Revista Nº 9 - Espacios Políticos

www.espaciospoliticos.com.ar

1

Espacios PolĂ­ticos

2

QUIÉNES SOMOS?

(ACEP) ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIOS POLÍTICOS (2010-2014)

Consejo de Expertos Dr. Guillermo O´ Donnell ( ), Dr. Ludolfo Paramio, Dr. Andrés Malamud, Dr. Juan Manuel Abal Medina (h), Dr. Mario Riorda, Mg. Gastón Mutti, Dr. Fabián Repetto, Dr. Arturo Fernández, Dr. Jorge Battaglino

Presidente Maximiliano Ulises Campos Ríos

Directores Lic. Gonzalo Diéguez Mg. Maximiliano Campos Rios

Vicepresidente 2º Mauro Solano

Coordinadora General Lic. Laura Paonessa (UdeSA) Responsable de Comunicación Florencia Berbery (UdeSA) Responsable de participación de estudiantes Ayelén Vanegas (UdeSA) Responsable Boletín mensual Lic. Cintia Mariana Cabral Responsable Proyecto Unasur Outlook Lic. Emmanuel Andrés Artusa (UCS, UBA) Mesa consultiva Lic. Camilo Vedia (UBA), Lic. Francisco Aráoz Bugallo (USAL), Lic. Mauro Solano (UCALP), Lic. Emilio Vitale (USAL), Lic. Facundo Cruz (UADE), Lic. Mario Katzenell (UBA), Lic. Romina Sarmiento (UBA), Lic. Natalia Larsen (UBA), Lic. Ángeles Polzella (UBA), Lic. Eduardo Mastrostéfano (UBA), Lic. Ignacio Claut (UTDT), Lic. Mariano Rogelio Rodrigo (UdeSA), Lic. Leandro Signorile (UBA) Área Metropolitana Coordinador USAL: Lic. Octavio Tesone Coordinadora UNQ: Gisele Parvanoff Coordinador UdeSA: Uriel Kuzniecki Coordinador UNLAM: Lic. Mariano Boiero Coordinador UADE: Lic. Diego Usatinsky Coordinador UBA: Lic. Walter Caamaño Coordinador UCALP: Lic. Matias Hastoy Áreas Regionales Coord. Región Cuyo - UNCU Lic. Walter Cueto, Sebastián Silva Coordinadora Región Litoral - UNR Lic. Sofía Perotti Coordinadora Región NOA - UNSTA Lic. Alicia Camaño Coordinador Región Patagonia - UNTDF Lic. Juan Pablo Ortiz

Vicepresidente 1º Lic. Emilio Vitale

Tesorero Gonzalo Diéguez Protesorero Luciano Adolfo Jaúregui Secretario Camilo Vedia Prosecretario Mariano Boiero 1º Vocal Daniel Blinder 2º Vocal Federico García Vocal Suplente Walter Camaño Órgano de fiscalización Bárbara Quiñones Rojas, Uriel Kuzniecki.

AGRADECIMIENTOS Queremos agradecer la valiosa colaboración del Banco de la Provincia de Buenos Aires y a Leandro Javier Nazarre de SUTCAPRA. Reconocer las gestiones de Mauro Solano y de Emilio Vitale en ese sentido. A Florencia G. Berbery y Ayelén Vanegas quienes posibilitaron una compleja articulación de tareas y un verdadero trabajo en equipo coordinado por Laura Paonessa. A nuestra diseñadora Natalia Campos Ríos por su ya célebre trabajo contrareloj para editar la Revista.

A Mariano Rogelio Rodrigo, Cintia Cabral y Roy Rigotti, por todo el apoyo brindado. A Nehuén Mingote Kisler y David Galavotti quienes nos ayudaron con distintos diseños.

A Martín D´Allesandro y a la Comisión Directiva de la SAAP por comentar la presentación de esta Revista en el Congreso y por permitirnos participar del mismo. A Gabriel Enríquez por su constante apoyo a la difusión de nuestra Revista, a Carla Carrizo de la USAL y a Javier Tejerizo de Argentina Elections.

A Luz Carazo, Bárbara Guibert, Ivana Ortiz Recalde y Germán Bruera, que participan en una nueva edición del programa Compromiso Joven a través de la Universidad de San Andrés (UdeSA), quienes colaboraron en la difusión de la convocatoria, en la corrección de los artículos de este nuevo número y que están colaborando ahora en la difusión del Congreso en las redes sociales. (Seguilo en #XICongresoSAAP @espaciospol y facebook/comunidad.ep :) Perdón si nos olvidamos de alguien (sucede irremediablemente). ¡Muchas gracias!

Espacios Políticos

NOTAS TEORICAS SOBRE LAS TENSIONES ENTRE DEMOCRACIA Y CAPITALISMO Aldo Isuani

Profesor Titular UBA / Investigador Principal CONICET. a. Democracia y Capitalismo: un debate teórico La asociación entre desarrollo capitalista y democracia está vastamente difundida en la literatura de las ciencias sociales (DAHL 2004). El punto central del argumento es que el desarrollo del capitalismo termina conduciendo a la adopción de regímenes políticos basados “en la regla de la mayoría”, esto es, sistemas democráticos. El punto fuerte de esta asociación está basado en la correlación positiva entre sociedades de alto desarrollo capitalista y adopción de sistemas democráticos. Pero por otro lado, no es imposible encontrar desarrollos capitalistas potentes funcionando en sistemas políticos autoritarios. Los casos de Taiwán y Corea del Sur, y mas recientemente China son ejemplo de ello, como también lo fueron los casos chileno y brasileño durante las dictaduras militares que experimentaron y que dieron lugar en ambos países a un desarrollo capitalista mucho mas pujante que el que poseían en las democracias previas.

Es por ello que hay perspectivas teóricas que ponen en cuestión esta necesaria asociación entre desarrollo capitalista y democracia y señalan la existencia de tensiones existentes entre ellas que se deberían a los principios contradictorios que estructuran ambos sistemas: el capitalismo implica, entre otras cosas, jerarquía y disciplina en la relaciones laborales junto a un sistema legal que protege los derechos de propiedad; es decir la existencia de un “orden” que lo favorezca. Por el contrario, la democracia implica participación y la promoción de la igualdad o lo que es lo mismo, el rechazo de la subordinación social y de la desigualdad en general.

En el trabajo “Democracy & Capitalism” escrito hace casi tres décadas, Samuel Bowles y Herbert Gintis (BOWLES y GINTIS 1986) analizaron la contradicción que introduce en la dinámica social la coexistencia de los principios de participación y soberanía popular expresados por la democracia y los principios de jerarquía socioecónomica y derechos de propiedad, núcleo central del capitalismo. Así es dable pensar que ambos sistemas están en una tensión constante con potencial para derivar en la supresión de alguno de los términos: ante una ame-

4

naza a la sobrevivencia del capitalismo, la democracia podría ser eliminada (España, Chile) y por el contrario, la intensificación de la participación podría derivar en un proceso revolucionario que acabara con cualquier posibilidad de desarrollo capitalista (URSS, China, Cuba).

De acuerdo a los autores, para garantizar la coexistencia de ambas instituciones fue necesaria la puesta en práctica de lo que denominan “acomodaciones”. De ellas, dos son las relevantes para este trabajo.

La primera acomodación, que los autores asocian al pensamiento de James Maddison, podría ser denominada como “Divide et impera”; esto es, la posibilidad de cohabitación entre democracia y capitalismo está dada cuando los mas se hallan suficientemente divididos como para que la democracia no represente una amenaza para el funcionamiento de este último. Este camino puede ser utilizado a traves de la explotación de los clivajes sociales, étnicos o religiosos de la sociedad, de la utilización y manipulación de elementos simbólicos como el nacionalismo, de las amenazas de “capitalist strike”, etc. Esta acomodación introduce la idea de la manipulación de las mayorías por parte de la minoría evitando la agregación de aquellas y que constituyan un riesgo para la sociedad capitalista.

En segundo lugar, la acomodación Keynesiana insinuada en la Gran Depresión a través del New Deal de Roosevelt pero efectiva en Occidente a partir de la segunda posguerra y que permitió integrar armoniosamente capitalismo y democracia proveyendo ventajas tanto para propietarios como para proletarios; así, sistemas políticos basados en el sufragio universal podían ser compatibles con una economía de pleno empleo, consumo popular y beneficios sociales coexistiendo con ganancias empresarias en ascenso. En ella los trabajadores renunciaban a su pasado revolucionario (aquel de alta conflictividad que protagonizaron en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX) y aceptaban tanto la propiedad privada de los medios de producción como la prioridad del capitalista en la decisiones de inversiones y a cambio obtienían mejoras salariales y en las condiciones de trabajo y tambien el reconocimiento legal de organizaciones que los rep-

www.espaciospoliticos.com.ar

resentan: esto es, los sindicatos.

En síntesis, esterilizando orientaciones de las mayorías que pudieran representar un peligro al orden capitalista o produciendo un proceso de distribución que mejorara sensiblemente las condiciones de vida de aquellas sin estorbar el proceso de acumulación son dos formas de hacer compatibles democracia y capitalismo.

Las otras dos “acomodaciones” tratadas por los autores son en primer lugar, aquella que encontraría sus raíces en la democracia censitaria. Se trata del regimen político arrancado por la burguesía al absolutismo monárquico, restringida a los sectores propietarios y que tuvo vigencia en Occidente hasta comienzos del siglo XX. Esta acomodación permitía al pequeño grupo de propietarios controlar el sistema político implementando un orden jurídico y políticas tendientes a favorecer el desarrollo capitalista y mantener a las mayorías fuera de los negocios públicos. Esta acomodación no resistió luchas que lograron finalmente el avance de los derechos políticos del conjunto de la ciudadanìa, es decir el sufragio universal para varones primero y mujeres despues, en un vasto conjunto de sociedades durante el siglo XX. Tambien según los autores, otra acomodación debería su inspiración a Tomás Jefferson quien imaginaba a los Estados Unidos de Norteamérica como una sociedad de pequeños propietarios rurales y una democracia que integrara a todos ellos; basaba esta esperanza en la amplitud de tierras disponibles, sin duda excepcional, del caso norteamericano. Sin embargo la aparición de los sectores obreros urbanos y de esclavos en la sociedad norteamericana redujo esta acomodación a una utopía.

En relación a estas dos últimas acomodaciones, no puede caracterizarse actualmente como democrática a una sociedad con sufragio censitario. Un “demos” reducido a una pequeña proporción de la población dejó hace mucho tiempo de ser aceptable.

Tampoco la segunda acomodación merece ser analizada ya que una sociedad de propietarios rurales podría ser democrática pero dificilmente pueda ser calificada de capitalista. b. El Capitalismo Actual La tensión entre capitalismo y democracia y sus diversos tipos de acomodación en el trabajo de Bowles y Gintis tenían como telón de fondo la existencia de una opción a la democracia, esto es la dictadura, pero también una opción al capitalismo: el socialismo o el comunismo. De esta forma la exacerbación de la contradicción podía acabar en un capitalismo sin democracia o en el socialismo lo que implicaría una profundización de la democracia.

El caída simultánea del Estado keynesiano en Occidente por el proceso inflacionario y el estancamiento económico a partir de la década del 70 y del comunismo por la desintegración de la Unión Soviética dejaron sin sustento a este planteo. En otros términos, el surgimiento del capitalismo neoliberal como la única

opción existente de sistema de producción y distribución, eliminó la posibilidad de que sea el capitalismo el que pueda ser abolido en la ecuación. Por otro lado, había quedado demostrado que mientras el capitalismo podía vivir sin democracia, la democracia no se profundizaba necesariamente con la destrucción del capitalismo sino que por el contrario los sucesores socialistas no podían desembarazarse de regímenes autoritarios.

Ahora bien, la dinámica del capitalismo actual representa un problema serio para el funcionamiento de la democracia. El retorno al desempleo y al temor al desempleo luego del “recreo keynesiano” y la precarización del mundo de trabajo introducen problemas al funcionamiento democrático: menos tiempo y voluntad de participar. El siglo XXI nos encuentra en un contexto de desigualdad creciente, de consumo ostentoso y de poblaciones urbanas e informadas que saben de la invitación que el capitalismo les hace pero que en grandes proporciones no pueden franquear el acceso a la puerta que conduce al festival de consumo.

Frustración, resentimiento, violencia es una de las consecuencias.

El capitalismo neoliberal eliminó la amenaza revolucionaria proveniente de la política pero incentivó un conflicto social de consecuencias aun imprevisibles y aunque no es el capitalismo el que está en juego si lo está su adecuado funcionamiento.

Mientras tanto, el modelo de ultra consumo que no puede ser alcanzado por vastos sectores sociales produce un problema de deslegitimación menos para el capitalismo que para la democracia y a sus actores principales, los partidos y dirigentes políticos.

Es a ellos a quienes se les imputa la responsabilidad de la brecha entre expectativas y realidad y de la frustración que ello provoca.

Los que dirigen el Estado se encuentran entonces con el movimiento de pinzas entre quienes detentan el poder económico y no van a permitir “locuras”, esto es, medidas perjudiciales para el desarrollo capitalista y las mayorías ciudadanas que requieren los beneficios que el capitalismo promete.

En relación a la acomodación keynesiana en esta nueva etapa del capitalismo, el desmantelamiento de una institución central del keynesianismo, esto es el pleno empleo, fue operado por la “subversión” que implicaba la capacidad de presión de las masas amparadas en dicho pleno empleo (O´CONNORS 1984, ISUANI 1991) ¿Qué acomodación cabe entonces cuando el pleno empleo keynesiano ya no está vigente y el capitalismo no está en cuestión?

Puede afirmarse que la capacidad de respuesta del Estado de Bienestar es la clave. Efectivamente el Estado keynesiano sufrió un agudo proceso de desmantelamiento por la revolución neoliberal pero ello no sucedió con el complejo sistema de políticas distributivas del denominado Estado de Bienestar. El gasto social, a pesar de las intenciones de contraerlo, no cedió y hasta aumentó. La información disponible muestra que en sociedades con sistemas políticos democráticos los gastos estatales en servicios sociales mantuvieron su nivel o aun crecieron tanto en países centrales como en desarrollo1. Solo la dictadura de Pinochet en

5

Espacios Políticos

Chile fue a fondo con privatizaciones en las áreas sociales pero ello no sucedió en los gobiernos emblemáticamente neoliberales como los de Thatcher o Reagan y en aquellas sociedades latinoamericanas en las que los cambios neoliberales se encontraron desarrollándose en entornos democráticos Reemplazamos de esta forma la acomodación keynesiana por la mediación que el Estado de Bienestar cumple en armonizar capitalismo y democracia pero como se verá el buen funcionamiento de esta acomodación implica la existencia de un capitalismo desarrollado y una sociedad con alto impulso igualitario.

La otra “acomodación” también debe ser redefinida. Así no se trataría solo de la visión que nos proponen Bowles y Gintis de un clásico “divide et impera” sino la noción de hegemonía cultural capitalista que tiene básicamente que ver con la existencia de una ideología o cultura imperante por la que se aceptan las desigualdades socioeconómicas y se fija en el individuo la responsabilidad de la suerte que corrió en el mercado. En otras palabras, cuando el impulso democrático relativo a la situación socioeconómica es débil aunque sean valorados los derechos asociados al ejercicio de la ciudadanía civil y política.

De esta forma el Estado de Bienestar por un lado y un “Divide et impera“ que incorpora la noción de hegemonía cultural capitalista por el otro, son las dos maneras en las que se puede intentar armonizar en la actualidad la democracia con el buen funcionamiento del sistema capitalista. c. ¿Cuál democracia?

La democracia no es un concepto unívoco y por ende es necesario aclarar como abordaré conceptualmente el tema.

La idea igualitaria que inspira la democracia refiere a que los ciudadanos de una sociedad poseen el mismo derecho a participar en la definición de quienes se harán cargo de las cuestiones públicas, a ser elegidos como representantes, a expresarse públicamente, a participar de las organizaciones que deseen, a no ser condenados sin juicio justo, etc. . Por lo tanto, los derechos políticos no pueden estar escindidos del goce de aquellos derechos civiles esenciales para el libre desarrollo y desempeño de los individuos. Es decir, la igualdad en el acceso a los derechos civiles y políticos son cruciales en la definición de una sociedad democrática. Pero la idea igualitaria puede extenderse al ámbito de los derechos socioeconómicos y en este caso también puede considerarse un rasgo central de la democracia la existencia de avances en los niveles de igualdad socioeconómica.

El problema es que derechos civiles y políticos por un lado y sociales por el otro pueden marchar juntos pero también pueden hacerlo por separado y entrar en contradicción. De esta manera, un capitalismo robusto puede prosperar en las democracias políticas que avanzaron significativamente en términos de igualdad social, esto es, en aquellas donde la capacidad de orga-

6

nización y presión de los de “abajo” logró un Estado fuertemente redistributivo. Pero también podemos ver un capitalismo potente en sociedades donde rigen plenamente los derechos civiles y políticos democráticos pero existe marcada aceptación de la desigualdad social. Además no debemos obviar que avanzaron en procesos de igualdad socioeconómica, Estados autoritarios con ausencia o severas limitaciones de los derechos políticos y civiles propios de la democracia, instalando sistemas estatistas de producción y distribución. ¿Por lo tanto que nos quieren decir Bowles y Gintis cuando plantean la tensión entre capitalismo y democracia?. Sin duda se refieren a las dificultades que la democratización puede acarrear al capitalismo cuando existe un cuestionamiento de la desigualdad que éste produce y al conflicto que puede generar en proporción con el grado de rechazo de esta desigualdad. De hecho, es el impulso igualitario en el terreno de lo social y lo económico mas que la demanda de igualdad civil o política el que puede generar problemas para el capitalismo y el que requiere formas de acomodación.

Este problema se presenta en las sociedades donde la desigualdad socioeconómica es fuertemente rechazada. En este caso el capitalismo puede tener serios problemas de funcionamiento y solo la existencia de un potente Estado de Bienestar puede acomodar un sistema democrático pleno con un desarrollo capitalista fluido.

Donde el problema parece no tener solución es en aquellas sociedades donde la sociedad demanda igualdad social pero el capitalismo no tiene capacidad para generar un Estado de Bienestar capaz de permitirle un funcionamiento aceitado. Aquí se produce un conflicto visible entre capitalismo y democracia. Por un lado el capitalismo tiene dificultades para responder al nivel de demandas sociales y debilita su funcionamiento. Por el otro lado la democracia política carga con la responsabilidad de la contradicción y también se debilita. La aparición de sistemas con tendencia al autoritarismo es una consecuencia. De esta forma ni democracia plena ni capitalismo potente son el resultado y la sociedad que no puede destrabar este conflicto sufre una decadencia.

A continuación presentaré una tipología que estimo será de utilidad para ilustrar las afirmaciones realizadas. d. Potencia Capitalista e Impulso Igualitario El siguiente cuadro ilustra la idea central de este trabajo. Dos variables son combinadas en el mismo. Por un lado la variable Potencia Capitalista concepto que no se resume a la idea de desarrollo capitalista. Se trata mas bien de sociedades donde el capitalismo posee un buen funcionamiento con independencia del nivel de desarrollo económico alcanzado por la sociedad y que se traduce en la capacidad de este sistema de generar crecimiento económico significativo.

Por otra lado, la variable Impulso Igualitario que refiere a esta

www.espaciospoliticos.com.ar

dimensión de la democracia relativa a la búsqueda de mayores niveles de igualdad socioeconómica, elemento presente en determinadas sociedades y que está ausente o es débil en otras.

Se entiende entonces como una predisposición generalizada en la sociedad al rechazo de la desigualdad de naturaleza socioeconómica, percibida como consecuencia del funcionamiento de la sociedad y acompañada por un nivel significativo de capacidad organizativa y de presión para defender y aumentar lo que se posee por parte de las mayorías de la población.

Impulso Igualitario Potencia Capitalista

BAJO

ALTO

POTENTE

TIPO I EEUU, China, Brasil, Chile

TIPO II Alemania, Francia, Países Escandinavos

DEBIL

TIPO III Paraguay, Honduras

TIPO IV Argentina

El Tipo I que combina un potente desarrollo capitalista con un débil impulso igualitario admite dos subtipos: a. EEUU aparece con el mas claro representante de esta modalidad del tipo I. Sociedad capitalista avanzada por excelencia y la democracia política mas antigua y consolidada. Sin embargo el impulso igualitario es débil ya que las desigualdades son atribuidas al desempeño de los individuos y no al funcionamiento del sistema capitalista. Es decir, existe “hegemonía” capitalista en términos gramscianos que legitima socialmente las desigualdad socio-económica. También Brasil puede ser ubicado en esta modalidad ya que la democracia convive con un capitalismo pujante y sectores socialmente subordinados con resignación a la desigualdad y sin mayor capacidad de presión por sus intereses. b. Otra modalidad del tipo I con un capitalismo próspero son gobiernos autoritarios que reprimen el impulso igualitario. Quizás el ejemplo chino o coreano sean paradigmáticos pero también puede aplicarse al caso del Chile pinochetista. Una población disciplinada, sin mayores derechos ha sido una forma clásica de desarrollo capitalista tanto en tiempos pasados como en los actuales.

En el Tipo II existe democracia política, es fuerte el impulso democrático y la potencia del capitalismo es alta; en este caso la acomodación es llevada a cabo a través de los productos de un Estado de Bienestar suficientemente generoso para contener las demandas de igualdad socioeconómica. Es el caso de los países europeos, y especialmente los escandinavos. Podría hipotetizarse que en estos casos, un cercenamiento significativo de lo que ofrece el Estado de Bienestar tensionaría la relación entre capitalismo y democracia poniendo en peligro tanto el funcionamiento del capitalismo como el de la democracia. La actual crisis eu-

ropea muestra un escenario de esta naturaleza y están aun por verse sus consecuencias.

En relación al Tipo III donde coexiste un capitalismo débil con un bajo impulso igualitario, exista o no democracia política. En estas sociedades el bajo impulso igualitario o la subordinación social es fruto de una combinación de elementos como pobreza, falta de educación, factores culturales o religiosos, marcada represión, ausencia de organización, entre otras. Y si bien el capitalismo en sociedades socialmente desmovilizadas tiene condiciones para ser exitoso, cuando no lo es, las razones deben ser buscadas en factores tales como actores capitalistas débiles, mercados de dimensión insignificantes, pobreza de recursos de la sociedad en cuestión, etc El Tipo IV está ilustrado claramente por el caso argentino: una democracia política precaria y ausente durante largos periodos pero acompañada por una sociedad poco tolerante a las desigualdades, con sectores populares de elevada autoestima y capacidad de movilización social y política. Y donde las desigualdades son mas atribuidas al funcionamiento de la sociedad que a la responsabilidad de los individuos. Aquí el impulso igualitario es alto pero el desarrollo capitalista es precario y no permite una redistribución significativa estable. Aquí puede hipotetizarse que el mayor nivel de conflicto que se genera afectará al propio desarrollo capitalista y por ende presentará serios problemas de funcionamiento; además, en estas sociedades la falta de respuesta a las expectativas ciudadanas puede ocasionar deslegitimación de la democracia, desafío a la autoridad y conducir hacia situaciones de intenso conflicto, desorden y aun anarquía.

Pretendo que las ideas aquí desarrolladas sobre las tensiones entre democracia y capitalismo puedan servir de marco teórico para un intento explicativo de la larga decadencia argentina. A comienzos del siglo XX este país había alcanzado una presencia económica internacional destacada junto al surgimiento de nuevas instituciones como la consolidación de un Estado federal, educación pública gratuita, políticas públicas de sanidad y sufragio universal masculino, entre otras notas. Pero progresivamente y en especial en la segunda mitad del siglo, el ímpetu del capitalismo argentino fue cediendo y recrudeció el conflicto social y político acompañado por frecuentes rupturas del orden constitucional. Al mismo tiempo, la sociedad fue empobreciéndose e incrementando sus niveles de desigualdad. Así, en lugar de la sociedad moderna e integrada a la que parecía estar destinada, fue generando bolsones de exclusión que la asemejan mas a otras sociedades latinoamericanas que a aquellas europeas a las que pretendía imitar. El declinio llega hasta nuestros días y así las promesas que auguraban el ingreso de este país al círculo de naciones capitalistas avanzadas se convirtieron en un proceso de rezago no solo frente a las naciones desarrolladas sino tambien en comparación con otras naciones latinoamericanas respecto de las cuales poseía liderazgo en variados aspectos sociales y económicos hasta algunas décadas atrás.

El desarrollo de este análisis no obstante, será objeto de otro trabajo.

7

Espacios Políticos

Referencias La evidencia empírica es contundente en revelar que mientras la porción del PBI destinado al gasto público tendió a estabilizarse hacia fines del siglo pasado, los recursos destinados a los sistemas de políticas sociales experimentaron un incremento.

El caso europeo puede examinarse en el trabajo de PIERSON 1994 Y CASTLES 2004 y el latinoamericano en CEPAL 2004.

En relación a Argentina puede consultarse ISUANI 2010 1

BIBLIOGRAFIA BOWLES, Samuel y GINTIS, Herbert (1986) “Democracy and Capitalism” Basic Books, Nueva York.

CASTLES, Francis 2004 Castles Francis G. “The Future of the Welfare State” Oxford University Press, Nueva York.

CEPAL 2004 “Panorama Social de América Latina 2004”, San-

tiago de Chile.

DAHL, Robert (2004) “La Democracia” en Post Data No. 10, diciembre, Buenos Aires ISUANI, Ernesto Aldo (2010) “The Argentine Welfare State: enduring and resisting change” International Journal of Social Welfare, Vol 19 pag 104-114, . Blackwell, Londres ISUANI, Ernesto Aldo (1991) “Bismarck o Keynes: quien es el culpable?” en Isuani, Ernesto Aldo, Lo Vuolo, Rubén y Tenti, Emilio “El Estado de Bienestar: la crisis de un paradigma” CIEPP/Miño Dávila editores, Buenos Aires O´CONNOR, James (1984 ) “Accumulation Crisis” Blackwell, Nueva York PIERSON, Paul (1994). ¿Dismantling the Welfare State?

Cambridge University Press. Cambridge, Reino Unido.

“De qué hablamos cuando hablamos del Gabinete en un presidencialismo” 1 Maximiliano Campos Rios2 Silvio Castro3 Palabras clave: Gabinete, gobierno, presidencia, poder ejecutivo, estado Keywords: Cabinet, Government, presidency, executive power, state Abstract: The idea of the work is to develop a contribution to the definition of “cabinet” and to clarify the analytical levels usually referred to when using this concept in the framework of presidential regimes.

It also seeks to advance a classification of them from functions, levels of government and organization, making an investigation of the existing framework Actualmente es mucho lo que se ha escrito y se ha avanzado en la construcción de agendas de investigación que intentan comprender y analizan el presidencialismo. Asimismo, es notable la cantidad de análisis sobre el Estado, la burocracia, la administración y gestión pública, las formas de gobierno, y en menor medida el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo, y en especial del gabinete de ministros. De esta forma, un análisis del gabinete permite analizar tanto la distribución de poder que hace el presidente dentro de su partido, como también, con otros actores políticos y sociales que integran el gobierno. Es sabido que cada vez que un nuevo presidente gana las elecciones y asume el poder,

8

promueve reformas de la organización de las reparticiones administrativas, que le permitan crear nuevos ministerios, fusionar otros o simplemente modificar las responsabilidades primarias.

Así, el gabinete en el marco de los regímenes presidencialista, puede variar a partir de las funciones, niveles de gobierno, de su organización y de la relación que se dé con el presidente.

No existe en la actualidad una definición clara sobre qué es realmente el gabinete, sobre sus alcances y sobre su importancia. Intentaremos indagar sobre los estudios, visiones perspectivas teóricas acerca del mismo.

Analizar al gabinete es pensar en un análisis en profundidad de las instituciones políticas que hacen al gobierno de un sistema presidencial, más especialmente del Poder Ejecutivo. En este sentido, son varios los autores que entienden que el concepto de gobierno está ligado a la forma de gobierno.

Miguel De Luca plantea las expresiones “ejecutivo” o “gobierno” se emplean en general como una misma forma para “designar al órgano o institución encargada de decidir, dirigir, administrar y hacer cumplir las leyes” (De Luca, 1998). Estas instituciones de gobierno, en las cuales debemos estudiar el gabinete, son instituciones políticas, es decir los ordenamientos “legales destinados a orientar el comportamiento” según Orlandi. Para este autor el gobierno es el conjunto de funciones, al que se le adjudica “la dirección política de la sociedad, relegando la administración a la burocracia pública” (Orlandi, 1998).

www.espaciospoliticos.com.ar

Retomando la última dimensión de Orlandi, hablar del gobierno como un conjunto de funciones, nos permite también pensar en la definición de poder ejecutivo de De Luca, al plantear que el Poder Ejecutivo, tiene su origen en una función específica como es la de aplicar y hacer cumplir las leyes que salgan del Poder Legislativo (De Luca, 1998). La palabra ministro, deriva del latín minister que significa oficial o servidor (De Luca, 1998). La idea de gabinete surge en el ámbito de los gobiernos parlamentarios en los países europeos durante en los siglos XVI y XVII. Estos primeros gabinetes eran pensados como aquella “junta de consejeros y asesores de la Corona reunidos en presencia del rey para tratar los delicados asuntos de Estado “(De Luca, 1998: 158).

Para el caso argentino, si bien son pocos los estudios que se centraron en este tema, María Eugenia Coutihno analizó la presidencia institucional. Para la autora, el Poder Ejecutivo es ejercido por una sola persona, el presidente, mientras que la Presidencia de la Nación es un aparato colectivo. Este aparato colectivo, está compuesto por ministros, secretarios, el Jefe de y otras oficinas y funcionarios que asisten y colaboran con el presidente.

Podemos concluir por tanto que en los sistemas presidenciales, los poderes ejecutivos que es lo que comúnmente se conocen como “gobierno”, el gabinete ocupa un lugar preponderante, y su consecuente análisis permitirá conocer aún más sobre el funcionamiento del Estado.

Uno de los primeros estudios sobre el gabinete, fue el que realizó en 1985, Waldino Suarez, donde se hizo un análisis comparativo de distintos gabinetes en América Latina. Waldino Suarez, planteaba que en América Latina, se observa una estructura ministerial pequeña, durante el período comprendido entre 1940 y 1980. Este primer análisis intentó contabilizando las carteras que lo componen, demarcar los alcances del gabinete. El artículo de Suarez sirve como marco de referencia para trazar una primera definición del gabinete, que podríamos llamar restrictiva, se centraliza sólo en los ministerios que acompañan al presidente en la función de gobierno. Si bien no es incorrecta, puede ser limitante para analizar el gabinete.

Continuando con esta indagación, cabe preguntarnos si el gabinete son sólo los ministros. Miguel Ángel Ekmekdjian desliza la idea de “funcionarios políticos”, a la hora de hablar de la designación dentro del Poder Ejecutivo. Esta idea nos permite pensar que el gabinete, no se compone sólo por los ministros, sino también por aquellos funcionarios políticos designados por el presidente.

Retomando, esta idea de gabinete a partir del análisis de funcionarios políticos, podríamos ampliar nuestra definición, incluyendo a secretarios, subsecretarios, directores generales. Esto habla de un gabinete que podríamos llamar ampliado o político, ya que siempre se habla de funcionarios políticos.

En contraposición podríamos encontrar una definición de gabinete administrativo, compuesto por un mayor número de funcionarios de rangos variados, pero también con mayor número

de reparticiones, donde hay mayor cantidad de carteras, muchas creadas para facilitar la gestión administrativa.

Por otro lado, María Eugenia Coutinho en su análisis sobre la Presidencia Institucional en Argentina, determina un núcleo central que compone la misma, que le permite observar una estabilidad, a partir de mantener un número fijo durante todos los gobiernos desde 1983. Esta estabilidad también se mantuvo en el gabinete durante un período de casi 25 años, ya que el mismo fue estable en términos de áreas y de funciones. Pero ¿La duración en el tiempo de determinadas áreas puede derivar en que la estructura del gabinete sea estable y semi-rígida? La idea de forma rígida, semirrígida o blanda, se establece en relación a la estructura formal del gabinete y la posibilidad de cambio del mismo. Así, una estructura semirrígida, permite la flexibilidad del gabinete y sobre todo dinamismo ante los cambios y coyunturas.

Todas estas variantes dan la posibilidad de comenzar a pensar en algunos puntos de análisis para abordar el estudio de los gabinetes. Siempre es importante pensar que en última instancia, los mismos bajo sistemas presidenciales, responden a la lógica de gobierno, las características personales, y a la historia política del presidente.

Varias ideas centrales guiaron este análisis sobre el gabinete. Primero la importancia de los mismos dentro del sistema político, ya que es aquí donde se generan las políticas a implementar y donde se da la administración de los recursos públicos. Por otro lado, la importancia de estos como un aliciente para poder compartir el poder político dentro de un partido o coalición de partidos en el gobierno. Por último, la ausencia de una vasta bibliografía que permita caracterizar, definir y delimitar el concepto de gabinete. Sin demasiadas pretensiones, intentamos avanzar en un campo de estudio novedoso, buscando reacomodar y reorganizar algunos antecedentes que permitan converger en posibles líneas de investigación en este sentido.

En estos términos y para finalizar, entendemos que el gabinete, aún en su estabilidad y rigidez, es siempre permeable al estilo presidencial y sobre todo a la forma en que el presidente ejerce el poder. Así se constituye en un área de conflictos y de acuerdos, donde se tejen relaciones política y personales. Es en última instancia, y en tanto su estructura siempre está atada a posibles cambios, una institución política variable y flotante, donde su única constante es el cambio.

Referencias: Resumen del artículo presentado en el 11° CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA “La política en movimiento. Estados, democracias y diversidades regionales” ,17 al 20 de julio de 2013, Paraná, Entre Ríos, República Argentina.

1

Lic. en Ciencia Política de la UBA y Magíster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (Ude2

9

Espacios Políticos

SA), realizó estudios de posgrado en la Universidad de Delaware (Beca Fulbright) y en la Universidad de Georgetown. Profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de las materias: “Administración Pública” y “Gobierno Electrónico y Gobernanza en América Latina, análisis y perspectivas”, asimismo también es docente de Ciencia Política en el Ciclo Básico Común (CBC), e investigador becario de UBACyT. Ex Secretario Académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA y Director de la Revista Espacios Políticos. maximilianocampos@gmail.com Lic. en Ciencia Política de la UBA. Cursó estudios de posgrado en FLACSO y TOP en políticas públicas. Se desempeñó como docente universitario en la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad Nacional de Río Negro. Actualmente se encuentra en el proceso de finalización de tesis de la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Quilmes (UNQUI) cuyo tema es la constitución del gabinete de Raúl Alfonsín. castrosilvio@gmail.com 3

Bibliografía: Libros y Artículos • Altman, David y Castiglioni, Rossana, Cabinet Determinants of Structural Reforms in Latin America, 1985–2000, en Developing Economies, Vol. XLVI N° 1, 2002.

• Amorim Neto, Octavio, “Cabinet Formation in Presidential Regimes: An Analysis of 10 Latin American Countries”, en Latin American Studies Association, Chicago, Sep.1998.

• Amorim Neto, Octavio, “Of Presidents, Parties, and Ministers: Cabinet Formation and Legislative Decision-Making Under Separation of Powers”, PhD Dissertation Thesis, Department of Political Science, University of California, San Diego, 1998.

• Camou, Antonio, “Los consejeros del príncipe. Saber técnico y política en los procesos de reforma económica en América Latina”; Nueva Sociedad N° 152, Buenos Aires, 1997.

• Coutinho, María Eugenia, “Un análisis institucional de la organización de la presidencia en la Argentina”, Revista Colección, N° 18/19, pp. 17-47, Buenos Aires, 2007/8.

• De Luca, Miguel, “Del Príncipe y sus Secretarios. Cinco apuntes sobre gabinetes presidenciales en la Argentina reciente” en Malamud, Andrés y De Luca Miguel (coord.) “La política en los tiempos de los Kirchner”, Eudeba, Buenos Aires, 2011.

• De Luca, Miguel, “Los Ejecutivos” en Orladi, Hipólito “Las instituciones políticas de gobierno/1”, EUDEBA, Buenos Aires, 1998.

• Ekmekdjian, Miguel Angel,”El poder ejecutivo y el gabinete ministerial”, en “Reforma Constitucional” VVAA, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995.

• Lanzaro Jorge, “Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina”, CLACSO, Buenos Aires, 2000.

• Linz, Juan, “Democracia presidencial o parlamentaria o parlamentaria: ¿Qué diferencia implica? en Linz, Juan y Valenzuela, Arturo Las crisis del presidencialismo, Alianza, Madrid, 1994.

• Orlandi, Hipólito y Olivieri Alberti, Alicia, “Las instituciones políticas de gobierno” en Orlandi, Hipólito, “Las instituciones políticas de gobierno/1”, EUDEBA, Buenos Aires, 1998.

• Orlandi, Hipólito, “La evolución histórica de las instituciones políticas de gobierno” en Orlandi, Hipolito “Las instituciones políticas de gobierno/1”, EUDEBA, Buenos Aires, 1998.

• Oszlak, Oscar y O’Donnell, Guillermo, “Estado y Políticas Estatales en América Latina”, Doc. CEDES/CLACSO Nº 4, Buenos Aires, 1976.

• Saiz Arnaiz, Alejandro, “Forma de Gobierno y estructura del Poder Ejecutivo: el presidencialismo argentino tras la revisión de la constitución de 1994”¸ presentado en Workshop «Nuevas tendencias político-constitucionales en Latinoamérica», Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati, 1995.

• Suarez, Waldino, “El gabinete en América Latina: organización y cambio” en Contribuciones N° 1, año II, KAS-CIEDLA, Buenos Aires, 1985.

Reflexiones sobre democracia y cambio político en las provincias argentinas Jacqueline Behrend

DPhil in Politics, University of Oxford Profesora e Investigadora, Escuela de Política y Gobierno, UNSAM

10

La Argentina es un país geográficamente desparejo, tanto en su desarrollo económico como en su densidad de población y también en los niveles de democratización. Esto no es sorprendente: Argentina es un país federal y en los países federales cada unidad subnacional (en este caso, provincias) tiene cierta autonomía política y esta autonomía puede implicar un diseño institucional variado, constituciones y leyes diferentes, y prácticas políticas diversas.

www.espaciospoliticos.com.ar

En este artículo presento algunas reflexiones preliminares y algunas de las preguntas de investigación que guían el proyecto en el que actualmente estoy trabajando. Sobre todo, apunto a confrontar los desarrollos teóricos sobre democratización subnacional de los últimos años con la complejidad de la realidad empírica que encontramos cuando nos enfocamos en los casos. Me centro sobre todo en dos aspectos: el rol de la alternancia electoral y de la intervención federal en la democratización subnacional.

Hasta hace algunos años, cuando se hablaba de democratización generalmente se hacía referencia a la democratización de un país entero y se suponía que una vez que ocurría una transición a la democracia a nivel nacional, el país entero se democratizaba. Esta concepción de los procesos de democratización empezó a cambiar en la última década, sobre todo a partir del surgimiento de una nueva agenda de investigación que proponía bajar la escala de observación y poner en diálogo dos cuerpos teóricos que generalmente no se tocaban: el de los estudios sobre federalismo y el de los estudios sobre democratización. Y una de las preguntas que guiaba estas investigaciones era: ¿cómo pensar la democracia –y los procesos de democratización- en países federales donde existen distintos niveles de gobierno con cierta autonomía política? Y también: ¿cómo entender las tensiones entre los procesos políticos nacionales y los procesos políticos subnacionales? Los estudios sobre la democratización subnacional, entonces, buscan entender la manera dispar en que la democracia se puede extender dentro de un mismo país que es democrático a nivel nacional, es decir, que ha tenido una transición a la democracia.

Un primer paso de los estudios de democratización subnacional fue identificar la variación que existía a nivel subnacional en procesos que anteriormente se habían analizado sólo desde una óptica nacional. En este marco, varios trabajos desarrollaron hipótesis causales para explicar la variación (Behrend 2008, 2011; Bianchi 2013; Borges 2007; Durazo Herrmann 2011; Gervasoni 2010; Giraudy 2011). Y, en esta línea, una pregunta importante es cómo ocurre el cambio político a nivel subnacional; es decir: ¿cómo se democratizan las provincias menos democráticas? ¿Podemos pensar en una transición a la democracia, como cuando hablamos de democratización nacional, o hay otros conceptos más apropiados para explicar estos procesos.

En Argentina, las elecciones provinciales son razonablemente limpias y regulares y no suele haber restricciones a la participación política. Es decir, se trata de elecciones competitivas que no son una fachada, como ocurre en lo que Schedler (2006) denomina autoritarismo electoral o lo que Levitsky y Way (2010) denominan autoritarismo competitivo. Muchas provincias tienen sistemas electorales con un sesgo mayoritario, como muestran Calvo y Escolar (2005), pero si bien las sucesivas reformas electorales inclinaron el campo de juego a favor de los oficialismos al rediseñar los distritos electorales y sobrerrepresentar algunos por encima de otros, esto no implica

que un partido opositor no se pueda beneficiar de estas mismas reglas. Incluso en las provincias donde los gobernadores ganan por una inmensa mayoría, las elecciones nunca están aseguradas y a menudo existe gran competencia en otros niveles, como, por ejemplo, el municipal.

En lugar de utilizar el concepto de “transición” para referirme a la democratización subnacional, utilizo el concepto más amplio de “cambio político”, y esto por un motivo central. En la literatura sobre democratización, una transición implica un cambio de régimen y una transición a la democracia sería el pasaje de un régimen autoritario a un régimen democrático. Pero, como argumento junto con Whitehead en otro texto (Whitehead y Behrend, mimeo), existen prácticas iliberales y no democráticas que son importantes y recurrentes, y que se extienden más allá de los límites más estrictos de un “régimen autoritario”.

Puede haber provincias que son razonablemente democráticas en lo que respecta al régimen, pero que son menos democráticas en aspectos referidos al ejercicio del poder. El concepto de cambio político es más adecuado para capturar los procesos de democratización que no implican un cambio de régimen y que se refieren a un proceso de largo plazo. Esto se relaciona con el hecho de que en las democracias federales la democratización subnacional a menudo no es un proceso claramente delimitado: todas las instituciones de una democracia generalmente están firmemente establecidas, si bien pueden no funcionar adecuadamente o de la manera deseada, y puede no haber una transición tal como solemos entenderla en la literatura sobre democratización nacional, porque ya existe un régimen democrático. Es decir, ya ha ocurrido una transición a nivel nacional, que garantiza un mínimo de procedimientos democráticos para todo el país. King y Lieberman (2009) se refieren a este tipo de procesos como “democratización en una democracia”.

Entonces, la pregunta central es cómo ocurren el cambio político y la democratización, entendida como un proceso abierto y de largo plazo (Whitehead 2011), en las provincias argentinas.

La alternancia electoral es citada por la literatura como un requisito de la democracia y ha sido utilizada como indicador de democratización. La intervención federal también ha sido citada como una de las formas en que el gobierno federal puede obligar a una provincia a democratizarse. Estas dos formas corresponden a lo que Gibson (2012) ha denominado transición liderada por los partidos o transición desde el centro, y son las dos vías hacia la democratización subnacional que identifica en su trabajo. La primera vía implica el desarrollo de alianzas políticas que permitan la elección de un partido opositor, es decir, la alternancia electoral. La segunda vía implica la intervención directa del gobierno nacional, por ejemplo, a través de una intervención federal que modifica las reglas del juego y también hace posible la elección de un nuevo partido o una nueva coalición gobernante.

11

Espacios Políticos

La alternancia es una señal de que hay competencia, pero no dice demasiado acerca de cómo se ejerce el poder en las distintas provincias. Tampoco nos dice entre quiénes hay alternancia. Uno de mis argumentos centrales es que para entender los procesos de democratización subnacional debemos tomar en cuenta tanto las instituciones formales que restringen el acceso al poder, como las estructuras y prácticas iliberales relacionadas con la forma en que se ejerce el poder, y que pueden persistir a pesar de las reformas electorales, la intervención federal o la alternancia electoral.

El rol de la intervención federal en la democratización subnacional tampoco es fácil de analizar, ya sea en términos teóricos o empíricos. En términos teóricos, la práctica de la intervención federal ha sido cuestionada porque implica la remoción de autoridades electas democráticamente. En algunos casos, como Catamarca en 1991 y Santiago del Estero en 2004, la intervención se justificaba debido a las violaciones flagrantes a los derechos humanos que habían ocurrido en ambas provincias.

Pero en otros casos, las intervenciones federales han sido utilizadas para resolver conflictos o crisis dentro de la elite. Yendo más atrás en la historia argentina, las intervenciones federales a menudo fueron utilizadas para asegurar la elección de un gobernador afín al gobierno nacional. En términos empíricos, el rol de la intervención federal en la democratización subnacional no es sencillo evaluar, debido a que la alternancia y reforma de la legislación electoral no asegura o indica un cambio en prácticas y estructuras iliberales de largo arraigo.

Mi punto de partida, por lo tanto, es que: 1. La alternancia no es un indicador necesario ni suficiente de democratización subnacional y, del mismo modo, la falta de alternancia no es un indicador de falta de democratización subnacional.

2. La intervención federal y la posterior reforma de la legislación electoral pueden producir alternancia, pero no necesariamente ponen un fin a las estructuras y prácticas territoriales iliberales.

3. Para entender la complejidad de la democratización subnacional es necesario enfocarse tanto en los aspectos electorales que restringen la competencia como en las estructuras y prácticas iliberales que pueden persistir a pesar de la eliminación de restricciones electorales. Algunas de estas prácticas y estructuras se refieren a la política de familias, el control de los medios de comunicación locales, el control de la justicia, la captura del estado y la asignación discrecional del acceso a oportunidades de negocios.

Las prácticas provinciales iliberales se desarrollan a través de estrategias locales de control sobre ciertas áreas o dimen-

12

siones: la electoral, la judicial, los medios, el estado y las relaciones económicas. Para que la democratización subnacional sea real, debe abarcar estas áreas de manera significativa. No alcanza con reemplazar a los oficialismos subnacionales con nuevas autoridades electas o con democratizar el acceso si las prácticas iliberales en cada una de las áreas estatales mencionadas anteriormente siguen operando como antes y se reproducen bajo los nuevos gobiernos.

Referencias: Behrend, Jacqueline (2008). “Democratic Argentina and the ‘Closed Game’ of Provincial Politics: Protest and Persistence”.

DPhil thesis, Department of Politics and International Relations, University of Oxford.

