Revista Nº5 - EP

www.espaciospoliticos.com.ar

Año 10 - nº 5 - Agosto 2009 / Buenos Aires - Argentina Distribución gratuita - Prohibida su venta

Escriben Miguel De Luca Andrés Malamud Pablo Barberis Carla Carrizo Mario D. Serrafero Gastón Mutti Martín D’Alessandro Flavia Freidenberg Silvia Fontana Diego Gantus María Braun Gabriela Catterberg Helena Rovner Estela Garau Constanza Mazzina Tulia G. Falleti Marcela Ballabio Gonzalo Diéguez Ariel González Pablo Lozada Castro Luis Tonelli Pablo Bulcourf Nelson Cardozo María Elena Martin Maximiliano Rey Alexandra Lizbona Juan Bautista Lucca Mario Riorda Inés Ksiazenicki

Entrevistas

10 Tadeo García Zalazar Mariano Boiero Martin Cosentino

Espacios Políticos cumple 10 años de vida (1999 - 2009)

www.espaciospoliticos.com.ar ! info@espaciospoliticos.com.ar

Espacios Políticos

Editorial 10 años pasaron desde que decidimos empezar con este pequeño proyecto que llamamos Espacios Políticos.

Estábamos cursando los primeros años de la carrera de Ciencia Política en la UBA y junto con un amigo y colega, Gonzalo Diéguez, entendimos que faltaban espacios para la divulgación y el debate plural y abierto.

Empezamos con una página web en agosto de 1999, y dos años después lanzamos nuestra primera edición impresa en el Congreso de la SAAP de Rio Cuarto.

10 años después, y luego de que corra mucha agua bajo el puente, seguimos apostando a esta pasión que es la Ciencia Política.

Este número es la quinta edición impresa y además este año lanzamos nuestra página en Facebook, relanzando nuestro site bajo la modalidad 2.0 No tengo mas que palabras de agradecimiento a todos lo que de una u otra forma colaboraron con esto.

Lic. Maximiliano Campos Rios Director General

Quiénes somos?

Consejo de Expertos: Dr. Guillermo O´Donnell, Dr. Ludolfo Paramio, Dr. Andrés Malamud, Dr. Juan Manuel Abal Medina (h), Dr. Mario Riorda, Mg. Gastón Mutti, Dr. Fabián Repetto, Dr. Arturo Fernández, Dr. Jorge Battaglino Director General Lic. Maximiliano Campos Rios (UBA-UdeSA) Director Académico Lic. Gonzalo Diéguez (UBA-UdeSA) Coordinadora General Lic. Laura Paonessa (UdeSA)

Mesa Ejecutiva: Lic. Camilo Vedia, Lic. Emilio Vitale, Lic. Mauro Solano, Lic Daniela Duverne.

Staff: Uriel Kuzniecki (UdeSA), Lic. Walter Caamaño (UBA) Lic. Juan José Rusailh (UBA), Giselle Slabusky (UNSJ), Alicia Camaño (USTA), Lic. Carolina Von Oertel (UNICEN), Lic. Sergio Carrizo (UNLR), Lic. Pedro San Martín - Lic. Julio Aguirre (UNCU), Lic. Nicolás Caputo, Lic. Aldana Ahumada, Lic. Luciano Jáuregui, Lic. Octavio Tesone, Lic. Bárbara Quiñones Rojas, Lic. Sebastián Quadrana, Lic. Gonzalo Ranea Arias, Lic. Deleandra Espinato, Lic. Emiliano Arena, Lic. Gustavo Rojas, César de Cequeira.

Sumario: p.03 > El IX Congreso Nacional de Ciencia Política. p.04 > Argentina en el espejo (retrovisor) de Brasil. p.05 > El aliado poco fiable. p.06 > Sobre República y Presidencialismo en el Post-kirchernismo1: ¿Volver a empezar? p.08 > ¿Atenuación del presidencialismo o democratización de la presidencia? p.10 > Demuestre su interés! Prácticas republicanas y democráticas en la provincia de Santa Fe. p.11 > Del Otro Lado Del Mostrador: (Ciencia) Política Y Gestión Pública. p.12 > Compromisos programáticos y estabilidad del sistema de partidos. p.13 > Del Otro Lado Del Mostrador: (Ciencia) Política Y Gestión Pública. p.14 > ¿Democracia sin partidos? El sistema de partidos ecuatoriano tras las elecciones de 2009. p.15 > “Gestionar el Riesgo o Gestionar en el Riesgo... ” p.16 > Cooperación y desempeño económico: apuntes para una contribución desde la Ciencia Política. p.18 > Reflexiones sobre el campo de la Opinión Publica en Argentina. p.20 > Barack Obama y América latina: desafíos para el presente p.21 > Del Otro Lado Del Mostrador: (Ciencia) Política Y Gestión Pública. p.22 > El federalismo y los gobiernos locales en Argentina y Brasil. p.24 > Cada quien atiende su juego. - Consecuencias del adelantamiento de las elecciones p.26 > Armando el recompecabezas en el área metropolitana de Buenos Aires: el desafío de articular soluciones y coordinar políticas públicas entre distintos niveles de gobierno. p.27 > Obama y el nuevo escenario global: desafíos y riesgos de la diplomacia en Medio Oriente. p.28 > 2011: desafíos y final abierto. p.29 > Nada por aquí. ¿Algo por allá? p.30 > Quien quiera oir que oiga: algunas reflexiones sobre la ciencia política en la Argentina a comienzos del siglo XXI. p.32 > Género y Ciencia Política. p.34 > Las variables relevantes en el análisis de las políticas públicas multinivel: ¿Sólo importa la billetera o el escudito partidario? p.35 > Venezuela: y su nuevo mapa político regional… ¿y la descentralización? p.36 > ¿Cabeza de ratón o cola de león? El dilema de la integración en América latina. p.38 > Consejos para políticos latinoamericanos. p.40 > Érase una vez una tradición, entre alusiones y desplazamientos ideológicos.

Agradecimientos A: Martín Lardone, Universidad Católica de Córdoba, Gustavo Marangoni, Banco Provincia, Pablo Bulcourf, Revista Posdata, Laura Paonessa y toda la red de compromiso joven de UdeSA, Ayelen Ghersi, Luciana Montesino Boero, Uriel Kuzniecki, Delfina Garcia Hamilton, a los amigos de politicacomparada.com.ar A los más de 150.000 visitantes anuales de nuestro web site y los 2.300 fans del grupo facebook. A todos y todas, y perdón si nos olvidamos de alguien (eso sucede irremediablemente). Muchas Gracias!

www.espaciospoliticos.com.ar

El IX Congreso Nacional de Ciencia Política

«

Miguel De Luca*

D

esde 1993 e invariablemente cada dos años, una localidad de nuestro país registra, por unos pocos días y en unos escasos metros cuadrados, una excepcional concentración de politólogos y profesores, investigadores y estudiantes de ciencia política, gobierno y relaciones internacionales, muy por encima de su promedio habitual. El motivo de tan particular fenómeno es, ni más ni menos, la regular realización del congreso nacional de la Sociedad Argentina de Análisis Político, comúnmente conocida como “la SAAP”.

Los congresos nacionales bianuales de la SAAP constituyen la actividad más relevante entre todas las organizadas por la entidad que reúne a los politólogos y analistas políticos argentinos. En efecto, los congresos son una instancia única -por masividad y diversidad de procedencia de los concurrentes- para el encuentro y el intercambio de ideas y noticias entre científicos sociales de todo el país, como también para la exposición de avances en investigaciones en curso o de difusión, entre otros, de artículos o libros recientes y para el establecimiento o la consolidación de vínculos institucionales y personales. Aunque en términos cualitativos -tales como la vigencia de los debates o el calibre de los expositores y panelistas- existe una brecha respecto de eventos regionales e internacionales similares -por ejemplo las reuniones de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) y la Asociación Internacional de Ciencia Política (IPSA)-, en cuanto a las mencionadas cantidad de asistentes y variedad de origen de los participantes ar-

gentinos, ninguna de estas convenciones logra alcanzar dimensiones equiparables para los analistas políticos vernáculos.

Los congresos también resultan importantes para la SAAP por otros dos motivos. Primero, en los congresos (y en un corto período que los antecede) se produce de manera uniforme la más significativa incorporación de nuevos miembros y la ratificación de la membresía de los ya existentes, ambos procesos vitales para toda asociación voluntaria. Y, segundo, porque desde la realización regular de los congresos nacionales iniciada en 1993 se generó un cambio importante en la trayectoria y las características de la SAAP. En efecto, con el primer congreso de la SAAP en Huerta Grande (Córdoba), impulsado especialmente por el entonces presidente Edgardo Catterberg, la asociación aumentó en forma considerable su número de socios -en particular nutriéndose con jóvenes graduados-, logró una mejor difusión de sus actividades y adquirió una mayor presencia y visibilidad, sobre todo en el interior del país.

Entre el 19 y el 22 de agosto tendrá lugar la novena edición de este congreso nacional de ciencia política, esta vez coorganizado por la SAAP, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).

El evento se desarrollará en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, asiento del gobierno de la provincia de Santa Fe, cabecera del departamento La Capital, lugar de sanción de nuestra constitución histórica y también sede de la Convención reformadora de 1994.

Entre las distintas actividades congresionales están previstas las clásicas sesión inaugural y sesiones plenarias, las

conferencias, los paneles, los grupos de investigación, las mesas especiales, las presentaciones de libros, revistas y páginas web y, por supuesto, la “politiconga”, la fiesta-baile de cierre del encuentro.

El tema de convocatoria es “Centros y periferias: equilibrios y asimetrías en las relaciones de poder” y, tal como resulta usual en encuentros académicos de este tipo, en este IX Congreso Nacional de Ciencia Política el debate se organizará en diferentes áreas temáticas, subdivididas a su vez en paneles con exposiciones.

Las áreas previstas son Relaciones Internacionales; Estado, Administración y Políticas Públicas; Opinión Pública, Comunicación Política y Comportamiento Electoral; Historia Política; Teoría y Filosofía Política; y Política Comparada y Metodología de la Ciencia Política; en esta oportunidad, el número de paneles temáticos roza el centenar y las ponencias a exponer y debatir superan en poco las cuatrocientas. En el marco del IX Congreso está previsto asimismo el desarrollo de paneles de estudiantes, el IV Encuentro Nacional de Directivos de Carreras de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y disciplinas afines, y la IV Jornada sobre Partidos Políticos Provinciales. Y, por supuesto, también todos y todas aguardan una nueva edición del “congreso fuera del congreso”, es decir, las conversaciones de los participantes en los corredores que comunican las salas del encuentro, en el bar-comedor universitario, en los pasillos de los hoteles, en las reuniones espontáneas a la salida de las conferencias y en las cenas entre viejos y nuevos amigos.

En pocas palabras, este IX Congreso Nacional de Ciencia Política resulta una inmejorable oportunidad para actualizarse con las novedades en la disciplina, (re)encontrarse con colegas y conocidos, forjar nuevos vínculos personales y profesionales, y debatir y reflexionar sobre problemas y argumentos de común interés. *(Universidad de Buenos Aires) Presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP).

> p.01

Espacios Políticos

L

«

os dispositivos republicanos –liberales como los son el sistemas de frenos y contrapesos, la autonomía de los poderes (legislativo, judicial, y ejecutivo) el federalismo, la periodicidad, y la limitación de los mandatos son todos mecanismos constitucionales con la finalidad de equilibrar el poder de modo de evitar el despotismo o la arbitrariedad de la autoridad pública. Como decía Norberto Bobbio entre otros motivos la república –liberal se configura contra el absolutismo del poder estatal.

Lo que no dicen los intelectuales republicanos Mauro Forlani*

Por ejemplo en el caso de San Luís la ausencia o la debilidad de estos mecanismo ante la heguemonía de los Rodríguez Saa que hace 25 años gobiernan la provincia permite cierta arbitrariedad de estos en el manejo de la cosa pública como, y voy a expresar un ejemplo bien concreto, destinar mas dinero y recursos del presupuesto al armado de festivales y espectáculos culturales y deportivos a la vez que se construyen escenarios suntuosos para realizar estos eventos, pero el gasto en salud y educación per-cápita es uno de los mas bajo en relación a las demás provincias del país. Existe, además, un control importante de parte de los medios de prensa y no pocas veces se censura la expresión de voces disidentes en los medios de comunicación.

En este sentido entonces es importante la ingeniería republicana-liberal para evitar o ponerle límites el ejercicio absolutista y patrimonialista del poder en el que pueden caer tentados los gobernantes. De alguna manera (más o menos explícita) esta dicotomía entre república liberal y estado absoluto ha estado presente de modo regular en los artículos de la intelectualidad republicana (conservadora o progresista) en la prensa para criticar lo que en buena parte de la gestión kirchnerista consideraban un gobierno hegemónico.

Ahora bien, existe una cuestión fundamental en la que los intelectuales republicanos hacen caso omiso, no sabría aventurar los motivos, pero que este breve artículo tiene por finalidad recordar. Me refiero a la relación o vinculación intrínseca que hay entre la consagración y conservación de la propiedad privada y los principios republicanos. Analicemos esta vinculación.

