet logra invertir la lógica que ha imperado en la relación entre políticas y comunicación durante las últimas cinco décadas, logrando que a partir de sumar diferentes partes pequeñas, se comience a dar un gran proceso global de construcción discursiva, pero sobre todo “utilizar la comunicación ubicua que posibilita Internet para reunirlas, potenciarlas y transformarlas en acciones de peso” (BEAS, 2011: 47). No cabe duda, que a partir de estos medios las barreras y las fronteras son parte de otra historia. El periodo 2006-2013 ha sido el periodo de mayor agitación social en todos los continentes desde que se empezó a detallar este tipo de información a mediados del siglo XX. Durante este periodo, ha habido un incremento muy notable de movimientos de protesta ciudadana pasando de 59 en el año 2006 a 160 en 2012. Las mayores protestas en número ocurrieron en Estados Unidos y en Europa, seguidas de Latinoamérica, el Este de Asia, el Pacíﬁco y África subsahariana. Las protestas de Oriente Medio y el Norte de África antecedieron a la Primavera Árabe.8 Pensar la comunicación, desde los aportes que las redes sociales han hecho permitiría la eliminación de las barreras de acceso, incluso democratizando la sociedad en un aspecto casi impensado, y reﬂe-

Bibligrafía -Azner, Hugo, (2005), “Democracia y programación televisiva. Telebasura y ética de la comunicación”, Revista Telos N°63, Abril-Junio 2005, Fundación Telefónica, España. -Beas, Diego (2011), “La reinvención de la política”, Planeta, Buenos Aires. -Castells, Manuel (2009) “Comunicación y poder”, Alianza Editorial, Madrid. -Durán BarBa, Jaime (2005) “Estrategias de comunicación política”, en Estrategias de comunicación para gobiernos, La Crujía Ediciones, Buenos Aires. -Gómez Castellanos, Rodolfo Martín (2006), “Mercadotecnia política. Uso y abuso en los procesos electorales”, Universidad Autónoma de Guadalajara, México. -Izurieta Canova, Roberto (2005), “La comunicación política en la era del entretenimiento, un estudio de la comunicación y las relaciones públicas para gobiernos”, en Estrategias de comunicación para gobiernos, La Crujía Ediciones, Buenos Aires. -OEA (20014), El Gobierno en la Era de las Redes Sociales, Washington, EEUU. -Sánchez Galicia, Javier (2015), “Comunicar para Gobernar” en Luciano Elizalde y Mario Riorda (ed.) “Comunicación Gubernamental 360”, La Crujía, Buenos Aires. -Sartori, Giovanni (1997) “Homo Videns, la sociedad teledirigida”, Editorial Taurus, México. -Tamayo Sáez, M. (1997), “El análisis de las políticas públicas”, en Bañon, R. y Carrillo E. (comps), La Nuevas Administración Pública, Alianza Universidad, Madrid. -Vacas. Francisco (2015), “Gobierno y ciudadanía, nodos en la red” en Luciano Elizalde y Mario Riorda (ed.) “Comunicación Gubernamental 360”, Editorial La Crujía, Buenos Aires.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA AGENDA DEL GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO Dra. Marina Acosta

Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Matanza, Flacso España maruacosta@hotmail.com

Como ha sucedido con otros actores sociales, el sistema político (fundamentalmente el gobierno) mexicano se las ha arreglado, a través de varias argucias, para someter al sistema de medios de comunicación. La historia de los medios en ese país es la historia de la cooptación que ha ejercido el Partido de la Revolución Institucional (PRI) sobre ellos. Aún resonando los episodios que dieron lugar al nacimiento del movimiento estudiantil #YoSoy132, Enrique Peña Nieto (EPN) llegó a la presidencia de México tras dos sexenios de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN). Tras triunfar en las elecciones federales con el respaldo de 19.158.592 de votos, en su primer mensaje llamó a las fuerzas políticas y poderes públicos a iniciar una "nueva etapa". El mandatario priísta prometía nuevos aires luego de la “desilusión panista”. Una de las primeras medidas de su gestión fue la firma (cuestionada por un importante sector de la izquierda) del Pacto por México, un acuerdo político nacional que EPN firmó con los principales partidos tendiente a “culminar la transición democrática y orientarla hacia las metas de bienestar social, libertad personal y seguridad”1. Dentro del ítem “medios de comunicación”, el pacto asumía el compromiso de respetar la libertad periodística, fomentar el acceso a la información pública, establecer límites en los gastos de la publicidad oficial y dar cumplimiento al derecho (constitucional) a réplica. En el marco del acuerdo, el gobierno también propuso agendar la postergada reforma constitucional de las telecomunicaciones y la radiodifusión; poco tiempo después, el presidente presentaba en la Cámara de Senadores una iniciativa de leyes secundarias a esa reforma (Esteinoud Madrid, 2013). Parecía que la problemática de los medios de comunicación y el derecho a la información habían encontrado, por fin, un lugar en la agenda pública. Desde el principio, el PRI no ahorró recursos en su estrategia comunicacional. Es que EPN sabía que debía construirse como un líder de popularidad definido por sus rasgos personales, mediáticos y con vínculos directos con el electorado. Por cierto, lo que distingue a estos liderazgos es su sustento en la opinión pública (Cheresky, 2008: 35-36). Así, selló una alianza estratégica con la principal empresa de televisión del país- Te-

levisa- que lo acompañó desde el inicio de su campaña electoral hasta su llegada al poder. Todo parecía seguir los carriles de la concordia con los medios de comunicación, en general, durante el primer tiempo de gestión. Después de todo, gobernar es hacer creer (Debray, 1995). El inesperado “caso Ayotzinapa” El 26 de septiembre de 2014, en un municipio del estado de Guerrero, fueron masacrados seis estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y cuarenta y tres resultan hasta hoy desaparecidos. Interpelado por la prensa, y señalado por los familiares y la opinión pública, EPN se encontró con un conﬂicto social, político y mediático que no estaba previsto en su agenda. Ayotzinapa encontró rápidamente lugar en los temarios de la prensa de referencia local para ﬁltrarse luego al de los principales medios extranjeros. La opinión pública nacional e internacional supo entonces que las muertes y desapariciones forzadas de los estudiantes eran producto de la corrupción estructural y el abuso de los derechos humanos. A pesar de los esfuerzos denodados de sus spin doctors y de los intentos para que la “prensa amiga” restara importancia al caso, el presidente nada pudo hacer: los medios ya habían activado el proceso de tematización (Saperas, 1987). El primer escándalo político había estallado y con él empezaba a terminar la efímera luna de miel entre el PRI y los ciudadanos. Llegaron entonces los golpes de timón para torcer la percepción pública que miraba azorada cómo desde el Estado no llegaban las explicaciones de la masacre y no se registraba ninguna autocrítica pública. Un inesperado resurgimiento cívico abrió paso a una opinión pública discursiva que agitó la escena pública, como hacía tiempo no sucedía (Estrada Castañón, 2015; Sampedro, 2000). El control político y la censura periodística El despido de la reconocida periodista Carmen Aristegui volvió a estremecer a la ciudadanía. Desde su portal y su programa radial matutino, Aristegui había denunciado ciertos casos de corrupción del gobierno priísta. Las presiones del gobierno a

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7. los directivos de la radio MVS no se hicieron esperar y después de marchas y contramarchas, sus propietarios decidieron despedir al equipo de producción, primero, y a la periodista, después. El episodio abrió un debate sobre el evidente alineamiento de ciertos medios a las políticas del gobierno y, en consecuencia, a la problemática de la libertad de expresión en el país, pero también sobre la reactualización del poder presidencial y su ejercicio autoritario. De nada sirvió el intenso proceso de discusión que se libró en la prensa de referencia y que tuvo como principales actores a acádemicos prestigiosos e intelectuales respetados. Una vez más, el PRI se amparó, como lo había hecho históricamente, en el aparato mediático cooptado, sobre todo de la televisión. Se trataba de que los temarios de sus agendas se enfocaran en otros issues menos en ese, siguiendo la clásica receta de las infotácticas, caracterizadas como un conjunto de estratagemas y artimañas del poder político para manipular la información (Toﬄer,1991). La desvinculación de Aristegui de MVS fue comparada con la salida de Julio Scherer (acaso el periodista más importante de México) del dario Excélsior, en 1976. Es que la publicación que conducía hacía ocho años presentaba cierta pluralidad de voces- atípica para la época- que a menudo chocaba con el poder político, sobre todo con el presidente de entonces, Luis Echeverría (Trejo Delarbre, 2001). Al PRI de aquellos años, como al de estos, no le agradaba la crítica y mucho menos los principios relacionados con el derecho a la información. Como había ocurrido con Scherer, el caso Aristegui tampoco pasó desapercibido para la opinión pública. Hasta mayo de este año se habían presentado- en tribunales colegiados especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión- cerca de 3.580 amparos colectivos de ciudadanos que creyeron ver afectados sus derecho a recibir información. La Presidencia, a través de la Consejería Jurídica, presentó a su vez una queja contra ellos2; sin embargo, recientemente uno de esos tribunales la rechazó por “improcedente”. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no intervenir en el caso Aristegui-MVS, la disputa legal se encuentra aún abierta. Lecturas Las promesas de campaña peñistas de construir un nuevo país se hicieron añicos en poco tiempo. El Pacto por México, surgido de un consenso superﬁcial, quedó en una mera declaración de deseos y, a estas alturas, ya es posible pensar que no sólo fue una típica maniobra de la campaña permanente sino y, fundamentalmente, un nuevo artilugio del PRI para controlar la agenda pública. Los casos aquí señalados- Ayotzinapa y Aristegui- nos permiten inferir que la lógica de los gobiernos del PRI respecto de los medios de comunicación sigue incólume. Al igual que ocurría exitosamente en el pasado, el poder político hoy también controla a la prensa. Como es posible pensar para otros fenómenos, las respuestas explicativas a la persistencia política de querer someter a la prensa deben buscarse en la reactualización del todopoderoso presidencialismo mexicano. En efecto, su rasgo particular, que lo vuelve un caso teóricamente fascinante

(Mainwaring y Soberg Shugart, 2002), nos permite pensar no sólo en las interrelaciones entre los poderes partidarios y constitucionales del presidente sino y, fundamentalmente, en el extaordinario abanico de poderes metaconstitucionales que ejerce a total discreción (Carpizo, 1978; González Casanova, 1982; Weldon, 2002). Con agudeza, algunos autores han observado que una de las características históricas y distintivas del régimen priísta ha sido su capacidad camaleónica (Escobedo, 2000; Silva-Herzog, 1999). El mismo partido autoritario y antidemocrático que hegemonizó la escena pública durante largos setenta años quiso simular, una vez más, el cambio. Por estos días, México vive sin dudas las restauración de aquellos poderes presidenciales dispuestos a borrar cualquier atisbo de crítica e intentos democratizadores del espacio público. Cambiar para que nada cambie o el ogro filantrópico, como antes, y como siempre, sigue haciendo de las suyas. Referencias 1 En http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf 2 “En su recurso de queja, la Consejería utilizó el adjetivo ‘absurdo’para calificar la petición de para calificar la pretensión de las peticiones de ciudadanos afines a Aristegui, quienes solicitaron la protección de la justicia federal para el efecto de que los concesionarios de radiodifusión tengan que consultar con las audiencias antes de decidir sobre su programación”. En http://www. jornada.unam.mx/2015/06/11/politica/014n1pol Bibliografía Carpizo, J. (1978). El presidencialismo mexicano. México: Siglo XXI. Cheresky, I. (2008). Poder presidencial, opinión pública y exclusión social. Buenos Aires: Clacso/Manantial. Debray, R. (1995). El estado seductor: las revoluciones mediológicas del poder. Buenos Aires: Manantial. Escobedo, J.F. (2000). Resonancias del México autoritario. México: UIA, 2000. Esteinoud Madrid, J. (2013). “La reforma constitucional de las telecomunicaciones y los cambios comunicativos para el país”. El Cotidiano. 181: 5-16. Estrada Castañon, T. (2015). “Ayotzinapa 2014: La crisis de Estado y el resurgimiento cívico de México”. Memoria. Revista de Crítica militante. 253: 36-45. González Casanova, P. (1982). El Estado y los partidos políticos en México. México: Ed. Era. Mainwaring, S. y Soberg Shugart, M. (Comp.) (2002). Presidencialismo y democracia en América Latina. Buenos Aires: Paidós. Sampedro Blanco, V. (2000). Opinión pública y democracia deliberativa. Medios, sondeos y urnas. Madrid: Istmo. Saperas, E. (1987). Los efectos cognitivos de la comunicación de masas. Barcelona: Ariel. Sandoval, I. (2015). “Corrupción estructural y el vuelco de Ayotzinapa”. Memoria. Revista de Crítica militante. 253: 52-54. Trejo Delarbre, R. (2001). Mediocracia sin mediaciones. Prensa, televisión y elecciones. Buenos Aires: Cal y Arena. Toffler, A. (1991). El cambio del poder. Barcelona: Plaza Editores. Weldon, J. (2002). “Las fuentes políticas del presidencialismo en México”. En Presidencialismo y democracia en América Latina. Buenos Aires: Paidós.

ENSAIO SOBRE

A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE (CNV) DO BRASIL Maxmiler Campos da Costa

Mestrando em Ciência Política Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) maxmiler@hotmail.com

1 – Abertura A existência histórica de alianças entre setores conservadores da sociedade brasileira se constituem em constrangimentos. Obstaculizam medidas jurídicas para punir os responsáveis pelas violações dos direitos humanos durante a Ditadura Civil-Militar (1964-1985). Ao mesmo tempo, sugere-se que o Partido dos Trabalhadores (PT), do ponto de vista da esquerda brasileira, não tem conseguido proceder na geração de mecanismos que avancem rapidamente na obtenção de acusações legais-criminais contra os envolvidos. Este ensaio tem como objetivo analisar a CNV. Busca-se constatar a materialização do direito à verdade, justiça e memória, como parte central da continua defesa dos direitos humanos e da democratização. A unidade de análise abrange a Comissão. Trata-se, portanto, de uma investigação analítica-documental, utilizando as evidências produzidas pela Comissão. O relatório ﬁnal da CNV apontou lugares de torturas e mortes, uma lista de agentes estatais responsáveis pelas violações e depoimentos. Ao mesmo tempo, apresentou recomendações, que em conjunto fazem parte da análise dos resultados deste ensaio.

A partir deste cenário, busco responder alguns problemas. Como a Comissão Nacional da Verdade (CNV) contribuiu para materialização ao direito à verdade, justiça e memória? Em última análise, teria a CNV cooperado para democratização brasileira e na perspectiva de evitar violações dos direitos humanos? O ensaio está dividido em duas partes. Primeiro, analiso a Comissão Nacional da Verdade (CNV ). Em um segundo momento, exponho em considerações ﬁnais que a Comissão ajudou na memória e verdade. No entanto, deixou a desejar na justiça. 2 – Comissão Nacional da Verdade (CNV) O Estado brasileiro, através de uma decisão política, deu continuidade ao esclarecimento do passado. Com avanços e recuos, pode-se considerar que os últimos dois governos do PT vêm aplicando o direito à verdade, memória e justiça, estabelecendo uma Comissão Nacional da Verdade. Para analisar a CNV, utilizei os seguintes documentos: 1- Leis e/ou Decreto de Criação e Regulamentação da Comissão; 2- Relatórios Parciais; e 3 – Relatório Final e Recomendações. Permitiu, assim, uma abordagem da CNV,

tentando elucidar o problema proposto. Além disso, analisei um fenômeno reunindo algumas técnicas: coleta de dados através da utilização do material disponível na internet (http://www. cnv.gov.br/). E ainda análise de conteúdo através do exame de categorias de palavras (Direitos Humanos, Democracia, Justiça de Transição e Comissão Nacional da Verdade). As fontes: Lei e Decreto de criação da CNV, relatório ﬁnal e recomendações. A CNV tinha como objetivo apurar violações dos direitos humanos durante a última Ditadura Civil-Militar. Para tanto, a Comissão analisaria um período longo. Começando em 18 de setembro de 1946 e terminando em 05 de outubro de 1988. Como tratou-se de um período muito extenso, decidiu-se começar em 1961. Em um evento histórico conhecido como “Pré-Golpe”. Formada inicialmente pelos membros: Cláudio Fonteles (Procurador da República aposentado), que saiu da CNV em 2013, sendo substituído por Pedro Dallari (Advogado), Gilson Dipp (Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ) - que deixou a CNV por problemas de saúde -, José Carlos Dias (Advogado), João Paulo Cavalcanti Filho

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8. (Advogado), Maria Rita Kehl (Psicanalista), Paulo Sérgio Pinheiro (Professor) e Rosa Maria Cardoso da Cunha (Advogada e Professora). O trabalho da CNV foi dividido em “Subcomissões” e “Grupos de Trabalho”, o que racionalizou as tarefas e contribuiu para chegar em alguns resultados interessantes. Foram duas etapas na organização dos trabalhos. Em 2 de julho de 2012, a Comissão criou três subcomissões: 1) Subcomissão de "pesquisa, geração e sistematização de informações"; 2) Subcomissão de "relações com a sociedade civil e instituições"; e 3) Subcomissão de "comunicação externa". A partir de dezembro de 2012, as atividades de pesquisa foram feitas por “13 Grupos de Trabalho”, organizados pelos seguintes temas: Ditadura e gênero; Araguaia; Contextualização do Golpe Civil-Militar de 1964; Ditadura e Sistema de Justiça; Ditadura e repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical; Estrutura de repressão; Mortos e desaparecidos; Graves violações de direitos humanos no campo ou contra indígenas; Operação Condor; Papel das igrejas durante a Ditadura; Perseguições a militares; Violações dos direitos humanos de brasileiros no exterior e de estrangeiros no Brasil; e O Estado Ditatorial-Militar. Durante o trabalho, foram sendo disponibilizados oito “Relatórios Parciais de Pesquisa”, cuja divulgação foi interessante para dar publicidade à sociedade. Casos emblemáticos: Quadro parcial das instalações administrativamente afetadas ou que estiveram administrativamente afetadas às Forças Armadas e que foram utilizadas para perpetração de graves violações dos direitos humanos; Deputado Rubens Paiva; A Casa da Morte de Petrópolis; Centros Clandestinos de Violação dos Direitos Humanos; Juscelino Kubitschek; Rio Centro; Stuart Angel; e Epaminondas Gomes de Oliveira1.

Estes relatórios parciais deram uma boa base para o “Relatório Final”, o qual recomendou ao Estado brasileiro que as pessoas apontadas sejam responsabilizadas juridicamente – do ponto de vista civil, criminal e administrativo. Neste ponto, a CNV “recomenda”, pois não tem poder jurisdicional, ou seja, ela não tinha poder de processar e julgar os agentes envolvidos com a Ditadura Civil-Militar. Além disso, os números da Comissão relacionados no “Relatório Final” foram: 434 total de mortos e desaparecidos listados; 210 números de vítimas que continuam desaparecidas; e 377 total de agentes de Estado apontados como responsáveis pelas graves violações dos direitos humanos. A partir deste documento, a CNV apresentou um conjunto de 29 recomendações para o Estado brasileiro tentar, de alguma maneira, confortar as vítimas das arbitrariedades. Obviamente, o primeiro passo seria o reconhecimento pelas Forças Armadas e de parte da sociedade que apoiou o Golpe de 1964: "reconhecimento, pelas Forças Armadas, de sua responsabilidade institucional pela ocorrência de graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar (1964 a 1985)" - Parte V – Conclusões e Recomendações. Esta primeira recomendação encontra-se junto com outras 16 medidas institucionais e oito propostas de reformulação normativa, de âmbito constitucional e legal. Resume bem o obstáculo político que a justiça de transição ainda enfrenta no Brasil. 3 - OPINIÃO O último período autoritário que o Brasil viveu foi um corte violento na democracia. Pode-se considerar como um terrorismo de Estado, entendido como supressão de todas as garantias dos cidadãos perante um Estado Democrático de Direito. A mais elementar garantia foi abolida: o habeas corpus. Uma política pensada e organizada através de uma Lei de Segurança Nacional para apro-

fundar as arbitrariedades e sucumbir a oposição política interna. A política e a história acabam repetindo os mesmos erros. Após as eleições de 2014, quando foi reeleita Dilma Rousseff, a oposição que já vinha se organizando desde os protestos de julho/2013, e conseguiu colocar na rua uma quantidade expressiva de pessoas, no dia 15 de março de 2015. Interessante notar, ainda, que uma pequena parcela da população nutre perspectivas por uma “Intervenção Militar”. Ou seja, permanece uma semente do autoritarismo. Uma falsa ideia de que os problemas da democracia podem ser resolvidos por “heróis” com armas e coturnos. Por isso, a Comissão foi uma passo importante para o fortalecimento da democracia brasileira. Sendo um elemento da justiça de transição, trouxe à sociedade fatos do passado autoritário para o presente no Brasil. A CNV contribuiu para a materialização da memória e da verdade. Porém, a justiça ainda não foi alcançada, devido a não condenação de nenhum agente da Ditadura Civil-Militar em âmbito penal. Barreira imposta pela Lei da Anistia (nº 6.683/79): política estatal reaﬁrmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que visa o esquecimento. Referências: 1 Todo este esquema das “Subcomissões” e dos “Grupos de Trabalho” está disponível na internet, no endereço eletrônico da CNV: http://www.cnv. gov.br. Bibliograﬁa: BRASIL. Lei nº 12.528 de 18 de novembro de 2011. Cria a Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da República. BRASIL. Decreto nº 7.919, de 14 de fevereiro de 2013. Remaneja temporariamente cargos em comissão para atividades da Comissão Nacional da Verdade, criada pela Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011. BRASIL. Resolução nº 08, de 04 de março de 2013. Regimento Interno da Comissão Nacional da Verdade.

¿NUEVOS PARTIDOS EN EL URUGUAY, GRIETA EN EL SISTEMA?

LA APARICIÓN DEL PARTIDO DE LA CONCERTACIÓN Y UN ANÁLISIS DE SU ROL Y LEGADO1 Fernando Domínguez Sardou

Lic. en Ciencias Políticas y RR.II. (UCA). Maestrando en Análisis, Derecho y Gestión Electoral (UNSAM). Profesor de la Pontiﬁcia Universidad Católica Argentina. Twitter: @ferdsardou mail: ferdsardou@gmail.com

A partir de las reformas políticas encaradas por Uruguay desde mediados de los 90, no sólo se reconfiguró la competencia a nivel nacional, sino también a nivel departamental. A nivel nacional, tras el aumento del peso del Frente Amplio, se reemplazó para la elección presidencial el viejo sistema de mayoría simple con doble voto simultáneo (más popularmente conocido como “ley de Lemas”) por un sistema de doble vuelta tradicional y elecciones internas obligatorias. Este sistema electoral, según Santiago Alles (2009)2, reconfiguró la dinámica de competencia: el bipartidismo imperante antes de la reforma evolucionó a un sistema multipartidista –con tres partidos principalesaunque con una competencia bipolar –un “polo de izquierdas”, integrado casi exclusivamente por el Frente Amplio; y un “polo tradicional”, integrado por el Partido Nacional y el Partido Colorado-. ¿Qué es lo que ocurre cuando analizamos esta competencia a nivel departamental? A nivel de Intendentes, la elección se realiza con mayoría simple y doble voto simultáneo, aunque con un máximo de tres candidatos por lema y en fechas distintas de las de la elección para cargos nacionales. El mismo autor mencionado afirmaba, mirando las elecciones presidenciales, que “(…) si la competencia se resolviera en sólo una vuelta, colorados y blancos tendrían fuertes incentivos para renunciar a su histórico enfrentamiento y presentar así una única candidatura presidencial (…)”. A nivel departamental, pareciera operar de un modo similar:

al tener que ganar en la primera vuelta, según el historial de resultados, pareciera necesario juntar fuerzas. Ante la primera posibilidad seria, según varias encuestas de opinión, de que el “polo tradicional” pueda superar al “polo de izquierdas” en Montevideo, a principios del año 2014 se abrió la puerta para que blancos y colorados vayan juntos en un solo lema: el “Partido de la Concertación”. El Partido de la Concertación es un lema ad hoc, creado solamente a los efectos de presentar candidaturas en un lema común solamente en elecciones departamentales, que reemplace a los del Partido Nacional y el Partido Colorado, no solo en Montevideo, sino en varios departamentos. Con la normativa vigente, debieron conformar un nuevo partido político, el cual se presentó en las elecciones internas de 2014 a ﬁn de elegir sus correspondientes órganos deliberativos nacionales y departamentales3. Este partido, no solo tuvo resistencia a nivel judicial, sino que contó con rechazos dentro de las estructuras de los partidos tradicionales, como bien se ejempliﬁca en el departamento de Maldonado4. Asimismo, con esta herramienta, no fueron pocos los dirigentes de partidos tradicionales que esperaron arrebatar la mayoría simple al Frente Amplio, particularmente en la capital. Finalmente, el Partido de la Concertación logró los votos necesarios en las elecciones primarias para participar en las elecciones generales y también en las departa-

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9. mentales de 2015. Tras el fracaso electoral de la alianza entre Colorados y Blancos para la segunda vuelta electoral de 2014, el Partido de la Concertación compitió finalmente en elecciones departamentales. Esta estructura fue únicamente utilizada en el departamento de Montevideo, ya que en el interior no se logró el consenso necesario para unificar las candidaturas de ambos partidos. El acuerdo original entre blancos y colorados incluía la presentación de tres candidatos a intendente (el máximo permitido por la legislación uruguaya): uno que represente al Partido Nacional, uno que represente al Partido Colorado, y un tercer candidato independiente, pensado fundamentalmente para atraer votos desencantados del Frente Amplio. Después de las elecciones generales, el claro liderazgo del sector de Luis Lacalle Pou en el Partido Nacional, la candidatura a intendente de Jorge Gandini dejó de ser la más fuerte. Es así como los blancos tuvieron que buscar nuevo candidato, y emergió el nombre de Álvaro Garcé, quien fuera comisionado parlamentario penitenciario. El Partido Colorado entró en una fuerte crisis tras las elecciones generales, y su candidato a intendente, Ney Castillo, también depuso su candidatura. Después de varios intentos fallidos para encontrar candidato, el ex presidente del club de fútbol Peñarol, Ricardo Rachetti, aceptó la candidatura colorada dentro de la Concertación5. En este contexto, la candidatura independiente fue la que surgió con más claridad: el empresario Edgardo Novick. La candidatura de Garcé obtuvo el apoyo de los principales sectores del Partido Nacional, tanto de “Todos hacia adelante” (sector de Luis Lacalle Pou) como de “Alianza Nacional” (sector referenciado en el compañero de fórmula del primero, Jorge Larrañaga), los que presentaron listas propias. Los colorados, aunque formalmente tuvieron listas de cada sector principal (Lista 10 –Vamos Uruguay- y Lista 15 –Batllismo-) que respaldaron a Ricardo Rachetti6, múltiples sectores decidieron respaldar a Edgardo Novick. De hecho, la candidatura de Novick surgió con el respaldo de sectores colorados, como el de los diputados por Montevideo Guillermo Facello y Valentina Rapela. Finalmente, pese a la derrota de la Concertación, la candidatura de Novick fue la que se impuso a las otras dos en el marco de esta “fuerza política ad hoc”: el candidato independiente obtuvo 211.509 votos frente a 104.373 de Álvaro Garcé y 15.837 de Ricardo Rachetti ¿Por qué se impuso la figura de Novick? El fuerte trabajo de instalación de su figura, la singularidad de su candidatura en su espacio, frente a los conflictos internos en torno a las otras dos colectividades, y particularmente su estilo confrontativo a diferencia del conciliador impuesto por Álvaro Garcé parecen haber sido las claves7. ¿Cuál es el rol que ocupó el Partido de la Concertación? Este lema ad hoc claramente no implica un cambio en el sistema de partidos políticos uruguayos,

aunque sí presenta una innovación. Es una expresión evidente de cómo funciona la configuración bipolar de la competencia mencionada anteriormente, combinada con las reglas electorales establecidas a nivel departamental. No existen incentivos institucionales y normativos para que esta alianza entre blancos y colorados se extienda a nivel nacional, aunque a nivel departamental, el sistema electoral parece “forzar” a que esta competencia bipolar se convierta en una competencia bipartidista. Por otra parte, el surgimiento de la figura de Novick implicó un efecto no esperado del surgimiento de este lema. Hasta ahora, los outsiders que quisieran participar en política en el Uruguay, estaban virtualmente condenados a hacerlo dentro de alguna de las tres grandes fuerzas políticas ya existentes. Con el surgimiento del Partido de la Concertación, Edgardo Novick encontró el espacio para hacer política desde una postura independiente, y rechazando ser blanco, colorado o frenteamplista. El fenómeno del surgimiento de outsiders de la política con partidos o agrupaciones políticas creadas a instancias de sus postulaciones, o bien mediante candidaturas independientes, es una constante en América Latina, pero en Uruguay, dado un esquema institucional que lo dificulta, era algo extraño. El Partido de la Concertación fue un vehículo óptimo para lograr la incorporación de outsiders apartidarios en la vida política uruguaya, y deja la puerta abierta para repetir este ejemplo en el futuro. ¿Cuán costoso es crear un partido político en el Uruguay? ¿Puede un outsider crear un partido y competir con posibilidades? La experiencia de la Concertación y el éxito parcial de la candidatura de Edgardo Novick parecieran mostrar la primera grieta de un sistema de partidos políticos consolidado pero que, quizás, pronto pueda ingresar en una etapa de cambio. Referencias: 1 El autor agradece los comentarios y críticas de Patricio Gómez Talavera y Laura Quintana. Todos los errores son del autor. 2 ALLES, Santiago M. (2009) “¿Duverger cabeza abajo? Reglas Electorales y Sistema de Partidos en Uruguay” En: Miríada. Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO, Universidad del Salvador), Vol. 2, No.3. Buenos Aires. 3 Es importante remarcar que en las elecciones internas, no está permitido el “voto cruzado”, es decir que quién haya querido votar a nivel nacional a alguna de las precandidaturas presidenciales de cualquiera de los partidos no pudo votar a los órganos departamentales del Partido de la Concertación, sino que debió votar también a los órganos departamentales del partido a cuya precandidatura presidencial haya apoyado. 4 Ver:http://www.elpais.com.uy/informacion/blancos-no-quieren-votar-colorados.html Último acceso: 28 de junio de 2015, 11:40. 5 Ver: http://www.elpais.com.uy/informacion/dias-calvario-acepto-rachettipostulacion.html Último acceso: 28 de junio de 2015, 11:56. 6 Datos suministrados por la Corte Electoral de la República Oriental del Uruguay. 7 Ver:http://www.elpais.com.uy/informacion/novick-locomotora-que-mueve-concertacion.html Último acceso: 28 de junio de 2015, 11:58.