-------------------------- (2011). “The Unevenness of Democracy at the Sub-national Level: Provincial Closed Games in Argentina”. Latin American Research Review 46(1): 150-176.

Bianchi, Matías (2013). “The Political Economy of Sub-National Democracy: Fiscal Rentierism and Geography in Argentina”. Tesis doctoral, Centre d’Études Politiques de Paris, École Doctorale de Sciences Po. Borges, André (2007). “Rethinking State Politics: The Withering of State Dominant Machines in Brazil”. Brazilian Political Science Review 1(2): 108-152.

Calvo, Ernesto y Marcelo Escolar (2005). La nueva política de partidos en la Argentina: crisis política, realineamientos partidarios y reforma electoral. Buenos Aires: Prometeo-PENT. Durazo Herrmann, Julián (2010). “Neopatrimonialism and Subnational Authoritarianism in Mexico. The Case of Oaxaca”.

Journal of Politics in Latin America 2(2): 85-112.

Gervasoni, Carlos (2010). “A Rentier Theory of Subnational Regimes: Fiscal Federalism, Democracy and Authoritarianism in the Argentine Provinces”. World Politics 62(2): 302-340.

Gibson, Edward L. (2012). Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Federal Democracies. Cambridge: Cambridge University Press.

Giraudy, Agustina (2010). “The Politics of Subnational Undemocratic Regime Reproduction in Argentina and Mexico”. Journal of Politics in Latin America 2(2): 53-84.

King, Desmond y Robert C. Lieberman (2009). “American Political Development as a Process of Democratization” en Desmond King et al, Democratization in America: A Comparative-Historical Analysis. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Levitsky, Steven y Lucan Way (2010). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. Cambrridge: Cambridge University Press.

Schedler, Andreas (2006). Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition. Boulder, Co.: Lynne Rienner.

Whitehead, Laurence (2011). Democratización. Teoría y experiencia. México DF: Fondo de Cultura Económica.

Whitehead, Laurence y Jacqueline Behrend (mimeo). “Illiberal Territorial Structures and Practices Within Large Federal Democracies”. Manuscrito sin publicar.

www.espaciospoliticos.com.ar

El territorio importa Algunas consideraciones sobre la implementación de las políticas públicas participativas en los ámbitos locales.

Catalina Luz Bressán

Licenciada en Ciencia Política.

UNER. Facultad de Trabajo Social. Becaria CONICET catibressan@gmail.com En las últimas décadas se ha producido un redescubrimiento de lo local. El territorio, como lugar donde confluye un conjunto de relaciones sociales, de identidades y espacios económicos, sociales, ambientales y políticos dinámicos y complejos que expresan tensión y oposición, relaciones de interdependencia y complementariedad, dando forma y sentido a un particular modelo de desarrollo.

Simultáneamente a esto, se observa en los gobiernos locales la implementación de herramientas de participación ciudadana. El siguiente trabajo tiene como objeto estudiar el vínculo entre las políticas participativas impulsadas por los gobiernos locales y la dimensión territorial de estos procesos, intentando poder dar cuenta que el territorio es un elemento clave a la hora de implementar estos procesos.

Las transformaciones globales y la revalorización de lo local Para hacer referencia a los procesos de cambio que atravesaron las sociedades del mundo entero y las transformaciones mundiales que se proyectaron en esta época se hace necesario hablar de la Globalización. El proceso de la globalización produjo cambios estructurales a lo largo de las últimas décadas -los cuales fueron producto de una nueva fase de reestructuración tecnológica y organizativa- que afectaron significativamente la naturaleza del Estado y pusieron en crisis las formas tradicionales de administrar y gestionar los asuntos públicos.

Arocena (2001:32) referencia tres posturas criticas en el debate sobre globalización, esto es, una connotación de avasallamiento e imposibilidad de lo local frente a lo global, una segunda posición de connotación negativa frente al mundo globalizado y una tercera en términos de síntesis o sobrevivencia de ambas, al remitir a formas de articulación local- global, al interior de una comprensión compleja de la sociedad contemporánea. Consideramos que la tercera postura es la única manera de aproximarse a la complejidad del problema.

Conjuntamente con el fenómeno de la globalización se proyecta la perdida de importancia del Estado Nación como figura protagónica de organización de sociedades y característica de la modernidad.

A partir de este panorama comienzan a gestarse nuevas fronteras entre la sociedad y el Estado. Comienza así un proceso de restructuración del rol del Estado y de sus funciones, que -a partir de la década del ’90 en nuestro país- configura un nuevo escenario que

tiene a la Reforma del Estado como su principal protagonista.

En este contexto de cambios y transformaciones, al que se suma el proceso de democratización de mediados de los ‘80, los gobiernos locales comienzan a tomar mayor protagonismo, y asumir nuevos roles. Configurándose así, como impulsor del desarrollo económico social, fortalecedor del proceso democrático, y en muchos casos receptor de las demandas y necesidades sociales, sin dejar de lado las tareas de tipo ejecutivas que desarrollaba.

Estos espacios ya no esperan de manera pasiva la dotación de recursos y las posibilidades de progreso que provienen del desarrollo impulsado por los gobiernos centrales. Bien por el contrario, los actores locales se hayan frente a la posibilidad de convertirse en agentes activos del desarrollo.

Bajo este escenario, se produce una redefinición del espacio de lo público en donde la participación ciudadana se presenta como una de las herramientas de apropiación de lo público, lo que es común a todos. Participación ciudadana es “la participación que hacen las personas para afectar la toma de decisión, ejecución y seguimiento de las políticas públicas” (Guillen, Saenz, Badii y Castillo, 2009:179).

Podemos definir a las políticas participativas como “un proceso según el cual determinados actores de la sociedad civil se movilizan, se ‘activan’, irrumpen en un escenario público e intentan influir sobre las reglas y procesos que enmarcan sus condiciones de existencia y reproducción. En particular las políticas estatales y el modo de organización a las que ellas apuntan” (Oszlak, 2009: 5).

Las políticas participativas introducen nuevos actores al ciclo de las políticas públicas.

Para dar cuenta de este fenómeno, hablamos de gobernanza moderna la cual es un proceso en donde distintos actores –públicos y privados- participan en la formulación e implementación de políticas públicas. Mayntz Renate (2001) define la gobernanza moderna como una forma de gobernar más cooperativa, diferente del antiguo modelo jerárquico. En este enfoque el Estado replantea su rol para gobernar ante una realidad compleja y busca aminorar los elementos jerárquicos y centralizados del Estado.

Esto se traduce en “el intento de involucrar más directamente a la ciudadanía en la acción de gobierno y en la elección de las políticas” (Guy Peters, 1991:583).

El territorio y la participación ciudadana: un lugar para todos La implementación de políticas participativas en los gobiernos locales ha traído aparejado la revalorización del territorio. Entendemos como territorio “el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado” (Montañez Gomez y Delgado Mahecha,

13

Espacios Políticos

1998:122). Por tanto, nos interesa analizar la dimensión territorial de los procesos en dos dimensiones: por un lado el que refiere a la localización espacial de las relaciones sociales, y por otro el que visualiza la construcción social del territorio como uno de los componentes esenciales de la territorialidad.

El territorio pensado como un espacio de poder donde se expresan identidades y sentidos compartidos (o no) por múltiples actores. El territorio crea territorialidades – espacios con sentidos- que alude a la producción social, política y simbólico- cultural del espacio habitado.

Aparece así la dimensión dialéctica de la construcción social del territorio, el vínculo entre el sujeto y el territorio reviste una relación dinámica entre los componentes: por un lado el espacio imprime las propias representaciones que los sujetos se dan del territorio, y por otro lado incorpora del sujeto aspectos identitarios y subjetivos de su ser. Esta relación se profundiza en las políticas de participación ciudadana en donde el sujeto se involucra más directamente en la acción de gobierno y en la elección de las políticas públicas. En otras palabras, se apropia del espacio público bajo un contexto democrático y participativo.

Algunas consideraciones finales La revalorización de los espacios locales trajo aparejado la asunción de nuevos roles y desafíos a los municipios. Las políticas participativas y los nuevos enfoques de políticas públicas, tales como el modelo de la gobernanza, constituye un medio para elevar el contenido democrático del Estado en la medida en que es una manera cooperativa de gobernar, en donde el Estado y la sociedad civil se articulan de manera flexible para el logro del bienestar público. Aquí, la participación ciudadana se convierte en una aliada estratégica para que la ciudadanía pueda incidir en las políticas públicas, en particular en aquellas de ámbito local.

Las políticas participativas hacen visible la dimensión territorial de estos procesos en tanto y en cuanto la participación ciudada-

na exige la apropiación y comprensión de esos procesos por sus habitantes, entonces allí emerge el territorio con sus problemas, necesidades e idiosincrasias particulares y que exige la adaptación de políticas públicas.

Como hemos puesto de manifiesto, la producción del territorio es una tarea colectiva. El desafío entonces, es procurar que el territorio pueda operar como un espacio de articulación y aglutinamiento de las identidades de los actores.

Bibliografía consultada:

AROCENA, José. (2001). Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local. Globalización, integración y desarrollo local. Antonio Vásquez Barquero/ Oscar Madoery, Compiladores.

Homo Sapiens. Rosario, Argentina.

GUILLEN, A., SÁENZ, BADII y CASTILLO. (2009). Origen, espacio y niveles de participación ciudadana, versión digital, extraída el 03/08/12 de www.spentamexico.org/revista/volumen4/ numero1/14.%204(1)%20179-193.pdf MAYNTZ, Renate. (2001). El Estado y la Sociedad Civil en la gobernanza moderna. Revista CLAD Nro. 21. Pág. 1-8.

MONTAÑEZ GOMEZ, Gustavo y DELGADO MAHECHA, Ovidio (1998). Espacio, Territorio y Región: conceptos básicos para un proyecto nacional. Cuadernos de Geografía, Revista del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, vol.vi1 no. 1-2 1998, Bogotá.

OSZLAK, Oscar. (2009). Implementación participativa de políticas públicas: aporte a la construcción de un marco analítico, en Belmonte Alejandro (et al) 2009: Construyendo confianza. Hacia un nuevo vinculo entre Estado y sociedad civil. Volumen II. CIPPEC y subsecretaria para la Reforma Institucional y fortalecimiento de la democracia. Jefatura de Gabinete de Ministros. Presidencia de la Nación. Buenos Aires.

PETTERS, Guy. (2005). Gobernanza y burocracia pública. ¿Nuevas formas de democracia o nuevas formas de control? Foro internacional 182, XLV. Pág. 585-598.

Algunas reflexiones sobre los quinientos años de El Príncipe: Maquiavelo y el campo de las políticas públicas Nelson Dionel Cardozo

Docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y profesor de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) Nelson.cardozo@gmail.com

14

E

l pensamiento sobre el llamado “arte de gobernar” se remonta tanto a los antiguos pensadores orientales, tales como Confucio y Lao-Tsé, quienes en su obra mencionan como debe ser el buen gobierno del Estado; como a los trabajos de los clásicos helénicos de Platón y Aristóteles que darán origen a la filosofía política occidental con sus reflexiones sobre las constituciones de las polis. Sin embargo, estas cavilaciones fraguaban la noción de profesión de la sabiduría, las virtudes y el deber ser, con la praxis que correspondía tener al político en la conducción de los asuntos públicos. La

www.espaciospoliticos.com.ar

imbricación entre la ética y la política, propia de la tradición política clásica, quedará atrás y dará paso a una nueva ciencia del Estado. Con la aparición hace quinientos años de un breve libro escrito en una desnuda prosa en idioma toscano irrumpe la filosofía política moderna. Nicolás Maquiavelo (14691527), en ese momento un funcionario apartado del servicio civil, despojado de la ampulosidad vetusta del latín, soltará el lastre de la filosofía política clásica y producirá el viraje de la idea de virtud (virtù) desde estos atributos morales, hacia la noción de efectividad en las políticas y en la mantención de poder. He aquí una de las bisagras que permiten iluminar la reflexión maquiaveliana, ya que se abre todo un campo de discusión acerca de la manera en que los gestores pueden llegar a mejores intervenciones, siendo dicho interrogante la espina vertebral de la obra que analiza esta pequeña intervención). La pregunta acerca de “cómo hacer mejores políticas” y su abordaje mediante un conocimiento racional será también el origen de la “ciencia de las políticas” que se expandirá en el siglo XX. Al separarse el componente moral y religioso de la acción gubernamental, se habilita una serie de cuestiones que desplazan el eje desde la ética hacia la racionalidad de tipo instrumental. No es casual, que ese componente racional de la actividad humana enfatice el elemento teleológico de la acción política. En la modernidad ya no será un buen gobernante el que sigue los preceptos éticos dictados por la axiología, sino aquel que mediante el conocimiento erudito de la historia y el accionar de sus grandes personajes, seleccione alternativas y tome de las mejores decisiones.

Para comenzar el análisis de los aportes de Maquiavelo al enfoque de las políticas públicas, es menester resaltar que una de las principales contribuciones del florentino fue que avizoró de manera clara y precisa cual era la nueva unidad política de la modernidad: el Estado-Nación. La construcción del mismo es fundamental dentro de la reflexión en El Príncipe, ya que comienza

a ver como se organizan otras naciones, y en especial la poderosa Francia –ya unificada- que tuvo la oportunidad de conocer como canciller de la República de Florencia. De esta manera, se advierte uno de los elementos más destacados que seguirá siendo dominante en el análisis de políticas hasta los años 70: la importancia de las intervenciones públicas que irradian desde un centro político. Así, vemos que ya se puede advertir como una precondición para la efectividad de las políticas públicas un abordaje top-down, es decir, una concepción de la toma de decisiones y de la implementación descendente de los programas públicos. Esto es conteste y concordante con la condición elitista que deposita en la política y la toma de decisiones, en donde aparece una desconfianza natural por el pueblo, y enfoca el eje de la reflexión en los aspectos relativos a las elites políticas. El gran tronco que recorre la quincuagenaria obra del toscano es justamente, el modo en que se da el recambio entre las elites, las formas en que se llega, se permanece y se pierde el poder; siempre teniendo en cuenta un visión dinámica de este último (Bulcourf y Vázquez 2004). No obstante ello, debe matizarse esta conclusión, sobre todo al contraponer la visión republicana que surge en I Discorsi. Pero no obstante ello podemos atisbar que el proceso de constitución de un Estado-nación moderno, según la visión de Maquiavelo requería la concentración del poder, al menos en un primer momento. De esta manera “toda la obra estaba dominada por una concepción heorica de la actividad política personal, con el resultado de que la figura heroica del príncipe eclipsaba toda sugerencia de que la actividad política pudiera ser conducida a través de instituciones impersonales” (Wolin, 1974: 247). Efectividad en la toma de decisiones, enfoque proactivo, y conocimiento experto son la tónica en las políticas que podemos ver en El Príncipe.

Otro elemento que merece ser profusamente analizado es la importancia del conocimiento en la selección de alternativas y la toma de decisiones. Siglos antes

que Harold Lasswell hablara del conocimiento científico como necesario para las “ciencia de las políticas”, el italiano ya mencionaba que la constitución de este nuevo campo de conocimiento era fundamental para dominar la realidad. Aquí podemos ver el nacimiento de la visión secularizada y antropocéntrica, en donde el hombre moderno es capaz de dominar los acontecimientos mediante el saber experto. Tal y como menciona Parsons “Maquiavelo estaba interesado en el arte del Estado: creía que, mediante el conocimiento de la realidad de la política y el poder, los tomadores de decisiones estarían mejor preparados para controlar los asuntos de Estado y mejor capacitados para lidiar con los problemas. Las preocupaciones de Maquiavelo encuentran una curiosa resonancia en el moderno mundo del arte del Estado” (Parson, 2008: 76). De esta manera vemos, un elemento central en el pensamiento de este autor que es la necesidad de los gestores públicos de contar con información de buena calidad, y una sabia interpretación de la misma. El buen gobierno, por consiguiente es aquel que comprende los escenarios donde se desenvuelve la intervención pública y toma decisiones en base a diagnósticos previos, porque “la nueva ciencia demostró ser capaz de situarse en cualquier posición (…), diagnosticando la situación desde ese punto de vista, enunciando las alternativas y aconsejando las mejores medidas” (Wolin, 1974: 218). Pero ello no es suficiente: se precisa también lo que él denomina prudencia, una virtud muy importante, que se relaciona directamente con la capacidad de detectar futuros problemas y darle una rápida intervención para su solución, dado que “todos los príncipes sabios (…) no solamente han de preocuparse de los problemas presentes, sino también los futuros, tratando de superarlos con todos los recursos de su habilidad; previstos con antelación, se les puede encontrar fácil remedio, pero si se espera a tenerlos encima, la medicina nunca está a tiempo al haberse convertido la enfermedad incurable (…). En los asuntos de Estado, los males que nacen si se les reconoce con antelación (lo cual no es dado sino a una persona prudente);

15

Espacios Políticos

pero cuando por no haberlos reconocido se les deja crecer de forma que llegan a ser de dominio público, ya no hay remedio posible” (Maquiavelo, 1999:39). Se advierte en este extracto, una gran confianza en el conocimiento y la capacidad de dominar la realidad, al mismo tiempo que podemos ver que el tipo de soluciones a los problemas públicos que concibe es racional exhaustiva, y no una visión incremental de la acción estatal. Esta confianza en el poder del conocimiento, deposita un gran énfasis en la racionalidad del Estado. Así, la concepción maquiaveliana del análisis de políticas públicas debe colocarse en un escenario de progresiva racionalización del gobierno y de la política como una actividad en donde se formulan políticas públicas. Aquí vemos en pleno Renacimiento la idea de “ciencias de las políticas” donde el sabio con su conocimiento “se ve como un integrador de conocimiento y acción, por lo tanto, como un especialista en suscitar y dar efecto a toda la racionalidad de la que los individuos y las colectividades son capaces en cualquier momento” (Lasswell, 1970: 13).

En El Príncipe vemos también una visión ambigua acerca del rol de los expertos, dado que menciona en el capítulo XXII “De los secretarios de los príncipes” la manera en que debe rodearse el buen gobernante. Así, refiere como un punto importante la selección de sus ministros, dado que “cuando son competentes y fieles se le puede tener siempre por sabio, puesto que ha sabido reconocer su competencia y mantenérselos fieles. Pero cuando son de otra manera hay siempre motivo para formar un mal juicio de él, puesto que su primer error ha sido precisamente elegirlos.”

El buen político es aquel que además de ser prudente, puede además generar equipos capaces y que al mismo tiempo le profesen lealtad. Pero la importancia que le coloca a mantención en el poder por parte del gobernante hace que surja cierta desconfianza de los ministros. Así, es menester mantenerlos leales dándoles favores pero agrega un último elemento: “Un príncipe prudente debe procurarse un tercer procedimiento, eligiendo en su

16

Estado hombres sensatos y otorgando solamente a ellos la libertad de decirle la verdad, y únicamente en aquellas cosas de las que les pregunta y no de ninguna otra” (Maquiavelo, 1999: 113). Así, el príncipe debe buscar el consejo solamente cuando lo requiere, escuchar, pero la toma de decisiones la debe realizar él mismo. Vemos aquí, que dada la visión antropológica negativa que plantea la obra de Maquiavelo, en donde los hombres poseen naturalmente una ambición ilimitada de poder, que la delegación en la toma de decisiones en los ministros es un talón de Aquiles en el gobierno, y por consiguiente, se esboza una lógica ambición de los ministros que debe ser contenida por el gobernante. Esto da el puntapié para otra nota muy importante en el pensamiento del florentino: la vinculación que hay entre la política (politics) entendida como la lucha por el poder y la acción pública (policy). Para Maquiavelo queda claro que la principal razón por la cual los gobernantes deben proveer buenas políticas (policies) queda supeditada a la permanencia en el poder (politics).

Aquí vemos nuevamente el componente elitista en la filosofía política del toscano, que será retomado en el siglo XX por las teorías económicas de la democracia y el análisis de políticas públicas que postula que el principal interés de los gestores públicos es el blame avoidance (evitar la responsabilización) y continuar en el poder. La efectividad de las políticas, por lo tanto es fundamental para que el príncipe no pierda poder en el Estado. Ser virtuoso, es justamente tener la capacidad de hacer frente a la adversidad proveyendo decisiones que solucionen los problemas públicos, dado que “sin duda alguna los príncipes se hacen grandes cuando superan las dificultades y los obstáculos que se les oponen.”(Maquiavelo, 1999: 105).

De esta manera el accionar de los políticos tiene que ver con la creencia de las elites en que la aplicación de determinadas políticas públicas le será rentable y le permitirá continuar en el gobierno.

La virtud del buen príncipe se manifiesta justamente en momentos en que aparecen adversidades, producto de la fortuna, comparando esta última con un río torrencial, diciendo que “ella muestra su

poder cuando no hay virtud organizada y preparada para hacerle frente y por eso vuelve sus ímpetus allá donde sabe que no se ha construido los espigones y los diques para contenerla” (Maquiavelo, 1992: 117).

Estas breves palabras han intentado iluminar algunos de los aspectos más destacados que El Príncipe ha hecho al campo de las políticas públicas, los cuales fueron retomados siglos después por diversos autores. Sin lugar ha dudas, la riqueza de esta obra excede lo expuesto en estos breves párrafos, pero muestra que muchos de los postulados que fueron asumidos durante el siglo XX con la constitución del campo de la administración pública -que surgió hacia finales del siglo XIX e irrumpió en la segunda posguerra junto con la nueva racionalidad del Estado de Bienestar-, nos muestra la vigencia del pensamiento político de Nicolás Maquiavelo. Más allá de ser un brevario de consejos para el gobernante, esta obra sigue siendo ardorosamente debatida, profundamente inquietante y sin lugar a dudas unos de los escritos políticos más importantes con los que cuenta la humanidad.

Referencias bibliográficas.

Butterfield, Herbert (1965). Maquiavelo y arte de gobernar. Huemul, Buenos Aires.

Brion, Marcel (1977). Maquiavelo. Siglo Veinte, Buenos Aires.

Bulcourf, Pablo y Juan Cruz Vázquez (2004).

“La ciencia política como profesión”. En revista PostData, nro. 10, Buenos Aires.

Sforza, Conde (1941). El pensamiento vivo de Maquiavelo. Losada, Buenos Aires.

Maquiavelo, Nicolás (2013). El Príncipe.

Ariel, Buenos Aires.

Maquiavelo, Nicolás (1999). El Príncipe.

Alianza, Madrid.

Machiavelli, Niccolò (1971). Tutte le opere. Sansoni, Firenze.

Wolin, Sheldon (1960). Política y perspectiva. Amorrortu, Buenos Aires.

Parsons, Wayne (2008). Políticas Públicas. Miño Dávila, México.

Lasswell, Harold (1970). “The emergiging conception of policy sciences”. En Policy Sciences Nº 1. Springer, Danvers.

www.espaciospoliticos.com.ar

EL MODELO DE DEFENSA NO PROVOCATIVA COMO POSTURA ESTRATÉGICOMILITAR PARA LA ARGENTINA María Belén Canto, Sergio G. Eissa, Sol Gastaldi, Candela Justribó 1. INTRODUCCIÓN Como es sabido, cualquier sistema de defensa se define a partir de una postura estratégica. El diseño del instrumento militar es, ya sea en su sistema de armas, el despliegue territorial, el tipo de reclutamiento y la estructura y organización de las fuerzas armadas, entre otros tantos aspectos, parte de una arquitectura estadual que define para sí cómo organizar su defensa nacional y erigirse frente a otros Estados en el escenario internacional. Ya el mayor referente teórico de las cuestiones bélicas, Carl von Clausewitz, destacaba la importancia que tenía –y tiene– la política en la guerra, al sostener que “si la guerra es parte de la política, la política determinará su carácter” (1999: 184). Por lo tanto, la construcción de un sistema de defensa, o su redefinición, debe inexorablemente responder a una lectura política del mayor nivel, de las condiciones socio-históricas y estructurales de la comunidad que representa, así como también de variables contextuales tales como el estado de las relaciones exteriores y la coyuntura económica, tanto doméstica como internacional.

En este marco, la adopción de determinada postura estratégico-militar reflejará de algún modo los aspectos mencionados.

Ahora bien, resulta importante señalar que toda postura estratégica establecerá las orientaciones, a nivel estratégico y operacional, que determinarán que la disposición de la acción militar sea de carácter defensiva u ofensiva. Clausewitz consideraba a la “defensa” como la for-

ma más eficaz de la guerra, que permitía mantener la inviolabilidad del territorio y su conservación, y en caso de ser atacado, repeler dicha acción militar (1999: 866). El territorio es, bajo este esquema, un elemento vital.

Con el fin de la Guerra Fría, el apogeo de la globalización y del desarrollo de nuevas tecnologías, el debate en torno a la aparición de las denominadas “nuevas amenazas” y los “conflictos asimétricos”, el territorio parecería haberse convertido en un elemento devaluado. El surgimiento de nuevos ambientes operacionales, como el ciberespacio, parecerían contribuir también a este supuesto. En cambio, podría considerarse que estos elementos complejizan el análisis de la defensa, su naturaleza y su materialización; una visión negacionista podría conllevar a la desprotección, a descuidar la importancia del territorio en un escenario donde los recursos naturales no renovables –recursos estratégicos que los países de la región poseen en abundancia–, se encuentran entre los intereses nacionales de las más grandes potencias mundiales.

Por otro lado, en los últimos treinta años, los procesos de integración económica, y de integración política más tarde, han logrado establecer en regiones enteras diversas “zonas de paz”. Sudamérica es un ejemplo de ello con la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y su Consejo de Defensa Suramericano. No obstante, lejos estamos aún de lograr un sistema postwestfaliano. En un marco donde la guerra

subsiste como un mecanismo de resolución de los conflictos en el escenario internacional, la región y cada uno de nuestros países deben hacer frente a los desafíos que les presenta la nueva geopolítica de los recursos estratégicos (Klare, 2001).

Frente a esta coyuntura, es tarea de los pensadores de la estrategia formular modelos que den cuenta de esta realidad. Si bien es cierto que los conflictos interestatales no serán la regla en el futuro, las guerras en sentido clásico entre Estados Nacionales continuarán siendo un riesgo latente (Zacher, 1992). Por lo tanto, la configuración de un sistema de defensa creíble y lo suficientemente apto para hacer frente a dicho riesgo continuará siendo un interés fundamental para todos los Estados.

Partiendo de estas premisas, el presente artículo tiene entonces por objeto explorar las características de la actitud estratégico-militar de las denominadas “defensa no provocativa” (DNP) y “defensa no ofensiva”, tarea que será desarrollada en el próximo apartado. Posteriormente se intentará analizar si dicho modelo se ha reflejado en las reformas de Segunda Generación emprendidas en el Sistema de Defensa argentino a partir del año 2005. A tal efecto, el tercer apartado describirá sucintamente los principales lineamientos normativos que se establecieron y que adoptan una postura, actitud y posicionamiento estratégico defensivo para el diseño del Instrumento Militar argentino.

2. LA DEFENSA NO OFENSIVA Y LA DEFENSA NO PROVOCATIVA COMO POSTURAS ESTRATÉGICAS Carl von Clausewitz sostenía que una estrategia defensiva, contaba con más ventajas porque, por un lado, las fuerzas armadas pelearían dentro de su territorio, lo que permitiría maximizar los beneficios de tener un profundo conocimiento sobre éste, de ejercitaciones previas en escenarios reales de enfrentamiento, de tener a cargo el control de las comunicaciones y la infraestructura del

17

Espacios Políticos

terreno, y por otro, permitiría abandonar las capacidades que son especificas para un ataque ofensivo.

En este sentido, durante la Guerra Fría se desarrollaron dos conceptos estratégicos, que fueron recogidos en Argentina, entre otros, por Thomas Scheetz y Gustavo Cáceres, sobre los cuales queremos hacer una breve reseña de sus argumentos centrales.

Defensa No Ofensiva Esta estrategia busca minimizar, por un lado, el desarrollo de capacidades ofensivas, y por el otro, fortalecer la adopción de capacidades defensivas. El objetivo central es lograr que las fuerzas armadas estén estructuralmente incapacitadas para atacar. Asimismo, propone eliminar todas aquellas estrategias militares que puedan ser vistas como amenazas por el Estado vecino, a fin de prevenir cualquier tipo de “malos entendidos”, a la vez que fomenta el desarrollo de las medidas de confianza entre los países pertenecientes a una misma región.

Al respecto, Bjorn Moller (2000), en su teoría de “defensa no ofensiva”, afirma que un conflicto puede ser mitigado y prevenida su evolución en una guerra, a través de una reestructuración defensiva de las fuerzas armadas. El objetivo principal es, para cada uno de los lados, poseer suficiente fuerza defensiva para salvaguardar su territorio nacional, combinado con un mínimo de capacidad ofensiva, de manera que esto no sea percibido como una amenaza para los países vecinos.

Por otro lado, el concepto de disuasión es interpretado de manera diferente, ya que no se identificaría más con la amenaza de un ataque, sino con las grandes dificultades a las que se tendría que enfrentar el Estado atacante para ocupar un territorio. De esta manera, la defensa no ofensiva generaría una “disuasión por negación”.

Ahora bien, esta estrategia no es una receta que se aplica en cualquier país por igual, sino que depende del contexto histórico y geográfico que cada uno de éstos presente. A partir de esta premisa es que existe una categorización de diversas propuestas para poder aplicar la “Defensa

18

No Ofensiva” de acuerdo a las características geográficas, políticas y económicas de cada territorio, siendo éstas: ‘defensa territorial’, ‘tela de araña’, ‘eslabón perdido’ y ‘defensa de avanzada’.

Estas propuestas tendrían como resultado la eliminación de las posibles rivalidades existentes entre diferentes países, a fin de transformar el ámbito regional en un área donde la seguridad de cada Estado deja de ser una percepción de amenaza para sus vecinos. De esta manera, puede ser visualizado como un sistema de defensa con su respectivo comando nacional, preservando los intereses vitales de cada Nación, y dando forma a un proceso de seguridad regional.

Por ultimo, Sam Roggeveen (2008: 6) sostiene que esta posición estratégica no es aplicable a países extensos dado que es difícil defender las fronteras con sistemas estáticos y de corta distancia. En tal sentido, este autor señala que una salida más realista a países de gran tamaño sería adoptar algunos elementos de la defensa no ofensiva que la harían menos radical y más práctica, pasando a denominarse “defensa no provocativa”.

La Defensa No Provocativa A partir de la transformación del contexto mundial que tuvo lugar después del declive del poderío de la Unión Soviética, y con ello, del fin de la Guerra Fría, la defensa no provocativa (DNP) es una actitud estratégica militar que ha tomado parte en distintas regiones del mundo. Si bien el inicio de este paradigma data de la década de 1970, adquiere una marcada relevancia en temas de política exterior a partir de los años 80.

Esta estrategia puede ser visualizada como aquella que, según Ter Borg y Smit, se caracteriza como una postura militar en la cual los conceptos estratégicos y operacionales, el despliegue, la organización, los armamentos, las comunicaciones, y comandancia, la logística y el entrenamiento de las FFAA son tales que en su totalidad, sin ambigüedades, sean capaces de una defensa convencional adecuada, pero a la vez, y también sin ambigüedades, sean incapaces de un ataque a través de sus fronteras, sea una

invasión o un golpe destructivo al territorio enemigo (Cáceres y Scheetz; 1995: 2).

Bajo esta concepción, se disminuyen las capacidades ofensivas en pos de desarrollar aún más las capacidades defensivas relativas al universo militar, con el objetivo de estabilizar las relaciones entre los distintos Estados. Esto significa alterar el sistema de armas, y modificar aquellas intenciones, actitudes, actividades y planes que puedan llegar a ser interpretados como ofensivos por parte de otros países.

Poder aplicar la defensa no provocativa significa comenzar una nueva relación con los países más cercanos para poder contribuir en acciones en conjunto. Asimismo, al eliminar percepciones negativas de balances de poder y constituirse en un instrumento para el control de armas o la transparencia de los gastos, colabora en desalentar la carrera armamentista y puede incentivar a otros países a adoptar la misma postura con el propósito de lograr un ámbito regional seguro y de paz.

La DNP, al mismo tiempo que mitiga los potenciales conflictos con otros países, es la opción que mejor revela la adaptación a los criterios de economía de medios y eficacia; a su vez acrecentaría el profesionalismo de las fuerzas armadas y la reestructuración del nivel de idoneidad al trabajar sólo con soldados voluntarios que cuentan con capacidades e intereses reales; reduciría la intromisión militar en asuntos políticos, y disminuiría los costos en la materia, de manera que se podría invertir el gasto público restante en otras áreas de interés para el gobierno nacional.

De esta manera, para poder aplicar la actitud de Defensa No Provocativa, Thomas Scheetz propone como requisitos: Coordinar minuciosamente las acciones diplomáticas con el país oponente […] y con los organismos internacionales.

Intensificar y efectivizar la inteligencia estratégica. Es deseable contar con un satélite propio de múltiple propósito.

Mantener permanentemente el más alto grado posible de alistamiento militar.

Integrar de una vez y definitivamente, el

www.espaciospoliticos.com.ar

poder militar.

Asegurar toda la movilidad estratégica y táctica que reclame el planeamiento militar.

Desarrollar una nueva doctrina orgánica y de empleo, operacional y logística.

Acceder a nuevos conceptos y formas de racionalización administrativa.

Plantear al Poder Ejecutivo Nacional, con absoluta claridad, las estrategias de apoyo necesarias.

3. EL SISTEMA DE DEFENSA ARGENTINO En el caso particular de Argentina, por la amplia extensión de su territorio y por sus posibilidades presupuestarias, Thomas Scheetz (1995) entiende que una salida más realista sería adoptar sólo algunos elementos de la “Defensa No Ofensiva”, y aplicar así una actitud de Defensa No Provocativa. A partir del concepto desarrollado por Geoffrey Wiseman, Scheetz distingue en la defensa no provocativa una configuración de fuerzas que, sin eliminar totalmente su capacidad ofensiva, no se perciba como amenazante en su capacidad de iniciar un ataque. De esta manera, ésta mantendría la estructura convencional de las fuerzas armadas pero resaltaría su naturaleza no ofensiva. Asimismo, esto permitiría a los Estados que adoptasen esta actitud, eliminar algunas capacidades ofensivas, tales como las plataformas de ataque de largas distancias, y fomentar el logro de altos niveles de cooperación militar y construcción de la confianza con los países vecinos.

A partir de lo expuesto, ¿se puede decir que la Argentina realmente ha adoptado una posición estratégica acorde a la defensa no provocativa durante el proceso de transformación encarado entre 2005 y 2010? Desde el punto de vista del concepto de Defensa No Provocativa como recurso efectivo para aspirar a distender las tensiones, los lineamientos para el diseño del despliegue deberán estar orientados a promover a niveles satisfactorios la capacidad operacional de las fuerzas armadas. Entre los requisitos para la adopción de una real actitud de Defensa

No provocativa, es necesario carecer de capacidades para operar ofensivamente más allá de las propias fronteras y asegurar toda movilidad estratégica y táctica que reclame el planeamiento militar.

De acuerdo a la legislación vigente, la República Argentina concibe su política de defensa integrada a su estrategia de desarrollo nacional y halla sus fundamentos en dos principios de los cuales deriva la lógica de organización y funcionamiento del organismo de conducción de la defensa y del propio instrumento militar: el gobierno civil de la defensa y la diferenciación conceptual entre defensa nacional y seguridad interior (Ministerio de Defensa: 89).

Con la llegada de la democracia en 1983, se comenzaron a adoptar grandes reformas en cuanto al sistema de defensa nacional. El primer paso fue la sanción de la Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional en 1988, que declaró a ésta como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”. Esta norma se constituyó en el pilar sobre el que se erigió todo el sistema de defensa, el cuál fue consustanciándose en los años venideros, con la sanción de otras disposiciones, como la Ley del Servicio Militar Voluntario, la Ley de Seguridad Interior, la de Reestructuración de las Fuerzas Armadas y la de Inteligencia Nacional.

Bajo la presidencia del Dr. Néstor Kirchner, se aprobó el Decreto Nº 727/2006 –reglamentario de la Ley Nº 23.554– que establece que deben entenderse por agresiones externas a aquellas producidas por una amenaza estatal militar externa (AEME), descartando completamente la adopción de las “nuevas amenazas” como hipótesis de empleo de las fuerzas armadas, en tanto que las mismas distorsionarían indefectiblemente el sentido de ser del Instrumento Militar, esto es, defender los intereses vitales de nuestro país.

En este sentido, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas sancionada en 1998, afirma que “la política de defensa implica la protección de los intereses vitales de la Nación Argentina, de

acuerdo a lo determinado en el artículo 2° de la Ley 23.554. Así, la política de defensa argentina se sustenta en lograr consolidar e incrementar las capacidades espirituales y materiales que tornen eficaz una estrategia disuasiva, coadyuvando, además, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, en particular, las de nuestro continente”.

Posteriormente a la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, se sancionó el Decreto Nº 1.691/2006 sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas, el cual argumenta que para llevar a cabo un empleo efectivo de las fuerzas armadas, éstas deben ser concebidas como un instrumento integrado, por lo que su acción será de naturaleza conjunta, “incluso en aquellos casos en los que por el ámbito en que ésta se desarrolle y/o por las características propias de la operación en cuestión, la misma deba ser ejecutada por una fuerza específica en forma exclusiva”.

Asimismo, el diseño de fuerzas del Instrumento Militar se realiza a partir de la metodología de planeamiento por capacidades militares, sustituyendo al modelo basado en hipótesis de conflicto. Esta nueva forma de llevar a cabo el planeamiento castrense aspira a “consolidar la aptitud de ejecutar en forma autónoma la completa gama de operaciones que demandan todas las formas genéricas de agresión que se manifiestan en los conflictos convencionales de origen externo generados por actores estatales” acorde a la concepción, posicionamiento y actitud estratégica defensiva, y a los lineamientos de la política exterior argentina que, a lo largo de estos últimos treinta años se han mantenido incólumes respecto a la supresión de las hipótesis de conflicto con los países de la región y, más aún, a la construcción de una alianza estratégica, principalmente, con Chile y Brasil.

En función de la adopción de la metodología señalada ut supra, el Decreto Nº 1.729/2007 aprobó el “Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional”. El documento liminar que da inicio a dicho ciclo en el Nivel Estratégico Nacional es la Directiva de Política de Defensa Nacional, aprobada por la Presidenta

19

Espacios Políticos

Cristina Fernández de Kirchner a través del Decreto Nº 1.714/2009. Esta norma precisa cuestiones centrales relativas al posicionamiento y la actitud estratégica que adopta la República Argentina en materia de defensa, definiendo las misiones, los criterios de empleo, la estructura organizacional y las capacidades y equipamiento de las fuerzas armadas.

A partir de esta gran transformación, el planeamiento estratégico militar, contribuyente al planeamiento de la defensa nacional, culmina con un Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL), elaborado también por el Nivel Estratégico Nacional, es decir, el poder político, en dónde se definen las amenazas estatales militares externas genéricas y más probables, resignando la identificación “a priori de adversarios o enemigos de carácter estatal contra los cuales organizar en forma reactiva su poder militar” (Ministerio de Defensa: 239). Esto se entronca, como se dijo con la política exterior, permitiendo eliminar los dilemas de seguridad entre los países de la misma región, desactivando así también el desarrollo de carreras armamentistas.

Respecto al posicionamiento y la actitud estratégica, esta directiva de política afirma claramente, desde el máximo nivel estratégico de conducción, que se encuadran bajo “el concepto de legítima defensa” establecido en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, sosteniendo un “modelo de defensa de carácter defensivo de rechazo y oposición a políticas, actitudes y capacidades ofensivas de proyección de poder hacia terceros Estados”. Asimismo, se concibe a la defensa en una doble dimensión: autónoma y cooperativa, es decir, “la propia política de defensa de la Nación, su diseño de fuerzas y sus capacidades no ofensivas hacia terceros Estados, se vincula y complementa según la concepción y el posicionamiento estratégico argentino con la dimensión y los compromisos multilaterales, tanto de nivel subregional, cuanto regional y también global”.

En tal sentido, el planeamiento de la defensa nacional se dirige al desarrollo de capacidades militares que, en virtud de este posicionamiento estratégico, permitan afianzar la contribución nacional

20

con el sistema de seguridad colectiva a través del alcance y del mantenimiento de estándares mínimos requeridos para la interacción militar multilateral, como asimismo necesarias para avanzar en los niveles de interoperabilidad subregional y para progresar también en términos de cooperación y complementariedad militar efectiva con los países de la subregión en propósitos de interés mutuo (por ejemplo, en materia de coparticipación del control de espacios limítrofes comunes, en complementación de capacidades en casos de operaciones de paz o en los de actividades antárticas) en el marco de la eventual construcción del pretendido sistema de defensa subregional.

Un elemento esencial de un posicionamiento y actitud estratégica defensiva es el despliegue. Desde la perspectiva de la defensa, es prioridad el control efectivo de los espacios terrestres, marítimos y aeroespaciales de la Nación, con énfasis en la infraestructura y en los objetivos de valor estratégico y en las áreas de frontera (en las que se pretende avanzar hacía mayores niveles de cooperación con las naciones vecinas) y, por otra parte, la generación de organizaciones poli-funcionales con aptitud para operar en toda la variedad de los ambientes geográficos registrados en el país.

De esta manera, tanto el diseño de la estructura orgánico-funcional del instrumento militar como su despliegue territorial buscan superar los condicionantes geográficos del territorio nacional a través del logro de un elevado grado de movilidad estratégica y táctica que permita garantizar una adecuada defensa sobre el amplio territorio nacional, con la debida capacidad para operar en forma sostenida en todas las regiones y espacios estratégicos del territorio nacional, sin generar a la vez posicionamientos contradictorios con la política y los objetivos de cooperación regional.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN El sistema de defensa argentino ha adoptado una postura estratégica defensiva, la cual logró materializarse progresivamente

luego de la recuperación del régimen democrático en 1983, y gracias a la voluntad de la dirigencia política que ha conducido el país desde entonces, se ha avanzado en la consolidación de un modelo de defensa y de un instrumento militar que se aúna a los esfuerzos también encarados en los otros países de la región por encauzar la construcción de una zona de paz que permita no sólo la integración económica, sino también la consolidación de un regionalismo que desde el plano político alcance a otras áreas de interés para el desarrollo sudamericano. La creación del Consejo de Defensa Sudamericano en el año 2008 se ha constituido como el paso más trascendental dado en pos de consolidar y profundizar las medidas de fomento de la confianza y seguridad que se han tendido en la mayor de las veces en forma bilateral entre los Estados sudamericanos.

Cualquier intento por construir una zona de paz no puede ser posible si no es en el marco de la incorporación de un posicionamiento estratégico defensivo que resigne la posesión de capacidades militares ofensivas que puedan generar percepciones de seguridad negativas por parte de los países vecinos. Sin embargo, dicho argumento no significa renunciar de ningún modo a las capacidades necesarias para el ejercicio de una legítima defensa. Dichas consideraciones han sido incorporadas al marco normativo del sistema de defensa argentino, tal como se ha podido observar en el presente artículo. Es así que nuestro país concibe su defensa a partir de una doble dimensión, autónoma y cooperativa.

La necesidad de poseer las capacidades para ejercer y garantizar el principio de legítima defensa conllevan en el caso argentino la particularidad de plasmar esta postura estratégica defensiva a todos los órdenes que conforman el sistema de defensa nacional, principalmente la organización y el despliegue de las fuerzas armadas, los cuales deben poder compensar la desfavorable relación entre fuerzas limitadas y amplios espacios geográficos. A partir de los lineamientos desarrollados hasta aquí, puede decirse que la posibilidad de alcanzar un alto grado de movilidad estratégica y táctica

www.espaciospoliticos.com.ar

suficiente para compensar dicho condicionamiento y procurar un despliegue de fuerzas orientado para la consideración de la ecuación concentración-dispersión, se encuentra estrechamente vinculado con la aplicación de un modelo de Defensa No Provocativa. Esta última promovería una optimización del despliegue de las fuerzas armadas para el cumplimiento de su misión principal, como eje ordenador de todo su diseño de fuerzas, al mismo tiempo que minimizaría el uso de las capacidades ofensivas de manera que no pueda ser percibido como una amenaza por parte de los países del marco regional.

BIBLIOGRAFÍA Battaglino, J. (2010). La política militar de Alfonsín: la implementación del control civil en un contexto desfavorable. En R. Gargarella; M. Murillo; M. Pecheny (Comp.), Discutir Alfonsín (pp. 161184). Buenos Aires: Siglo XXI. Battaglino, J. (2011). Política de defensa y política militar durante el kirchnerismo.

En A. Malamud; M. De Luca (Coord.), La Política en tiempos de los Kirchner (pp. 241-250). Buenos Aires: Eudeba.

Clausewitz, C. V. (1999). De la Guerra.

Madrid: Ministerio de Defensa.

Cáceres, G; Scheetz, T. (1995). Defensa No Provocativa. Una propuesta de reforma militar para la Argentina. Buenos Aires: Editora Buenos Aires.

Eissa, Sergio (2013). “¿La irrelevancia de los Estados Unidos? Los factores domésticos en la política de defensa argentina (1983-2009)”. Tesis doctoral de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.

Buenos Aires (Registro de Obra Nº 5047735).

Klare, M. (2001). La nueva geografía de los conflictos internacionales. Foreign Affairs en español, 1 (2), 157-165.

Ministerio de Defensa (2011). Libro Blanco de la Defensa. Argentina Bicentenario 2010. Buenos Aires: Ministerio de Defensa de la República Argentina.

Moller , B. (1995). Defensa no ofensiva y fomento de confianza en Sudamérica.

Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, 10

(3), 12-19.

Moller, B. (2000). Borders, Territoriality and the Military in the Third Millennium. Working Paper Series, Copenhagen Peace Research Institute. Recuperado de www.ciaonet.org Roggeveen, S. (2008). A non-provocative defence posture for Australia. Lowy Institute for International Policy. Recuperado de http://www.lowyinstitute. org/ publications/non-provocative-defence-posture-australia Sain, M. (2010).

Los votos y las botas. Estudios sobre la defensa nacional y las relaciones-civiles militares en la democracia argentina.

Buenos Aires: Prometeo Libros.

Scheetz, T. (1994). Defensa no-provocativa en Argentina. Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, 9 (4). Recuperado de www.fasoc.cl/files/articulo/ ART411933dc3809c.pdf Scheetz, T. (1995). La necesaria reforma militar argentina. Nueva Sociedad, 138, 132- 141.