James Madison intelectual de la constitución norteamericana, autor principal de la clásica obra “el federalista” , fue muy claro al respecto sosteniendo que los elementos de una república liberal, tienen como objetivo además de evitar la concentración del poder o el ejercicio absolutis-

p.02 <

www.espaciospoliticos.com.ar

Un ejemplo claro de cómo el sistema de frenos y contrapesos en nuestro país protege la propiedad privada se vio reflejado durante el conflicto del gobierno con el campo. Aunque obvio en comparación con los temores liberales-republicanos clásicos de Madison lejos estuvo la denominada resolución “125” pretender la expropiación y socialización de los medio de producción, nos sirve el caso para conjeturar, en un plano hipotético, si esto ocurriera en el futuro.

Recapitulando, recordemos que el envío de la ‘125 al congreso provocó que esta pasara por el filtro de diputados y senadores que si bien en su gruesa mayoría pertenecían al partido oficial también representaban intereses de cada una de las circunscripciones o provincias que habían sido afectadas con las medidas. Por lo que los operadores más leales del oficialismo en el interior de ambas cámaras debieron negociar modificaciones importantes para tratar de asegurar una aprobación positiva por parte del poder legislativo.

Finalmente sabemos que la resolución no se aprobó por la negativa del presidente del senado.

En este ejemplo vemos como claramente la división de poderes, la existencia de un cuerpo legislativo diferenciado del ejecutivo, la organización política federal que consagra la existencia de representantes elegidos en sus provincias sirvieron para atender el reclamo de los pro-

ductores poniendo coto a la expresión de la mayoría en este caso representado por el ejecutivo nacional, (aunque es cierto buena parte tal vez de los ciudadanos del país no estuvieran de acuerdo con este conflicto con el campo y hubiesen evitado el aumento de el impuesto, me refiero a la mayoría en el plano netamente institucional encarnada en la presidenta elegida por el voto popular ).

Esto muestra a la claras que en caso hipotético (quizás muy hipotético) de existir en el futuro en los asalariados y en los sectores humildes de la sociedad argentina un espíritu socializador de la propiedad privada, este espíritu seria digámoslo así filtrado por las instituciones republicanas liberales. Trazando un paralelismo con la idea republicana clásica, si en algún momento los representantes de las mayorías desposeídas del país pretendieran violar íntegramente la propiedad privada, el sistema de balanceo republicano de frenos y contrapesos, (que incluye la apelación al poder judicial que no fue necesaria en el conflicto campestre), que incluye la nombrada organización federal dotaría de los mecanismos institucionales a representantes de las minorías propietarias limitando o moderando una propuesta radical de las masas no propietarias. *Licenciado en ciencia política Universidad Nacional de San Luis. Docente del Departamento de Ciencia Política del Instituto de Formación Docente Continua. Posgrado en Ciencia Política y Sociología (FLACSO)

>>>>>>>>>>>>>

ta del mismo (como se ha comentado), evitar la articulación de una mayoría(los no propietarios) que amenace la propiedad privada, es decir que socialicen los medios de producción. Por tal motivo actualmente en las experiencias nacionalistas e izquierdistas en varios países de la región, ( por nombrar los casos de Evo Morales, en Bolivia y Chávez en Venezuela) se acusa a estos líderes democrático de autoritarios o hegemónicos ante el temor que provoca en los sectores dominantes y en fracciones de la pequeña y mediana burguesía la posibilidad que la conformación de las masas desposeídas que le dan vida política a estos dirigentes implique, con el denominado proyecto del socialismo del siglo XXI, sino violar si recortar la propiedad privada considerada la célula de la economía capitalista. En la política argentina, salvando las enormes diferencias con las experiencias latinoamericanas mencionadas, el problema de la hegemonía también podría ser abordado desde la dicotomía república vs propiedad privada y no sólo apelando a la contraposición república vs absolutismo como lo hacen los intelectuales republicanos.

Natalia Campos Rios Carolina Oliveto Jáuregui

Brochures Identidad Newsletter Diseño web Diseño editorial Identidad visual

www.dicroma.com.ar

> p.03

Espacios Políticos

Argentina en el espejo (retrovisor) de Brasil.

Andrés Malamud

H

ace algunos años, solía señalarse en ámbitos internacionales que Brasil era “el país del futuro”. Sarcásticos, algunos brasileños asentían y agregaban: “y siempre lo será”. El propio Lula cierta vez comentó que, en sus visitas a otros países latinoamericanos, lo atiborraban de visitas a monumentos de próceres nacionales, mientras que él apenas podía retribuir presentándoles a... Pelé. Heredero de una independencia sin guerra, una transformación incruenta de imperio en república y una abolición tardía pero serena de la esclavitud, Brasil es un país de transiciones, no de rupturas.

Con un pasado gris y poco notable, el país sólo podía brillar en el futuro. Esta sensación acomplejaba a los brasileños cuando se comparaban con vecinos más esplendorosos, pero al mismo tiempo les daba incentivos para avanzar en vez de pernoctar sobre hojas aromáticas.

Hoy Brasil es presente. Su economía lo coloca entre las diez mayores potencias globales. La innovación tecnológica lo tornó líder en sectores estratégicos como los biocombustibles, la industria aeronáutica y las drogas medicinales. La demografía lo condena a la preeminencia, y la estabilidad política a la relevancia. Se sienta a la mesa de los grandes (la del G-13, y no sólo la más popular del

p.04 <

G-20), firma acuerdos de asociación estratégica con la Unión Europea, se reparte tareas de estabilización regional con Estados Unidos y consigue compromisos exclusivos de no nacionalización de sus empresas por parte del mismísimo presidente Chávez. Y como eso le resulta poco, es pentacampeón mundial de fútbol.

Brasil no es el líder de América Latina, ni siquiera de América del Sur. La mayoría de sus vecinos resiente el predominio brasileño y desconfía de su altruismo. Si el liderazgo se define como la capacidad para reclutar e influenciar seguidores, la incapacidad brasileña para ganar elecciones internacionales como las que determinaron al presidente del BID o al director general de la OMC dejan claro que el barrio se rebela contra el grandote de la cuadra. Pero, al mismo tiempo que en la región lo desafían, el mundo lo reconoce como potencia emergente: el liderazgo regional no fue necesario para alcanzar figuración global. Aunque Bolivia le nacionalice las refinerías, Ecuador le defaultee la deuda, Paraguay le renegocie las represas y Argentina no lo vote para el Consejo de Seguridad, Brasil ya despegó.

gozan de la influencia y respaldo de sus similares pampeanos.

¿Cuál es la clave del éxito brasileño?

No será, seguramente, la honestidad de sus clases dirigentes ni su rampante igualdad social. Es más probable que el progreso se deba al consenso alcanzado por las élites gobernantes sobre las reglas de juego y el lugar del país en el mundo; es decir, sobre instituciones y políticas de estado. El odio y el insulto son presencias marginales. Si hay “De Angelis” y “D’Elías” cariocas o paulistas, por cierto que no

¿Volverá Argentina a ganar un premio Nobel? Brasil no tiene ninguno, pero la pregunta que corresponde hacer no es si lo ganará sino cuándo. El contraste entre un país orientado hacia el futuro y otro obsesionado con el pasado es conmovedor. El pasado se puede narrar de mil maneras, pero sólo el futuro se puede construir. Y Argentina, gracias al esfuerzo denodado de sus clases dirigentes, tiene un gran futuro a sus espaldas.

Este año, Argentina dejó de ser el país más rico de América Latina. Según los tres rankings de mayor reputación (del Banco Mundial, el Fondo Monetario y la CIA Factbook), Chile acaba de superar por primera vez en la historia el PBI per capita argentino. Invitado a integrar la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), prestigioso club de 30 países cuyo único representante latinoamericano es México y del cual Brasil es observador, la decisión de ingresar depende exclusivamente del gobierno transandino. Con dos premios Nobel en literatura pero ninguno en ciencias, sus universidades comienzan a superar en calidad a las argentinas, que aún se jactan de sus tres Nobel en ciencias. Las universidades brasileñas, por su parte, hace tiempo que reclutan profesores e investigadores extranjeros, entre ellos argentinos, porque sus condiciones de trabajo y calidad académica son superiores. Y la educación es destino, como Sarmiento entendió y sus contemporáneos olvidaron.

www.espaciospoliticos.com.ar

El aliado poco fiable.

Pablo Barberis*

«

Sostengamos provisoriamente que la palabra ha perdido el lugar privilegiado en las lógicas de construcción de las representaciones sociales. Decir palabra implica aludir a un entorno textual que persigue lógicamente la ubicación de toda una serie de conceptos en el marco general de una cierta idea de totalidad que implica lo social, con todas las dimensiones que lo integran. Además ahí asignadas, todas esas categorías que componen esa representación textual, en una especie de dispersión jerárquica. Esto que comentamos muy esquemáticamente puede haber resultado una forma social muy difundida de asumir una cierta idea de orden, una representación de lo social, que si bien se veía atravesada de toda la experiencia subjetiva de aquel agente que la comprendía, permitía pensar la presencia de ciertas consignas políticas en términos más estables.

Siguiendo algunas lecturas bastante recientes (Lash, “Crítica de la Información”, entre otros), pudiéramos pensar que esto que llamamos el “orden de la información”, ha contribuido a disolver esa estabilidad textual de la representación. Esto implica el ingenio de nuevos cánones para pensar el tiempo que es objeto de la construcción analítica. Si la estructura se compone así de unos ritmos que oscilan en lógicas temporales que ningún “único actor” está llamado a controlar; y en términos más o menos objetivos de los capitales que refuercen su poder, posiblemente no logre definir una única racionalidad que conste de ciertos anclajes: entonces tendremos en frente a un actor que resultará más difícil de reducir en términos teóricos. Un actor difícil de sujetar, de representar.

Esto nos llevará más tarde o más temprano a la pregunta sobre los dispositivos a partir de los cuales él mismo se representa. A partir de que instrumentos de la realidad reconstruye la mirada exterior sobre si mismo. Dos campos de debate se nos abren inmediatamente y resulta su problematización imprescindible para ampliar el universo de compresión del analista. A saber: que la televisión a pasado a constituirse en un campo privilegiado de producción y reproducción de la opinión pública y estudiar su sociabilidad y sus efectos resulta de suma importancia; y que toda una nueva serie de dispositivos tecnológicos han introducido una nueva forma de leer (¿?) el momento actual, y que tal cuestión ha erosionado la entidad de ciertas formas históricas de la constitución de las lógicas de debate y de construcción del sentido. La política, como campo de especulaciones posibles no está al margen.

Uno de los efectos que resulta interesante de discutir en este punto, resulta entonces de cierto componente trágico que se instala a partir de esta constatación. Esto a su vez parece provenir un par de cuestiones. Por un lado, se debe advertir del fuerte estado de “competencia” mediático, que de una manera u otra ha llevado a la producción periodística a operar más en el terreno de la ficción que en el de lo real. Decimos esto asumiendo el riesgo de recibir la acusación de que cualquier forma de representación de lo real es de alguna manera, un terreno donde es posible alguna ficcionalización. Pero entendemos la necesidad de discutir el “simulacro”

que se constituye como el “real” desde el espacio de la producción televisiva actual. Estas cuestiones nos permiten darle cabida a la discusión de la dimensión estética en el proceso de construcción de la subjetividad. En un segundo orden de cuestiones, discutir este “contexto de producción” política, implica fijar términos medianamente realistas de posibilidad de un tipo distinto de agente político. Esto último de no reducir el análisis a las miradas nostálgicas de ese sujeto “moderno” que no fue. Implica esto entonces desandar las “moralinas espectrales” sobre las formas de participación política. Miradas sobre el compromiso intelectual y la praxis comprometida. Y echar otras tantas sobre las nociones de crisis tan apocalípticamente en boga.

Acciones desprovistas de marcos discursivos estables. Límites que se desplazan según la sugerencia de atentos lectores de la oportunidad política. Un sistema de información que encuentra que la mejor tajada trasunta de contar la inestabilidad. ¿Es todo esto prueba suficiente para suponer la muerte de ciertas estructuras, y anunciar a todos los vientos el momento de la liquidez? Tendemos a entender que no. Más bien que viejas prácticas asumen manifestaciones exteriores distintas. Que se ha venido produciendo cierta escisión entre el espacio de disputa simbólica -que abren unos discursos comprometidos de forma más desordenada con ciertos anclajes doctrinarios- y la fijación en ciertas prácticas de disputa real en arenas que no resultan mediáticamente tan atractivas de ser retratadas.

Todo esto conlleva a una pérdida de interés por acercarnos a ese tipo de descripción sociológica que supondría un análisis de coyuntura que revele con cierta vocación “bourdiana”, cuáles son esas verdaderas arenas de disputa; cuál es el nexo entre las relaciones objetivamente dadas y las aquellas simbólicas que tienden a explicarlas; cómo el tiempo puede resultar un capital más que juega a favor de quien puede controlarlo y en contra de aquellos que no poseen capacidad de fijar sus movimientos de antemano; pero fundamentalmente, que ese tiempo que se disputa, no resulta necesariamente coincidente con las agendas que se fijan desde el campo mediático.

Entonces tendremos un necesariamente un cuadro más complejo, que devolvería cierto estatuto a los intersticios -formal e informalmente- institucionalizados de toma de decisión.