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UNA APROXIMACIÓN A LOS ASPECTOS INTERNACIONALES EN LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA

Lic. Hernán César Cataldi

Docente CBC/Facultad de soc. UBA

Lic. Alicia Rosario Rimoldi Docente CBC UBA

En la historia argentina, la guerra civil y la transición a la democracia españolas han operado como referencias ineludibles en virtud de su influencia en la configuración del escenario político nacional. La comprensión de dichos procesos se vuelve, entonces, relevante para profundizar en el entendimiento de las alianzas y alineaciones que se conformaron en nuestro país desde mediados de la década del ’30. En este sentido, y con el objetivo de plantear someramente posibles líneas de análisis, se pretende examinar la influencia externa durante la transición española buscando dar cuenta de la incidencia de los factores internacionales en su desarrollo. A fin de iniciar la reflexión es necesario efectuar una breve referencia a la guerra civil de 1936/39. Este conflicto, que marcó el inicio de las casi cuatro décadas de régimen franquista, fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial y movilizó, detrás de los sectores internos enfrentados, a fuerzas políticas y gobiernos sobre todo de Europa Occidental, aunque también obligó a pronunciamientos en Iberoamérica, el norte de África y la URSS. Contrariamente a Gran Bretaña y Francia que, inmersas en sus propios conflictos internos no intervienen en defensa de la república, Alemania e Italia toman activa participación por Franco. Si bien durante la guerra mundial (1939-45) España permanece formalmente neutral, para los europeos antifascistas vinculados solidariamente con los exiliados españoles, el régimen estaba indisolublemente ligado al pensamiento antidemocrático y antiliberal característico del fascismo

de entreguerras. Esto se ejemplifica en la suspensión de los embarques de combustible a España por parte de Gran Bretaña y EE.UU durante 1943 así como en el rechazo, en 1945, a la incorporación del país a la Organización de las Naciones Unidas y posterior exclusión del Plan Marshall y la OTAN. Hacia 1948 el único apoyo internacional de Franco era el gobierno argentino de Perón, que enviaba alimentos y créditos a la Península. En 1951, la Internacional Socialista sentará las bases programáticas del “socialismo democrático” impugnando severamente al régimen franquista. Estas fuerzas políticas gobernarán países importantes1 y por su eficacia electoral tendrán representación permanente en los parlamentos nacionales y el Consejo de Europa2, rechazando sistemáticamente los pedidos de España de ingreso al Consejo y, posteriormente, a la Comunidad Económica Europea (CEE). Paradójicamente el permanente rechazo de Europa Occidental a la incorporación de España a las instituciones supranacionales hasta tanto ésta no respetara libertades y derechos democráticos, contrastará con las necesidades estadounidenses a partir del recrudecimiento de la Guerra Fría. El enfrentamiento solapado entre EEUU y la URSS ofrecerá al franquismo, en virtud de su probado anticomunismo, una posibilidad de pervivencia. Así en 1953 se firmará un acuerdo de cooperación entre ambos países que determinará la instalación de bases militares estadounidenses en territorio español. Este cuadro de rechazo europeo y con-

descendencia americana se mantendrá por las siguientes dos décadas. Por otra parte, ese período será en el que comience el proceso de “modernización” en España que se evidenciará en la modiﬁcación de la estructura económica y social a partir de la liberalización de la economía, el ingreso de capital extranjero y la mejora de los niveles de vida de la población. A pesar de la distancia con Franco, los países europeos y especialmente Alemania se involucrarán en dicho proceso cobijando a los exiliados e interviniendo en la renovación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a efectos de transformarlo en una alternativa electoral a futuro que aglutine a la izquierda española frente al Movimiento Nacional, el diverso conglomerado político social conservador3 liderado por el “caudillo”. Este y la Corona interactuarán con los actores internacionales en la etapa previa a la transición. En 1969, el príncipe Juan Carlos será designado como sucesor en la Jefatura de Estado y posteriormente, en 1970 el presidente Nixon visitará España en el marco de negociaciones por la renovación de los Acuerdos por las Bases Militares. En 1971 con los acuerdos renovados y una importante cobertura mediática, el futuro Rey devolverá la visita comenzando a desempeñar un rol preponderante y asegurando su propio vínculo con los EE.UU. A este respecto cabe aclarar que el país del norte tenía especial interés en sostener los acuerdos bilaterales, sobre todo a partir de la guerra árabe israelí y la crisis del petróleo (1973). La muerte de

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10. Franco en 1975 y la coronación de Juan Carlos determinarán que el acuerdo pase a la categoría de Tratado y sea aprobado por el senado norteamericano, situación no aceptada durante el franquismo y que se traducirá en un fuerte respaldo político internacional a la figura del Rey. En 1976 en una nueva visita a EE.UU., el monarca español se pronunciará a favor de la democracia, poniendo de manifiesto el clima de opinión favorable al reformismo. A partir de 1976, la actividad política prolifera de manera exponencial: en abril el PSOE realiza un Congreso al que asisten los máximos referentes del socialismo europeo - Brandt, Miterrand y Palme-; en julio Adolfo Suárez es designado Jefe de Gobierno; se aprueba el calendario de reformas, los partidos, incluso el Partido Comunista Español (PCE), son legalizados y se convoca a elecciones para junio de 1977. El parlamento electo se transforma en Congreso Constituyente y sanciona la Constitución de 1978, convocando a nuevos comicios en marzo de 1979. En éstos la Unión de Centro Democrático (UCD)4 se impone y Suárez es reelecto Jefe de Gobierno. La transición no se completa, sin embargo, hasta tanto no se supera el golpe de estado de 1981 y el PSOE accede al poder con la victoria de Felipe González (1982). A partir de lo antes expuesto puede resaltarse la ambigüedad que ha tenido la influencia externa durante el franquismo. Si bien resultan sustanciales las evidencias que la comprueban es, del mismo modo, innegable que el ré-

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gimen franquista como sistema político empezó su retirada sólo con la muerte del dictador. A pesar del sistemático rechazo y bloqueo de sus vecinos europeos, el aislamiento casi total desde 1940 hasta 1953 y recién a partir de allí un precario acuerdo con EE.UU., Franco transitó sin mayores sobresaltos 36 años de gobierno. En este sentido ciertos factores internos fueron claves: el disciplinamiento social a partir de la implantación del terror y la hegemonía de la alianza política y social en la cual Franco ejercía el rol de árbitro proporcionó una fortaleza al sistema que le permitía sortear las presiones europeas. La muerte de Franco será entonces determinante para que España comience a transitar caminos alternativos buscando compartir la prosperidad europea. En esta nueva etapa los factores externos se mostrarán como fundamentales y la llegada al poder del PSOE será, en parte, consecuencia del esfuerzo conjunto de la dirigencia socialista europea. Asimismo se concretará, una vez ﬁnalizada la transición democrática, el ingreso del país a la CEE y a la OTAN. En lo que respecta al sostenimiento de los compromisos internacionales, especialmente con EE.UU., el papel de la Corona como garante será fundamental. A modo de conclusión es factible sostener que la presencia de actores internacionales en la transición española fue activa, tanto en la protección como en el fortalecimiento de la oposición democrática como en el apoyo del ca-

CUBA Y ESTADOS UNIDOS:

EL DESCONGELAMIENTO DE LAS RELACIONES INTER-AMERICANAS1

lendario de reformas. Por otro lado, en el caso de EE.UU., es clave señalar que profundizó su apoyo toda vez que el avance del proceso democratizador no contradecía su sistema de alianzas y seguridad nacional, en una década signada por la distensión y el repliegue estratégico luego de la derrota de Vietnam. Rerefencias: 1 Laborismo británico, el socialismo alemán, escandinavo y francés. 2 Antecedente político de la CEE. 3 FF.AA., tradicionalistas, Iglesia, Sindicatos, Cámaras Empresariales. 4 Partido con sectores de la ex -coalición franquista. Bibliografía: Carr, R. y Fusi, J.P. (1979). España, de la dictadura a la democracia. Barcelona: Planeta. Whitehead, L. (1994). Aspectos internacionales de la democratización. En G. O’Donnell, P. Schmitter Y L. Whitehead (comps.), Transiciones desde un gobierno autoritario. América Latina / Vol. 2. Barcelona: Paidós. Pedrosa, F. y Simone, N. (2013). 35 años después de la tercera ola en América Latina: ¿Cuál fue el peso de los aspectos internacionales en los cambios de régimen? Revista Debates Latinoamericanos, 21, 99-114. Powell, C. T. (1993). La dimensión exterior de la transición española. Revista CIDOB D'Afers Internacionals, 26, 37-64. Ortuño Anaya, P. (2005). Los socialistas europeos y la transición española. Madrid: Marcial Pons Historia.

Constanza Mazzina

Dra. en Ciencias Políticas (UCA)

Manuela González Cambel

Licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales (UADE)

Las negociaciones que concluyeron en los acuerdos por los que se normalizaron las relaciones entre Cuba y Estados Unidos comenzaron un año y medio antes de la concreción del mismo, y se caracterizaron por su secretismo y por incluir varios -y heterogéneos- actores.

11. Siguiendo el aporte de Peter Kornbluh (2015), se logró realizar una reconstrucción del camino durante todo el proceso de negociación. El punto de inicio de las mismas se dio en junio de 2013, cuando el gobierno canadiense, quien históricamente había presionado a Washington para que estrechara su relación con La Habana, organizó siete reuniones secretas con la presencia de funcionarios cubanos y estadounidenses (Kornbluh, 2015). Estados Unidos convocó a dos de los agentes más destacados de la Casa Blanca a estos encuentros: Ben Rhodes, quien se desempeña como asesor de seguridad nacional, y Ricardo Zúñiga, quien es director principal para asuntos del hemisferio occidental. Paralelamente, y en cuatro diferentes ocasiones, el propio secretario de Estado norteamericano, John Kerry, conversó directamente con el canciller cubano, Bruno Rodríguez. Luego, en marzo de 2014, Kerry y Obama viajaron al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. Esta reunión fue una extensa conversación entre ambos mandatarios donde el Papa ejerció su autoridad moral para impulsar y convencer al presidente de que se concretara un controvertido intercambio de prisioneros (Kornbluh, 2015). La polémica radicaba en la “equivalencia” de los prisioneros a intercambiar. Mientras Estados Unidos tendría que liberar a tres espías cubanos, quienes formaban parte del grupo de “Los Cinco” y habían sido condenados por espionaje en Estados Unidos, Cuba liberaría a Alan Gross, un contratista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), quien había sido detenido mientras instalaba redes de comunicación independiente en la isla. “Francis urged Obama and Castro to strike a deal. Gross had become increasingly ill behind bars, and U.S. Secretary of State John Kerry privately warned the Cubans that if he died, so too would the negotiations. “ “Francisco instó a Obama y a Castro a llegar a un acuerdo. Gross estaba cada vez más enfermo tras las rejas, y el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, privadamente había advertido a los cubanos que si él moría, también morirían las negociaciones.” (Vallely, 2015) Finalmente, un tiempo después, la solución se encontró en adicionar en el intercambio de Alan Gross la liberación de Sarraff Trujillo, quien había sido un colaborador de la CIA y estaba detenido por espionaje. La reunión en la que se arreglaron los intercambios tuvo lugar en octubre de 2014. Sin embargo, dentro del gobierno, no fueron solo los funcionarios mencionados anteriormente quienes inﬂuyeron

en las negociaciones. Por ejemplo, el papel que cumplió el senador Leahy y uno de sus asesores, Tim Reiser, también fue de gran relevancia para llegar al mismo. Mientras Leahy persuadía al presidente de la conveniencia de la liberación de Alan Gross, su asesor Reiser trabajó en las sombras y viajó varias veces a visitar a Gross, consiguiendo, a cambio de una mejora de las condiciones carcelarias, que la administración de Obama permitiera la realización de un tratamiento de fertilización artificial entre el espía cubano Gerardo Hernández y su esposa, Adriana Pérez. Estas demostraciones de buena fe allanaron el camino al posterior compromiso (Kornbluh, 2015). Por otro lado, fuera del gobierno, también se observan varios actores que influyeron en las negociaciones. La Oficina de Washington para América Latina y el Centro para la Democracia en las Américas contribuyeron a fomentar la atención en el público. Por su parte, el Grupo Trimpa ejerció un papel de lobby creativo. Por otro lado, el propio New York Times tomó la decisión de asignar a Ernesto Londoño a escribir semanalmente un editorial pidiendo “un cambio” en la política respecto a Cuba, proporcionando tanto cobertura política como presión a la Casa Blanca para actuar. Así, se puede observar que fue un esfuerzo conjunto y que implicó a varios actores en diferentes etapas y estructuras. Finalmente, Barack Obama llamó a Raúl Castro el 16 de diciembre de 2014 y ambos cerraron los últimos detalles. La lista de asuntos en los que se llegaron a los diferentes acuerdos fueron: En primer lugar, el intercambio de prisioneros. Tal como se mencionó, Cuba liberaría a Alan Gross, quien sufría graves deteriores físicos, y a Rolando Sarraff Trujillo. A cambio, Estados Unidos liberaría los últimos tres espías del grupos de “Los cinco”. En segundo lugar, ambos gobiernos actualizarían sus “secciones de interés” y restablecerían sus relaciones diplomáticas estableciendo embajadas y nombrando los respectivos embajadores. En tercer lugar, se acordó que Estados Unidos eliminaría a la isla cubana de la lista de “estados patrocinadores del terrorismo” y Obama, utilizando sus poderes ejecutivos, intentaría lograr una expansión en la capacidad de los intereses comerciales americanos para hacer negocios en Cuba. Además, se llevaría adelante una flexibilización en la cantidad de envío de remesas y se otorgaría una mayor libertad para viajar a Cuba, incluido la posibilidad del uso de tarjetas de crédito durante estos viajes. Desde Cuba y asumiendo la gran preocupación de Estados Unidos por los derechos humanos en la isla, el gobierno de Raúl Castro se comprometía a liberar 52 presos políticos (Kornbluh, 2015).

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11. Una vez cerrado el acuerdo, la Casa Blanca decidió esperar a que pasaran las elecciones de medio término y el cierre de la sesión del Congreso del año 2014 para anunciarlo. Debe remarcarse que este arreglo también fue posible debido a un nuevo elemento en el sistema cubano: Raúl Castro. El mandatario reconoció y asumió que debía tomar diferentes medidas para reactivar la fallida economía cubana, y que, asimismo, la reanudación de las relaciones con Estados Unidos traería beneﬁcios múltiples a la isla. (Kornbluh, 2015) “Since their accord in December, both the US and Cuba have been models of civility and professional diplomacy. The two nations have complied assiduously with all the agreements reached.” “Desde el acuerdo en diciembre, ambos Estados Unidos y Cuba han sido modelos de civilidad y diplomacia profesional. Las dos naciones han cumplido asiduamente con todos los acuerdos alcanzados” (IISS Strategic Comments, 2015) Siguiendo un informe de IISS Strategic Comments (2015) las acciones concretas llevadas a cabo una vez cerrado el acuerdo en diciembre del 2014 fueron las siguientes. En primer lugar, todos los prisioneros fueron liberados justo después del anuncio del acuerdo. Luego, se celebraron cuatro reuniones, dos en La Habana y dos en New York, en las que se trabajó sobre los procedimientos para lograr el completo restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Tal como habían prometido, Cuba comenzó a liberar a los 53 presos políticos y Estados Unidos cuadruplicó el nivel de remesas que los individuos y las familias pueden enviar a Cuba y ﬂexibilizó, también, las restricciones en los viajes. Si bien el turismo sigue legalmente prohibido, se autorizaron diversas categorías que actualmente no tienen que pedir permisos especiales para moverse. Los nuevos viajantes incluyen académicos, periodistas, artistas y deportistas. Por otro lado, el transporte aéreo se amplió y algunas restricciones al comercio se relajaron así como también es la primera vez que se da la posibilidad de utilizar tarjetas de crédito dentro de la isla.

En las últimas semanas, un nuevo paso se está concretando en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba: después de cincuenta años se reabrirán las respectivas embajadas. Este hecho es uno más en el marco de una política de descongelamiento de las relaciones cubano-norteamericanas que tiempo atrás iniciaron Raúl Castro y Barack Obama. Ya desde su campaña en 2008, Obama había esbozado su intención de cambiar las relaciones con el régimen castrista: “es tiempo de plantear una nueva estrategia con respecto a Cuba”, decía en aquel entonces. Durante su campaña, al referirse a la democracia y la libertad política, Obama hacía referencia a Cuba “después de casi cincuenta años de fracaso, debemos dar vuelta la página y comenzar a escribir un nuevo capítulo en la política de Estados Unidos – Cuba, para ayudar en el avance de la causa de la libertad y la democracia en Cuba (…) La apertura democrática en Cuba es, y debe ser, nuestro objetivo de largo alcance”. En consecuencia, lo que claramente puede observarse es que el proceso de negociación implicó un esfuerzo conjunto, una voluntad clara de cooperar y una planiﬁcación que va mucho más allá de Obama y Castro. Tanto actores internos, de mayor o menor relevancia, como factores externos contribuyeron al logro del compromiso y, tal como puede percibirse, el descongelamiento de una relación que venía interrumpida por más de 50 años no fue un proceso fácil y rápido, sino que requirió la acción y voluntad de un gran conjunto de actores. Este acuerdo histórico, sin embargo, debe entenderse como el inicio de la normalización de las relaciones entre ambos países, en la que todavía quedan aún muchos temas por resolver. Referencias: 1 El presente artículo forma parte de un proyecto del INSOD –UADE. Bibliografía: • Kornbluh, Peter. (2015) A new deal with Cuba. The Nation. Base de datos EBSCO. • Vallely, Paul. (2015) The pope’s Hail Mary in Havana may be only the start of the Vatican’s new, more audacious plans. NEWSWEEK. Base de datos EBSCO. • Anonimo. (2015) US and Cuba: remaking of a relationship. IISS Strategic Comments

Por último, Obama pidió al Congreso y consiguió, en abril, eliminar a Cuba de la lista de “estados patrocinadores del terrorismo”. Asimismo, también pidió al Congreso levantar el embargo, algo que no parece posible en el corto plazo debido a que Obama no disfruta de las mayorías partidarias dentro del mismo (IISS Strategic Comments, 2015).

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ITALIA EN SU LABERINTO Lic. Alfredo Buglioni

Universidad Católica de La Plata alfredobuglioni@arnet.com.ar

La política Italiana se caracteriza por las turbulencias y escándalos de sus crisis políticas, por algunos momentos interminables, en la cual los actores principales de la vida política, los partidos políticos, sumamente fragmentados, en esta oportunidad resolvieron satisfactoriamente la encrucijada de elegir el nuevo Presidente de la República. Así, evitaron caer en el marasmo de hace dos años, cuando se frustró la elección de Romano Prodi, con la abstención de 101 electores del Partido Democrático, lo que obligó a elegir nuevamente a Giorgio Napolitano, único presidente reelecto desde la guerra, cuando se fundó la Primera República. El martes 3 de febrero asumió, como nuevo Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, abogado de 73 años, oriundo de Sicilia, ex juez constitucional, ex ministro de educación del gobierno de Giulio Andreotti, ministro de defensa y vice primer ministro del gobierno de Massimo D Alema (98-99). Alejado de la vida política activa, pero ligado al Partido Demócrata, de militancia democristiana, siempre estuvo más cerca de Aldo Moro, quien pregonaba una apertura y dialogo con los sectores de izquierda. El primer dato relevante de la elección del nuevo Presidente, es que la maﬁa siciliana asesinó, en los años ochenta, a su hermano Piersanti, quien murió en sus brazos, lo cual marcó su vida política en la lucha contra la maﬁa. Lo cual parecería que lo acerca a un factor de poder de peso en Italia: el Papa, el cual se encuentra en la misma lucha contra esa organización delictiva. El otro dato es el fundamento por el cual renunció al gobierno encabezado por Andreotti, que fue la entrega de tres canales de televisión a la empresa Media Set de Berlusconi, marcando claramente su oposición al nuevo magnate de los medios, y un hombre que marcó su impronta en los últimos veinte años de la política peninsular. El último y también relevante motivo es que fue el autor de la ley electoral que lleva su nombre, la Mattarellum, que impulsaba un sistema electoral mixto en donde el 75% en forma mayoritario y el 25 % proporcional, se eligen a los diputados y senadores, con lo cual se buscaba una mayor estabilidad política.

El gran ganador en esta elección es el actual Presidente del Consejo de Ministros, el florentino Matteo Renzi, (PD) porque compactó detrás de esta propuesta a todo el PD, incluso a la minoría de izquierda, liderada por Pippo Civati y Stefano Fassina, que en los últimos meses lo criticaba abiertamente por su acuerdo con Silvio Berlusconi, (FI) en el llamado pacto del nazareno. Además, consiguió los apoyo de Izquierda, ecología y libertad (SEL), de Nicky Vendola, del partido Elección Cívica de Mario Monti, y también logró el apoyo condicionado del Nuevo Centro Derecha del Ministro del Interior, Angelino Alfano, esto dejó fuera del juego al Cavalliere, Silvio Berlusconi, con el consiguiente conflicto interno de Forza Italia, porque algunos de sus electores votaron por el nuevo Presidente. Otro elemento a tener en cuenta es cómo descolocó a Beppe Grillo, quien votó su propio candidato consiguiendo 126 votos, colocándose como movimiento anti sistema. Ello merece una breve discreción: el auto manifestarse contrario al sistema no alcanza, esa, como cualquier otra propuesta política, debe ser creíble, esto es, responder a las verdaderas necesidades, como ocurrió con la izquierda griega, que no triunfa por adscripción ideológica sino por comprender las necesidades de su pueblo y darles un nombre y un camino de resolución. De todas maneras, Italia y el Presidente del Consejo, Matteo Renzi, tienen muchos desafíos que sortear, como por ejemplo avanzar en las reformas electorales, consensuando un sistema mas ágil y sin tantas obstrucciones; modificar el capitulo quinto de la Constitución para adecuar el Senado, es decir, no electivo y compuesto con representantes de las regiones; avanzar en la reforma de la Administración Pública, reduciendo de 22 regiones a 8 conformando un nuevo esquema de poder territorial; impulsar políticas de empleo para reducir el 12,4% de desempleo general, y 44% de desempleo juvenil, fundamentalmente en el centro y sur del País; resolver junto a Europa la situación del Mare Nostrum, es decir, la situación que atraviesan miles de inmigrantes que provienen del norte de África, que arriban diariamente a Lampedusa y muchos de los cuales mueren en las aguas del Mediterráneo. Y por último la lucha frontal contra las mafias enquistadas en las estructuras del Estado.

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DEMOCRACIA, CONFLICTO E IDENTIDAD EN EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EL DIAGNÓSTICO DE GIORGIO AGAMBEN Y LA VISIÓN DE CARL SCHMITT Cristina Andrea Sereni

Lic. en Ciencia Política (Universidad Ausburg) Becaria CONICET/Fundación Bariloche Estudiante de Doctorado de Filosofía Política en la Universidad Nacional de Cuyo casereni@gmail.com

1. Introducción La democracia implica siempre relaciones de inclusión y exclusión. Ante la necesidad de identificar al otro y definir quién pertenece y quién no a un grupo social se instala una tendencia a definir la identidad propia en oposición al otro, generando así una ruptura en términos de pueblo-no pueblo dentro del esquema estatal tradicional, como podemos observar en el fenómeno del populismo. Ante los actuales cambios de paradigma que conllevan crisis de identidad y el debilitamiento del elemento aglutinador dentro de la sociedad, el estado de excepción permanente significa una despolitización peligrosa. Carl Schmitt coincide con Giorgio Agamben en que el estado de excepción no debe convertirse en regla. Sin embargo, de acuerdo con el pensador italiano esto ya ha ocurrido y constituye el paradigma mundial actual. Para Schmitt, en cambio, el estado de excepción constituye el punto de partida para la (re)instauración del orden. En las siguientes líneas prestaré especial atención a la problemática de la igualdad en la democracia, que junto con la formación de la identidad propia frente al otro serán los objetos de este análisis. 2. El diagnóstico de Agamben Giorgio Agamben entiende al estado de excepción - supuestamente de carácter provisorio - como la forma paradigmática de gobierno que “ha alcanzado

hoy su máximo despliegue planetario” (Agamben, 2004:155). En su libro Estado de excepción/Homo sacer; II, I el autor analiza el estado de excepción como el “dispositivo que debe, en última instancia, articular y mantener unidos a los dos aspectos de la máquina jurídico-política, instituyendo un umbral de indecibilidad entre anomia y nomos, entre vida y derecho (…)” (Agamben, 2004:154). Dado que, el estado de excepción suspende total o parcialmente el orden jurídico, la cuestión que se plantea es ¿cómo puede ser el estado de excepción comprendido en el orden legal? Para Agamben, derecho y logos parecen necesitar una zona anómica o alógica de suspensión para poder fundar su referencia al mundo. Agamben deﬁne al mundo de hoy como un mundo inmerso en una guerra civil legal, en especial después del año 2001. Articula la problemática del estado de excepción con el concepto de biopolítica de origen foucaultiano para llegar a la conclusión de que, en la excepción, lo excluido no queda privado de conexión con la norma, sino que queda incluido mediante la suspensión de la validez del orden jurídico. La nuda vida expuesta a la muerte es el elemento político originario en Agamben, y los campos de concentración, fundados en estado de excepción, son a su vez el paradigma del espacio biopolítico moderno. Mediante un método que deﬁne como arqueológico y paradigmático,

Agamben intenta hacer perder el carácter sustancial a las antinomias estudiadas (como, por ejemplo, la antinomia democracia-totalitarismo) y de transformarlas en campos de tensiones polares entre las que sea posible comprender la situación y encontrar salidas, superando la lógica binaria propia del pensamiento de Schmitt (Agamben, 2004:12). La idea de Agamben es trabajar por paradigmas, es decir, con fenómenos particulares que valen por todos los casos del mismo género y que pueden neutralizar la falsa dicotomía entre universal y particular, constituyendo un conjunto problemático más vasto (Agamben, 2004:13). Considera falaces aquellas doctrinas que inscriben al estado de excepción en un contexto jurídico, fundándolo en la distinción entre poder constituyente y poder constituido. Para él, el estado de excepción es un espacio sin derecho, aunque no se presente como estado de naturaleza en el sentido de Hobbes, de lucha de todos contra todos, sino que considera que el estado de excepción es “esencialmente un espacio vacío, en el cual una acción humana sin relación con el derecho tiene frente a sí una norma sin relación con la vida” (Agamben, 2004:155). De este estado de excepción que se ha instalado en el presente no existe forma de regreso al estado de derecho, pero sí es posible desenmascarar la ﬁcción central a través del movimiento contrario, destituyente, que interrum-

13. pa el funcionamiento de la máquina. No existe, para Agamben, primero la anomia o la vida biológica como estado natural y luego el derecho surgido del estado de excepción. La nuda vida de Agamben es producto de la máquina y no le es preexistente. Al final de su libro advierte que la política ha sido contaminada con el derecho y que se ha igualado al poder constituyente, como violencia que pone el derecho, cuando en realidad la política es justamente la acción que separa a la violencia del derecho para poder pensar “un eventual uso del derecho posterior a la desactivación del dispositivo que lo ligaba a la vida en el estado de excepción” (Agamben, 2004:157-158). Como hemos visto, Agamben ha resucitado la figura del homo sacer, como encarnando la vida nuda, para repensar el ejercicio de la soberanía no sobre un territorio, sino sobre la vida y la muerte. La vida es nuda porque puede ser tomada por cualquiera sin mediación de ley. El homo sacer es la persona a la que se le puede dar muerte pero que no puede ser sacrificada. En el estado de excepción, especialmente en guerras, quienes gozaban de una seguridad plena sobre su calidad de ciudadanos pueden ser tanto expulsados como reconstituidos a través de un complejo proceso legal que los posiciona en una situación de vida nuda. Agamben ejemplifica cómo la vida nuda se expresa en las formas modernas de la estatalidad con espacios específicos como los campos de concentración nacionalsocialistas o los refugiados actuales, y advierte que es una amenaza que se mantiene en suspenso. 3. La visión de Carl Schmitt 3.1 La igualdad como sustancia Para el pensador alemán, la democracia requiere de igualdad política, la cual proviene de formar parte de una sustancia común, es decir, de la homogeneidad. La igualdad de todas las personas en su calidad de tales no resulta en Schmitt en una democracia, sino en el liberalismo, al que critica duramente como una moral y una concepción de mundo (Weltanschauung) individualista-humanitaria. Hay para Schmitt una oposi-

ción insuperable entre el individualismo liberal, con su discurso moral centrado en torno al individuo, y el ideal democrático, que es esencialmente político. La democracia no puede satisfacerse con concepciones abstractas como la liberal porque la “igualdad sólo posee un interés y valor políticos mientras tenga una sustancia, con lo que, por tanto, existe la posibilidad y el riesgo de que surja una desigualdad” (Schmitt, 1996:13). La igualdad en Schmitt es sustantiva, y su concepción de democracia apunta a la creación de una identidad basada en la homogeneidad. De esta manera, no solamente tiene en cuenta la relación entre el nosotros y el ellos, sino también la naturaleza del lazo que une a sus componentes. Consecuentemente, debe existir la posibilidad de trazar una línea de demarcación entre aquellos que pertenecen al demos (que tienen los mismos derechos) y aquellos que, en el dominio político, no pueden tener los mismos derechos porque no son parte del demos. Una igualdad democrática semejante, expresada hoy en día mediante la ciudadanía, es para Schmitt el fundamento para las otras formas de igualdad. El concepto central de la democracia es, para Schmitt, el concepto de pueblo. Una democracia política no puede estar basada en la generalidad de toda la humanidad, sino que debe pertenecer a un pueblo especíﬁco. Chantal Mouffe agrega en este sentido que incluso en los Estados democráticos modernos, donde se ha intentado establecer una igualdad democrática universal, hay una categoría de personas que quedan excluidas como extranjeros o extraños, y que por lo tanto no existe absoluta igualdad de personas (Mouffe, 2011:66). De acuerdo con Schmitt, la democracia consiste fundamentalmente en la identidad entre los gobernantes y los gobernados y se vincula con el principio fundamental de la unidad del demos y de la soberanía de su voluntad. Pero si el pueblo ha de gobernar, es necesario determinar quién pertenece al pueblo. Sin ningún criterio para determinar esto, la voluntad del pueblo nunca podrá constituirse como tal. Es imposible, aduce

Schmitt, establecer un consenso racional sin exclusión. El Estado impone su orden y racionalidad a una sociedad civil caracterizada por el desorden o, de lo contrario, “el pluralismo vaciará la entidad política de significado y la devolverá a su otro, al estado de naturaleza” (Kérvégan, cit. en Mouffe, 2011:77). La unidad del Estado debe ser una unidad concreta estable y la identidad del pueblo, basada en la diferenciación del otro, es simplemente el reconocimiento de límites ya existentes. El mayor temor de Schmitt ha sido la pérdida de premisas comunes y a la destrucción consiguiente de la unidad política. 3.2 El estado de excepción como punto de partida Ante una crisis, lo primero que surge es la necesidad de una decisión, es decir, la búsqueda por parte del conjunto social de una instancia capaz de decidir. El poder soberano en términos de Schmitt pertenece a quien decide sobre el estado de excepción (Schmitt, 2009:13). El gobierno de la ley en última instancia depende de un acto abisal de violencia (imposición violenta) que se funda en si mismo. Cada orden positiva a la cual ese acto se refiere, para legitimarse, es propuesta de manera autorreferencial por ese acto mismo. Slavoj Zizek bien indica que, para Schmitt, no es posible pasar directamente de un orden normativo puro a la realidad de la vida social (Zizek, 2011:35). El mediador necesario entre ambos es un acto de voluntad, una decisión fundada solo en si misma que impone un cierto orden o hermenéutica legal (lectura de reglas abstractas). La decisión que supera la brecha no es una decisión para algún orden concreto, sino para el principio formal de orden como tal. La noción de excepción aquí es, por lo tanto, ambigua. Defiende a la vez la contingencia pura y el gesto del soberano que, con violencia, impone un orden normativo simbólico (Zizek, 2011: 36). 4. Conclusiones Para Schmitt, ya no hay elemento moral que ordene la sociedad. El vacío que deja es sustituido por la ley, y se abre

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13. el peligro de la colonización de los elementos normativos por el campo económico. Lo político, en la lógica existencial de Schmitt, es anterior a la ley y consiste en la confrontación entre amigo y enemigo. El estado de excepción no es ni anarquía ni caos, sino un intento de restaurar el orden en un sentido político; la excepción nunca es la regla. Mediante la dicotomía de amigo-enemigo, el alemán pretende evitar que la lógica de la voluntad política alcance su conclusión en la guerra ilimitada, poniéndole, justamente, límites al caos (Hirst, 2011:26). Desde la visión (posterior a Schmitt) de Agamben, el estado de excepción se instala como el paradigma de gobierno actual, que solamente puede ser superado mediante la búsqueda del momento político para pasar de polemos a polis; del impulso que movilice a la ciudadanía para hacer frente al estado de excepción permanente. A Agamben le interesa, sobre todo, dilucidar qué es lo que liga, y al mismo tiempo abandona, al viviente en manos del derecho, para poder encontrar una respuesta a

14.

una pregunta crucial en la historia política de Occidente: ¿qué significa actuar políticamente? (Agamben, 2004:7). Estar politizado significa, para una sociedad, poder reconocer el conflicto como elemento inherente y propio de la democracia. La política democrática no se reduce al momento en el que un pueblo ejerce su gobierno, sino que está siempre asociado a la lucha por la definición de sí mismo (Mouffe, 2011:62), por la constitución de su identidad. Ésta nunca puede constituirse por completo y sólo puede existir mediante formas múltiples y contrapuestas de identificaciones, siempre inmersa en un campo conflictivo de fuerzas contrapuestas. En términos schmittianos, la esencia de la política es el conflicto, al igual que la escasez es la esencia de la economía; no existiría sin ella. Bibliografía:

• Taccetta, Natalia (2010) Violencia y derecho: Benjamin, Schmitt, Agamben y el estado de excepción. III Sem. internac. Políticas de la memo-

ria, Buenos Aires. • Panizza, Francisco comp. (2009) “El populismo como espejo de la democracia”, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. • Agamben, Giorgio (2004): “Estado de excepción. Homo sacer, II, I”, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora. • Hirst, Paul (2011) El decisionismo de Carl Schmitt, en Mouffe, Chantal “El desafío de Carl Schmitt”, Buenos Aires, Prometeo, pp. 19-33. • Mouffe, Chantal (2011): Carl Schmitt y la paradoja de la democracia liberal, en ibíd. (comp.) “El desafío de Carl Schmitt”, Buenos Aires, Prometeo, pp. 61-79. • Schmitt, Carl (1996): “Sobre el Parlamentarismo”, Madrid, Tecnos, 2da. edición. • Schmitt, Carl (2009): “ Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität“, Berlin, Duncker&Humblot, 9a. edición. • Schmitt, Carl (1963/2009) “Der Begriff des Politischen: Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien“, Berlin, Duncker & Humblot, 8a. edición. • Zizek, Slavoj (2011): Carl Schmitt en la era de la post-política, en Mouffe, Chantal “El desafío de Carl Schmitt”, Buenos Aires, Prometeo, pp. 35-59.

LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO: LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA Eduardo Torres Alonso

Politólogo. - Universidad Nacional Autónoma de México etorres.alonso@gmail.com

Introducción Siguiendo las ideas de David Hull, los científicos compiten entre sí para demostrar sus afirmaciones, teorías e ideas y, a la postre, formar linajes de científicos que comparten los mismos razonamientos. Lo que vale no es la “verdad” de una teoría determinada sino la cantidad de adeptos que tenga. La ciencia avanza por la competencia entre los distintos grupos científicos (Ruiz y Ayala, 2004: 10).

Tal parece que dicho razonamiento es el que siguen quienes reinventan los conceptos administrativos. Aquellos que postulan que el paradigma administrativo ha llegado a su ﬁn, son quienes difunden la idea de la Nueva Gerencia Pública (NGP). Con la difusión de las ideas neoliberales en el mundo, se ha hecho necesario la existencia de un nuevo léxico dentro de la

14. administración y el cambio de las formas de entender y hacer las cosas dentro del Estado. Se hace énfasis en la desaparición de las intervenciones estatales en la economía se deben dejar a las y que las fuerzas mercantiles que sigan su juego libre para que de manera paulatina surja un gobierno empresarial. La nueva gerencia pública (ngp) El nacimiento de la NGP es resultado de los pensamientos centrados en la economía y, en particular, en la economía de corte neoclásico proveniente de la escuela austriaca. A ello se le une la public choice de los Estados Unidos, en donde se exalta lo privado, el individualismo y la rentabilidad. Con estas ideas se propone que, en palabras de Omar Guerrero (2003: 382), los problemas políticos tengan soluciones económicas. Esta sentencia representa lo que la NGP entraña: la culminación exitosa de la separación entre la política y la economía. Lo anterior es observable en los conceptos (que se han vuelto sus objetivos) que fundaron tal corriente de pensamiento: orientación hacia el cliente y hacia resultados, privatización, mercado, eﬁciencia, eﬁcacia, calidad en el servicio, y competencia.

Los impactos en el derecho y la democracia Las transformaciones en la administración pública también han tenido impacto en la esfera jurídica que regula su proceder; es decir, en el derecho administrativo, que, acaso podemos decirlo así, tiene al ciudadano como eje central de sus reﬂexiones: la posibilidad de que el Estado tenga relaciones iguales con un particular nos hace pensar que, efectivamente, el ciudadano ha ampliado su esfera de derechos y se encuentran tutelados. Entonces, así como ya existe una NGP globalizada, podemos hablar de un derecho administrativo también globalizado, de la que se pueden distinguir cinco tipos principales de regulación administrativa globalizada (Kingsbury et al., 2010: 9): 1. Administración por parte de organizaciones internacionales formales; 2. Administración basada en la acción colectiva de redes transnacionales de acuerdos de cooperación entre funcionarios reguladores nacionales; 3. Administración distribuida llevada a cabo por reguladores nacionales bajo tratados, redes u otros regímenes cooperativos; 4. Administración por acuerdos híbridos intergubernamentalesprivados; y 5. Administración por instituciones privadas con funciones regulatorias.

El propósito fundamental de este modelo neogerencial es transformar a todas las administraciones públicas. Para lograrlo, es imprescindible virar hacia las ideas empresariales y adoptarlas de forma permanente no como una moda pasajera (Guerrero, 2003: 243-244). No es ocioso mencionar que el ícono y representante de este cambio es Nueva Zelanda, que realizó un profundo cambio del Estado de Bienestar hacia uno de corte neoliberal, al eliminar, entre otros, al servicio civil y dar carta blanca a los gerentes para que pudieran “negociar” los contratos con todos los empleados y así orientarse a la administración por resultados (Vicher, 2007: 167).

En una sociedad democrática, los ciudadanos no deben considerar sus obligaciones como impuestas, sino que deben ser vistas como elementos necesarios para garantizar la cohesión social y, de esta forma, hacer viable la comunidad política. Debe darse el paso de súbdito a ciudadano para hacer posible la democracia (López Montiel, 2004: 148).

La privatización hacia dentro y hacia afuera Dos de las causas que han traído los procesos de reformulación del pensamiento administrativo y la consecuente sustitución de éste por las ideas neoliberales, son los denominados procesos endo y exoprivatizadores.

Aproximaciones ﬁnales El cambio en la administración pública está vinculado a la sustitución del esquema centralizado de toma de decisiones por un modelo de mecanismos descentralizadores, el tránsito de la formulación unilateral de las decisiones de la administración a la participación de los ciudadanos-usuarios en los procesos decisorios, la contractualización de las relaciones interadministrativas y de la administración con los asociados, y la complementación de los sistemas de control de legalidad con evaluaciones integrales de la gestión y procesos de rendición de cuentas en función de los resultados (Restrepo Medina, 2007: 14).

La endoprivatización es “la sustitución de la gestión de los asuntos públicos, por la idea, metodología y técnica del espíritu empresarial privado”; mientras que la exoprivatización “consiste en el proceso por el cual la administración pública transﬁere la producción de bienes y servicios a la empresa privada” (Guerrero, 1999: 46). En otras palabras, la endoprivatización afecta al cómo de los procedimientos estatales y la exoprivatización al qué. Dejar libremente a las fuerzas del mercado conlleva, a juicio de Anthony Giddens (2007: 174-175), dos aspectos: primero, que dejar que algunos países aumenten su riqueza provoca la pobreza de otros y, segundo, que la idea de que controlar la movilidad de capital ocasiona una pérdida de eﬁciencia no toma a consideración los costes sociales y económicos de una crisis.

En la hora actual, la democracia exige el establecimiento de mecanismos de control y participación nuevos sujetos que sean capaces de limitar, inﬂuir y decidir en las funciones que le corresponde realizar al Estado.

El Estado es el único capaz de diseñar e implementar con éxito policies de carácter social a gran escala y coordinarlas adecuadamente. Ni la empresa privada, ni los seres humanos en lo individual, pueden realizar lo que el aparato estatal hace. Cabe señalar que uno de los elementos para lograr lo anterior es la existencia de una burocracia gubernamental moderna, si ésta se detiene y se anquilosa la tarea gubernamental fracasa. El gobierno no puede asumir una posición cataláctica; es

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14. decir, atendiendo y explicándose sólo mediante el mercado (Rivera Lugo, 2007: 127) debido a que sus funciones no se rigen con base en la teoría de los tipos de intercambio y de los precios. La tarea primordial del gobierno es otorgar los satisfactores necesarios a su población para que ésta pueda vivir y desarrollarse. No hay espacio para las reglas mercantiles y la especulación. Bibliografía: • Giddens, A. (2007). La tercera vía. México: Taurus. • Guerrero, O. (2003). Nueva gerencia Pública: ¿Gobierno sin política?. Revista Venezolana de Gerencia, Año 8, No23. • Guerrero, O. (1999). Del Estado Gerencial al Estado Cívico. México: Universidad Autónoma del Estado de México-M. A. Porrúa.

• Kingsbury, B., et al. (2010). El surgimiento del derecho administrativo global. Revista de Derecho Público, No24. • López Montiel, G. (2004). Ciudadanía, instituciones y democracia en México. En Cadena Roa, J. Coord. Transiciones a la democracia: visiones críticas. México: UNAM. • Restrepo Medina, M. A. (2007). La respuesta del derecho administrativo a las transformaciones recientes del Estado Social de Derecho. Saberes. Revista de Estudios Jurídicos, Económicos y Sociales, Vol. 5. • Rivera Lugo, F. (2007). Gerencia cataláctica: anatomía de la Nueva Gerencia Pública. México: IAPEM-M. A. Porrúa. • Ruiz, R. y Ayala, F. J. (2004). El método de las ciencias. Epistemología y darwinismo. México: FCE. • Vicher, D. (2007). La reforma neogerencial en Nueva Zelanda. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, No45.

15.

LA FRAGILIDAD DEL SISTEMA DE PODERES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA POST CRISIS DE 2001

BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SUPERIOR DEL PODER EJECUTIVO POR SOBRE EL PODER LEGISLATIVO1 Lic. Sebastián La Rosa

Universidad de Buenos Aires

Luego de la crisis de 2001, donde la Argentina quedó sumergida en una sensación de vacío de poder y donde las autoridades políticas no gozaban del aprecio popular, se generó la necesidad por parte de la clase política de conformar un Estado fuerte bajo la ﬁgura presidencial a cargo del Poder Ejecutivo. Muchos estudios hablan de este poder, de manera sobresaliente, por encima del Legislativo y el Judicial; pero aquí no entraremos en ese análisis particular. En la Argentina de los últimos 15 años, El Poder Ejecutivo goza de las facultades delegadas para gobernar en aquellos asuntos que constitucionalmente le corresponden al Poder Ejecutivo. A esto se le suma la existencia de los Decreto de Necesidad y Urgencia. El uso de estos es de manera constante, y afecta a la institucionalidad del sistema republicano. Ello afecta el principio constitucional de la división de poderes por darle al Poder Ejecutivo funciones propias del Poder Legislativo, generando una concentración de poder en la ﬁ-

gura presidencial. Así, el Congreso resigna su esencial competencia de establecer normativamente las políticas estatales. Facultades Delegadas El Art. 29 de la Constitución Nacional expresa que el Congreso no puede conceder facultades extraordinarias. Aunque el Art. 76 las permite en materias determinadas de administración o de emergencia pública, pero con plazos. Vale destacar que el término “administración” y “emergencia” son muy amplios a la hora de analizarlos profundamente. La Corte Suprema, en 1990, en el Fallo Peralta contra el Estado Nacional2, estableció que uno de los requisitos para la validez de los mismos es “la existencia de una situación de grave riesgo social que pusiese en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado.” En 1999, la misma Corte, en el Fallo Verrochi Ezio contra la Adm. Nac. de Aduanas3 sostuvo: “la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y

15. con sujeción a exigencias que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país…”. Así podemos seguir con varios fallos que hablan de la misma manera4.

fallos la inconstitucionalidad de este artículo, ya que el Poder ejecutivo no puede establecer impuestos ni aranceles, puesto que estos deben ser establecidos por ley.

Pero la práctica de los últimos años, bajo mandato de la fuerza política conocida públicamente como kirchnerismo, no se asimila con el enunciado de la Corte Suprema.

Decretos de Necesidad y Urgencia, otra herramienta para Su Majestad. Otra herramienta que cuenta el Poder Ejecutivo son los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Los mismos tienen existencia formal desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994, aunque su uso sea anterior a esta institución. No hay que confundir Facultades Delegadas con estos DNU regidos por el Art. 99, inciso 3 de la CN, que otorgan la capacidad al Poder Ejecutivo de emitir decretos de carácter legislativo “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”, salvo “normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos”.

Como Congreso, deberían ser los propios Legisladores los que reconozcan las circunstancias excepcionales, algo que también la Corte manifestó. Se sobreposiciona la figura presidencial por sobre la propia Constitución Nacional y el Congreso. Las emergencias son de por sí temporarias y sin embargo se vienen prorrogando indefinidamente en el tiempo. No es que con este trabajo se quiera afirmar que las Facultades Delegadas sean nocivas o inaceptables, sino que la utilización de las mismas de la manera que se viene haciendo los últimos 15 años las trasforman en un mecanismo que atenta contra el régimen político. A favor del “uso” de estas es que suelen haber temas con carácter de urgencia que no pueden esperar la propia lentitud procesal del Congreso, como lo son ciertas acciones administrativas. Pero, hay que demostrar claramente que no se pueden seguir y esperar estos procedimientos, por tal o cual situación crítica. También es común que se utilicen para la época en que las cámaras están en receso. Ley 25.561: el comienzo de una forma de gobernar. Amparados en esta Ley del 2002, con una coyuntura post crisis, caída de la convertibilidad, y emergencias socioeconómicas de todo tipo; encontramos vigente aun hoy en día facultades delegadas por la Ley 25.561. Esta tuvo, lógicamente, prórrogas: 25.972, 26.077 y 26.204. Esta última fue luego prorrogada por la 26.339, 26.456, 26.563, 26.729 y la actual prórroga, la 26.896, que la mantiene hasta el 31 de diciembre de 2015. El contenido de la Ley “madre” es la declaración de la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Modifica todo lo que considera necesario. Esta declaración se hizo en busca de reactivar el sistema financiero, bancario y mercado de cambios, la economía, empleo, distribución de ingresos, desarrollo de economías regionales, lograr crecimiento económico sustentable, reestructurar la deuda pública y establecer un nuevo régimen cambiario de divisas. Aspectos en muchos casos abstractos y de por sí amplios. Por lo tanto hoy seguimos viviendo, según el Poder Ejecutivo de turno, en situación de emergencia en todos los aspectos anteriormente mencionados. Otra delegación conocida, para nombrar otro caso aunque de menor alcance, es la del Art. 755 del Código Aduanero que delega en el Ejecutivo la facultad de establecer derechos de exportación e importación. La corte estableció en diferentes

El Jefe de Gabinete interviene refrendando los mismos y los envía a partir de los 10 días de su dictado (no está bien en claro si los plazos son corridos o hábiles). Los Decretos de Necesidad y Urgencia pueden prorrogarse, hecho más que común en la Argentina de los últimos años. La Ley 26.122 es la que da su régimen legal. Todos los DNU pasan por el control de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que solamente aprueba (por mayoría absoluta) o rechaza los mismos. También es esta Cámara la que controla los decretos delegados propios de las facultades delegadas5. Conclusión: Con el juego de las mayorías parlamentarias, producto de la representación electoral, el Gobierno de la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra con la posibilidad de prescindir del Congreso, puesto que cuenta con los DNU y las Facultades Delegadas por la Ley 25.561. Respecto a las Facultades Delegadas y DNU, hay una cuenta pendiente a saldar jurídicamente que es el criterio a favor o en contra respecto al manejo de éstos. A saber: la diferencia entre URGENCIA, NECESIDAD Y CONVENIENCIA a la hora de dictarse un decreto por el Ejecutivo. Periodísticamente, y desde la oposición política partidaria también, se ha mancillado al Congreso caliﬁcándolo de “escribanía express” o de ser una herramienta para montar un show donde aparentemente se discute una Ley o Decreto pero sabiendo anticipadamente el ﬁnal positivo de su sanción por parte de las Cámaras. Por otro lado, hoy ocurre que los DNU, como los Decretos Delegados, solamente se tratan en Diputados y por “mala costumbre” el Senado ni trata las órdenes del día en el recinto que se generan en la Bicameral. Es importante destacar además, que no hay un control serio de las facultades delegadas por parte del Congreso, lo que facilita y promueve su indiscriminado uso por parte del Poder Ejecutivo.

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15. ANEXO: DNU y DECRETOS DELEGADOS enviados por el Ejecutivo al Congreso en 2014: OD

FECHA

TEMATICA

31/3/2014

Creación Plan PROGRESAR con el ﬁn de generar inclusión social y laboral a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

31/3/2014

Crea cargo de Dir. Gral. de Aduanas Adjunto en efectos de la AFIP

DISIDENCIAS6

31/3/2014

30/4/2014

14/05/2014 Creación del fondo ﬁduciario público denominado Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear).

07/03/2014 Sustituyese el inciso d) del art. 30 y 32 del decreto 1.661/96 relacionados con gestión y ﬁnanciamiento de la investigación y educación

18/09/2014 Creación "Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria" aprobación "Plan de Recup. del Mant. Diferido-UGOMS"

143 266 329

346 528 911

31/3/2014

Reasignación partidas del Presupuesto para el 2013.

Sustitúyese el artículo 2º de la ley 26.168 sobre la Presidencia de ACUMAR. Más miembros. Aplicación del gravamen previsto en el capítulo IX del título II de la ley 24.674 de Impuestos internos, bienes suntuosos. Disminución alícuota del 21% de la ley 24.625, impuesto adicional de emergencia sobre el precio ﬁnal de cigarrillos, en un siete 7% Suspéndese por el 2014 el decr. 814 de empleadores titulares de establecimientos educación privada conforme leyes 13.047 y 24.049.

22/05/2014 Modiﬁcase la Ley de Ministerios que eleva la Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación a Ministerio.

27/08/2014 Modiﬁcación partidas del Presupuesto del 2014

23/10/2014 Creación "Fondo para el Fortalecimiento Operativo Federal" a los ﬁnes del cumplimiento en Seguridad y Salud"

12/10/2014 Modiﬁcación del Presupuesto del 2014.

Referencias: El autor agradece los aportes y comentarios de la Dra. Mercedes Piscitello del H.C.N. También a Nicolás Fucksfacht en la colaboración para la obtención de material. 2 Peralta, Luis Arcenio y otro c/ Estado Nacional (Mrio. de Economía ¬BCRA.) s/ amparo, Fallos 313:1513, 27/12/1990. 3 Verrochi, Ezio D. c/Administración Nacional de Aduanas, CS, 1999/8/19, fallos, 322:1726, La Ley, 1999-E, 590. 4 Como el Fallo de Consumidores Argentinos, c/ EN - PEN - Dto. 558/02SS - ley 20.091 s/ amparo ley 16.986. 5 Ver Ley 26.519. 6 Despachos de minoría en contra de los mismos caliﬁcándolos de inconstitucionales o con errores procedimentales. 1

• Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del H.C.N. • Prof. Ana María Bestard (UBA-Conicet) “Delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo”. En “El Poder Legislativo. Aportes para el conocimiento del Congreso de la Nación Argentina”. Asociación Argentina de Derecho Constitucional y la Fundación Konrad Adenauer. Uruguay. 2008.

Bibliografía y sitios web consultados: • www.senado.gov.ar • www.infoleg.gov.ar • Constitución Nacional Argentina • Dirección de Investigaciones Parlamentarias del H.C.N. • Dirección General de Publicaciones del H.C.N.

16.

PODER PRESIDENCIAL Y AMPLIACIÓN DEL GABINETE LA ESTRUCTURA MINISTERIAL QUE DEJA CFK Danilo Degiustti

Lic. en Ciencia Política (UBA) UBA-UTDT-Conicet danilodegiustti@outlook.com

La Constitución Nacional de 1853 establecía un número fijo de cinco ministerios y señalaba sus áreas: Interior, Justicia e Instrucción Pública, Hacienda, Guerra y Marina, y Relaciones Exteriores. La reforma de 1898 aumentó el número de ministerios a ocho y adjudicó su desglose a la legislación secundaria. En 1949, la Constitución peronista eliminó la barrera de ocho ministerios, pero el golpe de 1955 volvería a instaurar la Constitución de 1853, con sus respectivas reformas. Con la reforma constitucional de 1994 se incorporó la figura del Jefe de Gabinete de Ministros, por lo cual el número de ministerios pasó de 8 a 9, pero además se dejaba la puerta abierta para aumentar su cantidad, ya sea por ley como por decreto (dado que el presidente puede dictar decretos de naturaleza legislativa). Esta posibilidad recién fue utilizada por el presidente De la Rúa, que al asumir en 1999, mediante la ley 25.233 agregó los ministerios de “Infraestructura y vivienda”, y “Desarrollo Social y Medio Ambiente”. En 2001, mediante el decreto 1366, amplió el número de ministerios a 13, al incorporar las carteras de “Turismo, Cultura y Deporte”, y “Seguridad Social”. Durante la presidencia interina de Duhalde el número de ministerios se redujo a 11, incorporando como novedad el “Ministerio de la Producción” (Decreto 185/2002). Al asumir la presidencia Néstor Kirchner en 2003, decide mantener el mismo número de ministerios, al unificar el Ministerio de la Producción con Economía e incorporar el ministerio de “Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios” (Decreto 1283/2003). La unificación de Producción con Economía había sido un pedido expreso del ministro Roberto Lavagna. El salto en el número de carteras vendría durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), llegando al pico de 17 durante su segunda presidencia, como se observa en el siguiente gráfico.

En las decisiones de creación de cada ministerio podemos identiﬁcar diferentes tipos de causas o incentivos. Básicamente, distinguimos entre la dinámica interna y externa en la creación de ministerios. Si bien la decisión última siempre está en manos del presidente, esta puede responder a distintos incentivos o necesidades. La dinámica interna se da cuando la creación de un ministerio responde a la interacción entre los ministerios ya existentes, y entre éstos y la presidencia. De estas relaciones puede surgir en el presidente la necesidad de desdoblar un ministerio existente o elevar el rango de una secretaría para mejorar el funcionamiento del gabinete. Destacamos que la creación en estos casos responde fundamentalmente a la propia dinámica interna de funcionamiento del poder ejecutivo. En cambio, la dinámica externa de creación es producto de la relación entre el poder ejecutivo con actores o hechos externos a este. Dentro de esta categoría podemos distinguir entre la creación motivada por grupos de presión y aquella inﬂuida por hechos de gran relevancia en la agenda pública (shocks externos). Esta tipología puede ser aplicada para la creación de ministerios durante las presidencias de CFK. El siguiente cuadro resuro resume este intento: Ministerio

Ciencia, 10/12/2007 Interna Tecnología e Innovación Prod.

Fecha

Ley 26338

Producción

26/11/2008 Externa

Industria

01/10/2009 Interna

Decreto Débora 2025 Giorg

Agricultura, Ganadería y Pesca

01/10/2009 Externa

Decreto Julián 1365 Domínguez

Partidista

Turismo

28/06/2010 Mixta

Subordinado

Seguridad

15/12/2010 Shock externo

Decreto Enrique 919 Meyer

Cultura

Creación Norma

07/05/2014 Interna

Ministro

Lino Baraña

Decreto Débora 1458 Giorgi

Decreto Nilda Garré 1993

Perﬁl

Independiente

Independiente Independiente

Partidista

Decreto Teresa Sellaré Independiente 641

Al asumir CFK en 2007, a las 11 carteras de la administración Kirchner se agregó el ministerio de “Ciencia, Tecnología e In-

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16. novación Productiva”, a través de la ley 26.338. Hasta ese momento existía una secretaría de Ciencia dentro del ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Se trata de un desdoblamiento que responde a la dinámica interna del poder ejecutivo y a la intención de la presidenta de marcar un determinado perfil para su gobierno. Asimismo, había sido persuadida por los buenos resultados de gestión de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por Lino Barañao, quien justamente quedaría al frente del nuevo ministerio. Al año siguiente, luego del conflicto con el campo, y en el marco de la crisis financiera internacional, se creó el ministerio de Producción. Cuando anunció la medida en un encuentro de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Presidenta sostuvo que el principal objetivo era “sostener la actividad y el nivel de empleo” (Clarín.com, 25/11/2008). “Me parece que haber puesto otra vez en marcha el Ministerio de la Producción es una señal muy fuerte”, señaló José Ignacio De Mendiguren, por entonces vicepresidente de la UIA (infobae.com, 25/11/2008). El Ministerio de Producción ya había sido creado por Duhalde en 2002. Seis años más tarde, la cartera volvería con los mismos objetivos: fortalecer la alianza con la UIA y fomentar el crecimiento de la producción ante la crisis económica (Clarin. com, 25/11/2008). En 2009 este ministerio de Producción fue desdoblado en Industria y Turismo por un lado, y Agricultura, Ganadería y Pesca por el otro. La creación del ministerio de Agricultura debe ser interpretada a partir de la relación del poder ejecutivo con los grupos de presión de los productores agropecuarios, nucleados en la Mesa de Enlace desde el surgimiento del conflicto por las retenciones a principios de 2008. La Mesa de Enlace tomó la creación del ministerio como respuesta del gobierno a un reclamo histórico del sector, se mostró “expectante”, dispuesta a “reconstruir el diálogo” y aceptó la invitación a la asunción del ministro, aunque con escepticismo sobre el poder de decisión y autonomía de la nueva cartera (lanacion. com.ar, 30/09/2009; 01/10/2009). A mediados de 2010, fue creado el ministerio de Turismo. Su lanzamiento fue paralelo a nuevas leyes de administración de feriados con fines turísticos. En el discurso presidencial se dio evidencia de la influencia de grupos de interés del sector turístico y también de las autoridades de las provincias más turísticas, que estuvieron presentes en el anuncio: "Era algo reclamado por la actividad turística" (…) “Habrá interacción entre el sector público y privado”, sostuvo la presidenta (lanacion.com.ar, 28/06/2010). Asimismo, el titular de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica, expresó: "Es una vieja asignatura pendiente (…), un reconocimiento y triunfo para todos los que integramos la industria de la hospitalidad" (rionegro.com.ar, 29/06/2010). La creación de los ministerios de Industria, Agricultura y Turismo implicó un recorte en el ministerio de Economía, ya que

se trataba de asuntos que previamente estaban a su cargo. El debilitamiento del ministerio había comenzado desde la salida de Lavagna y era una forma de fortalecer el control de la presidencia, evitando el surgimiento de figuras fuertes y potenciales competidores. Hacia fines de 2010 fue creada súbitamente la cartera de Seguridad, que hasta el momento se encontraba junto a Justicia. Entre los considerando se hace referencia a la obligación indelegable del Estado en “mantener la paz social y la tranquilidad pública”. El decreto se comprende en el marco de las tomas del Parque Indoamericano, donde las disputas entre los ocupantes y los vecinos, y la superposición de la Policía Metropolitana con la Federal generaron una situación de caos, que incluyó la muerte de cuatro personas. Se trata de una creación ministerial influenciada por este shock externo. El anuncio, transmitido por cadena nacional, fue la primera reacción pública de la presidenta ante los hechos. En 2012, cuatro meses después de la tragedia ferroviaria de Once donde fallecieron más de cincuenta personas, la Presidenta decidió elevar el rango de la secretaría de Transporte, hasta entonces dentro del ministerio de Planificación, conformando el ministerio del Interior y Transporte. De inmediato, se dejó en claro que el foco estaría en el sistema ferroviario metropolitano. Fue una reestructuración dentro del poder ejecutivo dada principalmente por un hecho externo, a pesar que aquí la reacción no fue inmediata como en el caso de Seguridad. Finalmente en 2014, la presidenta decidió crear el ministerio de Cultura. En este caso, la creación es producto de la dinámica interna del poder ejecutivo, que encuentra necesario “efectuar un reordenamiento estratégico” para jerarquizar una determinada cuestión. No se encuentran hechos externos o grupos de interés que hayan influenciado la decisión. Al igual que en la creación de Seguridad la decisión aparece como súbita. La propia ministra designada expresó: "la señora Presidenta me llamó anoche y me dijo que asumía hoy”, por lo que tampoco tenía definido un equipo de trabajo ni un organigrama del nuevo ministerio (pagina12.com.ar, 7/5/2014). En términos más generales, nos preguntamos por qué el presidente decide cambios en la estructura institucional. Siguiendo a Terry Moe podemos desprender que se trata de adoptar dos estrategias institucionales: politizar las agencias y centralizar las decisiones, limitando la discreción de las agencias y creando nuevos organismos dependientes de la presidencia. Por ende, el liderazgo presidencial no es simplemente el ejercicio del poder en un marco determinado, sino también la creación de instituciones. Dentro de una estrategia de centralización de la toma de decisiones y ministros con limitada autonomía, la presidenta utilizó la creación de ministerios, reduciendo a su vez el ámbito de acción de los existentes, como una forma de recibir información más directa y controlar más centralizadamente la administración pública.

DGA

Dossier Gobierno Abierto

0. INTRODUCCION

1. MONEO-LAIN

DGA

Tres enfoques posibles para analizar el presente y futuro de los datos abiertos

2. DE LUCA

3. Bustos Arellano

Una aproximación al concepto de Parlamento Abierto

El liberalismo hobbesiano

4. CARFI

5. POZO donoso

El Camino al Segundo Plan de Acción de Chile: Los desafíos del cambio de gestión.

Una Fórmula de Gobierno Abierto ¿Destellos Políticos o Modelo de Gobernanza Innovador?

6. PÉREZ GALLARDO

7. INCER MEDINA

Xalapa. Programa de gobierno abierto, experiencias 2014

Los primeros pasos del Gobierno abierto en Nicaragua

8. BOYD

9. MORALES

Hacia un norte abierto: Una perspectiva canadiense sobre el Gobierno Abierto

Hacia un Estado Abierto en Costa Rica

10. GATTI FONT

11. FERRARI - BELLIX

Proyecto Fellowship OEA: Justicia Abierta

Governo Aberto: um novo paradigma na relação Estado-sociedade

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INTRODUCCION

n el 2013, la Revista incluyó una sección especial de Datos Abiertos donde intentamos reflejar el ecosistema detrás de esta tendencia creciente de liberar los datos públicos de modo reusable. En esa oportunidad, reflexionamos sobre el impacto de los datos abiertos en la transparencia y el control ciudadano. En el 2014, nos adentramos en el mundo de los Hackatones: las maratones de trabajo colaborativo y creativo donde participan, en su mayoría programadores y diseñadores, pero también activistas cívicos, emprendedores, funcionarios públicos, cientistas políticos, entre otros. De forma descontracturada, distintos asistentes -periodistas, desarrolladores, académicos, organizadores y miembros de organizaciones sociales- relataron sus experiencias para reflejar la energía que se genera en esos encuentros. Para este año, el tema elegido es Gobierno Abierto y queremos reflejarlo con una mirada regional que nos permita entender diferentes aspectos y características de cada país y las oportunidades y obstáculos que enfrentamos en conjunto. Durante el 2015 toda América será anfitriona de distintos encuentros que permitirán amplificar el debate sobre esta temática: la Conferencia Internacional de Datos Abiertos en Ottawa en Mayo, la conferencia Con Datos y la desconferencia Abre Latam, en Santiago de Chile en septiembre y la Cumbre Mundial de la Alianza para el Gobierno Abierto en Guadalajara en octubre, por citar algunos. Esta pluralidad de encuentros permite reconocer y fortale-

cer a la comunidad de datos inserta en el marco de las distintas prácticas que se vienen implementando en los países de la región. Y a su vez, posibilita nuevas oportunidades de cooperación. A principios de este año, nuestra Coordinadora General, Laura Paonessa fue seleccionada para participar del Fellowship de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Promoción de Gobiernos Abiertos en las Américas. Junto a 24 jóvenes conformaron una red de agentes de cambio provenientes de la esfera pública, del sector privado y de la sociedad civil y generaron propuestas multidisciplinarias e innovadoras para enfrentar los desafíos actuales que presenta cada Estado. En las próximas hojas, convocamos algunos participantes de la edición 2015 del Programa de la OEA junto con otros referentes de la región con el propósito de abarcar varios enfoques de la experiencia de Gobierno Abierto. Podrán encontrar aquí, análisis de casos y un relevamiento de otras prácticas desarrolladas en la región, desde el caso de Chile, Brasil, México, pasando por las iniciativas instrumentadas en El Salvador, Costa Rica y llegando hasta Canadá. Comprender los pilares del Gobierno Abierto -la transparencia, la participación y la colaboración ciudadanases vital para promover construir una nueva relación entre Gobiernos y ciudadanos. Este dossier es una invitación a incorporar estos conceptos y trabajar juntos para la elaboración de mejores políticas en la región.