Zacher, M. (1992). The decaying pillars of the Westphalian temple: implications for international order and governance.

En J. Rosenau y E.-O.Czempiel (eds.)

Governance without government: order and change in world politics (pp. 58-101).

Cambridge: Cambridge University Press.

LEGISLACIÓN NACIONAL Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional Ley Nº 24.429 de Servicio Militar Voluntario Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional.

Decreto Nº 727/2006 de Reglamentación de la Ley de Defensa Nacional Decreto Nº 1.691/2006 Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas Decreto 1.729/2007 del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional Decreto 1.714/2009 Directiva de Política de Defensa Nacional Profesora y Licenciada en Geografía (UNC).

Licenciado en Ciencia Política (UBA), Maestro en Ciencias Sociales con men-

ción en relaciones Internacionales (FLACSO) y Candidato a Doctor en Ciencia Política (UNSAM).

Licenciada en Ciencia Política (UBA) y Magíster en Defensa Nacional (EDENA).

Alumna avanzada en la carrera de Ciencia Política (UBA).

Mientras las “Reformas de Primera Generación” buscan alcanzar el control civil de las Fuerzas Armadas, las denominadas como de “Segunda Generación” buscan establecer el efectivo gobierno civil de la política de defensa. Las “Reformas de Tercera Generación” (Eissa, 2013) implican, como se dijo más arriba, el diseño y establecimiento de un Instrumento Militar adecuado a las condiciones sociohistóricas y estructurales de la comunidad que representa, así como también de variables contextuales tales como el estado de las relaciones exteriores y la coyuntura económica, tanto doméstica como internacional. Para un mayor detalle sobre los conceptos de control civil y gobierno civil de la defensa se sugiere ver Battaglino (2010 y 2011) y Sain (2010).

Para más información, se sugiere consultar: Moller (1995 y 2000) y Roggeveen (2008).

Referencias bibliográficas.

Para un mejor detalle, consultar Moller, B. (1995).

Para más información sobre Defensa No Provocativa, consultar: Cáceres, G; Scheetz, T. (1995); Scheetz, T. (1994 y 1995).

Este tipo de concepción estratégica se corresponde con un modelo de defensa basado en el soldado “profesional”, es decir, no requiere de un reclutamiento forzoso extensivo característico de los sistemas de servicio militar obligatorio.

Para un mayor detalle, consultar Cáceres y Scheetz (1995: 73).

Artículo 2°, Ley 23.554 de Defensa Nacional.

Artículo 2°, Ley 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas.

Decreto Nº 1.691/2006, Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Decreto Nº 1.691/2006, Directiva sobre Organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, Ibídem.

21

Espacios Políticos

SECCION DATOS ABIERTOS OPEN DATA

22

www.espaciospoliticos.com.ar

De crudo a cocido: datos abiertos en Argentina Lucas Jolías y Alejandro Prince

UNQ y UBA / UdeSA respectivamente

El open data pasó en poco tiempo de ser el mero concepto o idea de liberar los datos públicos de modo reusable a convertirse en un movimiento internacional al que adhieren de modo creciente tanto diversos gobiernos de distintos países y ciudades como activistas de la sociedad civil. El tiempo dirá si algunos de estos gobiernos solo implementan programas o políticas de datos abiertos como una forma de mostrarse transparentes y participativos o si sus intenciones son reales y se logra mejorar el control y aumentar la participación ciudadana a través de programas de datos abiertos y similares. Lo cierto es que es la primera vez en la historia que la transparencia puede ser entendida como un medio para generar valor: si en el contexto de la Sociedad del Conocimiento los datos son la materia prima, entonces abrirlos supone no sólo una cuestión de buen gobierno, sino además un insumo necesario para el desarrollo económico.

Del lado ciudadano, la promesa de los datos abiertos es el empoderamiento. Hasta ahora, la información o datos públicos llegaban al ciudadano en forma cruda, inentendible y poco accesible para la gran mayoría, o mediados por organizaciones de la sociedad civil, la prensa e incluso los mismos políticos. Lo novedoso, al menos en esta primera generación de open data, es la aparición de un nuevo intermediario, la tecnología de la información encarnada en aplicaciones y programas que facilitan tanto el procesamiento y análisis duro (el mundo 1.0 de las TIC) como una más amplia difusión y una visualización simple (la visión 2.0). Este rol es liderado por organizaciones o profesionales que podríamos caracterizar como desarrolladores de aplicaciones digitales o hackers. Una comunidad con sus propios intereses y motivaciones. Una comunidad que se incorpora al ecosistema público-privado de los datos abiertos.

Estos desarrolladores de aplicaciones (con intereses comerciales directos o no) participan como una nueva especie de facilitadores o intermediarios. Por un lado, el Estado les terceriza los costos de producir información visualizable, accesible y comprensible, que de otra manera debería asumir y terminarían incrementando la carga impositiva al ciudadano o desviando recursos de otras prioridades. Del otro lado, la ciudadanía, los medios y las organizaciones de la sociedad civil se benefician tanto

con la mayor abundancia y calidad de la información como con la baja de los costos de transacción, porque así pueden ejercer mejor su poder de inspección, control y participación. En el medio de este proceso, y de modo competitivo, los desarrolladores participan del ecosistema de un modo sustentable. Así, se genera un aumento de las promesas y beneficios de las políticas de open data, que aparecen casi como un subproducto de la innovación.

Para el caso del ecosistema de datos abiertos, consideramos que cada actor y actividad involucrados conforman un eslabón en una cadena de creación de valor, en un camino que va desde el dato crudo en algún reservorio de gobierno a un dato devenido en información contextual y valiosa para el ciudadano y la sociedad: el dato crudo. Dejemos en claro que la apertura y la transparencia eran ya una demanda o un reclamo hecho a la democracia desde mucho antes que existieran las computadoras e internet. Y que probablemente lo sigan siendo. Internet o las nuevas tecnologías exacerbaron o aceleraron estas demandas no solo al bajar los costos de transacción o incrementar cuánticamente y abaratar la capacidad de proceso o análisis de la información, sino también al prometer desde las redes sociales la colaboración, la difusión masiva y el intercambio horizontal entre pares.

Para analizar la situación de los datos abiertos en Argentina, imaginemos un ecosistema compuesto por instituciones, infraestructuras, actores, acciones y hasta recursos simbólicos del proceso del open data. Ese ecosistema está caracterizado por la interacción e interdependencia entre sus componentes, su complejidad, crecimiento, autoorganización y adaptabilidad o corrección del conjunto o sus partes. Esto nos permitirá ver más allá de los datos abiertos como una aplicación tecnológica e interpretarlos como una política pública, con una gran diversidad de actores e intereses. El diseño de políticas y los mismos gobiernos deben evolucionar desde las formas burocráticas industriales hacia modelos adecuados a la sociedad del conocimiento: sistemas interdependientes y en red de base tecnológica.

En el siguiente gráfico, levemente adaptado de Tom Slee (2012)1, es posible visualizar a los principales grupos de actores o componentes del ecosistema del open data en Argentina.

En el extremo Oeste del gráfico tenemos a la prestación de servicios y al Este la transparencia. Para nosotros, el eje de las abscisas recorre un camino que va desde el ya tradicional concepto de gobierno electrónico o digital en sentido estricto, hacia el más nuevo de gobierno abierto.

23

Espacios Políticos

El ecosistema de los datos abiertos en Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a Slee (2012)

En el hemisferio occidental encontramos los datos legibles por máquinas que mejoran la conveniencia del comercio o la calidad de vida en general, lo que podríamos denominar service delivery; por el otro, en el eje oriental se ubican los datos cívicos duros como la información de la financiación de las campañas, los salarios de funcionarios o los gastos del Estado, vinculados sobre todo con la transparencia. Asimismo hay datos duales que cubren un doble rol: mejoran el servicio y, al mismo tiempo, colaboran con la imagen de integridad de la gestión, tal es el caso de la información sobre licitaciones y contrataciones públicas. En inglés, estos dos hemisferios se pueden denominar como “open-as-in-data” y “open-as-in-FOIA”, que podríamos traducir (no literalmente) como “datos abiertos” y “acceso a información pública”.

El eje vertical marca la latitud respecto del incentivo de los participantes del ecosistema de los datos abiertos: comercial al Sur y no comercial al Norte. Es decir, las motivaciones puramente económicas al altruismo o la vocación cívica como fin.

Una ventaja de graficar al ecosistema de los datos abiertos con los tradicionales ejes ortogonales cartesianos x-y es la sencillez, ya que nos permite ubicar a los actores en uno o varios cuadrantes. Pero esta sencillez también tiene un precio: es demasiado estática, es una foto en un tiempo ideal y simple, donde cada actor es un tipo ideal en el sentido weberiano del término. Por ejemplo, una ONG no tiene intereses comerciales y un desarrollador de aplicaciones solo desea maximizar sus ingresos. Como todo modelo teórico, la cadena de valor de los datos abiertos tiene la finalidad de simplificar una realidad que es mucho más compleja, en donde los actores intervinientes adoptan una multiplicidad de roles y acciones.

Algunos analistas o promotores del open data tienden a conceptualizar o definir al ecosistema del OGD de forma algo idealista, como integrado casi exclusivamente por pequeños emprendimientos o start-ups de desarrolladores de aplicaciones digitales, civic hackers y pequeñas ONG de derechos y libertades. La fuerte presencia de estos actores en el mundo de los datos abiertos

24

no solo no es exclusiva, sino que es probable que no sea (o no termine siendo) la más influyente. El ecosistema incluye también a grandes corporaciones internacionales del sector TIC, del sector mediático y de contenidos, y de otros sectores (basta con pensar en Google, IBM, Facebook, Daily Mail, por citar solo algunos).

En el caso argentino, se podría ubicar en el cuadrante superior izquierdo a desarrolladores, programadores o grupos de hackers como Hacks/Hackers BA, quienes están interesados en realizar aplicaciones y contenidos a partir de datos públicos que, de manera simplificada, se reúnen para estos fines en lo que denominan hackaton o concurso de aplicaciones. En la mayoría de los casos, son profesionales independientes interesados en la construcción de servicios más inteligentes, en la visualización de datos o en la creación de aplicaciones que permitan una mejor relación entre el Estado y el ciudadano en tanto administrado.

Aunque están ubicados al norte del ecosistema (no comercial), esto no quita que por momentos tengan intenciones de comercializar sus aplicaciones. También debemos destacar la presencia de la academia y de los sectores de investigación, comúnmente representados por universidades o centros de estudio, interesados tanto en el análisis del open data como “tema de estudio” como en la utilización de los datos publicados por el Estado para investigaciones en otros campos del saber.

En el sector superior derecho, ubicamos a los activistas de derechos (en particular civiles o políticos) y a las organizaciones de la sociedad civil. Más allá de que muchas veces tienen relación con sus vecinos los hackers o desarrolladores, su interés principal se basa en la transparencia y el acceso a la información pública e interpretan al open data más como una filosofía política que como un mecanismo para desarrollar determinado sector del mercado económico. Organizaciones como Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Asociación por los Derechos Civiles, Chequeado.com o Directorio Legislativo son solo algunas de las instituciones que pertenecen a este sector, aunque reconocemos que es un ámbito mucho más complejo y dinámico.

A los medios y periodistas de datos, los situamos en el sector inferior derecho. Si entendemos a los medios de comunicación como un mecanismo de control estatal o como un actor de accountability societal, deberíamos ubicarlos juntos con las OSC; sin embargo, también podemos interpretarlos como una empresa cuya finalidad es obtener ganancias por medio de sus lectores o auspiciantes. Más allá de que existan periodistas con intereses legítimos por la transparencia y la apertura de datos, no debemos olvidar que están dentro de un medio de comunicación que también funciona como una empresa, de allí la conveniencia de ubicar a los medios en el cuadrante comercial. En este punto es donde mejor se ven las tensiones y controversias a la hora de ubicar a cada actor dentro de un cuadrante. O mejor dicho, la “movilidad” de los actores por todo (o casi todo) el ecosistema.

Dentro del grupo de medios o periodistas de datos podemos nombrar al equipo de La Nación Data o al equipo de datos de Página/12, por nombrar solo dos.

www.espaciospoliticos.com.ar

En el último de los cuadrantes (comercial/prestación de servicios) se ubican también las pymes o emprendimientos de desarrollos de aplicaciones digitales, por un lado, y las grandes empresas proveedoras de productos y servicios TIC, por el otro. Entre los primeros, podemos citar a Garage Lab o Junar, cuyo foco está puesto en la realización de aplicaciones que permitan brindar mejores servicios al ciudadano o en la visualización de información pública de una manera inteligente. Según el tipo de aplicación o contenido desarrollado, se pueden mover desde el ámbito del gobierno electrónico hacia la derecha (gobierno abierto). En el caso de los segundos, nos referimos a las empresas más tradicionales del sector TIC que proveen la infraestructura, el procesamiento, la transmisión, el almacenamiento y otros productos y servicios necesarios para poder tener un ecosistema de datos abiertos, es decir a las que brindan hardware, software, conectividad e infraestructura, como IBM, Google, Telefónica, Telecom,

Fundación Conocimiento Abierto Open Knowledge Foundation (OKFN) Yas García

Ambassador Argentina OKFN Web: http://okfn.org/ Facebook: Open Knowledge Foundation Network – Argentina - Twitter. @OKFNAR @OKFN La “Fundación Conocimiento Abierto” (Open Knowledge Foundation) es una organización internacional sin fines de lucro, que desde el 2004 empodera el libre conocimiento, con bases en open data, open Government, open source y transparencia.

Creemos que el dominio público es un bien indispensable, que merece ser reconocido, protegido y apreciado de forma explícita.

En el 2006 la OKFN desarrolló CKAN, un software libre de código abierto para la gestión y publicación de colecciones de datos. Es utilizado por los gobiernos, instituciones de investigación y otras organizaciones a nivel global. En la búsqueda, los usuarios pueden navegar y encontrar la información que necesitan. La comunidad CKAN es sin duda uno de las más fuertes comunidades de datos abiertos en el mundo y la versión 2.0 fue lanzada en mayo de 2013.

Entre los proyectos de la OKFN se destaca Open Spending, un repositorio que centraliza datasets con información sobre gastos de gobiernos. Que tiene como objetivo el seguimiento de todas las transacciones financieras del gobierno en todo el mundo y presentarlo en forma útil y atractivo. Actualmente el Gobierno de Reino Unido utiliza directamente en su sitio los datos publicados en Open Spending, y esta teniendo un gran impacto. Europe´s Energy es otro proyecto que trabaja sobre la decisión de los Estados miembros de la Unión Europea que han acordado objetivos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero disminuyendo el consumo de energía en un 20%. Energías de Europa da a los usuarios una serie de herramientas para visualizar estos objetivos y ponerlos en contexto, y permite comparar los avances que los distintos países realizan. Otro proyecto en el

Microsoft, entre muchas otras.

Visto de esta forma, el ecosistema de datos abiertos nos permite tener una visión más clara sobre el rol, los objetivos y las estrategias de cada uno de los actores; y lo que es más importante, nos muestra que la sustentabilidad de cada uno depende de su posición en el ecosistema. El open data es una política pública y no una simple aplicación tecnológica, por lo que tener un panorama de los actores intervinientes nos puede ayudar a planificar mejor y a prevenir posibles obstáculos para el desarrollo de esta nueva (y bienvenida) tendencia.

Referencias: Slee, Tom (2012): “Open Data Movement Redux: Tribes and Contradictions”, disponible en http://bit.ly/JcMbWe [consultado el 15/04/2013] 1

que trabaja actualmente la organización es: “http://publicdomainreview.org/” \o “PDR” \t “_blank” Public Domain Review, que incentiva el conocimiento y cultura compartida apoyando a las instituciones en la apertura de sus obras digitales en el dominio público. Los invito a ver más en http://okfn.org/.

En el mes de junio, la OKFN desembarca en Argentina para contribuir a la extensión del conocimiento libre en Latinoamérica. El capítulo local, en donde vamos a promover la cultura de datos abiertos, a concientizar y capacitar al ciudadano sobre la importancia y el derecho al acceso de los datos, también apoyaremos activamente la aprobación de la ley de acceso a la información. Desde el grupo argentino haremos hincapié en herramientas para el control de administraciones públicas y rendición de cuentas, además trabajaremos sobre software libre además de llevar a la organización a las provincias generando capítulos en el interior del país.

Hackatones y Barcamps serán reuniones que involucrará a programadores, profesionales, ONG´s, periodistas, estudiantes, pero también a ciudadanos que quieran participar activamente, serán parte de la iniciativa. Los proyectos fruto de la incubadora de ideas, serán compartidos con la región así como con la red internacional de la OKFN. Hace semanas se lanzó la Escuela de Datos, la versión en español de School of Data, un proyecto educativo que tiene como objetivo obtener de las organizaciones civiles, ciudadanos, periodistas y profesionales, la capacidad de utilizar los datos de manera efectiva y eficiente, porque el conocimiento es poder y el desafío es llegar a la comunidad.

Todas las personas deben ser capaz de utilizar, reutilizar y redistribuir, y la misión de Escuela de datos es enseñar a la gente a hacerse una idea del gran alcance y crear historias convincentes a partir de datos.

La burocracia es mucha y las trabas aún más. No tener una ley de acceso a la información, es una contra. Pero no un impedimento. La transparencia en la práctica, sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad, es el bicho raro en los países sin una metodología de rendición de lo público. La OKFN AR trabajará junto a diferentes organizaciones para innovar en estrategias de aplicación de datos abiertos. En la Argentina existe un enorme potencial para utilizar los datos para mejorar la vida de los ciudadanos.

25

Espacios Políticos

de interés para toda la ciudadanía.

Red

Latinoamericana de Transparencia Legislativa La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) es una Red de 17 organizaciones de la sociedad civil de 8 países de Latinoamérica, que promueven activamente la transparencia, el acceso a la información y la responsabilidad en los congresos de la región.

Nuestro objetivo es elevar los estándares de transparencia en los poderes legislativos de la región promoviendo de forma activa las buenas prácticas ya existentes.

De este modo, trabajamos por congresos representativos, transparentes, accesibles, que rindan cuentas, y sean eficaces.

En 2012 creamos la Declaración por la Transparencia Parlamentaria, junto al National DemocraticInstitute (NDI) y Sunlight Foundation en Washington DC. La Declaración contiene un conjunto de principios compartidos entre diversas organizaciones que se dedican al monitoreo parlamentario en todo el mundo, respecto a la transparencia, rendición de cuentas y accesibilidad de nuestros Congresos. Actualmente, más de 150 organizaciones han adherido a la Declaración, y el Parlamento de Lituania, el Senado mexicano y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la han adoptado, como principio regulador para toda su actividad.

Asimismo, en 2011 creamos un Índice Latinoamericanode Transparencia Legislativa que mide la transparencia de

26

los Congresos de Latinoamérica. Tiene 4 dimensiones: Normatividad, Labor del Congreso o Asamblea, Presupuesto y Gestión Administrativa, y Atención, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Se implementó por primera vez en 2012 en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, y en 2013 se incorporarán Bolivia, Guatemala y Venezuela a la nueva medición, como producto de la expansión de la RLTL a esos nuevos países.

El Índice posee un conjunto de estándares básicos que todo Congreso debería respetar y cumplir para ser transparente y rendir cuentas a la ciudadanía. El propósito de esta medición es realizar un mapeo de la transparencia legislativa en la región, y que se puedan difundir y replicar las buenas prácticas de los diversos Congresos, como así también advertir sobre las falencias y mejorar la rendición de cuentas de nuestros Poderes Legislativos.

En este sentido, los datos abiertos resultan cruciales. Desde la RLTL promovemos que nuestros Congresos Latinoamericanos publiquen sus datos –tanto legislativos como presupuestarios- no sólo en un formato accesible y comprensible por cualquier ciudadano, sino también en formatos abiertos y reutilizables que permitan a programadores y desarrolladores web, el “juego” con los datos y la generación de aplicaciones y visualizaciones que generen información

Una vez que se implemente la nueva edición del Índice, desde la RLTL crearemos una aplicación web que permita diversos cruces con los datos obtenidos, y la generación de información de interés para demostrar el estado de la transparencia en los Congresos latinoamericanos. De este modo pretendemos contribuir con la comunidad internacional, proporcionando un mapeo general acerca de la transparencia legislativa en América Latina, tanto sus falencias como las buenas prácticas que desarrollan, para que puedan ser utilizados por cualquier persona.

Lamentablemente, si bien hoy en día hay una comunidad internacional que promueve los datos abiertos y reutilizables, y hace notar la importancia de su difusión y generación, muy lentamente nuestros Congresos están comprendiendo que las democracias actuales demandan una cada vez mayor rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana, que acerquen el trabajo legislativo a todos los ciudadanos y se tomen en cuenta sus peticiones y aportes.

Resulta crucial entonces para esta movida transparente que la ciudadanía se organice e involucre, solicite la publicidad de información, utilice aquélla que ya está disponible y demuestre la importancia de los datos abiertos; y que, por otro lado, los funcionarios y responsables de nuestros Congresos Latinoamericanos, y del mundo, tomen conciencia de que las democracias son modelos que cambian, y que los estándares de participación y atención ciudadana se elevan constantemente, y que deben responder activamente a las demandas ciudadanas. Desde la RLTL promovemos estos estándares, pero resulta fundamental que los propios ciudadanos se involucren y demanden transparencia y accountability por parte de todos los poderes del Estado, como ejercicio de su derecho de acceso a la información pública. (*) Por el Área de Transparencia Legislativa de la Fundación Directorio Legislativo.

www.espaciospoliticos.com.ar

Perspectivas de un Parlamento Abierto Natalia Carfi

Lic. en Ciencia Política (UBA) Magister en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Universidad Francisco Vitoria - Rey Juan Carlos) Especialista en Negociaciones y Relaciones Internacionales (Flacso - UdeSA)

Mucho se ha dicho, escrito y discutido sobre el Gobierno Abierto. Ya hace unos años que el tema es parte de la agenda internacional, sobre todo porque uno de los primeros y principales promotores es el Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama. Hay concordancias sobre las discordancias, se discuten los avances, alcances y retrocesos; pero poco se habla de iniciativas de los Poderes Legislativos.

Si bien existen “iniciativas parlamentarias” en algunos lugares del mundo, los ojos siempre estuvieron puestos sobre lo que hacen o dejan de hacer los Poderes Ejecutivos, y recién hace unos meses se ha comenzado a hablar de “Parlamentos Abiertos”. Ejemplo de esto es el hecho de que recién en Enero de este año, en el Encuentro Regional de la Alianza por el Gobierno Abierto que se realizó en Chile se habló por primera vez del tema en un encuentro de esta Alianza, dentro de un cronograma de dos días. Pero ese panel fue aún una excepción y no la regla, en la Conferencia Regional de Datos Abiertos para America Latina y el Caribe que se desarrolló en Montevideo, Uruguay, en Junio ni un solo Panel o Conferencia fue sobre el tema de Poderes Legislativos.

Sin embargo desde las Organizaciones de la Sociedad Civil el debate sobre las perspectivas de un parlamento abierto parece mucho más profundo. El año pasado, luego de casi un año de trabajo colaborativo más de 70 organizaciones de todo el mundo, se presentó la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria. La Declaración es “(…) un llamado a los parlamentos nacionales, y los órganos legislativas subnacionales y transnacionales, por las organizaciones de la sociedad civil de monitoreo parlamentario para generar un mayor compromiso con la transparencia y la parti-

cipación ciudadana en el trabajo parlamentario” Dentro de la Declaración hay incisos específicos sobre la información a abrir, los formatos en los cuales se debe publicar y demás iniciativas que muy bien se alinean con la idea de Parlamento Abierto.

Pero ¿De qué hablamos cuando hablamos de Parlamento Abierto? La verdad es que aún se encuentran en debate las definiciones en todo lo relacionado a Gobierno Abierto, con lo cual en torno a Parlamento Abierto la falta de definiciones es aún más profunda. Sin embargo es posible encausar ese debate tomando los Tres Pilares de Gobierno Abierto, los cuales parecen ser lo único sobre lo que no hay dudas. “Transparencia, colaboración y participación” pensados en términos de lo que pueden significar para los Poderes Legislativos cobran otro sentido, pero creo que son buenas guías.

Para hablar de transparencia, la Declaración antes citada probablemente sea la herramienta más clara para saber en concreto de qué estamos hablando: datos legislativos abiertos en formatos reutilizables, consistencia en la publicación, mejora en la rendición de cuentas administrativas, etc. Más debate siempre es bienvenido, pero es un documento muy claro por el cual arrancar.

Colaboración en términos de mejorar o profundizar la relación de los Poderes Legislativos con las Organizaciones de la Sociedad Civil como ONGs, Universidades, Empresas y otros Poderes Legislativos para trabajar temas específicos de importancia ciudadana, creando sinergias que en la administración pública tradicional usualmente no se dan.

En términos de participación, en los poderes legislativos se puede hablar desde croudsorsing de proyectos de Ley, a las Audiencias Públicas, mejora de los canales de presentación directa de proyectos ciudadanos, etc. Existen ya ejemplos en el mundo ya como el Senador Virtual en Chile o E-Democracia en Brasil por con distintos resultados e impactos. El uso de las nuevas tecnologías para ampliar los derechos de los ciudadanos a participar en la creación de políticas públicas y, en este caso, proyectos de Ley, se está transformando en central.

Más allá de las definiciones y caminos que se decidan tomar para avanzar hacia un Parlamento Abierto, está claro que se trata de un cambio cultural en las instituciones.

Tanto los empleados de la estructura burocrática, como los representantes políticos de las casas parlamentarias deben embarcarse juntos en modernizar su trabajo diario, aceptando cambiar la manera en la que tradicionalmente se organizaron los circuitos internos y resignificando la relación con el ciudadano.

La Alianza por el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional que busca promover la apertura de los Gobiernos generando mayor participación y colaboración con la ciudadanía, reforzando la transparencia. http:// www.opengovpartnership.org/ 27

Espacios Políticos

Wingu Paula Alzualde

Wingu | Tecnología sin fines de lucro 1- Breve historia de la institución La historia de Wingu comenzó a mediados de 2008, cuando un grupo de voluntarios que trabajaban en Idealistas.org se juntaron a pensar cómo hacer para ayudar a otras organizaciones sin fines de lucro a sacar el máximo provecho de Internet y sus herramientas.

A partir de esta idea se desarrolló un modelo de sostenimiento – basado en servicios a bajo costo – que fue presentado en la competencia abierta de planes de negocios NAVES, organizado por el IAE Business School (Universidad Austral, Argentina).

Wingu resultó ganador en la categoría “Emprendimiento Social”, y el plan de negocios obtuvo el puntaje más alto de toda la competencia, permitiendo durante los primeros tres años ser una organización autosostenible.

Gracias al apoyo de empresas como VISA, Google, Microsoft, Cablevisión-Fibertel, Salesforce, Telecom y Banco Galicia, Wingu dió un salto de escala para llegar a muchas más organizaciones y profesionalizar a su equipo que siguió creciendo e incorporando nuevas líneas de trabajo.

Hoy, Wingu brinda asesoramiento y apoyo técnico en proyectos de implementación tecnológica como: desarrollo de sitios web, implementación de CRM, herramientas para captar donaciones online, publicidad y campañas online, soporte en redes sociales, implementación de sistemas de gestión contable y mucho más. Además, lleva adelante capacitaciones, eventos y talleres gratuitos sobre diversas temáticas para organizaciones sin fines de lucro e investiga nuevas herramientas que potencien al sector social en su conjunto. Somos organizadores en Argentina del Hackaton Desarrollando America Latina, un encuentro donde Programadores y Expertos en diferentes temáticas se encuentran a desarrollar aplicaciones basadas en datos abiertos y código abierto con un fin social.

Todos los programas de Wingu se basan en un principio simple: nuestro trabajo tiene que hacer a las organizaciones más autónomas e independientes en el uso de nuevas tecnologías.

- ¿Cuál es la importancia de los datos abiertos para uds?

Hay varios aspectos positivos acerca de los datos abiertos.

Por un lado, y mayormente, es promover la Transparencia. Que los Gobiernos Locales y Nacionales pongan a disposición sets de datos con información para el Ciudadano, acerca de: sus Instituciones, Presupuesto, Procesos Legislativos, entre muchísimas otras dimensiones es la clara razón por la cual los datos abiertos son importantes. Otros aspecto muy importante es la oportu-

28

nidad que tienen las Organizaciones de la Sociedad Civil para exponer todo su trabajo de investigación, de campo y cruzarlo con otros sets de datos y así evaluar, hacer incidencia, etc. Estos son al menos algunos de los aspectos claves por los cuales es necesario promover la apertura de los datos abiertos, siempre en una marco de cuidado de la privacidad de los Ciudadanos, por ej: su historia clínica.

Al mismo tiempo observamos que el contexto global marca una clara tendencia adoptando esta modalidad, abriendo datos, acercándolos en Portales para los Ciudadanos, implementando Hackatones (encuentros de Programadores de IT y Expertos en diferentes temáticas) para el desarrollo de aplicaciones. Con esto se busca visualizar estos datos en forma clara, sencilla y atractiva para los usuarios no expertos. El objetivo final de ésto es utilzar estos datos para el mejor aprovechamiento de los recursos, conocimiento de la Ciudadanía y así una mayor participación.

- Un ejemplo concreto del uso de datos que hayan realizado (un caso que quieran destacar, evento que hayan realizado) Hay varios ejemplos interesantes surgidos en catástrofes por ejemplo el terremoto de Haiti http://haiti.openstreetmap.nl/ donde se mapearon lugares críticos, otros de asistencia, así hay muchísimos ejemplos en Africa, en Asia y en América Latina.

Un ejemplo que nos llena de orgullo es “Ciudad Integrada”, proyecto que acaba de ser ganador de la convocatoria de Fundación Avina. Este proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma para geolocalizar Obras Públicas para que los vecinos de las Villas puedan hacer seguimiento y reportar los avances a través de sus celulares, internet, etc. Este proyecto busca, a través de los datos abiertos, la Participación Ciudadana y el Empoderamiento Digital de los sectores más desfavorecidos. Esta es una plataforma de código abierto y puede replicarse en cualquier ciudad que se desee, naturalmente gratuita.

Para profundizar un poco más, el objetivo general del proyecto será lograr mejoras en la transparencia y rendición de cuentas de las prácticas presupuestarias relacionadas a obras infraestructurales en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el empoderamiento cívico y tecnológico de los residentes de estas comunidades.

Los objetivos específicos serán: a) Lograr mapas detallados online de las villas en las que se focalizará el proyecto. b) Desarrollar una aplicación virtual que permita a los vecinos de las villas de Buenos Aires conocer información relevante a las obras infraestructurales destinadas a su barrio, y realizar un monitoreo eficaz de las mismas. c) Acortar la brecha digital con el fin de que las comunidades villeras de la Ciudad puedan utilizar internet para acceder a in-

www.espaciospoliticos.com.ar

formación publica d) Alentar la participación cívica de comunidades típicamente excluidas del proceso deliberativo. e) Mejorar el acceso a la información presupuestaria y ejecución de obras de infraestructura en las villas y la difusión de esta información en las comunidades. f ) Generar un diagnóstico integral de la gestión gubernamental en el rubro de infraestructura en las villas, que permitirá acciones de incidencia para mejorar la ejecución de obras, la rendición de cuentas, y la garantía de derechos.

- Planes a futuro. (¿cómo ven al ecosistema, qué piezas le faltan o cómo se puede contribuir?)

El escenario de los datos abiertos es diferentes entre los países e incluso entre los gobiernos locales y nacionales. En Argentina no tenemos aun un ley de acceso a la información pública, por lo tanto aun tenemos un camino por recorrer para poder acceder a

ABRELATAM Web: http://abrelatam.org Facebook: http://facebook.com/ABRELATAM Twitter: http://twitter.com/ABRELATAM YouTube: http://youtube.com/ABRELATAM

Reseña del evento En los últimos días de diciembre de 2012, durante una evaluación anual de DATA (http://datauy.org) y fijando los ejes estratégicos para el año siguiente, surge la idea de hacer una desconferencia regional sobre Datos Abiertos que convoque a la sociedad civil Latinoamericana. Una idea que a pesar de que quedó plasmada en el plan estratégico 2013, parecía algo lejano y casi imposible.

Menos de 15 días más tarde, la chance aparece a partir de discusiones en el contexto de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP); Uruguay podría ser sede de la primer Conferencia Regional de Datos Abiertos y DATA tiene la oportunidad de coorganizar ese evento y además hacer realidad la desconferencia.

Para una organización joven y de apenas seis voluntarios era un gran riesgo, pero se decide seguir adelante.

En poco tiempo más se concreta un acuerdo con Ciudadano Inteligente (Chile) que tenía en mente un evento similarpara aunar esfuerzos y nace de esa forma ABRE LATAM (http:// abrelatam.org). Durante la organizacion surge la oportunidad

información relevante para la sociedad.

Otro aspecto por trabajar es la integración de la socied a los datos abiertos, que los conozcan, soliciten y entiendan. En la actualidad se consumen datos abiertos, por ejemplo GPS, pero aun la mayoria de la sociedad no esta familiarizada con esto y con la importancia de acceder a datos de presupuestarios, legislativos, etc para poder hacer mediciones e incidencia.

No menos importante es la contribución necesaria de los medios de comunicación para alcanzar a la sociedad estas iniciativas.

Necesitamos más adhesión y difusión de los medios. Sobretodo es necesario Periodismo de Investigación a través del uso y cruce de los datos abiertos. En este caso podemos resaltar las iniciativas realizadas por La Nación Data, que se pueden visitar en su blog.

En general se ve en el mundo entero un muy alto indice de desarrollos para visualizar datos abiertos, para el consumo de la sociedad y gran adhesión de los Gobiernos para abrir datos y hacerlos públicos y accesibles en portales.

El desafío es aprovechar esa información para que la Ciudadanía pueda conocer mejor el impacto de las políticas públicas. de coorganizar un tercer evento, bajo el paragüas de ABRE LATAM pero centrado en Modelos de Negocio con Datos Abiertos (http://abrelatam.org/modelosdenegocio) y de la mano del grupo de Finanzas Abiertas del Banco Mundial (https://finances.worldbank.org).

Los siguientes meses fueron de intenso trabajo y dedicación casi total al proyecto hasta que finalmente, el lunes 24 de junio, se abren las puertas de ABRE LATAM y comienzan a llegar los asistentes de toda Latinoamérica (muchos de ellos becados) pero también de Norteamérica y Europa, ansiosos de conocer la realidad regional. Las expectativas iniciales de tener como máximo 60 asistentes fueron completamente superadas por la demanda que demostró lo necesario de un evento de este tipo en la región. Los cupos aumentaron hasta 85 y aún así quedaron 70 personas en lista de espera, más otras tantas que ni siquiera intentaron ésto último.

La mañana del primer día sirvió para romper el hielo, explicar las dinámicas particulares de una desconferencia y armar el “muro” de temas que se habrían de tratar durante el resto del evento.

La organización de un evento así fue nueva tanto para la organización como para los participantes pero los resultados fueron excelentes gracias a dos ingredientes fundamentales; la generosa capacitación previa de Allen Gunn (http://aspirationtech.org) y la constante colaboración y espíritu colectivo de todos los participantes.

Después del almuerzo comienzan las sesiones que a diferencia del modelo tradicionalson intercambios más bien informales entre pares que en lugar de oradores, cuentan con “facilitadores” cuyo rol no es “dar cátedra” sino fomentar el diálogo equilibrado y garantizar que todas las voces sean escuchadas.

29

Espacios Políticos

LA TRANSPARENCIA DE LOS GOBIERNO LOCALES:

UN ESTUDIO SOBRE LOS MUNICIPIOS DEL GRAN BUENOS AIRES Alejandro Nicolás Pegoraro

Licenciado en Ciencias Políticas - Secretario General de Red Impacto alejandro.pegoraro@gmail.com Introducción La referencia a la transparencia y Gobierno abierto han tomando en los últimos años un impulso nunca antes visto en el mundo político y gubernamental, gracias a los avances en materia de las tecnologías de información y al auge de las redes sociales, repercutiendo fuertemente en la información pública.

A nivel nacional y provincial, las publicaciones estadísticas oficiales no abundan o bien tienen un fuerte grado de antigüedad. Para los casos municipales, esto se agrava mucho más. Este trabajo abordará el problema de la transparencia y acceso a la información pública de los municipios del Gran Buenos Aires, a través de la elaboración de un índice de transparencia municipal donde, luego de un relevamiento de los sitios webs de los municipios pertenecientes al GBA, se analizará el estado de situación en materia de accesibilidad de la información pública y la apertura del Gobierno.

Caracterización demográfica y política del Conurbano Bonaerense La región del Gran Buenos (GBA) consta de 24 municipios, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). El GBA comprende a una población de casi 10 millones de personas, representando al 63,5% del total de la población la de Provincia de Buenos Aires y al 24,7% del total del país. Es considerada un bastión político, por su preponderante peso electoral: hoy, el 60,5% del electorado de la provincia de Buenos Aires corresponde a este grupo de 24 municipios, al tiempo que representan el 22,7% del total nacional. Por ello, se considera una enorme fuente de poder político, que los gobiernos nacional y provincial tratan de captar.

La gestión municipal en el siglo XXI: la transparencia de los gobiernos locales del GBA La temática de la transparencia en los gobiernos locales se trabajo particularmente desde el concepto de Gobierno abierto, esto es, los derechos que cuentan los ciudadanos frente a la información pública (Álvaro Ramírez Aluja, 2010). Su discusión estuvo ligada al debate democrático: de acuerdo a David Beetham y Kevin Boyle, “el gobierno abierto o transparente es esencial para la democracia porque ni los funcionarios públicos pueden ser tenidos como responsables, ni los electores pueden tomar una decisión electoral fundamentada si no se dispone de una información exacta sobre la actividad de gobierno y las consecuencias de sus políticas”.

Este concepto se ha ido puliendo a través de los años, hasta llegar al siglo XXI con el boom de Internet y de las redes sociales, que permite dar un salto cualitativo al concepto de Gobierno 2.0: “el uso de las TIC para socializar y comoditizar los servicios, procesos y datos del Gobierno”, en donde “socializar” consiste en difundir los servicios, procesos y datos, y permitir su uso, trabajando con los datos y aplicaciones externas, al tiempo que “comoditizar” apunta a consolidar información, interoperar y moverse hacia servicios compartidos con el objeto de reducir la diversidad de infraestructuras y aplicaciones.

30

(Álvaro Ramírez-Aluja, 2010).

Básicamente, el concepto de Gobierno Abierto apunta no solo a hacer pública la información de gobierno existente, sino también colaborar con su uso.

En la Argentina, el distrito pionero en transparencia a través del Gobierno Abierto 2.0 fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que creó a fines del año 2011, la Dirección General de Información y Gobierno Abierto en el marco de del Ministerio de Modernización, con ejes como la transparencia, participación y colaboración, a través del sitio “Buenos Aires Data”, un “catálogo de datos abiertos, fehacientes, actualizados, y libres de barreras tecnológicas para su reutilización” Sin embargo, estas prácticas no se repiten en los gobiernos locales del GBA, y eso se intentará demostrar en este artículo, y para ello se elaboró un Índice de Transparencia Municipal del GBA (ITM-GBA) Índice de Transparencia Municipal del GBA (ITM – GBA) Para la elaboración del ITM – GBA, se implementó la misma metodología utilizada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), para su Índice de Visibilidad Fiscal Municipal. La muestra del Índice es de 24 municipios (los pertenecientes a la región del GBA). El ITM–GBA tiene como objeto de agrupar en un solo indicador un número elevado de variables, pudiendo realizar así un análisis comparativo entre los municipios agrupados en la muestra.

Para esto, se relevaron 30 variables consideradas significativas para la evaluación de la transparencia municipal (ver cuadro 2). Se asigna a cada variable un ponderador, obteniendo un valor del indicador por municipio, de acuerdo a si el mismo hace pública o no dicha información.

El relevamiento, realizado a través de los sitios web de cada municipio, se realizó entre el 29 de Junio y el 4 de Julio. Cualquier cambio o información incorporada con posterioridad no es contemplada en el indicador.

Gráfico 1. Ranking de los Municipios del GBA según el Índice de Transparencia Municipal - GBA

www.espaciospoliticos.com.ar

Fuente: elaboración propia en base a sitios web oficiales. Actualizado al 4 de Julio de 2013.

Información relevada: En el estudio, se relevaron 30 variables que se consideran de importancia para evaluar la gestión local de los municipios, agrupados en categorías de información.

Cuadro 2: Variables consideradas para la elaboración del ITM-GBA

GRUPO DE INFORMACIÓN

ITEM CONSIDERADO 1. Ordenanza Presupuesto 2013

PRESUPUESTO

2. Anexos Presupuesto 2013 3. Ordenanzas y/o anexos presupuestos 2011/12

EJECUCION PRESUPUESTARIA NORMATIVA TRIBUTARIA DEUDA PUBLICA

4. Ejecución presupuestaria a marzo 2013 5. Ejecución presupuestaria 2012 6. Ejecución presupuestaria 2011 y/o anteriores 7. Ordenanzas tarifarias/impositivas 2013 8. Stock de deuda a diciembre 2012 9. Flujo de deuda 10. Licitaciones y/o compras vigentes

LICITACIONES BOLETIN OFICIAL PLANTA DE PERSONAL

EDUCACION

11. Licitaciones y/o compras vencidas: costo 12. Licitaciones y/o compras vencidas: proveedores 13. Publicación de boletín oficial y/o digesto municipal a marzo 2013 14. Planta de personal 15. Escala de remuneraciones 16. Nivel de escolarización a marzo 2013 17. Nivel de alfabetización a marzo 2013

18. Listado de colegios públicos y privados 19. Listado de totalidad de agentes policiales afectados

SEGURIDAD

20. Listado de dependencias policiales 21. Registro de hechos delictivos a diciembre 2012

SALUD

22. Listado de hospitales y Centros de Atención públicos 23. Listado de médicos afectados a entidades públicas 24. Registro de totalidad de atenciones médicas

OBRA PUBLICA PROGRAMAS DE GOBIERNO

25. Registro de obras en curso 26. Registro de obras finalizadas a diciembre 2012 27. Listado de programas de gobierno

28. Estado de ejecución de programas de gobierno

31

Espacios Políticos

AUTORIDADES DE GOBIERNO

29. Organigrama detallado por jurisdicción 30. Biografía del Intendente

Fuente: elaboración propia Publicación por grupos de información Cuadro 3. Difusión de grupos de información. Total de municipios.

GRUPO

% de Municipios (sobre un total de 24)

Autoridades de Gobierno

81,2%

Ejecución Presupuestaria

41,6%

Normativa Tributaria

Programas de Gobierno Presupuesto

Boletín Oficial

Obras Públicas Salud

70,8% 39,5% 34,7% 33,3% 31,2% 25%

Seguridad

20,8%

Licitaciones

16,8%

Educación

Planta de Personal Deuda Pública

19,4% 6,2% 4,2%

Fuente: elaboración propia Conclusiones Los avances tecnológicos posibilitaron un avance en materia de acceso a la información pública, que no se ve reflejado a nivel local en los municipios del Gran Buenos Aires. El relevamiento de la información confirma el escaso acceso a la información existente y la desactualización de los pocos datos disponibles.

Existe una explicación: Argentina es uno de los pocos países del continente que aún no tiene sancionada la Ley de Acceso a la Información Pública. Hoy, son más de 20 los proyectos legislativos de la materia que se encuentran demorados. No parece existir una voluntad política de dar curso a la norma.

En el ITM-GBA se observan situaciones disímiles, con dos grandes extremos señalados en el gráfico 1: por un lado, el Municipio de Morón se muestra a la cabeza con un puntaje de 0,755 (“transparencia elevada”), al tiempo que José C. Paz cierra el ranking: 0,093 (“transparencia baja”). Paradójicamente, dos municipios con similares características sociales y políticas son quienes están a los dos extremos del índice.

Se observan otras particularidades: municipios más modernizados no cuentan con buenos puntajes, como por ejemplo, Vicente López (0,158, 23º en el ranking) y Tigre (0,490). Además, aparte de Morón, solo Malvinas Argentina supera los 0,50 puntos, ubi-

32

cándose segundo en el ranking municipal (0,573).

La lucha por el gobierno abierto, que nos permita no solo acceder a los datos sino también poder interactuar con ellos, está iniciada pero con mucho por hacer. Los funcionarios municipales aún no han incorporado esta herramienta en sus gestiones de gobierno, y se debe dar la pelea para avanzar sobre esto.

BIBLIOGRAFIA RAMIREZ – ALUJA, ÁLVARO. 2011 “Gobierno abierto y modernización de la gestión pública: tendencias actuales y el (inevitable) camino que viene”. Publicado en Revista Enfoques, Vol. IX, Nº 15.

BEETHAM, DAVID y BOYLE, KEVIN. 1995. “Cuestiones sobre la democracia: conceptos, elementos y principios básicos”.

UNESCO. INSTITUTO ARGENTINO DE ANÁLISIS FISCAL (IARAF). 2011. “Índice de Visibilidad Fiscal Municipal IARAF 2011”. En www.airaf.org.

INSTITUTO DE ESTADISTICAS Y CENSO (INDEC).

CENSO 2010. En www.censo2010.indec.gov.ar.

FIN DE SECCION

www.espaciospoliticos.com.ar

Argentina y su Tendencia al Clivaje Filo/Anti Jorge Leandro Montessi Rotundo

Director MRO Consulting Group

El sistema político argentino tiene como característica fundamental la carencia de clivajes históricos que determinan el surgimiento de nuevos partidos. El proceso natural mediante el cual Latinoamérica y Europa han conformado su sistema de partidos se dio a través de un lento pasar mediante el cual la inclusión social fue aumentando de la mano de la participación en el debate por parte de las masas. Diferentes corrientes fueron apareciendo, generando nuevos espacios de debate y estos fueron canalizados a través de la emergencia de partidos que se diferenciaban de los ya establecidos por la inclusión de dichas demandas en sus programas y bases.

Pero en la argentina, las elites lograron unificarse tras un liderazgo fuerte estableciendo un periodo de estabilidad política y cerrándose a cualquier intento de modificación del sistema de partidos.

Recién con el surgimiento de la Unión Cívica Radical (UCR) aparecerá en escena un proyecto de oposición al cual no le fue fácil lograr ingresar en la escena política. El fraude electoral genero una situación de juego de suma cero, manteniendo a la UCR fuera del espectro político, dando esto como resultado levantamientos armados por parte de la oposición con el objetivo de modificar el status quo que se mantenía mediante el fraude.