De no predefinir racionalidades estáticas de la que los decisores no puedan evadirse como lógicas naturalizadas de su comportamiento; de no reducir la complejidad actoral que implica los distintos escenarios de disputa; de no suponer relaciones de un tiempo homogéneo de una estructura que a todos condiciona de la misma manera; de no presumir que la misma graba a fuego en la conciencia de los agentes, un habitus definido que no supera con mucho las capacidades de la mascota de los reflejos condicionados de algún fisiólogo ruso; entonces estaremos dando pasos bien encaminados a la renuncia de una amistad poco fiable del análisis de coyuntura: la semiótica mediática. * Politólogo. Coordinador de las carreras de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).

> p.05

Espacios Políticos

«

Sobre República y Presidencialismo en el Post-kirchernismo: ¿Volver a empezar?

Carla Carrizo*

S

i bien el escenario post-electoral instala, como novedad, en las notas de los diarios de circulación nacional el desafío de construir una república democrática y un sistema sólido de partidos, no es éste un dato novedoso en el país. En cambio, el debate sobre la república democrática y el bipartidismo en Argentina atravesó los avatares de la transición, se instaló en la conflictiva agenda que concluyó en el Pacto de Olivos EN 1993, y se congeló en la mirada de los detractores de distinto tipo (partidarios, ideológicos, sectoriales, generacionales, territoriales, intelectuales) hasta que el contenido que ofreció a los argentinos el liderazgo emulado en nuevos partidos advirtió que no todo del proyecto republicano era tan malo pero tampoco diatriba la palabra bipartidista. ¿Volver a empezar?, ¿República o Nada?, ¿Presidencialismo vs. Parlamentarismo?, ¿Bipartidismo vs. Pluralismo? Algunas conjeturas a propósito del debate en torno al renovado rol del congreso en el presidencialismo argentino.

1. La Cuestión Republicana ¿Congreso vs. Poderes Delegados?

Uno de los aspectos novedosos de este nuevo escenario político es la coincidencia que exhiben los partidos de oposición, vis á vis, el partido de gobierno en relación a tres cuestiones clave para la construcción de reglas estables en una democracia (Sartori, 1992). Todos son liberales (defienden al ciudadano frente al Estado), republicanos (defienden la lógica del poder dividido y limitado) y pluralistas (defienden en diálogo).

p.06 <

Estas coincidencias han permitido reposicionar, para el bien de la sociedad y de la dirigencia política en general, el rol del Congreso en un sistema caracterizado como excesivamente presidencial. Hasta aquí, todo bien. La pregunta que sigue es: ¿cómo deberían utilizar los partidos de oposición este novel poder político si es que su objetivo es hacer más republicano el presidencialismo argentino? Revisemos las opciones: 1) parlamentarizar un sistema presidencial haciendo que ni el ejecutivo ni el congreso trabajen con eficiencia institucional, 2) hacer más eficiente la división del trabajo institucional entre congreso y ejecutivo otorgando al congreso mecanismos de control efectivos1.

Un escenario óptimo para testear la dirección en que se mueven los partidos de oposición frente a este desafío lo brinda el 24 de Agosto. En efecto, desde que tomó estado público que ese día vence el plazo de los poderes delegados por el Congreso desde antes de la reforma del ‘94, pareciera que los argentinos nos aproximamos al 24 como quien se aproxima a un nuevo “Estado” en el que el Congreso vence al Ejecutivo. En esta línea argumental, se ubican alegatos al heroísmo del pasado y se nos informa que la tradición republicana nos remite a la valía de Fray Justo Santa María de Oro cuando en el Congreso de Tucumán, en 1816, se plantó y dijo: “Protesto y me voy, ¡República o nada!”.

Si, como advirtiera Hisrchman, el error en los procesos de democratización es creer que todo lo bueno viene necesariamente unido, la actual dicoto-

mía “república vs. poderes delegados”, entendiendo por ésta una opción que defiende hacer del Congreso el gestor de las políticas públicas en Argentina, encerraría el peligro de creer que la historia del Congreso Argentino en estos 25 años de democracia se agota, entera, en la bonita página que mostró la gesta republicana en el Senado en torno a la resolución 125. No obstante, la épica de esa gesta esconde algunas razones que desdibujan el acierto de “glorificar”, en forma unilateral, el Congreso. Enumeremos: 1) Contribuye a recrear al mito de que el presidencialismo es el responsable de todos los males del país. La evidencia enseña que no todos los presidencialismos funcionan mal y que medidas extraordinarias de gestión (poderes delegados u otros urgencia) no implican, necesariamente, hegemonía presidencial: el caso brasilero (Palermo, 2002).

2) Contribuye a quitarle legitimidad a estos recursos de gestión, imprescindibles para que un gobierno no peronista pueda gobernar en forma legal superando el veto permanente del PJ en el Senado. Lo que ha sido denominado la “nueva ley de hierro de la democracia argentina” (Calvo y Murillo, 2003).

3) Contribuye a que los partidos de la oposición, en particular, los que integran el Acuerdo Cívico y Social, asuman anticipadamente la responsabilidad de gobernar sin haber sido electos para ello, al menos no en los términos en que

www.espaciospoliticos.com.ar

funciona la elección de un gobierno en un sistema presidencial. Y, haciendo así, desdibuja las responsabilidades del Kircherismo-Peronismo en el gobierno.

4) Contribuye a asociar a los partidos de oposición, en particular, a los que integran el Acuerdo Cívico y Social con un liberalismo en desuso, herbívoro e impotente para gobernar un país corporativo como Argentina. ¿Entonces? Entonces la cuestión republicana no es una cuestión menor en Argentina. No obstante, el desafío de los partidos de oposición orientados al

gobierno, con miras al 2001, es evaluar cómo hacer más republicano el presidencialismo sin vaciar de poder efectivo al ejecutivo, es decir, sin caer en el error estratégico de volver a demonizar las innovaciones institucionales del Pacto de Olivos. Cito sólo un ejemplo en este sentido: reformar el artículo 23 de la ley 26.122 que crea la Comisión Bicameral Permanente encargada de controlar las medidas que toma el ejecutivo en uso de los decretos de necesidad y urgencia o poderes delegados. Como se sabe, el artículo 23 impide que el Congreso modifique estas medidas y, haciendo así, inhibe al Congreso de ejercer control efectivo, es decir, de tener margen de acción para obligar al ejecutivo a ne-

gociar políticas. Un artículo así no existe en Brasil. Tal vez ello ayude a explicar por qué el gobierno a través de medidas provisorias (equivalentes a los decretos de necesidad y urgencia en Argentina) ordena el proceso de negociación con el Congreso. Pero el artículo 23 no es una disposición constitucional, es una ley que dictó el Congreso Argentino en 2006.

La literatura que informa cómo en los presidencialismos con presidentes poderosos el Congreso puede ser una institución clave en la producción de políticas nacionales consensuales es vasta. Entre otros, Cheibub (2002) Cox y Morgenstern (2001), Nolte (2006).

1

*

Carla Carrizo (UBA-UCA-USAL)

www.iml.org.ar

> p.07

«

Espacios Políticos

¿ATENUACIÓN DEL PRESIDENCIALISMO O DEMOCRATIZACIÓN DE LA PRESIDENCIA? Mario D. Serrafero*

N

uevamente y en un clima de reforma política, han resurgido voces que proponen un viraje hacia el sistema parlamentario dejando de lado al presidencialismo que, al parecer, sería el culpable de nuestra pobre y decadente experiencia política. No voy a expedirme sobre el tema de la viabilidad del parlamentarismo, que he tratado en otros trabajos, sólo pondré foco en algunas cuestiones conceptuales. ¿Es apropiado seguir hablando de hiperpresidencialismo en términos genéricos? ¿No debería encuadrarse la discusión en un marco teórico conceptual que delineara con mayor precisión el régimen presidencial en diseño y en funcionamiento? Se ha insistido quizás demasiado en el supuesto hiperpresidencialismo argentino que generaría presidentes todopoderosos y omnipotentes. La realidad, más allá de la existencia normativa de un presidencialismo fuerte, es que también emergen presidentes débiles y hasta impotentes. Es que en lugar de hiperpresidencialismo –como he señalado en otras oportunidades- convendría hablar de presidecentrismo, esto es, la presidencia ubicada en el centro de las miradas ciudadanas y de las expectativas de los diferentes sectores sociales, políticos y económicos. El presidente podrá ser fuerte o débil, carismático o anodino, pragmático o dogmático, pero siempre estará alojado en el centro de nuestro sistema institucional y de él dependerá la suerte del gobierno y gran parte de nuestro destino. Pero el presidecentrismo no debería invalidar la primacía del principio de independencia y división de poderes de Montesquieu y el mecanismo de checks and balances claramente expuesto por Madison.

Justamente, el régimen de los EE.UU. ha sabido combinar la “energía del gobierno” y el balance de un poder equilibrado. Está probado que la “energía del gobierno” –como señalaba Hamilton- es el motor del régimen. No se trata de debilitar -o atenuar- la oficina presidencial sino

p.08 <

de democratizarla.

El presidecentrismo es un concepto que engloba, entonces, la perspectiva cultural. El presidencialismo fuerte (Constitución 1853/60), el hegemónico (Constitución 1949) y el fuerte reforzado (reforma 1994) son tipos teóricos de una clasificación cuyo eje esencial es el diseño institucional (o el segmento jurídico). Pero según sea la dinámica política, la constelación de fuerzas imperante -el sistema partidario, especialmente -, la cultura política y el estilo -y hasta la personalidad- del presidente podrán derivar en un práctica hiperpresidencialista, como se ha denominado en Argentina, o hipopresidencialista. La Argentina tuvo ejemplos de presidencias omnipresentes y fuertes y, también, de gestiones presidenciales extremadamente débiles y todo ello con el mismo diseño institucional. Por ejemplo, las administraciones de Julio A. Roca y Luis Sáenz Peña como casos opuestos de presidente fuerte y débil, bajo el formato del presidencialismo fuerte de la Constitución de 1853/60. En tiempos más recientes, pueden tomarse los ejemplos de Carlos Menem (y más aún Néstor Kirchner) y de Fernando de la Rúa como los opuestos dentro del esquema del presidencialismo fuerte reforzado de la Constitución reformada en 1994.

A la errónea conceptualización de inevitable hiperpresidencialismo, en 1994, le correspondió como remedio una supuesta “atenuación” de diseño (segmento jurídicoinstitucional). Más allá de haberse reforzado en vez de atenuado el régimen presidencial en la referida reforma, lo que estuvo ausente en el debate, como idea fuerza, fue la necesidad de la democratización de la presidencia. ¿Fracaso del régimen presidencial o de la política del régimen?

La crítica al sistema presidencial en la Argentina tiene larga data -desde el siglo XIX-, sea en confrontación con los supuestos beneficios del sistema parlamentario o bien, simplemente, señalando sus problemas y deficiencias. Hacia 1910 se apostaba hacia un viraje parlamentario en un debate circunscripto en la elite política de aquel tiempo.

Era una crítica que reposaba más en el modo de hacer política que en el fracaso del régimen institucional. En realidad, la práctica política y sus vicios eran vistos como los culpables de que el formato presidencialista se desplazara peligrosamente hacia los confines del régimen republicano deteniéndose en el umbral mismo de un sistema, en ocasiones, de rasgos autoritarios en cabeza de la presidencia y de las gobernaciones. Pero dudosamente podría decirse que el régimen presidencial había fracasado. Bajo este régimen la Argentina consolidó su Estado, se logró la sucesión regular

www.espaciospoliticos.com.ar

de los gobiernos y tuvieron lugar cambios de régimen, esto fue la adquisición de un sistema competitivo.

A partir de 1930 la historia fue diferente. Los golpes militares evidenciaron más que el fracaso del sistema presidencial, el naufragio de la política. Los rasgos personalistas y autoritarios pusieron en letra institucional primero un presidencialismo hegemónico (1949) y, en las décadas siguientes, recurrencias a un presidencialismo condicionado por la fuerte presencia militar de un lado y, del otro, por un funcionamiento político sin un real sistema de partidos, sin ejercicio de oposiciones leales y en marcos semicompetitivos. El período de 1973-1976 fue un interregno entre dos variantes del presidencialismo militar -iniciado en 1930- y la refundación democrática de 1983 conllevó el peso de un trabajo complejo de transición hacia la democracia, retomando el presidencialismo fuerte de la Constitución de 1853/60 con dos jugadores enfrentados desde 1946 en dinámicas confrontativas -el peronismo y el radicalismo- y reencontrados en la arena política en una situación por cierto inédita.

Entre 1983 y 2007 sucedieron administraciones peronistas y radicales -una de ellas en formato de “Alianza”- que no pudieron reconducir la dinámica política por cauces más normales. Incluso, en 2006, el propio Congreso sancionó un trípode legislativo (reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, reforma del Consejo de la Magistratura y “superpoderes”) que dejó en manos de la presidencia decisiones propias de la Legislatura y la Justicia. Poca duda puede caber que existió un fracaso de la política. ¿Ese fracaso se debió a la permanencia del sistema presidencial? ¿Podría afirmarse con convicción que obedeció sino exclusiva, principalmente, a la permanencia de tal régimen? La respuesta afirmativa conllevaría a una traslación de responsabilidad en el sistema más que en sus actores. ¿Podría decirse seriamente que la variable independiente de la decadencia institucional y política del siglo XX se debió al régimen institucional? La respuesta no sólo parece excesiva sino conllevaría a exonerar de cierta responsabilidad a los protagonistas políticos. ¿Atenuación o democratización?