N01 NOTA

PRIMERA EDICIÓN DEL PROGRAMA OEA PARA LA PROMOCIÓN DE GOBIERNOS ABIERTOS EN LAS AMÉRICAS Laura Paonessa Licenciada en Ciencia Política (UdeSA) Coordinadora General Espacios Políticos. Washington D.C. fue el escenario donde 25 líderes de la región se reunieron para el Programa OEA para la Promoción de Gobiernos Abiertos en las Américas (The OAS Fellowship on Open Government in the Americas). Yo tuve el honor de ser seleccionada para participar representando a Argentina. El objetivo de este programa es crear una red de jóvenes agentes de cambio que reúna a la siguiente generación de líderes de toda la región, ofreciéndoles un espacio para la reflexión, el debate y el intercambio de conocimientos y experiencias en temas de Gobierno Abierto. Desde una orientación multidisciplinaria e integradora, la red se propone vincular a participantes provenientes de la esfera pública, del sector privado y de la sociedad civil, con el fin de que generen propuestas innovadoras para enfrentar los actuales desafíos que enfrenta la región. Para llevar a cabo esta iniciativa, se han formado alianzas estratégicas con varios socios que comparten los objetivos de la OEA de impulsar y reforzar las prácticas de Gobierno Abierto en la región, entre ellos: los Gobiernos de México y Canadá, la Fundación AVINA, el Centro Carter, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) e Hivos, quienes contribuirán técnica, logística y financieramente al Fellowship. La primera edición sumó un total de 657 aplicaciones, de 23 países diferentes de la región y cada una de las postulaciones se sometió a dos evaluaciones independientes. Posteriormente, las aplicaciones con mayor puntaje fueron pre-seleccionadas y presentadas ante un Comité de Selección externo formado por cinco miembros, que fue responsable de seleccionar a 25 de esos candidatos y candidatas. El Fellowship creará una red de jóvenes agentes de cambio para fomentar el debate sobre el Gobierno Abierto y su impacto en la región, su potencial para fortalecer la gestión pública y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En este primer encuentro, se enfatizó la transmisión de conocimientos y generación de debates en temas clave de Gobierno Abierto, el desarrollo de capacidades y de habilidades de liderazgo, networking con académicos, activistas y expertos. Durante los próximos seis meses, los fellows trabajarán en equipos para elaborar proyectos de cooperación regional que propongan soluciones concretas, cooperativas e innovadoras a los principales desafíos actuales que enfrenta el Gobierno Abierto. Junto a pares de México, Brasil y Uruguay, estaremos trabajando en la creación de una red de Laboratorios de Innovación Social en la región que permita generar nuevos lazos entre Gobiernos y ciudadanía para abordar las problemáticas con una mirada colaborativa. El trabajo de los equipos se hará virtualmente con el apoyo de tutores expertos del GovLab de NYU. El segundo encuentro para consolidar la red, presentar y discutir los proyectos con actores del gobierno, sector privado y sociedad civil, y hacer los ajustes necesarios para incorporar el input y lograr su replicabilidad en los distintos países de la región se realizará en octubre en México D.F., donde también participarán de la Cumbre Mundial de la Open Government Partnership. Los participantes de este encuentro fueron Andrade Brandão, Bruno (Brasil), Boyd, Jaimie (Canadá), Bustos Arellano, Paulina (México), Campagnucci Pereira, Fernanda (Brasil) Carranza, Daniel (Uruguay), Delfín Pacheco, Mauricio Víctor (Perú), Gatti, Mariana (Uruguay) Incer Medina, Guillermo (Nicaragua), Jiménez Barillas, Jorge Gabriel (Guatemala), Luna Benavides, Jimena (Chile), Maultasch de Oliveira, Gustavo Henrique (Brasil), Olivas Gastelum, Ramón (México), Paiva Moreira, Natália Eunice (Brasil), Palma Recinos, Iris (El Salvador), Paonessa, Laura (Argentina) Pérez Gallardo, Gerardo (México) Pimentel Florezán, Carlos Ernesto (República Dominicana), Porras, Maikol (Costa Rica), Pozo Donoso, Carolina (Ecuador), Prada Céspedes, Edilma (Colombia), Steibel, Fabro (Brasil), Urbieta González, Teófilo (Paraguay), Vera Velasco, Alan Octavio (Bolivia), Yáñez Fuentes, Rebeca Lidia (Chile).

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TRES ENFOQUES POSIBLES PARA ANALIZAR EL PRESENTE Y FUTURO DE LOS DATOS ABIERTOS Antonio Moneo Lain

Doctor Europeo en Ciencia Política y de la Administración (UNED). Consultor Internacional sobre Conocimiento Abierto para el Banco Interamericano de Desarrollo

En este artículo se propone un debate sobre algunas herramientas teóricas que pueden ayudar a analizar el proceso de implementación de las políticas de datos abiertos en perspectiva comparada. El artículo consta de tres partes. Primero se analizan algunas características de las políticas de datos abiertos. Segundo se presentan algunas aportaciones académicas útiles para estudiar procesos y coyunturas políticas. Por último, se describen tres desafíos (variables independientes) que pueden ayudar a explicar la heterogeneidad actual de las políticas de datos abiertos. Dada la limitada extensión, en el artículo se repasan muy superficialmente algunos conceptos y fuentes académicas que puede resultar de utilidad para un análisis más pormenorizado. Cuatro rasgos que caracterizan a las políticas de datos abiertos En esta sección se repasan cuatro características importantes de las políticas de datos abiertos. • Las políticas de datos abiertos son dependientes del contexto. Muchos analistas coinciden en señalar que las políticas de datos abiertos están determinadas por el contexto (contextually driven) y, por tanto, no existe una uniformidad en su diseño, implementación y ejecución. Y es cierto: cuando se analizan los casos más exitosos en el desarrollo de las políticas de Datos Abiertos existen diferencias en la unidad administrativa que desarrolla y ejecuta la política. En la ciudad de San Francisco, por ejemplo, el área de datos abiertos es una oficina que depende de la unidad de planificación y presupuesto; en la ciudad de Xalapa (México) los datos abiertos están siendo impulsados por el área de Buen Gobierno; y el Gobierno de España, es el Ministerio de Industria y Comercio quien desarrolla la política de datos abiertos. • Las políticas de datos abiertos están integrándose con otras políticas. En el orígen el debate sobre los datos abiertos surgió como un componente fundamental

de la política de Gobierno Abierto, pero ahora se observa una fusión del debate sobre datos abiertos en políticas sectoriales como transporte, agricultura o energía. Estos son los casos de nuevas áreas de investigación que están surgiendo en este terreno. Algunos de las iniciativas más interesantes pueden verse en el terreno de la agricultura (Global Open Data for Agriculture and Nutrition - GODAN), las industrias extractivas (Open Contracting) y el sector privado (Open Corporate). • No existen estándares internacionales. La preocupación actual por crear estándares internacionales para los datos abiertos genera un alto grado de incertidumbre sobre el futuro de esta discusión. No se trata solo de una cuestión técnica, sino que tiene que ver también con cuestiones tan dispares como la nomenclatura de las regiones del mundo; que es una cuestión que va más allá de lo que significa definir el formato de un archivo electrónico. • Estamos en una fase larga de experimentación . El fenómeno de los datos abiertos es nuevo para muchas administraciones y todavía no existen marcos para analizar el impacto de los datos abiertos en la política, la economía y la sociedad. Es pronto para entender los beneficios y efectos inesperados que éstas políticas pueden generar en el futuro. Sin embargo, el decidido apoyo internacional que la comunidad de datos abiertos ha logrado generar hasta el momento indica que nos encontramos en el principio de un largo proceso y que, seguramente, sigamos debatiendo sobre estos mismos temas durante los próximos años. Dos perspectivas teóricas que ayudan a entender un proceso político En esta sección, se detallan algunas corrientes académicas cuyas aportaciones son útiles para el debate sobre los datos abiertos. Dado el carácter coyuntural y la perspectivas de permanencia de las políticas de datos abiertos, parece necesario

1. abordar esta discusión un análisis de la coyuntura y preparar las herramientas para analizar su evolución en el tiempo. • Estudio de una coyuntura política. Desde una perspectiva coyuntural, nos interesa saber cuál son las condiciones bajo las que se inicia una política de datos abiertos. Es importante saber las razones por las que se puso en marcha una política así y entender si el objetivo ﬁnal era fortalecer la calidad democrática del sistema, sanear una situación política de desprestigio institucional, fortalecer la economía de conocimiento o mejorar el rendimiento de la administración pública. Entender esa coyuntura puede ayudar a explicar la diferente ubicación de las políticas de datos abiertos en sus respectivas administraciones y su desarrollo hacia el futuro. Para realizar este análisis, hay dos posibles corrientes interesantes: una procedente de la literatura de los Nuevos Movimientos Sociales, de donde surge el concepto de “Estructura de Oportunidad Política” y la procedente de la Política Comparada, que aporta la metodología para la comparación de “Coyunturas Críticas”. La literatura sobre Nuevos Movimientos Sociales nos puede ayudar a comprender la relevancia de los actores, sus “repertorios mentales”1 y la forma en que se articula el discurso. La literatura sobre “Coyuntura Crítica” nos puede ayudar a entender el rol de otras variables de entorno, como el contexto internacional o los cambios económicos, y sus legados2.

Imagen 1: Estudio de una coyuntura crítica (Collier y Collier, 1991)

• Estudio del proceso político. Por otro lado, resulta conveniente tener en cuenta que las políticas de datos abiertos van a permanecer en la agenda pública durante un largo tiempo y que, entre sus objetivos, estas políticas persiguen generar un cambio signiﬁcativo que puede no ser visible en el corto plazo. En este ámbito, existen también dos cuerpos de conocimiento alternativos que pueden utilizarse: por un lado, la literatura académica sobre Policy Making aporta marcos analíticos para entender la evolución de en una política pública, lo que se conoce como “Policy Process”3. Por otro, en la literatura del Institucionalismo Histórico existe un rico debate sobre conceptos como los “rendimientos crecientes”, “retroalimentación positiva” y “consecuencias imprevistas” de los procesos políticos4. Tres desafíos para la implementación de las políticas de datos abiertos5 En esta sección se describen tres desafíos principales que de-

terminan el avance de las políticas de datos abiertos. Para este análisis resulta interesante observar la intersección entre la dimensión política (poder), institucional (legal) y cultural de los sistemas políticos. El componente político es fundamental para entender la composición del sistema y el peso que algunos actores políticos concretos tienen en la concepción y surgimiento de una política. Es necesario identificar qué grupos de poder ponen en marcha estas políticas y qué características y relaciones guarda con otros actores. Algunas preguntas que podemos plantearnos son ¿qué relación existe entre el gobierno y la sociedad civil? ¿cómo se relaciona el gobierno local con el gobierno nacional? El desafío institucional es importante porque puede determinar la continuidad de los esfuerzos iniciales. El hecho de que la política de datos abiertos quede cristalizada en una legislación clara y dotada de recursos, es clave para que la política reduzca su dependencia de la existencia de los “champions”. Algunas de las preguntas que podemos plantearnos son: ¿qué marcos legales amparan la apertura de datos? ¿cómo se ha enfocado el proceso de apertura, desde una óptica de transparencia o una de innovación? El tercer desafío tiene que ver con la capacidad técnica y recursos disponibles para la ejecución de la política. Hay que tener en cuenta que las políticas de datos abiertos requieren una capacidad tecnológica que, en muchos casos no tiene el gobierno pero sí la sociedad civil. Además, la implementación de una política de datos abiertos exige recursos financieros para cubrir los costos de apertura de los datos y la generación de un ecosistema abierto que pueda mantener los esfuerzos en el largo plazo. Algunas preguntas que podemos plantearnos son: ¿existe una capacidad tecnológica en la división administrativa que implementa la política? ¿bajo qué tipo de programas se financia la implementación de la política, son de corto o largo plazo?

Imagen 2: Resumen de los desafíos en la implementación de políticas de datos abiertos

El éxito de las políticas de datos abiertos depende de muchos factores y nos encontramos todavía en una fase muy temprana como para poder evaluar resultados concretos. Estamos en una fase experimental y resulta necesario generar líneas de base para comprender la posible, y casi certera mutación de las polí-

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1. ticas de datos abiertos. Por ahora, muchos expertos reconocen una fuerte dependencia del contexto local y de los actores que las impulsan - a quienes llaman “champions” o “data heroes”. Por estas razones, es necesario establecer análisis que analicen la coyuntura política en que se han forjado estas políticas y permitan analizar su evolución a lo largo de los próximos años. Los años 2015 y 2016 marcarán el ﬁn de muchas legislaturas que apostaron hace cuatro o cinco años por los datos abiertos, entre ellas la de Barack Obama. Habrá que analizar, a través de casos de estudio, si los esfuerzos iniciales han sido suﬁcientes para institucionalizar las políticas de datos abiertos. Referencias 1 McAdam D., McCarthy J.D., Zald M. (ed.), “Comparative perspectives on social movements. Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings” (Cambridge studies in comparative politics), Cambridge 1999. 2 Collier R.B. and Collier D. “Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and the Regime Dynamics in Latin America” (Prince-

ton: Princeton University Press, 1991), Ch. 1: "Framework: Critical Junctures and Historical Legacies.” 3 Birkland T. “An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts and Models of Public Policy” (Routledge, 2010). También es relevante un estudio aplicado en Parrado, S. 2008. "Failed policies but institutional innovation through “layering” and “diffusion” in Spanish central administration." International Journal of Public Sector Management 21:230-252. 4 Paul Pierson, “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics”, The American Political Science Review, Vol. 94, No. 2 (Jun., 2000), pp. 251-267; Mahoney, J. and K. Thelen. 2010. "A Theory of Gradual Institutional Change." In Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power, eds. J. Mahoney and K. Thelen. Cambridge: Cambridge University Press.; Pettigrew, A. M. 1990. "Longitudinal Field Research on Change: Theory and Practice." Organization Science 1:267-292. 5 Estos desafíos han sido analizados en mayor profundidad en un estudio producido entre Sciences Po y el Banco Interamericano de Desarrollo. Conﬁado A., Hu W., Navarro A., Oncan A. “Overcoming the Challenges of Open Data Implementation: Case Studies in Latin American Municipalities”, Tesis de Master, Sciences Po, Paris, 2015.

UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE PARLAMENTO ABIERTO Agustina De Luca

Lic. en Ciencia Política (UBA) Coordinadora del área de Transparencia Legislativa de la Fundación Directorio Legislativo adeluca@directoriolegislativo.org

Mucho se ha hablado en los últimos años del concepto de gobierno abierto, como una nueva forma de relación entre ciudadanos y gobernantes: mediante la construcción colaborativa y horizontal de políticas públicas, a través de la participación de los ciudadanos y la transparencia activa de los funcionarios de gobierno sobre su gestión, actividades, presupuestos e implementación de programas a cargo. Sin embargo, el

concepto quedó muy circunscripto al ámbito Ejecutivo, ya sea por la facilidad en la toma de decisiones, o bien por el peso y poder que tiene el Presidente en las democracias latinoamericanas. En este sentido, y a raíz de numerosos intercambios y conversaciones entre organizaciones, legisladores y activistas, se comenzó a hablar del concepto de Parlamento Abierto, entendiendo que el Po-

der Legislativo es el más representativo de los tres, ya que alberga a legisladores electos directamente por los ciudadanos, y se supone llevan sus intereses al recinto para sancionar leyes que mejoren su calidad de vida. En este sentido, el concepto no sólo se quedó en la colaboración entre legisladores y funcionarios de los Congresos con los ciudadanos, sino que se ha avanzado, paulatinamente, en la construcción de estándares e intercambio

2. de experiencias y buenas prácticas, para intentar dilucidar efectivamente qué implica que un Congreso o Parlamento sea abierto a los ciudadanos: ¿es transparencia presupuestaria? ¿es dar visitas guiadas gratuitas? ¿Es el libre acceso a las reuniones de comisión? ¿Cómo pensar un Congreso abierto, receptivo, transparente y que rinda cuentas a la ciudadanía? Para analizar en profundidad el concepto de Parlamento Abierto, conviene dividir a la actividad y el trabajo legislativo en 4 ejes: normativo, parlamentario, administrativo y participativo. El eje normativo se centra en el análisis de las leyes, decretos internos o cualquier regulación existente en el ámbito legislativo. No alcanza con los usos y costumbres, o las buenas prácticas de algunos legisladores o funcionarios de turno de forma particular, sino que es necesario también un marco normativo que garantice y asegure la transparencia tanto del Congreso como institución, como así también de las actividades de cada uno de los legisladores; procesos regulados y estandarizados para que no varíen en función de quien gobierne cada Cámara; y mecanismos explícitos y obligatorios de participación ciudadana en el proceso legislativo. Argentina es uno de los pocos países de América Latina que aún no cuenta con una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, junto con Bolivia, Costa Rica y Venezuela. Ésta es una norma central para asegurar el derecho que tiene cualquier ciudadano de conocer la información en mano del Estado (el cual se encuentra incluso consagrado en la Constitución Nacional, art. 14, sobre “peticionar a las autoridades”), y es la ventana para ejercer todos los otros derechos: sin un verdadero reconocimiento de todos los actos de gobierno, el ciudadano no puede saber y acceder a lo que le corresponde en tanto tal. Pero además, existen una serie de normas necesarias para regular el funcionamiento del Congreso y su apertura: la regulación del lobby;

la obligatoriedad de publicar todos los documentos en manos de los legisladores (proyectos, dictámenes, resoluciones, entre otros); la existencia de canales directos de vinculación con los ciudadanos, como un canal de televisión u oﬁcinas de atención ciudadana abiertas al público; o bien la puesta en conocimiento de todas las Resoluciones administrativas internas que emite el Presidente del cuerpo o sus Secretarios Administrativo y Parlamentario, con el objetivo de transparentar qué decisiones internas se toman y cómo lo hacen. Este no es un dato menor, ya que es el Presidente del cuerpo quien abre las licitaciones y designa adjudicaciones, contrata empleados o liquida gastos de viajes, viáticos o caja chica. Y la publicación y difusión de estos documentos debería estar determinado en la normativa para que no dependa de la discrecionalidad del Presidente su publicación o no. Una práctica novedosa en la que han avanzado últimamente varios Congresos de la región, es en la sanción de un Código de Ética Parlamentaria, a modo de uniﬁcar estándares internacionales y costumbres nacionales, y establecer de este modo un piso de comportamiento que cada legislador debe cumplir -obligatoriamente- para ser abierto y rendir cuentas a su electorado en particular, y a la ciudadanía en general. El segundo es el eje Parlamentario. El debate y la sanción de las leyes son la razón del ser del Congreso, y por ende resulta necesario poder conocer de forma completa todo lo relativo a los legisladores, sus actividades, proyectos en debate y decisiones parlamentarias. Es decir, un ciudadano debería poder conocer el proceso legislativo entero: desde que un proyecto se presenta en la Cámara de origen hasta que éste es sancionado, pasando por la difusión de los debates en comisión y sesión plenaria, como las asistencias votaciones de cada uno de los legisladores. Afortunadamente, los Congresos de América Latina son los que mejor se encuentran en este aspecto, de acuerdo al Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (elaborado por la Red Latinoamericana de Trans-

parencia Legislativa en 2011 y 2014). De acuerdo a esta medición, los Congresos latinoamericanos obtuvieron un 45% de promedio, y Argentina se ubicó en tercer lugar con un 57%.1 Como tercer eje se encuentra Administrativo, el cual implica la publicación y difusión de todos los mecanismos y decisiones internas que hacen al quehacer legislativo: un organigrama con las distintas dependencias y funcionarios de cada área, un listado de los empleados del Congreso, la ejecución presupuestaria desglosada por mes y dependencia, los viajes que realizan los legisladores bajo el ejercicio de sus funciones o las licitaciones y adjudicaciones para la ejecución de bienes y servicios públicos, por mencionar algunos. Si bien es el que menos se relaciona con el quehacer propiamente legislativo, es vital para que el Congreso funcione ordenadamente y los legisladores puedan realizar su trabajo. No se tiene en cuenta que la (correcta) ejecución de los recursos públicos hace también a la representación legislativa, ya que da seguridad y conﬁanza al ciudadano de que quienes trabajan en el Congreso, así como los propios legisladores, están ejerciendo cada uno sus funciones abierta y transparentemente. Pero no sólo alcanza con la correcta ejecución de los recursos, sino también con su publicación y difusión; resulta vital que todos los ciudadanos puedan conocer acabadamente cómo se maneja el Congreso y quiénes son los encargados de llevar cada actividad adelante. Lamentablemente, es este eje el que más rezagado se encuentra a nivel internacional en todos los Congresos y Parlamentos del mundo. Por último se encuentra el eje Participativo, el cual no sólo se centra en la participación ciudadana en el proceso legislativo tal como indicaría su nombre, sino que implica además una interacción de ida y vuelta con los legisladores, a través de la rendición de cuentas de sus actos y diálogo directo con la sociedad. Este es quizás el aspecto más relevante, ya que no sólo abarca la transparencia y el acceso a la información como tal, sino que implica el cambio cultural que representa el nuevo

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2. paradigma del gobierno abierto: la interacción entre representantes y representados para la construcción colaborativa de iniciativas y proyectos de ley, no sólo mediante consultas o audiencias públicas, sino tomando los reclamos y propuestas de los ciudadanos como materia prima para nuevas iniciativas de ley. En este sentido, convendría evaluar por un lado los canales que posee la ciudadanía para acceder al Congreso: ¿son abiertas y públicas las sesiones de comisión? ¿Cualquier ciudadano puede ingresar al Congreso a ver una sesión plenaria? ¿Existen canales virtuales o televisivos por los cuales un ciudadano alejado de la capital pueda ver lo que sucede allí dentro? ¿Existen mecanismos pre-establecidos para la realización de audiencias públicas e invitación de organizaciones, sindicatos, cooperativas, agrupaciones o ciudadanos de a pie a exponer a las comisiones sobre una temática en particular? ¿O esto depende de la voluntad del presidente de comisión, o del legislador que organice cierta Jornada o Debate?

Y por otro lado, evaluar desde el lado del legislador, qué tipo de actividades desarrolla para acercarse a la ciudadanía o rendir cuentas de sus actos: ¿Realiza informes periódicos de gestión, con sus proyectos, votaciones o actividades que realizó? ¿Publica su agenda de reuniones y actividades semanales? ¿Acude a su distrito o región por la que fue electo para reunirse con los vecinos y escuchar sus reclamos y propuestas? ¿Posee algún mecanismo virtual de interacción con los ciudadanos como chats, videos o plataformas web donde éstos puedan volcar propuestas o ideas? Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, puede verse que para pensar en una verdadera apertura parlamentaria, no sólo alcanza con pensar en una Ley Nacional de acceso a la información pública -si bien ayudaría mucho- o en avances puntuales de transparencia por parte de los funcionarios; sino que es necesario un cambio cultural tanto por parte de cada uno de los legisladores como de los funciona-

rios de cada Congreso o Parlamento, que considere a los ciudadanos en el centro de la política pública: que son ellos quienes ﬁnalmente serán afectados por las leyes que se sancionen, y que como tales deben ser incluidos en el proceso de su debate y elaboración. Y ahora bien, ¿por qué el Poder Legislativo? Pues simplemente porque es el Poder en el que podemos encontrar una gran pluralidad de intereses políticos, así como también representantes de todas las provincias y localidades del país. Es allí donde los ciudadanos pueden -o deberían poder- encontrar un canal de expresión y participación en el proceso de formulación de leyes, que fortalezca su vínculo con quienes los representan, y se sientan parte activa de la construcción de las normas que luego deberán respetar. Referencias 1 Para consultar el informe completo ingresar a http://indice2014.transparencialegislativa.org

UN GOBIERNO ABIERTO CON SOLUCIONES PARA TODOS Paulina Bustos Arellano

Manager de Operaciones en Codeando México, una organización dedicada a impulsar a la comunidad tecnológica a resolver más problemas públicos y sociales.

Hace poco se realizó la Conferencia Internacional de Datos Abiertos en Ottawa [1] . Fue un evento lleno de Datos Abiertos, Gobierno Abierto y emoción por un movimiento que apenas está creciendo. En mi avión de regreso de la conferencia me senté con una persona muy interesada en lo que hacía. Le platiqué de todo lo que hacemos en México en relación con Datos Abiertos, Gobierno Abierto y Hacking Cívico, su respuesta cuando terminé de hablar fue: “Wow, nunca creería que hacen este tipo de cosas en México”. No es la primera vez que me contestan de esta manera. A algunas personas les parece inverosímil que en México estamos trabajando en temas que nos ayudan a mejorar los modelos de

gobernanza de nuestro país. Sinceramente, no me sorprende que la gente reaccione de esta manera. Es claro que en México tenemos un sinfín de problemas sociales y públicos. La corrupción en el gobierno ha alcanzado un nivel que en ocasiones es difícil de creer. En un país lleno de problemas de corrupción y violencia, como los casos de la Casa Blanca [2], Ayotzinapa [3] y la fuga del Chapo Guzmán [4]. ¿Cómo es posible que estemos trabajando en temas de apertura? El movimiento del Gobierno Abierto [5] tiene como objetivo que los ciudadanos colaboren con la administración pública para construir mejores condiciones de vida: A través de Transparen-

3. cia, Participación y Colaboración. México no sólo está trabajando en temas de Gobierno Abierto, sino que es Presidente de la AGA (Alianza por el Gobierno Abierto) [6] y será sede la próxima Cumbre por el Gobierno Abierto [7] que se realizará en Octubre. Sin embargo, es difícil creer que se está avanzando en este tema cuando los problemas a los que nos enfrentamos día a día son tan evidentes, desgraciadamente, este movimiento parece estar fuera del radar de la gente, porque no se siente tan cercano a los problemas que tenemos día a día. México, tiene 26 compromisos [8] para un Gobierno Abierto durante este año. Todos estos compromisos están siendo ejecutados por el Gobierno y por contrapartes de la Sociedad Civil, demostrando un alto grado de voluntad y colaboración entre diferentes partes de la sociedad. Compromisos como, Datos para un México en Paz [9] y Portal de Becas [10] podrían tener una gran incidencia en la vida de la gente y necesitan ser conocidos por más personas para que se hagan realidad. Para no dejar estos esfuerzos pasar desapercibidos a continuación se presentan tres ejes en los que debemos trabajar para que el Gobierno Abierto no sea algo tan alejado de la gente. Soluciones a temas más cercanos a nuestras ciudades No es un secreto que las cosas que más nos afectan son las que más nos preocupan. Para crear confianza en el movimiento de apertura de las sociedades, esta filosofía debe tocar las fibras cercanas a la gente: Los problemas de la comunidad deben representarse en las prioridades de acción de los planes de gobierno abierto y en los datos que se abren a través de los portales de datos abiertos. Compromisos como Petróleo para todos [11] y Protección participativa del medio ambiente [12], son ejemplos de compromisos que tocan la vida de todas las personas en el país. Es por esto, que se deben comunicar más ampliamente. Preguntas como ¿cuáles son los avances? ¿cómo se puede mejorar? ¿cuáles son los mecanismos de colaboración? son algunas de las que debemos estar respondiendo todo el tiempo. Crear una filosofía de trabajo y no un medio en sí Mucha de la infraestructura y los recursos que se distribuye para impulsar el Gobierno Abierto se hace para hacer esfuerzos transversales (por ejemplo, recursos para Gobierno Abierto y Datos Abiertos). Sin embargo, sería adecuado para los financiadores priorizar la inversión en esfuerzos con temáticas particulares e importantes para cada una de las comunidades. Estos esfuerzos deben ir con recursos que no sólo apoyen la parte técnica/herramienta del proyecto, sino que también deben involucrar a la contraparte experta en el tema, que puede ser representada por asociaciones de la Sociedad Civil, académicos o agencias de gobierno especializadas en el tema. A su vez, el financiamiento de Gobierno Abierto y Datos Abiertos debe ir a organizaciones y equipos que entiendan el modelo de trabajo en donde lo más importante es resolver un problema importante para la comunidad e involucran a los actores necesarios para lograrlo. Los voceros de Gobierno Abierto deben ser los usuarios y los creadores de las herramientas

Es común ver a los creadores de las herramientas hablar ampliamente de Gobierno Abierto y Datos Abiertos. Sin embargo, no es tan común ver a los usuarios de las herramientas exponiendo las ventajas de las herramientas que utilizaron. En las conferencias o ambientes públicos debemos ser inclusivos e impulsar a que los usuarios (agencias de gobierno temáticas, asociaciones civiles que trabajan directamente con los involucrados, etc) hablen de los beneficios de las filosofías de apertura. Además, los creadores de las herramientas debemos hacer de una tarea diaria construir con nuestros usuarios y no para ellos [11]. Estas tres ideas son sólo ejes, extensivos más no definitivos de las cosas que podemos hacer para que el trabajo por una Gobernanza Abierta en México beneficie a más personas. En la medida en que acerquemos más este movimiento a los problemas que enfrentamos día con día, será más sencillo encontrar resultados tangibles a la filosofía de Gobierno y Datos Abiertos. Espero que pronto llegue el día en que la gente en cualquier lado encuentre lógico y no sorpresivo que México o Latinoamérica esté trabajando en temas de Gobierno y Datos Abiertos y que en lugar de explicar los esfuerzos que se están realizando, el comentario natural cuando se conozcan a personas del movimiento sea “WOW, cuéntame más de lo que se está logrando en tu país con la filosofía de apertura y gobernanza abierta”. Al final del día, la pregunta guía para priorizar nuestras acciones en temas de Gobierno Abierto debe ser: ¿Qué tenemos que hacer para que los resultados de Gobierno Abierto lleguen a las personas que lo necesitan? Referencias [1] International Open Data Conference http://opendatacon.org/ [2] La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto http://aristeguinoticias. com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/ [3] Ayotzinapa, crimen de estado http://aristeguinoticias.com/0610/mexico/ ayotzinapa-crimen-de-estado-articulo-de-imanol-ordorika-y-adolfo-gilly/ [4] Joaquín El Chappo Guzman se fuga a la cárcel http://mexico.cnn.com/ nacional/2015/07/12/joaquin-el-chapo-guzman-se-fuga-de-la-carcel [5] Alianza para Transformar el Gobierno https://www.youtube.com/watch?v=Q bGDoV_HoFY&list=PLMDgGB-pYxdF-Q7lRMENEW66JjSAn1dTq&index=11 [6] México, Presidente de la Alianza de Gobierno Abierto http://gobabiertomx.org/mexico-presidente-de-la-alianza-para-el-gobierno-abierto/ [7] Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto http://gobabiertomx.org/inicia-pre-registro-para-participar-en-la-cumbre-global-de-la-alianza-para-el-gobierno-abierto/ [8] Tablero de Gobierno Abierto http://tablero.gobabiertomx.org [9] Datos para un México en Paz http://tablero.gobabiertomx.org/ files/5595576465bb6.pdf [10] Portal de Becas http://tablero.gobabiertomx.org/files/5406729232eaf.pdf [11] Petróleo en Beneficio de Todos http://tablero.gobabiertomx.org/ files/54fa437249541.pdf [12] Protección participativa del Medio Ambiente http://tablero.gobabiertomx.org/files/540f56a9d8673.pdf [13] Cinco conclusiones de Tecnología Cívica http://blog.codeandomexico. org/2015/04/20/cinco-conclusiones/

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EL CAMINO AL SEGUNDO PLAN DE ACCIÓN DE CHILE: LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO DE GESTIÓN Natalia Carfi

Master en Participación ciudadana, Universidad Francisco Vitoria. Especialista en Gobierno Abierto y Datos Abiertos, ex Coordinadora de Gobierno Abierto y Participación, Unidad de Modernización y Gobierno Digital del Gobierno de Chile. Parte del Open Data Leaders Network. @naticarﬁ

En Septiembre del año 2011 nace en el contexto de la reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas lo que pasó a conocerse como la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Fundada por 8 países (Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Sudáfrica, México, Filipinas y Noruega) la Alianza comenzó sus labores de promoción de las políticas de Gobierno Abierto trabajando en la difusión de los “tres pilares”: Transparencia, Colaboración y Participación. En el centro de su trabajo se hallaba (y halla hoy en día) el trabajo conjunto entre Gobiernos y Organizaciones de la Sociedad Civil. Es justamente en colaboración con ellas que los Gobiernos deben elaborar Planes de Acción bianuales en donde se presentan compromisos concretos, que luego serán evaluados por el Mecanismo Independiente de Revisión (RIM por su sigla en inglés). En la actualidad, la Alianza para el Gobierno Abierto cuenta con 65 Miembros activos, de los cuales algunos se encuentran ya en proceso de redacción de su tercer Plan de Acción. La Institucionalidad de la AGA también ha crecido: Tiene un Steering Committee compuesto por igual cantidad de miembros de Gobiernos como de Organizaciones de la Sociedad Civil, una Unidad de Soporte para colaborar con los distintos Gobiernos en todo lo que tiene que ver con el trabajo diario que implica ser miembro y una red internacional de evaluadores independientes coordinados entre sí (RIM). Chile ingresa a la Alianza para el Gobierno Abierto en el año 2012 por el impulso del Presidente Piñera. Entendiendo que el Gobierno Abierto se construye de a pasos, Chile presenta un Primer Plan de Acción de duración de un año compuesto por 19 Compromisos. Entre los más destacados se encontraban: Un canal multiplataforma de

atención ciudadana (Chile Atiende), el Portal de Transparencia y el Portal de Datos Abiertos. Es para dicho Plan se establece en Chile la “Mesa de trabajo de Alianza para el Gobierno Abierto” (la Mesa), un espacio en donde distintas instituciones de la sociedad civil chilena y todas aquellas instituciones de Gobierno que tuvieran compromiso con el tema se comenzaron a reunir para delinear las políticas de Gobierno Abierto. Instituciones como Chile Transparente, Fundación Ciudadano Inteligente, la Contraloría de la República, el Consejo para la Transparencia, CEPAL y distintos Ministerios de Gobierno se reunieron allí también cuando en el segundo semestre de 2013 se comienza el trabajo en miras al armado del Plan de Acción 2014/2016. Es en este período que se realiza en Londres la Cumbre Internacional de la Alianza para el Gobierno Abierto, y Chile presenta un borrador de Plan de Acción, luego de haber pasado por un proceso de consultas regionales y trabajo de la Mesa. El borrador contaba con más de 80 Compromisos que cubrían los más variado temas de trabajo: participación ciudadana, transparencia, digitalización de trámites y regulación del lobby por ejemplo. Luego de la presentación del borrador de Plan de Acción se suceden una serie de eventos, algunos 100% de la realidad chilena, y otros de la reorganización de la propia AGA que hacen que dicho borrador cambiara drásticamente. Por un lado, en Marzo de 2014 ingresa a la Presidencia de Chile Michelle Bachelet, perteneciente a la Nueva Mayoría, una alianza política de distinto color político al del saliente Presidente Piñera. Con la nueva Presidenta se da el cambio de autoridades a todos los niveles, y con ellos