Cabe destacar que la UCR no se conformara como un actor nuevo dentro del sistema sino que su existencia se da en base a la escisión de una parte de la elite que al no poder acceder al poder a causa de la maquinaria electoral armada por parte de los conservadores deciden iniciar un proceso revolucionario que les permitiera acceder al juego.

De la misma forma medio siglo después el Justicialismo tendrá sus orígenes en un golpe de estado perpetrado contra los mismos conservadores que habían retomado el poder mediante un golpe de estado y reimplantado el sistema de unidad política tras el liderazgo de una figura fuerte, en este caso el General Justo.

Luego de este brevísimo análisis debemos destacar que la emergencia de los dos partidos mas importantes, que determinaran la historia de la política argentina desde mediados de la Primer Guerra Mundial hasta nuestros días, se da en contextos de quiebres no pactados, con una alta carga ideológica pero influenciados por los elementos propios de las épocas en las cuales se conforman.

Ambos partidos surgen como alternativa al “Partido Conservador” pero la respuesta de ambos y las soluciones previstas por ambos son diametralmente opuestas. Ninguno de 33

Espacios Políticos

los dos partidos toman una postura ideológica fija, y su diferenciación se basa en la argumentación sobre la legitimidad que detentaran tanto como gobierno como oposición.

El Radicalismo hará de las instituciones su bandera de lucha, sin estructurar una plataforma política amplia, lo que intentara a lo largo de sus respectivos gobiernos es la imposición de la creencia que la crisis del país surge en base al no respetos la las instituciones de la republica. El Justicialismo por otro lado hará de las mayorías le legitimación de su accionar.

El surgimiento de ambos partidos nos demuestra algo característico de la política argentina y es que el clivaje predominante en la misma se da en base al eje, FILO/ANTI. Este escenario tiene un inconveniente, al plantear las relaciones partidarias en base a la negativa a un partido o figura política determinada las bases programáticas de los partidos tienden a tener variaciones enormes no pudiendo estructurar un núcleo duro de políticas que permitan al electorado identificarse con un partido determinado en base a la oferta de políticas que este ofrece. Esto lleva al sistema político a depender únicamente de la figura que encabeza el partido al momento de la elección. Las bases programáticas de cada partido serán dadas en consonancia con el pensamiento del o de los actores resonantes del momento haciendo que los partidos carezcan de una identificación ideológica definida permitiendo la emergencia de lideres casi mesiánicos.

El ejemplo mas fácilmente citable es el del justicialismo que ha tenido un movimiento pendular tan amplio con respecto a las políticas adoptadas que el propio partido se ha convertido en opositor a si mismo. El Radicalismo no esta exento de esto, el movimiento pendular del mismo también ha sido amplio pero no tan notorio debido al limitado tiempo de gestión que ha tenido desde el retorno de la democracia hasta nuestros días.

Este clivaje FILO/ANTI que ha determinado la política argentina desde sus inicios ha tenido momentos de mayor tensión y momentos en los cuales se ha relajado. Claro es que en momentos de crecimiento económico la presión entre las fuerzas en pugna es menor y que en momentos de crisis las tensiones han aumentado, lo suficiente como para terminar con quiebres no pactados del sistema democrático. ¿Pero cual es la diferencia entre esos sistemas que se plantearon hasta 2001 y el sistema resultante de la restructuración de partidos generada a partir de la crisis?

En primer lugar se debe tener en cuenta que en este sistema, 34

la carga ideológica es alta y no existe alternativa intermedia entre ambas posiciones, casi Schmidtiano en su concepcion, no puede existir un tercero imparcial. El problema de la no aceptación del tercero imparcial es que el sistema comienza a quedarse sin amortiguadores que permitan distender las tensiones ocasionadas por el choque de ambas partes.

En segundo lugar, si bien la parte “filo” se encuentra altamente estructurada, la parte anti carece de un liderazgo unificador, las demandan son diversas y el eje aglutinador de este frente se da en reclamos, que si bien son validos, no terminan de generar una cohesión lo suficientemente fuerte como para conformar un frente que pueda hacer efectivamente presión contra las propuestas emanadas desde el oficialismo.

En tercer lugar, el sistema filo se encuentra en un momento de tensiones internas que lo debilitan y lo someten a adoptar una postura propia de regímenes en decadencia, casi con actitudes que anulan cualquier tipo de interacción con los grupos que se le oponen, hecho que, genera mas tensión dando como resultado una mayor ebullición en el ámbito político.

El problema con el modelo de conformación de partidos en la política argentina es que al plantear esquemas en los cuales la diferenciación partidaria se da en base a la diferenciación absoluta con el partido gobernante los partidos resultantes y sus políticas se encontrar anclados a un rumbo determinado no permitiendo un margen de maniobra los suficientemente laxo como para poder sortear una crisis económica o política.

El pragmatismo con el cual modifican la base de los partidos, previo a la toma del poder, no se ve reflejado al momento de encarar una gestión de gobierno, generando sistemas rígidos que terminan colapsando por la carencia de reformas, muchas veces necesarias, que le permitirían modificar estas situaciones.

También se debe tener en cuenta que la aparición de nuevos partidos políticos no se da como resultado del debate publico sino como fracturas dentro de los partidos tradicionales, y que estos partidos, hijos de la crisis política del 2001, se forman en torno a una figura fuerte sin ser estos una usina generadora de dirigentes. Su objetivo es la conquista del poder y no el armado de una maquinaria política que permita más allá de los nombres consolidarse como una alternativa valida y perdurable en el tiempo. Son partidos de ocasión, que lejos de consolidarse como estructuras sólidas, son susceptibles al colapso al momento de caer la figura relevante tras la cual se aglutinan.

www.espaciospoliticos.com.ar

urgencia. El país necesita articular su territorio con infraestructura adecuada y eficiente, un reto que exige cuantiosos recursos financieros.

Actualmente es necesario cubrir las brechas estructurales de atraso en diversos componentes de la infraestructura y ampliar la dotación para evitar que su insuficiencia constituya un obstáculo para el desarrollo. Es evidente que este desafío no puede ser alcanzado con éxito solamente con recursos nacionales. El financiamiento externo puede ser utilizado como mecanismo para mantener el crecimiento a través del endeudamiento a largo plazo ya sea que provenga de la inversión extrajera directa, de transferencias tales como la ayuda de países desarrollados o de la obtención de créditos en el exterior.

El financiamiento externo de la actual y deficiente infraestructura argentina El desafío de mantener el crecimiento Catalina Jack

Lic. en Relaciones Internacionales. Universidad de San Andrés - catalinajack@gmail.com

En la última década Argentina ha acumulado un atraso considerable en su provisión de infraestructura y se encuentra ante el desafío de mantener los niveles de crecimiento alcanzados.

Las tragedias provocadas por las recientes inundaciones y los repetidos accidentes ferroviarios son un claro ejemplo de las deficiencias en infraestructura que el país debe afrontar con

La relación de Argentina con los organismos multilaterales de crédito ha sido dispar durante los últimos años. El estancamiento de las relaciones con el Fondo Monetario internacional posterior a la crisis 2001, y el creciente vínculo con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF Banco de Desarrollo de America Latina son los puntos más destacables de la relación. Recordemos que a partir del año 2006 la Argentina no mantuvo más vínculos con el FMI, dado que en el año 2005 saldó el total de la deuda con esa entidad. Por otro lado, los montos de deuda con el resto de los organismos multilaterales mantuvieron una tendencia creciente a partir de 2001.

Deuda que es gestionada con discrecionalidad por el gobierno nacional y que sus ministros utilizan como premios y castigos para sus socios provinciales. El mal manejo de los préstamos de organismos multilaterales de crédito, la inviabilidad de su pago en el corto plazo y la falta de capacidades estatales, han convertido a este tema en una de las mayores preocupaciones de la gestión actual. Si bien existen muchos factores que contribuyen a la explicación de las bajas tasas de inversión en Argentina, diversas fuentes señalan que el mal manejo de los fondos nacionales e internacionales se ha convertido en una restricción especialmente seria.

Las mejores prácticas del Banco Mundial indican que es deseable que un país invierta el 6% del PBI en infraestructura para evitar deficiencias sociales, ambientales y económico-productivas. Se estima que el nivel de inversión en infraestructura requerido para Argentina es al menos 50% superior al actual.

Las estimaciones de CEPAL concluyen que las erogaciones destinadas a la infraestructura hasta el año 2020 para dar soporte a un crecimiento relativamente modesto (el 3% anual del PIB) son de un monto anual equivalente al 5,2% del PIB regional. Los sectores con mayores requerimientos, de acuerdo con esta estimación, son las telecomunicaciones y la energía eléctrica. Se trata de una estimación que no considera rezago, reposición, ni todos los sectores de infraestructura, pero incluye el gasto en mantenimiento. Una estrategia más ambiciosa de mejora de la infraestructura, según esta misma fuente, podría requerir niveles de inversión anuales superiores al 7% del PIB. La tendencia en la economía del desarrollo durante la mayor

35

Espacios Políticos

parte de la posguerra fue centrarse en el sector real de la economía, es decir, la industrialización, la transferencia de tecnología y el intercambio internacional de mercancías, dejándose de lado al sector financiero. En la medida en que el financiamiento integró el conjunto de temas prioritarios, la atención se centró en el financiamiento internacional: la inversión extranjera directa, la asistencia bilateral/multilateral y los préstamos de bancos comerciales internacionales. En referencia al rol de los organismos internacionales de crédito, el trabajo de Stiglitz fue esclarecedor en tanto dejo en evidencia que la globalización no atendió a los desaventajados ni permitió un mayor acceso a la información, a la salud y a la educación. Muy por el contrario, según su argumento la brecha entre pobres y ricos creció y el acceso a la información se dificultó. En consecuencia, aumentaron los índices de corrupción y creció la implementación de políticas injustas.

Más allá de todo el cuerpo de conocimiento académico que apoya qué la infraestructura constituye uno de los factores clave para el crecimiento, existen estudios que consideran que la infraestructura puede contribuir a la consolidación del proceso de desarrollo integral de Argentina favoreciendo la mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos. El impacto se produce inicialmente en la etapa de ejecución de las obras, a través de la generación de empleo y del desarrollo de las empresas contratadas mediante licitación que proveen bienes y servicios. Pero el mayor impacto tiene lugar durante la extensa etapa de explotación, en la que los servicios contribuyen a la mejora en la calidad de vida. Es posible demostrar que la infraestructura y sus servicios inciden en la salud y educación de las personas, especialmente de menores recursos, y es fundamental para mejorar su acceso a oportunidades de empleo. En Argentina se insiste en solucionar la disfuncionalidades del mercado de trabajo y la pobreza creando fábricas, en tiempos en que son los servicios de alta califica-

ción los que permiten producir, no en términos de volumen sino en función de producir más valor. ”Negarse a asignar o reasignar recursos para responder a los desafíos de los nuevos tiempos es no comprender que la Argentina está librando una guerra decisiva para no convertirse en un país internacionalmente marginal por incapacidad de ingresar a la moderna y tecnológicamente sofisticada producción global, y además desintegrado y presa de la violencia, la delincuencia y la incivilidad. Mientras más tiempo tardemos en entender la necesidad de dar esta batalla más difícil será salir airosos” (Isuani 1998).

Si Argentina no tiene la capacidad de absorber el capital prestado e invertirlo productivamente, presentará serios problemas financieros a futuro. Cualquier posibilidad de crecimiento con relación al financiamiento externo dependerá de la eficiencia con que se utilicen los recursos, la magnitud y sus costos. Sin lugar a duda, el acceso al financiamiento es un aspecto fundamental del proceso de desarrollo en países como Argentina. Los beneficios obtenidos mediante la utilización de los recursos externos deben superar los costos derivados de su contratación. En definitiva, se requiere de mayor eficiencia en la asignación de los recursos y que los fondos externos que hoy son usados para gasto corriente sean utilizados en pos del desarrollo. El desafío es sin duda tomar deuda, con conciencia política de largo plazo, para transformar estos años de crecimiento en un proceso de verdadero desarrollo económico y social.

Isuani, Ernesto A. (1998) Una nueva etapa histórica en Isuani, E.A. y Filmus, D. “La Argentina que viene” Ed. Norma, Buenos Aires

Nuevo paradigma y prioridades de agenda. La Asignación Universal por Hijo en la Argentina.

Estado, Administración y Políticas Públicas

Roxana Mazzola

Directora Ejecutiva del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas (CEDEP).

Especialista en Políticas Sociales. Licenciada en Ciencia Política (UBA) y Magíster en Administración y Políticas Públicas (Universidad de San Andrés) - mazzola.roxana@gmail.com

36

La Asignación Universal por Hijo en la Argentina es parte de un nuevo paradigma en políticas sociales, el de la “protección ampliada” de la infancia (Mazzola, 2012), distinto y superador de otros paradigmas que tuvieron lugar durante el siglo XX como son los conocidos paradigmas de la “situación irregular” y de la “normalización” de la infancia a inicios y mediados del siglo (Casas, 2006), y el que denomino de la “protección restringida” de la infancia

www.espaciospoliticos.com.ar

predominante en los 90.

En los últimos 100 años de la historia argentina y también de países de la región latinoamericana, se modificó lo considerado “justo” en la infancia y adolescencia en el marco de pujas distributivas y político-institucionales.

Cambios en las concepciones de infancia, en la definición de la cuestión social de infancia y de las consiguientes intervenciones expresan esta transformación, no siempre lineal.

El niño pobre como una “amenaza” o patología individual y objeto de tutela del Estado, donde el “control” era imprescindible tuvo su hegemonía a principios del siglo XX, en el marco del denominado paradigma de la “situación irregular” de la infancia. En un contexto de conformación del Estado-Nación, bajo un sistema político restringido y oligárquico, y una tendencia internacional de corte positivista y medicalización de los problemas sociales, la infancia y adolescencia debía ser atendido focalmente por instituciones especializadas para su tratamiento. Allí la función distributiva del estado se manifestaba en el país en el refuerzo de los hogares del niño y los tribunales de menores, y la sanción en 1919 de la ley de patronato que fuera derogada recién en el año 2005.

Más acá en el tiempo esta visión fue una horma perfecta que se extendió a toda la sociedad durante la dictadura de mediados de los 70, y luego durante los noventa en el marco del paradigma de la “protección restringida”. La visión de la “amenaza” de la infancia se complementó con una mínima expresión de la función distributiva del Estado, a través de la privatización, focalización y descentralización de la política social y particularmente de la de infancia, pasando a estar gran parte de la misma a cargo de los niveles subnacionales y desligándose en este proceso la Nación de su rol en la equidad.

Es decir, la infancia y adolescencia pasa a ser no solo un riesgo sino también

un gasto. La expresión mas acabada de ambas visiones se refleja en la presión constante acerca de la necesidad de bajar la edad de imputabilidad.

Si bien el peronismo planteó políticas sociales distributivas y garantizó derechos a la seguridad social de las familias obreras - en esta época por ejemplo se crean las asignaciones familiares para quienes tienen empleo formal-, al partir de una visión de infantilización y pedagogización de la infancia, su visión era aún adultocéntrica. Así, el paradigma de la “normalización” de la infancia consideró al niño como menor “a formar” y a ser sociabilizado por dos instituciones troncales: la familia y la educación. Tal mirada era apta quizá para el modelo de familia tradicional nuclear de aquel entonces, pero no en la actualidad, cuando existen múltiples formas de familia, gran parte de las mujeres trabajan y a menudo de manera informal, donde hay distintas “infancias” y donde la misma es sociabilizada no ya sólo por la familia, la escuela y el grupo de pares, sino también por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, entre otros.

Desde inicios del siglo XXI se está gestando un nuevo paradigma en la política social argentina, el de la “protección ampliada” de la infancia, que porta una nueva concepción de lo considerado justo en la infancia, y en las consiguientes políticas que lo acompañan, donde la Nación retoma su rol central como nivelador de inequidades con eje en generación de empleo y acercándose mas a la definición de infancia y planteos realizados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la nueva ley a su favor.

Son parte de este proceso la Asignación Universal por Hijo y para embarazadas, la creación del Plan Nacer, del Programa Conectar Igualdad, la ley nacional de financiamiento educativo, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de protección y promoción de los

derechos del niño que deroga la de patronato de 1919, la ley de erradicación del trabajo infantil, la ley de voto a los 16. También una serie de políticas que tienen que ver con la ampliación de derechos en general, no solo de los jóvenes, niños o adolescentes pero que inciden de forma directa en su vida como la sanción de la ley de matrimonio igualitario, la reestatización del sistema de jubilaciones, la ampliación de la cobertura y el aumento de jubilaciones, el reestablecimiento de los Consejos de Salarios, la elevación del Salario Mínimo Vital y Móvil, el programa Procrear, entre otras.

Bajo este nuevo paradigma se destaca una fuerte inversión de recursos por parte del nivel central de gobierno que fuera posible a partir del proceso de desendeudamiento externo, crecimiento económico e integración regional. También se observa la apertura de prestaciones históricamente sectoriales y para unos pocos y la posibilidad de articular y asignar mejor los recursos al ser más amplio y consistente. Por ejemplo en el caso concreto de la Asignación Universal por Hijo se sienta un piso de ingresos que hasta el momento no tenían garantizado gran parte de los niños hasta 18 años.

Hasta ese momento solo una parte de ellos percibía una asignación por contar alguno de sus padres con empleo formal - resultante del paradigma de la “normalización” de la infancia de mediados del siglo - o en su defecto y con suerte con algún programa asistencial -enmarcado en el paradigma de la “protección restringida” de los 90- . Esta medida se constituye en un subsistema del sistema de Asignaciones Familiares tendiendo a universalizar una asignación familiar a todos los niños hasta 18 años de Argentina.

Asimismo se promueve la asistencia escolar y controles de salud, reteniendo un 20% de la transferencia mensual que es otorgada una vez al año cuando se comprueba el cumplimiento de es37

Espacios Políticos

tas condicionalidades (que más que condicionalidades debieran ser corresponsabilidades).

Si bien hay varios aspectos más a destacar de la medida, tanto respecto a sus aportes como desafíos, quisiera resaltar sobre todo aquí que el proceso descripto destaca cómo se fueron configurando diversos imaginarios y paradigmas con fuerte raigambre en la sociedad y que se expresan en el estado, donde se fue modificando el alcance de su función distributiva, todos los cuales conviven en la actualidad.

Asimismo, no siempre ha sido lineal el avance. Contrariamente a la secuencia planteada habitualmente de una transición de paradigmas y perspectivas de infancia y sus derechos evolutiva de posiciones restrictivas hacia otras más garantistas, esa no necesariamente ha sido la pauta en el proceso histórico argentino y latinoamericano en general, exponiendo el carácter conflictivo y de pujas distributivas y político institucionales presentes.

Profundizar esta discusión y situarla en su marco histórico es parte del desafío hoy al debatir sobre las políticas sociales, particularmente de infancia y adolescencia. Junto a ello es indispensable perfeccionar el nuevo paradigma y avanzar en su integralidad como en otras medidas nuevas dado que las prioridades de agenda se van modificando ¿cuáles son los topes y alcances de los derechos? ¿Cuál es la configuración y las capacidades de estado requeridas?

Al menos hay cuatro aspectos a atender partiendo que todo ello es parte insoslayable de un proceso político (y proyectos políticos), con pujas distributivas y políticas concretas y continuas, donde diversos sectores se ven afectados y/o beneficiados.

En primer lugar, se requiere de una mayor justicia distributiva tanto en materia impositiva como de transferencias realizadas desde el estado, atendiendo al impacto distributivo del sistema de políticas en su conjunto y 38

atendiendo a la mayor integración, articulación y evaluación de resultado de las medidas destinadas a la infancia y sus familias. Asimismo, es importante tener presente que las políticas publicas se constituyen en un “blanco móvil” (Mazzola, 2012) que deben irse modificando y perfeccionando de manera continua y conforme la realidad y nuevos desafíos presentes. Aquí algunos aspectos cruciales además de perfeccionar la Asignación Universal por Hijo y para embarazadas, refieren a potenciar su impacto con la universalización de la cobertura y calidad de jardines de infantes, que es sumamente desigual según nivel socioeconómico y adquiere gran importancia por sus repercusiones en el desarrollo infantil y en las condiciones laborales de las familias, sobre todo cuando las mujeres trabajan. También hay que continuar generando empleo y de calidad para todos los sectores de la población.

Y no menor es incorporar mecanismos de construcción participativa de agenda en los diversos niveles de gobierno, valiéndose no sólo de métodos tradicionales sino también del uso de las nuevas tecnologías, de manera de dar lugar a una participación más activa a la sociedad, favorecer el acceso a la información, etc. Fortalecer Centros de Estudiantes, la creación de Consejos Deliberantes de Niños, y otras medidas que fomenten actividades de participación social, cultural y política de la infancia y la incorporación de la mirada de los niños en los procesos de formulación de políticas son acciones concretas al respecto. También promover la construcción de enfoques específicos de infancia, utilizando, por ejemplo, los importantes aportes de disciplinas nuevas como la sociología y la antropología de la infancia que entre otros aspectos pueden constituirse en un aporte a la mejora de metodologías pedagógicas en las escuelas.

En segundo lugar, para un país federal como la Argentina debe atenderse

al rol de los diversos niveles de gobierno en la equidad, en el marco de un proyecto de país, no de forma aislada. Ahí se abre todo una discusión en términos de salud y educación, de vivienda y otros roles asignados a los niveles subnacionales de gobierno así como de otras medidas que requieren de un abordaje más complejo y territorial.

En tercer lugar, junto a ello es indispensable el desarrollo de las capacidades estatales, de la institucionalidad y andamiaje estatal que deben acompañar y favorecer la profundización y consolidación del nuevo paradigma.

Finalmente, en todo momento debe tenerse presente que estas cuestiones son significativas en tanto expresiones de distribución del poder en la sociedad así como única forma en que pueden sostenerse en el tiempo las conquistas realizadas, que siempre resultan de procesos de lucha de larga data. Y hay un tema generacional: las nuevas generaciones son quienes van a llevar adelante y sostener una agenda más distributiva en el futuro y son las que no están vapuleadas y/o viciadas por el derrotero cultural que han traído consigo paradigmas como los de la “situación irregular” y de la “protección restringida”. Lejos de mirar a la niñez de manera pasiva y como integrante de los grupos más vulnerables de la sociedad, a la que más han perjudicado la desigualdad, la pobreza y la desocupación presentes, se requiere potenciar sus capacidades y abrirles paso como agentes del cambio que son. No basta entonces la provisión de bienes y servicios básicos que se realicen a través de la política social.

Tampoco basta brindarles educación.

Es necesario empoderarlos.

Para profundizar al respecto Mazzola (2012). Nuevo paradigma. La Asignación Universal por Hijo en la Argentina, Buenos Aires: Editorial Prometeo.

www.espaciospoliticos.com.ar

Voto Joven: Más que una ley para la juventud Javier Ignacio Tejerizo

Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador General de EleccionesArgentinas.com – ArgentinaElections.com javiertejerizo@argentinaelections.com

La Ley de Ciudadanía Argentina, 26.774, mejor conocida como la Ley del Voto Joven, promulgada el 1° de noviembre de 2012, no sólo realiza un cambio significativo en la edad de adquisición de los derechos políticos, también modifica otro número significativos de normas, las Leyes: 346, 17.671, 19.945, 23.298, 25.432, 26.215 y 26.571. Por eso nos parece importante, analizarla a fondo en todo su significancia.

El primer artículo estipula la modificación de la Ley 346, LEY DE CIUDADANIA que data de 1869, dejando el artículo 7° de la siguiente forma: “Los argentinos que hubiesen cumplido la edad de dieciséis (16) años, gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República.”

Con anterioridad el mismo estipuló los 18 años como la edad para adquirir derechos políticos por casi 150 años.

En este sentido se adapta la Ley 19.945, conocido como Código Electoral Nacional, que ahora establece en su artículo 1º que son electores los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis (16) años de edad.

Asimismo, esta modificación deriva en la necesidad adaptación no sólo jurídica, sino también administrativa, por ejemplo para contar con un padrón actualizado.

Por ello, el artículo 2° establece una adaptación de los artículos 10 y 10 bis de la Ley 17.671, Ley de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional, ya que de ahora en más al cumplir la persona los 14 años de edad, antes era a los 16, deberá actualizar el documento nacional de identidad. El 10 bis establece la presentación del certificado que acredite escolaridad actual.

podrán ejercer su derecho al voto a partir de los 15 años, ya que en las elecciones primarias deben votar todos los electores que cumplan dieciséis (16) años de edad hasta el día de la elección general, como establece la Ley 26.571, de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral en su artículo 23.

Relativo al deber de votar, es interésate que el Código Electoral ha sido modificado estableciendo que quedan exentos de esa obligación los jueces y sus auxiliares en trabajo mientras dure el acto comicial; los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros; enfermos; y el personal de organismos y empresas de servicios públicos trabajen durante su desarrollo; quitando de esta lista a los mayores de 70 años como establecía originalmente. Esto se debe a que por la no emisión del voto se impondrá multas de hasta 500 pesos a los electores mayores de 18 años y menores de 70 que no se justifiquen ante la justicia nacional electoral. Como podemos apreciar, no se ha eximido a los menores de 18 y a los mayores de 70 del deber de votar, pero si del castigo que implica la no emisión del sufragio (a la vez que se ha actualizado los montos de las penas).

Por otra parte, a pesar de esta ampliación de los derechos y responsabilidades de los jóvenes, se realizaron dos modificaciones a la ley 26.215, Ley de Financiamiento de Los Partidos Políticos, estableciendo que la los responsables de la Administración financiera del partido y las campañas electorales será sólo para mayores de edad. Algo similar se estipula en el Código Electoral en los requisitos para ser nombrado autoridad de mesa, ya que establece que los presidentes y suplentes deberán tener entre dieciocho (18) y setenta (70) años de edad.

Relativo a la Ley 19.945, conocido como Código Electoral Nacional, la nueva Ley realiza otras 29 modificaciones a artículos relativos a distintas materias; aquí repasaremos las que, a nuestro criterio, son más significativas: Infractores al deber de votar. Aquí cabe destacar dos puntos significativos que demuestran que habrá un control más estricto del deber de votar:

Se establece los 14 años debido que habrá electores que 39

Espacios Políticos

1- La Cámara Nacional Electoral luego de cada elección nacional, elaborará un listado por distrito, con nombre, apellido y matrícula de los electores mayores de dieciocho (18) años y menores de setenta (70) años de edad de quienes no se tenga constancia de emisión del voto, el que pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo.

2- Los empleados de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal presentarán a sus superiores inmediatos la constancia de emisión del voto, el día siguiente a la elección, para permitir la fiscalización del cumplimiento de su deber de votar. Si no lo hicieren serán sancionados con suspensión de hasta 6 meses y en caso de reincidencia, podrán llegar a la cesantía.

Autoridades de la mesa. La justicia nacional electoral creará un Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa, en todos los distritos, que funcionará en forma permanente.

Asimismo, para la designación de las autoridades de mesa se dará prioridad al grado de instrucción y edad, a los electores que hayan sido capacitados a tal efecto y a continuación a los inscriptos en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa.

Padrón definitivo y constancia de la emisión del voto. Ninguna autoridad podrá ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un elector que no figura inscripto en los ejemplares del padrón electoral; recordemos que con anterioridad se podía incluir a los fiscales, pero a partir.

Acto continuo a la emisión del voto se le entregará al elector una constancia de emisión del voto que contendrá impresos los siguientes datos: fecha y tipo de elección, nombre y apellidos completos, número de D.N.I. del elector y nomenclatura de la mesa, la que será firmada por el presidente en el lugar destinado al efecto. De esta manera se reemplaza el antiguo sello en el documento tipo libreta, que dejará de ser valido en 2015.

Consideraciones Como fuera mencionado el voto joven es introducido como una ampliación de derechos para los ciudadanos que cumplan 16 años a la fecha de la elección general, pudiendo votar con 15 años en las primarias de darse el caso; asimismo, esta ampliación esta exenta de las penas por el incumplimiento de este deber ciudadano, al igual que para los mayores de 70 años, pero no del deber. Es interesante esta interpretación, ya que la misma ha sido acompañada de una batería de normas tendientes a un control más certero, hasta el momento era casi nulo en la mayoría de los distritos, 40

del cumplimiento del deber del sufragio: actualización del monto de las multas; control más férreo para aquellos que sean funcionarios públicos, digitalización del padrón, etc.

Otros dos ítems en los que la Ley tendrá un fuerte impacto es la designación de autoridades de mesa, al igual que para el deber de votar, se actualizarán las penas, pero se complementará con mayores espacios para la participación voluntaria, todo con el objetivo de evitar la ausencia de las autoridades designadas, que impactan negativamente en el proceso electoral. En segundo lugar, como mencionamos, la Ley esbozó las primeras medidas a adaptar la constancia del sufragio al nuevo formato del Documento Nacional de Identidad, tarjeta, lo cual será central en el caso de que se busque un mayor control de la no emisión del voto.

Por otra parte, otra medida controversial, no se podrá agregar personas a los padrones de las mesas. Esta pequeña medida tendrá un fuerte impacto en la estructura y distribución de los fiscales de mesa partidarios, ya que los mismos no podrán votar en las mesas que fiscalizan, como antes hacían. De todas maneras, no se puede negar que esta es una medida que asegura evitar la posibilidad de que se vote en más de una mesa por parte de fiscales u otras personas que antes tenían el derecho de ser agregados a los padrones de mesa.

Para cerrar, me parece interesante destacar que los menores de edad que están habilitados para sufragar son alrededor de 750 mil, representan al 3% del padrón general. Esto se debe a que de los casi 1.500.000 que podían hacerlo realizaron el trámite de renovación del DNI, que asegura el empadronamiento, el 57%. El resto no podrá votar. Sea cual fuere el número final de jóvenes que participen, me parece fundamental destacar que es preciso aceptar la capacidad progresiva de los jóvenes, la cual redefinirá las relaciones de poder actuales entre jóvenes y adultos, así como del joven con el Estado y la sociedad, pero sólo en la medida en que los jóvenes, como grupo con características y necesidades distintivas, hagan valer sus derechos. En este sentido, el sufragio en elecciones generales, en este contexto, sería uno más de los mecanismos de instancia de participación efectiva, pero no el único; dado que la democracia cuenta con otras herramientas.

De todas maneras, no podemos negar que la representación de los jóvenes va a hacer que la agenda de los niños y de los adolescentes, y la agenda de la juventud en general, sea parte de la discusión política. Pero esperamos que, al igual que sucediera con la incorporación del sufragio de la mujer, sea éste el puntapié inicial para que el Estado y la sociedad reconozcan la capacidad progresiva de las personas y se comprometan a impulsar la efectiva la participación de los jóvenes, hasta promover el derecho no solo de elegir, sino también de ser elegidos en instancias acordes.

www.espaciospoliticos.com.ar

MÁS MUJERES, MEJOR DEMOCRACIA

Carolina Barone

INTRODUCCIÓN Durante siglos, el lugar de la mujer ha estado en la trastienda del poder, era el espacio doméstico donde ellas ejercían su influencia2. En la Argentina, a pesar de que en la actualidad, comprendemos como algo natural la participación de la mujer en el ámbito de la política, fue recién en septiembre de 1947, con la promulgación de la ley 13.010 que se puso fin a la exclusión de la mujer en la política, pero sobretodo fue en los últimos 30 años de ejercicio continuo de la democracia que la mujer ha podido consolidar su participación plena en la arena pública, al menos, en el plano formal, dado que en la oportunidad de acceso a cargos de tomas de decisión y en el trato igualitario entre varones y mujeres, aún la disparidad es significativa.

PARTICIPACIÓN POLÍTIA DE LAS MUJERES: CONTEXTO INTERNACIONAL

En el presente informe encontrarán en forma sintetizada, un breve repaso por las principales consagraciones políticas de la mujer en nuestro país, así como también un análisis comparativo sobre la participación femenina en los parlamentos del mundo en relación a la Argentina y de las legislaturas provinciales entre sí3. El objetivo del mismo es visualizar la importancia del rol de la mujer en los ámbitos de toma de decisiones en propósito de abonar el desarrollo de la democracia porque “garantizar la presencia de todas las voces en el debate público y en los procesos y prácticas políticas implica entonces no un asunto de mera representación igualitaria, sino la búsqueda de una verdadera democracia, en donde los representantes reflejen la pluralidad y diversidad propias de la población. Así entendida, la representación femenina debería extenderse a otros espacios de decisión donde las mujeres han estado tradicionalmente relegadas”4.

A pesar de ser aproximadamente el 50% de la población mundial, según un estudio hecho por la Unión Interparlamentaria (UIP), el porcentaje de mujeres en los Parlamentos nacionales del mundo es de 20,9% a partir de datos suministrados por los propios poderes legislativos hasta el 1º de junio de 2013. De los 46.521 legisladores contabilizados a esa fecha en los parlamentos estudiados, sólo 9.632 eran mujeres. La UIP indica que si se tienen en cuenta únicamente a los Parlamentos unicamerales y a las cámaras bajas de los bicamerales el promedio se eleva al 21,3% y en el caso de las cámaras altas o Senado baja a un 18,8 %5.

Entre las conclusiones arrojadas por dicha investigación, las estadísticas de la UIP confirman que el grado de representación de la mujer en los órganos legislativos de un país no es directamente proporcional al desarrollo social o económico. Hay países muy desarrollados, como Francia y Estados Unidos, que están en la mitad de una tabla de 189, mientras que Ruanda ocupa el primer lugar del Ranking con el 56,3% y Cuba el tercero y primero del continente americano con el 48,9%. Por regiones, son los países nórdicos los que tienen un mayor porcentaje de mujeres en sus legislativos (42%), pero Ruanda, el país del mundo líder en este aspecto, es africano. En América, el promedio es el del 24,8 %; en Europa del 22,6 %; en Asia del 18,8%; en el África Subsahariana del 21,3%; en el Pacífico del 12,7 % y en los estados árabes del 15,7%.

En este punto cabe aclarar, que no necesariamente, por el hecho de ser mujeres quienes ocupen las bancas o los espacios de poder, estas llevarán las banderas de las políticas de género, el gran desafío de una democracia representativa es que en la agenda de políticas públicas en todos los

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER: ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN LA ARGENTINA A NIVEL NACIONAL? En el caso de la Argentina, ocupamos el puesto 18º del ranking mundial entre 189 países y 5º en el continente después

Participación femenina en legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Julio 2013

Lic. en gobierno y relaciones internacionales (UADE), Directora General de relaciones internacionales y Cooperación de la Legislatura Porteña, Fundadora y Presidente de la Asociación Civil Mujeres como vos, políticas públicas con perspectiva de género.

niveles de gobierno esté presente la perspectiva de género, es decir, que incluya la mirada y la voz de la mujer en el proceso de toma de decisiones y en la implementaciones de dichas medidas.

41

Espacios Políticos

de Cuba, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, con el 37,4 % de representación en la Cámara de Diputados y 38,9 % en el Senado.

Con estas cifras, podríamos animarnos a pensar a la Argentina como un modelo en la región y en el mundo en relación a la participación femenina en los parlamentos, sumado al hecho de que es una mujer quien está frente al Poder Ejecutivo Nacional y fue reelecta. Sin embargo, “aunque estos datos son alentadores, poco nos dicen acerca de las brechas en el acceso de las mujeres a otros niveles y espacios de poder. En el ámbito político nacional, el Poder Legislativo es el que ostenta la mejor performance en materia de participación femenina (37,6%), superando ampliamente a los dos poderes restantes: el Ejecutivo (21,1%) y el Judicial (15,0%) Esta diferencia se debe principalmente a las normas de cupo femenino, vigentes desde hace más de dos décadas, que facilitan el acceso de las mujeres a cargos legislativos”6.

En este sentido, cabe destacar, que Argentina fue el primer país del mundo en sancionar una ley de cupo en el ámbito legislativo. La ley 24.012, aprobada en 1991, establece un piso mínimo de 30% de candidatas mujeres en las listas de partidos políticos para cargos electivos nacionales. “La medida implicó un paso fundamental para avanzar hacia la equidad de género dentro de las cámaras: las legisladoras pasaron de ser menos de un 5% en 1983 a casi un 40% en el Congreso Nacional en 2010”7. La aplicación de la norma, asimismo, trajo consigo una serie de ventajas adicionales al incremento cuantitativo de la representación política de las mujeres: promocionó el reconocimiento a nivel social, político y cultural de las diferencias de género, diversificó las agendas parlamentaria y la pública, y brindó una mayor visibilidad a las mujeres, que ocupaban espacios políticos tradicionalmente masculinos (Archenti y Tula, 2008: 13) en ELA 20128.

Sin embargo, hay oportunidades en las que el ejercicio de la política aún sigue manifestando intenciones de sortear estas normas que tienden a la equidad, a través de prácticas viciosas como son las candidaturas testimoniales de las mujeres. Un caso muy relevante y reciente fue el de la

42

actual diputada nacional Ramona Pucheta. La Diputada fue electa por la fórmula Alianza Compromiso Federal, que llevaba como candidato a Presidente a Alberto Rodríguez Saá, cumpliendo con la ley de cupo, sin embargo, el trato era que ella renunciaría en caso de resultar electa a favor de Raúl Castells para que sea este quien integre la Cámara. En esa oportunidad, la reacción de la Cámara de Diputados fue contundente, los Diputados de la Nación decidieron que se tomaría juramento a la siguiente mujer de esa lista en caso de renunciar la Diputada Pucheta. Diputada Nacional Laura Alonso, fue una de

las principales voces de defensa de este derecho de las mujeres en nuestro país y anunció “el cupo femenino excede a las mujeres. Se trata de un derecho de toda la sociedad a contar con representación de la mitad más uno de la población”9.

COMPOSICIÓN DE LAS CÁMARAS DE LAS LEGISLATURAS PROVINCIALES Con el objetivo de acercarles información sobre la participación de la mujer en la política en nuestro país y, para tal fin, decidimos averiguar cuántas mujeres componen dichos cuerpos colegiados.

A continuación presentamos una tabla comparativa con las cifras actualizadas al mes de junio de 201310.

Rank

Distrito

1

Sgo. del Estero 40

3

Río Negro

2

4 5 6

7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

18 19

20

21 22

23 24

Cámara Baja o Legislatura

Bancas*

Mujeres %

Mendoza

48

15

Tierra del Fuego

15

46

20

50

19

41.31

6

31.25 40

Senado o Cámara Alta

Total

-

50

Bancas*

Mujeres

%

38

9

23.68 42.11

-

68

26

38.24

-

Corrientes

26

8

30.76

13

CABA

La Pampa Chubut

Formosa Jujuy

Chaco

Buenos Aires La Rioja

Misiones Santa Fe

Catamarca Tucumán San Juan

Neuquén San Luis

Entre Ríos Salta

Santa Cruz

60 30

27 30

48 32

92

36 40

50 41

51

34 35

43 34

60 24

Fuente: Elaboración propia.

22 10 9

10* 16

10 26

11

11 16

13 12 8

8 9

8

12 4

36.66 33.33

41.31

-

Córdoba

40

38.24 6

36.66

46.15 35.89

33.33

33.33

33.33

33.33

33.33

33.33 31.25

28.26 30.55 27.5 32

31.70

23.53

33.33 31.25

46

14

30.44 28.98

19

1

5.26

16

1

27.78

6.25

23.53 22.86

%

27.5

24.64

24.56 23.53

23.53 22.86

20.93

9

2

22.22 21.15

20

23

2

8.70

23.53 16.67

17

2

11.76 19.61 16.87 16.67

www.espaciospoliticos.com.ar

Entre las principales conclusiones que nos arroja esta investigación podemos resaltar en primer lugar, que solo 12 provincias tienen más del 30% de representación femenina en las cámaras. El 30% es el porcentaje que exige la ley de cupo en la confección de las listas que no necesariamente se traslada a la composición de las legislaturas. Sumado a ello, que la provincia con mayor cantidad de mujeres en su legislatura es la de Santiago del estero con el 50% , en segundo lugar está Mendoza con el 42.11%, Rio Negro con el 41,3 %, Tierra del Fuego con 40% , Córdoba con el 38.24%, la Ciudad de Buenos Aires con el 36.66% y Corrientes con el 35.89%, mientras que la provincia de Buenos Aires se encuentra en el puesto N° 13 con el 28,98%. Un dato interesante que amerita una nueva investigación, es que siempre que el parlamento es bicameral, es mayor el porcentaje de mujeres en la cámara baja que en la alta. El promedio total de la participación de diputadas y senadoras provinciales en la argentina es del 29,28%, es menos que lo mínimo que exige la ley de cupo, aunque elección tras eección el

porcentaje aumenta. Este dato nos invita a reflexionar sobre la necesidad imperiosa de que las mujeres ocupemos espacios de tomas de decisiones y que esos lugares sean respetados y defendidos por toda la sociedad porque lo que está en juego es la calidad democrática.

Quienes trabajamos a diario en la elaboración de una agenda con perspectiva de género, reafirmamos que la agenda de las mujeres es también la agenda de la sociedad, porque la república debe contemplar los derechos de toda su población y, para concluir, ratificamos el deber de todos los representantes, no sólo de las mujeres, en generar políticas que promuevan la equidad de trato y oportunidades de varones y mujeres para garantizar el verdadero desarrollo de la democracia.

Referencias 2 DELEIS, Mónica y otros, “Mujeres de la política argentina” (2001). Ed. Alfaguara.

Pág 9.

3 En este punto, resulta importante resaltar que hemos elegido la variable cuantitativa para reflejar el grado de participación

femenina en la política argentina, sin embargo, en la búsqueda de una verdadera transformación de las relaciones de poder entre varones y mujeres, esta dimensión es necesaria pero no suficiente.

4 LIDERA: participación en democracia.

Experiencias de mujeres en el ámbito social y político en la Argentina / dirigido por Natalia Gherardi - 1a ed. Buenos Aires: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género - ELA, 2012. Pág 7.

5 Página web de la Unión Interparlamentaria: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 6 Idem 3, pág. 77.

7 Ídem 3, pp 77-95.

8 Idem 3, pp 77-95.

9 Alonso, Laura. “Preservar el cupo femenino” en Diario Clarín 18/11/11 http:// www.clarin.com/opinion/Preservar-cupo-femenino_0_593340749.html 10 Se distinguen las unicamerales de las bicamerales. En el caso de las provincias cuyas legislaturas son unicamerales en la cámara alta se coloca un guión (-). Las únicas provincias que poseen legislaturas bicamerales son 8 (Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Salta, San Luis y Santa fe.)

Competitividad y volatilidad electoral en Brasil y Venezuela. Un aporte al estudio de la (des)institucionalización de sistemas de partidos.

Facundo Cruz

(CONICET-UBA-USAL)1 El estudio de la (des)institucionalización de los sistemas partidarios latinoamericanos hizo pie con fuerza a mediados y finales de los ’90 con una serie de estudios que marcaron una interesante agenda de investigación. Desde el trabajo seminal de Mainwaring y Scully (1995) se dio inicio a una serie de trabajos que ampliaron y profundizaron el estudio de los sistemas partidarios en las democracias menos desarrolladas (Randall y Svåsand, 2002; Mainwaring y Torcal, 2005; Payne, 2006; Mainwaring y Zoco, 2007; Basedau y Stroh, 2008; Campello, 2008; Luna, 2009).

Sin embargo, es escaso el consenso alcanzado en torno a qué es, qué no es y cómo medir un sistema partidario (des)instituciona-

lizado. Ahí es donde queremos inmiscuirnos. En ese lío.

En estas líneas intentaremos hacerlo tomando como caso de estudio dos sistemas partidarios que merecen atención en detalle: Brasil y Venezuela. Ambos países representaron para Mainwaring y Scully (op. cit.) casos contrapuestos: mientras que los venezolanos expresaban un sistema consolidado, sólido y con una alta institucionalización, los brasileros se acercaban más al modelo desinstitucionalizado, marcadamente volátil y con una fuerte inestabilidad partidaria. Hoy en día han invertido sus roles.

Para estudiarlos planteamos la necesidad de analizar tanto la volatilidad como la competitividad electoral de ambos sistemas.

43

Espacios Políticos

Desde Pedersen (1983), la volatilidad electoral ha sido una medida comúnmente utilizada para medir la estabilidad de los sistemas partidarios en numerosos países. Pero, ¿por qué estudiar la competitividad? Básicamente porque puede ocurrir que en un escenario con oficialismos fuertes 1) mientras menos competitivo se torne el sistema de partidos, menor el incentivo para que los dirigentes partidarios de partidos opositores se presenten con la misma etiqueta elección tras elección, generando que 2) amplias porciones del electorado puedan quedar sin representación “competitiva” por los principales cargos en juego y 3) pudiendo incidir en los niveles de volatilidad electoral.

Aquí no se pretende encontrar relación causal entre competitividad y volatilidad. Pero a futuro por ahí nos animemos. Por ahora será explorado.

Volátiles o estables Resulta interesante analizar las variaciones en la volatilidad electoral2 en ambos países desde el retorno a la democracia, tanto para elecciones presidenciales como legislativas (Cámara de Diputados)3. Observemos primero los Gráficos N° 1 y 2.

Gráfico N° 1. Volatilidad electoral para Presidente y Cámara de Diputados en Brasil (1986-2006).

Fuente: elaboración propia en base a Inter-Parliamentary Union -IPU- Parline Database y Base de Datos Políticos de las Américas de Georgetown.

Gráfico N° 2. Volatilidad electoral para Presidente y Cámara de Diputados en Venezuela (1973-2013).

Fuente: elaboración propia en base a Kornblith y Levine (1995) y Base de Datos Políticos de las Américas de Georgetown.

44

Comencemos con el caso brasilero. Como bien se mencionó anteriormente, Brasil se encontraba entre los sistemas partidarios volátiles y, consecuentemente, con una marcada inestabilidad: esto fue particularmente notable a comienzos de la década de los ’90, como bien se desprende del Gráfico N° 1. Las primeras elecciones presidenciales muestran saltos importantes en la volatilidad electoral: casi 4 de cada 5 electores brasileros cambiaron de partido político en la competencia por la primera magistratura. La competencia legislativa fue menos cambiante (30-40% de los votos cambiaron sus preferencias partidarias), pero igualmente llevó a que Mainwaring y Scully considerarán a Brasil como uno de los países latinoamericanos más inestables en términos electorales.