Históricamente y desde el eje de la instauración u origen de la presidencia, la Argentina ha tenido -entre varias clasificaciones posibles- las siguientes formas: La presidencia de elite, la presidencia democrática, la presidencia condicionada y la presidencia no democrática (militar o autoritaria).

La presidencia de elite corrió en paralelo con un régimen

político restrictivo, en cuanto a sus caminos de acceso y sus electores. El régimen Liberal-Conservador del siglo XIX fue un claro ejemplo. La presidencia democrática asomó cuando los mandatarios fueron electos en elecciones libres, transparentes y sin restricciones. La presidencia condicionada emergió en situaciones de régimen semi-competitivo -por ejemplo, cuando el peronismo estuvo proscrito- y en permanente alerta de la vigilancia uniformada. La presidencia no democrática tuvo lugar en ocasión de los golpes de Estado y regímenes militares que azotaron al país durante casi cinco décadas. Así cabe computar los accesos al poder de los generales que encabezaron y los que desempeñaron el Ejecutivo en los distintos interregnos militares.

Pero lo que prácticamente no ha existido es verdadera conciencia de la necesidad de una presidencia democratizada. La distinción no parece banal. Una cosa es el acceso al poder a través del voto ciudadano y otra muy distinta es una presidencia que responda a la opinión ciudadana sea a través de mayores mecanismos de participación, o de una acción de gobierno que responda fielmente a la orientación de las preferencias volcadas en las urnas, o bien de un diálogo interinstitucional dentro de un diseño equilibrado de poderes y con recursos institucionales suficientes en manos de la oposición.

Atenuar el presidencialismo ha sido una suerte de consigna que no ha sido la más feliz. Democratizar la presidencia implica un cambio de óptica que se formula desde otra perspectiva y que pondera tanto la necesidad de un rediseño institucional apropiado –sobre el cual me expedí en otras oportunidades- como el cambio de la cultura política y del modo de ejercer la presidencia. Las consignas no son gratuitas, si no son las adecuadas. Dejan deudas, marcas y huellas en el camino. Por ejemplo, décadas atrás se teorizaba -correcta y oportunamente- acerca de la transición a la democracia, pero poco se hablaba de la transición hacia la República. Olvido, para el caso argentino, poco menos que inexcusable. Redescubrimiento actual, tardío, pero inevitablemente oportuno. Es que la letra del presidencialismo argentino se inscribió, en 1853, en el formato del artículo 1 de la Constitución Nacional: “La Nación adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal”. Para alcanzar tal fórmula el menor atajo parece ser una presidencia democratizada más que una tan porosa como confusa atenuación del régimen presidencial. * Investigador del CONICET. Profesor del Departamento de Gobierno y Decano de UADE.

> p.09

Espacios Políticos

Demuestre su interés!

Prácticas republicanas y democráticas en la provincia de Santa Fe.

E

Mg. V. Gastón Mutti*

l debate sobre la reforma política se ha instalado nuevamente, luego de años de ostracismo, en la agenda pública. Sin embargo algunas de las modificaciones necesarias en lo atinente al ejercicio pleno de la ciudadanía no son tenidas en cuenta.

En la Provincia de Santa Fe aún queda sin resolver completamente el debate sobre la necesidad del establecimiento de mecanismos de control de los ciudadanos sobre los gobernantes, como también el que dichos mecanismos puedan ser utilizados en la práctica. Esto se relaciona con la necesidad de que los gobernantes den cuenta de sus actos (accountability) independientemente de los momentos eleccionarios.

Un aspecto que se convierte en fundamental es que ciertas normas exigen a los ciudadanos demostrar su “interés legítimo” para obtener la información pública.

El acceso a la información en el gobierno provincial.

La libertad de expresión no puede ser pensada sin proteger el derecho a buscar, difundir y recibir informaciones e ideas sin consideración de fronteras.

Con relación a la búsqueda de la información pública, en la Provincia de Santa Fe no existe una ley que conceda a los ciudadanos el derecho a acceder a la información y a los registros básicos del gobierno en el nivel provincial. En términos normativos la Constitución provincial sólo reconoce en su artículo 11 el derecho de todo

p.10 <

individuo a la libertad de expresión pero no garantiza en forma explícita el derecho previo de las personas a buscar y recibir ideas e informaciones de toda índole.

El actual gobernador debió recurrir a la firma de un decreto para regular dicho acceso para las dependencias del poder ejecutivo, el cual prevé algunas excepciones siempre que estén debidamente fundamentadas.

En la Legislatura provincial fueron presentados numerosos proyectos, algunos tratados en el recinto, que luego perdían estado parlamentario. Las informaciones periodísticas han dado cuenta de la falta de predisposición principalmente del Senado provincial para aprobar una ley en el tema, así como de la falta de reconocimiento de este derecho en la práctica.

Como medida ya existía la obligación de publicar en la página web del gobierno todas las gestiones de contratación de obras públicas. Sin embargo no preveía que los ciudadanos tuvieran el derecho a apelar si se les negaba el acceso a un registro básico del gobierno provincial.

Las únicas opciones existentes con anterioridad eran iniciar procesos de apelación basados en la Constitución Nacional, o la presentación de una solicitud de pronto despacho ante un órgano público al que se le solicitaba la información.

Ante esta última opción era el responsable de la dependencia o del área, quién determinaba la oportunidad del pedido y el “interés legítimo”.

Así no existían plazos legales para la

entrega de la información requerida, ni se podían iniciar procesos de apelación.

Estas alternativas no eran tomadas por los ciudadanos ya que los tiempos que implicaban eran demasiado extensos y se perdía el interés sobre el tema.

Diferentes medios periodísticos dieron cuenta de la falta de información sobre nombramientos políticos y gastos de los funcionarios de gobierno. Esto ha sido considerado como producto de una cultura política provincial reacia a brindar acceso a la información pública, lo cual hace más engorrosa la transparencia de la gestión.

La situación descripta fue mitigada en los últimos años ya que los ciudadanos han podido acceder a información sobre las acciones del gobierno provincial y la administración pública, la legislación sancionada y las estadísticas provinciales a través del portal web de la Provincia.

Sin embargo se debe tener en cuenta que no toda la información está disponible en dicho sitio, pero se la puede solicitar y si está autorizado su acceso se entrega de manera gratuita.

La ciudadanía y el financiamiento de los partidos políticos.

La legislación establece que la rendición de cuentas de las campañas electorales de los partidos políticos, confederaciones o alianzas debe presentarse ante el Tribunal Electoral dentro de los treinta días de realizado el acto electoral.

El informe debe constar de un detalle de los ingresos y egresos producidos en la campaña, acompañado de un estado de origen y aplicación de dichos fondos debidamente documentado y del listado completo de las personas físicas y jurídicas que hayan realizado aportes económicos o donaciones a los candidatos, detallando datos de identificación personal y tributaria, monto y fecha del aporte.

Esta información debe hacerse pública.

Pero la dificultad se encuentra en que nuevamente la ley 12.080 en su artículo 9º establece que el listado completo de los aportantes se debe presentar ante el Tribu-

www.espaciospoliticos.com.ar

nal Electoral, pero sólo puede consultar dicha información quien acredite un “interés legítimo” y el tribunal así lo considere.

Así pueden solicitar la información sólo los apoderados de los partidos políticos, presentando ante el Tribunal Electoral una solicitud que debe ser declarara de “interés legítimo”.

Por ello los registros no son abiertos a la ciudadanía y además existe la fuerte sospecha de que la información no suele reflejar realmente los ingresos y egresos de los partidos. Esta dificultad para el acceso a la información de los gastos de las campañas electorales limita el control sobre los partidos políticos y sus acciones proselitistas.

Además las restricciones que establece la norma provincial no abarcan todas las formas en las que pueden hacerse aportes a los partidos, por ejemplo en medios de transporte, nafta, suministros, y tampoco fija montos máximos para las contribuciones.

Hay que adicionar que en la práctica, en el nivel provincial, no todos los partidos políticos y candidatos informan las contribuciones recibidas y los gastos realizados en un plazo razonable de tiempo según lo establece la legislación, y menos aún las hacen conocer por la ciudadanía.

Conclusiones.

El estudio del caso de Santa Fe nos permite rastrear las tendencias aun persistentes que limitan el desarrollo de la democracia y la accountability en la provincia, Observar la evolución de sus instituciones y los límites, tanto formales como informales, nos permite dar cuenta de la particularidad que tiene este régimen político y cómo se relaciona con la extensión de la ciudadanía. Los ciudadanos tienen interés, no debe ser demostrado.

Profesor e investigador de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Director de la Escuela de Ciencia Política, UNR. Por contactos gmutti@unr.edu.ar, 1

DEL OTRO LADO DEL MOSTRADOR: (CIENCIA) POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Lic. Tadeo García Zalazar* ¿Por qué estudiaste ciencia política?

Por vocación. Desde mi paso por el centro de estudiantes del secundario me incliné por la carrera, analizando la oferta educativa de la UNCuyo, fue la carrera que más me gustó por su contenido y por su campo laboral. ¿Qué libros o autores consideras fundamentales en toda biblioteca de un politólogo?

En mi opinión hay libros claves para entender la cosa pública y libros que sirven de base para orientarse en el mundo de las ideas y doctrinas políticas.

Entre los teóricos el de Historia del Pensamiento Político de Jean Jaques Chevallier que repasa a todos lo clásicos.

Entre los más orientados a la cosa pública y entender el Estado: Estado Nación y Globalización de García Delgado por su sencillez y gran actualidad.

Los otros autores que son de referencia obligada son Bobbio, Sartori, Pasquino; y para polemizar: Canssino.

Un libro indispensable para reflexionar es “El Político y el Científico” de Max Weber.

A la hora de la praxis, para hacer política ¿ser politólogo es una ventaja o un obstáculo?

Yo creo que es un complemento indispensable, necesario pero obviamente no suficiente. En mi caso particular las herramientas teóricas no siempre han sido de ayuda para interpretar procesos y comprender el desarrollo del juego del poder a nivel local. No obstante la formación académica es un plus interesante para cualquier dirigente que tome en serio su vocación por lo público.

En una frase resumida, la política es…

Cada vez más arte y menos ciencia. Esto implica que los politólogos debamos repensar el fenómeno político en nuestros días. ¿Cuál es el principal desafío que afronta la ciencia política a la hora de interactuar en la gestión pública?

Considero que el principal desafío pasa por acercarse a sociedad y tratar de demostrar la importancia que tiene la ciencia en los aportes que puedan hacerse desde la academia para mejorar la calidad de vida de la gente. Por otro lado creo que el desafío es hacer entender a la sociedad que la Política como praxis debe ser revalorada y resignificada, dado que es la única herramienta de transformación posible en el sistema actual para revertir las necesidades sentidas de la población y mejorar los problemas reales de la gente. * Secretario de Gobierno del Municipio de Godoy Cruz. Mendoza.

Lic. en Ciencia Política y Administración Pública (UNCuyo).

Diplomado en Gestión Estratégica del Desarrollo Local (ILPES- CEPAL) Diplomado en Economía Política (FLACSO) Diplomado en Políticas Públicas (Science Po - París) Maestrando en Políticas y Planificación Social (UNCuyo) Profesor de Problemática de la Vivienda. Carrera de Trabajo Social (UNCuyo)

> p.11

Espacios Políticos

Compromisos programáticos y estabilidad del sistema de partidos.

«

Martín D’Alessandro*

E

n términos generales, el saber establecido en la ciencia política sostiene que los regímenes democráticos no funcionan del todo bien con sistemas de partidos poco institucionalizados —con altos niveles de volatilidad electoral, clientelismo y personalismo—, porque afectan negativamente la responsabilidad electoral en la medida en que al tener partidos más impredecibles, hay incertidumbre en el sistema político, la política es más errática, construir legitimidad democrática es más difícil, y gobernar es más complicado.

Después de la crisis de 2001, cuando el polo no peronista del sistema político argentino se dispersó electoralmente, estos males parecían haber llegado para quedarse. Los resultados de las elecciones legislativas de 2009 abren sin embargo la posibilidad de recuperar la estabilidad perdida y la expectativa de la alternancia: el peronismo probablemente se reunificará y el polo no peronista, con epicentro en el “panradicalismo”, tiene la oportunidad de ofrecer una alternativa de gobierno capaz de vencer al peronismo. Pero ¿bajo qué circunstancias podría ser ello provechoso para el sistema político argentino?

A partir de la convocatoria del gobierno a conversar sobre la “reforma política”, los politólogos empezamos a discutir qué reformas mejorarían la representación. Pero si bien los diseños político-institucionales tienen efectos claramente observables y bien estudiados por la ciencia política, ninguno de ellos resuelve el problema inherente a la democracia representativa: la distancia entre representantes

p.12 <

y representados. La exploración sobre de qué manera podría reducirse esa distancia —sin llegar a eliminar la representación— debe llevar a ampliar la mirada a los factores intervinientes en la relación representativa. En otras palabras, es cierto que las instituciones importan, pero también es cierto que no son lo único que importa. La posibilidad de una mayor conjunción de intereses entre representantes y representados incluye una dimensión ligada a los vínculos y compromisos relativos al contenido de la representación. En este sentido, la información política y los planes de gobierno que se mostrarán en la campañas electorales futuras —la “sustancia de la política de partidos”, cuyo análisis sistemático es importante reavivar frente a posturas puramente formales— son una instancia no solamente de mejor identificación de los planes de gobierno de los candidatos a representantes sino también de control de los ciudadanos hacia los gobernantes.