4. cambian todas las personas que desde los distintos Ministerios habían llevado el tema de Gobierno Abierto. Por otro lado, en Febrero la evaluadora independiente para Chile, Andrea Sanhueza, hace entrega de la evaluación del Primer Plan de Acción, con las recomendaciones pertinentes en miras al armado del Segundo Plan. Sumado a estos dos hechos, desde la Unidad de Soporte de la AGA llega un nuevo formato y nuevos criterios para el armado de los Planes de Acción; el que más directo le pegaba al borrador presentado en Londres era que no podían presentarse Planes con más de 20 Compromisos. Esta era la situación cuando en Marzo de 2014 comenzamos desde el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Chile se comenzó a trabajar a contrarreloj para llegar a presentar el Segundo Plan de Acción de Chile a tiempo; el deadline era Junio. Tomando la metodología SMART propuesta por la Unidad de Apoyo de la AGA y las recomendaciones que el RIM había entregado, se hizo un primer trabajo de reducción de Compromisos para presentar a la Mesa de Trabajo para AGA y retomar las reuniones desde ahí. Se tuvo que trabajar también en contactar a todos los Ministerios para presentar la Alianza para el Gobierno Abierto, explicar cómo funciona y conversar sobre los Compromisos existentes en el borrador. De los encargados ministeriales de llevar adelante los temas relacionados con Gobierno Abierto solo una seguía a cargo luego del cambio de gestión. Con los nuevos encargados designados y una primera versión reducida de Compromisos se citó a la Mesa de de Trabajo de AGA. En el sector de la Sociedad Civil, si bien también había habido algunos cambios, la continuidad fue la media. Fue justamente esa continuidad de personas e instituciones de la Sociedad civil lo que creo que colaboró con el avance del trabajo de la Mesa de Trabajo. Tomado el nuevo borrador como base, se comenzaron a discutir los Compromisos allí presentados siguiendo los nuevos criterios establecidos por las Fichas de Compromisos que la Unidad de Apoyo de AGA había enviado. De hecho, todo el material que desde dicha Unidad se envió al Gobierno de Chile fue compartido para que todos los miembros de la Mesa supieran exactamente todos los nuevos criterios y metodologías establecidas por AGA. Si bien ya existían suﬁcientes Compromisos para establecer un Plan de Acción robusto, se abrió la posibilidad de que desde las instituciones de la Mesa presentaran ideas de Compromisos, siempre y cuando siguieran los criterios y formas que AGA había establecido. Una vez recibidos, se presentaron dichos Compromisos a los Ministerios corres-

pondientes, y se trabajaron en la Mesa. Hubo una serie de ellos que pedían cambios legislativos, y desde la Coordinación de la Mesa (Encabezada por la Comisión de Probidad y Transparencia y la Unidad de Modernización y Gobierno Digital) se estableció y comunicó que dichos compromisos no eran válidos para ser incorporados. El Poder Ejecutivo no se podía comprometer a que ciertos cambios legislativos sucedieran, no está dentro de su ambito de trabajo, pero si se aceptó presentar Compromisos donde el trabajo resultase en una propuesta de cambio de cambio legislativo. Las reuniones de la Mesa durante ese período se intensificaron y se alargaron. Se discutió sobre cada uno de los Compromisos, se cambiaron redacciones, se modificaron Compromisos enteros, se agregaron algunos y se eliminaron otros. Pero todo fue conversado con todos los Miembros de la Mesa. Entre los Compromisos que se agregaron por pedido de las organizaciones de la Sociedad Civil estuvo el de la constitución del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, uno de los compromisos más potentes de todo el Plan de Acción. Finalmente, y gracias al arduo trabajo de todos involucrados, se presentó en Junio de 2014 el Segundo Plan de Acción de Chile para la Alianza para el Gobierno Abierto. En un evento realizado en CEPAL se presentaron uno a uno los 12 Compromisos que finalmente componen este Plan, divididos en los tres pilares de Gobierno Abierto para Chile: 6 Compromisos de “Transparencia”, 2 de “Participación Ciudadana” y 4 de “Modernización”. El Plan de Acción Completo es descargable de la Web de la Alianza de Gobierno Abierto: http://www.opengovpartnership.org/ Con el apoyo de CEPAL todos los miembros de la Mesa fuimos capacitados en la metodología de Matriz de Marco Lógico para establecer colaborativamente los Índices de Seguimiento, más allá de la evaluación que el RIM hiciera. El trabajo de la Mesa fue crucial para que, a pesar del cambio de todos los actores representantes del Gobierno de Chile, se pudiera continuar con el trabajo iniciado en la Presidencia anterior y entregar un Plan de Acción en tiempo y forma. La relación ya creada, y las confianzas establecidas permitieron que las conversaciones se dieran de manera fluida y que los Compromisos fuesen verdaderamente co- creados en su mayoría. Fue también desde la Mesa que se elevó el pedido a la Coordinación de que Chile se presentase como candidato para se Miembro del Steering Committee, cosa que finalmente sucedió. Al momento en que escribo este resumen del trabajo realizado la elección aún no ha sucedido, pero sea cual sea el resultado, nuevamente el trabajo colaborativo ha dado sus resultados en el marco de las políticas de Gobierno Abierto de Chile.

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UNA FÓRMULA DE GOBIERNO ABIERTO

¿DESTELLOS POLÍTICOS O MODELO DE GOBERNANZA INNOVADOR? Carolina Pozo Donoso

Economista, York University, Toronto, Canadá Master en Gestión y Política Pública, Università SDA Bocconi, Milán, Italia Secretaria General de Planiﬁcación y Gobierno Abierto Municipio del Distrito Metropolitano de Quito carolina.pozo.d@gmail.com

En Mayo 2014 inició una nueva administración en el Municipio de Quito. Desde entonces la entidad que lidero, Secretaría General de Planiﬁcación, ha emprendido varias iniciativas de gobierno abierto, entendiéndose a este como un enfoque nuevo al modelo de gobernanza, donde priman los principios de transparencia, colaboración y participación ciudadana. El Municipio de Quito ha implementado varias estrategias, tales como: la plataforma de datos abiertos con más de 350 colecciones de datos (http://datosabierto.quito.gob.ec),la plataforma de gobierno abierto donde se transparenta información clave como el presupuesto municipal en un formato sencillo e interactivo (http://gobiernoabierto.quito.gob.ec), y Mi Ciudad, plataforma de gestión abierta municipal donde se muestra avance de los proyectos y obras en tiempo real (http://miciudad.quito.gob.ec). Asimismo, se organizaron hackatones para innovación cívica y foros de gobierno abierto. Actualmente se busca que las acciones y proyectos sean sostenibles y que se genere la institucionalidad requerida. Esto empezó con la atribución de la competencia a la dependencia responsable y la socialización de los esfuerzos emprendidos a los distintos actores dentro y fuera del Municipio. Para lograr que este modelo funcione bien es importantes reconocer los retos y factores claves de éxito. ¿Es el gobierno abierto una herra-

mienta de moda en la política o una oportunidad de evolución de los gobiernos hacia una verdadera gobernanza innovadora? Para diseñar políticas y estrategias efectivas de gobierno abierto debemos contemplar los siguientes planteamientos: ¿Cómo medir impacto de las estrategias e iniciativas de gobierno abierto? ¿Cómo generamos un mínimo nivel de institucionalidad para garantizar la sostenibilidad de un modelo de gobierno abierto? ¿Cómo promovemos un “mercado” de gobierno abierto, donde exista una auténtica oferta y demanda de transparencia, colaboración y participación ciudadana? Las respuestas para estas preguntas se relacionan a las siguientes reﬂexiones: Una Propuesta de Fórmula La fórmula de los principios fundamentales es: transparencia + colaboración + participación ciudadana = gobierno abierto. Sin embargo, esta fórmula carece de tres variables claves: voluntad política, institucionalidad y capacidad de gestión. La más importante de las tres es la voluntad política, dado que sin esta pieza es prácticamente imposible iniciar un proceso de incorporación de políticas de gobierno abierto. El caso del Gobierno Nacional del Ecuador es un ejemplo de ausencia de voluntad política para aplicar los principios de un gobierno abierto. Bajo este mismo pa-

norama se evidencia que la creación de agendas de gobierno abierto se convierten en espacios de destellos políticos, es decir estas agendas se comunican y no se ejecutan. Vale resaltar que los principios fundamentales, los compromisos e incluso esos destellos son parte clave de la dinámica política y de gestión pública- pero no son suﬁcientes si se busca generar impacto. Es por esta razón que dentro de la fórmula se debe enfocar nuestro debate y trabajo en comprometer a las autoridades políticas a llevar las agendas a la acción. En el caso de la variable de la institucionalidad surge el cuestionamiento de cómo legislamos para garantizar la debida implementación, los recursos, la sostenibilidad y los mecanismos de control social y auditoría de las estrategias de gobierno abierto. Las ordenanzas municipales, las leyes nacionales y la normativa deben apuntar a generar estas garantías. Esta hoja de ruta normativa involucra varias acciones que no siempre son sencillas de implementar, y para esto debemos reconocer las buenas prácticas, ejercer un liderazgo proactivo y sobretodo comenzar a trabajar internamente en nuestros gobiernos. Una vez integradas las dos primeras variables de voluntad política e institucionalidad queda pendiente enfocar nuestros esfuerzos en mejorar la capacidad de gestión, para lo cual es importante empezar “casa adentro”. No

5. podemos impulsar la incorporación de estas variables en la fórmula, desde una estructura gubernamental con funcionarios con poca capacidad de gestión. Requerimos funcionarios con mentes abiertas para fomentar una cultura de gobierno abierto dispuesta a generar las condiciones de institucionalidad y voluntad política que se requiere para que la fórmula funcione. Para esto, debemos invertir en generar espacios abiertos dentro de las oﬁcinas y operaciones: espacios abiertos, diálogo abierto, mecanismos para fomentar la creatividad y el intercambio de conocimientos. La importancia de los principios fundamentales como transparencia, colaboración y participación ciudadana, se deben implementar/democratizar mediante la mejora de capacidades en el personal interno de nuestras instituciones gubernamentales. Los funcionarios de carrera deben conocer el valor de gobierno abierto y el impacto de sus proyectos en la mejora de gestión. De esta manera en el tiempo podremos encontrar funcionarios públicos que lleven adelante las iniciativas y proyectos de gobierno abierto. Existen proyectos de gobierno abierto que han sido mucho más que destellos políticos y que se están replicando en varios países del mundo. Estos tienen una característica que los deﬁne, esto es, son innovadores y de alto impacto. La Variable Clave Ser innovador es la manera en que

identificamos potenciales soluciones que pueden resolver un problema o suplir una necesidad teniendo verdadero impacto. Si logramos integrar mecanismos innovadores de gobierno abierto, podemos diseñar un modelo de gobernanza donde los proyectos de transparencia, participación ciudadana y colaboración sirven para mejorar nuestra gestión como gobiernos generando beneficios directos en la vida de los ciudadanos. Con la incorporación del concepto de innovación en las prácticas de gobierno abierto, garantizamos la generación de evidencias de por qué y para qué sirve incorporar este modelo. Midiendo el impacto de los proyectos de innovación con enfoque de cual es el beneficio al ciudadano, podremos no solo generar mecanismos más prácticos para medir impacto de las iniciativas de gobierno abierto (oferta), sino también que empezaremos a generar mayores incentivos para incrementar la demanda de estos proyectos. Esto implica que debemos superar la tónica de hablar de agendas y de una retórica de moda y convertirnos en agentes de cambio que promuevan la discusión hacia cómo fomentamos mayor compromiso político e invertimos en contar con funcionarios públicos capacitados para implementar agendas de alto impacto en beneficio de nuestras ciudades y países. Un ejemplo de para generar mecanismos colaborativos para tener impacto son los laboratorios de innovación, proyecto el cual el Municipio de Quito está actualmente implementando. Linq (La-

XALAPA

PROGRAMA DE GOBIERNO ABIERTO, EXPERIENCIAS 2014 54

boratorio de Innovación Quito) será el primer espacio en Ecuador para innovar conjuntamente con actores claves, para la co-creación de soluciones de impacto para la ciudad. Linq tendrá tres programas: innovación abierta (retos para solucionar problemas de Quito), talleres de gobierno abierto y una escuela de datos abiertos para ciudadanos y funcionarios. Para garantizar que estos esfuerzos que viabilizan el gobierno abierto debemos pasar a un siguiente nivel, pensando más allá de nuestra administración, aprobando una ordenanza de gobierno abierto que garantice que la “fórmula” se implemente. De esta manera generaremos sostenibilidad de los proyectos de alto impacto y la institucionalidad requerida para adoptar un verdadero gobierno abierto como modelo de gobernanza innovador. Gobierno Abierto= transparencia + colaboración + participación ciudadana Gobierno Abierto como Modelo de Gobernanza Innovador = transparencia + colaboración + participación ciudadana -------------------------------------------------------------------------voluntad política + institucionalidad + capacidad de gestión I* = innovación Nota: Los contenidos de este trabajo son de exclusiva responsabilidad de la autora sin comprometer a la Institución a la que pertenece en la actualidad.

Guillermo Pérez Gallardo

Fellow 2015 del Programa para la Promoción de Gobiernos Abiertos en la Organización de Estados Americanos. Maestro en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Titular de la Unidad de Gobierno Electrónico del Gobierno de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, México

Este proyecto nace de la necesidad de encontrar nuevas formas de acercamiento entre el gobierno y la ciudadanía a través de la conﬁanza mutua generada en la participación activa de los ciudadanos y la apertura del gobierno.

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6. Además, en la actualidad en Xalapa contamos con aproximadamente 44 universidades, de las cuales cerca del 75 por ciento tienen carreras vinculadas con el desarrollo tecnológico o emprendedurismo. La mayor parte de los egresados migran a ciudades como Monterrey, Guadalajara, Distrito Federal y Puebla, debido a la falta de empresas con base tecnológica en nuestra ciudad. Asimismo, faltan espacios y canales de vinculación entre el gobierno y la ciudadanía, en los que se permita participar activamente en las opiniones y decisiones dentro de los órganos de gobierno; lo que hace perder perspectivas nuevas y proyectos que puedan ser detonados por la propia ciudadanía en beneﬁcio de nuestra ciudad. Dentro del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Xalapa 2014 - 2017; en su eje 1, denominado Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno, se señala como Línea Estratégica 1.2: El fortalecimiento de la relación entre ciudadanía y gobierno a través de nuevos canales de participación. Es por ello que, desde el 1 de enero del 2014, iniciamos con la actual administración, y se planteó la necesidad de comenzar a implementar nuevos mecanismos que integren a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, que fomenten su participación y que apoyen la generación de una economía digital en nuestro municipio. Bajo la iniciativa del Presidente Municipal Américo Zúñiga Martínez, en el Departamento de Gobierno Electrónico de la Dirección de Buen Gobierno y Proyectos Especiales, nos dimos a la tarea de iniciar el proceso de Xalapa Abierta, que dio paso a la Política de Datos Abiertos y Gobierno Abierto por parte del H. Ayuntamiento de Xalapa. Nuestro objetivo es encontrar y fomentar nuevos espacios y formas de integración entre el gobierno y la ciudadanía a partir de la transparencia, colaboración y participación ciudadana que apoyen a mejorar la calidad de vida de nuestro municipio. El proceso que llevamos a cabo tuvo como primer paso un censo de datos y bases prioritarias. Mediante el censo de datos y bases prioritarias realizamos un análisis comparativo en el que revisamos, por una parte, portales de Datos Abiertos de distintos gobiernos nacionales y subnacionales; mientras que, por otro lado, también realizamos una investigación sobre la posible localización de información útil en el municipio. A partir de este análisis inicial, se determinaron las áreas prioritarias o las que habrían de generar mayor valor de acuerdo a otras iniciativas similares en distintas latitudes. De esta forma, llegamos a tomar las siguientes acciones: De acuerdo a nuestro primer censo detectamos que varios de los datos prioritarios, se encontraban en resguardo del Gobierno del Estado, por lo tanto, realizamos una solicitud formal por escrito a nombre del Presidente Municipal pidiendo acceso a los conjuntos de datos. Para lograrlo, asistimos personalmente a cada dependencia, en las cuales fue necesario explicar el tema y los objetivos de la Política de Datos Abiertos.

Como estrategia inicial, creamos alianzas con 4 actores clave: Coordinación de Estrategia Digital Nacional: Xalapa fue el primer ayuntamiento piloto de la Red México Abierto. Apoyándonos de su Escuadrón de Datos, logramos abrir 8 conjuntos de datos; dicho equipo nos brindó asesoría y acompañamiento técnico para la “curación” y posterior publicación de los conjuntos de datos en el portal de datos.gob.mx Universidad Veracruzana: La alianza fue establecida a través de la Facultad de Informática y Estadística, que resultó fundamental para la creación y funcionamiento del Comité Técnico Municipal para la liberación de los datos. Maestros y alumnos de dicha facultad se involucraron en el proyecto, lo cual nos permitió contar con un equipo de apoyo para cumplir con los lineamientos y estándares de la Política de Datos Abiertos y del portal oficial de datos.gob.mx Banco Interamericano de Desarrollo: a través de la oficina Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles y la División de Gestión de Conocimiento, nos coordinamos para recibir el apoyo en el programa de las conferencias. Secretaría General Iberoamericana, a través de Ciudadanía 2.0: Integración del proyecto como aporte para la Cumbre Iberoamericana nos brindó asesoría para la elaboración de proyectos de Innovación Ciudadana. Una vez publicados los primeros conjuntos de datos, realizamos el Hackatón Xalapa 2014. Este proyecto fue trabajado con meses de anticipación con el fin de dar a conocer los 8 conjuntos de datos publicados y, a su vez, demostrar que se pueden aprovechar para generar valor e incidir en la mejora de la calidad de vida de nuestra ciudad capital. Además, Xalapa fue el primer municipio del país en integrarse a la política de datos abiertos impulsada por la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, con la publicación de sus primeros data sets en el portal datos.gob.mx/Xalapa Como resultado de nuestra participación dentro de la convocatoria 2014 de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), el H. Ayuntamiento de Xalapa obtuvo el “Premio Nacional al Buen Gobierno” en la categoría Municipio Digital, por haber sido uno de los municipios en fomentar la participación activa de los ciudadanos en iniciativas innovadoras que buscan transformar la realidad social mediante el uso de las tecnologías digitales. El proyecto de Xalapa Gobierno Abierto Primera Etapa genera cambios en varios de los paradigmas que han sido parte de la administración pública durante mucho tiempo. A pesar de los avances que se han realizado en materia de transparencia, en nuestro país sigue existiendo una gran resistencia a compartir información, incluso dentro de las mismos gobiernos, la resistencia se acentúa si la propuesta es ponerlo disponible para cualquier persona en un portal de internet y en formatos abiertos, y es aún mayor si además se va a integrar a la sociedad civil y periodistas a analizar dichos datos. Aunado a ello, la integración de la participación ciudadana y de la colaboración con la sociedad civil y las universidades es una práctica nueva que aprovecha las tecnologías de la

6. información y que abona al cambio de paradigma convirtiéndose en un gobierno abierto. El proceso para la obtención de datos para su publicación tuvo dificultades, de inicio, por falta de disposición de algunas áreas para compartir su información, y, posteriormente, la dificultad fue el proceso de depuración de los datos para ser publicados, debido a que muchos de los data sets tenían muchos errores, sin diccionario de datos y sin semántica estandarizada. Nuestra estrategía fue tener como aliado a nuestro Presidente Municipal. En los momentos donde se detenía el flujo de información, el Alcalde apoyó en todo momento, mediante solicitudes por escrito para facilitar el acceso a datos; incluso de otros órdenes de gobierno, como el Gobierno del Estado de Veracruz. Además, la creación del Escuadrón de Datos Municipales apoyó en la capacidad para procesar y publicar los datos, lo que apoyó a cumplir con los tiempos y expectativas. En el aprovechamiento y reutilización de los datos abiertos, la publicación de datos abiertos por sí sola no garantiza su aprovechamiento, y menos aún la generación de su valor. En la primera publicación, en octubre 2014, nos encontramos con que no se contaba con las habilidades ni con la experiencia en reutilización de datos, y la muestra fue que la mayor parte de los participantes del Hackatón 2014 (el 90%) no utilizaron dichos datos publicados, según identificamos a través de la encuesta de satisfacción final. Entonces, nuestra estrategia fue implementar una etapa de capacitación permanente, para ello, establecimos una alianza con Escuela de Datos para iniciar un proceso de capacitación para reutilización de datos a partir de talleres y cursos que generen las habilidades necesarias para el aprovechamiento y generación de valor de los datos abiertos publicados. A la fecha, llevamos dos talleres, lo que implica un total de 113 personas capacitadas, y en puerta un próximo taller para el mes de agosto. Lo importante es que hemos logrado la generación de una nueva realidad de gobierno abierto en Xalapa, que inte-

gra activamente a sus ciudadanos, colabora con la sociedad civil organizada y con las universidades. Además, desarrolla una transparencia productiva a partir de la publicación de datos abiertos, siendo este el primer Ayuntamiento del país en publicar sus datos en la página oficial de datos abiertos de la Presidencia de la República datos.gob.mx Asimismo, utilizamos herramientas gratuitas en todo nuestro proceso: para la depuración de la información aprovechamos Google Refine, y para la publicación de nuestros datos utilizamos la plataforma nacional datos.gob.mx, así como la herramienta ADELA para el proceso de generación de los catálogos y publicación de diccionarios de datos. Inicio de la segunda etapa Dentro de la segunda etapa, que inició el presente año, se tiene contemplado la creación del Reglamento de Ciudad Abierta del H. Ayuntamiento de Xalapa y de la integración de los principios de Gobierno Abierto en el Bando de Policía y Buen Gobierno; además de la realización del segundo Hackatón Xalapa 2015, y continuar con la publicación de más data sets en el portal de http://datos.gob.mx/xalapa. También, el Hackatón Estatal 2015 que se llevará a cabo con el Gobierno del Estado de Veracruz en nuestro municipio de Xalapa, lo cual esperamos tenga una repercusión aún mayor, debido a que Veracruz cuenta con el Sistema de Educación Superior Tecnológica más grande del país, con un total de 21 Institutos Tecnológicos, 3 Universidades Tecnológicas, 1 Universidad Politécnica y 34 Extensiones. La matrícula total es de 60,863 alumnos, de los cuales 34,630 están becados. Los tecnológicos veracruzanos ganaron, en los últimos 4 años, 123 medallas de primer lugar en concursos internacionales de matemáticas, programación y robótica. Por ello, esperamos sea de un alto impacto y beneficioso para todos los Veracruzanos y en especial para los Xalapeños.

LOS PRIMEROS PASOS DEL GOBIERNO ABIERTO EN NICARAGUA 56

Guillermo Incer Medina

Cientista Político y Fellow de la OEA para el Gobierno Abierto en América Latina.

El movimiento por el Gobierno Abierto en el mundo y en especial en América Latina ciertamente no es más de lo mismo. Las viejas recetas solamente que ahora disfrazadas con un nuevo lenguaje y nuevas terminologías. Al menos para Nicaragua no lo es. La democracia en Nicaragua es débil. Su institucionalidad es débil y también lo es el respeto al marco jurídico, la igualdad ante la ley, las garantías ciudadanas, la transparencia, la ren-

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7. dición de cuentas y la imparcialidad de la justicia. Por tales razones, los derechos de los y las ciudadanas son constantemente violados, los recursos públicos mal utilizados y altos son también los niveles de impunidad. El sistema político está cerrado y no admite la participación abierta e informada de la población. Es un estilo de gobierno corporativo que ha establecido una alianza con el gran capital y la iglesia para asegurar la gobernabilidad del país y que a partir de programas de asistencia social focalizados en los más pobres ha logrado establecerse con una legitimidad prebendaria. El contrapeso a esta hegemonía en teoría deberían ser los partidos políticos de oposición, pero estos son débiles y, aunque fuesen fuertes, en estos momentos no hay garantías de elecciones libres y transparentes en el país para que puedan realmente competir por el poder. Los movimientos sociales en su gran mayoría han sido cooptados o desarticulados, no tienen autonomía y por ende no tienen fuerza. En algún momento las organizaciones no gubernamentales ocuparon este rol, pero no lo pudieron ejercer por mucho tiempo pues nunca lograron superar su dependencia financiera de la cooperación internacional y, en ausencia de ésta, han quedado expuestas y frágiles ante la amenaza del poder político. El único reducto real de contrapeso a los desequilibrios del poder son los ciudadanos y las ciudadanas independientes. Los no afiliados a los partidos políticos tradicionales, los organizados en grupos informales de participación comunitaria o los conscientes de la necesidad de cambio que no necesariamente pertenecen a ninguna comunidad. Para ellos es que la filosofía del Gobierno Abierto y su oleada de creatividad y pensamiento colaborativo aporta luces. Por años, este tipo de ciudadanos intentó alcanzar cambios políticos mediante los espacios y mecanismos formales de participación, pero sus altos costos, débil sostenibilidad y limitado entorno habilitante, hicieron que el impacto de sus esfuerzos fuesen muy discretos. Sí se alcanzaron importantes avances, pero no de manera proporcional a la inversión en tiempo y dinero con los que fueron impulsados. Por tal razón muchos de sus impulsores quedaron frustrados, cansados, descapitalizados y desencantados en el camino. ¿Cómo hacer cosas diferentes decían? ¿Cómo hacerlo con menos recursos económicos? ¿Cómo hacerlo si los canales formales no funcionan, si no hay voluntad política, si no hay espacios de diálogo? ¿Cómo hacerlo si hay temor, desencanto y escepticismo en la población? Las respuestas a estas preguntas están aún en construcción, pero ya están en marcha algunos experimentos que cumplen con los principales preceptos de colaboración, transparencia y participación del Gobierno Abierto. Iniciativas como “100 en un 1 día Managua” (https:// www.facebook.com/100En1DiaMGA), “Managua Furiosa” (https://www.facebook.com/ManaguaFuriosa?fref=photo) o

el “Movimiento Puente” (https://www.facebook.com/movpuente) son ejemplo de este impulso transformador de nuevas formas de participación. Estas iniciativas están en proceso de maduración. Están concentrados en zonas esencialmente urbanas, para poblaciones de estatus económico de renta media y aún no profundizan en la forma de orientar sus acciones hacia la incidencia en políticas públicas, la rendición de cuentas o el control social. Aún no utilizan las aplicaciones tecnológicas para masificar su uso y facilitar su utilización. Tampoco han avanzado hacia la apertura de datos ni el Crowdsourcing. Sin embargo, estas iniciativas constituyen esfuerzos concretos para avanzar hacia el uso de canales alternativos de participación como las redes sociales y la interacción callejera como medios para crear conciencia ciudadana y llamar la atención sobre los problemas públicos del país. Nicaragua, a pesar que cumple con los requisitos para entrar a la Alianza por el Gobierno Abierto, no forma parte de la misma, por tanto no cuenta tampoco con un su respectivo Plan de Acción. Si bien esto hace más difícil el establecimiento del Gobierno Abierto en el país, tampoco se considera un obstáculo para promover iniciativas desde la sociedad civil inspiradas en su filosofía. Hasta ahora, el análisis sobre el tema concluye que existe una necesidad real para “abrir el gobierno” dada la fragilidad del sistema político y los altos niveles de discrecionalidad pública y que existe en el país capital social y humano capaz de asumir el reto de promover una agenda de Gobierno Abierto desde la sociedad civil. Crear e implementar una agenda de Gobierno Abierto desde la Sociedad Civil en Nicaragua es una necesidad no es una moda. Resulta atractiva la idea de poder impulsar procesos de participación y control social desde plataformas más flexibles, colaborativas, creativas, menos controladas y menos costosas. Hasta el momento los esfuerzos son pocos, aún están en período de incubación, no han sido deliberadamente creados bajo la perspectiva del movimiento internacional por el Gobierno Abierto, pero ciertamente están demostrando ser un recurso potente para encontrar respuestas a importantes preguntas sobre cómo influenciar el poder político en un entorno habilitante sumamente hostil para la participación ciudadana autónoma. La experiencia internacional en la materia puede facilitar el arranque y desarrollo de este proceso, no obstante está planteado el desafío de encontrar en el país la forma de instalar el tema en la agenda de la sociedad civil y de la opinión pública para motivar la creación de un movimiento nacional por un Gobierno Abierto. Está todo por hacerse en este sentido en el país en comparación a otros países de la región, por tanto estamos ante una de las oportunidades más grandes y esperanzadoras en los últimos años para avanzar hacia un país más democrático e incluyente. El reto está ahora en saber cómo y con quién conducirlo; lo único cierto hasta ahora es que se sabe el cuándo y ¡el cuándo es ya!

HACIA UN NORTE ABIERTO: UNA PERSPECTIVA CANADIENSE SOBRE EL GOBIERNO ABIERTO Jaimie Boyd

Eeconomista y magister en ciencias políticas (UBC). Se desempeña como analista de políticas en el Gobierno de Canadá. Actualmente participa en el Programa para la Promoción de Gobiernos Abiertos en las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA). @jaimieboyd

Las redes sociales han vuelto a los políticos canadienses más visibles que nunca. Por ejemplo, sabemos que el día en que los parlamentarios se retiraron para el receso de verano a ﬁnales de junio, el Presidente del Tesoro informó sobre la situación de las Maldivas y demostró tener un excelente criterio musical asistiendo a un concierto de Rush. Mientras tanto, en Calgary, el alcalde celebró a su personal municipal, fue a una panadería, y siguió con su misión aparentemente interminable de reunir a los ciudadanos con sus mascotas perdidas por medio de Twitter.

Alianza para el Gobierno Abierto, una asociación de 65 países creada en el 2011 “que busca mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación cívica y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos.” Tiene un buen rendimiento respeto a los indicadores que normalmente asociamos con el Gobierno Abierto (ej., marco jurídico para acceso a la información, declaraciones patrimoniales, rendición de cuentas etcétera). Ha adoptado un ambicioso enfoque transversal para la integración global de su Plan de Acción de Gobierno Abierto.

Ahora que los líderes políticos están adoptando nuevas herramientas para dialogar con los ciudadanos, permitiéndoles participar cada vez más, ¿cuál es el impacto sobre la gobernabilidad? El pronóstico es aún borroso. Canadá ha acogido con entusiasmo las normas de Gobierno Abierto, sobre todo a nivel federal. Pero aún hay mucho por hacer para ampliar el enfoque de Canadá más allá del acceso a la información pública-estatal, incluso a los datos abiertos, y transformar estos cambios en mejoras signiﬁcativas para la relación entre los ciudadanos y el Estado.

Además de estos compromisos relativamente recientes, Canadá tiene desde hace mucho tiempo un alto grado de transparencia legislativa, con registros de votos y transcripciones accesibles en línea. Tiene legislación que regula el acceso a la información que ha estado en vigor desde el 1985 y que es utilizada regularmente por periodistas e investigadores, y rigurosamente respetada por los funcionarios.