A mediados de los ’90, sin embargo, el sistema partidario brasilero comenzó a estabilizarse con una volatilidad media cercana al 20%, valor en torno al cual se encuentra desde las últimas elecciones celebradas. Es particularmente importante destacar que la reducción más marcada de la volatilidad se percibe en el análisis de los cargos legislativos, lo cual podría estar asociado a la presencia de una multiplicidad de partidos políticos con representación en la cámara (Meneguello, 2013). Por otro lado, la dinámica de coaliciones para la presentación de candidaturas presidenciales (Power, 2009) y el calendario electoral concurrente para ambos cargos permite considerar que los cambios en las tendencias de la volatilidad electoral para ambos cargos en juego es simultánea.

Venezuela es el contrapunto perfecto. Hacia finales de la década del ’80 el país caribeño se caracterizaba por tener uno de los sistemas de partidos más estables y menos volátiles de toda América Latina (Kornblith y Levine, 1995). En los primeros años de los ’90, impulsado especialmente por la competencia por el cargo presidencial, se disparó la volatilidad electoral hasta rozar el 100% para el máximo cargo en juego, con una volatilidad media rondando el 70%. Es decir que 2 de cada 3 electores cambiaron de partido político en elecciones consecutivas. En la segunda mitad de la misma década la volatilidad (tanto legislativa como presidencial) bajó hasta el 40%, valor donde se ubicó hasta las elecciones más recientes. Más allá de esta reducción, los niveles indicados siguen siendo elevados para lo que estaban acostumbrados los partidos políticos venezolanos. Los cambios mencionados coinciden con el período de auge y consolidación de Hugo Chávez y el Movimiento V República (reconvertido posteriormente al Partido Socialista Único de Venezuela-PSUV).

Cabe destacar, por último, que la marcada caída de la volatilidad presidencial en la última elección se debe a la estabilidad en los competidores por el máximo cargo en juego: en un polo, el oficialista PSUV y sus aliados, y, en el otro, diversos partidos de oposición unidos en la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD), nucleados en torno a la figura de Enrique Capriles.

Si en futuras elecciones ambos actores mantienen sus etiquetas partidarias, entonces podríamos esperar que la volatilidad electoral se mantenga en niveles bajos y más cerca de los valores que caracterizaron a Venezuela hace 30 años.

www.espaciospoliticos.com.ar

¿Son competitivos? El poder de los oficialismos

Gráfico N° 4. Competitividad electoral para Presidente y Cámara de Diputados en Venezuela (1973-2013).

La competitividad electoral4 es otro indicador que nos permite comprender cambios y continuidades en los sistemas partidarios, al igual que establecer algunos puntos de contacto con la volatilidad electoral. Nuevamente el contrapunto entre ambos países es interesante.

Gráfico N° 3. Competitividad electoral para Presidente y Cámara de Diputados en Brasil (1986-2010).

Fuente: elaboración propia en base a Kornblith y Levine (1995) y Base de Datos Políticos de las Américas de Georgetown.

Fuente: elaboración propia en base a Inter-Parliamentary Union -IPU- Parline Database y Base de Datos Políticos de las Américas de Georgetown.

Brasil, al igual que en el apartado anterior, vuelve a mostrar elementos interesantes de análisis. Primero, durante todo el período la competitividad media tuvo una marcada tendencia a la baja, pasando desde el 15% a mediados de los ’90 hasta el 5/10% en las últimas elecciones. Si tomamos en cuenta esta medida, podemos afirmar que el sistema partidario brasilero es altamente competitivo. Segundo, podemos destacar algunas diferencias si separamos la elección presidencial de la legislativa. En lo que respecta a la primera, se pueden mencionar tres momentos que alternan competitividad y no competitividad para el cargo presidencial, con picos que superan los 25 puntos de diferencia entre el partido político que salió primero y el que salió segundo. En cuanto a la segunda, a comienzos de los ’90 se produjo un importante aumento de la competitividad electoral por las bancas del congreso. Del Gráfico N° 3 se desprende que la diferencia entre el primer lugar y el segundo en la competencia por las bancas legislativas se mantuvo por debajo del 5% durante casi todo el período analizado.

Esta situación, tal como mencionamos anteriormente, se potenció aún más por una mayor cantidad de partidos políticos competidores (reflejadas en el aumento sostenido del Número Efectivo de Partidos -NEP-) (Meneguello, op. cit.), lo cual generó incentivos suficientes para que se conformaran coaliciones electorales y legislativas amplias para sostener a los presidentes de turno (Pereira y Mueller, 2002; Limongi, 2006; Power, 2009).

Venezuela, en cambio, muestra un comportamiento mucho más cambiante. El país caribeño muestra alternancias entre momentos donde es muy baja la competencia por los cargos en juego (1983, 1998 y 2000 en adelante) y otros donde es marcadamente alta (1973, 1978 y 1993). En otras palabras: a diferencia de Brasil, Venezuela se asemeja más a un “sube y baja”. Los saltos de 1978 a 1983 (2 al 28%) y de 1998 a 2000-20055 (8 al 60%) son característicos de este fenómeno.

Por otro lado, el surgimiento, aparición y consolidación de Hugo Chávez como figura política predominante marca el inicio de un proceso de reducción en la competitividad electoral a partir de su primera victoria electoral (año 1998). Este fenómeno político se asemeja a otros casos de populismos latinoamericanos, como los ocurridos en Perú (Fujimori) y Ecuador (Correa): los tres casos se caracterizan por aumentos importantes en la brecha de votos entre el oficialismo y los candidatos opositores. Esto nos lleva a preguntarnos en qué medida los liderazgos fuertes y personalistas pueden tener efectos negativos sobre la competencia política, al ampliar la brecha entre los competidores por los principales cargos en juego una vez que acceden al gobierno.

Otro hito que debemos destacar radica en la elección de 1993.

Mientras que, como bien analizamos en el apartado anterior, la misma marca el inicio del aumento de la volatilidad electoral en el país caribeño (Gráfico N° 2), los cambios en la competitividad comienzan a percibirse recién a partir de las elecciones celebradas en 1998, las cuales marcan el inicio de la consolidación del “chavismo”. De esta forma, podríamos considerar que como paso previo a una menor competitividad electoral se dio cierto proceso de desinstitucionalización partidaria, graficado en un aumento de la volatilidad electoral y la inestabilidad del sistema partidario.

Algunas ideas que sirvan como conclusiones Lo primero que debemos mencionar es que el estudio de la (des) institucionalización de los sistemas partidarios en democracias menos desarrolladas no está agotado. Al analizar los cambios sistémicos en los últimos 30 años en Brasil y Venezuela desta-

45

Espacios Políticos

camos marcados cambios y unas pocas continuidades. Eso es razón suficiente para avanzar en una agenda de investigación que tenga en cuenta el aspecto dinámico y cambiante de los sistemas partidarios. Y que nos dé herramientas para profundizar su estudio. Aquí intentamos aportar una idea innovadora.

En segundo lugar, ese dinamismo de los sistemas partidarios llevó a que Brasil y Venezuela invirtieran sus roles. Mientras que los primeros mutaron de un sistema volátil (pre 1994) a otro estable (post 1994) sin perder el componente competitivo del sistema, los segundos lo hicieron en sentido inverso: estable y competitivo (pre 1993) a volátil y poco competitivo (post 1993/1998).

En tercer y último lugar, si bien no encontramos (aún) una relación causal entre volatilidad y competitividad electoral, sí podemos establecer puntos de contacto. Tanto en Venezuela como en Brasil, un cambio en la volatilidad produjo efectos en los niveles de competitividad electoral. Sin embargo, también podría ser a la inversa: aumentos en la brecha de votos entre oficialismo y oposición puede potenciar la volatilidad electoral.

Sobre este punto tendremos que profundizar a futuro. Para darle otra vuelta de rosca más.

Bibliografía Basedau, Matthias y Alexander Stroh (2008) “Measuring party institutionalization in developing countries: a new research instrument applied to 28 African political parties”, en GIGA Working Papers, N° 69, Febrero.

Campello, Daniela (2008) “Does party system institutionalization matter? Speculative attacks and democratic responsiveness in Latin America”. Paper para Conferencia CIDOB Institucionalización de sistemas de los sistemas de partidos en América Latina, 20-21 de Noviembre 2008, Barcelona.

Kornblith, Miriam y Daniel H. Levine (1995) “Venezuela: The Life and times of the Party System”, en Mainwaring, Scott y Timothy Scully (eds.). Building democratic institutions. Party systems in Latin America. Stanford: Stanford University Press.

Limongi, Fernando (2006) “A democracia no Brasil. Presidencialismo, coalizao partidária e proceso decisório”, en Novos Estudios 76, pp. 17-41.

Luna, Juan Pablo (2009) “Party system institutionalization: the case of Chile and why we need to un-pack the concept and its measurement”.

Working paper, Columbia University, (draft version).

Mainwaring Scott y Mariano Torcal (2005) “La institucionalización de los sistemas de partidos y la teoría del sistema partidista después de la tercera ola democratizadora”, en América Latina Hoy 41 (141-173).

Mainwaring, Scott, y Edurne Zoco (2007) “Secuencias políticas y estabilización de la competencia partidista: volatilidad electoral en viejas y nuevas democracias”, en América Latina Hoy 46 (147-171).

Mainwaring, Scott y Timothy Scully (eds.) (1995). Building democratic institutions. Party systems in Latin America. Stanford: Stanford University Press.

Meneguello, Raquel (2013) “Las elecciones brasileñas de 2010: política nacional, fragmentación partidista y coaliciones”, en Alcántara Sáez, Manuel y María Laura Tagina (coord.) Elecciones y política en América Latina (2009-2011). México: Instituto Federal Electoral -IFE- y Porrúa Editores.

Payne, Mark (2006) “Sistemas de partidos y gobernabilidad democráti-

46

ca”, en Payne, Mark (et. al.) (comp.). La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo e Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

Pedersen, Mogens N. (1983) “Changing Patterns of Electoral Volatility in European Party Systems: Explorations in Explanation”, en Daalder, Hans y Peter Mair (eds.). Western European Party Systems: Continuity and Change. Beverly Hills, CA y London: Sage.

Pereira, Carlos y Bernardo Mueller (2002) “Comportamento Estratégico em Presidencialismo de Coalizao: As Relacoes entre Executivo e Legislativo na Elaboracao do Orcamento Brasileiro”, en Revista de Ciencias Sociais, Vol. 45, N° 2, pp. 265-301.

Power, Timothy (2009) “Optimism, Pessimism, and Coalitional Presidentialism: Debating the Institutional Design of Brazilian Democracy”, en Bulletin of Latin American Research, Vol. 29, N° 1.

Randall, Vicky y Lars Svåsand (2002) “Party institutionalization in new democracies”, en Party Politics, Vol. 8, N° 1, pp. 5-29.

Referencias Estudiante de Maestría en Análisis, Derecho y Gestión Electoral (UNSAM) y Candidato a Doctor en Ciencia Política (UNSAM). Becario Doctoral CONICET, Secretario de Redacción de Revista POSTData y Docente en Universidad de Buenos Aires y Universidad del Salvador.

Contacto: cruzfacu@gmail.com. El presente artículo es un extracto de un trabajo de investigación presentado en el XI Congreso Nacional de Ciencia Política.

2 La volatilidad electoral se calculó en base a la fórmula elaborada por Pedersen (1983). Representa la cantidad de votos (o bancas) que cambian de partido de elección en elección. Se computa sumando el cambio de los votos ganados o perdidos por cada partido entre dos elecciones consecutivas y dividiéndolo por dos. Para Presidente se tomaron en cuenta los votos, mientras que para la Cámara de Diputados se utilizó la cantidad de bancas obtenidas en la elección dadas las dificultades para acceder a datos fidedignos sobre votos.

3 Para Brasil tomamos en cuenta las siguientes elecciones: presidenciales (1989, 1994, 1998, 2002, 2006 y 2010; 6 en total) y diputados (1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 y 2010; 7 en total). Para Brasil tomamos en cuenta las siguientes elecciones: presidenciales (1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2000, 2006, 2012 y 2013; 10 en total) y diputados (1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2000, 2005 y 2010; 9 en total).

4 La competitividad electoral se midió, para el cargo presidencial, restando la cantidad de votos que obtuvo el partido ganador menos la cantidad de votos del que salió segundo. Para la Cámara de diputados se realizó la misma cuenta, pero tomando en cuenta la cantidad de bancas obtenidas por el partido que salió primero y el que salió segundo.

5 Las elecciones legislativas del año2005 en Venezuela fueron polémicas y cuestionadas por la decisión de parte de varios partidos políticos opositores a Hugo Chavéz de no participar de los comicios alegando la falta de transparencia en los organismos responsables de ordenar y administrar el proceso electoral. Como parte de esos cuestionamientos se decidió “boicotear” las elecciones. Fuente: http://news.bbc.co.uk/ hi/spanish/latin_america/newsid_4483000/4483766.stm (consultado el 17/05/2013) y http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/ newsid_4483000/4483088.stm (consultado el 17/05/2013).

1

www.espaciospoliticos.com.ar

Mediatización del concepto Licencia Social. El conflicto minero en Chubut y su representación en la prensa gráfica local1 Cabral, Cintia Mariana

Lic. en Comunicación (UBA)

Gerber, Victoria

Maestría en Periodismo y Medios de Comunicación (UCALP) Lic.en Ciencia Política y RRII (UNLP) Una década de debate.

Un conflicto político divide a la opinión pública de la provincia de Chubut, desde hace poco más de diez años. Por un lado el gobierno local, alineado en un plan nacional minero, intenta modificar la legislación vigente para permitir la explotación minera a gran escala, a través de la concesión de permisos a distintas empresas multinacionales y sus subsidiarias en Argentina. Por otro lado, vecinos organizados en asambleas municipales, preocupados por las experiencias vividas en otros distritos que permitieron la extracción a cielo abierto, y que impulsan permanentemente movilizaciones, marchas y protestas para proteger el territorio de lo que consideran una actividad nociva, poco productiva y altamente contaminante.

En 2002, los ciudadanos de Esquel, luego de intensos debates acerca de la instalación de la minera Meridian Gold Inc, de capitales canadienses, y de su subsidiaria Minera El Desquite S.A., fueron convocados a un plebiscito por el gobierno provincial, para determinar el grado de aceptación o rechazo social generado por esta situación.

El resultado fue contundente, el 81% de los votantes se pronunció en contra de la minería a cielo abierto. Como consecuencia de esto, la Legislatura provincial promulgó, el 9 de abril de 2003, la ley 5001, que prohíbe la minería en la modalidad a cielo abierto y el uso de cianuro.

Por su parte, la empresa Meridian Gold contrató una consultora internacional llamada Business for Social Responsability (BSR) para que determinara los motivos del fracaso del proyecto de Esquel. En el extenso informe que redacta BSR, se con-

cluye que: En el siglo 21, los proyectos de minería deberán tener en cuenta el modo en que a largo plazo contribuirán con el desarrollo sostenible de las comunidades afectadas por su explotación. Y al momento de definir y tomar decisiones relacionadas con la visión de desarrollo sostenible a largo plazo, las comunidades locales deberán participar en forma integral como un socio esencial desde el principio, y durante toda la vida de la mina. De no lograrse, se perderá la licencia social para operar, y surgirá la consiguiente diferencia entre un proyecto en desarrollo y un proyecto interrumpido, como en el caso de Esquel2.

Así es como el concepto de licencia social entra en juego en el escenario chubutense. Para BSR, el término implica el cumplimiento de las expectativas sociales y la empresa interesada en un proyecto de extracción debe necesariamente responder a los reclamos de las comunidades locales involucradas. La licencia es otorgada por la propia comunidad, de acuerdo con el grado de valoración que tenga la población sobre el proyecto, y con las percepciones que tengan sobre los beneficios y perjuicios de la actividad extractiva en su territorio La licencia social3 en el diario Jornada.

En el complejo escenario del conflicto minero, marcado por disputas de poder, el diario Jornada de Trelew utiliza el concepto de licencia social en el mismo sentido en que lo emplean las empresas mineras, cargado de valoraciones positivas. Sin embargo, el diario no define de manera precisa y clara qué es para el propio medio la licencia social. Así el concepto se vuelve a-histórico y pierde su significado real.

El diario Jornada propone un contrato de lectura4 (Eliseo Verón: 52) en el cual predomina un Enunciador Objetivo5 que dice la verdad. El contrato de lectura es la relación entre un soporte y su lectura6. Dicha relación implica: el discurso del soporte por una par-

te, y sus lectores, por la otra. En ambas “partes” se establece, como en todo contrato, un nexo; el de la lectura. En el caso de las comunicaciones de masa, es el medio el que propone el contrato.

Y la lectura, es una “actividad significante, en tanto que proceso socio- cultural de “captura” del sentido de un texto, de un discurso (o más en general, de un media)7.

En los artículos periodísticos recolectados durante el año se observa la presencia de un mismo eje que organiza los temas y las voces presentadas en el periódico. Según este medio el gobierno, las empresas, y algunos sectores organizados de la sociedad se muestran receptivos al diálogo y adoptan una actitud democrática y conciliadora, se preocupan por la reactivación de la capacidad productiva de la zona sin dejar de lado la cuestión medioambiental. Se revela así la necesidad de sostener, por parte de estos actores, una imagen dialoguista y flexible, sin renunciar a la fuerte determinación a favor de la minería a cielo abierto.

Por otra parte, la presencia en el medio de los actores sociales que se manifiestan explícitamente en contra de la megaminería, las asambleas de auto convocados y los foros sociales y ambientales, es significativamente menor que el lugar que tienen los actores mencionados anteriormente, y en las oportunidades en que son nombrados, éstos aparecen siempre vinculados a acciones violentas, y por lo tanto estigmatizantes y descalificadoras: Buzzi: La pelea la iniciaron los antimineros8. ; Piñas, después pintadas ¿qué sigue?”9 ; Escalada de violencia.10 Esta representación es indicadora de la construcción de sentido que realiza y propone el medio, que difunde un mensaje y en ese mismo movimiento construye una imagen con una clara intención política.

Dominique Wolton afirma que los medios tienden, en una situación tensa, a hacer de mediadores para “desbloquear” la crisis y “hacer progresar el diálogo”, argumentando que las cosas irían más rápido si los protagonistas estuviesen mejor informados. De esta mane-

47

Espacios Políticos

ra reducen la crisis a un problema de “información” aunque la mayor parte del tiempo el problema no está allí, sino en la gestión de una relación de fuerzas políticas donde la información no es más que un elemento.11 En el caso del conflicto minero en Chubut, este “rol mediador” en la prensa local se ve desdibujado por una fuerte tendencia de la prensa tradicional a priorizar la voz oficial, el testimonio de funcionarios y de empresarios vinculados de manera directa o indirecta a la actividad minera; silenciando al mismo tiempo a amplios sectores de la sociedad civil, organizada en asambleas, con propuestas concretas que fueron expresadas a través de herramientas legales garantizadas por la Constitución provincial.

Referencias: “Ponencia preparada para el XI Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, 17 al 20 de julio de 2013”.

2 (2003) Informe de Minera El Desquite, Esquel, Argentina. Business for Social 1

Responsability (San Francisco, EEUU) Disponible en Web: http://lavaca.org/ archivos/nota1484.pdf 3 Boutilier Robert y Thompson, Ian. La Licencia Social para Operar. [En línea] 2011SME Manual de Ingeniería Minera, capítulo 17.2, págs.1779-1796, Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración, Littleton, Colorado, EEUU. Disponible en Web: http://www.academia.edu/1003674/ Social_license_to_operate 4 Se trata de uno de los tipos de enunciador que menciona Eliseo Verón. Los otros son: enunciador cómplice y enunciador pedagógico. El Enunciador Objetivo es impersonal y habla la verdad, está cargado de aserciones modalizadas, preguntas en tercera persona; cuantificaciones de consejos en un discurso ni el enunciador ni el destinatario están explícitamente marcados.

5 Se trata de uno de los tipos de enunciador que menciona Eliseo Verón. Los otros son: enunciador cómplice y enunciador pedagógico. El Enunciador Objetivo es impersonal y habla la verdad, está cargado de aserciones modalizadas, preguntas en tercera persona; cuantificaciones de

MAS ALLA DEL MOSTRADOR Cargo Actual Director en Zoon Politikon ¿Qué te llevó a estudiar ciencia política?

Desde muy chico me interese por la política y todas sus expresiones.

De esa forma a los 15 años decidí que seguiría Ciencia Política.

Qué respondías cuando te preguntaban ¿de qué trabaja un politólogo?

Era la pregunta más difícil, ya que el rol del politólogo es muy amplio hoy en día. No sólo participamos activamente en la administración pública, en donde desempañamos diferentes cargos, sino que también tenemos una fuerte presencia en el tercer sector (Ong’s, etc) y en el sector privado, en donde temas como la Responsabilidad Social Empresaria hasta las Relaciones Institucionales son áreas en las que un politólogo se puede desempeñar correctamente.

También estamos presentes en los medios de comunicación, ya sea realizando análisis político hasta artículos de actualidad o sobre historia política argentina. Por último quiero destacar el rol del politólogo en lo 2.0, a partir del enfoque en este campo, han aparecido diferentes formas de mirar la politica (gobierno abierto, entre otras) Hoy la salida profesional del politólogo se ha ampliado. ¿Qué sentís que aportás y que ganás al trabajar con otras disciplinas?

Es muy interesante trabajar con otras disciplinas ya que el trabajo en equipo potencia cualquier proyecto, como politólogo trató de aportar mi conocimiento y mi visión sobre los diferentes puntos que se plantean

48

consejos en un discurso ni el enunciador ni el destinatario están explícitamente marcados.

6 Eliseo Verón, El análisis del “Contrato de Lectura”, un nuevo método para los estudios de posicionamiento de los soportes de los media, en “Les Medias: Experiences, recherches actuelles, aplications”, IREP, París, 1985.

7 Eliseo Verón, El análisis del “Contrato de Lectura”, un nuevo método para los estudios de posicionamiento de los soportes de los media, en “Les Medias: Experiences, recherches actuelles, aplications”, IREP, París, 1985.

8 “Buzzi: La pelea la iniciaron los antimineros.”(2012) Diario Jornada. Trelew 29 de noviembre.

9 “Piñas, después pintadas ¿qué sigue?”

(2012) Diario Jornada. Trelew, 29 de noviembre.

10 Ídem 11 Wolton, Dominique. Pensar la comunicación (2007) Buenos Aires.

Ed.Prometeo.

ENTREVISTA Nicolás Sánchez López

en un trabajo. ¿Te veías trabajando donde estás hoy o te pensabas embajador o político? ¿Por qué fuiste cambiando?

Siempre me gusto trabajar en diferentes áreas ya que el rol del politólogo es amplio, eso me permite ir adquiriendo nuevos conocimientos ¿Cómo te llevás con las redes sociales? ¿Qué redes usás? ¿Te sirven para sumar valor a tu trabajo?

Uso, Facebook, Twitter, Linedln, YouTube, entre otras. Me sirven mucho para sumar valor a mi trabajo ¿Qué libros o autores volverías a leer hoy?

Primero creo que hay muchísimas cosas nuevas o no, que no Los autores clásicos son siempre bienvendidos: Maquiavelo: “El príncipe” - Hobbes “El leviatán” Sartori “Homo Videns. La Sociedad Teledirigida)” - O’Donnell “El Estado burocrático autoritario” - Dahl “La democracia y sus criticos” - Pasquino “Crisis de los partidos políticos y el gobierno” - Entre otros.....

Recomendanos un blog, un usuario de twitter o un sitio de referencia. www.zoon-politikon.com.ar Carrera y Universidad Licenciatura en Ciencia Política -- Universidad de Palermo

www.espaciospoliticos.com.ar

actualidad política y económica de ésta Argentina de principios del siglo XXI se podría decir que los sabios o la aristocracia de la sapiencia toman cuerpo en los economistas ortodoxos del establishment.

LOS ECONOMISTAS PLATÓNICOS

Estos economistas (iba a adjetivar liberales, pero creo que liberal es un calificativo de excesiva generosidad para estos ultraconservadores voceros de las clases dominantes), se auto-conciben, se auto-referencian como los especialistas, verdaderos expertos de los problemas “estructurales” del país. Basta verlos con esos aires pendencieros, altaneros rotando por los canales del multimedio propagando las recetas genuinas que se deberían aplicar para conducir al país por un camino seguro y exitoso.

Mauro Forlani

Como la filosofía platónica, tienen una imagen negativa, peyorativa del liderazgo democrático. En este caso del liderazgo de Cristina. Aquí también el liderazgo político correcto o eficiente se hace improbable porque la presidente tiene que atenerse a las demandas cortoplacistas de los sectores populares si desea permanecer en el gobierno.

Licenciado en Ciencia Política. Posgrado en Ciencia Política y Sociología, FLACSO. Docente del Instituto de Formación Docente Continua (San Luis) IFDC-SL Platón, el clásico filósofo griego, tenía una percepción negativa de la democracia como forma de gobierno. Según él debían gobernar los sabios, más precisamente una aristocracia de sabios o filósofos. Desde la perspectiva platónica sólo los sabios podían conocer la “esencias”, las formas inmateriales, o dicho de otra manera las leyes verdaderas que gobiernan el mundo.

Es sabido, por la alegoría de las cavernas, que en la filosofía platónica existen dos dimensiones o dos mundos paralelos. Uno es el mundo terrenal dominado por las apariencias, lo contingente y lo cambiante. El otro es el mundo de las esencias o las leyes inmutables de la verdad o lo verdadero.

Para Platón los sabios o una elite preparada podían alcanzar, conocer tales leyes, por lo que las cuestiones de gobierno quedaban reservadas, restringidas a unos pocos. El gobierno de unos pocos es la antítesis a la democracia, que es el gobierno de muchos.

Platón detestaba la democracia, entre otras razones (y aquí, solo seleccionaremos una de ellas por motivos de límites del artículo) porque en ésta no puede existir un liderazgo político correcto dado que los líderes dependen para su permanencia en el gobierno de la anuencia del pueblo o del favor popular, lo que implica evitar tomar decisiones difíciles o asumir verdades incomodas que desagraden las expectativas de las mayorías.

Para la percepción platónica, entonces, los líderes democráticos evitarían tomar las medidas correctas o profundas que impliquen sacrificios de parte del pueblo con promesas de resultados positivos recién a futuro. Soluciones fáciles y demagógicas ejecutan estos líderes para ganarse y conservar el apoyo del “populacho”.

Parafraseando o actualizando el pensamiento platónico en la

Ellos dicen, también como los sabios platónicos, conocer las normas inmutables, las “esencias”. Pero en este caso las leyes verdaderas son las leyes del mercado. Del mercado globalizado.

En este sentido entonces los técnicos ortodoxos, en similitud con la mirada platónica, reniegan del liderazgo popular de Cristina porque se evitan “las decisiones incomodas”, las “verdades desagradables” y se reeditan las prácticas demagógicas con tal de conservar la anuencia de las mayorías. Estas prácticas demagógicas y populistas “quedan” en la superficie de los problemas. Son soluciones del mundo de las “apariencias” pero que no resuelven los problemas verdaderos, de fondo, “esenciales” de la economía argentina.

Por lo que este grupo de economistas al mismo tiempo que bosquejan por el multimedios las recetas eficaces que debe aplicar el ejecutivo, empapan de pronósticos apocalípticos sus discursos al no seguir los cursos de acción por ellos explicitados. ¿Qué es eso de aumentar el gasto público, de actualizar salarios, de universalizar jubilaciones o asignaciones sociales? Desincentivan las inversiones, aplacan la cultura del trabajo y nos alejan de la panacea de las economías desarrolladas. ¿Qué eso de andar controlando las importaciones o la divisa internacional? Esto pertenece al mundo de las apariencias, de las contingencias. Son antitéticas a las más elementales “verdades” del mundo del mercado.

Estos sabios del laissez faire, teólogos, corifeos del dios mercado, no lo explicitan, pero desean los dorados noventa, desean “achicar el estado para agrandar la nación”, pero el pueblo inculto parece resistir, parece no querer volver al pasado. Algo sabe de sus consecuencias...

49

Espacios Políticos

ENTREVISTA

MAS ALLA DEL MOSTRADOR Cargo Actual Jefe de Asuntos Públicos en Barrick Argentina. ¿Qué te llevó a estudiar ciencia política?

Tenía una Tecnicatura en Periodismo e inicialmente buscaba una carrera de grado que me enriqueciera para esa profesión y elegí CP por un interés adicional por la política. Así empecé.

Qué respondías cuando te preguntaban ¿de qué trabaja un politólogo?

Al principio lo asociaba más con lo académico, pero luego a medida que iba conociendo las distintas orientaciones profesionales de la carrera (analista político, periodista, encuestador, consultor en campañas, diplomático, funcionario, legislador, lobbista) creo que eso ayudó a que la gente entendiera mejor de qué se trataba, pero efectivamente requería de un poco de dedicación y tiempo para explicarlo.

Desde luego, la primer asociación que hacían amigos y familiares era “politólogo = político” y estaban tanto los pesimistas que me decían “’¿cómo te vas a meter ahí?” y los optimistas del “a ver si nos sacás de esto” (pensemos que estábamos en plena crisis de 2001-2002 cuando empecé a estudiar).

Hoy la salida profesional del politólogo se ha ampliado. ¿Qué sentís que aportás y que ganás al trabajar con otras disciplinas?

Creo que la nuestra es una carrera que nos permite seguir aprendiendo constantemente y aplicarlo a la práctica cotidiana, a pesar de que muchos la juzguen muy teórica. En la medida en que el tiempo me lo permite, sigo leyendo autores y participo de seminarios y charlas para mantenerme actualizado y trato de estar en contacto con la Universidad. Me gustaría en algún momento poder devolverle a la Universidad parte de lo aprendido a través de la docencia o colaboración en alguna investigación o trabajo puntual. ¿Te veías trabajando donde estás hoy o te pensabas embajador o po-

Notas para la discusión sobre la enseñanza de las instituciones políticas en las carreras de grado de Ciencia Política en Argentina 50

Jonathan Thienemann

lítico? ¿Por qué fuiste cambiando?

Realmente hasta promediar la carrera no me imaginaba trabajando donde hoy estoy (me desempeño hace más de 6 años en el área de relaciones institucionales y gubernamentales en el sector privado).

Creo que fue la misma carrera y el contacto que la Universidad le posibilita tener al alumno con el mundo profesional lo que me permitió conocer esta profesión e interesarme en ella. ¿Cómo te llevás con las redes sociales? ¿Qué redes usás? ¿Te sirven para sumar valor a tu trabajo?

Laboralmente recurro mucho a Twitter y Facebook como medios de información. Como medio de comunicación las uso mayormente para el ámbito personal, amigos, familia, etc. ¿Qué libros o autores volverías a leer hoy?

Siempre me consideré más próximo a la teoría y la filosofía política liberal, y por ende me atrayeron más esos autores, sobre todo los modernos y contemporáneos desde Ortega y Gasset hasta Nozick o Kymlicka, pasando por Mises y Dworkin. Sin embargo, las “Bases...”, de Alberdi o el tratado sobre la Libertad de Mill son obras casi contemporáneas del S. XIX que recomiendo porque sientan las bases del pensamiento liberal contemporáneo.

Recomendanos un blog, un usuario de twitter o un sitio de referencia.

Sigo mucho el blog Los Trabajos Prácticos (http://www.bonk.com.ar/ tp/), que también esta en twitter con el usuario @TPtuit Si querés agregar tus usuarios en las redes @JonThienemann Carrera y Universidad Licenciatura en Ciencias Políticas - Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” (UCA)

Diego Gantus (UNR – UNER) djgantus@gmail.com Lucas Massuco (UNR) lmassuco@hotmail.com Cecilia de Michele (UNR) cdemichele@hotmail.com

Área: Desarrollo, enseñanza y metodología de la Ciencia Política El Problema. Esta contribución pretende abordar una aparente tensión en la formación de grado en Ciencia Política en nuestro país; a saber, aquella que se manifiesta entre el conocimiento sobre las instituciones políticas centrales que las carreras de grado en Ciencia Política deberían proveer y el que efectivamente

www.espaciospoliticos.com.ar

proveen. No es vano afirmar aquí que partimos del supuesto que la enseñanza de las instituciones políticas centrales de nuestro sistema político, y de la dinámica que tiene lugar entre ellas y los actores políticos que animan dicho sistema, es una tarea que las carreras de grado no pueden delegar. Dicho esto, sostenemos que en la actualidad esa tensión se expresa bajo la forma de un déficit generalizado en la enseñanza de estos tópicos.

Si aún con matices este déficit pudiera determinarse convincentemente, dos cuestiones adicionales merecerían ser tratadas: a) ¿en qué espacios curriculares enseñamos lo que enseñamos sobre las instituciones políticas, los actores que protagonizan la vida política, y sus interacciones?; y b) ¿esto que enseñamos en esos espacios curriculares, es suficiente en algún sentido para contribuir al desarrollo de las habilidades y competencias que decimos proveer a nuestros graduados en nuestros Planes de Estudios?

La primera de estas dos cuestiones (eminentemente cualitativa), nos obliga a considerar el peso relativo que tendrían el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo, la Filosofía Política, y la Historia Política, respecto de perspectivas o abordajes de estas cuestiones más estrictamente politológicos. La segunda de estas cuestiones (predominantemente cuantitativa), nos pondría de cara a una o más oportunidades de mejora si la brecha entre el compromiso planteado en nuestros Planes de Estudios y el perfil real de nuestros egresados fuera significativa.

Implicancias. ¿Dónde y cómo aprenden nuestros alumnos de Ciencia Política las características salientes del Sistema de Partidos en nuestro país? ¿Qué enseñamos en los programas de grado de Ciencia Política sobre la institución presidencial, y sus características distintivas respecto de las teorías existentes sobre sistemas presidencialistas en la bibliografía específica? ¿Cómo afecta nuestro federalismo realmente existente las relaciones entre las Provincias y la Nación en términos de representatividad política y gobernabilidad?1 ¿Qué modelos tenemos para enseñar la dinámica de la relación entre la Presidencia y nuestro Congreso de la Nación? ¿O entre la Presidencia y los Gobernadores? ¿Es el argentino un Sistema Federal, de la misma manera que lo son el de Brasil, de Venezuela, o de los EE UU? El problema aún no está debidamente planteado; pero si consideramos que las carreras de grado en nuestro país tienen en promedio 36 materias2, deberíamos interrogarnos: ¿Dónde deberían adquirir los estudiantes de Ciencia Política los conocimientos necesarios para responder a aquellas preguntas?

Una respuesta posible es que esos conocimientos deben ser adquiridos a partir de las herramientas provistas por la carrera, pero no necesariamente en la carrera. Y ello por la sencilla razón de que la carrera no puede enseñarlo todo. Aunque esto último pudiera discutirse, no basta como argumento. ¿Qué estamos enseñando que sea tan crucial para la formación de politólogos en nuestro país que no queda lugar en la malla curricular para impartir aunque más no sean rudimentos sobre estos tópicos?

Otra respuesta posible es la que algunos modelos de educación

superior proveen más o menos explícitamente: estos u otros asuntos relacionados corresponderían al nivel de formación de Postgrado. Tal podría ser el caso de Brasil3. Pero aún en el caso brasileño, las carreras ofrecen espacios curriculares bien pertinentes para al menos introducirse en las características que adquieren en la actualidad del país en cuestión, su organización política-institucional, su sistema de partidos, o el sistema electoral (cuando no se ofrecen otros tantos que permiten abordar problemas políticos contemporáneos)4.

La fotografía que podemos tomar hoy en día de los diseños curriculares de las Carreras de Grado en Ciencia Política no es auspiciosa en este sentido. Si ello constituye una situación de equilibrio de nuestras comunidades académicas, es algo que excede en principio los propósitos del presente trabajo. De un modo más general, podemos coincidir en que no es una preocupación establecida la necesidad de construir consensos en torno al qué enseñar, y para qué enseñarlo (BULCOURF, 2008:226).

De alguna forma esto hace eco en el Cono Sur. Basta con señalar que sólo la SAAP y la Asociación Brasilera de Ciencia Política (ABCP) han tenido en congresos recientes áreas temáticas, paneles o mesas de ponencias destinadas a tal fin; no así las asociaciones de Uruguay (A.U.Ci.P., 2010) y Chile (A.C.C.P, 2010) , por citar dos ejemplos próximos6.

En nuestro país no pareciera existir una respuesta para la pregunta ¿Dónde? Podríamos arriesgar algunas hipótesis, pero nuestro trabajo no se propone explicar las causas de esta indeterminación. Pero nos interesa contribuir a la problematización de la cuestión.

Un camino posible. Ciertamente, no existe nada que pueda oficiar de medida sobre cuánto conocimiento sobre las instituciones políticas es necesario en general. Pero en ausencia de una vara tal, es posible transitar algunos caminos que permitan echar luz sobre la cuestión. El que este trabajo ha elegido, parte como no podría ser de otra manera, tomando posición por una forma de entender qué son las instituciones y cómo es que las instituciones importan. Pero algo más debe decirse.

Si las instituciones, como nuestro trabajo sostiene, son las reglas del juego; o mejor dicho, son las limitaciones que los hombres se imponen a si mismos7 para hacer posible la interacción humana (NORTH, 2006:13), constituyen una creación humana y por ello mismo, están sujetas al cambio (NORTH, 2006; OSTROM, 1986; PETERS, 2003; GOODIN, 2003). Si las instituciones modelan o afectan el comportamiento de los actores (sean estos individuales o colectivos), la enseñanza de las instituciones políticas fundamentales de una comunidad política determinada no pueden estar divorciadas de la enseñanza de las características centrales de esa comunidad, ni de los principales actores que protagonizan su vida política. En particular, el sistema de partidos políticos, las organizaciones de los tres poderes del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, y el comportamiento electoral: son estas las palancas del cambio institucio-

51

Espacios Políticos

nal, y al mismo tiempo, la materia sobre la que las instituciones producen sus efectos.

A continuación, el trabajo pretende determinar, en primer lugar, cuán central o no es para los Perfiles de Egresado de las carreras analizadas (o las incumbencias, las habilidades y/o las competencias que pretenden desarrollar en sus egresados) el conocimiento sobre las instituciones políticas centrales de nuestro sistema político, los actores, y sus interacciones. En segundo lugar, determinar para las carreras que asignan centralidad a la enseñanza de las principales instituciones políticas en sus perfiles de egresado, qué instituciones políticas efectivamente son abordadas en qué espacios curriculares que integran la malla. En tercer lugar, dimensionar qué peso tienen en la formación estos contenidos y estos espacios, en relación al peso de los espacios curriculares y los contenidos de las asignaturas relacionadas con el Derecho, la Filosofía y la Historia Política (disciplinas todas que suelen ser concebidas como el núcleo de una matriz que inspiró los estudios políticos tradicionales, y de las cuáles la Ciencia Política se habría independizado; PINTO, 2006) Para desplegar esta estrategia metodológica, se han considerado sólo aquellas carreras no especializadas en un sub-campo disciplinar (Administración Pública, Relaciones Internacionales, etc.). Por caso, sólo se ha considerado la Licenciatura en Estudios Políticos de la UNGS, no así su Licenciatura en Administración Pública (otro tanto, por caso, con UNComahue). O se ha considerado sólo la Licenciatura en Ciencia Política de la UNR, pero no su Licenciatura en Relaciones Internacionales.

Finalmente, allí donde las Licenciaturas poseen “orientaciones” o “terminalidades”, se han considerado aquellas vinculadas al Análisis Político (por caso, UBA, UNER y UNR), por considerar que proveen una formación más generalista, menos especializada, que las restantes orientaciones.

En base a las anteriores decisiones metodológicas, se construyó una base de 33 programas o carreras de grado de formación en Ciencia Política, que incluyen universidades públicas y privadas (confesionales y no confesionales), tradicionales o de reciente creación, que representan una distribución geográfica crecientemente federal respecto de décadas pasadas, aunque la concentración en el Área Metropolitana Buenos Aires sigue siendo muy importante.

Consideraciones finales. El trabajo que hemos emprendido, y que será expuesto durante el XI Congreso, se propone confirmar algunas de las presunciones antes expresadas, y proveer un terreno común para la discusión al respecto si aquellas fueran confirmadas. En definitiva, lo que importa es que así como en Chile, Uruguay y en algunas universidades de Brasil, este estado de cosas parece haber cambiado recientemente (o estar cambiando al menos), en algunas carreras tradicionales y otras de reciente creación en nuestro país, parece estar sucediendo también.

Si el camino es la discusión de estándares en la enseñanza de la Ciencia Política8, o simplemente la socialización de uno o más documentos con recomendaciones (a producirse, por caso, en el

52

marco de las reuniones de Directores o Coordinadores de carreras que organiza la Sociedad Argentina de Análisis Político), es algo difícil de afirmar. La autonomía universitaria, y la creencia generalmente aceptada de que los planes de estudios se reforman con lo que hay o no se reforman, son sólo algunos de los aspectos a considerar de una iniciativa tal.

Referencias Tanto formal como informalmente, en el ejercicio de la máxima magistratura, nuestro país presenta rasgos muy peculiares.

Sucesivas legislaciones de emergencia económica o emergencia pública han redundado en la cesión de facultades desde los gobiernos provinciales y el Congreso al Poder Ejecutivo. Y corresponde decir que este proceso de reversión del federalismo fiscal y político en nuestro país, que no se inició pero sí se ha acelerado a partir de inicios de los años 90’, invirtió la relación de la distribución de los ingresos nacionales entre Nación y Provincias (43% Nación y 57% Provincias, según la última ley de Coparticipación Federal de Impuestos N° 23.548/88).

2 Elaboración propia, en base a la sistematización de 33 Planes de Estudio de las Carreras de Ciencia Política en nuestro país.

Se han excluido a tal fin las carreras que exclusivamente titulan en el sub-campo de las Relaciones Internacionales o de la Administración Pública. Los planes de estudio relevados entre 2011 y 2012, corresponden a las Universidades de Comahue (UNComa), Di Tella (UTDT), Palermo (UP), Argentina de la Empresa (UADE), Abierta Interamericana (UAI), Belgrano (B), de Buenos Aires (UBA), Pontificia Universidad Católica Argentina, Paraná (PUCAParana), Católica de Santa Fe (UCSF), Católica de la Plata (UCALPlata), Católica de Santiago del Estero (UCSE), Católica de Córdoba (UCC), del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (UCEMA), de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), de San Andrés (UdeSA), de Cuyo (UNCuyo), de Entre Ríos (UNER), de General Sarmiento (UNGS), del Litoral (UNL), de la Matanza (UNLaM), de Lanas (UNLanús), de La Rioja (UNLaR), de Morón (UNMorón), de la Patagonia San Juan Bosco (UNP), de Rosario (UNR), de Río Cuarto (UNRC), de San Martín (UNSaM), de San Juan (UNSJ), del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), de Villa María (UNVM), del Salvador (USAL), Católica Argentina, Buenos Aires (UCABA) y John Fitzgerald Kennedy (UJFK) 3 En Brasil, la mayoría de las Universidades Estaduales ofrecen carreras de formación generalista en Ciencias Sociales y/o Humanas de 4 años de duración máxima, comunes a futuros sociólogos, antropólogos, filósofos y/o politólogos, entre otros, que construyen una cierta especificidad disciplinar en su currículo de grado a través de una muy variada y extensa oferta de asignaturas cuatrimestrales optativas. Los “Departamentos de Ciencia Política”, en general, son departamentos de Estudios de Postgrado.

4 A fines de reafirmar el punto que se quiere establecer, se tomará aquí un típico caso de Brasil. La Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), tiene un programa de grado en Cien1

www.espaciospoliticos.com.ar

cias Sociales. Ofrece como curso obligatorio “Política III: Instituciones Políticas Brasileras”. Para aquellos que profundizan en el campo de la Ciencia Política, pueden elegir, entre otros, estos espacios curriculares: Participación Política, Representación y Movimientos Sociales, Análisis de Procesos Políticos, Análisis Político del Brasil Contemporáneo, y dos seminarios denominados III y IV, ambos de Temas de Política Brasilera. Disponible en http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas 5 Al momento de relevar el dato, no teníamos información disponible sobre las ediciones 2012 de ambos Congresos.

6 La Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) muestra en sus estadísticas del V Congreso, realizado en 2010 en Buenos Aires, que de las 7 áreas temáticas, la de Metodología y Enseñanza de la Ciencia Política fue la de menor participación relativa (2,7% del total de paneles presentados). Ver más en http://www.alacip2010.com.ar/public/programa2010.pdf 7 Dirigido por el propio Douglass C. North, Jack Night sostiene en su tesis que estando en el centro de la discusión sobre las instituciones el conflicto distributivo, debiéramos decir que las instituciones son las limitaciones que algunos hombres les imponen a otros” (KNIGHT, 2004). Que la distribución de poder para cambiar una institución está desigualmente distribuida era una cuestión que Douglass North no ignoraba.

Tal como existe, por caso, en la American Political Science Association (APSA), y su Comité de Enseñanza y Aprendizaje.

Ciertamente, una comunidad politológica de 110 años ha conseguido un nivel de desarrollo superior a las de nuestra región. Ver más en http://www.apsanet.org/content_3799.cfm?navID=6 8

Bibliografía.

Bulcourf, Pablo A.: “Algunas Reflexiones sobre la Enseñanza de la Ciencia Política en la Argentina”, En revista “Postdata”, núm.

13 (2008) Goodin, Robert E (Comp.): “Teoría del Diseño Institucional”, Ed. Gedisa (2003) Knight, Jack: “Institutions and Social Conflict”, Cambridge University Press (2004) North, Douglass C: “Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico”, F.C.E. (2006) Ostrom, Elinor: “An agenda for the Study of Institutions”, Public Choice 48 (1986), Reeditado En 2000. Copia electrónica suminstrada por la propia autora.

Pinto, Julio: “Introducción a la Ciencia Política”, Ed. Eudeba (2006) Peters, Guy: “El Nuevo Institucionalismo”, Gedisa (2003)

La disputa gobierno-Clarín.

Una propuesta de lectura desde la teoría de los juegos Fernando Chávez Solca

Lic. en Ciencia Política, doctorando en Ciencia Política CEA-UNC. CIECS-UNC. ferchavezsolca@gmail.com

Si un conflicto ha dominado el escenario político argentino en los últimos cuatro años ese es el enfrentamiento que el gobierno ha mantenido con el Grupo Clarín a raíz de la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En las siguientes líneas intentaremos proponer una lectura siguiendo la metáfora del “juego del gallina” que parece explicar el

modo en que los actores se han comportado a lo largo de este conflicto.