Siguiendo esta línea argumental, las plataformas o manifiestos electorales de los partidos son la instancia legalformal de compromiso que los partidos toman tanto frente al Estado como frente a la ciudadanía en cada turno electoral. En efecto, las plataformas son los únicos documentos con pronunciamientos sobre políticas que los partidos o frentes, entendidos como un todo, presentan con autoridad orgánica en vistas a las elecciones.

Este es un atributo que no tiene ningún otro indicador sobre las posturas de los partidos sobre los diferentes temas de gobierno. De hecho, si de reconstrucciones partidarias se trata, sería bueno tener en cuenta además que las plataformas son un medio

por el cual se desarrollan algunas de las funciones más importantes que la teoría ha adjudicado a los partidos políticos: a) en cuanto a su función expresiva, las plataformas agregan temas y demandas y las comunican a los votantes en paquetes de políticas públicas disponibles; así, posiciones claras y consistentes son una información valiosa para los votantes a partir de las cuales incluso podrían desarrollarse pautas de identificación política; b) en cuanto a la función de gobierno, podrían brindar la orientación básica para la implementación de las políticas, dando lugar al gobierno responsable; aunque no se puede obligar a los gobiernos a cumplir con lo prometido, y aunque la teoría sobre los partidos políticos ha mostrado el problema de la autonomía de los representantes electos aun frente a los constreñimientos que las organizaciones partidarias pudieran imponerles, los programas generan un marco para la acción de gobierno; es más, las plataformas pueden también ser una herramienta contra la burocracia: la rutina burocrática suele paralizar muchas iniciativas, y las plataformas pueden ser el argumento para, invocando un mandato, implementar políticas novedosas; c) finalmente, con respecto al partido como organización, las plataformas también condensan y resignifican intereses de diversos grupos que pertenecen o votan al partido, mostrando su interpretación de la realidad, una filosofía social, una valoración ética y política sobre el statu quo de la sociedad a la que se refieren.

Si bien la imagen del partido unido en torno al programa no es real, la capacidad de formular un programa

www.espaciospoliticos.com.ar

de políticas públicas es un requisito indispensable para cualquier organización que pretenda ser vista como un partido o un frente político capaz de asumir el gobierno y ejercerlo con algo de responsiveness. En este sentido, la construcción seria de una plataforma programática detallada es un paso esencial para el Acuerdo Cívico y Social. Ello daría a los partidos que lo componen, a sus miembros y líderes, y a los ciudadanos, un plan de acción sólido y consensuado. Pero incluso se podría ir más lejos e incorporar este tema no sólo políticamente sino también institucionalmente: teniendo en cuenta todas estas virtudes, hacer que las plataformas dejen de ser un mero formalismo burocrático bien podría ser parte de una reforma política que buscara fortalecer a los partidos a la vez que controlar a sus líderes.

Ahora bien, allí no se terminan las dificultades. Aceptar reglas y constreñimientos previos a la elección no es la actividad que caracteriza a los gobernantes argentinos. En 1999, la Alianza había redactado la mejor, más completa y más difundida plataforma electoral de la historia argentina, lo que no sirvió para salvar a su gobierno de las fracturas y el derrumbe. Si las plataformas plasman la manifestación institucionalizada de una ideología, o al menos de concepciones filosóficopolíticas compartidas, y además se toma el compromiso de redactarlas a conciencia y respetarlas en cada oportunidad, es probable que en el futuro los votantes puedan obtener más información sobre qué esperar de cada opción electoral, y se den algunas condiciones para alejar los perjuicios de la inestabilidad y el oportunismo de la competencia política. * Licenciado em ciência política UBA. Máster en Investigación em ciencias sociales FLACSO, Doctor en ciencias sociales UBA. Docente e investigador UBA.

DEL OTRO LADO DEL MOSTRADOR: (CIENCIA) POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Lic. Mariano Boiero* ¿Por qué estudiaste ciencia política?

Casi por casualidad. Al finalizar la Secundaria mi búsqueda estaba orientada hacia las ciencias sociales (filosofía, antropología, sociología) y me interesaba también la cuestión de la comunicación (intenté estudiar locución). Por otro lado, militaba socialmente en la Iglesia Católica con grupos de jóvenes. Investigando un poco con el Manual de Orientación Vocacional de EUDEBA encontré que Ciencia Política contenía “un poco de todo” respecto de mis inquietudes personales y vocacionales.

El resto es historia. ¿Qué libros o autores considerás fundamentales en toda biblioteca de un politólogo?

Recomendaría las siguientes obras: El Capital, de Karl Marx. El hombre en busca de un sentido, de Victor Frankl (no hay que perder JAMAS la mirada humana de la Ciencia Política), La Quinta Disciplina, de Peter Senge, para tener una perspectiva sistémica de todas las organizaciones. La construcción social de la realidad, de Berger y Luckman. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo (la versión comentada por Napoleón Bonaparte). El arte de la Guerra, de Sun Tzu (la versión comentada por uno de los generales de Mao es excelente). De la Guerra, de K. von Clausewitz. La política entre las Naciones, de H. Morgenthau. Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides A la hora de la praxis, para hacer política ¿ser politólogo es una ventaja o un obstáculo?

Precisamente rescato el concepto de praxis, como el instrumento ideal para que el hecho de ser politólogo no se convierta en un obstáculo a la hora de hacer política.

La generación de un saber excesivamente teórico o académico a la hora de “hacer la cosa pública” muchas veces nos pone en riesgo de no generar un impacto en la vida de las personas.

En una frase resumida, la política es…

Trabajar en equipo, resignar personalismos, generar consensos. Crear, articular, desarrollar, gestionar. ¿Cuál es el principal desafío que afronta la ciencia política a la hora de interactuar en la gestión pública?

Mantener el equilibrio, y evitar caer presa de la vorágine de la lucha política (partidaria, electoral), o del excesivo academicismo y tecnicismo. No perder el rumbo en el “mientras tanto”, sosteniendo firmemente una orientación que pueda superar el escollo de la coyuntura y el corto plazo. *Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Producción. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Lic. Ciencia Política (UBA)

> p.13

Espacios Políticos

«

vez mientras que el resto, 58 legisladores (47%), tiene experiencia previa. 37 de ellos estuvieron como constituyentes, 9 como diputados de Congresos anteriores al 2007 y 11, del último, del que fueron destituidos 57 y reemplazados por sus suplentes, entre ellos 21 conocidos como los “diputados de los manteles”, por el apoyo dado al gobierno de Correa en contra de los partidos que les habían postulado en la campaña.

¿Democracia sin partidos?

El sistema de partidos ecuatoriano tras las elecciones de 2009 Flavia Freidenberg*

L

as elecciones generales del 26 de abril de 2009 han puesto de manifiesto una serie de cambios en la dinámica tradicional del sistema de partidos ecuatoriano. Por primera vez, desde la reinstauración democrática de 1978, un presidente ganó en la primera vuelta, con una importante diferencia de votos respecto al segundo candidato más votado, controlando un significativo bloque en la Asamblea Legislativa y en el marco de un vacío opositor que da cuenta de una fuerte desinstitucionalización del sistema de partidos que se había dado con diversos equilibrios durante los últimos treinta años de democracia ecuatoriana.

Cuatro han sido los procesos que se realizaron en el país desde 2006 y que han allanado el camino hacia un sistema cada vez menos competitivo. Primero, los comicios de octubre/noviembre de 2006, que supusieron el primer triunfo de la Revolución Ciudadana, donde Rafael Correa ganó en la segunda vuelta y en la que el movimiento rechazó presentar candidatos a diputados debido a que una de sus promesas era el cierre del Congreso como símbolo de la partidocracia que se quería desterrar. Segundo, la Consulta Popular del 15 de abril de 2007, cuando el 80% de los ciudadanos apoyó la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Tercero, la elección de miembros para esa Asamblea que inició su trabajo en 2007 y en la que Movimiento País consiguió 80 de los 130 asambleístas, plasmando casi sin oposición los valores centrales de la Revolución en el texto constitucional. Cuarto, el Referéndum del 26 de septiembre de 2008, donde más del 60% de los ciudadanos que votaron ese día apoyaron las reformas realiza-

p.14 <

das y legitimaron la Nueva Constitución y al Régimen de Transición.

Con estas últimas elecciones se cierra la primera etapa de la Revolución Ciudadana. Si bien no sería prudente aún referirse a un nuevo sistema de partidos, los datos dan cuenta de algunos elementos que suponen diferencias respecto al sistema de partidos anterior. Cinco características importantes: a) la reducción de la fragmentación a nivel legislativo, que en la última elección supuso el menor valor de todo el período (3,6); b) la reducción de los niveles de competitividad electoral a nivel nacional; c) la disminución de los niveles de cambio de las preferencias de los ciudadanos; d) la casi desaparición de los partidos tradicionales que hasta hace poco controlaban el sistema y a la vez la dificultad de que surjan partidos de oposición que no estén identificados con las prácticas de la partidocracia y, finalmente, e) quizás el rasgo más definitorio, la generación de una democracia de mayorías, sustentada en el control de las instituciones centrales del régimen político.

El partido del presidente controla una Asamblea Legislativa integrada por 124 miembros. Su agrupación tiene 59, algo que sin bien no tiene precedentes no le da mayoría absoluta y lo obliga a formar alianza, en este caso con el “Acuerdo Democrático para la Descentralización y la Equidad”, bloque integrado por 12 legisladores del PRE (3), MAR (1), ARE (1), del Movimiento Municipalista (4), MIOSA (1), MSC (1), MIUP (1). En la oposición, se encuentra el PSP (19); PSCMovimiento Cívico Madera de Guerrero (11), PRIAN (7), MUPP-NP (4) e incluso el MPD (5), quien solía estar próximo al gobierno. A pesar del espíritu renovador, sólo el 53% (66) actuará por primera

Lo que ha cambiado con este maratón electoral es la configuración de un sistema que ha funcionado entre 1978-2006 como de multipartidismo extremo, altamente polarizado, que ha llegado a contar con 18 partidos en el legislativo en 2002; con altos niveles de volatilidad electoral, donde al menos el 26,6% de los electores cambiaban su voto de una elección a otra, afectando con ello sus lazos con los partidos, lo que favorecía la presencia de políticos volátiles que cambiaban de partidos como de camiseta.

La alta fragmentación y la ausencia de un bloque mayoritario al Ejecutivo hacían que los presidentes contaran con escaso apoyo en el Congreso y se armaran gobiernos de coaliciones minoritarias que facilitaban la estructuración de alianzas fantasmas volátiles e inestables.

La consolidación del triunfo de la Revolución Ciudadana se presenta como una nueva manera de hacer política, aunque se sustenta en la reedición de viejas formas de liderazgo y de articular la relación entre líder y seguidor, presentes desde hace tiempo en la cultura política ecuatoriana.

Al sistema de partidos de multipartidismo extremo anterior se lo reemplazó por uno de corte predominante, donde una única fuerza política se estructura como el eje articulador de la competencia, sobre la base de un liderazgo carismático y personalista, basado en el vínculo directo entre líder y seguidor, que evita o minimiza cualquier tipo de intermediación organizativa y potencia la interpelación discursiva del individuo como parte de un colectivo (perdiendo su condición de individuo) y en oposición al enemigo de turno del líder, sea la partidocracia o los medios de comunicación de masas. *Subdirectora del Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca / flavia@usal.es

www.espaciospoliticos.com.ar

“Gestionar el Riesgo o Gestionar en el Riesgo... ” Silvia Fontana* Lluvias intensas, inundaciones, aluviones, huracanes, incendios forestales, sismos, entre otros han tomado protagonismo en la escena de nuestra realidad internacional y nacional, situaciones a las que, por supuesto, Argentina no escapa ya que diferentes provincias y ciudades no son ajenas a estas circunstancias que se han convertido en fenómenos recurrentes.

La naturalización de este tipo de eventos por parte los habitantes, lleva a que los gobiernos no gestionen las hipótesis de riesgo de acuerdo a la cartografía de la zona. Esto produce que las inundaciones, huracanes, aluviones, incendios forestales, etc. se multipliquen en el tiempo porque no se prevén acciones para reducirlos o al menos mitigar sus efectos; como así también muchos de los gobernantes no aprenden las lecciones que este tipo de sucesos dejan, por lo que no actúan en consecuencia.

Es así que los habitantes (damnificados, afectados, perjudicados, etc.) la mayoría de las veces, ante los momentos en los que el desastre se ha producido, sólo esperan la asistencia gubernamental o la solidaridad de la sociedad civil y no conocen que esos eventos pueden ser previstos o por lo menos reducidas sus consecuencias por parte de acciones gubernamentales tomadas a tiempo.

De este modo, es imposible dejar de destacar que deben existir decisiones políticas en torno a la gestión de los riesgos de desastres ya sea a través de la implementación de programas de prevención, definición de políticas públicas, construcción de obras públicas, entre una serie de acciones de gobierno que ayudarían a evitar este tipo de hechos. Asimismo es tiempo que se comience a encontrar en las causas antrópicas (deforestación, mal uso de los

suelos, falta de planificación territorial, entre otras) las respuestas a estos eventos, ya que no solo las causas naturales (lluvias, calores extremos, etc.) provocan un desastre sino que el hombre y las políticas públicas mal implementadas modifican el ambiente. Por ello es que si consideramos que los factores que desencadenan estos fenómenos son de carácter heterogéneo, su análisis no puede ser reducido a un solo aspecto.