La estrategia canadiense para el Gobierno Abierto Canadá es un miembro activo de la

Los programas federales son constantemente evaluados y cada departamento es evaluado exhaustivamente sobre una base anual, cuyos resultados son publicados. Canadá también publica sus Cuentas Públicas de una forma muy detallada, realiza auditorías periódicas y refuerza las políticas

de control y seguimiento a través de la autónoma Oﬁcina Parlamentaria de Presupuesto. En su conjunto, Canadá tiene un marco federal efectivo para el Gobierno Abierto. Un nivel alentador de compromiso también es evidente a lo largo del país. Entre el gobierno federal, las provincias, los territorios y los municipios, Canadá cuenta con más de 50 portales de datos abiertos. La Ley sobre la Transparencia Financiera de las Primeras Naciones de 2013 hizo que las normas de apertura también llegaran en alguna medida a los gobiernos de los pueblos indígenas. A pesar de una variación importante en las capacidades y en los objetivos trazados de los gobiernos dentro del país, todos los niveles de gobierno están trabajando en colaboración para avanzar hacia el Gobierno Abierto, progresando hacia normas comunes. Liderazgo Canadá ha demostrado un liderazgo particular en lo concerniente a datos abiertos. El portal federal de datos abiertos cuenta con más de 200 mil conjuntos de datos. Se reconoce que la mayoría de ellos son geográﬁcos y varían en calidad, pero el gobierno federal ha adoptado un compromiso innegablemente ambicioso con su política de "abierto por defecto," lo

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8. cual implica tener que justificar cuales datos e informaciones no se publican al lugar del revés (ver punto 4.A del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016). Dada esta prioridad, el gobierno federal tuvo el orgullo de participar como coanfitrión en la tercera Conferencia Internacional de Datos Abiertos en Ottawa en mayo del 2015. Gran parte del progreso realizado ha sido impulsado por el gobierno federal y no por una sociedad civil particularmente participativa, como es el caso en muchos otros países de las Américas. No obstante, está emergiendo progresivamente una participación incipiente de la ciudadanía. En 2015, un hackatón nacional de datos abiertos atrajo cerca de 1.300 participantes, aunque no quedan claros los resultados de la participación y si los resultados fueron aprovechados con máxima efectividad. También se han realizado algunas incursiones al crowdsourcing (una colaboración abierta altamente distribuida), por ejemplo en el desarrollo de estrategias para mejorar políticas de finanzas sociales en el Ministerio de Empleo y Desarrollo Social. ¿Una interpretación demasiada estrecha del Gobierno Abierto? Mientras que Canadá se destaca en las políticas de datos abiertos, algunos críticos señalan una relativa falta de progreso en los otros pilares del Gobierno Abierto, es decir, la información abierta y el diálogo abierto. Mantienen que aunque el gobierno actual este liberando cantidades sin precedentes de nuevos conjuntos de datos, también hizo que el censo nacional fuera voluntario, posiblemente soslayando la utilidad de muchos datos esenciales recogidos por la Agencia Nacional de Estadísticas. Además se presentan bastantes proyectos de ley ómnibus que, aunque convenientes, pueden limitar el debate en el Parlamento por integrar decenas de diversas iniciativas legislativas en un solo proyecto de ley.

Existe una cierta validez a la crítica de que Canadá se ha centrado en los datos abiertos dentro de su estrategia de Gobierno Abierto. Sin embargo, muchos de los principios que asociamos con el Gobierno Abierto han sido internalizados por el sector público en Canadá desde hace muchos años ya que fueron entendidos desde un inicio como elementos esenciales de un buen gobierno. Por lo tanto, mientras que no se ven muchas novedades sobre iniciativas de diálogo abierto, Canadá ya cuenta con decenas de consultas en curso. La noticia es ponerle la etiqueta de diálogo abierto a estas iniciativas, lo cual es conceptualmente innovador en Canadá.

razgo en el Gobierno Abierto. Tiene muchas ventajas para canalizar el entusiasmo en torno a la innovación de políticas y el buen gobierno hacia una estrategia de Gobierno Abierto más ambiciosa, con un diálogo abierto y sostenido con los ciudadanos. Tenemos las ventajas de tener instituciones sólidas, una economía próspera, y funcionarios públicos altamente capaces, profesionales e independientes. También tenemos determinación. El momento es propicio para girar hacia un enfoque más amplio del Gobierno Abierto.

Oportunidad de lograr mayores metas Tal vez la mayor particularidad en la estrategia canadiense de Gobierno Abierto es que muchas de las actividades que podríamos asociar con otros líderes mundiales de Gobierno Abierto se están realizando pero bajo otras etiquetas o nombres. Por ejemplo, los funcionarios canadienses han acogido con entusiasmo la innovación de políticas. A nivel federal, existe un comité de Viceministros dedicado al tema, un Centro de Innovación y una campaña consagrada (#Weareinnovative) a la modernización de la función pública dirigida por la más alta dirección ejecutiva de la función pública. El Gobierno de Ontario, la provincia más poblada de Canadá, organiza una conferencia anual sobre el tema. En Canadá, la innovación de políticas implica el uso de herramientas de la economía del comportamiento, el pensamiento de diseño, pruebas A/B, análisis de datos incluso de Big Data (megadatos), y en general, las nuevas estrategias para mejorar la participación ciudadana y el desarrollo de políticas. Suele destacar que estas herramientas se parecen mucho a las del diálogo abierto. Dadas las fortalezas descritas anteriormente, Canadá tiene una gran oportunidad para consolidar su lide-

HACIA UN ESTADO ABIERTO EN COSTA RICA Maikol Porras Morales

(985. Administrador Público por la Universidad de Costa Rica. Ex-coordinador de Gobierno Abierto en Costa Rica de noviembre de 2012 a mayo de 2014. Co-fundador y Director de Proyectos en la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta, ACCESA. Maikol Porras Morales - @maikolporras maikolp@gmail.com

Contexto: Una institucionalidad fuerte pero obsoleta, un marco legal robusto y una participación ciudadana débil. El aparato gubernamental costarricense, con un fuerte institucionalismo y centralización a partir de la fundación de la segunda república en 1949, se enfrenta en la actualidad al desafío de modernizar sus estructuras que en muchos casos han quedado obsoletas y que no logran acoplarse a las nuevas dinámicas en la sociedad de la información y el conocimiento. Más aún, las crecientes exigencias y demandas ciudadanas ameritan que las entidades públicas manejen una comunicación ﬂuida y multidireccional, generen espacios para el trabajo colaborativo, fomenten la participación ciudadana en los procesos de formulación de políticas públicas y no solo en la evaluación de las mismas, y utilicen las tecnologías de información y comunicación como medios para acercar su gestión a las personas, entre otros aspectos. Por su parte, existe un marco legal robusto base para el Gobierno Abierto; por ejemplo, el precepto de participación está establecido en el artículo 9 de la Constitución Política y en el artículo 5 del Código Municipal; en cuanto a acceso a información aunque no existe una ley propia en la materia, el derecho está resguardado por la Constitución Política en su artículo 30 y la Ley del Sistema Nacional de Archivos que en su artículo 10 incluye el principio general de libre acceso a todos los documentos de naturaleza pública; sobre mecanismos de rendición de cuentas está el artículo constitucional 11, que señala: “La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas”, y hay variada regulación sobre la presentación de informes de resultados por parte de las autoridades gubernamentales. Asimismo, hay legislación conexa que puede ser utilizada para apalancar el trabajo en materia de apertura; entre otras: Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley de Regulación del Derecho de Petición, Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios.

Por otra parte, en la sociedad costarricense existe una tendencia al individualismo y una limitada participación ciudadana; esta realidad la señaló el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2013 donde indicó “en Costa Rica prevalece una conducta apática respecto de la participación en organizaciones civiles” y sentenció “un nivel bajo de participación limita la existencia de una sociedad civil dinámica y propositiva”. Lo anterior contrasta con lo expuesto por el Programa Estado de la Nación en su informe número 20 al señalar “hoy existe mayor escrutinio ciudadano sobre la función pública y una sociedad que demanda más y mejores explicaciones de las instituciones democráticas, lo que abona a la deliberación política y fortalece el control social sobre el Estado”. En síntesis, la evidencia parece indicar que en el país la sociedad civil exige rendición de cuentas por parte del Estado pero a la vez persiste la resistencia ciudadana a participar en movimientos sociales que podrían incidir proactivamente en fomentar la apertura gubernamental al trabajar junto a las instituciones en la co-creación de valor público, es decir, no solo utilizar la protesta y la movilización social, sino también aportar en la búsqueda de soluciones a las problemáticas nacionales. El Gobierno Abierto en Costa Rica. En enero del 2012 Costa Rica se adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP por sus siglas en inglés), iniciativa multilateral que busca que los países ﬁrmen la Declaración de Gobierno Abierto en la que se comprometen a “aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales, apoyar la participación ciudadana, aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos sus gobiernos y aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas”. En ese momento, la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, nombró al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como representante político y diplomático ante el órgano multilateral y a la Secretaría Técnica de Gobierno Digital como responsable del seguimiento de la

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9. participación del país en la iniciativa y la conducción e implementación de los compromisos correspondientes. Es relevante mencionar que la decisión de formar parte de OGP se fundamentó en la línea estratégica de “Modernización del Estado” del Plan Nacional de Desarrollo 20112014 que indicaba: “se requiere hacer cada vez más eficiente y eficaz todo el sector público para articular acuerdos y tomar decisiones de manera oportuna y fomentar una participación cada vez mayor de la ciudadanía en la solución de los problemas nacionales, mediante la construcción de agendas de desarrollo basadas en el diálogo y la integración”. Una vez asumida la incorporación del país a OGP, se construyó el primer plan de acción de gobierno abierto de Costa Rica, cuyo periodo de implementación fue del 1 de julio del 2013 al 30 de junio del 2014 e incluyó 23 compromisos. Uno de los primeros pasos que el país dio fue implementar un portal de datos abiertos y publicar a través de él conjuntos de datos de 20 instituciones gubernamentales de todos los niveles de gobierno (municipalidades, ministerios, Poder Judicial, e instituciones autónomas), sin embargo dicha apertura no se basó en una política articulada en la materia. También hubo iniciativas destacadas como el Índice de Transparencia de las Instituciones Públicas liderado por la Defensoría de los Habitantes y la herramienta de apertura del presupuesto basada en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos de la Contraloría General de la República. Resulta importante acotar que en el periodo enero 2012 a mayo 2014 el involucramiento de la sociedad civil es catalogado como limitado por el informe de evaluación del Mecanismo de Revisión Independiente de OGP; incluso, en este mismo reporte se menciona la necesidad de que los compromisos que se asuman en materia de gobierno abierto sean más relevantes y no se basen únicamente en plataformas o proyectos de gobierno electrónico. A partir del 8 de mayo del 2014, producto del cambio de gobierno tras las elecciones presidenciales de febrero y abril del mismo año, la iniciativa de gobierno abierto fue asumida por el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano y se estableció el pilar de “un gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal contra la corrupción” en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Es destacable que Costa Rica para obtener el apoyo político del más alto nivel y con base en las mejores prácticas internacionales ha emitido dos decretos ejecutivos cuyo principal objetivo es la institucionalización y sostenibilidad de la iniciativa de gobierno abierto en el país. El más reciente es el Decreto Ejecutivo N° 38994-MP-PLAN-MICITT de “Fomento del Gobierno Abierto en la Administración Pública y Creación de la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto” (publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 91 del 13 de mayo del 2015).

Considerando lo establecido en este decreto y de acuerdo a la planiﬁcación indicada por la Alianza para el Gobierno Abierto, el país se encuentra a partir del segundo semestre del 2015 en el proceso de co-creación del segundo plan de acción de gobierno abierto, articulando la consulta ciudadana desde sociedad civil con base en la iniciativa Yo Soy Gobierno Abierto, y revisando las propuestas de compromisos de sociedad civil y de instituciones públicas en el marco de la conformación de la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto. Hacia un Estado Abierto en Costa Rica Al igual que sucede en la mayoría de los países miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto, en Costa Rica gran parte de los proyectos que se están implementando son responsabilidad del Poder Ejecutivo, lo cual representa un enorme reto: hacer que las reformas de gobierno abierto sean políticas de Estado, es decir que todos los poderes de la república y el ámbito subnacional (gobiernos locales) adopten prácticas e iniciativas hacia una mayor transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y colaboración cívica. A manera de resumen es importante reseñar algunas oportunidades que se están presentando para avanzar hacia un Estado Abierto en Costa Rica: • La presentación de resultados, a inicios de julio de 2015, del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativo aplicado en Costa Rica y cuyas recomendaciones fueron acogidas por las autoridades de la Asamblea Legislativa. El estudio sienta las bases para un trabajo conjunto entre este poder de la república y seis organizaciones de la sociedad civil que buscan impulsar la apertura legislativa. • El Poder Judicial está trabajando en dos líneas de acción: una política institucional de participación ciudadana y un plan piloto de gobierno judicial abierto. Estas iniciativas cuentan con el apoyo e impulso de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. • Algunos gobiernos locales han comenzado proactivamente a establecer portales de datos abiertos, entre ellos el caso de la Municipalidad de Heredia y la Municipalidad de Palmares. Estos proyectos pueden servir de ejemplo para incentivar a las demás municipalidades del país y mucho más aprovechando el proceso electoral de autoridades locales de febrero del 2016. • La articulación de esfuerzos por parte de organizaciones y colectivos de sociedad civil que realizan proyectos que buscan la aplicación de los principios de gobierno abierto en el país. El impulso en Costa Rica de iniciativas articuladas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana recién inicia y para consolidar la ruta trazada es imperioso entender el Gobierno Abierto como un proceso que implica un cambio cultural y actitudinal y que se basa en una nueva forma de relación entre el aparato gubernamental y la sociedad.

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PROYECTO FELLOWSHIP OEA: JUSTICIA ABIERTA Mariana Gatti Font

Asesora Jurídica del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, Uruguay @ MGattiFont Maikol Porras Morales - @maikolporras

A nivel mundial las iniciativas de gobierno abierto están tomando cada vez más relevancia; ejemplo de ello es el número de países, 65 a la fecha, que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), organismo multilateral que ha servido para impulsar desde la administración pública y la sociedad civil una serie de reformas con base en los principios de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Sin embargo, la tendencia ha sido que la mayoría de reformas que se alcanzan y los compromisos que se asumen son por parte de las administraciones centrales, poderes ejecutivos y legislativos (aunque estos en menor medida), con lo cual existe un enorme reto: hacer que las políticas de gobierno abierto sean políticas de Estado, es decir que todos los poderes de la república y los ámbitos subnacionales, adopten prácticas y proyectos hacia una mayor transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los países. Adicionalmente hay una particularidad importante, aunque no se puede negar que los principios de gobierno abierto deben aplicarse en todo el Estado, existen factores legales, estructurales y culturales que implican diferenciar la implementación de proyectos de gobierno abierto según el poder de la república con el que se está trabajando. Específicamente, los Poderes Judiciales de América tienen pendientes importantes y retos para involucrarse en el movimiento mundial para el fomento de iniciativas de Gobierno Abierto; mucho más considerando que la legitimidad y confianza en este poder se ha visto afectado en los últimos años por actos de corrupción y tráfico de influencias, problemas con el precepto de “justicia pronta y cumplida” y la independencia de sus criterios y acciones, entre otros. Con base en lo anterior y en el marco del Programa de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la promoción de Gobiernos Abiertos en las Américas (#FellowshipOEA) se plantea el proyecto “Justicia Abierta” que busca atender la problemática de la limitada y desarticulada aplicación de los principios de gobierno abierto en el ámbito de los Poderes Judiciales de América.

Así, el proyecto pretende avanzar en un marco teórico y propositivo que permita sentar las bases para la implementación de políticas de Gobierno Abierto en los Poderes Judiciales de América, atendiendo las necesidades y particularidades de usuarios internos (cortes supremas, magistrados, jueces, ﬁscales, funcionarios judiciales, etc.) y externos (personas usuarias de los servicios, operadores de justicia -abogados-, gremios -asociaciones de jueces, facultades universitarias, periodistas-, y ciudadanos, etc.). Como primer resultado se busca dar respuesta a la pregunta ¿cómo entender los principios de Gobierno Abierto en el ámbito de los Poderes Judiciales?, mediante una aproximación teórica y conceptual. A través de entrevistas, encuestas y revisión bibliográﬁca se construirá una guía para la elaboración de políticas de Justicia Abierta, que irá acompañada de un manual de buenas prácticas y experiencias en la materia. Además, se planea implementar un plan piloto para lograr: • Un pronunciamiento de “Justicia Abierta” por parte de los Poderes Judiciales de América y/o de organismos multilaterales con capacidad de incidir en las políticas internas de los países mostrando la importancia del tema. • Aplicar estándares para encontrar y acceder más fácilmente información y datos sobre la administración de justicia en los países (con las particularidades de cada uno). • Plantear mecanismos de participación ciudadana y colaboración cívica en el ámbito Judicial de los países de América. Como se mencionó, el proyecto forma parte del Fellowship de la OEA y los resultados serán presentados en la Cumbre Mundial de la Alianza para el Gobierno Abierto a realizar en México los días 27, 28 y 29 de octubre próximo. Publicado en: http://yogobierno.org/fellowshipoea-justiciaabierta/

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GOVERNO ABERTO: UM NOVO PARADIGMA NA RELAÇÃO ESTADO-SOCIEDADE?1 Ana Clara Ferrari

Pós Graduanda em Gestão Pública (FESPSP) e Bacharel em Comunicação com ênfase em Cultura e Política (FACAMP).

Laila Bellix

Mestre em Integração da América Latina, Professora Ma. De Políticas Públicas na Faculdade Paulista de Serviço Social.

Introdução O cenário político atual tem se tornado um laboratório para análise dos fenômenos de contestação pela sociedade e das respostas adotadas pelo Estado. Há elementos explicativos que permitem refletir sobre as mudanças que esses movimentos contemporâneos têm trazido à forma de contestação por parte da sociedade civil. Da mesma forma em que há de se atentar às mudanças na forma como as agendas contestatórias da sociedade civil emergem, é igualmente fundamental observar de que maneira os Estados têm respondido e estruturado novas formas de se realizar a gestão das políticas públicas. Por esse motivo, o estudo tem por objetivo debater os limites e os descompassos da relação Estado e sociedade e, a partir das experiências consolidadas de governo aberto, apresentar as condições infra e superestruturais colocadas para que a prática de “abertura de governo” torne-se permanente e consolide-se em um novo paradigma da gestão pública. Esse estudo busca explicitar como os movimentos contemporâneos representam um novo modo de compreensão da ação política, de modo a exigir transformações na relação Estado e sociedade. Também, lança luz sobre as possíveis agendas a serem fortalecidas pelo Estado, principalmente na consolidação de processos de abertura política e da ampliação de sua esfera à participação, transparência e inovação tecnológica. Por fim, conclui-se que a agenda política de abertura do governo pode ser um novo paradigma na relação Estado sociedade, na medida em que aumenta as esferas de convergência da atuação de ambos, fortalecendo as relações democráticas. 1. Movimentos contemporâneos: novo modus operandi da ação política e o descompasso estatal Para compreender a agenda política atual dos governos, é necessário identificar a caracterização do descompasso entre as instituições estatais e as contestações civis. De um lado, temos os movimentos contemporâneos que elaboram agendas mais complexas, contraditórias e paradoxais em relação ao atual estágio de permeabilidade estatal no recebimento e assimilação dessas demandas. Portanto, não se trata de “novos movimentos” no que diz respeito ao caráter substancial das pautas, elas permanecem apoiadas nas mesmas reivindicações históricas de uma sociedade de classes. As últimas experiências internacionais de contestações sociais

e as brasileiras, principalmente a partir de junho de 2013, têm demonstrado que a crescente consolidação da cultura digital e convergente e o uso de novas ferramentas resultam em um novo modus operandi da ação política. “Estão falando de uma mudança no papel do público no processo político, aproximando o mundo do discurso político das experiências de vida dos cidadãos; estão falando em mudar a maneira como as pessoas pensam sobre comunidade e poder, para que sejam capazes de mobilizar a inteligência coletiva e transformar o governo; e estão falando em substituir o conceito do cidadão individualmente informado pelo conceito cooperativo do cidadão monitor.” ( JENKINS, 2009: p. 287) Do outro lado, temos um Estado calcado em estruturas administrativas e políticas que não correspondem mais aos anseios dos movimentos contemporâneos. Nesse cenário, as mudanças exigem a renovação do Estado no seu modo de agir politicamente - que tem origem na cultura participativa e interativa estimulada pelo novo contexto das relações sociais contemporâneas. É importante destacar, então, que há um deslocamento nos lócus de se atuar no espaço público, aliado à necessidade de renovação na forma de governar e de relacionamento entre Estado e sociedade. Convivemos, assim, com as sequelas do desmonte da capacidade de intervenção do Estado em conjunto com a nova cultura política e o papel da tecnologia da informação e comunicação - que permitiu a inserção da sociedade civil e militantes individuais no processo político. As experiências recentes demonstram que as respostas imediatas encontradas pelos governos para crises pontuais de legitimidade passam pelo menos por um (ou mais) desses três eixos: transparência, participação e accountability. O anseio por essas pautas norteia as agendas colocadas tanto pelos “novos” movimentos quanto pelos tradicionais. Nesse sentido, o que esses eixos colocam de desaﬁo ao Estado é exatamente a transformação da gestão pública e o estabelecimento de uma nova relação com a sociedade, sendo parte (e não o ﬁm) da resposta conjunta para a voz das ruas - que não quer apenas ouvir uma decisão do governo sobre uma pauta, mas ser parte da decisão sobre ela. 2. Governo Aberto: processos de fortalecimento do Estado e

11. de sua relação com a sociedade Um arranjo que busca mudança de valores, procedimentos e dogmas dos governos: governo aberto - e suas ações concretas no fortalecimento da participação social, transparência, inovação tecnológica e integridade - representa uma agenda política de fortalecimento do Estado e de transformação da sua relação com a sociedade. Essa agenda fora potencializada no âmbito internacional, por parcerias1 e pactos compreendem o governo aberto como uma estratégia de articular: inovação tecnológica, participação social, transparência e integridade pública. É importante ressaltar que o governo aberto propõe a ação articulada e conjunta desses eixos de modo que ao incentivar qualquer um deles, é possível ativar toda a cadeia. 2 Se, por um lado, os três primeiros eixos são parte de lacunas históricas da formação política brasileira, a inovação tecnológica vem para ser o elo condutor que vai dar condições de oferecer as respostas no tempo e na interação que o novo modus operandi da ação política da sociedade exige. Inovação tecnológica, em governo aberto, não é só a adoção de ferramentas, mas também o espaço de mobilização da inteligência coletiva e da cultura participativa e colaborativa trazendo para dentro da gestão pública uma nova lógica de funcionamento. Destarte, ao articular os eixos de transparência, participação, integridade e inovação tecnológica, o governo aberto oferece as condições para superar os limites dos arranjos institucionais e instaurar a zona de confluência entre poder público e contestadores sociais. Essa zona de confluência consiste, fundamentalmente, no aumento da permeabilidade do Estado em direção às demandas da sociedade contemporânea - visto que a própria sociedade já criou mecanismos para esta zona “de diálogo e participação”, mas esbarra nas portas fechadas da instituição limitada. No caso do Brasil, a prática de governo aberto pode funcionar como uma ponte catalisadora - uma forma de “atalho histórico” - da experiência do cidadão com as instituições democráticas e, consequentemente, o aumento do fortalecimento da democracia estatal e sua legitimidade civil. Figura 1 - Zona de Confluência proporcionada pelo governo aberto

Nessa perspectiva, a aproximação entre as esferas se dá, sobretudo, pela democratização do processo decisório, formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas, redução da assimetria de informações, metodologias colaborativas para resolução de problemas e o fomento ao desenvolvimento de novas tecnologias para a cidadania. Concretamente, a agenda de governo aberto possibilita: i) a criação de espaços e canais de participação social; ii) uso e desen-

volvimento de ferramentas virtuais de interação, priorização e votação on line; ii) a disponibilização de dados de forma ativa e passiva; iii) processos de prevenção e combate à corrupção, sobretudo por mecanismos de controle social. Assim, o governo aberto tem seu alcance ampliado, justamente, por potencializar a atuação do Governo, Sociedade Civil e militantes individuais, incentivando a forma colaborativa, em formatos não institucionalizados de interação. Conclusões À medida que o governo avança nas práticas de “abertura”, é possível notar que a permeabilidade do Estado aumenta e passa a romper os limites institucionais e a ressonância das contestações sociais, por sua vez, também ganha fluidez em direção ao aparato institucional. Isso demonstra que a agenda de governo aberto está em voga pela sociedade nos seus processos reivindicatórios. Porém, o Estado - ao não aplicar governo aberto como agenda permanente e articulada - ainda se vê refém de crises cíclicas de legitimidade e perda de espaço, pois não consegue articular e formatar estruturas objetivas e subjetivas que assimilem o grau de desenvolvimento da cultura participativa dos atores. Sendo assim, se faz urgente compreender a aplicação da agenda de governo aberto, não apenas como respostas pontuais, mas como práticas de mudanças estruturais e permanentes na relação entre Estado e sociedade. Referências 1 Ana Clara Ferrari, Pós Graduanda em Gestão Pública (FESPSP) e Bacharel em Comunicação com ênfase em Cultura e Política (FACAMP); Laila Bellix, Mestre em Integração da América Latina, Professora Ma. De Políticas Públicas na Faculdade Paulista de Serviço Social 2 A parceria de maior destaque é a Open Government Partneship (OGP), estabelecida em 2011 da qual o Brasil foi um dos fundadores. 3 Neves (2013) avalia que uma série de mudanças, como a Lei Complementar 101 e Lei de Acesso à Informação podem ser consideradas marcos para as políticas de governo aberto no Brasil (NEVES, 2013). Importante destacar, também, a institucionalização de novos espaços participativos, sobretudo no governo Lula. Bibliografia JENKINS, H. Cultura da Convergência. 2 ed. São Paulo: Aleph, 2009. NEVES, Otávio Moreira de Castro. Evolução das políticas de governo aberto no Brasil. In: CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, Brasília. Anais do V Congresso Consad de Gestão Pública, Brasília: Consad, 2013. RAMINELLI, F. P. Do governo eletrônico ao governo aberto: a utilização dos sites de redes sociais pelo e-gov brasileiro na efetivação da democracia participativa. In: CONPEDI. (Org.). Direito e novas tecnologias. 1ed.Florianópolis: CONPEDI, 2014, v. 1, p. 255-281. RAMÍREZ- ALUJAS,A. Gobierno abierto es la respuesta:¿Cuál era la pregunta?. In: Revista Más Poder Local,Nº 12, Especial Redes Sociales y Gobernanza, 2012. Disponível em: http://www.maspoderlocal.es/files/articu los/92XF50524f44921347571524XarticuloX1.pdf. Acesso em: 02/04/2015. OLIVERIO,M. Governo aberto como ferramenta de comunicação entre o governo e o cidadão. In: XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Recife, PE. 2011. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/ papers/nacionais/2011/resumos/R6-2725-1.pdf. Acesso em: 12/02/2015.

Sección Estudiantes

1. WOLKOVIC

2. Zaccato

De amores y derechos. La ley de matrimonio igualitario en la voz de las organizaciones sociales.

Pensando el problema de la inmigración ilegal hacia Europa desde la perspectiva ampliada de la Seguritización

3. gioffreda

4. tolosa

La influencia del Soft Power en los años sesenta: La ruptura del status quo por la vía cultural

El liberalismo hobbesiano

5. azarian

6. lacroix eussler

Políticas de vida. Resistencias de los carreros de la cooperativa La Esperanza a la gestión neoliberal de la basura en Córdoba

¿Qué hacen los medios con la gente? De la aguja hipodérmica al two-stepflow cibernético

7. TRUCHET

8. REINGOLD

La reinvención populista en Latinoamérica: Tecnología de la comunicación y desintermediación en el ejercicio de liderazgos

Shir LaShalom: ¿Una canción para la Paz? Contexto y Consecuencias del Asesinato de Itzjak Rabin en la Consolidación de la Democracia en Israel y Palestina

DE AMORES Y DERECHOS LA LEY DE MATRIMONIO IGUALITARIO EN LA VOZ DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Leandro Wolkovic

Estudiante de Ciencia Política. Universidad Nacional del Litoral leandro.wolko@gmail.com

La madrugada del 15 de julio de 2010, después de una maratónica sesión, la Cámara de Senadores sancionó la ley 26.618, y Argentina se convirtió en el décimo país del mundo en permitir que las parejas conformadas por personas del mismo sexo se unieran en matrimonio. A cinco años de su aprobación, tres fenómenos nos permiten aseverar que esta ley, también llamada de matrimonio igualitario, desencadenó un proceso de transformaciones sociales y políticas cuyas consecuencias trascendieron lo meramente jurídico. En primer lugar, estimuló una formidable producción discursiva en torno al status jurídico, social y político de las identidades no heterosexuales en nuestro país, vehiculizada sobre todo por los medios de comunicación. En segundo lugar, las organizaciones de la sociedad civil (incluida la Iglesia) jugaron un papel muy importante, elaborando argumentos y estrategias que sustentaran su postura en pos de la aprobación o del rechazo de la ley. Y tercero, un factor institucional: las audiencias públicas propuestas por el Congreso en diversos puntos de la Argentina hicieron posible que el debate parlamentario se federalizara, y obligaron a los legisladores/as a tomar nota de las distintas voces en pugna. En este artículo nos dedicaremos a analizar algunos de los hitos que marcaron el trayecto hacia la ley de matrimonio igualitario, haciendo especial énfasis en las técnicas argumentativas empleadas por las organizaciones sociales, en su afán de convencer a la opinión pública de la necesidad de reconocer esa ampliación de derechos. Crónica de un conflicto Desde la apertura democrática de 1983, luego de décadas de exclusión y violencia, surgieron en nuestro país las primeras organizaciones de gays y lesbianas. Este hecho fue fundamental como motor de la lucha contra la discriminación; como dijera Robert Michels (1969), “la organización es el arma de los débiles en su lucha contra

los fuertes”. Estas organizaciones articularon reclamos de la más diversa índole, que iban desde reclamos en contra de la represión policial, hasta demandas de carácter jurídico como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Luego de años sin siquiera ser discutida, en el 2009 la ley de Matrimonio entre personas del mismo sexo es tratada en comisiones parlamentarias, paso necesario para luego ser discutida por cada una de las cámaras. Los dos bloques mayoritarios, el Frente para la Victoria y la UCR, otorgaron “libertad de acción” a sus legisladores/as, por lo que este debate dividió transversalmente al Congreso de la Nación. Del lado de quienes se oponían, encontramos a distintos sectores de corte conservador, entre los que se destaca la Iglesia Católica. Muchos legisladores adversos al matrimonio igualitario reconocían, sin embargo, la necesidad de regularizar la situación de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, proponiendo la sanción de una ley de Uniones Civiles, con un status diferenciado y menos completo que el del matrimonio. Entre los sectores favorables a la ley 26.618, encontramos a los partidos de centroizquierda (como el Partido Socialista), cuyos bloques votaron unánimemente apoyando al matrimonio entre personas del mismo sexo. Otro pilar fundamental fue la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (en adelante, FALGBT). La misma concentraba el trabajo de diversas organizaciones de la diversidad sexual a lo largo del país, y fue quien coordinó la campaña a favor de la aprobación del matrimonio igualitario. ¿En qué consistió esta campaña? En gran medida, se trataba de elaborar un discurso que diera a conocer los aspectos más importantes del proyecto de ley, intentando suscitar el apoyo de la ciudadanía, a la vez que respondía a los argumentos de quienes se oponían al

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1. mismo. Entre sus acciones más destacadas, podemos mencionar una serie de videos, difundidos a través de internet y televisión, en los cuales numerosos y destacados referentes de la cultura y el espectáculo (como Norma Aleandro, Ricardo Darín, etc.) demostraban su apoyo al matrimonio igualitario. A continuación nos referiremos con más detenimiento a esta estrategia comunicacional. Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad: la estrategia argumentativa de las organizaciones sociales “El mismo amor, los mismos derechos, con los mismos nombres”. Esta consigna ha sido enarbolada por los representantes de las organizaciones LGBT hasta transformarse en un emblema de la lucha por la ampliación de derechos. La misma habría de servir como idea reguladora de todos los discursos pronunciados a favor del matrimonio igualitario, ya sea en declaraciones, entrevistas, artículos o hasta en folletos. Como hemos dicho, formó parte de una estrategia de la FALGBT orientada a ganarse el apoyo de la opinión pública. Si nos dedicamos a analizar los procesos ocultos detrás de la pretensión de convencer a un colectivo de sujetos de adquirir cierta postura, la Nueva Retórica de Chaïm Perelman nos brinda herramientas de gran utilidad. “Adaptarse al auditorio”, ese es el único consejo de orden general que nuestro autor se permite dar a quien pretende embarcarse en la tarea de argumentar. El auditorio es definido como “el conjunto de aquellos sobre los cuales el orador quiere influir con su argumentación” (Perelman 1997: 34). Nótese que aquí la expresión orador se usa en sentido figurado, designando simplemente a quien argumenta. ¿Qué pasos debe seguir, entonces, el orador para convencer a su auditorio? Debe escoger “como punto de partida de su razonamiento […] tesis admitidas por aquellos a quienes se dirige”. El fin de la argumentación, entonces, es “transferir a las conclusiones la adhesión concedida a las premisas” (op. cit.: 43). Identificaremos ahora estas categorías teóricas en nuestro caso de estudio. El lugar del orador es, sin duda, ocupado por las organizaciones de la diversidad sexual. Ahora bien, ¿cómo está conformado el auditorio al que éstas se dirigen? A nuestro criterio, se trata, nada más y nada menos, que del conjunto de la ciudadanía argentina, compuesto de forma muy heterogénea: individuos de diversas edades, ideologías, procedencias sociales. Previamente establecimos que el orador ha de tomar como punto de partida aquello que ya cuenta con la adhesión del auditorio ¿Pero existe alguna idea capaz de despertar la simpatía de todo un auditorio cuando el mismo está compuesto de modo tan complejo?