El análisis estratégico supone que los actores que intervienen en la arena política son racionales y se comportan en defensa de sus intereses, intentando maximizar sus beneficios. De esta manera, calculan la mejor relación medios/fines en base a

las restricciones que las reglas y las dinámicas de funcionamiento le establecen y teniendo en cuenta el comportamiento del resto de los actores, configurando una interdependencia de las decisiones (Elster, 1984). Dentro de esta lógica, el juego del gallina constituye una de las variantes clásicas de la teoría de los juegos. Tiene como forma más tradicional de representarlo la disputa entre dos adolescentes que se desafía a probar su valentía. Para ello colocan sus autos enfrentados a una cierta distancia y aprietan el acelerador hasta el momento en que uno de los dos decida desviarse quedando como el “gallina” por abandonar el curso de colisión, mientras que el restante queda como el “valiente” por haber soportado la presión y ganar la competencia a pesar del riesgo. El problema se encuentra en que puede suceder que ninguno de los dos esté dispuesto a perder el juego y como consecuencia de ello se produzca el peor resultado posible, que consiste en que termine produciéndose el choque y la muerte de ambos

53

Espacios Políticos

participantes, ante lo cual serán valientes pero estarán muertos.

ni de estar dispuestos a asumir el lugar del gallina.

Teniendo en cuenta esto, podemos plantear cuatro escenarios posibles. Uno sería que los dos jugadores actúen como “gallina” y adopten una posición conservadora, desviándose ambos de la ruta y manteniéndose con vida pero al precio de no modificar el orden existente. Las variantes dos y tres serían que uno de los participantes se comporte como “gallina” y el otro como “valiente” siendo este último beneficiado con todas las ganancias resultantes de la contienda, lo que constituye el mejor resultado para el jugador ganador. La cuarta opción es la planteada en el párrafo anterior, el peor resultado, en donde ambos actores enceguecidos terminan mostrando su valentía pero el costo de ello es la destrucción de ambos (Acuña, 1995).

Si miramos el conflicto como una serie de momentos, que implicaron decisiones develadoras de estrategias de los actores, podríamos plantear una secuencia de la siguiente manera. En un primer momento la relación entre el kirchnerismo y los medios de comunicación fue ambigua, por un lado el Presidente no concedía notas ni daba conferencias de prensa como se le pedía pero al mismo tiempo le renovaba las licencias del manejo de cable.

Es a partir de la “crisis del campo” que el gobierno sale de esa lógica y emprende abiertamente un enfrentamiento con los medios. Entonces, podríamos detectar una primera instancia en que comienza el desafío, o en el que los dos adolescentes se retan “a que no te atreves” a modificar el esquema de medios vigentes. Ante esto, el gobierno hace la presentación del pre-proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, mostrando que su estrategia sería enfrentarse a los medios y modificar la normativa existente. Por su parte, los medios dominantes fluctuaron entre no darle importancia a aquel anuncio (ni siquiera colocarlo en tapa) o hacer algunas menciones fuertemente críticas a la decisión del gobierno. Dado ese primer paso, nos encontramos con cuatro escenarios posibles: el primero sería la sanción de la nueva ley con el apoyo o la indiferencia de los grupos dominantes; el segundo, la sanción de la ley pero a pesar de la oposición de Clarín; el tercero, la vuelta atrás con la propuesta, es decir, no avanzar con la ley por la acción de los grupos empresariales; cuarto, no modificar el esquema de medios porque no es un asunto relevante para al gobierno. ¿Cuáles serían las consecuencias de estos escenarios? En el primero de los casos, tendríamos a un gobierno que logra su objetivo, que fortalece su discurso por modificar una ley proveniente de la dictadura y, según algunos, logra cobrarse venganza de lo acontecido durante el 2008. Por su parte, los medios dominantes, resultarían perdedores (en términos de ganancias económicas y posiciones de mercado), pero beneficiados marginalmente, evitando el desgaste de la disputa y tener que ubicarse en un

Un comportamiento que se puede dar en el transcurso de este juego es que uno de los oponentes busque estratégicamente convencer el otro de que ha enloquecido autoeliminando la posibilidad de ser “gallina”, en la metáfora de los adolescentes sería arrancar el volante del vehículo y tirarlo por la ventanilla, mostrando que ya no se puede cambiar el rumbo y enfrentando al otro a solamente dos escenarios posibles, perder el juego pero mantenerse con vida o seguir hasta las últimas consecuencias y morir los dos en el choque (Acuña, 1995).

Ahora bien, ¿cómo pensar el conflicto gobierno-Clarín en estos términos? ¿En qué momento de la metáfora nos encontramos? Y dado eso ¿qué resultados serían los más probables? No resulta demasiado difícil sostener que desde el comienzo de la disputa a partir de la propuesta de modificar la legislación que regula los servicios de comunicación, el conflicto entró en una lógica de la escalada en la que ante cada acción de uno de los actores el otro respondía con una acción de igual o mayor potencia. Esto da cuenta que nos encontramos ante dos actores que parecieran querer demostrar de manera constante su valentía y por el momento no estarían dando signos de acobardarse

54

lugar claramente opositor. El segundo escenario posible, muestra que si los dos se ponen en duros, la modificación de la ley de medios puede llevarse adelante pero con costos muy importantes. Es decir, la disputa podría ser tan profunda que deslegitimaría a ambas partes (especialmente a un gobierno que venía fuertemente golpeado de la pelea con el campo en 2008) y también a la ley, que emergería con un nivel de desaprobación y en consecuencia difícil de poner en marcha. En el tercero, el gobierno asume el lugar del gallina, da marcha atrás con su propuesta pero se evita el costo de tener que entrar en una disputa con Clarín que sale victorioso siendo el mas beneficiado por conservar su posición dominante. Finalmente, en el cuarto, la nueva ley se frustra pero sin costos para ninguno de los participantes ya que ambos les parece mas racional mantener el estado de cosas existente.

Un segundo momento que puede rastrearse es cuando el Ejecutivo envía al Congreso el proyecto de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual.

No sólo eso, sino que además, para conseguir el apoyo de otras fuerzas políticas en el recinto accede a realizar algunas modificaciones (como la limitación para las telefónicas) dando cuenta que lo anunciado no era sólo una amenaza sino que iba a fondo en la búsqueda de modificar la situación de los medios. Así, el gobierno aprieta el acelerador y se acerca a toda velocidad al auto de Clarín. Por su parte este último, mantiene su oposición al proyecto, endurece sus enunciados respecto al gobierno y a la “ley de medios K”1 y apoya sin disimulo a los candidatos de la oposición para las legislativas de ese año.

La sanción de la ley en octubre de 2009 puede ser tomada como un tercer momento de este juego. El nivel de compromiso asumido por el oficialismo, la centralidad que la lucha contra las corporaciones mediáticas había ocupado en su discurso, el nivel de visibilidad del conflicto y el desenlace de la votación a su favor hacen difícil imaginar que el kirchnerismo pueda volver para atrás. O dicho en los términos de la metáfora, que pueda correrse a la banquina y volverse el gallina.

Lo que el kirchnerismo le está marcando

www.espaciospoliticos.com.ar

a los medios dominantes es que ha tirado su volante por la ventana, que ya no puede desviarse y en consecuencia le deja a su opositor solo dos opciones: o bien es el gallina, acepta la nueva ley y se convierte en el perdedor del juego; o bien elige seguir en la confrontación sabiendo que el choque será inevitable y ambas partes terminarán colisionando. Esto implica mantenerse en un cuestionamiento incesante hacia la ley, deslegitimar toda acción del gobierno con el objetivo de restarle apoyo para sus iniciativas, pero sabiendo que el costo de ello es la pérdida del lugar de “objetividad” y “neutralidad” que habían sabido construir en los años anteriores.

Un cuarto momento puede buscarse en lo sucedido luego de la sanción de la ley, que muestra que ambos autos se acercan y la probabilidad de que choquen es cada vez más alta. Por un lado, Clarín continúa pisando el acelerador a través de acudir a la justicia y mediante cautelares impide que la ley se aplique en su conjunto2, endurece sus editoriales y modos de enunciación frente al gobierno sin tener ya entre sus prioridades mantener la distancia con la realidad que el periodismo objetivo sostiene tener. Por su parte, el kirchnerismo no pierde oportunidad de referirse a los medios dominantes como su principal antagonista y utiliza sus medios para reafirmar su lectura de la realidad. Agregado a ello, impulsa medidas con la intención de debilitar a su rival, tales fueron los casos de la “estatización del fútbol” en agosto de 2009 que quita al Grupo Clarín los derechos de transmisión de los partidos de los torneos de Primera División; o en marzo de 2010 los informes que denunciaban el modo en que Clarín se hizo con las acciones de Papel Prensa.

Ante esta situación cabría sostener que ambas partes han tirado el volante por la ventana y no quieren, ni pueden, evitar el choque, volviéndose imposible un equilibrio. Tanto Clarín como el kirchnerismo siguen dando muestras firmes de no estar dispuestos a perder este juego. Una de las demostraciones mas sintomáticas de ello a fines del año pasado fue todo lo generado alrededor del “7D”, las campañas publicitarias a favor y en contra, las declaraciones

y notas periodísticas, etc.

De todas formas, existen un par de factores que pueden modificar el tablero. El primero de ellos es que el oficialismo juega cada vez más en contra de los “tiempos políticos”, es decir, salvo una muy improbable reforma constitucional, Cristina Fernández de Kirchner abandonará la presidencia en 2015. En consecuencia los tiempos para poner en vigencia la ley de medios en su totalidad se acortan cada vez más y se vuelve posible imaginar que la actual mandataria se ira del gobierno sin haberlo logrado. Esto abre a dos posibilidades, o bien a que el kirchnerismo continúe presionando el acelerador y se mantenga en esa lucha de desgaste en estos dos años que le quedan. O bien que por primera vez adopte una posición algo más conservadora y para evitar una potencial resolución desfavorable, estratégicamente permita que la situación se continúe dilatando, lo que le posibilitará retirarse aunque no victorioso, con el reconocimiento de una batalla emprendida en la que no fue derrotado.

El segundo, es que aunque Clarín logre evitar que por el momento se aplique la ley de medios (tal como lo ha hecho desde el 2009) los costos en los que ha incurrido para mantener su posición son lo suficientemente abultados como para transformarlo en un perdedor de cualquier modo. Fue la estrategia del Grupo la que ha socavado su propia imagen. En su afán de impedir la sanción de la ley y de oponerse al gobierno kirchnerista (coadyuvado por los medios oficiales) puso en evidencia su posición tan sesgada y su periodismo tan “militante” como cualquier otro. Esa es una lectura que se ha instalado en buena parte de la sociedad que hasta hace algunos años atrás era impensable. Y necesariamente deberá ser tenida en cuenta por Clarín para sus futuras estrategias.

En síntesis, en este breve espacio hemos intentado plantear un modo de leer el conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín que muestra la lógica que ambos actores han manejado a lo largo de estos años de disputa. Reconocemos lo problemático de algunos supuestos asumidos y

que una pluralidad de aristas relevantes han sido dejadas de lado, pero invitamos a seguir reflexionando sobre la temática y nos comprometemos a seguir haciéndolo en futuros trabajos.

Bibliografía Acuña, C. (1995) Algunas notas sobre los juegos, las gallinas y la lógica política de los pactos constitucionales, en Acuña, C. (comp) La nueva Matríz Política Argentina, Nueva Visión: Buenos Aires.

Elster, J. (1984) Marxismo, funcionalismo y teoría de los juegos. Alegato a favor del individualismo metodológico, en Zona Abierta, 33, octubre/diciembre, Fair, H. (2010) El debate político en torno a la ley de servicios de comunicación audiovisual en la Argentina. ¿Hacia una mayor democratización social o hacia un incremento del autoritarismo? En Intersticios Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, Vol 4 (2), pp. 141-173.

Repoll, J. (2010) Política y medios de comunicación de Argentina. Kirchner, Clarín y la ley, en Revista Andamios, 7 (14), pp. 35-67.

Referencias Entre septiembre y diciembre de 2009, Clarín, de sus 124 titulares sólo 30 no refieren de manera directa o indirecta a los Kirchner. De ese total, el 64% (80) son contrarios al gobierno, refiriéndose ya sea a gestión de gobierno, corrupción o relación con los medios. (Repoll, 2010: 51).

El 28 de agosto, al día siguiente de la presentación del proyecto parlamentario, TN, tituló en cada uno de sus informativos que el Gobierno presentó la “Ley K de control de medios”. Por su parte, Clarín tituló “Presentan la ley para controlar a los medios”. Y luego subtituló: “El Gobierno quiere avanzar sobre la prensa independiente” (Clarín, 28/08/09).

2 Las medidas cautelares presentadas por el grupo Clarín suspenden la aplicación provisoria de los art. 41 y 161 que establecen la intrasferibilidad de licencias y acciones de empresas de comunicación audiovisual y fijan el plazo de un año para que los propietarios de medios se adecuen a los límites que establece la ley en cuanto al número de licencias.

1

55

Espacios Políticos

Del municipio al Congreso Nacional: Los nuevos intendentes del Conurbano Danilo Degiustti

Licenciado en Ciencia Política (UBA) danilodegiustti@outlook.com

La territorialización no es un fenómeno nuevo en la política argentina. Ha sido abordado en la literatura de forma creciente, sobre todo desde la crisis de 2001 y la subsiguiente desnacionalización del sistema de partidos. Aquí nos centraremos en un claro síntoma de ello, el creciente protagonismo de los intendentes.

Un caso de notable actualidad es el de los intendentes del conurbano de la provincia de Buenos Aires, protagonistas de las elecciones legislativas de este año. Pero ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué los intendentes aparecen ahora como protagonistas de la política nacional? Hay varios factores que pueden dar cuenta de este fenómeno.

En primer lugar, como ya mencionamos, la territorialización de la política que se evidenció en los últimos años, tanto en materia electoral como de políticas públicas, es un factor del sistema político, exógeno a los intendentes en sí mismos, que potenció su liderazgo.

Pero también hay un cambio en el perfil de los intendentes, un nuevo paradigma.

Los “barones del conurbano” de los ´90 dieron paso a los “intendentes de gestión”.

Su principal característica es la “sobregestión”, es decir, ampliar las fronteras de acción del estado municipal, incluso avanzando sobre la jurisdicción provincial. En el marco de una provincia con déficit crónico, estos intendentes aprendieron a no depender de los recursos provinciales y maximizar el fruto de los recursos propios para brindar desde el municipio cada vez más servicios y satisfacer demandas que el

56

gobierno provincial no puede. Vale como ejemplo el avance de las policías municipales, en el marco de un asunto emblemático de las demandas ciudadanas, como es la seguridad. Así, construyeron liderazgos de popularidad con un gran apoyo electoral en sus municipios. Pero, a diferencia de los “barones”, no se conformaron con retener el poder municipal, sino que rompieron la frontera local, primero extendiendo su influencia a municipios cercanos, luego armando una “liga de intendentes” en la provincia, y finalmente instalándose como nuevos actores de la política nacional. Construyen poder político propio, que no piensan compartir con el gobernador ni con la presidenta. En cuanto a sus preferencias y posiciones políticas suelen ser pragmáticos y libres de las estructuras partidarias. La flexibilidad de sus liderazgos se complementa con la volatilidad electoral. La gestión municipal, tal como ellos mismos la presentan, no tendría líneas ideológicas a seguir, sino que se guiaría exclusivamente por las demandas ciudadanas, que pueden resolverse de forma práctica, casi apelando al sentido común.

El gran apoyo electoral que reciben estos “intendentes de gestión” los convierte en actores codiciados y fundamentales para los armados electorales, ya que la territorialización implica un “arrastre inverso”.

Es decir, las categorías de cargos municipales cada vez traccionan más votos hacia arriba (las categorías provinciales y nacionales). Esto se puede ver en los resultados electorales, donde los candidatos a cargos

municipales obtienen triunfos más contundentes.

De esta forma, en las elecciones a diputados nacionales por Buenos Aires de este año, encontramos que las dos listas con mayor intención de voto están encabezadas por intendentes. Se trata de la lista del Frente para la Victoria, encabezada por el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la lista del Frente Renovador, liderada por el intendente de Tigre, Sergio Massa, donde además figuran otros intendentes: Darío Giustozzi (Almirante Brown) en el segundo puesto, Sandro Guzmán (Escobar) en el octavo lugar y Oscar Gilberto Alegre (General Villegas) en el décimo; y entre los candidatos a diputados suplentes, Joaquín de la Torre (San Miguel) en el octavo lugar, el radical Mario Meoni (Tandil) en el décimo y Gabriel Katopodis (San Martín) cerrando la nómina.

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner también brindaron condiciones de posibilidad para el protagonismo de los nuevos “intendentes de gestión”. En primer lugar, esta nueva camada accedió al poder en 2007, generalmente a través de una colectora del FPV-PJ e imponiéndose ante los viejos barones y sus aparatos. Y luego, en 2011, también por el FPV, fueron reelegidos con abrumadores porcentajes. Entonces, la proliferación de listas colectoras, que promovió Kirchner, permitió renovar los liderazgos en muchos municipios.

En 2009, consciente del poder electoral de los intendentes y de su capacidad de arrastrar votos hacia arriba, Néstor Kirchner promovió sus candidaturas testimoniales, lo que también contribuyó a darles visibilidad y a reconocer su peso territorial y electoral. Para colmo, debido al rechazo que generaba la imagen del ex presidente, las listas municipales del FPV

www.espaciospoliticos.com.ar

obtuvieron mayor caudal de votos que la de diputados nacionales.

También en la elección de 2009 podemos encontrar un antecedente al fenómeno electoral de este año. En aquellas legislativas encabezó la lista a diputados nacionales de su propio partido (Nuevo Encuentro), el entonces intendente de Morón, Martín Sabbatella, un adelantado del nuevo paradigma.

Asimismo, el extraordinario excedente de recursos del gobierno nacional, en gran parte fue inyectado directamente en los municipios a través de obras públicas, aceitando la relación con los intendentes y pasando por encima de los gobernadores. Desde 2003 a 2009, las transferencias del gobierno nacional a los municipios se incrementaron en términos reales un 8018% (una tasa anual de 108%). Esta estrategia era coherente con la idea de de-

bilitar a los gobernadores para impedir su proyección nacional. No obstante, como vemos en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que la estrategia fue eficiente para limitar las posibilidades del gobernador, terminó catapultando a los intendentes a la arena nacional, y encima para competir con el oficialismo. Es decir, la lista encabezada por Sergio Massa, que aparece como la principal amenaza para un triunfo del FPV en la provincia de Buenos Aires, es en parte una creación del mismo kirchnerismo.

Y es precisamente este fenómeno, el que llevó al kirchnerismo a que también encabece su boleta un joven intendente como Insaurralde. El FPV no podía darse el lujo, como en 2011, de presentar una nómina a diputados nacionales impuesta desde arriba, sin territorialidad, ya que ahora no habrá elección a cargos ejecuti-

vos que arrastre votos hacia las categorías legislativas.

Ahora bien, esta situación podría verse de forma positiva como un acercamiento del gobierno a la gente, ya que los intendentes están más cerca de los problemas.

Pero también el avance de los liderazgos territoriales sobre el escenario nacional y la desnacionalización del sistema de partidos, podría tener como contraparte la falta de una visión estratégica nacional que permita reducir las desigualdades entre las distintas regiones. Como sostiene Marcelo Leiras en Todos los caballos del rey, para “hacer una inversión más grande donde hay más necesidades sociales… hay que adoptar un punto de vista nacional”, y “nada garantiza que las coaliciones integradas por funcionarios cuyas bases de apoyo estén concentradas territorialmente puedan adoptar este punto de vista general”.

Partidos Políticos y Nuevas Tecnologías Los procesos de participación política en el mundo globalizado Ana Lía Turi Gargano

Licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales (en proceso de finalización). Universidad Argentina de la Empresa: Elecciones Argentinas - Argentina Elections analiaturi@gmail.com

El origen: Los Partidos Políticos como canales de participación En Occidente, el desarrollo de los Partidos Políticos se ha producido en estrecha coordinación con la paulatina ampliación de la participación política (Pizzorno, 1975). Los desafíos que estos actores han enfrentado desde sus inicios surgen de esa

dinámica, que ha implicado desde la conformación del Estado Moderno el acceso de cada vez mayores porciones de la población al proceso electoral.

A partir de la lógica de la participación política, se ha evolucionado históricamente hasta llegar a la conformación de partidos políticos de masas. Éstos han sido desde sus inicios los canales de expresión instaurados para la ciudadanía con el fin de hacer valer sus opiniones y reclamos, mediante el ejercicio fundamental de su derecho a voto. En este sentido, la idea de soberanía popular es la que ha otorgado a los Partidos Políticos su legitimidad en tanto agentes de participación; bajo el criterio común que establece al pueblo como titular originario del poder.

Representación de clivajes al interior de la sociedad Lipset y Rokkan profundizan esta cuestión planteando ciertas vicisitudes sociológicas.

Estos autores analizan factores que van más allá del campo histórico en el que se produce el surgimiento de los Partidos Políticos; para analizar la dinámica social en la que se produce su desarrollo.

La estructura de los conflictos sociales canalizados políticamente es el objeto de análisis central en su teoría, y el que define la clasificación de los sistemas partidarios que se irán desarrollando al interior de cada régimen (Lipset y Rokkan, 1967). El concepto de clivaje cumple una función central, al asignar sentido a aquellas rupturas en el

57

Espacios Políticos

seno de la sociedad que derivarán en el establecimiento de los canales participativos.

Con la llegada de las sociedades industriales, se identifican cuatro líneas de clivajes diferenciadas: centro/periferia (que implica el conflicto entre las sociedades locales divergentes, y la elite nacional tomadora de decisiones), Estado/Iglesia (vinculada a la secularización y separación del ámbito público y privado), campo/industria (implica el conflicto entre sectores productivos: los grandes terratenientes y los nuevos industriales) y propietarios/trabajadores (vinculado al conflicto de clases) (Lipset y Rokkan, 1967). La forma en el que estos clivajes se fueron desarrollando en cada Estado, implicó el desarrollo de nuevos conflictos que a la larga definirían los antagonismos que conformarían la base del Sistema de Partidos.

Estados en Globalización: Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana En base a las cuestiones teóricas de base, cabe analizar la actualidad a partir de la siguiente pregunta: ¿De qué modo impactan las nuevas tecnologías en el desempeño institucional de los Partidos Políticos?

La idea de globalización se desarrolla en estrecha relación con los avances tecnológicos desarrollados en las últimas décadas; avances que cada día experimentan una velocidad mayor y envuelven todos los ámbitos de la vida ciudadana. Las nuevas tecnologías economizan los costos de acceso a la información, y permiten una fluidez más plena entre el conocimiento académico y el conocimiento fundado en la experiencia cotidiana. A partir de la libre circulación de información, la participación política se vuelve mucho más amplia y a la vez, difusa. Por otra parte, los individuos comienzan a vincularse en un ámbito que excede al Estado mismo.

La incorporación de las Nuevas Tecnologías a la vida política modifica intrínsecamente a la política del Estado, de dos maneras: Por un lado al condicionar los intereses a los que debe atenerse la gestión estatal, intereses asumidos según su posición en el sistema internacional, vinculados con problemáticas globales (seguridad, medioambiente, etc.) o vinculados a su relación con la sociedad civil y el sector

58

empresarial. Por otro lado, al gestionar la crisis de redimensionamiento de la actividad política. En términos de Prat (2006), ahora, cuando la democracia se expande más que nunca, el déficit democrático y el descrédito de la política son mayores que nunca. La explicación no es tan difícil: estamos abordando los desafíos planteados por la globalización no sólo con las ideas sino con las instituciones, las capacidades y las prácticas de la política democrática de los estados nacionales.

Respecto a los Partidos Políticos, se considera que los mismos se enfrentan a una disyuntiva fundamental: la de adaptarse a las nuevas dinámicas o perder su capacidad de representación. El nuevo entorno implica un juego en el que la información se traslada a una velocidad importante, y se difunde a través de medios de comunicación cuya relevancia se vuelve cada vez mayor, así como a través de la misma ciudadanía, cuya implicación cívica se transforma en algo mucho más activo.

Conclusiones: La lógica participativa vinculada a las nuevas tecnologías en la expresión enmarcada en el Sistema Político Es posible vislumbrar un camino de ida y vuelta en una participación política inmersa en el desarrollo de nuevas tecnologías. Insertas en la lógica de funcionamiento del sistema político de Easton, se encuentra la idea de inputs (expresiones apoyo o reclamos por parte de la ciudadanía) y outputs (respuestas articuladas por parte del Estado frente a las necesidades del ambiente).

La gestión pública debe enfrentarse hoy por hoy a un ambiente que resulta mucho más dinámico, desarrollando cambios constantes sobre la base de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito político. Como consecuencia de esto, se observan variaciones estructurales en la administración misma; que se van arraigando con el fin de enfrentar el nuevo entorno con eficiencia.

Una primera consecuencia es la discrecionalidad del accionar en la gestión pública.

Frente a la dinámica con la que se desarrollan hoy las problemáticas políticas, las leyes y reglamentos pierden su característica de eficiencia para dar respuesta a las necesi-

dades. En base a esto, se consigna la necesidad de dejar entrever “espacios grises” para el accionar discrecional del Estado.

La consecuencia inmediata es la capacidad de corrupción que adquiere el poder político al transitar esos espacios grises. Frente a esta problemática, la ciudadanía se expresa nuevamente, reclamando por la instauración de mecanismos institucionales innovadores que sean capaces de asegurar la transparencia de la gestión.

La otra consecuencia destacable viene dada por la complejidad que adquiere la gestión pública. Es observable cómo los sistemas burocráticos ya no responden a un solo tipo de actividad, sino que cambian de acuerdo a una actividad específica. A su vez, se vuelve necesario dar respuesta a las problemáticas enfocándolas desde una óptica interdepartamental. La gestión pública necesita adquirir una forma dinámica de relacionarse en su propia mecánica, con el fin de resolver estos problemas sin resultar obsoleta.

Finalmente, se vuelve necesario para la administración la creación de redes y relaciones que le permitan acceder a mayores y mejores fuentes de información. La información se ha convertido en un bien abundante en su cantidad y a la vez escaso en su especificidad, y su obtención resulta fundamental para la toma de decisiones.

A modo de solución, Cabezas (2010) analiza la necesidad de incluir herramientas para la gestión participativa de las diversidades , respetando tres principios fundamentales que son la libertad, la igualdad y la diversidad.

Libertad, entendida como la inclusión de grupos heterogéneos con intereses y estrategias diversas. En este sentido, la administración deberá accionar condicionada a las problemáticas que llegan a ella desde la sociedad misma, una sociedad que ya no espera pacíficamente sino que participa y exige respuestas más dinámicas.

Igualdad, vinculada a la existencia de mayorías y minorías culturales, como consecuencia de la desigualdad de oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías. La respuesta a esta problemática surge con la integración de los grupos tradicional o históricamente vulnerados en sus derechos a la cultura digital en el ámbito político, como un primer paso para nivelar las oportunidades de acce-

www.espaciospoliticos.com.ar

so y creación de demandas.

Diversidad, entendida como la promoción de una discusión y participación genuinas en el seno de un debate político en el que participen todos los grupos sociales, sin limitarse solamente a ejercer un control sobre las políticas públicas.

En conclusión, es posible afirmar que la lógica participativa de la ciudadanía inmersa en el proceso globalizante tiene un largo camino por recorrer aún. En este sentido, el Gobierno Abierto en la Ciudad Digital, será la Administración Pública inclusiva, que no debe aceptar diferencias económicas o sociales para promover la igualdad, propiciando la conformación de una sociedad más justa, equitativa y solidaria (Cabezas, 2010:278). Los Partidos Políticos como agentes de participación deberán experimentar su transformación dentro de la misma lógica, y en esa metamorfosis se

definirá su supervivencia o caducidad.

Bibliografía - BERMÚDEZ, Emilia (1999) “Nuevas tecnologías y Política”, en Razón y Palabra, Revista electrónica de A. Latina especializada en comunicación. México: Universidad de Zulia. Número 14, Año 4 (Mayo - Julio).

- CABEZAS, JORGE (2010) “Herramientas para la gestión participativa de las diversidades”, en Open Government: Gobierno Abierto (2010). Jaén, España: Algón Editrores MMX, 2010.

- EASTON, David (1979) “Categorías para el análisis sistémico de la política”, en A systems analysis of political life. Chicago, IL: University of Chicago Press.

- LIPSET, Seymour Martin and ROKKAN, Stein (1967) “Cleavages Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction”, en Party Syste-

ms and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, Edited by Seymour Martin Lipset and Stein Rokkan, The Free Press, New York.

- OPPO, Anna (1983) “Partidos políticos” en BOBBIO, N. y MATTEUCI, N., Diccionario de Política, Editorial Siglo XXI, México.

- PIZZORNO, Alessandro (1975) “Introducción al estudio de la participación política”, en Participación y Cambio Social en la Problemática Contemporánea, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, páginas 13 a 82.

- PRATS, Joan (2006) “Política y Gestión Pública: El impacto de la Globalización”, en A los príncipes republicanos. Gobernanza y desarrollo desde el republicanismo cívico.

- SARTORI, Giovanni (1992) “El motivo: ¿Por qué hay partidos?” en Partidos y Sistemas de Partidos, Parte I, Alianza Universidad, Madrid.

ENTREVISTA

MAS ALLA DEL MOSTRADOR Cargo Actual Director Ejecutivo, Cascos Verdes ¿Qué te llevó a estudiar relaciones internacionales?

Me decidí por Relaciones Internacionales porque no tenía tan en claro qué carrera quería estudiar, pero sí sabía que había muchas áreas que eran de mi interés: Política, Economía, Historia, Arte, etc.. El programa en San Andrés tenía una orientación que cumplía con todos estos requisitos, así que confieso que el proceso de elección se hizo en base a un interés particular por las materias.

Qué respondías cuando te preguntaban ¿de qué trabaja un licenciado en relaciones internacionales?

“Trabaja en el gobierno”.

Hoy la salida profesional del licenciado en relaciones internacionales se ha ampliado. ¿Qué sentís que aportás y que ganás al trabajar con otras disciplinas?

La formación de un politólogo puede aportar una mirada innovadora, crítica y diferencial en áreas en las que antes no teníamos un lugar específico. Lo veo sobre todo en el sector privado, donde hay cada más una necesidad de profesionales con una formación no específicamente comercial. ¿Te veías trabajando donde estás hoy o te pensabas embajador o político? ¿Por qué fuiste cambiando?

No. Fui armando mi carrera profesional a través de la experiencia concreta, encontrando áreas y caminos afines a mi

Gonzalo Bazgan

interés. Trabajé casi 6 años como responsable del área de Asuntos Comunitarios de una empresa multinacional y eso marcó la idea de trabajar en política sociales, responsabilidad social, etc. desde un ámbito no estatal. ¿Cómo te llevás con las redes sociales? ¿Qué redes usás? ¿Te sirven para sumar valor a tu trabajo?

Uso sobre todo LinkedIN para fines profesionales y Facebook para cosas más personales. ¿Qué libros o autores volverías a leer hoy?

Por un lado, a los pensadores políticos de la Edad Media; y por otro, todo sobre la historia política latinoamericana del siglo XIX. Recomendanos un blog, un usuario de twitter o un sitio de referencia.

Stanford Social Innovation Review http://www.ssireview.org/ http://www.facebook.com/social.innovation Información súper actualizada sobre iniciativas y proyectos sociales, artículos, reviews, etc. Súper recomendable!

Si querés agregar tus usuarios en las redes Facebook: http://www.facebook.com/gonzalo.bazgan LinkedIN: ar.linkedin.com/in/gbazgan/ Carrera y Universidad Relaciones Internacionales, Universidad de San Andrés

59

Espacios Políticos

Kenneth Waltz, un pensador de la guerra y la paz Luis Leandro Schenoni

Magíster en Estudios Internacionales, Universidad Torcuato Di Tella. Profesor Asistente de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad Católica Argentina llschenoni@gmail.com

El 12 de mayo de 2013 pasó a la eternidad Kenneth Waltz, posiblemente el pensador más influyente de las Relaciones Internacionales (IR) durante la segunda mitad del siglo XX. Su obra, más profunda que extensa, posee una claridad conceptual que permite resumir aquí, aunque sólo fuere brevemente, sus ideas fundamentales y cómo han moldeado el mundo.

La obsesión intelectual de Waltz fue la guerra. Su tesis doctoral en filosofía política, titulada El Hombre, el Estado y la Guerra (1959) se pregunta sobre las causas de la misma y revisa todas las explicaciones anteriores a este cruel y violento fenómeno social. Allí, el joven Ken identificó tres formas históricas de explicar la guerra. En primer lugar, había sido pensada como consecuencia de la antropología -de la naturaleza violenta e irracional del hombre (Spinoza o Hobbes)-, que lo inclinaba a la lucha con sus pares. En segundo lugar, había sido vista como una consecuencia de los sistemas políticos, como epifenómeno del carácter autoritario (Kant) o capitalista (Lenin) de los estados modernos. En tercer lugar, Waltz descubrió (o redescubrió en Rousseau) que la guerra podía ser pensada, no como consecuencia de los hombres o de los estados, sino como un resultado del sistema internacional en sí. Para él, cualquier hombre o estado iría a la guerra si en el contexto de anarquía que gobierna la política entre las naciones, percibiese una amenaza a su existencia o la ausencia de un poder suficiente para detener su expansión. Esta explicación estructural de la guerra se convirtió de súbito en el eje del pensamiento sobre política internacional hasta nuestros días.

La repercusión de este libro obligó a Waltz a abandonar el campo de la filosofía y a escribir Teoría de la Política Internacional (1979), título que discute con el anterior el puesto

60

de opera máxima. En lo que sería el libro más citado de teoría de IR, Waltz postula que en esta anarquía internacional, lo que importa son las capacidades materiales que los estados poseen y las alianzas que entre ellos forman. Así, la guerra se produciría cuando un estado posee más capacidades que sus contrapartes y no es balanceado, siquiera mediante alianzas.

La paz, por el contrario, sería consecuencia de los balances de poder: cuando ningún estado o alianza es más poderoso que sus contrapartes y por tanto, no existe sensación de amenaza ni tentación de expandirse. Por último, la paz sería más fácil en la bipolaridad, cuando sólo dos estados compiten para emparejar sus capacidades sin depender de terceros aliados.

El impacto académico de Waltz en las IR fue refundacional.

El interés de testear empíricamente la teoría de Waltz motivó un sinnúmero de trabajos en las más prestigiosas revistas de la disciplina, convirtiéndose para los años 80’ en eje indiscutido de debate. Las investigaciones propulsaron el desarrollo de fuentes de inapreciable valor como la base de datos Correlates of War, que permite analizar la evolución de capacidades nacionales, alianzas y otras tantas variables internacionales durante más de doscientos años de historia.

En adelante, los segudidores del realismo estructural de Waltz comenzaron a ser llamados neorrealistas. A ellos cabió la tarea de complejizar la teoría. Por ejemplo, muy pronto se notó que países lejanos o aliados históricos -en palabras de Joseph Grieco (1988), países con un bajo coeficiente de sensibilidad- podrían desconsiderar completamente el balance material entre sí.

En un artículo anterior a la publicación de Teoría de la Política Internacional, Robert Jervis (1978), analizando el concepto de ‘dilema de seguridad’ ya prefiguró las críticas principales de las que tendría que dar cuenta Waltz. Según su análisis de este dilema, el simple conocimiento de las capacidades materiales de los estados no puede explicar la dinámica de los balances.

Si esto fuera así, alcanzado un equilibrio, ninguno tendría motivo para adquirir más armas. La existencia de desbalances y rebalances (en el peor de los casos, carreras armamentísticas y guerras) depende, fundamentalmente, de la información sobre las armas de la contraparte, la percepción que se tiene sobre la intensión de utilizarlas y el carácter más o menos ofensivo de las mismas.

www.espaciospoliticos.com.ar

En respuesta a algunos de los interrogantes planteados por Jervis, Stephen Walt (1985) desarrollará la Teoría del Balance de Amenaza, según la cual, los estados no forman alianzas para balancear a sus contrapartes en virtud de las capacidades materiales objetivas de cada uno, sino cuando se perciben amenazados. Stephen Van Evera (1998) desarrolló durante los 80’ la Teoría del Balance Ofensivo-Defensivo, según la cual un mismo balance puede ser más propenso a la guerra si la tecnología militar, la doctrina militar, los arreglos diplomáticos, la geografía o la estructura social de los estados, hacen que los costos de atacar sean menores a los costos de defenderse. Así, el neorrealismo desarrolló nuevas y más complejas variantes (Cfr. Mearsheimer 2001), pero nunca abandonando los axiomas waltzianos.

Desde fines de los años 80’, la influencia del neorrealismo fue tan grande que autores centrales del neoliberalismo como Keohane (1984) o Ikenberry (2001) -este último formado en Chicago al fuego de este debate- comenzaron a argumentar desde una base waltziana para sólo diferenciarse de esta corriente atribuyendo a las instituciones algún efecto en modelar la conducta de los estados.

Los últimos veinte años han visto al Realismo Neoclásico (Rose, 1998) surgir como una variante del neorrealismo que considera algunos elementos de la política doméstica como variables intervinientes que podrían explicar los errores de predicción de la teoría de Waltz. Stephen Brooks (1997) identificó también un Realismo Posclásico que se diferenciaría del neorrealismo por considerar diferentes probabilidades de conflicto y horizontes militares de más largo plazo, permitiendo comprender aquellos momentos en que los asuntos económicos ocupan momentáneamente el tope de la agenda internacional.

El impacto político del pensamiento de Waltz (aunque más difícil de percibir) es casi tan impresionante como su impacto académico. Durante la Guerra Fría, la teoría del balance de poder (luego formalizada por Waltz) sería el fundamento implícito de la estrategia de seguridad nacional norteamericana desde la ‘contención’ de George Kennan (1949) hasta la ‘triangulación’ con China de Henry Kissinger (1971) y más adelante. Nunca sabremos si su obra habrá contribuido al carácter militarista de la política internacional durante esos años o a que la Guerra Fría terminara sin un enfrentamiento entre las superpotencias. O a ambas cosas.

En los años subsiguientes, Waltz se abocó al fenómeno de las armas nucleares, y alcanzó la conclusión de que, dada la particularidad de la mutua destrucción asegurada (MAD, por sus siglas en inglés), la posibilidad de una guerra entre dos países nucleares era una irracionalidad de tal género que estas armas acababan por generar estabilidad. Publicó La difusión de las armas nucleares: más puede ser mejor (1981) y fue de esos pensadores influyentes que jamás apoyarían una invasión a un país por estar desarrollando un plan nuclear.

Basado en la lógica del balance de poder, Waltz tampoco apoyó la guerra de Vietnam ni la última guerra de Irak, aventuras que a su juicio, sólo replicaban el error de las grandes potencias del pasado. Veía con naturalidad (y temor) que ante el vacío de poder, Washington se sobre expandiera. Más impresionante aún, Waltz logró ver inmediatamente después del colapso soviético, nuevos países que surgían para balancear a los Estados Unidos, configurando una Estructura emergente de la política internacional (1991). Sólo más de una década después comenzamos a ver a estos países y llamarlos de potencias emergentes. Aunque no seamos conscientes, buena parte del léxico que utilizamos para hablar de estos temas fue creado por este visionario autor.

La vida de Waltz contribuyó a pensar la paz, una de las añoranzas más profundas del ser humano, al punto que desde hace miles de años dejamos a nuestros muertos el deseo de descansar en ella. Mientras tanto, sus ideas lo sobreviven y continúan moldeando el mundo.

BIBLIOGRAFIA: BROOKS, S. (1997) “Dueling Realisms” en International Organization, Vol. 51, No. 3, pp. 445–77 GRIECO, J (1988) “Anarchy and the Limits of Cooperation: a realist critique to the newest liberal institutionalism”, en International Organization, Vol. 42, No. 3, pp. 485-507.

IKENBERRY, J. (2001) After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars, Princeton University Press, Princeton.

JERVIS, R. (1978) “Cooperation Under the Security Dilemma”, en World Politics, Vol. 30, No. 2, pp. 167-214.

KEOHANE, R. (1984) After Hegemony, Princeton, Princeton University Press.

MEARSHEIMER, J. (2001) The Tragedy of Great Power Politics, New York, Norton.

SINGER, J. et al. (1972) “Capability Distribution, Uncertainty, and Major Power War, 1820-1965” en Bruce RUSSETT (ed) Peace, War, and Numbers, Beverly Hills, Sage.

VAN EVERA, S. (1998) “Offense, defense, and the causes of war”. International Security, Vol. 22, No. 1, pp. 5-43.

WALT, S. (1985) “Alliance Formation and the Balance of World Power”, en International Security, Vol. 9, No. 4, pp.

3-43.

WALTZ, K. (1959) Man, the State and War, New York, Columbia University Press.

WALTZ, K. (1979) Theory of International Politics, New York, McGraw Hill.

WALTZ, K. (1993) “The Emerging Structure of International Politics”, en International Security, Vol. 18, No. 2, pp. 44-79.

61

Espacios Políticos

Retos y desafíos del gobierno local Nicolás Sánchez López Licenciado en Ciencia Política (Universidad de Palermo) En primer lugar es menester decir que se entiende por gobierno local. Como plantea Borja y Castells “el gobierno local, es el ámbito local en donde es posible construir espacios para la concertación ciudadana entre los sectores políticos, sociales, económicos, intelectuales, profesionales y organizaciones populares, porque es el territorio que no sólo concentra a un grupo humano y una diversidad de actividades , sino porque también es el espacio simbiótico, que integra culturalmente. De ahí que se convierta en el lugar de respuestas posibles a los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales de nuestra época” 1 A su vez, los ciudadanos han aumentado la presión sobre los mismos, al estar más informados, los estados están obligados socialmente a cumplir roles mucho más específicos. Por lo tanto la sociedad al presionar a los gobiernos locales les exige y los responsabiliza del correcto funcionamiento de muchas funciones (que podrían ser su responsabilidad o no).

La correcta interpretación de las funciones y el manejo responsable de los recursos por parte del gobierno, componen el primer paso, para un buen gobierno local.

La sociedad considera que merece un “buen gobierno” porque es “lo justo”, no se conforma con un gobierno que cumpla solamente las funciones, sino que necesita que sea responsable y que logre administrar correctamente los recursos.

También un buen gobierno es aquel que “…se caracteriza por aprovechar, el aprendizaje social y estimular la eficiencia adaptativa en su comunidad, al vincularse con ellas

62

a través de dispositivos y herramientas que perfeccionan la democracia a ese nivel, incrementando su calidad…” .2 Para ello el buen gobierno se enriquece incorporando como prácticas regulares, rutinas gubernamentales y estilos de gestión que privilegian la transmisión y recepción de información entre el gobierno y la sociedad, de esa forma logran establecer una interacción permanente con las organizaciones no gubernamentales y favorece el asosiativismo, fomentando la construcción de un tejido social sólido y redes de compromiso cívico, también una gran función del gobierno local es detectar donde están los actores, movilizarlos y reforzar los espacios de interacción generando mecanismos de negociación entre ellos y la sociedad.3 En definitiva la posibilidad de llevar adelante procesos exitosos depende de las habilidades que tengan los gobernantes para fortalecer, por una parte a la sociedad, pero por otra para recibir señales claras de los ciudadanos, con el fin de determinar la orientación de su gestión, seleccionando los pasos a seguir y los recursos a utilizar de manera eficiente y efectiva.

Para los gobiernos locales ya no se trata sólo de cumplir y administrar los recursos que le envía la Nación, sino de generar nuevos recursos a través de políticas concretas; de esta manera los municipios logran mayor autonomía, y pueden decidir las estrategias políticas, económicas y sociales para mejorar su municipio.

En el marco de las estrategias un elemento

muy importante es la capacidad de gestión estratégica, la cual puede ser consideraba como un prerrequisito para el buen gobierno, es la que habilita a los gobiernos locales para jugar el importante rol que de ellos se espera; tanto dentro de las estrategias de desarrollo como dentro de los procesos de reconfiguración del Estado.

También debe tener la capacidad para articular las potencialidades sociales en su territorio a los fines de sostener el desarrollo socioeconómico. Debe generar dispositivos que vinculen el gobierno local de manera eficiente con su comunidad, de esta forma podrá intercambiar información útil con su entorno, comunicarse de manera rutinaria y eficaz con los agentes económicos, políticos y sociales y coordinar sus acciones. Por último se debe organizar y administrar los recursos públicos que controla el municipio de manera tal que mejoren la calidad y pertenencia de sus respuestas.4 Los gobiernos locales tienen la difícil tarea de responder a las demandas de la sociedad, lo cierto es que muchas de las demandas que la sociedad le exige no son propias de los municipios, ( en algunos casos las demandas fueron absorbidas por herencia directa de un gobierno central que tiene una crisis fiscal, o servicios colapsados), pero a pesar que no son responsabilidad del gobierno local, el ciudadano no lo concibe como problema nacional o provincial sino municipal, ya que el gobierno local, es la principal cara del Estado nacional y es a él al que la sociedad se acerca a reclamarle.

Esto compone sin dudas un reto y un desafío al mismo tiempo para los gobiernos locales, es por eso que los gobiernos tuvieron que tecnificarse para cumplir las expectativas sociales, y de esa manera evi-

www.espaciospoliticos.com.ar

tar que esas falencias terminen dañando la estructura política y económica.

De esta forma los gobiernos locales comenzaron a desarrollar soluciones a problemas económicos y sociales que antes no se encontraban en su agenda. En lo económico, además de fortalecerse internamente para aumentar su recaudación fiscal y financiera y para poder negociar su autonomía, tuvieron que generar políticas de promoción de empleo, apoyo a pequeñas y medianas empresas, creación de nueva infraestructura, generación de espacios para desarrollar estrategias económicas consensuadas entre lo público y lo privado.

En lo social, se espera de los municipios, políticas que logren reducir la brecha social, garantizando la inclusión social y la disminución de los índices de pobreza e indigencia, atención a población en riesgo y construcción de nuevas viviendas sociales.

Sin dudas estos son elementos fundamentales para tener un buen gobierno, un Estado presente, que incorpore al ciudadano a su gestión, que lo informe y también reciba sus inquietudes. De esta forma logrará disminuir enormemente los errores ya que con la información obtenida se podrá reorientar las actividades que desarrolle el Estado que no están siendo aprovechadas o están mal dirigidas.

Esto por otra parte ahorrará dinero y tiempo al Estado, ya que mejorando la atención en los centros de gestión, colocando urnas de consulta o simplemente haciéndole encuestas a los que recurren algún centro municipal, se logrará obtener una gran cantidad de información, que si es bien recabada y procesada se podrán obtener resultados muy importantes para verificar cuales son las fallas y de esa forma redireccionar las funciones administrativas.