Ahora veamos ¿qué es el riesgo? Cuando se habla de riesgo se alude, a decir de Claudia Natenzon, “a un proceso social de múltiples determinaciones”, existiendo diferentes nociones alrededor de este concepto. Así desde el sentido común denominamos riesgo a las situaciones y acontecimientos cuyos resultados es probable que sucedan. Para el experto, el riesgo es una categoría social y su construcción involucra la manera de organización de la sociedad, por lo que el riesgo se relaciona con la posibilidad de resultados imprevistos o consecuencias poco anticipables, que se derivan de decisiones, omisiones o acciones de grupos sociales.

Pero entonces ¿cómo deben los gobiernos gestionar el riesgo? En la actualidad la gestión del riesgo ante la posibilidad de ocurrencia de desastres está ocupando un lugar relevante en las políticas del desarrollo, a fin de disminuir las causas y efectos de los mismos. Es por ello que se hace necesario llevar adelante un enfoque integral del riesgo, que abarque desde la reducción de los riesgos hasta la recuperación posterior en el caso que el desastre se haya producido. Ya las Naciones Unidas declararon a la década de los ´90 como la Década Internacional de la Reducción de Desastres Naturales, planteando la necesidad de que los gobiernos apliquen políticas tendientes a la mitigación de riesgos a peligros naturales.

Así, al definir su plan de gestión de riesgo

cada gobierno debe atender una serie de elementos que se ponen en juego, no debiendo olvidarse que la gestión de riesgo es transversal ya que el riesgo está presente en todas y cada una de las actividades humanas. Este tipo de planes no pueden existir como una práctica o acción aislada, es decir autónomamente, sino que deben ser pensados como un componente de la gestión del desarrollo, ya sea nacional, regional, estratégico, urbano, local o comunitario, y de la gestión ambiental, en búsqueda de la sustentabilidad.

Precisamente ante la falta de este tipo de planes y la ocurrencia de estos tipos de eventos naturales, se ven enfrentados “un Estado débil ante un fenómeno poderoso”, punto que se presenta con cierta regularidad actualmente en la cotidianeidad de nuestra vida.

Es así que venimos siendo testigos, a lo largo de los últimos años, de una serie de desastres de magnitud en nuestro país.

Advertimos así que, a través de la recurrencia de estos fenómenos a lo largo del tiempo, existe en los gobiernos una falta de previsión en este tipo de hechos naturales cuyos planes de contingencia deberían ser ya políticas de estado, especialmente en provincias donde el riesgo de desastre forma parte del paisaje natural.

Para finalizar repito algo que más de una vez he afirmado: es posible argumentar que las consecuencias de este tipo de fenómenos dejan marcas en la vida de todo el pueblo afectado, y es por ello que los gobiernos deben aprender que se debe “gestionar el riesgo” y no “gestionar en el riesgo”... *Politóloga. Magíster en Antropología. Investigadora y docente de la Universidad Católica de Córdoba. Coordinadora del Área de Graduados y Formación Continua de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba.

> p.15

Espacios Políticos

Cooperación y desempeño económico: apuntes para una contribución desde la Ciencia Política Diego Gantus*

S

i los nexos entre la capacidad de nuestras democracias para construir sociedades más justas y el desempeño económico de las mismas es incontrovertible, y si para la Ciencia Política la discusión relativa a la distribución de los beneficios de aquel desempeño ha tenido (y tiene) un magnetismo muy especial, ¿cómo explicar la sonora ausencia de los politólogos en el debate sobre cómo influir en dicho desempeño, si es trivialmente evidente que el proceso político y el económico no pueden ser separados?

Si se comparte la definición de competitividad como el proceso sostenido de creación de valor, nos enfrentamos a un universo de problemas no sólo atractivos sino ineludibles. Aunque ciertamente, ese universo bien puede resumirse algo toscamente en los siguientes interrogantes: a) cuáles son los factores que explican la capacidad de crear valor sostenidamente; b) qué actores intervienen (y/o pueden intervenir) en dicho proceso; c) qué palancas de cambio pueden accionar estos actores para aprovechar las oportunidades de mejora existentes.

En trabajos anteriores se sostuvo que “entre los factores críticos que explican por qué esa capacidad de crear valor depende decisivamente de ‘lo que sucede’ en el ámbito regional se destaca ‘el nivel de cooperación’ de la región en cuestión” (Gantus, 2005). ¿Por qué los niveles de cooperación constituyen un factor con potencial para explicar una porción relevante del desempeño competitivo de una región? La respuesta es la que sigue: cooperar reduce costos presentes para los cooperantes (asigna más eficientemente recursos escasos) y reduce también costos futuros (aumenta la posibilidad de nueva cooperación); adicionalmente, genera externalidades positivas para la región en que los cooperantes intercambian (por aumento del consumo, el

p.16 <

ahorro o la inversión, condiciones necesarias mas no suficientes para el aumento de empleo y/o de los recursos públicos que financian la distribución secundaria).

Dados estos beneficios, deberíamos comprobar la existencia de comportamientos cooperativos por doquier (ya por principios, ya por necesidad). Pero aún cuando las ventajas de la cooperación son evidentes, los niveles de cooperación son insuficientes. ¿Por qué los agentes no cooperan?

Las ciencias sociales han elaborado al menos 5 respuestas a esta pregunta, que no pueden ser ignoradas: 1) La Elección Racional; 2) La Teoría de Juegos; 3) La Teoría de la Cooperación; 4) Los enfoques evolucionistas de la conducta humana (en el marco del Programa Ciencias del Comportamiento dirigido por el Prof. Samuel Bowles, en el Instituto Santa Fe de Nuevo Méjico); 5) El enfoque Neo-Institucionalista.

En esa línea de trabajo, las respuestas con mayor potencial explicativo parecen ser dos: a) aquella que proviene de la Teoría de la Cooperación, que partiendo de los supuestos de la Elección Racional, hace descansar las posibilidades de que emerja la cooperación, aún en entornos caracterizados por agentes egoístas, en la conciencia de los agentes sobre cuán alta sea la posibilidad de una nueva interacción (Axelrod, 1984); y b) aquella inscripta en el supuesto del enfoque Neo-Institucionalista, de que las decisiones que arrojan como resultado comportamientos cooperativos o no cooperativos son fuertemente influenciadas por las instituciones (Ostrom, 2000).

Los desarrollos más recientes de la Teoría de la Cooperación han abandonado la senda de los estudios empíricos sobre el comportamiento humano por la modelación basada en los agentes asistida por simulación computada, y en paralelo, se ha extendido a otros campos disciplinares

www.espaciospoliticos.com.ar

dado que “los actores pueden ser átomos, peces, gente, organizaciones…” e incluso células cancerígenas (Axelrod, 2006). Si compartimos la idea de que “la cooperación humana se basa en parte en capacidades que son únicas, o al menos mucho más altamente desarrolladas en el Homo Sapiens” (Bowles y Gintis, 2002), conviene entonces explorar con más detalle el enfoque Neo-Institucionalista.

La carta de presentación de los partidarios de este enfoque es que “las instituciones importan”. Dicho esto, corresponde decir que autores de variadas disciplinas que se inscriben en dicha tradición, lejos están de acordar siquiera en el significado mismo del concepto institución, y cómo es que efectivamente “importan” (Peters, 1999).

Avanzar en esa línea demanda también hacer un reconocimiento: al Neo-Institucionalismo en general, subyacen algunos supuestos que convendría no sólo explicitar, sino también revisar; y fundamentalmente, indagar cómo operan en la realidad. De acuerdo a aquellos supuestos: 1) existe “un marco institucional” que afecta el comportamiento y/o las situaciones de decisión; 2) dicho “marco”, compuesto por un conjunto de instituciones no siempre individualizadas, opera, influye, afecta en un único sentido (sea que las instituciones son todas coherentes entre sí, sea que unas se imponen a otras, atribuyendo o impregnando su sentido a todo el marco); 3) que ese sentido del marco es percibido por todos los agentes de idéntica forma (o al menos debe inferirse ello en función de la falta de contextualización, diferenciación entre agentes de distintos tipos, etc.).

Los estudios neo-institucionalistas han evitado hacerse cargo de estos supuestos porque se han concentrado en: a) caracterizar en general que se entiende por instituciones, b)

fundamentar porqué las instituciones importan, c) ejemplificar (sin explicar) cómo las instituciones influyen o afectan a los actores, directa o indirectamente, y finalmente d1) establecer alguna clase de relación entre el marco institucional (entendido como una unidad) y el desempeño de una variable dependiente (por ejemplo, el desarrollo económico de una nación), o d2) establecer alguna clase de relación entre una institución concreta y una variable dependiente (por ejemplo, cómo la regla de la mayoría influye en la construcción de coaliciones políticas).

Por todo esto, aportar suficiente evidencia empírica para suavizar, corregir y/o suplantar uno o más de aquellos supuestos y definir sin ambigüedades ¿qué es una institución? (y fundamentalmente ¿cómo es que efectivamente importan?), constituyen aún desafíos que nuestra disciplina debe afrontar.

Huelga decir que el primer desacuerdo condiciona fuertemente la emergencia del segundo.

1

Bibliografía Axelrod, Robert (1984). The evolution of cooperation. BBPI. Axelrod, Robert (2006). La complejidad de la cooperación. Fondo de Cultura Económica, México.

Bowles, Samuel y Herbert Gintis (2002). “The origins of humano cooperation”, en Hammerstein, Peter (ed.) The genetic and cultural origins of cooperation. MIT Press, Cambridge (disponible en http://www.santafe. edu/research/publications/wpabstract/200208035 ).

Gantus, Diego (2005). Lineamientos teórico-metodológicos para la construcción de un índice de competitividad regional para América Latina.

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario.

Ostrom, Elinor (2000). El gobierno de los comunes. Evolución de las instituciones de la acción colectiva. Fondo de Cultura Económica, México.

Peters, Guy (1999). El nuevo institucionalismo. Gedisa, Barcelona. *Profesor Titular de la Cátedra de Administración Pública y Secretario de Extensión e Investigación de la Facultad de Trabajo Social de la UNER.

Acerca de CIPPEC CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) es una organización independiente y sin fines de lucro que trabaja por un Estado justo, democrático y eficiente que mejore la vida de las personas. Para ello concentra sus esfuerzos en analizar y promover políticas públicas que fomenten la equidad y el crecimiento en la Argentina.

Nuestro desafío es traducir en acciones concretas las mejores ideas que surjan en las áreas de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Fortalecimiento de las Instituciones y Gestión Pública, a través de los programas de Educación, Salud, Protección Social, Política Fiscal, Inserción Internacional, Justicia, Transparencia, Desarrollo Local, y Política y Gestión de Gobierno.

Datos de contacto CIPPEC, Av. Callao 25, 1° piso (C1022AAA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfono: 4384-9009 Fax: 4371-1221 infocippec@cippec.org www.cippec.org

> p.17

Espacios Políticos

Reflexiones sobre el campo de la Opinión Pública en Argentina María Braun, socióloga, directora de MBC – MORI Gabriela Catterberg, politóloga, UBA Helena Rovner, politóloga, UCEMA

C

omo ocurre casi siempre en los períodos electorales, las encuestas -y los especialistas que las llevan a cabo- , han sido fuertemente cuestionados por la prensa local y por la opinión publica informada en los últimos meses. En algunos casos se pone en duda su supuesta capacidad para predecir resultados, pero muchas veces la descalificacion proviene de que son percibidas como un instrumento al servicio de quienes las encargan -los políticos- que tendría la capacidad para influir sobre las decisiones de los ciudadanos, más concretamente sobre su voto.

Ahora bien, más allá de los usos que puedan hacerse –y se hagan- de las encuestas, no es obvio que la publicación de sus resultados influya sobre el votante y mucho menos que lo haga en una dirección concreta y previsible. Tampoco lo es que los medios de comunicación sean ajenos a la construccion de las noticias en base a los datos de las encuestas.

Por último, es al menos discutible que las encuestas tengan como misión predecir el resultado de una elección.

Sí en cambio puede afirmarse, y alguna vez lo hemos hecho, que “las encuestas se mueven en un campo de ambigüedades y contradicciones”. Ambiguedades y contradicciones que tienen que ver con las propias lógicas de producción de la actividad y que van más allá de las coyunturales electorales. Así, las encuestas se mueven, en primer lugar, entre su capacidad de predecir, producto del uso de las técnicas probabilísticas, y la alta probabilidad de cometer errores. Y nos referimos no sólo el error ‘conocido’, a aquel que normalmente se denomina ‘margen de error’ y que tiene que ver con el tamaño de la muestra y su nivel de confianza, sino también al error no conocido o no controlable, como aquel que puede resultar de la carencia de datos precisos para el diseño de una muestra; o de la existencia –en todas las sociedades y en todo tipo de régimen- de personas que se niegan a dar su opinion a través de una encuesta ; o de la propensión de los individuos a dar respuestas ‘políticamente correctas’ o socialmente esperadas.

Se mueven también entre la rapidez exigida -muchas veces con una ansiedad extrema- por la industria de la producción de información o por la actividad de la consultoría

p.18 <

política y la complejidad que exige el análisis de su objeto, el comportamiento humano. Se reclama instantaneidad en la producción de datos a una actividad poblada de hipótesis múltiples y encontradas, poblada de factores intervinientes muy difíciles de investigar, poblada en suma de las incertidumbres propias de acercarse a un fenómeno tan intrincado como los procesos socio-culturales.