Perelman (op. cit.: 49) advierte: existen valores que podríamos calificar de universales, que sean susceptibles de ser aceptados por todos/as; pero sólo en la medida en que éstos permanezcan indeterminados. El bien, la justicia, la verdad… el amor. Aquí aparece revelada la estrategia de las organizaciones civiles: ¿quién sería capaz de oponerse al amor? Éste constituye, pues, el punto de partida de la argumentación. Para abordar las demás instancias del razonamiento argumentativo, analizaremos algunos fragmentos del artículo de Bruno Bimbi que citamos anteriormente: “Lo que importa es que existimos, que somos tan humanos como los demás, que nuestro amor es igual de hermoso, que nuestros proyectos de vida son tan valiosos como los de cualquiera […] Lo demás -los derechos patrimoniales, los beneficios sociales, las convenciones jurídicas con las que el Estado protege a las familias que las personas construyen- no tiene nada de natural. El matrimonio es un contrato. Y nosotros y nosotras queremos poder celebrarlo con los mismos derechos. Y con el mismo nombre. […] Cuando nos casamos, queremos que se llame matrimonio. […] Queremos celebrarlo como cualquiera”. En esta breve cita, la estrategia argumentativa se vuelve evidente. La intención es clara: se pretende transformar la adhesión a la idea de amor en adhesión a la ley 26618. Además, aparece otra idea contundente que adquiere un valor argumentativo: la noción de igualdad. Desde la FALGBT, parece declararse “nosotros sentimos amor, y nuestro amor es igual que el de cualquiera. Por eso queremos que el estado nos reconozca los mismos derechos, sin distinción alguna”. En suma, el amor y la igualdad son las dos ideas-fuerza enarboladas por las organizaciones de la diversidad sexual en su defensa de la ley de matrimonio igualitario. Los resultados saltan a la vista: Argentina es, hoy en día, vanguardia mundial en materia de derechos para la población LGBT. Y, en esa lucha, la argumentación y la estrategia discursiva fueron herramientas imprescindibles. Visto esto, y parafraseando a Robert Michels, estamos en condiciones de afirmar: la argumentación, también, es un arma de los débiles en su lucha contra los fuertes.

Bibliografía Perelman, Chaïm (1997) El imperio retórico. Retórica y argumentación. Santa Fe de Bogotá, Norma. Michels, Robert (1969) Los partidos políticos. Buenos Aires, Amorrortu.

PENSANDO EL PROBLEMA DE LA INMIGRACION ILEGAL HACIA EUROPA DESDE LA PERSPECTIVA AMPLIADA DE LA SEGURITIZACIÓN Carolina Zaccato

Estudiante de Relaciones Internacionales, Universidad de San Andrés czaccato@udesa.edu.ar

El pasado 19 de abril, un barco pesquero naufragó a solo 120 millas de la costa sur de la isla italiana Lampedusa. Lamentablemente, más de 700 inmigrantes de Siria, Afganistán y África Sub-Sahariana murieron. “Es una de las peores tragedias en los últimos veinte años”, repiten sin cesar los europeos. Una tragedia que se agrava si consideramos las más de 1700 personas que han muerto desde enero de este año intentando cruzar el Mediterráneo de manera ilegal en busca de asilo político y mejores condiciones de vida. La inmigración ilegal es un problema colectivo que debe ser enfrentado por un conjunto de países nucleados bajo ese organismo supranacional, sui generis, que es la Unión Europea. ¿Desde qué perspectiva deben los europeos “atacar” la “amenaza” de la inmigración ilegal?, ¿qué proporción de los costos debe afrontar cada país?, ¿es esto un problema europeo o es un problema de los estados cercanos a las zonas de conflicto, como lo son Italia y Grecia? Analizemos estas preguntas desde la perspectiva de la seguridad internacional. Por un lado, el abordaje clásico de los estudios de seguridad, pone el foco en la amenaza, uso y control de la fuerza militar. Para esta perspectiva, los estudios de seguridad internacional analizan “las condiciones que hacen más probable el uso de la fuerza, y los modos en que este uso de la fuerza afectarán a los individuos, las sociedades y los estados; y qué políticas deberían adoptar los estados para prepararse para, prevenir o involucrarse en una guerra” (Walt, 1991: 212). Por el otro lado, la perspectiva de la seguritización propone la expansión de la agenda más allá del uso de la fuerza militar, hacia nuevos temas (broadening) y nuevos actores (extending) (Caldwell y Williams, 2012). Aquí lo importante es evaluar si es una buena idea hacer de

un asunto un tema de seguridad secreto o si conviene aproximarse a ese problema desde el enfoque político usual (abriendo el tema al debate público). También es vital aquí que haya una audiencia que esté dispuesta aceptar este discurso seguritizador y el secretismo que ello conlleva (Buzan, Waever y Wilde, 1998). Pasemos a analizar el caso seleccionado: el problema de la inmigración ilegal hacia la Unión Europea. Desde una perspectiva clásica de los estudios de seguridad, la respuesta ante esta amenaza debe provenir del uso de la fuerza armada. Esto es básicamente lo que ha venido haciendo Europa: patrullar las costas europeas del Mediterráneo, para hundir cualquier barco que “contrabandee” inmigrantes ilegales. De hecho, este es el mandato de la operación Tritón, que se enfoca en disuadir a los barcos que transportan inmigrantes pero no de rescatar a aquellos que arriesgan su vida al cruzar el Mediterráneo en condiciones paupérrimas (Giuffré y Costello, 2015). Con este enfoque, Tritón reemplaza a su antecesora, Mare Nostrum, la cual, lanzada por Italia en 2013, no sólo apuntaba a impedir que los barcos de los contrabandistas llegasen a suelo europeo, sino que también rescataba a las personas que viajaban en ellos: se calcula que 140.000 personas fueron rescatadas por esta operación (Haddad, 2015). Este enfoque clásico es también el que parece observarse en la reunión de jefes de estado de la Unión Europea en Bruselas, tan solo cuatro días después del hundimiento del barco pesquero de Lampedusa. Allí, el foco estuvo puesto en medidas de control fronterizo (Martín, 2015), y aunque los líderes europeos sostenían que la prioridad era salvar vidas, la mayor parte de las medidas adoptadas apuntaban hacia un entendimiento clásico (y, con ello, militar) de la seguridad. Entre estas medidas, destacan la identificación, captura y destruc-

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2. ción de los navíos antes de que los usen los traficantes; y la adopción de un programa de expulsiones rápidas coordinado a nivel de los 28 países del bloque. En esta perspectiva, toda la culpa (y la fuente de inseguridad) recae sobre los traficantes de personas, a quien el presidente Hollande calificó como “terroristas” que ponen a las personas en “barcos podridos” (Haddad, 2015). El énfasis siguió poniéndose en la disuasión y el enforcement de las medidas contra la inmigración ilegal. Cabe resaltar que el ACNUR calificó el plan europeo como teniendo un “enfoque minimalista” y pidió que se considerara el problema desde una perspectiva más amplia, abriendo canales legales de inmigración (Martín, 2015). Ahora bien, desde la perspectiva de la seguritización, primero debemos preguntarnos cuál es la amenaza a la que estamos respondiendo: ¿son simplemente los contrabandistas de inmigrantes que transportan a la gente en condiciones inhumanas con serios riesgos para su vida?, ¿es el constante aluvión inmigratorio proveniente desde Siria, Afganistán, y África Subsahariana, que usa la colapsada estructura estatal Libia como “resorte” para cruzar el mar Mediterráneo, y cuyo peso recae casi exclusivamente en países como Italia y Grecia?, ¿es la situación de inestabilidad en el Medio Oriente, especialmente en zonas controladas por el Estado Islámico, que fuerza la inmigración y a la vez amenaza la seguridad europea? Asimismo, debemos replantear el objeto amenazado: ¿qué es lo que está en juego? ¿es la seguridad nacional europea, entendida en términos clásicos? ¿es la capacidad de infraestructura estatal de países como Italia y Grecia que no pueden dar asilo a tanta gente? ¿es la misma identidad europea la que está en juego, al aceptar en su territorio no a miles sino a millones de nuevos habitantes, provenientes del Medio Oriente y de África Subsahariana? Pensemos por un momento que el objeto amenazado es una extraña conjugación de los factores recién mencionados: amenazan los contrabandistas que llevan barcos pesqueros atestados de gente hacia Europa, amenazan esas mismas personas que llegan de a millares hacia estados que tampoco gozan de las mejores condiciones económicas (i.e. Grecia e Italia), las trágicas muertes de los migrantes representan una amenaza al concepto de “seguridad humana”, y también influye un poco (¿bastante?) el hecho de que, si bien la Unión Europea dice fundarse en la diversidad, se busca que sea una diversidad exclusivamente europea. Con todos estos factores sobre la mesa, ¿qué puede hacerse? Primero, debe reconocerse que este no es un problema exclusivamente de aquellos estados que tienen costas en el Mediterráneo sino de la Unión Europea en

su conjunto debe contribuir a la solución, especialmente desde el lado financiero. Segundo, la Unión Europea debe diseñar una política de asilo político, superando las actuales limitaciones de Dublín II, y pensar, como sostiene Mogherini -Alta Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea- “una verdadera política inmigratoria”. Esta política debería enfrentar de manera conjunta el problema de la inmigración, estableciendo cuotas migratorias en cada uno de los 28 países de la Unión, y elevando la ratio de aceptación de refugiados, que actualmente, representa sólo el 1% de los inmigrantes no europeos (Haddad, 2015). Sería útil combinar una nueva Política Común de Seguridad y Defensa Europea con una nueva Política Inmigratoria europea. Concluyendo, como vimos, una visión clásica de la seguridad internacional apunta hacia la eliminación de la amenaza de los traficantes de inmigrantes, y, para ello, propone reforzar el patrullaje en las costas europeas del Mediterráneo. En cambio, la perspectiva de seguritización define la amenaza en términos más amplios, incluyendo no solo a los traficantes, sino también las consideraciones sobre cómo prevenir que esas personas mueran en el camino y cómo debe lidiarse conjuntamente con la gran cantidad de inmigrantes que llegan a Europa. No olvidemos que la Unión Europea también ha construido su identidad en torno al respeto a los Derechos Humanos, libertad de movimiento, inclusión y protección de refugiados (Mainwaring, 2015).

Bibliografía y fuentes Buzan, B. and L. Hansen, The Evolution of International Security Studies, New York: Cambridge University Press, 2009, cap. 1, pp. 8-20. Buzan, B., O. Waever, J. de Wilde, Security A New Framework for Analysis, Boulder, Colorado: Lynne Reinner Publishers, 1998. Introducción y cap. 2, 8 y 9, pp. 1 - 20, 21 - 47, 163 – 193, y 195 – 213. Caldwell, D. y R. Williams Jr., Seeking Security in an Unsecure World, NY: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 2012, Cap. 1 “The Meaning of Security Today”, pp. 1-21. Giuffré, M. y C. Costello, “Crocodile tears: tragedy and responsibility in the Mediterranean”, Open Democracy, 2015. Haddad, B., “Europe passes the buck while thousand die”, Foreign Policy, 27/4/2015. Mainwaring, C., “Mourning the Mediterranean dead and locking up survivors”, Open Democracy, 2015. Martín, I., “Europa expulsará a la mayoría de quienes crucen el Mediterráneo”, Clarín, 29/4/2015. Martín, I., “El utópico plan europeo para destruir los barcos de los inmigrantes”, Clarín, 29/4/2015. Walt, S., “The Renaissance of Security Studies”, International Studies Quarterly, vol. 35, n. 2, 1991 (June), pp. 211-239.

LA INFLUENCIA DEL SOFT POWER EN LOS AÑOS SESENTA LA RUPTURA DEL STATUS QUO POR LA VÍA CULTURAL Camilo Gioﬀreda

Estudiante de la licenciatura en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires camilogioffreda@hotmail.com

En el marco teórico de las relaciones internacionales, utilizamos el término Soft Power para dar cuenta de la capacidad que tiene un actor político para incidir en las acciones, intereses o decisiones de otros actores valiéndose de medios culturales e ideológicos. Este artículo se propone analizar algunos aspectos que el Soft Power ha dado lugar en los movimientos de protesta y contracultura durante la década de los años sesenta, evidentemente influenciados por la música del rock y los nuevos medios masivos de comunicación. Este es un periodo en donde el mundo de la televisión comenzaba a inaugurar su presencia en los hogares de las sociedades modernas. Ello ha marcado la apertura de lo que muchos autores denominan “democracia de audiencias”. Es allí donde advertimos el fenómeno del público en masa premiando o condenando los actos políticos. Derivando por ello, un voto reactivo que se manifiesta según las imágenes que promueven los medios. Asimismo, en esos años, el mundo del rock había comenzado a captar la atención de toda una nueva generación de jóvenes. Un júbilo que despertaba el éxtasis emocional y social que, poco a poco, fue desplazando al jazz y se manifestaba en forma de contracultura. Brotaba, en aquellos jóvenes, un optimismo singular en donde se sentían atrapados por aquel vértice de rebelión internacional. Una de las grandes inspiraciones internacionales en aras de la revolución se vislumbraba en Vietnam. El mundo, con incrédula mirada, advertía cómo un pequeño país del sudeste asiático ponía en jaque al colosal y destructivo ejército de Estados Unidos que, a su vez, estaban envueltos en senderos de junglas y arrozales. El heroísmo y la tragedia de los vietnamitas emocionaron y movilizaron a la izquierda occidental anglosajona, dando lugar a una multiplicidad de revueltas sociales y culturales

en el interior del territorio estadounidense. Consecuentemente, tales movimientos terminarían repercutiendo en todo el continente. Lo curioso es que, durante el conflicto de Vietnam, la mayoría de las canciones que sonaban, representaban una enérgica protesta contra la guerra. Por primera vez en la historia, la propaganda musical de una guerra estaba en contra de la misma, y los soldados comprendían y se identificaban con esos mensajes antibélicos, quizás para sentirse más cerca de casa. La música funcionó en este conflicto como una evidente vía de escape para el soldado, un efímero refugio en medio del infierno. Al principio de la década de los sesenta, Vietnam no era más que una lejana escaramuza, pero cantautores como Bob Dylan y demás émulos ya profetizaban tiempos convulsos con canciones como A Hard Rain’s A-Gonna Fall y describían el sentimiento de abandono del soldado en álbumes como Masters of War. Ahora bien, la Guerra de Vietnam no es únicamente significante por el rol que ocupó la música del rock y los movimientos de protesta. Más aun, representa uno de los primeros conflictos bélicos en donde el mundo pudo advertir, con total libertad, la transmisión del conflicto de una manera casi inédita. Golpeaban en los televisores de cada hogar las imágenes de niños corriendo por las calles de Hanói, civiles y soldados heridos e incluso la misma selva vietnamita completamente arrasada a razón de las armas químicas. Así pues, al creer en la realidad social construida a partir de un medio masivo de comunicación, estamos aceptando, a su vez, una realidad naturalizada. La nueva generación de jóvenes, en su enérgico rechazo a la guerra, aseguró que era un conflicto absurdo que debía finalizar pero ¿hubiese existido tal rechazo de no haber sido transmitida la guerra por televisión? Con todo, la televisión no siempre ha adoptado el mismo

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3. rol durante los conflictos armados. A modo de ilustración, en 1991, durante la guerra entre Irak y Kuwait, los bombardeos eran transmitidos en occidente a partir de las 19 horas. De este modo, la sociedad podría ver la guerra en vivo una vez concluida su jornada laboral. Esta transmisión daba lugar a una nueva forma de producir la realidad social. Pues, en este caso, los bombardeos eran transmitidos sobre la noche estrellada, dando lugar a las imágenes similares que se aprecian en un espectáculo de fuegos artificiales. El Soft Power, una forma de poder que no utiliza la coerción física, puede condicionar la conducta e intereses de los hombres. La década de los años sesenta ilustra perfectamente tal fenómeno, en donde la televisión y la música han influenciado en el desarrollo una gran multiplicidad de mo-

vimientos contraculturales cuyos principales abanderados fueron, principalmente, los jóvenes de la nueva generación.

Bibliografía Friedman, Daniel y Álvarez Emiliano: Algunas notas sobre los medios de comunicación, Buenos Aires: Gran Aldea Editores, 2009. Hobsbawn, Eric: Años interesantes. Una vida en el Siglo XX, Barcelona: Crítica, 2003. Cap. 15. Kalpschtrej, Karina Alejandra: De desnaturalizaciones varias y equívocos muchos: ahora la cultura, Buenos Aires: Gran Aldea Editores, 2009. Manin, Bernard: Los principios del gobierno representativo, Madrid: Alianza, 1998. Cap. 6.

EL LIBERALISMO HOBBESIANO Gabriel Ernesto Tolosa

Estudiante Cs. Políticas en Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Gabrielernestotolosa@gmail.com

Cuando Hobbes utiliza el término SOCIETAS CIVILIS, acogiendo el concepto de POLÍTICA de Aristóteles, refiere convenientemente al ámbito de la política, la cual se comprende a partir de la oposición al ámbito de la no-política del OIKOS. Puesto que la sociedad civil produce la creación de relaciones propiamente políticas entre los sujetos, las cuales pueden ser profundamente desiguales, pero en las que, por decirlo como Hegel, el reconocimiento no puede ser usurpado. A partir de esta idea que lleva adelante la separación de lo público y lo privado, procede una jerarquización de los fines de la existencia humana. La filosofía política moderna hereda del pensamiento antiguo y medieval la convicción de la preponderancia de la ciudad, respecto a los fines a los que sirve, sobre la existencia privada, infra – política, de los individuos. A pesar de su supuesta lealtad al léxico que la tradición aristotélica había esbozado sobre la cuestión de la convivencia, el pensamiento moderno rechaza en general el principio enunciado en el primer libro de la POLÍTICA: el carácter natural de la POLIS; natural en el sentido aristotélico, es decir, ante todo, desde el punto de vista de la finalidad. Renuncia a conferir a lo político una anterioridad lógica. Pero no solo en este punto se distancia explícita y formalmente de la filosofía antigua. Su idea del Estado se construye contra la concepción aristotélica de la POLIS y sus presupuestos ontológicos y epistemológicos.

Fue Hobbes quien por primera vez cuestionó de manera general el marco conceptual en que anteriormente había sido pensada la SOCIETAS CIVILIS. Hace del individuo el presupuesto del orden jurídico y político; dicho individuo es ideado como una entidad conferida por naturaleza de determinadas propiedades fundadoras de derechos subjetivos. Esta inversión de la subordinación tradicional del individuo a la comunidad política supone una mutación epistemológica y acarrea dos consecuencias muy significantes: indiferencia normativa, por una parte, y ¨homo homini lupus¨ por otra. La transformación epistemológica atañe al conocimiento de la naturaleza y más exactamente al estatuto de la causalidad. Aristóteles y, tras él, la física y el derecho natural medieval, confieren una prerrogativa irrefutable a la finalidad. Contrariamente, la ¨nueva ciencia¨, y la nueva filosofía que emerge de su influjo, van a llevar adelante la tarea de eliminar sistemáticamente de la explicación de la naturaleza esas ficciones de los hombres que son las causas finales. Hobbes fue el primero en extraer las consecuencias jurídicopolíticas al establecer que las propiedades de ese individuo compuesto y artificial que constituye el cuerpo político deben ser deducidas de la naturaleza psico-física y ética del individuo humano. Una vez que rechaza el principio de la sociabilidad natural o condición natural del hombre, el estado de naturaleza

4. posee una doble característica. En primer lugar, es una situación de indiferencia normativa, pues ahí el único límite de la acción de los individuos es el poder de que disponen. En segundo lugar -este deriva del precedente-, el estado de naturaleza es una situación de enfrentamiento; en virtud de las propiedades de la naturaleza humana, es una guerra de todos contra todos y de cada uno contra cada uno1. Bajo la concepción de la sociedad civil de Hobbes, el derecho, bajo las especies de la ley civil, se identifica con las órdenes del soberano y contra las cuales no es legítimo invocar ni la ley natural ni un derecho consuetudinario. Los derechos de los sujetos son aquellos que define, concede o presupone la ley civil. Al ser absoluto por naturaleza el poder del soberano, ningún dominio puede sustraerse a su acción. Ahora bien, realmente la cuestión es un poco más compleja. Es cierto que la argumentación de Hobbes no distingue la esfera de derecho público de la de derecho privado. Tal distinción sería impropia ya que toda orden del soberano tiene carácter plenamente jurídico cualquiera sea su objeto. Sin embargo, existen dos puntos en la argumentación hobbesiana que son indicadores que no es ajena a su propósito la definición de un dominio jurídico que escaparía a la influencia de lo político. El primero: existen derechos naturales subjetivos inalienables, de los que es analíticamente imposible que un individuo apto para el cálculo racional quisiera desprenderse, como el derecho a resistir a quienes usan la violencia en su contra. Evidentemente eso es verdad en un estado de naturaleza. Pero también es válido cuando se trata de una violencia legítima. Así, las obligaciones que nacen de las órdenes del soberano tienen fuerza normativa porque se fundan en un acto primero de autorización que define estrictamente ¨nuestras obligaciones y nuestra libertad¨2. El poder es absoluto, pero la obligación política no carece de límites. El segundo punto atañe a la relación entre propiedad y poder, es decir, entre los dos significados fundamentales de la noción clásica de dominium. Hobbes conserva en términos generales la noción recibida: no establece una distinción esencial entre propiedades de cosas y poder sobre los hombres; ni distingue, a diferencia de Aristóteles, entre poder doméstico y poder político. Rechaza todo fundamento natural de la propiedad, es una institución de derecho positivo. Tiene origen exclusivo en el poder del soberano, y la ley civil es la única regla de los mío y lo tuyo. Pero al momento que considera a la propiedad como algo que emana del poder político ya no puede ser pensado en términos de propiedad. Podría pensarse que la filosofía política de Hobbes ofrece una primera enunciación del problema que la teoría hegeliana de la bürgerliche Gesellschfat pretende solucionar. Las relaciones son sociales en el sentido que el lenguaje de Hegel concede a dicho término cuando se articulan en dos espacios: la economía y el derecho. Para ser absolutamente inteligible, la doctrina hegeliana requiere ciertas precisiones. En primer lugar, la sociedad civil, es decir, el espacio de las interacciones socio-económicas jurídicamente reguladas, no

es ajena al espacio estatal o político. No sorprende que la sociedad civil hegeliana herede alguno de los rasgos característicos del estado de naturaleza hobbesiano. Sin embargo, la formación de la esfera política en su figura terminada -el Estado moderno- presupone el conjunto de las relaciones entre los individuos y, finalmente, entre la conciencia subjetiva y el ser social objetivo que se establece en el seno de la sociedad civil: lo social se torna en Hegel la mediación que presupone lo político. Conforme la sociedad civil ocupa en la doctrina hegeliana una posición análoga a la del estado de naturaleza en Hobbes, ya no puede ser ni histórica, ni lógicamente primera: en Hegel, el estado de naturaleza o lo que hace sus veces, es un producto de la historia y reconoce aquello de lo que es la negación: el orden político. Con anterioridad a la noción hegeliana de la bürgerliche Gesellschfat, Hobbes deduce del concepto del poder soberano la posibilidad de un espacio de interacciones no políticas que serían reguladas jurídicamente. Igualmente y de forma explícita lo hará Hegel, rechazando la utopía liberal de una sociedad de mercado donde la existencia del Estado es residual. Pero una bifurcación esencial aparece entonces. Hegel rechaza los elementos teóricos sobre los que se funda la construcción hobbesiana de lo político – estado de naturaleza y contrato – para convertirlos en características del sistema de relaciones no-políticas que él denomina sociedad civil. Por tanto, si se admite que la crítica hegeliana al contractualismo no está solamente dirigida a Rousseau, sino también a la construcción conceptual elaborada por Hobbes, se puede llegar a una conclusión: aun cuando se dirige a maniobrar una fundación irrefutable del Estado, la doctrina de Hobbes aboca a la subordinación de la esfera pública a esquemas de comprensión característicos del derecho privado y contribuye a una relativización de lo político. Leído desde Hegel, Hobbes aparece como Leo Strauss lo presenta en su obra: uno de los precursores del liberalismo.

Referencias 1 Leviatan, cap. XIII; De Cive, cap. I. 2 Leviatan, cap. XXI. Hobbes agrega: ¨nadie soporte (…) ninguna obligación que no emane de un acto que él mismo ha establecido, pues por naturaleza todos los hombres son igualmente libres¨. Bibliografía Bobbio, Norberto. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, 1987, Fondo de Cultura Económica, México. Bourgeois, Bernard. El pensamiento político de Hegel, 1972, Amorrortu Editores, Buenos Aires. Hobbes, Thomas. Leviatan o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil, Alianza Editorial, 2009, Madrid. Hobbes, Thomas. De cive: elementos filosóficos sobre el ciudadano, Alianza Editorial, 2010, Madrid. Strauss, Leo. La filosofía política de Hobbes, Fondo de Cultura Económica, 2006, Buenos Aires.

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POLÍTICAS DE VIDA RESISTENCIAS DE LOS CARREROS DE LA COOPERATIVA LA ESPERANZA A LA GESTIÓN NEOLIBERAL DE LA BASURA EN CÓRDOBA Fidel Azarian

Estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencia Política (Universidad Católica de Córdoba) y de la carrera de Abogacía (Universidad Nacional de Córdoba). Colectivo de investigación El llano en llamas (UCC-UNC). fidelazarian_iu@hotmail.com

Introducción El programa neoliberal implementado en la Argentina durante la década del noventa incidió decisivamente en la consolidación de un modelo concentrado en lo económico y excluyente en lo social, funcional a la acumulación y reproducción del capital a favor de un número acotado de grandes actores económicos (Azpiazu y Basualdo, 2004). Las privatizaciones, la flexibilización y precarización laboral y el saneamiento fiscal, fueron todos instrumentos que respondieron a la necesidad de ampliar la racionalidad de mercado, y los criterios de decisión implicados en ella, a ámbitos que no eran ni exclusiva ni predominantemente económicos (De la Vega, 2008). El ejemplo típico fue la privatización de los servicios públicos, aquellos que por ser de utilidad pública estuvieron a cargo del Estado durante casi todo el siglo XX. La ampliación de la racionalidad de mercado no significó otra cosa que lograr el menor costo posible para la prestación de determinado nivel de servicios. Si hacemos un breve recorrido por la historia reciente del servicio de recolección de residuos domiciliarios en Córdoba, nos encontramos con que ya en 1986 el grupo Roggio obtuvo la licitación para la recolección en la ciudad. La empresa “Cliba”, perteneciente a ese grupo económico, mantuvo la titularidad de la prestación del servicio hasta el año 2008, cuando se crea y pone en funcionamiento la empresa estatal “CReSE”. Cabe aclarar que en esa época, las relaciones sociales de fuerza favorecían al gremio de empleados municipales, que se había reestructurado y actuaba como punto de apoyo de la gestión municipal 2003-2007, incidiendo notoriamente en las decisiones de gobierno. Pero en el año 2012, en medio de una reconfiguración del escenario político, el servicio vuelve a manos privadas y quedan como concesionarias la empresa Logística Urbana (LUSA) y Cotreco, mientras que la empresa POL S.R.L se hace cargo de la recolección en los predios autorizados por

la municipalidad para tirar la basura (y Cotreco también en algunas áreas de la ciudad). Observamos entonces que la nueva gestión municipal asumió que la forma más eficiente de prestar el servicio de recolección de residuos domiciliarios es a través de empresas privadas. El argumento a favor de la competitividad lo pronuncia el intendente el mismo día de la adjudicación a las empresas privadas: “vamos a dividir en dos a la ciudad y queremos que las empresas compitan entre sí para que se mejore la calidad del servicio" (Cristino, 2012). Estas adjudicaciones han sido denunciadas por la cooperativa de carreros y recicladores urbanos La Esperanza como “negocios” que tiene la municipalidad con las empresas privadas. De hecho, durante el debate por la privatización del servicio, la cooperativa La Esperanza -asociación que nuclea alrededor de 700 carreros cordobeses-presentó al gobierno un proyecto de gestión de residuos alternativa basada en la formación de un circuito de reciclaje, con participación de los carreros (Ross, 2013). La lucha de los carreros de la cooperativa La Esperanza La cooperativa de carreros y recicladores La Esperanza nace hacia fines del 2010 con múltiples reclamos: puestos de trabajo, reconocimiento como trabajadores formales, políticas de protección para los caballos, creación de una planta de reciclado, proyectos de educación popular, entre otros. La lucha de La Esperanza emerge en una coyuntura política neoliberal donde las políticas públicas hacia los recuperadores de residuos empujan a esta población a la desprotección, al abandono y a la criminalidad. El trabajo con residuos en la calle reconoce variadas manifestaciones: cartoneros, carreros, cirujas, entre otros. Cabe hacer lugar a las diferencias porque a la hora de proponer soluciones a las demandas planteadas por el sector, el Estado responde ignorando las particularidades que presenta cada caso. Así es como desde la Cooperativa La Esperan-

5. za se diferencian de los cartoneros aduciendo que ellos no se dedican principalmente a la recolección de cartón sino que trabajan con poda y escombros, rechazando la propuesta del gobierno municipal en el sentido de reemplazar los caballos por una motocarga y prohibir la tracción a sangre. Los carreros de la Cooperativa La Esperanza constituyen un eslabón muy importante en la gestión de residuos sólidos urbanos. Le prestan un servicio a la municipalidad que consiste en la recuperación de residuos domiciliarios, traslado de poda y escombros hacia los predios autorizados, y por último, limpieza y control de los basurales y espacios públicos. Según informa la cooperativa en una publicación de su página de Facebook del 27 de enero del presente año, el convenio que los carreros tienen con la municipalidad es por 135 becas de trabajo de 2400 pesos cada una, “dinero que no llega a cubrir el sueldo mínimo vital y móvil, por lo que cada carrero además, debe realizar changas para sumar a sus ingresos”. Por otra parte, las condiciones de vida de los carreros se encuentran amenazadas por el proyecto de Código de Convivencia Municipal que envió el intendente al Concejo Deliberante a fines del 2014. En el art. 228 del Código se prevén multas para quienes contraten con carreros para recolección de poda o escombros. Esta medida se sumaría a otra forma de violencia estatal que se ejerce actualmente contra los carreros cuando estos están realizando su trabajo: son interceptados por la policía, incluso a veces detenidos y judicializados. Reflexiones finales Lo que está en juego en caso de que se apruebe el proyecto de ley que prohíbe la contratación con carreros es el trabajo y el alimento que éstos y sus familias necesitan para subsistir. Debería resultar al menos paradójico que las condiciones de vida de los carreros sean tan precarias, ya que ellos juegan un papel fundamental en el circuito de recolección y recuperación de la basura, actividad que genera una enorme rentabilidad para los empresarios. En términos de Foucault (2008), vivimos en sociedades “biopolíticas” atravesadas por múltiples relaciones de poder, donde los cuerpos se distribuyen diferencialmente en una jerarquía de valor y utilidad. Creemos que la gestión neoliberal de las poblaciones implica la producción de vidas residuales, precarizadas y desechables, convertidas en blanco de violencia, persecución, eliminación o simple abandono (Giorgi y Rodríguez, 2007). El neoliberalismo ha desarrollado mecanismos de regulación social que producen un campo de diferenciaciones entre vidas merecedoras de cuidado y protección, y vidas opacas al orden jurídico de la comunidad. Pero esas mismas vidas menospreciadas se repliegan sobre sí mismas y ponen en juego su creatividad en prácticas capaces de transformar ese poder que oprime los cuerpos en una política ya no sobre la vida, sino de la vida (Espósito, 2011).