Me gustaría ahondar en seis características que poseen los “buenos gobiernos locales”, estos puntos son tomados a través de los diferentes análisis que se llevaron a cabo en diferentes experiencias y trabajos en conjunto que he desarrollado con diferentes colegas.

La primer característica es la participación, los gobiernos deben fomentar la participación ciudadana, para que la participación sea plena, se debe contar con suficiente información, es por eso que los gobiernos deben “abrir” sus datos al ciuda-

dano, para que pueda analizar, comprender y finalmente participar en el Estado, aportando nuevas ideas o simplemente comentando lo que le gustaría cambiar.

La segunda es la legalidad, esto quiere decir, poseer un marco legal óptimo, en el cuál el ciudadano pueda confiar, y sepa que sus derechos están resguardados.

El tercer punto importante es, la transparencia, este es un elemento fundamental, el gobierno debe abrir sus datos, exponer a la sociedad la suficiente información para que pueda disponer de un crisol de herramientas para fiscalizar la gestión, a su vez esa información debe ser de fácil acceso y comprensible para todos los ciudadanos.

También las tomas de decisiones se deben llevar a cabo de tal forma que sigan las leyes establecidas y las normas.

La cuarta característica es el consenso, existen diversos actores y por lo tanto diferentes puntos de vista, de esta forma el gobierno debe saber mediar entre dichos actores, para evitar el conflicto y lograr el tan ansiado consenso. También debe evitar que los intereses personales de los actores se interpongan por sobre los intereses generales, para ello el gobierno debe tener en cuenta diferentes estrategias para encauzar la negociación y garantizar el bienestar general.

El quinto es la equidad, una sociedad depende de si asegura que todos sus miembros sienten que forman parte de la misma y no se sienten excluidos de la inercia mayoritaria de su sociedad. Para ello se necesita que todos los grupos, pero especialmente los más vulnerables, tengan las oportunidades necesarias para adquirir una mejor calidad de vida.

La última característica es la eficacia y la eficiencia. Se espera que el gobierno logre llegar al resultado utilizando la menor cantidad de recursos posibles. El concepto de eficiencia en el contexto del buen gobierno también incluye el uso de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.

Par finalizar quiero hacer hincapié sobre un elemento fundamental para todo gobierno, me refiero a la participación ciudadana, como denomina Borja la participación ciudadana es hoy en día uno de los temas más importantes para los gobiernos, se sabe de la importancia de

tener una sociedad activa e informada sobre los asuntos públicos, a su vez se reconoce a la participación como un elemento fundamental para el ejercicio pleno de la democracia. El apoyo al desarrollo de la ciudadanía se ha convertido en un desafío para los gobiernos locales, de esta forma, cada vez más los ciudadanos exigen ser tomados en consideración, que se debatan y negocien sus criticas, sus demandas y sus propuestas y participar en la gestión de lo público.5 Existen diferentes formas de participación, algunas de ellas pueden ser: • A través de debates públicos.

• Participando del tratamiento del presupuesto locales (presupuesto participativo).

• Comisiones sectoriales de carácter consultivo o colaboradoras, conformadas por representantes de la sociedad civil, etc.

• Recepción de propuestas de nuevos modelos de gestión o de mejoramiento de procesos.6 Cómo mencionaba anteriormente, la sociedad espera que el gobierno, responda a sus demandas, atienda sus dudas y escuche sus comentarios. La merma en la capacidad de respuesta, es una de las razones que explican la pérdida de credibilidad de los funcionarios y la poca participación ciudadana.

REFERENCIAS 1 Borja, J y Castells, M. “La gestión de las ciudades en la era de la información”.

Madrid. Taurus 1998 2 Arocena. D y Rivera L. “El desarrollo local” Un desafío contemporáneo. Caracas Nueva Sociedad 1997.

3 Arocena. D y Rivera L. “El desarrollo local” Un desafío contemporáneo. Caracas Nueva Sociedad 1997.

4 Victory. M “Gobierno Municipales y Desarrollo Local en Iberoamérica”. Serie Síntesis No 6. Buenos Aires. 2000 5 Borja, J. “Ciudadanía y espacio público”, Publicado en la Revista del CLAD Reforma y democracia. No12. Caracas. 1998 6 Borja, J. “Ciudadanía y espacio público”, Publicado en la Revista del CLAD Reforma y democracia. No12. Caracas. 1998

63

Espacios Políticos

Elecciones Primarias y Sistema de Partidos La influencia de la normativa en el comportamiento políticopartidario.

Acercamiento al caso entrerriano

predominio electoral indiscutible del justicialismo entrerriano, que no sólo se ha impuesto en las tres elecciones generales celebradas desde 2003 sino que, además, en los sucesivos comicios ha incrementado su caudal electoral, hecho que como contraparte implica un retroceso electoral del radicalismo.

Desagregada esta situación, los números muestran el debilitamiento de la UCR que pasó de concentrar el 49.11% de los votos en 1999 al 18.80% en 2011, y en favor del PJ que no sólo mantuvo su porcentaje de preferencias en el orden del 45 al 48% sino que lo aumentó en 2011, obteniendo casi el 56% de los votos.

Paralelamente, el justicialismo provincial ha sufrido un proceso de divisiones internas que eleva la concentración de votos al 65.83% y 74.34%, en 2007 y 2011, respectivamente. Esto manifiesta una clara preponderancia del PJ en Entre Ríos que no sólo va en detrimento de la UCR sino también de la participación de terceras fuerzas.

En síntesis, si a partir de 1983 se podía afirmar que la provincia de Entre Ríos se configuraba como un bipartidismo clásico, analizados los procesos electorales postcrisis 2001, es posible afirmar que existe un cambio de tendencia; esto es: la consolidación del PJ como partido predominante, y la reducción de la UCR a mero “partenaire” del sistema, prácticamente sin posibilidades de retornar al poder en lo inmediato.

Julián Maneiro

Primarias en Entre Ríos: motivaciones, contenidos generales y consecuencias prácticas

Abogado (UNL). Doctorando en Ciencias Sociales (UNER)–julianmaneiro@gmail.com

Fanny Maidana

Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UCA)–fnmaidana@gmail.com

Introducción En el período comprendido entre la recuperación de la democracia y la crisis de 2001 (1983-2001/02), el sistema partidario entrerriano se puede definir como bipartidista. Así, el radicalismo y el peronismo se constituyeron en fuerzas políticas mayoritarias, alcanzando conjuntamente porcentuales que rondaban entre el 90 y 96%, en detrimento de terceras fuerzas.

Durante este intervalo la política provincial estuvo monopolizada por dos personalidades: Jorge Busti (PJ) y Sergio Montiel (UCR).

A excepción del período 1991-1995, cuando la gobernación fue ocupada por Mario Moine debido a la prohibición constitucional de reelección del entonces gobernador Busti, las dos figuras mencionadas anteriormente se alternaron en el ejercicio del poder ejecutivo provincial.

La crisis de 2001/02 marcó un giro en el funcionamiento del sistema partidario entrerriano, iniciando una lógica distinta a la del período bipartidista referenciado anteriormente. En este sentido, si bien se mantiene la competencia JusticialismoRadicalismo, con escasa importancia de terceras fuerzas1, lo que varía es el desempeño electoral de cada partido.

En el período posterior a la crisis (2003-2011), se constata un

64

Dado el panorama anterior, se hace necesario conocer contenidos y efectos de la norma en la configuración del nuevo escenario político-partidario. De la lectura de la Ley 9.659 (2005) que estableció el sistema de primarias en Entre Ríos, pueden sintetizarse sus características en ciertos puntos principales.

CUADRO 1.- Características generales de la Ley N° 9659

Sancionada la ley, resulta interesante hacer un análisis de resultados inmediatos de su puesta en práctica5.

Si suponemos que uno de los objetivos de la adopción de

www.espaciospoliticos.com.ar

primarias suele ser el deseo o necesidad de garantizar un esquema partidario estable, a la luz de los acontecimientos electorales posteriores, es posible afirmar que la ley de primarias en Entre Ríos no ha mostrado resultados contundentes al respecto. Al contrario, en el PJ se ha producido una ruptura a través de la irrupción de candidaturas “por fuera de la estructura partidaria” en las elecciones generales de 2007 y de 2011 (FPV vs Lista 100 y FPV vs. FEF, respectivamente).

Por otro lado, si “en teoría” las reformas intentan democratizar internamente los partidos políticos, reduciendo el control de las élites partidarias, en el ámbito provincial esta finalidad tampoco se ha logrado desde la sanción de la norma, debido a que todos los partidos, frentes y/o alianzas presentaron lista única.

La única y llamativa excepción se produjo en 2011, con una interna al interior del FPV que se dirimió en primarias entre el gobernador Sergio Urribarri y Gerardo González, un candidato prácticamente desconocido públicamente, y con una estructura político-partidaria inexistente.

La “interna casi ficticia” contribuyó a generar una “sensación” de triunfo garantizado y de fuerte apoyo del electorado entrerriano al gobernador Urribarri. En este supuesto, la utilización de las elecciones primarias habría aportado a la consolidación de la coalición gobernante en la provincia.

Junto a la competencia entre “dos peronismos” y a la “variación de las alianzas” electorales estratégicas dentro del partido (recordemos que la dupla Busti-Urribarri se enfrentaron en 2007 a Solanas y, posteriormente, en 2011, se produjo la ruptura y enfrentamiento entre ambos, aliado ahora Urribarri a su otrora adversario, Julio Solanas), lo interesante es el fenómeno que ocurre con posterioridad a las elecciones, una vez asumidas las autoridades electas.

En los últimos diez años a la hegemonía ejecutiva se le ha agregado la legislativa, consiguiendo el PJ mayorías insólitas, como es el caso del Senado monocolor constituido tras las elecciones de 2011 cuando el FPV se impuso en todos los departamentos entrerrianos.

El triunfo del FPV se ve reforzado por la competencia de “dos peronismos” en los comicios generales. En consecuencia, el PJ oficial se consolida férreamente a través de la unificación de los “dos bloques” peronistas en la práctica legislativa, situación que le permite asegurar mayorías absolutas, como ocurre en la actual Cámara de Diputados, donde el PJ cuenta con más del 73% de los votos.

Situaciones similares se replican en los ámbitos municipales donde los intendentes electos por la corriente no oficialista, vuelven al partido y se integran a la Liga de Intendentes Justicialistas a poco tiempo de asumir.

Ante los escenarios mencionados anteriormente, la ley de

primarias, en su primera puesta en práctica (2011), se utilizó como un instrumento para consolidar el carácter dominante de la coalición en el gobierno, contribuyendo a medir y reforzar su base electoral, no así, para evitar la fragmentación interna de los partidos, particularmente del PJ que, sin obligación de competir en primarias, presenta opciones electorales alternativas en las elecciones generales.

En la práctica, los fenómenos electorales mencionados hasta aquí refuerzan la hipótesis que la crisis de 2001/02 y la adopción de nueva legislación electoral han colaborado en la consolidación del papel predominante del PJ en Entre Ríos.

BIBLIOGRAFIA Buquet, Daniel (2007). Entre la legitimidad y la eficacia: reformas en los sistemas de elección presidencial en América Latina. Revista Uruguaya de Ciencia Política-16/2007-ICPMontevideo.

Colomer, Josep M (2003). Son los partidos los que eligen los sistemas electorales (o las leyes de Duverger cabeza abajo).

Revista Española de Ciencia Política. Nº 9.

Fuertes,F; Ratto, C; Cingolani, L; Pallares, U (2004).

Avances y retrocesos en materia de sistemas electorales en las provincias argentinas. Disponible en http://www.catedras. fsoc.uba.ar/castiglioni/paper2.pdf Ley Nº 9.659 (2005).- Legislatura Entre Ríos.

Perbelli, Melina (2010). Estudios sub-nacionales: la (des) nacionalización de los sistemas de partidos. Disponible en http://www.congresodemocracia.com.ar Tribunal Electoral de Entre Ríos (www.tribunalelectoraler. gov.ar) REFERENCIAS 1 Una excepción aislada se encuentra con la aparición del Nuevo Espacio. Liderado por el entonces intendente peronista disidente de Gualeguaychú, Emilio Martínez Garbino, recogió el 18,1% de los votos a gobernador en las elecciones de 2003. A pesar de ello, la evolución de desempeño del partido no fue alentadora y en las elecciones ejecutivas de 2007, su caudal de votos se redujo al 8.5%, para llegar a su definitiva disolución en 2011.

2 Primarias abiertas y simultáneas de un voto por ciudadano.

3 Participación no obligatoria de los ciudadanos.

4 Sólo se celebran en caso que haya más de un precandidato o lista dentro del mismo partido para el/los cargo/s electivo/s que estén en disputa, ya sea en el plano provincial, municipal y/o de comunas 5 Aunque está vigente desde 2005, su aplicación efectiva se produjo por primera vez en las primarias de 2011.

65

Espacios Políticos

¿La sindicalización policial es un problema?

Rogelio Rodrigo Lic en ciencia política – Universidad de San Andrés (UdeSA) marianorodrigo@gmail.com

La democratización de la institución policial en el caso argentino ha sido una de las deudas pendientes de la democracia. Mientras que las fuerzas armadas fueron democratizadas, los intentos sobre la policía han sido escasos y siempre en carácter de “Reforma” orientada a la refundación institucional.

La historia policial en Argentina se encuentra signada por infinitos claros oscuros producto de su inalienable rol represivo y su papel durante la última dictadura militar. Lo cierto es que las condiciones laborales de la policía sufren serias deficiencias (Sarcabal, 2010).

La sindicalización de las fuerzas de seguridad es una deuda pendiente del sistema democrático argentino, “en el país del peronismo estas cuestiones no se discuten” (Sain, 2013).

La historia argentina se ha desarrollado con una fuerte impronta sindical, donde los gobiernos han buscado el consenso o la represión de los sindicatos con la finalidad de obtener un “buen gobierno”. Ahora bien estos sindicatos, han tomado distintas formas según el régimen político imperante tanto en democracias como en autoritarismos lo que ha implicado distintas luchas en cada momento histórico (Acuña, 2013).

Lo cierto es que los procesos reformistas han sido distintos en varios sentidos, pero han compartido una clara similitud: la policía no es un actor relevante para pensar el proceso de cambio. En el caso bonaerense las leyes de emergencia, dieron prórroga para apartar de la fuerza a todo aquel que no sea “apto”.

En otras palabras la maldita policía no podía autorreformarse por eso era necesario “purgas kilométricas”.

Luego de la década neoliberal, los sindicatos han logrado importantes beneficios, pero lo interesante es que sólo aquellos trabajadores organizados han logrado sueldos mayores a los de la inflación, mientras que aquellos que están en negro o con bajos niveles de organización poseen sus salarios por debajo o igual a la inflación. Por lo tanto los trabajadores policiales se encuentran en una completa desventaja para luchar pos sus derechos y salarios, ya que no son un actor agregado con capacidad de veto.

66

En un contexto en el cual la policía es retratada como una enfermedad a radicar, hablar de sindicalización policial parece algo incorrecto para solucionar los problemas que sufre la policía en su relación con la democracia. Sin embargo el fenómeno de la sindicalización de las fuerzas de seguridad es un tema presente y que cada vez toma más relevancia1.

La sindicalización policial no es algo inexistente existe en países como Uruguay, Suecia, España, Bélgica, Holanda, Sudáfrica Perú, Francia, Grecia, Alemania, Bélgica, Polonia y Estados Unidos.

Los argumentos en contra de la sindicalización policial son: -1 va en contra de la ley vigente y 2- la sindicalización policial implica darle autonomía a una fuerza que tiende a ser antidemocrática, siendo el principal problema la huelga.

Con respecto al tema legal la doctrina del “trabajo decente” propugnada por

la OIT en 1998, se encuentra en la ley 25.877 en su artículo 7. Esta idea propugna claramente la no discriminación de los trabajadores y el reconocimiento total de sus derechos. Sin embargo el convenio 87 de la OIT argumenta que hay restricciones con respecto a la sindicalización de las fuerzas de seguridad, pero la restricción no implica la nulidad del sindicato policial, además el convenio 98, reconoce la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. Por lo cual no existe ninguna ley tanto a nivel nacional como mundial que impida la sindicalización policial de hecho. Por lo tanto es un problema político, el Dr. Capón Filas (2013) mencionaba: “Estamos enseñándoles en las escuelas una materia [Derechos Humanos] que a ellos no les aplicamos” . Ergo la sindicalización policial no necesita de ninguna ley ya que las leyes actuales reconocen la sindicalización, sólo hace falta que se le reconozca a las fuerzas de seguridad el derecho a ejercer sus derechos.

El segundo argumento mencionado es la huelga y la función del sindicato. La huelga y por consiguiente el descontrol social, como bien señalan Marks (2013) y Holtackers (2013) es un diagnóstico falaz. En las sociedades con fuerte presencia sindical se logra mayor previsibilidad donde los policías mantienen mayores derechos y al mismo tiempo hay mayor estabilidad ya que las negociaciones son más simples de llevar a cabo. Con respecto al tema de huelga es un tema que debe merecer un mayor debate, lo cierto es que en algunos países el derecho de huelga existe pero de forma limitado. Por lo tanto no hay ningún motivo para descartar la sindicalización policial ya que la huelga puede ser limitada y de esta manera se estarían respetando los convenios de la OIT y reconociendo los derechos de los

www.espaciospoliticos.com.ar

trabajadores policiales.

Otro aspecto importante a destacar es que la función de un sindicato no debería ser simplemente la lucha por los salarios, ya que un sindicato también tiene otras funciones de vital importancia: mejorar el nivel de profesionalismo y de lograr mayores niveles democratización dentro de la fuerza (Holtackers, 2013).

En resumen la sindicalización policial no implicaría un problema para la gobernabilidad, permitiendo de esta manera organizar a la policía en torno a demandas colectivas más eficientes y al mismo tiempo estos sindicatos tendrían un impacto positivo en el profesionalismo de los integrantes de la fuerza.

Finalmente la lucha sindical de estos sectores implica dos problemas a resolver. Primero las lógicas democráticas en las que se desarrollan, que siguiendo a Schmitter, pueden incidir en la autonomía y el nivel de agregación de estos sindicatos. Como es sabido, las policías son provinciales y están insertas en lógicas subnacionales donde los niveles de democratización varían de forma muy amplia.

Estos distintos niveles de democracia, atenta en primera instancia contra la lucha sindical. Ejemplo es el caso de Santiago del Estero donde un integrante sufrió torturas o en Tucumán donde un integrante estuvo preso más de quince días. Por lo tanto cada sindicato debe conformarse en distintos regímenes democráticos. Esto hace necesario que los sindicatos colaboren entre sí y con otros sindicatos de distintos países para aunar esfuerzos en el camino por andar.

Otra complicación son los egos locales, ya que existen varios proto-sindicatos en cada provincia que muchas veces entran en conflicto con asociaciones de familiares policiales o círculos de retirados. Otro es la distinción tajante entre oficiales y suboficiales, en los cuales los argumentos de división jerárquica impiden la unión bajo una misma asociación, ya que muchas

veces los oficiales no apoyan las negociaciones.

El segundo inconveniente que corre el incipiente movimiento sindical es la cooptación política. Como se mencionó anteriormente no existe ley que impida la sindicalización y además los sindicatos son útiles tanto para el fortalecimiento de la democracia como para el mejoramiento de la institución policial.

Por ende aquellos políticos que propongan la conquista de mejores condiciones laborales para los integrantes de las fuerzas de seguridad, implica un bajo reconocimiento a estos sindicatos y por ende un bajo nivel de autonomía de los mismos, ya que lo que se obtiene por una ley -la cual no debería ser sancionada ya que no existe ninguna ley que impida la sindicalización- se puede remover por una ley. Además estas leyes muchas veces están redactas por fuera de los sindicatos, en consecuencia tienen una visión parcial de los reclamos de los miembros de las distintas fuerzas.

Por lo tanto los sindicatos deben ser algo más que una simple lucha de salarios o defensa de intereses, deben ser un actor que busque mejorar la institución policial con la finalidad de agiornarla a las demandas democráticas (Marks & Fleming, 2006) para poder ser un fuerte actor de veto en post de la protección de sus miembros, porque lo que ha mostrado la historia argentina es que los gobiernos negocian con los sindicatos siempre y cuando estos sean fuertes, un sindicato débil no tiene capacidad de negociación.

Por lo tanto los incipientes sindicatos policiales se encuentran insertos en un panorama promisorio. Ya que como se mencionó los sindicatos han vuelto a obtener aquellas ventajas y derechos mermados en la época neoliberal, sin embargo el sindicalismo policial como hemos visto debe enfrentar varios escollos pero principalmente el escollo de que la sociedad (y por ende el poder político) reconozca en el policía, un trabajador poseedor de derechos

y no un sujeto con el “palito de abollar ideologías” que tan bien retrató Mafalda. Entonces si la policía quiere que se le respeten sus derechos ellos deben respetar los de los ciudadanos.

Bibliografía Acuña, C. H. (2013). Expansión de derechos laborales e institución policial.

Presented at the Trabajo y Sinidcalización policial. Ejes para la discusión.

Capón Filas, R. (2013). Consideraciones jurídicas e institucionales de la sindicalización de la policía en Argentina.

Presented at the Trabajo y Sinidcalización policial. Ejes para la discusión.

Holtackers, M. (2013). Sindicalismo y policía. Presented at the Trabajo y Sinidcalización policial. Ejes para la discusión.

Marks, M. (2013). Expansión de derechos laborales e institución policial.

Presented at the Trabajo y Sinidcalización policial. Ejes para la discusión.

Marks, M., & Fleming, J. (2006).

The Right to Unionize, the Right to Bargain, and the Right to Democratic Policing. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 605(1), 178–199. doi:10.1177/0002716206287181 Sain, M. (2013). Expansión de derechos laborales e institución policial. Presented at the Trabajo y Sinidcalización policial. Ejes para la discusión.

Sarcabal, G. E. (Ed.). (2010). La nueva policía y los derechos del trabajador.

Concurso Bicentenario de la Patria: Premio Juan Bialet Massé Edición 2010.

REFERENCIAS 1 Ejemplo de ello es que para el 2010 existían más de veintiún organizaciones que buscan el reconocimiento y el hecho de la protesta de los Gendarmes y Prefectos durante el 2012 dio más notoriedad a las condiciones laborales y salariales.

67

Espacios Políticos

PARTIDOS POLÍTICOS EXTINCIÓN O METAMORFOSIS Eliana Medvedev Lic. C. POLITICA - UNCOMA - CURZA elimedve@hotmail.com

Los partidos políticos hunden sus raíces en el siglo XVII, han desempeñado roles de agregación incluso antes de llamarse partidos, su formato se moldeó pari passu la progresiva universalización del voto y desde fines del XIX han sido los principales actores colectivos de las contiendas en las arenas electorales.

Constituyen uno de los principales campos de estudio de la ciencia política, sin embargo no existen acuerdos unánimes sobre qué y que no es un partido político, su naturaleza, origen, particularidades, objetivos, límites, evolución, destino y posibilidades de supervivencia.

En 1770 Burke definió a los primeros agrupamientos de notables como agentes de las naciones, aglutinadores de ideas que reunían a grupos de individuos a partir de una causa y un objetivo común, “un cuerpo de hombres unidos para promocionar por medio de la unión de sus esfuerzos el interés nacional sobre la base de un principio concreto respecto del cual todos se muestran de acuerdo”.

Weber (1922) observando a los partidos que surgían al calor de la ampliación democrática afirmaba que, un partido político era una asociación cuyas acciones estaban siempre dirigidas a un fin deliberado, alcanzar el poder y que los líderes y sus seguidores asociados buscaban la obtención de beneficios, honor y poder personal.

Panebianco (1990), desde la teoría organizacional marcó que “lo que distingue a los partidos de otras organizaciones es el ambiente en el que desarrollan sus actividades…solo los partidos operan en la escena electoral y compiten por los votos”, procurando obtenerlos y que no los obtengan los contrarios.

Exceptuando los fines, la ideología, la composición social, los valores y reafirmando la competencia electoral por el poder, como especifica materia constitutiva, “cualquier grupo político, identificado con una etiqueta oficial, que se presenta a elecciones y que puede colocar mediante dichas elecciones a sus candidatos en cargos públicos” (Sartori, 2005) podría ser catalogado como partido.

Con una visión Latinoamericana, Abal Medina (2002) afirma

68

que los partidos políticos son instituciones “ con una organización que pretende ser duradera y estable, que busca explícitamente influir en el Estado, generalmente tratando de ubicar a sus representantes reconocidos en posiciones del gobierno, a través de la competencia electoral o procurando algún otro tipo de sustento popular… son intermitentemente actores sociales y/o estatales, de manera cambiante y en forma simultánea… cumplen un rol diferencial como articuladores de coaliciones políticas”.

Resumiendo, se los ha analizado como una unidad organizacional y como elemento del sistema político; han sido definidos como competidores ideológicos a partir de una causa o como simples competidores electorales, como un grupo de agregación de individuos con intereses similares o pertenecientes a una misma clase, como una coalición de grupos con intereses diversos, como una institución, etc. Cada corriente de pensamiento ha propuesto unas dimensiones y un propósito, que los definiría como tales.

Las definiciones tienen dificultades para identificar tanto los atributos y funciones comunes desempeñadas por los partidos en todos los sistemas de partidos, como las diferencias institucionales, sociales y culturales, pese a las cuales siguen siendo partidos.

“Dar una definición de partidos políticos no es simple, porque este fenómeno se ha presentado y se presenta con características notablemente diferentes, tanto desde el punto de vista de las actividades concretas, que ha desarrollado en lugares y tiempos distintos, como en términos de estructuración organizativa que él mismo ha asumido y asume”. (Bobbio, 2000).

Entonces no resulta extraño que desde finales del siglo XX hayan sido puestos en entredicho, la cuestión no haya sido aun zanjada y siga discutiéndose si los partidos están en crisis como agentes de representación, pues ya no logran agregar intereses ni proponer incentivos colectivos en sociedades segmentadas y desaparecerán o si simplemente están sufriendo una metamorfosis y adaptación organizativa a los nuevos escenarios y saldrán fortalecidos de la mutación.

La visión positiva considera a los partidos instituciones permanentes e imprescindibles para el funcionamiento de los sistemas

www.espaciospoliticos.com.ar

democráticos representativos ya que”simbolizan la competencia política y orientan en ésta al electorado” (Mainwaring y Scully, 1997). Sabrán por lo tanto adaptarse y responder a los nuevos retos de las sociedades contemporáneas y renacerán fortalecidos de sus cenizas.

La visión negativa ve a los partidos como una rémora para la democracia, un impedimento para las posibilidades de participación real de la ciudadanía y considera que ante su declive hay que substituirlos por otra clase de organización y retirarles la exclusividad de presentación de candidaturas ya que “estarían inmersos en un proceso inexorable de declive…convirtiéndose en actores crecientemente irrelevantes.” (Montero y Gunther, 2002) Al perder capacidad de aglutinamiento los clivajes ideológicos izquierda y derecha, difuminarse las fronteras entre las clases y desdibujarse las viejas diferencias entre lo urbano y lo rural, no pueden ya marcar un norte para orientar el rumbo de los electores y esto se trasunta en perdida de afiliaciones, desaparición de las lealtades “de por vida”, incapacidad de movilización y dispersión del voto.

Los partidos han procurado adaptarse a los nuevos escenarios modificando su organización interna y se parecen cada vez más a maquinarias electorales, diseñadas para recolectar votos. Sus fines originarios y sus objetivos de supervivencia están en franca contradicción; los incentivos colectivos, la causa mítica identitaria, la razón ideológica de ser del partido, alrededor de la cual se organizó, ya no convocan y los militantes, afiliados y votantes van detrás de incentivos selectivos y prerrogativas individuales.

Los partidos ya no cumplen con su función de representación, se han transformado en simples instancias de selección de candidaturas.

Sin embargo cuando se alude a su crisis se está pensando en el viejo formato del partido de masas que pretendía ser parte de la vida de sus integrantes de la cuna a la tumba.

En nuestras sociedades contemporáneas cambiantes y segmentadas, en las que las personas no se agrupan ni se identifican ya por pertenecer a la misma clase, no puede insistirse en que permanezca inmutable este formato. Se ha producido, de la mano de los cambios sociales, una“evolución de los partidos en las democracias occidentales, de la fase de partido de élites a partido de masas con la incorporación definitiva de las grandes masas en las democracias, posteriormente a partido catch-all, a partir del desvanecimiento de las fronteras sociales, hasta llegar a ser una organización cartelizada, fundida con la estructura estatal (Katz y Mair, 1995).

Los partidos hoy deben cumplir con funciones diferentes a las tradicionales y adaptarse a los permanentes cambios de las reglas de juego. Existe, sin embargo, un corset normativo, inherente a los sistemas democráticos liberales de occidente, que determina su formato al exigirles atenerse al cumplimiento de formas de

organización, cantidad de afiliaciones y votos, mecanismos de selección de candidaturas, sujeción al control estatal, etc. para seguir siendo considerados como tales.

Mientras este corset legal siga vigente, los partidos políticos podrán buscar modos diferentes de relación con la ciudadanía pero seguirán obligados a permanecer bajo el mismo modelo de organización, seguirán siendo el vehículo de presentación de candidaturas, cambiará la etiqueta pero el envase seguirá siendo el mismo.

En una realidad en la que los medios masivos de comunicación y las redes sociales se han constituido en el nuevo espacio público, los partidos políticos son cada vez más estructuras de escenificación, útiles procedimentalmente, para cumplir con la normativa electoral, pero carentes del significado simbólico y las funciones que les eran propias.

Hoy, al menos en Argentina, parecería que lo central son los candidatos y cuanto mueven el amperímetro de la opinión pública sus candidaturas, no el partido al que pertenecen. Hay partidos sin candidatos y candidatos sin partido. La intención de voto de los ciudadanos está atada a individualidades mediáticas, no a programas materiales o de ideas. Los acuerdos entre dirigentes, reemplazan a las coaliciones entre partidos, se arman al calor de las elecciones y parecen lejos de cualquier pretensión de perdurabilidad.

Tal vez asistimos al nacimiento de los Partidos “envase” que ya no presentan candidatos a partir de un contenido que les da sustento, sino simples recipientes descartables que contienen candidatos que los sustentan.

BIBLIOGRAFIA ABAL MEDINA, J.M. (2002) “Elementos teóricos para el análisis contemporáneo de los partidos políticos: un reordenamiento del campo semántico”. En: M. Cavarozzi y J.M. Abal Medina, eds.: El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos tras la década del neoliberalismo. Rosario: Homo Sapiens.

BOBBIO, N. y otros, directores (2008). Diccionario de política, 2t. Bs. As: Siglo XXI. KATZ, R. y MAIR, P. (2004) “La transformación de los modelos de partidos y de la democracia de partidos”. En: Zona abierta, 108/109, pág. 9-39.

MAINWARING, S. y SCULLY, T. (1995). “Sistemas de partidos en América Latina”.

MONTERO, J. R. y GUNTHER, R. (2002). “Los estudios sobre los partidos políticos una revisión crítica”. En: Revista de estudios políticos No 118, pág. 9-37.

PANEBIANCO, A. (1995) “Modelos de partidos: organización y poder en los partidos políticos”. Madrid. Alianza.

SARTORI, G. (2005), Partidos y sistemas de partidos. Madrid: Alianza.

WEBER, M. (1922)”Economía y sociedad”. México: FCE, 1996.

69

Espacios Políticos

La Influencia de la Ley de Cupo en la Representación de las Mujeres en el Poder Legislativo Provincial. El caso de la Provincia de Santa Fe (1983-2011) María Emilia Perri Licenciada en Ciencia Política Universidad Nacional del Litoral mperri@unl.edu.ar

La mujer se ha transformado en un actor importante dentro del entramado social y político a lo largo del siglo XX en nuestro país, accediendo a cargos de poder que nos hacen hoy tener la necesidad de, no sólo recapitular cuáles han sido los hitos históricos que la llevaron al rol preponderante que hoy tiene, sino también indagar en cómo se ha dado ese camino y qué es lo que todavía falta en cuanto al empoderamiento femenino, más aún y como se mostrará en el siguiente trabajo, analizar qué sucede a nivel provincial (analizando aquí el caso de la provincia de Santa Fe).

Resulta pertinente así analizar el desarrollo de una de las acciones afirmativas más importantes en cuanto a derechos para la mujer (Drude Dahlerup, 2000; Llanos y Sample, 2008; Mona Lena Kook, 2008), la Ley de Cupo y sus respectivos alcances. En Santa Fe se cuenta con la mencionada ley (Ley Nº10.802) desde el año 1992, y sin embargo, no hay un amplio desarrollo de investigaciones sobre dicho tema (Cánaves, 2008; Ferro, 2005), por lo que se hace necesario indagar sobre estas cuestiones.

Es así que los siguientes interrogantes fueron los que guiaron esta investigación, a nivel provincial, ¿podemos realmente hablar de un cambio en la representación femenina gracias a la implementación de dicha ley? Y pensando en las mujeres que acceden a car-

70

gos legislativos en esta provincia, ¿cuál es su rol ante los temas aún pendientes de la agenda femenina? ¿Es posible establecer una relación entre el número de legisladoras provinciales y el supuesto incremento del tratamiento de las problemáticas de la mujer?

En este sentido, se buscó establecer relaciones entre los números de legisladoras mujeres a lo largo del período, y la implementación de la ley de cupo en la provincia de Santa Fe (llamaremos a esto Representación Descriptiva). Para luego analizar los proyectos de leyes que demostraran cierta perspectiva de género, como así también la posición tomada por las legisladoras con respecto a dichas leyes, lo que en la teoría se conoce como Representación Sustantiva (Archenti, 2000; Childs and Krook, 2006; Susan Franceschet, 2008; Wängnerud, 2009). Se utilizó como recorte temporal el período comprendido entre los años 1983 y 201; para llevar adelante los objetivos antes mencionados se realizó una recopilación de datos en base a información periodística y de los Diarios de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe (número de legisladora, tratamiento de proyectos que aborden las problemáticas de la mujer), como también información periodística y realización de entrevistas en profundidad a mujeres relacionadas con la temática.

Desde la teoría se explica como la unión del sistema de representación proporcional y listas cerradas, y una ley de cuotas con mandato de posición, genera que los partidos políticos estén obligados a presentar mujeres para cargos legislativos,

y que las mismas no sean absorbidas por un sistema adverso (Norris, 2006; Llanos y Sample, 2008; Wängnerud, 2009).

Observando lo sucedido en la provincia de Santa Fe, podemos arribar a que el sistema electoral santafesino presenta ciertas particularidades, que llevaron a que el ingreso de mujeres no se diera de forma abrupta, como sí sucedió a nivel nacional; por el contrario, podríamos decir que disminuye las posibilidades de las candidatas en cuanto al acceso a bancas legislativas. Para argumentar esta cuestión, es necesario separar lo ocurrido en el Senado, de lo sucedido en Diputados.

En la Cámara Alta Provincial, dado el sistema electoral que no permite la aplicación de la ley de cupo, sólo presenta hoy en día una legisladora entre sus 19 miembros. Esto se debió en primer lugar al sistema mayoritario de circunscripción uninominal, que lleva a que los candidatos que se presentan en las listas suelan ser hombres.

En la Cámara Baja, por su parte la cuestión se complejiza al presentar un sistema electoral mixto, en donde el partido ganador en la elección adquiere 28 bancas por sistema mayoritario; mientras que las 22 restantes se reparten entre los demás partidos por sistema D’Hont.

Esto produce que la influencia que la ley de cupo tiene sobre esta Cámara, dado que las circunscripciones son plurinominales, se vea aplacada por dichas cuestiones. En primer lugar, las mujeres tienen mayores posibilidades de acceder a una banca en los partidos mayoritarios, dado que estos suelen ganar las elecciones y adquirir la mayoría de es-

www.espaciospoliticos.com.ar

caños en juego. Más aún, en los partidos que pierden la elección, se reparten el 44% de las bancas, lo que hace que también se vean reducidas las posibilidades de las candidatas mujeres, ya que, de los partidos que sacan mayor cantidad de votos, sólo los primeros lugares de la lista resultan electos.

Si bien la inclusión de acciones afirmativas de género permitió una mayor circulación de mujeres, no se puede dejar de lado la importancia que el sistema electoral tiene sobre la ley; el caso analizado permite observar como un sistema electoral puede menoscabar la influencia del cupo femenino y generar espacios de poca apertura política para la mujer (Llanos y Sample, 2008; Archenti y Tula, 2008; Malan Htun, 2002).

Luego, cuando se analizan los temas tratados en el recinto vemos que las problemáticas de las mujeres no ingresan conjuntamente con el aumento de las legisladoras, sino que lo hacen posteriormente, lo que estaría explicado por un cierto aprendizaje que se da del entorno legislativo por parte de los legisladores (estás cuestiones fueron expresadas por las entrevistadas). En las entrevistas surge la idea de que la legislatura es el reflejo de la sociedad, y que suele tomar los temas y las demandas que se dan en esta última, por eso en los últimos años hay un aumento de la temática de la mujer.

Lo antes dicho, dejaría desterrada la idea de que las diputadas y senadoras entran con un mandato social de defensa del género sólo por haber sido elegidas dentro del período de implementación de la ley de cupo, por el contrario las entrevistadas expresan cómo el tratamiento de estos temas por parte de las legisladoras está relacionado con la cuestión de los intereses individuales y de la militancia que cada una haya realizado. Es por esto que, una segunda conclusión del trabajo es que la representación sustantiva de las mujeres en la Cámara no está relacionada directamente con un aumento de las legisladoras, sino con una apertura social y cultu-

ral de las temáticas en la sociedad.

En cuanto a las percepciones de las legisladoras, las entrevistadas consideran que la ley fue un gran paso en la inclusión de mujeres y en la búsqueda de la igualdad de género, pero que aún las problemáticas de las mujeres es un tema de algunas pocas dentro de la legislatura provincial, y particularmente de algunas pocas diputadas. Según ambas entrevistadas, Senado es un ámbito que no promueve estos proyectos, la mayoría surge en Diputados, y tienen dificultades para lograr ser sancionados en la Cámara Alta.

De las entrevistas también surge cuáles son aquellos lugares en donde las mujeres encuentran difícil acceso, hacía dentro del recinto el principal problema lo tienen para acceder a las reuniones parlamentarias (lugar donde se deciden los temas a tratar). Y hacia afuera, la inclusión de mujeres dentro del partido se dificulta en cargos tales como delegadas ó como participantes en las “reuniones de mesa”.

El problema que a partir de esto se suscita, y que ha quedado fuera del análisis aquí realizado, es justamente cómo son las carreras políticas de las mujeres, qué es lo que pasa con la inclusión de las mismas en los partidos políticos, dado que son estos los que luego las postulan a los cargos. A partir de las entrevistas realizadas podemos tener una aproximación sobre la situación: el mayor problema lo tienen los partidos más tradicionales, como ser el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, en donde las mujeres son incluidas en las bases partidarias pero no llegan a los círculos de poder dentro del partido.

Las mujeres han recorrido un largo camino en cuanto a igualdad de género, sin embargo todavía queda mucho por delante, pues las cúpulas partidarias siguen siendo lugares masculinos, con lógicas masculinas, que deben modificarse para poder pensar una verdadera y completa inclusión política de mujeres.

Finalmente es necesario recalcar, volviendo al núcleo del trabajo, que la ley

de cupo permitió una mayor inclusión de mujeres en la legislatura santafesina (Representación Descriptiva), que implicó una masa crítica de mujeres que debería (según la teoría antes descripta) ampliar la agenda legislativa. En este trabajo se demostró, mediante el análisis de los datos recabados y de las entrevistas realizadas, que esa situación no se traduce en el tratamiento de temas vinculados a la mujer (Representación Sustantiva). Aún hoy son pocas las legisladoras que tratan estas cuestiones dentro de la legislatura, y el apoyo que consiguen suele responder a una cuestión partidaria en cuanto a apoyar los proyectos de los bloques legislativos.

Esto se observa también cuando vemos quiénes proponen los temas en la Cámara Baja, la mayoría son mujeres, y siempre son el mismo núcleo; incluso los hombres que promueven estas temáticas son un número muy reducido, y de acuerdo a las palabras de las entrevistadas suelen hacerlo con un lenguaje que poco tiene que ver con la igualdad de género.

Este trabajo demuestra que por sí sola una acción afirmativa no logra modificar las pautas culturales que se reproducen en la sociedad, y que tienen su traducción en el Poder Legislativo. A pesar del amplio camino recorrido y los derechos alcanzados, las mujeres siguen teniendo dificultades no sólo para ejercer un derecho político, como es el real acceso a cargos de elección popular, sino que la situación se complejiza al pensar en cómo deben ser tratados los temas que atañen especifica y particularmente a la mujer dentro del recinto legislativo.

71

Espacios Políticos

Algunos desafíos para la implementación de tecnologías de información en la gestión pública latinoamericana Diego Pando Director del Programa de Gobierno Electrónico de la Universidad de San Andrés

La utilización de tecnologías de información (TI) está presente en los principales esfuerzos de modernización de la administración pública latinoamericana de los últimos años, en la medida en que estas herramientas contribuyen a mejorar la calidad de la prestación de bienes y servicios a partir de la simplificación de trámites, la reducción de costos y tiempos de espera, la rendición de cuentas, el fomento de la transparencia y el incentivo a la participación de los ciudadanos.

Pese a esto, el fenómeno no ha concitado la debida atención de aquellos que se dedican a estudiar los procesos de reforma desde una mirada integral en sintonía con las complejidades inherentes a la gestión pública. En este sentido, el objetivo de este breve ensayo consiste en identificar algunos desafíos que están en el horizonte de la implementación de TI (denominada genéricamente como gobierno electrónico) y que no suelen ocupar el lugar que merecen en la agenda del (lamentablemente escaso) debate académico.

Generalmente, y como consecuencia de una mirada mecanicista que concibe a la implementación como una mera “aplicación” de un diseño previamente elaborado, negociado y acordado, se presta mucha atención a los problemas

72

relativos al diseño de intervenciones y poca atención se ha prestado a las vicisitudes propias de la implementación (Cortázar Velarde, 2007), como por ejemplo las dificultades para establecer la demanda de los ciudadanos una vez que se incorpora TI a un determinado proceso o la presión que se desata cuando el ciudadano exige que servicios similares que no incorporaron TI tengan la misma calidad que tiene aquellos que sí incorporaron.

das que ejercen los organismos públicos a la hora de informatizar procesos de captura (Gasco, 2011).

Los desafíos para la implementación de TI aquí planteados se potencian, se retroalimentan, se superponen unos a otros y terminan configurando un escenario complejo para el desarrollo del gobierno electrónico. No es posible “hacer de cuenta” que no existen porque su influencia es constitutiva de la utilización de TI en el ámbito público. Y, desde ya, son desafíos que no están dados de una vez y para siempre. A continuación identificaremos a alguno de ellos.

Así, la producción, procesamiento, utilización y transmisión de información no es considerada un insumo fundamental para la toma de decisiones, la prestación de servicios y el control y la evaluación del accionar público. Cabe agregar, además, que no solo a veces se da la espalda a los legítimos requerimientos de usuarios internos y externos sino que otras veces esos requerimientos ni siquiera existen.

1- Priorizar la gestión de datos e información Al momento de la implementación no puede desconocerse la calidad de los datos con los que se cuenta. En términos generales, la gestión de los datos públicos se caracteriza por el bajo grado de digitalización de los mismos (y, cuando lo están, muchas veces no cuentan con calidad, consistencia y disponibilidad), la disgregación de bases de datos relativas incluso a un mismo ámbito, la inexistencia de modelos de datos comunes, la baja práctica en el uso de estándares y las decisiones aisla-

Todo esto en un contexto caracterizado por el relegamiento de la gestión de la información en las agendas de los organismos, la cual muchas veces queda reducida a áreas de informática ubicadas en posiciones donde no tienen suficiente capacidad de decisión y por ende su influencia es limitada.

2- Orientar la implementación de TI hacia los Intereses, expectativas y necesidades de los ciudadanos Una característica extendida en nuestros organismos públicos es el formalismo, es decir, la proliferación de normas y procedimientos dando la falsa impresión de que existe un poder impersonal.

Ante este escenario, en la última década, diversos procesos de modernización de la gestión pública, en sintonía con experiencias internacionales, hicieron hincapié en la necesidad de avanzar hacia una lógica de gestión orientada hacia los resultados (definidos por intereses, expectativas y necesidades de los

www.espaciospoliticos.com.ar

ciudadanos).

La orientación hacia la gestión por resultados es importante para que el uso intensivo de la TI no sea una mera informatización de las operaciones ya existentes, sin considerar el valor que éstas agregan. Todo uso estratégico de TI debe evitar automatizar tareas administrativas sin analizar sus objetivos y los requerimientos de los usuarios internos (otros organismos públicos) y externos (ciudadanos, empresas). La denominada reingeniería de procesos es clave, en este sentido, para incrementar las capacidades de gestión.

3- Contemplar las implicancias del dinamismo tecnológico Cualquier acción estratégica de TI, más allá de la calidad de diagnóstico y formulación que cuente, una vez iniciada enfrentará eventos inesperados. Así, la capacidad de adaptación a circunstancias no esperadas durante la implementación, es clave para la producción de mejores resultados finales. Esto es particularmente relevante si tenemos en cuenta el dinamismo de la tecnología.

Un ejemplo de esto lo encontramos en los nuevos paradigmas de diseño y desarrollo de arquitecturas tecnológicas, entre los cuales se destaca el denominado cloud computing o computación en la nube, en el cual los organismos públicos adquieren servicios (muchas veces en modalidades de contratación del tipo suscripción) en lugar de conseguir infraestructura. Esto plantea desafíos importantes a la hora de definir los presupuestos públicos que poseen un fuerte sesgo en privilegiar instalaciones físicas y de fiscalizar su cumplimiento a través de contraloría y auditoría.

Otro cuello de botella que suele aparecer en la implementación está relacionado con los plazos de compras y adquisiciones en el sector público al momento de realizar inversiones para fortalecer infraestructura. La excesiva lentitud de los plazos de compras y adquisiciones está en tensión con el dinamismo del cambio tecnológico y termina aumentando el riesgo de la desactualización tecnológica de las compras. En este sentido,

comprar mucho de algo en poco tiempo no suele ser una buena inversión, ya que a corto plazo los costos relativos cambian significativamente. No queda otra que monitorear continuamente la oferta y la demanda y tratar de aprovechar las oportunidades, siempre teniendo en cuenta que las adquisiciones no tienen la agilidad deseable.