Se mueven, por último, entre la necesidad de interactuar con el campo académico - todo encuestador debe actualizar y renovar sus conocimientos teóricos y su pericia técnica- , y el hecho de que la infraestructura que exigen sus estudios es muy compleja y cara, con lo cual generalmente son sólo los partidos políticos, las empresas o los medios de comunicación los que pueden financiarlas.

Como posiblemente ocurra en cualquier area de conocimiento, las encuestas se mueven en un campo de ambigüedades y contradicciones que le es propio y que es necesario conocer y reconocer. Más aún si se tiene en cuenta que, como rama específica de las ciencias sociales, son una herramienta cuyo uso es relativamente nuevo en el mundo y más nuevo aún en las nuevas democracias latinoamericanas.

Es ya casi un lugar común señalar que el estudio de la opinión pública comenzó en Estados Unidos, cuando George Gallup y Elmer Ropper, contrariando todos los pronósticos y expectativas, previeron adecuadamente, en base a una muestra probabilística, el triunfo de Roosvelt sobre el republicano Alfred Landon en las elecciones de 1936. Rápidamente las encuestas cruzaron el Atlántico, llegando a Gran Bretaña en 1937 y a Francia en 1938, nuevamente en ambos casos probándose a sí mismas por sus predicciones adecuadas. Otras democracias siguieron el modelo y el número de empresas de medición de opinión pública en estos países fue creciendo, aunque con formatos institucionales diferentes, a veces más ligados a los medios de comunicación, otras a los partidos políticos, otras a la actividad comercial y la investigación de mercado. Lo cierto es que las encuestas se fueron consolidando como vehículos articuladores de las opiniones del ciudadano común, y hoy cumplen un rol estratégico al transmitir sus inquietudes y aspiraciones (cuando son realizadas con rigurosidad) de forma particularmente efectiva a la elite política.

En America Latina, el uso e impacto de los sondeos de

www.espaciospoliticos.com.ar

opinión luego del reestablecimiento de la democracia se expandió de forma impensable tan solo dos décadas atrás.

Probablemente sea difícil dimensionar el ‘fenómeno’ de las encuestas en la actualidad. La imagen presidencial, la evaluación de la performance gubernamental, o las expectativas inflacionarias se han transformado en datos claves en la toma de decisiones de las sucesivas administraciones, en los análisis político-económicos publicados por los medios, y en la evaluación del riesgo país en ámbitos empresariales.

Así, las encuestas de opinión pública y su rama más visible, las encuestas pre-electorales, se han convertido en un actor nuevo que participa en estos procesos.

Precisamente por ello es importante recordar las ambiguedades y contradicciones en las que se mueven y trabajar sobre ellas. WAPOR Buenos Aires (www.waporbuenosaires. org), sede regional de la World Association for Public Opinion Research, una organización internacional que desde hace más de cinco décadas trabaja para el fortalecimiento y la difusión de los estudios de opinión pública, se plantea un trabajo alrededor de estas cuestiones. Así, en Abril de 2007 WAPOR llevó a cabo el Primer Congreso Latinoamericano de Opinión Pública en la ciudad de Colonia del Sacramento, Uruguay, que reunió más de 150 investigadores latinoamericanos que, desde diferentes ámbitos profesionales –empresas, academia, gobierno, ONGs- trabajan con la opinion publica, esto es, con las opiniones, actitudes, informaciones y valores de segmentos importantes de la población sobre temas de interés publico. El éxito de la convocatoria –participaron más de 50 consultoras y 20 universidades de 10 países latinoamericanos- mostró la madurez alcanzada por la disciplina así como la necesidad de generar ámbitos de interacción y reflexión entre los investigadores de la region.

El resultado del congreso se concretó en un libro -“Opinion publica: una mirada desde America Latina” (EMECE, 2009)- que, a lo largo de 28 artículos aborda cuestiones ligadas a los procesos eleccionarios, las campañas políticas, el cambio y la gobernabilidad en la región así como el estudio de los cambios sociales y culturales, los problemas metodológicos y técnicos característicos de la región, y el papel de las encuestas en el ámbito de la comunicación política.

El libro pretende ser una contribución al captar la experiencia del conjunto de la región, y en ese sentido merece ser continuado a través de una actividad periódica –una Revista Latinoamericana de Opinión Publica, un proyecto que actualmente está implementando WAPOR Buenos Aires y que apunta a vincular la academia con la investigación social aplicada.

Otra proyecto que nuestra profesión requiere para avanzar, para hacer más transparentes los procedimientos de la investigación, más visibles, más públicos, más controlables por

parte de la comunidad académica -requerimientos fundamentales de la creación del conocimiento científico- es la creación de un banco de datos.

La importancia de los bancos de datos ha crecido en las ultimas décadas, por el explosivo crecimiento de la creación de datos, por las facilidades tecnológicas para su sistematización y acceso, y porque los costos de recolectar datos nuevos han crecido. Adicionalmente, se ha aceptado universalmente la idea de que reutilizar y hacer públicos los datos es no sólo legítimo, sino inclusive necesario.

Los datos son recursos no agotables: pueden revisarse una y otra vez, y nuevos investigadores les encontrarán más riqueza, nuevas dimensiones, más ideas y mensajes -también sin dudas más errores y falencias, y por lo tanto mejores estrategias para perfeccionarlos. Una base de datos que es utilizada sólo una vez, por un sólo investigador, tiene una utilidad disminuida, y pierde su enorme potencial para siempre. Asimismo, los datos que en el momento de su recolección aportaron cierto conocimiento, pueden generar nuevos hallazgos pasado el tiempo, o combinarse con más recolecciones de información, iluminando tendencias históricas o mostrando evoluciones que no se habían detectado originalmente.

Así, poner a disposición de la comunidad científica más y mejores datos genera nuevos caminos para más y mejor investigación.

En los países desarrollados, los archivos nacionales de opinión pública existen desde hace décadas, crecen incesantemente mediante aportes de instituciones de investigación públicas y privadas, son ampliamente accesibles por parte de la comunidad académica e interesados no especialistas, y gozan de un prestigio indiscutido. En nuestros países, la idea de que los frutos de la investigación deben abrirse a la discusión y compartirse con la comunidad, es aún novedosa, pero afortunadamente gana creciente aceptación -incluso comienza a reclamarse como una necesidad.

Por último, y precisamente porque las encuestas, particularmente las pre-electorales, se instalan en un campo que incluye otros actores –los políticos, que son muchas veces quienes las encargan y los medios de comunicacion, que las hacen públicas- es importante que la discusión acerca de su validez, sus requerimientos, sus estándares de realización y de difusión incluyan no solo a quienes las hacen sino también a quienes las difunden y, eventualmente, también a quienes las usan. Un debate difícil pero posible.

www.waporbuenosaires.org > p.19

Espacios Políticos

Barack Obama y América latina: desafíos para el presente Dra. Estela Garau* Mg. Constanza Mazzina** Henry Kissinger sostiene en su libro La Diplomacia, que los Estados Unidos han oscilado históricamente entre dos actitudes hacia su política exterior. De un lado, han actuado como un faro para el resto de la humanidad, suponiendo que la mejor forma de servir a sus valores es perfeccionado la democracia internamente. La segunda, que los valores de la nación le imponen la obligación de hacer una cruzada por ellos en todo el mundo. Ambas actitudes se traducen en una política aislacionista o intervencionista (Kissinger habla de “compromiso”).

Gran parte de las relaciones entre Estados Unidos y América latina han transitado entre la ausencia y la intervención “paternalista”. Hubo que esperar al final de la Guerra de Secesión para que los EE.UU. tuvieran una política hacia la región: para fines de la década de 1880 fundaron el movimiento panamericano y comenzaron su expansión sobre el Caribe.

El primer indicador que tuvo América latina del cumplimiento del Destino Manifiesto fue la Guerra Hispano-Norteamericana (conocida también como Guerra de Cuba). Esta guerra tuvo importantes consecuencias tanto a nivel regional como internacional. En primer lugar, los EE.UU aseguraron su control sobre la independizada Cuba a través de la Enmienda Platt, pero también sobre Filipinas y Puerto Rico. La aplastante victoria sobre los españoles fue una señal del lugar que ocuparían unas décadas después. La reacción latina llegó incluso a expresarse en esa pequeña obra seminal de la literatura anti-yankee, Ariel de José E. Rodó.

El s. XX nos ofrece un muestrario de las políticas norteamericanas hacia la región: desde el gran garrote de Teddy Roosevelt,

p.20 <

y la epidemia de intervenciones en América latina, la buena vecindad de Franklin D. Roosevelt, la Alianza para el Progreso de J. F. Kennedy, hasta el rollback de R. Reagan.

El profesor Atkins afirma que en sus relaciones con América latina, los Estados Unidos han perseguido siempre dos objetivos: el alejamiento de amenazas externas a la región y el mantenimiento de la estabilidad (1991:151). De acuerdo con Atkins, más allá del color político y del contexto internacional, estos objetivos se han mantenido por décadas. Pero, ¿qué ocurrió al finalizar la Guerra Fría? ¿Había una amenaza externa para la región?

Jorge Domínguez (2008:194) considera que para fines de los años 80 la política norteamericana asumió cuatro nuevos compromisos: a) apoyo a la pacificación de países que sufrían situaciones de violencia política; b) impulso a la transición y defensa de la democracia; c) apoyo a los organismos internacionales; d) impulso a los acuerdos de liberalización económica.

George Bush señalaba “(…) una asociación basada en la consulta, la cooperación y la acción colectiva, especialmente por medio de organismos internacionales (…)” (Bush 1990). Por su parte, Bill Clinton, expresaba estos objetivos en pocas líneas: “(…) nuestro propósito debe consistir en extender y fortalecer la comunidad mundial de democracias basadas en el mercado” (Clinton 1993).

Después del atentado a las Torres Gemelas, la política de George W. Bush (h) dio por tierra con estas cuatro líneas de acción que guiaban la política norteamericana hacia la región desde fines de la Guerra Fría. Su diplomacia hemisférica fue tornándose selectiva y errática. Es así como la imagen de Bush en América latina se deterioró rápidamente. Según el Latinobarómetro 2008 la evaluación de Bush era bastante mala, ocupando el penúltimo lugar de un total de diez mandatarios (Latinobarómetro).

La llegada de Barack Obama a la Casa Blanca asegura un cambio en las relaciones hemisféricas. Él mismo definió a la política de la administración Bush en los siguientes términos: “Its policy in the Americas has been negligent to our friends, ineffective with our adversaries and disinterested in the challenges that matter to peoples’ lives.

This has had dramatic effects. At the time of President Bush’s tour of Latin America last year, three-out-of-five Latin Americans distrusted the United States, and only onein-four members of Latin American elites held a favorable view of President Bush himself. This has damaged U.S. credibility and decreased U.S. influence in the region.”

En su discurso “A new partnership for the Americas”, Obama sostuvo que: “It’s time for a new alliance of the Americas.

After eight years of the failed policies of the past, we need new leadership for the future. After decades pressing for topdown reform, we need an agenda that advances democracy, security, and opportunity from the bottom up. So my policy will be guided by the simple principle that what’s good for the people of the Americas is good for the United States” (Obama 2008).

La idea de reestablecer el liderazgo en el hemisferio se apoyó en tres pilares: a) libertad política (political freedom)/democracia; b) libertad del miedo (freedom from fear)/seguridad; c) libertad de necesidades (freedom from want)/oportunidades.

Desde que asumió, B.O. ha iniciado un diálogo constructivo y positivo con la región. Así se evidenció con la presencia de su Vice en la Cumbre de Países Progresistas de Santiago de Chile, la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, su visita a México y los encuentros con Lula da Silva. Sin embargo, Obama tiene otros frentes prioritarios que atender: los problemas económicos y financieros de los Estados Unidos y el conflicto con Irán,

www.espaciospoliticos.com.ar

Irak y Afganistán (no necesariamente en este orden). Además ha incorporado en su agenda otros temas como el calentamiento global y la búsqueda de energías limpias. Ésto implica que la agenda regional de Obama está subordinada a otras cuestiones prioritarias y urgentes, de nivel doméstico o internacional. La conclusión es que Obama decididamente necesita bajar el nivel de conflictuosidad que tenía G.W. Bush (al menos en su retórica) con la región y recuperar la imagen positiva de los Estados Unidos (léase: disminuir la imagen negativa). Dados los compromisos a nivel mundial que tienen los Estados Unidos es sumamente pragmático que Obama delegue el liderazgo sub-regional en Lula y que tenga una estrategia selectiva con los países de la región con los cuales construya una agenda positiva (por ejemplo, Colombia, México, Brasil) y mantenga abierto el diálogo con todos (a diferencia de G.W. Bush).

Los desafíos que deberá enfrentar en su gestión seguramente provendrán de los te-

mas no resueltos en las relaciones hemisféricas. Ésto significa que sus principales issues no serán Venezuela o siquiera Cuba, sino las migraciones, el narcotráfico, el medio ambiente, los acuerdos de libre comercio y la pobreza. En estos temas será donde deberemos analizar con profundidad la agenda de Obama con América latina.

Citas> 1 Asumimos que la Declaración de Monroe de 1823 fue una respuesta a la Santa Alianza y al concierto europeo más que una política para América latina.