“La cooperativa viene trabajando desde hace tres años para la creación de una planta de reciclado (…) TRATAR DE CREAR UNA PLANTA DE RECICLADO PARA QUE MUCHOS DE ESOS COMPAÑEROS QUE ESTÁN ANDANDO EN CABALLOS Y CARROS PUEDAN DEJAR DE UTILIZARLOS PARA PODER EMPEZAR A SER RECICLADORES” (Ignacio Andrés, abogado de la Cooperativa La Esperanza, “Informe Carreros”). “Hace unos días recordábamos la primera marcha de la Cooperativa: octubre de 2010 frente a plaza de las Américas, 32 carros, varios reclamos: uno de ellos era una ESCUELA CARRERA donde se enseñara a leer y escribir, a sumar y restar, pero también oficios varios, y los niños aprendieran a hacer herraduras y calzar una yegua, a brindarle cuidados veterinarios, a seleccionar y reciclar los diversos materiales, etc.” (publicación en la página de Facebook de la cooperativa,13 de febrero de 2015). “Estamos sosteniendo COMEDORES NOCTURNOS en varios de los barrios en los que está la Cooperativa, esos son trabajados por mujeres, hombres, niños y niñas, por todos los que entendemos lo que es el dolor de la panza cuando está llena de hambre” (publicación en la página de Facebook de la cooperativa, 13 de febrero de 2015). La lucha que lleva adelante la cooperativa La Esperanza es por más y mejores becas, por una gestión de la basura ecológicamente sustentable de la cual los carreros puedan formar parte, por un proyecto de educación popular para las familias carreras, por políticas públicas que favorezcan el cuidado y la salud de los caballos, etc.; el trasfondo de todas esas disputas es un conflicto vital. Nuestra tesis es que los carreros están generando desde la cooperativa La Esperanza nuevas formas de subjetividad y nos proponen una forma de organizar la vida en comunidad alternativa al régimen neoliberal.

Bibliografía AZPIAZU, D.; BASUALDO, E. (2004) “Las privatizaciones en la Argentina. Génesis, desarrollo y principales impactos estructurales. En FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/ flacso/azpiazu.pdf COOPERATIVA LA ESPERANZA (2014/2015) “Página de Facebook” Disponible en: https://www.facebook.com/cooperativa. laesperanza.3?fref=ts CRISTINO, P. (2012) “Recolección de basura: Mestre quiere que las empresas adjudicadas compitan entre sí". Disponible en: http://www. cadena3.com/contenido/2012/02/26/92852.asp. DE LA VEGA, C. (2008) “La inmediatez de las luchas sociales en

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5. América latina: ¿Insuficiencia o estrategia?” En Studia Politicae N° 15. Córdoba, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba. Invierno 2008. ESPOSITO, R. (2011) Bios. Biopolítica y Filosofía. Buenos Aires: Amorrortu. FOUCAULT, M (2008) Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber. Siglo veintiuno editores: Buenos Aires. GIORGI, G. y RODRIGUEZ, F. (2007) “Prólogo”. En GIORGI, G.; RO-

DRIGUEZ, F. (Compiladores) Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida. Buenos Aires: Paidós. LI GAMBI, F. y MUSSOTO, M (2014) “Informe carreros”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LIUXB6oTAtg ROSS, L. (2013) “Una polémica que cuelga sus estribos”. Disponible en http://ecoscordoba.com.ar/una-polemica-que-cuelga-sus-estribos/

¿QUÉ HACEN LOS MEDIOS CON LA GENTE? DE LA AGUJA HIPODÉRMICA AL TWO-STEP-FLOW DIGITAL Santiago Thomas Lacroix Eussler

Estudiante Cs. Políticas en Universidad de San Andrés slacroixeussler@udesa.edu.ar

En estos últimos años se ha visto en algunos países latinoamericanos una intensa discusión acerca de la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre la sociedad. Este tema fue estudiado desde principios del siglo pasado y numerosos trabajos han demostrado la posible –y escasa– influencia que los medios pueden llegar a ejercer en las personas. Teniendo en cuenta investigaciones más actuales, dicha influencia incluso disminuye al aumentar la disponibilidad tecnológica. En el período de entreguerras surge el modelo de “la aguja hipodérmica”, reflotado en varios círculos políticos y sociales de la actualidad latinoamericana. En esta teoría, la comunicación masiva se consideraba sumamente poderosa y capaz de moldear la opinión pública, a fin de que ésta adopte casi cualquier punto de vista que el comunicador se propusiera. Sostenía que había un efecto directo y efectivo entre el medio de comunicación emisor y el receptor del mensaje. Este medio transmitía el contenido, que llegaba intacto a la audiencia y ejercía una influencia inmediata –generalmente negativa– sobre ella (DeFleur & Ball-Rokeach, 1989; Rendón, 2007). La masa es influenciada por los medios, provocando seres vulnerables a la manipulación de los medios, cosa amenazante para la democracia (Butsch, 2008). El problema de esta visión es que toma a la audiencia como acrítica y manipulable, sin tener en cuenta muchos otros factores que inciden en la recepción y comprensión de la información. Hacia mediados de siglo, la “aguja hipodérmica” dejó de tener tanta presencia, en gran parte debido al desarrollo

de métodos cuantitativos de investigación que no condujeron a los resultados que esta teoría proponía (Wu et. al., 2011). Con los hallazgos de Lazarsfeld y sus asociados a mediados de siglo, se abandonó esta concepción original del poderío de los medios y se enfocó en la identificación de los procesos de influencia personal, dando pie al surgimiento del enfoque de los efectos limitados de los medios y, posteriormente, de usos y gratificaciones, con la capacidad de los miembros de la audiencia de utilizar los medios a su conveniencia para la satisfacción de sus necesidades de información, entretenimiento y relaciones. (Rendón, 2004). Ya en 1932 se descubrió la particular importancia de la “identificación con el grupo” debido a los experimentos Hawthorne (Mayo, 1993). Sobre esta idea desarrollaron su investigación Katz y Lazarfeld (1955), que sostienen que lo que más influencia el comportamiento de las personas son, sin duda, las opiniones y actitudes del grupo de relaciones primario. Los medios sí parecen ejercer cierta influencia sobre los líderes de opinión. Allí es donde surge el proceso de comunicación al que estos autores llaman “two-stepflow communication”, que sostiene que las ideas fluyen de un medio de comunicación a líderes de opinión y, de estos últimos, a las demás personas. Un líder de opinión puede ser cualquier miembro del grupo que juegue un papel importante en la comunicación. Así, la comunicación interpersonal puede coincidir con los mensajes de los medios (en cuyo caso se da la “función refuerzo”) o contrarrestar el mensaje de éstos. Recientemente, los estudios llevados a cabo por Wu et. al. (2011) confirman la concepción original del two-

6. step-flow de los años ´50, aplicado en forma cibernética a todos los grupos ocupacionales y en toda la escala socioeconómica, ya que la mayoría de la información en Twitter fluye desde los medios hasta los usuarios a través de otras personas (líderes de opinión). Posteriormente, se dio cuenta también del fenómeno llamado “exposición selectiva”, que muestra que la gente evitará la información discrepante a su pensamiento y buscará aquella que sea congruente con sus actitudes pre-existentes. (Mutz, 2006). El desarrollo tecnológico creó una información más fragmentada, en la que la televisión, la radio, los periódicos y los medios digitales compiten por atención. A la vez, aparecieron otros contenidos interactivos que utilizan aquellos que no desean noticias. La exposición selectiva posibilita un estilo de vida personal que puede llegar incluso a la eliminación del mundo político de la realidad personal. Por ello, los resultados de investigaciones que sostengan que las audiencias son persuadidas por un medio serán sospechosos, porque la mayoría de la audiencia tenderá a seleccionar los medios y el contenido en congruencia con sus propias preferencias. Además, los usuarios de los medios estarán más atentos a resistir mensajes que sean discrepantes y a ejercer un efecto refuerzo cuando encuentran algo que apoya su punto de vista (Bennet & Iyengar, 2008). Sostienen Mullainathan & Schleifer (2005) que esta información más diversificada también provee incentivos económicos a los medios para satisfacer las preferencias políticas de sus audiencias, siendo la misma audiencia la que fija una “representación” en los medios. En los ´80 y ´90 se llegó al enfoque vigente, basado en la idea de que los efectos en la audiencia dependen fuertemente de predisposiciones, actitudes y otras características individuales que influyen en cómo procesan los mensajes. El paradigma actual en comunicación política está marcado por tres efectos principales: fijación de agenda, priming y encuadre (Scheufele & Tewksbury, 2007). La fijación de agenda se refiere a que hay una fuerte correlación entre el énfasis que los medios ponen en ciertos asuntos y la importancia atribuida a estos por la audiencia. El “Priming” ocurre cuando el contenido de una noticia sugiere a las audiencias que deben usar temas específicos como evaluadores de las acciones de líderes y gobernantes (Iyengar & Kinder, 1987). El encuadre se basa en asumir que, dependiendo de cómo un tema es caracterizado por las noticias, puede tener una influencia en cómo es entendido por la audiencia. La principal diferencia entre la fijación de agenda (y priming) y el encuadre es la diferencia entre si se piensa en un tema y el cómo se piensa sobre ese tema. El efecto del encuadre variará de acuerdo a la presencia del conocimiento existente de la audiencia, sus prejuicios y su reflexión posterior. Conclusiones Mientras que la teoría de la aguja hipodérmica indicaba

que los medios de masas provocaban efectos directos en la opinión pública, los investigadores de mitad de siglo llegaron a la conclusión de que la influencia era solo indirecta, en virtud de la denominada two-step-flow communication. Este paradigma de efectos limitados fue nuevamente desafiado por una nueva generación de investigadores que concluye que la importancia de los medios de masa solo reside en su habilidad para fijar agenda en el discurso público y, en todo caso, encuadrar el contenido de los temas que se busquen fijar, que podrá o no ser correspondido por la audiencia. También es cierto que actualmente el proceso de comunicación de masas se torna más igualitario, tomando en cuenta que ahora las masas pueden comunicarse con masas, pudiendo los usuarios producir y distribuir su contenido (Napoli, 2010). Las audiencias se volvieron muy fragmentadas y las personas reciben la información por muchos canales distintos, hecho que favorece al fenómeno de exposición selectiva, por medio del cual cada persona selecciona qué medio y contenido utilizar.

Bibliografía Bennet, W. & Iyengar, S. (2008). A new era of minimal effects? The changing foundation of political communication. Journal of Communication, 58(4), 707-731. Butsch, R. (2008). The Citizen Audiencie: Crowds, Publics and Individuals. New York: Routledge. DeFleur, M. L., y Ball-Rokeach, S. (1989) Theories of Mass Communication, 5th. Ed. New York: Longman. Iyengar, S & Kinder, D. (1987). News that matters: Television and American opinion. Chicago: University of Chicago Press. Katz, E. & Lazarfeld, P. (1955). Personal influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications. New York: The Free Press. Mayo, E. (1993). El experimento de Hawthorne en la Western Electric Company. Teoría de la organización, 1, 213. Mutz, D. (2006). Hearing the other side: Deliberative vs. Participatory democracy. New York: Cambridge University Press. Napoli, P. M. (2010). Revisting ´mass communication´ and the ´work´ of the audience in the new media environment. Media, Culture & Society, 32(3), 505-516. Rendón, J. C. L. (2004). ¿Usos o efectos de la comunicación de masas? Convergencias y divergencias entre la economía política, los estudios culturales y los enfoques de los efectos cognitivos. Redes. com: revista de estudios para el desarrollo social de la Comunicación, (1), 246-252. Rendón, J. C. L. (2007). Teoría e investigación de la comunicación de masas. Pearson educación. Scheufele, D & Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting and priming: The evolution of three media effects models. Journal of Communication, 57(1), 9-20. Wu, S., Hofman, J., Mason, W. & Watts, D. (2011). Who says what to whom on twitter? Paper presented at the 20th Annual World Wide Web Conference.

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LA REINVENCIÓN POPULISTA EN AMÉRICA LATINA: TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN Y DESINTERMEDIACIÓN EN EL EJERCICIO DE LIDERAZGOS Rocío Truchet

Estudiante de Lic. en Ciencia Política y del Ciclo de Lic. en Periodismo y Comunicación Universidad Nacional del Litoral rociotruchet@gmail.com

Cuando Jorge Capitanich molió una página del diario Clarín frente a las cámaras de tevé se extrajeron conclusiones que, desde un punto de vista semiótico, podrían representar un tipo de relación autoritaria entre el gobierno argentino y los medios de comunicación. Pero las turgentes asperezas de un periodismo crispado y un gobierno que lo ignora no hacen más que replicarse a lo largo de Latinoamérica. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ya había roto un periódico durante un discurso y ahora, un Nicolás Maduro visiblemente ofuscado, afirmaba que una caricatura crítica hacia su gobierno pertenecía a una “campaña de odio”. En función de estas observaciones, podemos estimar que el análisis político solo se limitaría a vincular las formas y estilos de comunicación con la causa populista. Este acoplamiento explicativo hace a un lado prácticas de comunicación actuales que, naturalmente, extienden su lógica hacia los liderazgos políticos y las formas en que éstos se dirigen hacia los sujetos políticos. El presente trabajo propone repensar los regímenes populistas contemporáneos a partir de los procesos de comunicación móvil y digital. El uso de las tecnologías aceleró ciertos aspectos de la globalización que, en nuestro continente confluyeron hacia la confección de un estado mínimo cuya consecuencia es una crisis de representación. En este marco, el populismo se erige como una posible respuesta robustecida por procesos de desintermediación que la misma apertura tecnológica genera. Un escenario “enredado”: Apertura de comunicaciones y crisis de representación La explosión y diseminación de tecnologías de comunicación e información de carácter digital y móvil tiene dos corolarios directa e indirectamente relacionados a la emergencia de los populismos latinoamericanos. El primero es la desintermediación en las prácticas de comunicación; el segundo, el proceso de globalización y su semblante, la crisis de representación.

Las nuevas tecnologías de las que hablamos son aparatos móviles, personales y portátiles cuyo elemento socializador más importante es la “capacidad permanente y ubicua de conectividad” en diversos contextos (Castells et al., 2007: 145). Este tipo de relación habilita un “proceso de desintermediación” (Becerra, 2012) que favorece la horizontalidad e interpersonalidad de las comunicaciones, en tanto, logra escapar el control vertical ejercido por medios masivos tradicionales. Según Manuel Castells, la interacción que establecemos con un entorno tecnológico descentralizado determina una forma de concebir la organización y práctica social en forma de una estructura de red. Por ello, es posible pensar que la liberación de dispositivos de información y comunicación de “capacidad de conexión en red global” (2009: 51) desencadenó la globalización que transformó el mundo político. De esta manera, el gran capital logra sortear trabas e impedimentos legales del estado-nación que, hasta entonces, funcionaba como “filtro de interacción de redes de poder superpuestas” (ibíd.: 44). Fronteras adentro, el modelo keynesiano manifiesta retrocesos de legislación social e incapacidad de garantizar orden (Yannuzzi, 2008: 9). En este escenario, Portantiero destaca que, para el caso latinoamericano, el achicamiento de estados latinoamericanos fue presentado como la “panacea para salir de la crisis” (2000: 44). A cambio de ello, el neoliberalismo de los ‘90 “neutralizó la política” como “espacio en el cual se dirimen racionalmente los conflictos” (ob. cit, 2008: 24). De esta manera, la crisis política se tradujo en una crisis de representación quebrando “el nexo por el cual se produce identificación entre hombre común y representantes” que permitía “suturar hiato entre estado y sociedad” (Yannuzzi, 2000.) En el plano de identidades sociales, la desconfianza hacia la dirigencia y a la capacidad mediadora de los partidos, impulsa el florecimiento de elementos no-racionales en la práctica política. La búsqueda de un líder salvador emerge como antídoto contra el desorden.

7. La respuesta populista: desintermediación en liderazgos A fin de milenio, las situaciones excepcionales padecidas durante la crisis argentina y el desplome del sistema político venezolano tuvieron como corolario la incapacidad de la dirigencia política para absorber de modo diferencial el estallido de demandas sociales insatisfechas. Al respecto, Juan Carlos Torre, establece como pre-condición populista una crisis en la ciudadanía y en las elites políticas, a través de la cuales emerge un liderazgo presentado como ajeno a la clase política existente. En ese marco, “el populismo comporta una operación de sutura de la crisis de representación” (Torre, en Sarlo, 2011: 145). ¿Pero qué elementos le permiten al populismo realizar dicha sutura?, ¿qué aportes hace a estos liderazgos la desintermediación facilitada por las tecnologías de comunicación inalámbricas? La expresión contemporánea del populismo latinoamericano es, a decir de Cheresky (2012), una “mutación de la democracia” puesto que no se corresponde al modelo representativo imaginado. En efecto, el liderazgo populista comporta un estilo de gobierno fundacional: se trata de una representación encarnada en la voluntad popular y, por lo tanto, su ejercicio de poder tiene pocas restricciones. Esto se debe a que, en la urgencia, el populismo logra integrar demandas insatisfechas volviéndolas equivalentes (Laclau, 2005: 137). Más allá de los métodos redistributivos y clientelares, la equivalencia se consolida mediante la construcción de un discurso político que llena el vacío de representación. Para transmitirlo es necesario establecer una relación directa y emocional con el pueblo. Por consiguiente, la participación en los medios juega un rol clave. Como ya se dijo, la digitalización audiovisual y la masificación de redes desintermedian sistemas tradicionales de medios y contribuyen a la configuración de un particular estilo de comunicación populista. Precisamente, los líderes se apropian de los dispositivos tecnológicos para establecer una relación de conectividad directa y más prolongada con los sujetos políticos a quienes interpela. Por ello, Kietzberger (2010) afirma que los populismos de izquierda están centrados en el “activismo mediático”: de esta manera, logran eludir el cuestionamiento periodístico, prescinden del rol mediador de los medios comerciales y ganan cercanía emocional. En ese sentido, el programa de conversaciones que el fallecido presidente Hugo Chávez mantenía con sus televidentes en Aló presidente era la representación de un estilo populista pensado para una actualidad desintermediada. Pero no es el único caso: hay una convergencia multimedia de dispositivos que canalizan el contacto directo entre líder y pueblo. Las cuentas de Twitter y Facebook, las cadenas nacionales de Cristina Fernández, el estrenado Diálogo Bolivariano de Nicolás Maduro, el programa radial y página web de Correa son canales diversos para mantener la conectividad discursiva con el pueblo sin ningún tipo de mediación. El líder populista rompe el nexo tradicional de inter-

mediación mediático porque sostienen que estos últimos detentan intereses poderosos del enemigo. En efecto, el discurso pronunciado por vías multimedia se muestra radical, confrontador y excluyente con la oposición (Freidenberg, 2011). Para Laclau la importancia del discurso populista reside en su poder de trazar una frontera interna que, al excluir un enemigo, construye la identidad y unidad del pueblo como sujeto político (ob. cit, 2005: 99). Ese todo antagónico que mantiene unida extensas cadenas de demandas equivalenciales está dado por significantes vacíos. De esta manera, son enemigos la oligarquía imperialista, Estados Unidos y, para el caso argentino, el destituyente. Sarlo reflexiona en torno al destituyente como una “calificación ajustada a los hechos” ya que “designa actores de una coyuntura política que socaban la legitimidad del gobierno” (2011: 135) en lugar de expulsarlo. En definitiva, la explosión de nuevas tecnologías aceleró el proceso de globalización que, debido a su lógica expansiva, le allanó el terreno a los populismos latinoamericanos. Estos regímenes son una respuesta a la crisis de representación que experimenta la democracia para satisfacer diversas demandas insatisfechas. Para ejercer su particular liderazgo sobre una parcialidad (“el pueblo”), los populistas se nutren de la misma desintermediación que, indirectamente, los configuró. De esta manera, las mediaciones y canales republicanos que la democracia proyectó como punto de llegada quedan socavados por una realidad compleja. Condenados a vivir como tipos ideales. Como palabras y significantes vacíos arrastrados por lo incierto.

Bibliografía Becerra, M. (2012) “Terremoto mediático en América Latina”. Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur. Buenos Aires. Febrero de 2012, edición nº 152. Castells, M. (2009) Comunicación y Poder. Madrid: Alianza. Castells, M; Fernández, M; Ardévol, J. Linchuam Qui, A. Sey (2006) Comunicación móvil y sociedad. una perspectiva global. Barcelona: Ariel Cheresky, I. “Mutación democrática: otra ciudadanía, otras representaciones”. En Cheresky, I (comp) ¿Qué democracia en América Latina? p. 23-54. Buenos Aires: CLACSO-Prometeo. Freidenberg, F. (2011) “Los nuevos liderazgos populistas y la democracia en América Latina”. Universidad de Salamanca, España. Kietzberger, P. (2010) “The media activism of Latin America’s leftist governments: Does ideology matters?, en GIGA Working Paper Nº 151. Institute of Latin American Studies, Alemania. Laclau, E. (2005). La razón populista. BA: Fondo de Cultura Económica Portantiero, J. C. (2000) El tiempo de la política. Buenos Aires: Temas. Sarlo, B. (2011) La audacia y el cálculo. Nestor Kirchner 2003-2010. Buenos Aires: Sudamericana Yannuzzi, M. (2008) Estado y sociedad en la era global. Universidad Nacional de Rosario. “Política y desencanto”. (2000) Revista Kairos Año 4, Nº6. Universidad Nacional de San Luis.

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“SHIR LASHALOM: ¿UNA CANCIÓN PARA LA PAZ?”

“CONTEXTO Y CONSECUENCIAS DEL ASESINATO DE ITZJAK RABIN EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN ISRAEL Y PALESTINA” Julián Reingold

Estudiante de la Carrera de Sociología, Universidad de Buenos Aires julianrq@gmail.com

El próximo 4 de noviembre se cumplirán 20 años del asesinato en pleno centro de Tel Aviv del primer ministro israelí Itzjak Rabin a manos del militante judeo-ortodoxo Yigal Amir a la salida de un acto político pacifista de apoyo a la firma de los Acuerdos de Oslo. A dos décadas de la desaparición de la figura del líder israelí la paz parece cada vez más lejana: no sólo no se ha avanzado en la consolidación de un Estado palestino, sino que el mismo sistema democrático israelí se encuentra en crisis, y la violencia entre ambos bandos ha reemplazado a la política como herramienta de diálogo. Shir LaShalom -una tradicional canción judía por la paz- fue cantada por Rabin junto a una multitud durante su última aparición política, minutos antes de su asesinato. El primer ministro llevaba una copia impresa de la letra de la canción en uno de sus bolsillos, la cual terminó manchada de sangre luego del magnicidio. La última estrofa de la canción versa: “No digas que el día vendrá, haz que ese día venga…”. Rabin, en contraste con las posturas mesiánicas de los sectores más ortodoxos y extremistas de Israel, logró acercar ese día en que la paz podría llegar a ser firmada con el pueblo palestino, pero como sentenció Bill Clinton durante su funeral: “Rabin fue un mártir de la paz, pero fue una víctima del odio” El problema central de la política israelí es la ausencia de fronteras físicas y simbólicas como marco de contención para los conflictos sociales. La expansión de las fronteras luego de 1967 debilitó a la sociedad civil y a su capacidad para organizarse autónomamente, por lo tanto, el proceso de democratización y de apertura de nuevos espacios políticos fue interrumpido por el surgimiento de una nueva estructura de “dominación-dual”, una democracia de ocupación. Desde 1967, la identidad de la “nación-en-conflicto” ha sido restablecida como el motivo de central del control político israelí. (Grinberg, 2011:59) La Intifada de 1987 resultó en pérdidas económicas significativas justo en el momento en que la economía mundial estaba abriendo el movimiento de capitales y de mercancías en 1989. Las elites económicas de Israel estaban dispuestas a resignar el control de los territorios y los beneficios que venían disfrutando desde 1967. En consecuencia “el discurso del Partido Laborista fue el resultado del debilitamiento del mito de la seguridad y expuso la dimensión mitológica del discurso derechista sobre Toda la Tierra Prometida de Israel. Rabin se propuso a

lograr un acuerdo provisional en nueve meses, no para llegar a un “proceso de paz”, sino para “hacer la paz”. (Grinberg, 2011:71) El liderazgo carismático de Rabin produjo el eslogan “Israel está esperando a Rabin”, permitiendo así que la dinámica de “la paz imaginada” comenzara a emerger. La figura de Rabin como “Don Seguridad” -guerrero y comandante- se transformó en la de un líder “pacificador”. “La matriz básica de los Acuerdos de Oslo se tornaba clara: Rabin estaba preocupado por la amenaza que representaban los colonos más fanáticos,y, por lo tanto, se aseguró de que todos los asentamientos permanecieran en su lugar; mientras tanto Arafat estaba preocupado por la lucha entre Fatah y Hamas en Gaza y, por consiguiente, exigió el acceso a Gaza lo más rápido posible. Cada lado fue concesivo con el otro, con la ostensible intención de ayudarlo, pero de esta forma se perpetuó la situación existente, contenida por la autoridad de los dos líderes carismáticos que habían prometido llevar a cabo un cambio en el futuro” (Grinberg, 2011:90). La Declaración de Principios concebida en Oslo fue en primer lugar un reconocimiento mutuo del estado de Israel por parte de los palestinos y el reconocimiento israelí de que la OLP era el representante legítimo del pueblo palestino; y, en segundo lugar un acuerdo sobre el estatuto final para implementar las resoluciones 242 y 388 de la ONU y para resolver cuestiones clave que habían sido temporalmente pospuestas (Jerusalén, los refugiados, los asentamientos, las medidas de seguridad y las fronteras). Las negociaciones sobre el acuerdo final debían comenzar luego de un período provisorio de dos años y continuar durante los tres años siguientes. La borradora de la frontera le hizo el caldo gordo al núcleo duro de los fanáticos islámicos que consideraban a toda la tierra de Palestina como sagrada para el Islam, así como fortaleció a los judíos fieles a la visión de Toda la Tierra de Israel, prometida para los descendientes judíos de Abraham. En febrero de 1994, Baruj Goldstein, miembro del grupo extremista Kach del asentamiento de Kiryat Arba, colindante con Hebrón, ingresó a la Tumba de los Patriarcas durante las plegarias musulmanas y abrió fuego matando a veintinueve devotos antes de ser linchado y asesinado por el resto de los presentes. “La trampa estratégica de Oslo es el resultado del inten-

8. to, por parte de Rabin y Arafat, por cooptar a los opositores pragmáticos al acuerdo, en un esfuerzo por neutralizar a los opositores más extremistas que habían sido fortalecidos por la falla táctica del Acuerdo de Oslo. El deseo de persuadir a la oposición “moderada” y la apertura del espacio político interno para el diálogo con ellos, cerró, al mismo tiempo, el espacio político de las negociaciones israelí-palestinas(…). Así se devela cómo la triple matriz con sus fronteras desdibujadas, impidió la apertura simultánea del espacio político para todos los puntos de vista de las tres arenas. La trampa estratégica de largo plazo consiste en la incapacidad de llegar a un acuerdo que abra un espacio político tanto para los religiosos nacionalistas “pragmáticos” del Consejo de judea, Samaria y Gaza, como para las tendencias “pragmáticas” dentro del movimiento Hamas. Rabin y Arafat fueron arrastrados a perder el control de la situación, primero a manos de opositores y, posteriormente, a manos de la extendida opinión pública de que el proceso de paz era un fracaso. (Grinberg, 2011:114) Pese a que el plan de las FDI fragmentó a la Ribera Occidental en enclaves palestinos aislados, los fanáticos de Yesha fijaron la vista sobre el perjuicio que esto les causó a los judíos que no serían capaces de moverse libremente por Toda la Tierra de Israel, utilizando el lenguaje del holocausto, llamaron a esta restricción ”Juderein”, limpio de judíos. “La calle se convirtió en el escenario público para los fanáticos de Yesha, y fue abandonada por los partidarios de la paz. Rabin quería atraer las críticas hacia su persona y no hacia la “izquierda”, para así poder presentar a los fanáticos como un pequeño grupo marginal, aislado del pueblo, e impedir el retorno de la polarización tribal “izquierda-derecha” (Grinberg, 2011:155). Esto fue generando un clima en el que “la contracultura kahanista llevó la crisis de legitimidad entre los colonos y el gobierno laborista a su pico más alto al expresar públicamente su deseo de emprender un terrorismo antiárabe y de juzgar a Rabin y a Peres por traición” (Sprinzak, 1999:265). Durante la moratoria de la implementación de los Acuerdos de Oslo, Netanyahu increpó a Rabin en el Knesset cuando por las calles circulaban carteles de Rabin con una kefía o con un uniforme de las SS. También el ‘halcón’ Sharon atacó al proceso declarando que “este es un gobierno para el cual la vida de los judíos se ha vuelto barata.” Se estaba gestando un movimiento dirigido a excomulgar a Rabin de la comunidad de aquellos que se encontraban amparados por el mandamiento “No matarás”. Incluso hubo debates entre los rabinos de Judea, Samaria y Gaza, sobre el concepto de din rodef, que haría de Rabin alguien pasible de ser ejecutado. “Las medidas de Rabin de finales de octubre parecieron tener un gran éxito: logró un acuerdo en el que los palestinos se resignaban a recibir sólo el 27 por ciento de la Ribera Occidental, fragmentada y dividida en un área de control total (A) y en otra de control parcial (B) bajo la supervisión de las FDI; por lo tanto, el 73 por ciento del territorio continuaba estando bajo control israelí. Sobre todo, el Acuerdo de Oslo II mantenía todos los asentamientos en su lugar, con la aprobación

de la Autoridad Palestina y de los miembros pragmáticos del Consejo de Judea, Samaria y Gaza (...). Estos líderes aceptaron el acuerdo a cambio de construir carreteras de circunvalación, mientras que Arafat había logrado neutralizar a la oposición islámica.” (Grinberg, 2011:158) “El líder carismático es la fuente de legitimidad para el nuevo orden que está conduciendo hasta que el movimiento se institucionalice. Rabin fue asesinado antes de que un movimiento así pudiera ser formado. Fue asesinado en el primer día en que las masas salieron a las calles a expresar su apoyo hacia él” (Grinberg, 2011:160). Grinberg se pregunta ¿por qué se opuso Rabin a las manifestaciones en su apoyo hasta el 4 de noviembre de 1994? La respuesta es que “la categoría de “defensores de la paz” era más amplia y más inclusiva que la de “la izquierda”, pues creó un espacio político para los votantes de la tribu de la “derecha” mitológica (…). En esa gran manifestación de Tel Aviv, estaba emergiendo el comienzo de un proceso de reconstrucción de identidades políticas. Un proceso que iba a ser concluido abruptamente en esa misma noche. Las tres balas que disparó Yigal Amir no solo fueron dirigidas hacia Rabin, el hombre, sino hacia el proceso político que estaba representado en su cuerpo, en su discurso y en sus actos.” En el discurso final de Rabin se menciona 29 veces la palabra paz y resalta el rol de la OLP en el acuerdo, presentándola como su “socio”, el cual cumplirá con su parte del acuerdo, de la misma manera que Israel mantendrá su compromiso: "(...) Para Israel, no hay un camino que sea sin dolor. Pero el camino de la paz es preferible al camino de la guerra. Se lo digo a ustedes como un hombre que fue un militar (…). Por ellos, por nuestros hijos, en mi caso por nuestros nietos, quiero que este gobierno agote cada apertura, cada posibilidad, para promover y lograr una paz exhaustiva... Esta manifestación debe enviar un mensaje al pueblo israelí, al pueblo judío alrededor el mundo, a los diversos pueblos en el mundo árabe, y también a todo el mundo, que el pueblo israelí quiere la paz, apoyar la paz. Por ello, les doy las gracias". La postal de Camp David con Bill Clinton, celebrando del apretón de manos entre Rabin y Arafat, hoy se encuentra opacada y manchada de sangre. La nostalgia y la desilusión ante el fracaso del proceso de paz de Oslo prevalecen en el mundo entero: “los años de Rabin nos recuerdan la importante lección teórica de que los fundamentos culturales que hacen la acción posible no son fijos sino maleables dentro de ciertos límites.” (Barnett, 1999:28)

Bibliografía Barnett, Michael (1999): Culture, Strategy and Foreign Policy Change: Israel's road to Oslo. European Journal of International Relations N° 5. Grinberg, Lev Luis (2011): Política y violencia en Israel-Palestina : democracia versus régimen militar, Prometeo. Sprinzak, Ehud (1999): Brother Against Brother: Violence and Extremism in Israeli Politics from Altalena to the Rabin Assassination, Free Press.

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