4- Prestar atención al proceso que da forma al contenido de la implementación Los resultados de las acciones orientadas al uso intensivo de TI en la gestión pública dependen no sólo de sus contenidos sino también del proceso que acompaña las interacciones de los actores involucrados. Aun las mejores ideas pueden no lograr sus frutos si el proceso no es el adecuado.

Hay, al menos, un par de cuestiones importantes para mirar este proceso.

Una de estas cuestiones es la tensión de carácter intertemporal. A veces, la definición y la primera fase de implementación de una iniciativa estratégica de TI genera costos a corto plazo y los beneficios sólo se perciben a mediano y largo plazo, momento en el que probablemente los puestos políticos estarán ocupados por autoridades distintas a las que impulsaron, trabajaron y “sufrieron” el proceso de mejora.

Una segunda cuestión está dada por los esfuerzos necesarios para construir (y sostener) una coalición para el cambio.

Ningún proceso de implementación de TI suele ser prolijo. Abrir datos para su reutilización, rediseñar procesos, incentivar la rendición de cuentas o impulsar la participación de los ciudadanos, no son cuestiones neutras. Muchas veces no se percibe que incorporar TI es un camino pedregoso, en el cual hay actores que se oponen al cambio y que no necesariamente tienen una alternativa sino que no se comprometen con el proceso y muchas veces no hay incentivos concretos para operar sobre ellos.

De lo mencionado en este apartado, se desprende la importancia de prever la

aparición de triunfos rápidos y de corto plazo en todo proceso de utilización intensiva de TI. Sin éstos, aun cuando sean modestos, el proceso de transformación puede perder credibilidad, muchos actores que apoyan pueden desanimarse y aquellos que resisten pueden tomar fuerza.

5- Gestionar recursos humanos La implementación de TI no es una mera cuestión de conseguir recursos económicos para fortalecer infraestructura tecnológica (cuestión que, desde ya, es muy importante). Sin recursos humanos adecuados se debilita cualquier proyecto de incorporación de TI. La escasez de una burocracia (en el sentido weberiano de la palabra) de profesionales informáticos estables, capacitados y bien remunerados dificulta la posibilidad de éxito de los procesos de cambio asociados a las TI. La mayoría de los organismos públicos tienen dificultades para conseguir, formar y retener a su personal técnico, porque el mercado ofrece mejores salarios, otorga más posibilidades de desarrollo de carrera y brinda más prestigio.

Asimismo, es frecuente detectar patologías vinculadas a una elevada rotación de jefes, tratos excesivamente jerarquizados, elevado peso de los criterios de lealtad partidaria en las designaciones, bajas posibilidades de desarrollo de carrera, todo compensado desde el punto de vista legal por la inamovilidad y por, en el mejor de los casos, una ritual evaluación del desempeño con pocos fines prácticos.

6- Operar con estándares abiertos y en entornos seguros La ausencia del principio de neutralidad tecnológica en la gestión pública genera dependencia de terceros. La utilización de estándares documentales cerrados significa compromisos presentes y futuros de los organismos públicos con un tipo particular de tecnología propietaria. Asimismo, la ausencia del principio de neutralidad tecnológica obliga a los ciudadanos a acceder a servicios electrónicos a través de aplicaciones propie-

73

Espacios Políticos

tarias cuya adquisición puede no estar al alcance de todos por el costo de las licencias. Prestar atención sobre la forma en la que la documentación pública es almacenada y accesible por parte de funcionarios y ciudadanos, es clave para que la tecnología sea aprovechada en todo su potencial.

En esta misma línea, no debe perderse de vista que los intercambios vía electrónica deben realizarse en entornos seguros y, en este sentido, las políticas de seguridad informática son esenciales. Garantizar la disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad de los datos, implementar sistemas de auditorías, control de activos, control de accesos, dotar de seguridad a las comunicaciones y operaciones, proporcionar privacidad y protección a nivel de datos, de aplicación, de host y de red, entre otros aspectos, son cuestiones relevantes para que los organismos públicos puedan llevar a cabo sus iniciativas de gobierno electrónico.

7- Evaluación para (re) orientar procesos de decisión La evaluación de las iniciativas de gobierno electrónico deviene un ejercicio imprescindible dado que estas valoraciones permiten obtener información acerca de, por ejemplo, hasta qué punto los objetivos se han logrado, qué resultados inesperados se han conseguido o qué cambios se necesitan para asegurar el éxito de los proyectos (Gasco et al, 2012).

Particularmente relevante a los fines de la implementación es la evaluación de seguimiento de la política (o monitoreo), la cual se lleva a cabo de forma continua mientras se ejecuta la política y produce información en tiempo real que es suministrada a los responsables de las distintas fases del proceso para que introduzcan las correcciones oportunas.

Lamentablemente, la práctica de la evaluación de monitoreo es escasa en general. Existe una brecha importante entre el consenso acerca de la importancia del monitoreo y las prácticas habituales de él. Muchas veces la ausencia de monitoreo lleva a mayores inversiones

74

insistiendo en esquemas erráticos de desarrollo de las experiencias de incorporación de TI. Sin evaluación de monitoreo, es muy difícil mejorar la implementación de TI, dado que no se produce la suficiente información que sirva para (re) orientar y valorar las decisiones vinculadas al diseño, la gestión y el futuro de las iniciativas.

8- Reducir la brecha digital Pese a los esfuerzos realizados por los distintos niveles de gobierno, la brecha digital sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno electrónico. Difícilmente se puede hablar de gobierno electrónico de calidad en un contexto de exclusión digital. Los servicios electrónicos brindados por los organismos públicos son actualmente aprovechados fundamentalmente por los sectores más capacitados y con mayor poder adquisitivo de la sociedad, quedando relegados los sectores con menos educación e ingresos (que paradójicamente son los que más necesitan del estado).

En este sentido, además de continuar operando sobre la cobertura de conectividad, resulta necesario avanzar hacia un mayor grado de alfabetización digital que promueva la apropiación de la tecnología no sólo en la sociedad sino también en la propia administración pública. Ciudadanos y funcionarios públicos deben estar alineados a la oferta de servicios que emanan de las iniciativas de gobierno electrónico para que éstos sean realmente aprovechados. Es importante que, desde su diseño, los servicios sean trabajados con altos niveles de usabilidad, expresada en una navegación, vocabulario, gráfica y contenidos orientados al ciudadano.

Debe ponerse especial atención en la elaboración de políticas que permitan el acceso generalizado a Internet a través de distintos dispositivos (multicanalidad) y, especialmente, potenciando la oferta de servicios a través de los medios que estén más al alcance del ciudadano.

Reflexión final

La implementación de TI en las administraciones públicas implica liderazgo estratégico por parte de políticos y directivos públicos para impulsar y sostener procesos de cambio, teniendo en cuenta que la introducción de estas herramientas tecnológicas afecta formas de gestión, modifican estructuras jerárquicas, replantea flujos de trabajo, reasigna recursos humanos y redefine partidas presupuestarias, entre otras cuestiones. Es decir, el uso intensivo de la TI altera el equilibrio de poder de las organizaciones públicas, con los costos y beneficios que esto conlleva.

Reconocer y operar sobre los desafíos que implica el uso intensivo de TI es una competencia clave para todos aquellos políticos y funcionarios públicos del más alto nivel que estén dispuestos desarrollar y consolidar procesos con valor agregado. El reconocimiento de esta conflictividad inherente al desarrollo del gobierno electrónico, sirve para llamar la atención de los riesgos asociados a promover esfuerzos guiados pura y exclusivamente por la apelación a la buena voluntad.

Bibliografía - Cortázar Velarde, J.C. (2007) “Una mirada estratégica y gerencial de la implementación de los programas sociales”, en: Cortázar, J.C. (Ed.) Entre el diseño y la evaluación. El papel crucial de la implementación de los programas sociales, BID, Washington.

- Gascó, M. (2011), “Los retos de la colaboración. ¿A qué, si no a eso, pretendemos hacer frente con la interoperabilidad?”, en Reforma y Democracia, Revista del CLAD, número 49, Caracas, febrero.

- Gascó, M.; Ysa Figueras, T. y Fernández Ple, Ch. (2012): Variables clave en la gestión estratégica de un modelo de interoperabilidad: ¿decisiones políticas o cooptación tecnológica?, XVII Congreso Internacional sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública, organizado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Cartagena, Colombia.

www.espaciospoliticos.com.ar

Entrevista con Liliana De Riz :

“El sistema electoral argentino como cementerio de terceras fuerzas” ¿Qué características posee el sistema electoral en América Latina?

Liliana De Riz: No se puede simplificar en dicotomías de ningún tipo, menos en clivajes ideológicos, Izquierda, Derecha. Tenés gobiernos más de tipo socialdemocráticos, estilo Chile, Brasil o Uruguay. Tenés después la variante andina que es muy singular si pensás en Bolivia o pensás en Ecuador, a parte de la variante venezolana.

Yo siempre sigo que puedo hacer una gruesa diferenciación entre aquellos países que hacen una gestión con sistema político más diversificado, más plural y aquellos países donde el predominio del ejecutivo y la debilidad de la oposición realmente hacen que el estilo de gobierno, el manejo de la cosa pública sean muy singular. A mí no me gusta la categoría populismo, para englobar experiencias contemporáneas porque es una caja de pandora porque desde los populistas rusos para acá se usa y cuando suma peras con manzanas y uvas finalmente no sabe de qué habla. Creo sí que hay componentes del gobierno, más similares de las variantes, chavismo venezolano, de Evo y, a su manera aunque también con muchas diferencias, de Ecuador; y Argentina es un itinerario incompleto, siempre es posible cambiar el rumbo y yo creo que no hemos perdido el tren del progreso todavía. Entonces, en América Latina hay una fuerte heterogeneidad, no se puede reducir a dicotomías simplistas y la riqueza de cada sistema político necesita un análisis más adaptado a cada caso. ¿Cómo ve el sistema electoral de Argentina?

Liliana De Riz: El sistema electoral de Argentina, desde que regresó la democracia, allá a principio de los años ochenta, arrastra problemas muy complicados. Nosotros tenemos veinticuatro jurisdicciones incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, pero tenemos un sistema proporcional en circunscripciones de muy distinto tamaño, cuando te digo circunscripciones me refiero a qué cantidad de bancas se eligen. No hay una proporcionalidad entre las bancas y la cantidad de ciudadanos, como la Constitución pretendía. Hay provincias sobre-representadas, que son las de menor tamaño. Entonces, los partidos que tienen el control de las provincias pequeñas, sobre-representadas, tienen una ventaja comparativa enorme porque les cuesta muchos menos votos conseguir una banca. Además de esta sobre-representación que permite el sistema electoral, tenés un Senado, en donde se eligen tres representantes por provincia, lo cual contribuye a la mencionada sobre–representación de las provincias con independencia de su tamaño. Y como en las provincias pequeñas, las elecciones se hacen por mitades, entonces una vez elegís dos y otra vez elegís tres, si son cinco, cuando vos elegís dos o tres bancas es un sistema mayoritario ¿Qué quiere decir esto? Que la posibilidad de una tercera fuerza es nula; entonces Argentina es un cementerio de las terceras fuerzas. A esto hay que sumarle el hecho de que este sistema privilegió a radicales y peronistas. Con la debacle del partido radical y con la modalidad de las reelecciones perpetuas de los go-

bernadores en las provincias, no hay alternancia en general. Además, la formación de partidos es territorial y no ideológica. No es como en Chile que vos decís la Derecha, la Izquierda; o en Brasil que en el congreso terminan armando alianzas según ideas políticas. En Argentina, ni el Congreso es el lugar de las alianzas, ni las alianzas o partidos se discriminan en el eje ideológico Derecha e Izquierda y, por otro lado, tenés que el peso del territorio es tan grande que se unen según las conveniencias de, hoy dirías, los caudillos locales que en el plano nacional ven cómo se acomodan. Hoy las provincias son cautivos del Poder Ejecutivo Nacional que dispone de los fondos, y los otorga dando premios y castigos. Por eso es muy difícil sobrevivir si uno quiere seguir en su cargo. Como el ejemplo de Scioli que sigue y dice “no voy a perjudicar a la gente”, porque lo que está diciendo es: si yo me rebelo no sólo tengo a los maestros subidos a la cabeza sino que no voy a tener más nada. Entonces, federalismo fiscal, federalismo político, sistema electoral como cementerio de terceras fuerzas y que la condición actual reproduce la hegemonía del peronismo y sus diferentes caras o épocas y con la pulverización del arco no-peronista, las llamas oposiciones varias que hay, entonces esto no te augura alternancia ni en las provincias ni en el plano nacional. De hecho, en la provincia de Buenos Aires a lo que estamos asistiendo es a otra interna del peronismo. ¿A qué se debe el estado actual de la oposición?

Liliana De Riz: Se debe a varias cosas, Argentina tiene una larga tradición en la cual el polo no-peronista es fragmentado porque recoge a la centroderecha, a la centroizquierda, tiene una diversidad y el Peronismo es un movimiento político que en realidad es un gran frente, que suma por identidades similares. Nosotros no tenemos un sistema de coaliciones interpartidarias ¿Qué tienen en común un radical con un socialista? Unos son radicales y otros socialistas.

Pero en el peronismo son todos peronistas, sólo que…ahora ningún peronista dice que fue menemista, fue apenas un pecado que transcurrió, pronto dirán que no fueron kirchneristas. Pero ¿qué los unen?

Que son todos peronistas. Este es un movimiento político que tiene una identidad soldada, con capacidad y flexibilidad de adaptarse a los tiempos. Pero esto no lo tienen un partido político, porque un partido político tiene una plataforma, tiene una identidad asociada al partido: si vos sos socialista, no sos radical. Pero si sos peronista, podés ser “cristinista”, “massista”, “sciolista” o lo que te guste, pero nadie va a discutir que sos peronista. En todo caso lo que discuten entre ellos es acerca de cuál es el verdadero peronismo. Y cuando un ciclo se va opacando dicen: este no era peronista, es el que va a venir. Esto es una ventaja extraordinaria en términos de competencia política, porque juntan a lo diferente soldado en una identidad cuyo contenido es vacío ¿qué es ser peronista? ¿Qué análisis hace respecto de las próximas elecciones Primarias

75

Espacios Políticos

Abiertas Simultáneas y Obligatorias?

Liliana De Riz: Argentina siempre trampea en su dirigencia política, es el único país donde hay elecciones con testimoniales ¿Qué son las testimoniales? Es una estafa al electorado. Scioli se presentó en una elección en el 2009 y se volvió a la gobernación muy campante.

Giustozzi, el segundo de Massa, le preguntan cómo se va a desempeñar y dice: “no sé, estaré donde deba estar”. Las testimoniales, las espejo, las colectoras… El modo en que se manipula el sistema electoral, es escandaloso. Los encuestadores externos dicen “es infinita la creatividad para el mal de la Argentina”. Y nosotros soportamos con cierta indiferencia; de hecho, a la gente le cuesta bastante llegar a fin de mes, viajar como viajan y soportar las dificultades de un país con inflación tan alta como para estar al tanto de este tipo de detalles. Pero, me parece a mí, que hay un grado de insatisfacción en relación con esta dirigencia política porque, entre otras cosas, están los tíos, los primos, los hermanos. Se presenta el gobernador o el intendente y después se vuelve a la intendencia y manda a la prima.

Esto es una falta de respeto a la idea de representación. Entonces la reacción es “que se vayan todos”, y se quedaron la mayoría; o, “son todos unos corruptos”. ¿Qué se espera de la oposición?

Liliana De Riz: Se espera una reforma, no necesitamos un liderazgo estridente, que revolee bastones, que grite en la televisión todos los días, una actriz tampoco. Necesitamos gente sensata que con un programa de política pública convenza a los argentinos. Yo creo que hay liderazgos importantes en la oposición, por ejemplo, ahora se presenta Terragno. Terragno es una persona que piensa a futuro, tiene cabeza estadística y es decente, además de ilustrado, como la mayoría de los que rodean a la presidenta. Esto en el arco radical,

pero también podés ver figuras interesantes que podrían, si lograran armar un partido…Porque acá, no tenés partidos, tenés movimientos articulados alrededor de personas, que obedecen al humor de la opinión, son partidos de personajes. Como por ejemplo el partido de Lilita Carrió, Pino Solanas, son personalismos rampantes. Son ellos.

Ellos son el partido, o sea, el movimiento. Massa acaba de fundar un partido, el Frente Renovador, de la noche a la mañana y él mismo es su partido. ¿Qué es? Una colección heterogénea de gente que va con Massa. Pero eso no es un partido. Un partido es una organización, es un programa de futuro, es un conjunto de personas que tienen algo en común que los motiva a unirse y, además, las redes son una forma de armar un partido en la era actual. ¿Cómo ves el uso en el campo de la política de estas herramientas de comunicación?

Liliana De Riz: Es extraordinario, porque las redes son una innovación monumental porque vos podés de la Quiaca a Tierra del Fuego, de manera virtual, organizar opiniones, puntos de vista, demandas.

Es decir, tenés una enorme capacidad. Esta es una sociedad de redes.

Tiene que haber una generación joven que se haga cargo. La dificultad en Argentina es renovar liderazgos. Ya no necesitás en la plaza un gran orador, necesitás otra cosa, por ejemplo una generación digital. Es necesaria una juventud que pueda, con esta metodología de comunicación, resultarle interesante la política porque afecta su vida. Y la política es, el medioambiente, lo que pasa con las minas; es los derechos a tener derechos y es también un ingreso digno, un país justo.

Liliana De Riz Doctora en sociología e investigadora del CONICET

Entrevista con Andy Tow: ¿Cómo surgió el atlas electoral?

Siempre estuve interesado en el potencial de Internet para la difusión de información pública. A principios de los 2000 tomé contacto con los sistemas de información geográficos (GIS) y comencé a mapear elecciones usando datos del CD del federalismo electoral argentino de Calvo y Abal Medina. Cuando lo hice con los resultados de INDRA de la presidencial de 2003 me llamó la atención la fuerte regionalización, entonces quise mostrar eso y otras cosas semejantes, y aprovechando el cúmulo de datos en formato electrónico, concebí el conjunto como una web, un atlas en línea. Me inspiraron dos sitios: el atlas de elecciones en EE.UU. de David Leip http://uselectionatlas. org y el archivo de elecciones en la República de Weimar de Andreas Gonschior http://gonschior.de/weimar, el primero por la cartografía electoral y el segundo por la estructura de archivos y estilo de diseño.

Me pareció que había un nicho vacante y me pareció que valía la pena intentarlo. ¿Cuáles fueron los obstáculos que sorteaste para que el atlas sea lo que es hoy?

Fundamentalmente encontrar el tiempo para hacerlo. Ganas por for-

76

Creador del Atlas Electoral www.andytow.com

tuna nunca me faltan. Es un proyecto independiente y unipersonal, íntegramente sostenido y desarrollado por mí, así que lo hago cuando puedo y porque quiero. Y hay cuestiones técnicas también. El atlas es un sistema de información. Empecé y sigo en lo principal con una estructura de html puro artesanal, que debería migrar completamente a una con servidor de base de datos.

Todos sabemos la extraña relación entre politólogos y números, pero vos también le agregaste programación web y de aplicaciones para Smartphones, ¿cómo fue ese aprendizaje?

Desde chico soy aficionado a la programación. Tuve una Sinclair y una Commodore. Las nociones de BASIC que aprendí entonces me han sido muy útiles. Soy autodidacta. Internet ha facilitado mucho programar porque muchas personas comparten sus soluciones, diseños y código entonces uno selecciona, combina e implementa lo que mejor le sirve. Para la web además de html vieja escuela hago php para las bases de datos y simuladores y javascript para visualizaciones. Las apps para Android en java son versiones en miniatura del Atlas, bases de datos, así que tampoco son tan complicadas.

www.espaciospoliticos.com.ar

Para mí todo comienza por una idea, una sugerencia, un conjunto de datos, eso lleva a un diseño basado en la información disponible, lo que resulta en una serie de problemas informáticos a resolver implementando tecnologías que conozco o que voy descubriendo en el proceso. Los lenguajes de programación son diversos pero tienen lógicas comunes.

Cuando te das cuenta de las posibilidades de análisis que se abren con la web y las computadoras es difícil resistir las ganas de aprender a hacerlo vos mismo por más difícil que parezca a primera vista.

En la Ciencia Política existen varios caminos: vos lograste compatibilizar el académico con estas otras esferas más de praxis. ¿Cómo alentarías a los demás politólogos que no salen a la “calle”?

A mí mi perfil académico me parece bastante discreto. Tengo la licenciatura y cursé una maestría -de la que debo la tesis- pero jamás di clases ni concreté una investigación en una institución. Mi principal contacto con académicos es por el blog, por consultas de datos esencialmente. De vez en cuando me invitan a dar alguna charla, pero soy tímido y prefiero que lo que hago hable por mí.

A los politólogos los alentaría a darse a conocer por la web y las redes sociales, estar al tanto de las bases de datos disponibles y manejar bien la estadística descriptiva, la prueba de hipótesis y las regresiones.

Aprender programación también viene siempre bien. Buscar, generar y analizar datos es fundamental. Ayuda a pensar en las relaciones que se pueden establecer cruzando datos estructurados. Además el tratamiento de la información te impone organización y método y la traducción de conceptos a datos en tablas y gráficos te da rigurosidad.

Tengo la suerte de poder investigar de manera independiente lo que me interesa y sé que no muchos tienen esa posibilidad, pero creo que es un objetivo al que apuntar.

En el atlas electoral se puede apreciar datos desde 1946 a la fecha , ¿qué aprecias con respecto al voto urbano y rural a través del tiempo? ¿se mantiene el voto partidario?

La georeferenciación indica que el voto en las grandes ciudades tiende estar asociado a diferencias socioeconómicas, con el peronismo con su base en sectores populares, el radicalismo y la izquierda en sectores medios y el centroderecha con mayor apoyo relativo en sectores de nivel alto. Esta correlación entre nivel socioeconómico y voto tiene aplicación directa en diseño de muestras para encuestas de opinión.

El voto rural es más difícil de analizar geográficamente porque la población está más dispersa y las unidades son más grandes e irregulares.

En provincias de menor desarrollo relativo se observa con frecuencia que el voto peronista en las capitales tiende a ser menor que en el interior, pero la correlación no es tan fuerte y marcada como en las áreas urbanas.

Estuviste en HackHackers, realizando coberturas en vivo de dos fenómenos como fueron el 8N y las elecciones de 2011, ¿Qué desafíos plantean los datos en vivo y si lo ves viable para otros proyectos?

Para las elecciones 2011 fui contactado por HacksHackers Buenos Aires, que es un colectivo inorgánico de periodistas, programadores, diseñadores y entusiastas del periodismo de datos. Hicimos un “hackatón”, que es una jornada de trabajo colaborativo para desarrollar aplicaciones, en este caso, para visualizar el escrutinio en tiempo real.

Yo sigo mucho el movimiento de los datos abiertos y el periodismo orientado a bases de datos, voy a eventos y aprendo mucho de la colaboración con programadores y diseñadores. La cobertura del 8N fue una iniciativa mía, a partir de la georreferenciación de los tuits y la carga de fotos en dispositivos móviles durante la protesta. El desafío principal en estas coberturas es llegar a tiempo con una aplicación funcional, que soporte bien el flujo de la información y que al mismo tiempo, que capture la mayor y mejor cantidad de datos para el análisis posterior. Uno tiene una idea general de lo que va a pasar y en función de eso desarrolla la visualización, pero suceden cosas imprevistas así que hay que estar preparado para resolver lo mejor posible los problemas que surjan en el momento.

La cuestión datos suele ser problemática, ¿qué crees que le falta a la Argentina para generar más transparencia tanto en la producción como en la distribución de datos?

Lo que hace falta es que el gobierno, universidades, centros de estudio, ONGs, investigadores, corporaciones y demás dejen de abrazar las bases de datos públicos como si fueran sus hijos chiquitos y comiencen a publicarlas de manera abierta y sistemática. Internet ha tenido un enorme impacto en la producción y difusión de conocimiento y sin embargo muchos no parecen acompañar este movimiento. Veo la apertura de datos como una oportunidad de cambio positivo. En la academia está la conveniencia de la replicación, que es importante para el debate político especializado. Los medios también pueden ganar credibilidad poniendo a disposición la base de sus hallazgos. En cuanto a los actores gubernamentales, creo que por más que escondan sus datos o dificulten el acceso, a la larga les será difícil evitar que “topos”, activistas y periodistas los pongan en aprietos. ¿Qué crees que le falta actualmente a la formación de los politólogos para generar mayores aportes al debate público?

No conozco mucho de la formación actual de los politólogos. A mí cuando estudié me hubiera gustado un enfoque más práctico y centrado en un mayor conocimiento de las estadísticas públicas y las estructuras políticas concretas. Pero como dije, mi relación con el mundo académico es a través del blog así que no me siento capacitado para juzgar qué hace falta hoy.

La gente tiende a pensar que la única elección importante es la presidencial , ¿el voto para presidente obedece al partido dominante en cada provincia? ¿cuál es la influencia de las elecciones municipales?

La dinámica electoral es distinta según si el mismo día se eligen autoridades conjuntamente que si las elecciones son separadas, sobre todo desde el punto de vista de las estrategias partidarias, los alineamientos y alianzas a nivel distrital y nacional. La elección presidencial es importante no solamente porque es el principal cargo del régimen político, sino también porque el mismo día normalmente se eligen diputados y senadores nacionales, el gobernador, legislatura e intendentes de Buenos Aires y buena parte de los demás gobernadores y sus legislaturas, boleta sábana horizontal mediante, movilizando actores en todos los distritos y en los tres niveles de gobierno por el arrastre de candidaturas.

77

Espacios Políticos

SECCION ESTUDIANTES

78

www.espaciospoliticos.com.ar

Participación política no institucionalizada: el problema de la desconfianza en las democracias contemporáneas Tomás Gold

Estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA), miembro del grupo de investigación “Las nuevas formas políticas” del Instituto Gino Germani (IIGG).

Desde hace algunas décadas, el impacto de la desconfianza en las democracias representativas viene abriéndose paso como tema de estudio en la ciencia política. Sin embargo, el tono y los augurios de dichos estudios han cambiado radicalmente. En los años ´80, Lipset y Schneider publicaban una obra de vasto análisis cuantitativo, mostrando cómo en el siglo XX se produjo una “brecha de desconfianza” creciente respecto de las instituciones democráticas (Lipset, Schneider, 1983). Sartori, algunos años después, en su clásico estudio sobre ingeniería constitucional, también dedica algunos apartados al problema del “negativismo democrático” y el rechazo a la política (Sartori, 1994). Y es que desde aquél estudio que resaltaba el desapego por las instituciones, el problema del rechazo a la política partidaria y los mecanismos institucionales de resolución de conflictos fue objeto de otro numeroso caudal de investigaciones. Los grados de accountability, las mutaciones partidarias, y el desarrollo de las instituciones participativas y deliberativas son algunos de los temas que inclusive hoy sostienen encarnizados debates en nuestra materia de estudio.

Sin embargo, la preocupación por la desconfianza no es nueva. Aunque la coyuntura de las últimas décadas presente ciertos rasgos novedosos que es necesario analizar respecto de este tema, la desconfianza siempre ha causado escozor a los teóricos políticos del pensamiento occidental. Como demuestra Rosanvallon, podríamos remontarnos tiempo atrás para sumergirnos en las discusiones sobre el derecho medieval de resistencia y las discusiones sobre los límites de la soberanía

(2007). O también retornar a la filosofía griega y su idea de equilibrio (O´Donnell, 2004), profundizando en la doble cara de la ciudadanía ateniense, asamblearia y judicial (Rosanvallon, op.cit.). Inclusive, algunos teóricos contemporáneos recuperan las ideas del republicanismo clásico para impulsar la necesidad de un control al poder político, resaltando la necesidad de involucramiento de los ciudadanos en la vida pública y el desarrollo de mecanismos “contestatarios” (Pettit, 1999).

Ahora bien, deberíamos reconocer que no es casual que las obras aquí citadas sean de las últimas décadas. Si bien la preocupación por la desconfianza en los regímenes políticos es de larga data, al problema de la desconfianza en las democracias representativas actuales no se le ha prestado demasiada atención. Inclusive, como se aclaró al principio, el “tono” de la bibliografía cambió en algunas pocas décadas. Si en los ´80 se consideraba que la brecha abierta por la desconfianza en las instituciones y en la representación aumentaría hasta destruir la democracia misma, hoy llega incluso a verse como “saludable” la idea de la desconfianza ciudadana. El fantasma de la “crisis de representación” no pareciera haberse materializado, y la democracia representativa se nos presenta como mucho más “flexible” de lo que cualquier politólogo podría haber esperado.

Dentro de este contexto, han surgido ciertas discusiones sobre el rol que juega la ciudadanía en cuanto a la desconfianza democrática. O, en otras palabras, la pregunta acerca de, en qué medida, y bajo qué formas, la gente desconfía o no de la política (y los políticos). Si bien se re-

gistra hace pocas décadas un incremento de protestas y participación ciudadana, éstas se dan bajo distintos marcos y tienen distintas consecuencias que aquellas formas clásicas del llamado por Hobsbawm “corto siglo XX”. Ahora bien, si en el ya citado estudio de Sartori éste renegaba de aquellas protestas que rechazaban la política identificándolas como “anti-políticas”, nuevos estudios -con un grado menor de normatividad- intentan rescatar ciertas características de lo que algunos politólogos han llamado “participación política no institucionalizada” o “políticas de protesta”. Como señalan varios autores, este tipo de manifestaciones presenta nuevos “repertorios” de acción colectiva y formas de organización que, en general, suelen ser episódicos y centrarse en el rechazo hacia algún tema o un puñado de temas considerados relevantes. Sin embargo, suelen tener gran repercusión política y ejercen muchas veces un grado variable de presión, control o accountability sobre los políticos encargados de tomar decisiones consideradas de importancia (Manin, 2007). Pero quizás lo más interesante de este tipo de movilizaciones sea que generan ciertas tensiones al oponerse tangencialmente a las instituciones clásicas de representación y a la resolución por canales institucionales de los conflictos en la sociedad.

Entendiéndolos de esta manera, estos movimientos basados en la desconfianza entran en conflicto con la representación electoral y la idea de la legitimidad por el voto, uno de los pilares de las democracias representativas. Por esta razón, el tema divide aguas entre los académicos: si bien algunos ven en estas manifestaciones un carácter “antipolítico” que se opone y mina los cimientos institucionales de la democracia, otros los plantean como mecanismos que contribuyen

79

Espacios Políticos

notoriamente al funcionamiento democrático haciendo de “contrapeso” frente a decisiones que no necesariamente favorecen a las mayorías (o directamente avasallan a ciertas minorías).

No existen respuestas fáciles frente a este dilema teórico. Este tipo de manifestaciones tienen un carácter positivo que ha resaltado la politóloga Pippa Norris: llevan las cuestiones políticas al ámbito público.

Este autora sostiene que este tipo de movimientos constituyen un “fénix democrático” al reinventar el activismo cívico por medios no convencionales (2002). Otros pensadores, como Pierre Rosanvallon, nos previenen frente al riesgo de que, al evitar las instituciones, se destruya cualquier pertenencia al “mundo común” que simbo-

lizan las mismas. Finalmente, podríamos preguntarnos: ¿es posible la construcción de ámbitos políticos inclusivos y duraderos a partir de este tipo de expresiones negativas y reactivas de desconfianza? El debate sigue abierto e, indudablemente, la ciencia política necesita desarrollar herramientas teóricas para poder comprender estos nuevos acontecimientos.

Bibliografía Lipset, S.; Schneider, W. (1983): The confidence gap: business, labor and government in the public mind, John Hopkins University Press, New York.

Manin, B. (2007): “Publikumsdemokratie

revisited”, en Kritik der repräsentativen Demokratie, Matthes y Seitz, Berlin.

Norris, P. (2002): Democratic Phoenix: Reinventing political activism, Cambridge University Press, New York.

O´Donnell, G. (2004): “Accountability Horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política, en Revista Española de Ciencia Política, nº 11, pp.

11-31 Pettit, P. (1994): Republicanismo: una teoría sobre la libertad y el gobierno, Paidós, Buenos Aires.

Rosanvallon, P. (2007): La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, Manantial, Buenos Aires.

Sartori, G. (1994): Ingeniería constitucional comparada, FCE, México.

El comportamiento electoral: ¿una cuestión identitaria o una cuestión económica?

Ayelén Vanegas

Estudiante avanzada de Ciencia Política (UdeSA) “Es necesario que un príncipe que desee mantenerse en su reino, aprenda a no ser bueno en ciertos casos, y a servirse o no servirse de su bondad, según las circunstancias lo exijan”(Maquiavelo, 2005:124).

La historia de las coaliciones electorales en Argentina ha vislumbrado una relación estructural dado su comportamiento, en gran medida inmutable1 a lo largo del espectro político de la segunda mitad del siglo XX (Ostiguy,2009:1). El sistema bipartidista que caracterizó a dicho período puede ser considerado “polarizado por clases”, tal como lo señalan Lupu y Strokes al ilustrar la relación existente entre la clase trabajadora y el voto peronista por un lado, y el apoyo de las clases medias y altas hacia el radicalismo por otro (2009:517, 528). Dado que existe una correlación entre la clase social y el modo en el que los ciudadanos votan, es relevante analizar si las políticas económicas adoptadas por los diferentes gobiernos, como determinantes de ganadores y perdedores en el juego sociopolítico, son coherentes con las pre-

80

ferencias de aquellos miembros de las coaliciones que han permitido sus victorias.

De este modo, el propósito del siguiente ensayo consiste en analizar, desde una enfoque estructuralista, cuán consistentes fueron, con respecto a sus bases electorales, las políticas económicas adoptadas por los gobiernos justicialistas a lo largo del siglo XX y a partir de ello, en qué medida, la ausencia de aquella solidez impactó en el comportamiento electoral de los ciudadanos y la viabilidad electoral del partido.

Dado que el objetivo de la formación de los partidos políticos radica en lograr que sus miembros accedan a cargos gubernamentales, es necesario que, en primer lugar, procuren la maximización de votos (Leiras, 2007:18). De este modo, la posibilidad de que su objetivo se concrete depende de la elección de la ciudadanía, y es allí donde se halla la base de la riqueza de este análisis.

Gerchunoff y Llach al analizar la relación entre la distribución del ingreso y la ubicación de la economía en los ejes de apertura comercial y sesgo al endeudamiento, conforman una tipología de las diferentes políticas económicas implementadas por

los diversos gobiernos desde fines del siglo XIX hasta comienzos del nuevo milenio.

De esta forma, me serviré de ella para el objeto de análisis a lo largo de las siguientes líneas. Dentro del Partido Justicialista, es posible identificar una dependencia de la trayectoria en cuanto al tipo de economía implementada, la cual resulta consistente con los intereses de las coaliciones que han permitido su victoria2. Sin embargo, hacia 1990, el gobierno a cargo de Carlos Menem impulsó un cambio en la trayectoria de las políticas redistributivas, desplazándose hacia una apertura y un mayor endeudamiento. El incremento de las importaciones provocó un déficit en la balanza comercial, a la vez que el rápido crecimiento económico no contribuyó a un aumento de la oferta laboral y se vislumbró una disminución de los niveles de actividad y empleo. Este viraje en la política económica no se reflejó en el comportamiento electoral y en la viabilidad del partido justicialista ya que “así como los sectores populares no abandonaron drásticamente a los peronistas a pesar el giro neoliberal del partido, la clase media no se distanció de los radicales a favor de los peronistas” (Lupu y Strokes, 2009:531). El interrogante que emerge ante tal situación, es

www.espaciospoliticos.com.ar

cómo a pesar de las reformas drásticas emprendidas, el líder del PJ permaneció electoralmente viable. La respuesta a ello, del modo en que Lupu y Strokes lo han señalado, puede hallarse tanto en el empleo de la estrategia clientelar como en su estrategia para direccionar fondos a las provincias pequeñas con sobrerrepresentación en el congreso nacional.

Entre los autores que han escrito a favor de la primera postura, se halla Steven Levitsky quien sostiene que el clientelismo, para los partidos de base sindical como el PJ, es el modo más viable políticamente de implementar reformas neoliberales conservando el apoyo de las clases bajas. De este modo, el proceso de desindicalización y desmantelamiento de los mecanismos de participación obrera tradicional fueron remplazados por redes clientelares que contribuyeron a diluir las protestas de los sectores populares en medio de la crisis económica y la reforma neoliberal (Levistky, 2004:3, 25). Sin embargo, si bien el empleo público es utilizado como herramienta redistributiva dado su significativo impacto electoral3, éste no constituye el comodín del partido justicialista que le permite ganar una jugada sin contar con la presencia de otros factores. Entre ellos, posee un relativo grado de significatividad y mayor impacto la pertenencia del gobernador y del presidente al mismo partido (Levistky y Murillo, 2005:219; Calvo y Murillo,2008:529).

En cambio, Gibson y Calvo, sostienen que el federalismo ha contribuido a compensar las asimetrías regionales, otorgándole a las regiones con poco poder económico y baja densidad demográfica mayor peso en el gobierno nacional. De este modo, la sobrerepresentación produce un desequilibrio entre la distribución territorial de recursos políticos y la de recursos económicos, que brinda al PJ nuevas alternativas para facilitar la viabilidad política de su programa de reformas (2001:185,203). Con el objetivo de mantener el apoyo político de la periferia se llevó a cabo una estrategia de escalonamiento de costos de la reforma económica, concentrando los costos en áreas donde se ubicaba la mayor parte del empleo público nacional, así como a su vez se incrementaron los subsidios del gobierno federal a los gobiernos provinciales

durante el período de reforma del Estado.

Tal como indican Calvo y Murillo (2008), el PJ tiene una distribución del voto más alta en los distritos que tienen más posibilidad de influir sobre las decisiones de distribución de los recursos adicionales entre las provincias, así como también, los sesgos mayoritarios en las provincias pequeñas genera que el predominio electoral del PJ goce de una mayor claridad institucional, que incrementa su capacidad de incidir, por ejemplo, sobre los presupuestos públicos. De este modo, de acuerdo al análisis de estos autores, el patronazgo no compra la elección, es una característica del tipo del vínculo que establece el partido con la población, lo cual se traduce en una ventaja electoral.

A lo largo del presente ensayo se ha demostrado que, si bien para las teorías de la elección racional el comportamiento electoral se halla mayormente determinado por la consistencia de las políticas económicas adoptadas por el gobierno, la adopción de políticas neoliberales por parte de un gobierno justicialista que perjudica a sus bases electorales tradicionales, no ha impedido su reelección. Tal como lo señala Gervasoni: “lejos de provocar descontento y rechazo generalizado, el programa de estabilización y reformas estructurales lanzado en 1989 había contribuido a generar, hacia 1995, una vasta estructura de apoyos por parte de sectores muy diversos de la sociedad (…) ni siquiera el segmento identificado como el más golpeado por las políticas de estabilización y reforma estructural, el de los desempleados, votó claramente contra del oficialismo” (1998:28).

A pesar de que el empleo público ha sido utilizado como herramienta redistributiva y posee un impacto electoral significativo, funciona más como un mecanismo de seguro frente al riesgo de sectores económicos provinciales simples y vulnerables que como un mecanismo de compra de votos.

Desde mi punto de vista, la estabilidad del voto hacia el partido justicialista, incluso cuando se han adoptado políticas económicas adversas, dependió en mayor medida de la capacidad del líder para articular las instituciones del sistema federal, reteniendo a su electorado tradicional y atrayendo a sectores habitualmente alejados del peronismo, así como también a partir de la

fortaleza y solidez de los lazos identitarios con las clases bajas.

BIBLIOGRAFÍA Calvo, E. and M. V. Murillo. 2006.

“A new iron law of Argentine politics? partisanship, clientelism and governability in contemporary Argentina.” In S. Levitsky and M. V. Murillo, ed.

Argentine Democracy: the politics of institutional weakness. University Park: Pennsylvania University Press: 207-228.

Calvo, E. and M. V. Murillo. 2008. “¿Quién Reparte? Clientes partidarios en el mercado electoral argentino”. Desarrollo Económico 47(188): 515-542.

Gerchunoff, P. and L. Llach. 2003. “Ved en trono a la noble igualdad: Crecimiento, equidad y política económica en la Argentina, 1880-2003.” Buenos Aires: Fundación Pent.

Gervasoni, Carlos. 1998. “Del Distribucionismo al Neoliberalismo: Los Cambios en la Coalición Electoral Peronista durante el Gobierno de Menem”. Buenos Aires Gibson y Calvo. 2001. “Federalismo y Sobrerepresentación: la dimensión territorial de la reforma económica en la Argentina” en Calvo, Ernesto y Abal Medina, Juan Manuel. El federalismo electoral argentino. Sobre representación, reforma política y gobierno dividido en Argentina.

Eudeba. Buenos Aires.

Leiras, Marcelo. 2007. Todos los caballos del rey: la integración de los partidos políticos y el gobierno democrático de la Argentina. Buenos Aires, Prometeo. Introducción: “Organizaciones partidarias, gobierno democrático e integración nacional de la competencia política en la Argentina:” 13-40.

Levitsky, Steven. 2004. “Del sindicalismo al clientelismo: la transformación de los vínculos partido-sindicatos en el peronismo, 1983-1999”. Desarrollo Económico.

44(173):3-32.

Lupu, N. and S. C. Stokes. 2009. “Las bases sociales de los partidos políticos en Argentina” 1912-2003. Desarrollo Económico 48(192): 515-542.

Maquiavelo, Nicolás. 2005. El Príncipe.

Reysa Ediciones, Buenos Aires.

Ostiguy, P. 2009. “Argentina’s double political spectrum: party system, politi-

81

Espacios Políticos

cal identities and strategies, 1944-2007: Helen Kellogg Institute for International Studies, Working Paper # 361.

REFERENCIAS 1 Sobrevivió a los golpes de estado que han interrumpido el desarrollo de la democracia a lo largo del siglo XX.

Ésta puede ubicarse predominantemente en el cuadrante que combina una economía cerrada con elevados índices de endeudamiento, el cual si bien no es sustentable en términos económicos es el de mayor atracción en términos políticos dado que conlleva a una mejor distribución del ingreso permitiendo una mayor 2

ESTUDIANTES X ESTUDIANTES Alumno: Matías Tarillo (UdeSA) ¿Qué te llevó a estudiar ciencia política?

La pasión por el objeto de estudio. No conozco ningún politólogo (actual o futuro) que no sea un apasionado por la actividad política desde afuera o desde adentro, y cuando uno siente eso vocacionalmente no hay razón alguna por la cual frenarlo. ¿Qué libros o autores recomendás?

“La política después de los partidos”, de Isidoro Cheresky, tiene un marco teórico muy interesante para entender los avatares del sistema de partidos argentino. También creo que “Democracia delegativa”, compilado por Guillermo O´Donnell, posa sus ojos en un objeto que debemos mirar con cierta atención quienes nos interesamos por la actualidad argentina y latinoamericana. En líneas generales, también me gusta mucho leer a Juan Carlos Torre, Ernesto Calvo, Steven Levitsky y Carlos Acuña, entre otros. ¿Qué área de la ciencia política te gusta más?

El diseño de las instituciones y su influencia en la dinámica política (tanto gubernamental como electoral) de un determinado Estado. También me gusta estudiar sistema de partidos, políticas públicas y la relación entre política y periodismo, que se inscribe en la comunicación política. ¿Cuál es tu referente? (Profesor, académico, político, etc) En primer lugar, decididamente Carlos Acuña, que es quien fundó la Maestría en Administración y Políticas Públicas de UdeSA. No solo es académicamente brillante, sino que es de una calidad humana excepcional. A él debo el haber podido empezar en primer año a investigar, y con él sigo trabajando. También lo son Walter Sosa (economista, presidente de la AAEP) y Diego Pando (con quien también trabajo; profesor de grado y posgrado de UdeSA), que tienen una lucidez y una humildad fuera de serie. En la política, creo que Gustavo Pulti, intendente de Mar del Plata, está haciendo una gran gestión, y es alguien con quien me identifico en ese ámbito ¿Qué actividades desarrollas vinculadas a la ciencia política? (académicas/gestión, etc) Actualmente, además de presentar un trabajo en el XI Congreso de la SAAP, soy ayudante de investigación de Carlos Acuña y Diego Pando y vicepresidente del Centro de Estu-

82

transferencia de ingresos a los trabajadores (Gerchunoff y Llach, 2003:17).

3 El empleo público es una herramienta identificable, permite reconocer con claridad quién es el beneficiario y a quién se le debe agradecer, posee fuertes señales electorales que permite que sus posibles riesgos se disipen.

ENTREVISTAS

diantes de la Universidad de San Andrés. También asumí muy recientemente como Presidente de la Federación Argentina de Universidades Privadas.

Año y Universidad 3ro, UdeSA.

Alumno: Matías Cantisani (UCA) ¿Qué te llevó a estudiar ciencia política?

Estudio Ciencias Políticas porque me apasiona la política, porque cada vez que escucho un discurso político no puedo evitar analizarlo, porque me preocupa mucho conocer cuales son las problemáticas de mi sociedad en profundidad y saber cuales podrían ser las decisiones políticas correctas para brindarles soluciones a las mismas, porque quiero impulsar un cambio, porque la Política es mi vocación. ¿Qué libros o autores recomendás?

Me gusta mucho Sartori, Giovanni. Recomiendo sus libros “Teoría de la Democracia” y “Partidos y Sistemas de Partidos” ¿Qué área de la ciencia política te gusta más?

Son dos las áreas que mas me interesan: A. La opinión pública y la comunicación política.

B. La Administración Pública. ¿Cuál es tu referente? (Profesor, académico, político, etc) Fabián Calle http://www.flacso.org.ar/cv.php?id=87 ¿Qué actividades desarrollas vinculadas a la ciencia política? (académicas/gestión, etc) Anteriormente milite 4 años en el partido “Propuesta Republicana” de la Capital Federal. Actualmente Estoy metido en la política estudiantil de la UCA (Tengo la suerte de participar de diversas áreas de mi Comunidad Académica). Soy miembro de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes de mi Universidad, desempeño el cargo de 1er Vocal en el mismo y tengo a mi cargo, junto a otros colegas, el manejo del Consejo de Delegados.

Año y Universidad 3er Año Carrera Ciencias Políticas, Universidad Católica Argentina