2 “What all of us strive for is freedom as FDR described it. Political freedom. Religious freedom. But also freedom from want, and freedom from fear. At our best, the United States has been a force for these four freedoms in the Americas. (…) This is the promise of FDR’s Four Freedoms that we must realize. But only if we recognize that in the 21st century, we cannot treat Latin America and the Caribbean as a junior partner, just as our neighbors to the south should reject the bombast of authoritarian bullies. An alliance of the Americas will only succeed if it is founded on a bedrock of mutual respect.” Idem.

Bibliografía Atkins, Pope (1991), América Latina en el sistema político internacional. Gel, Buenos Aires.

Bush, George W. Discurso ante la Asamblea General de la ONU. (CIUDAD) Octubre 1990.

Clinton, William. Discurso ante la Asamblea General de la ONU. (CIUDAD) Septiembre 1993.

Domínguez, Jorge I. (2008), “Las relaciones contemporáneas Estados Unidos – America Latina: entre la ideología y el pragmatismo”, en Ricardo Lagos (comp.), America Latina ¿integración o fragmentación”. EDHASA; Bs. As. Kissinger, Henry (1995), La Diplomacia. FCE, México.

Obama, Barack. “A new partnership for the Americas”. Discurso presentado en Miami, mayo 2008.

Latinobarómetro. “Informe Latinobarómetro 2008”. http://www.latinobarometro.org/docs/INFORME_LATINOBAROMETRO_2008.pdf Estela Garau es Directora de la Carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales de UADE. ** Constanza Mazzina es Profesora asociada de dicha institución y dicta la materia Relaciones Internacionales de América Latina. *

DEL OTRO LADO DEL MOSTRADOR: (CIENCIA) Lic. Martín Cosentino* POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA ¿Por qué estudiaste ciencia política?

En realidad mi licenciatura es en relaciones internacionales, aunque siempre me interesó y me gustó la política tanto en el plano doméstico como internacional. Creo que no se puede dejar de interpretar y concebir los acontecimientos sociales y políticos en el ámbito nacional desligados completamente de lo que acontece en el plano mundial.

De adolescente me atraían mucho los libros de historia política mundial y argentina y las biografías de personalidades influyentes como De Gaulle, Kennedy, Yrigoyen, Perón o Frondizi.

Por otra parte, mi acercamiento al sentido más práctico del accionar político lo comencé a descubrir en mi época de estudiante secundario y luego - de manera mucho más intensiva - durante mis años en la universidad, con un participación tan activa como gratificante en la JUP. Sin bien tenía en claro que me gustaba la política, no quería terminar en la elección convencional de estudiar abogacía; por eso me volqué por una carrera que ya me gustaba desde un inicio por su nombre. ¿Qué libros o autores considerás fundamentales en toda biblioteca de un politólogo?

Para ser honestos es una pregunta que exige una respuesta arbitraria, porque siempre vas a dejar afuera autores u obras importantes.

Pero para intentar ser lo más equitativo posible no dejaría afuera obras clásicas de la sociología y la economía como las de Maquiavelo, Max Weber o Adam Smith, Morgenthau, Nye, etc. aunque siento que estoy siendo injusto con este listado breve…

Lo que no puede faltar nunca es el manual de conducción política

A la hora de la praxis, para hacer política ¿ser politólogo es una ventaja o un obstáculo?

Creo que resulta conveniente en la medida en que uno interpreta las teorías y las entiende como un medio de aproximarse a la realidad, aunque siendo sumamente consciente que la realidad es infinitamente más dinámica y consecuentemente resulta más compleja.

No en vano la única verdad es la realidad, no?

En una frase resumida, la política es…

Trabajar por lo que uno siente y sueña desde muy pequeño. Es aprender a equivocarse y volver a empezar. Es escuchar e interpretar. Es desarrollar un extraordinario sentido de la responsabilidad, es transmitir un sentido a nuestras acciones; el rumbo a seguir… ¿Cuál es el principal desafío que afronta la ciencia política a la hora de interactuar en la gestión pública?

No caer en tecnicismos atractivos desde el punto de vista teórico, pero inconducentes a la hora de implementar acciones de gobierno concretas y efectivas. No dejarse llevar por la tentación creer que todo lo que se estudia o implementa en el exterior es necesariamente mejor que lo que desarrollamos en nuestro ámbito. *Martín Cosentino Moreto. Licenciado en relaciones internacionales (USAL). Subsecretario de relaciones institucionales. Jefatura de Gabinete de Ministros. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

> p.21

Espacios Políticos

«

El federalismo y los gobiernos locales en Argentina y Brasil Tulia G. Falleti* Federalismo y gobierno local son términos que raramente se encuentran juntos o asociados. Las teorías del federalismo, tanto en sus vertientes del federalismo fiscal como del federalismo constitucional, sólo consideran dos niveles de gobierno: el central y el intermedio. La idea de soberanía compartida, que está en la base de la definición de federación, sólo establece dos demos: uno de nivel nacional y otro de nivel provincial o estatal. Los estados o provincias son así los miembros de la federación con quienes el gobierno central comparte la soberanía. En ningún caso las teorías del federalismo consideran al tercer nivel de gobierno: el de los gobiernos locales o municipales. Y esto es a pesar de que en la mayoría de los países federales tal tercer nivel de gobierno existe y, más aún, en contextos democráticos, las autoridades de los gobiernos locales son elegidas por voto popular.

A pesar de esta omisión en las teorías del federalismo, en años recientes, procesos de escala global, nacional, y local han aumentado la visibilidad e importancia de los gobiernos locales. Los avances tecnológicos y el abaratamiento de costos en los sistemas de transporte y comunicación han permitido conectar entre sí y con el mundo--ya sea de forma real o virtual—lugares que antes eran recónditos. Por otro lado, los procesos de descentralización de los gobiernos centrales, que comenzaron a finales de los años 1970s, aumentaron el flujo de recursos, responsabilidades y autoridad desde los niveles nacionales hacia los subnacionales. Y, finalmente, los procesos de democratización han hecho que en muchas circunstancias la ciudadanía demande más y mejor gobierno a sus autoridades locales.

Como puede imaginarse, la creciente importancia de los gobiernos locales en países federales ha resultado en una tensión entre el nivel intermedio de gobierno, el de provincias o estados, y el nivel local. En general, los gobernadores resisten el avance de los municipios. La forma en que se resuelve el conflicto entre niveles intermedios y locales de gobierno, ya sea a favor de uno u otro nivel, es sumamente intrigante. En Brasil, por ejemplo, los municipios han ganado mucho espacio político y poder en relación con los estados. En México, los municipios también se han fortalecido significativamente, pero en Argentina continúan rezagados tanto en términos de sus recursos como de sus funciones. ¿Por qué existe gran variación en la importancia de los gobiernos locales, aún entre países federales? ¿Qué hace que los gobiernos locales de un país federal sean significativamente más activos y vibrantes que los de otro país, también federal y de la misma región? ¿Por qué en Brasil los gobiernos municipales ejecutan más de 15% del gasto público, mientras que en Argentina los municipios ejecutan la mitad de ese porcentaje? ¿Por qué en Brasil la ad-

p.22 <

ministración y provisión de servicios sociales tales como la salud básica y la educación elemental están exclusivamente en manos de los municipios, mientras que en Argentina las atribuciones de los municipios en estas áreas continúan siendo escasas?

Antes de aventurar algunas posibles explicaciones que permitan responder a estas preguntas, la siguiente sección describe en mayor detalle la situación de los gobiernos locales de Argentina y Brasil.

Los gobiernos locales en Argentina y Brasil Argentina tiene un total de 2.247 gobiernos locales, de los cuales 1.144 son municipios, 494 son comunas (existentes en las provincias de Córdoba y Santa Fe), y el resto son comisiones de fomento, comisiones o delegaciones municipales, comunas rurales y otros (INDEC, datos correspondientes al año 2006). Prácticamente todos los municipios tienen un poder ejecutivo y otro deliberante, e incluso los gobiernos locales que no son municipios se rigen por cuerpos colegiados electivos (Cao et al. 2007, 119, 140). Los ejecutivos locales o intendentes son electos por períodos de cuatro años (con excepción de aquellos de las provincias de Tucumán y Corrientes que son electos por períodos de dos años) y pueden ser reelectos de forma indefinida--salvo en las provincias de Corrientes, Formosa, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán, donde la reeleccción se limita a un período consecutivo (Cao et. al 2007, 120-21)1.

La reforma constitucional de 1994 sancionó la autonomía municipal (Articulo 123), reconociendo el carácter político del municipio. Esta reforma concluyó un largo debate jurídico respecto del carácter autárquico (entidad mayormente administrativa) o autonómico (entidad esencialmente política) de los municipios en Argentina. Desde la última reforma a la constitución nacional, la mayoría de las constituciones provinciales han sido modificadas para reconocer la autonomía de sus municipios.

Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, los municipios argentinos tienen muy limitada autonomía. Sólo pueden recaudar tasas (las cuales se cobran en retribución por un servicio que brinda el municipio) y no pueden recaudar impuestos. Se calcula que aproximadamente 40% del total de los ingresos municipales son por recaudación propia (Cao et al. 2007, 21). El resto lo constituyen transferencias provinciales (que son la mayor parte de los recursos municipales y resultan de la coparticipación de impuestos) y transferencias nacionales2. En cuanto al gasto, los municipios ejecutan aproximadamente 8% del total del gasto consolidado (el resto es ejecutado por las provincias, 40%, y el gobierno nacional, 52%). Pero no sólo el porcentaje del gasto total municipal es relativamente bajo, sino que cuando se estudia su evolución en el tiempo se nota que, a diferencia de Brasil dónde el gasto municipal aumentó significativamente desde los 1990s, en Argentina el gasto municipal se ha mantenido a un nivel muy bajo desde

www.espaciospoliticos.com.ar

comienzos de los 1980s. Esto, a pesar de que el gasto provincial aumentó significativamente durante este período, como puede apreciarse en las Figuras 1 y 2, que reportan la composición del gasto total consolidado por nivel de gobierno, en millones de pesos de 2001 y en porcentaje del total, respectivamente.

En cuanto a distribución de funciones, si tomamos el área educativa, vemos que los municipios argentinos prácticamente no han tenido ninguna responsabilidad en la instrucción de los niveles primario o secundario. Dichas responsabilidades han recaído en su mayor parte en el gobierno federal primero y en los gobiernos provinciales más tarde en la medida en que avanzaron los procesos de descentralización educativa. Tal distribución de funciones puede apreciarse en las Figuras 3 y 4 que representan la evolución de establecimientos educativos de nivel primario y secundario, respectivamente, en cada nivel de gobierno.

Es cierto, no obstante, que la importancia social del municipio argentino aumentó en años recientes, como consecuencia de la crisis económica de 2001-2002. No obstante, en muchos casos se trata de la administración de programas o recursos que llegan etiquetados desde el gobierno nacional.

En Brasil, existen 5.561 municipios. La reforma constitucional de 1988 reconoció al municipio como un ente federativo, vale decir, con el mismo estatus constitucional que los gobiernos de los estados. En términos de recaudación los municipios brasileros recaudan sólo un poco más que los argentinos (aproximadamente 5% del total de la recaudación). Sin embargo, desde el punto de vista del gasto, y desde comienzo de los 1980s los municipios brasileros han participado en forma creciente del gasto, pasando de ejecutar menos del 10% en 1980 a más del 15% en 2004 (ver Figura 5). En el área de educación, la proporción de escuelas en manos de los municipios ha crecido constantemente desde la década del 1950, mientras que las escuelas en manos de los estados iban disminuyendo (ver Figura 6). ¿Por qué existe tanta diferencia en la distribución de recursos y responsabilidades entre los gobiernos locales de Argentina y Brasil?

Algunas explicaciones tentativas y plausibles Una serie de factores pueden dar cuenta de la disparidad en la importancia de los gobiernos locales de Argentina y Brasil. En primer lugar, y como se indicó más arriba, existen diferencias en cuanto a la autoridad conferida por las constituciones nacionales. Mientras la constitución argentina sanciono la autonomía, la brasilera reconoció a los municipios como entes federativos. Sin embargo, cambios en el rol de los municipios—al menos en el área educativa, y lo mismo puede decirse del sector salud—se registraron en Brasil con mucha anterioridad a la reforma constitucional de 1988 (Falleti 2009). De forma tal que esta explicación no parecería ser las más plausible.

Una segunda explicación posible es que las diferencias entre los dos países se deben a las distintas formas de organización y articulación de los intereses de los municipios. Esta explicación es cier-

tamente plausible en tanto Brasil cuenta con tres activas asociaciones de autoridades municipalidades. La Associação Brasileira de Municípios (ABM) es la de más antigua data. Fue la primera asociación de municipios de América Latina, creada en 1956. En los años 1980s, antes de la transición democrática, otra asociación se formó, la Confederação Nacional de Municípios (CNM) que representa a gobiernos medianos y pequeños. Finalmente, a comienzos de los 2000 se formó el Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para representar a las ciudades capitales de los estados. A pesar de tener tres asociaciones municipales, lo cual podría interpretarse como signo de debilidad para la organización mancomunada de los municipios, hay en realidad mucha cooperación entre las asociaciones, en particular entre la CNM y la FNP3. Argentina, en cambio, solo cuenta con una asociación municipal, la Federación Argentina de Municipios, pero ésta ofrece muy poco soporte o coordinación a los gobiernos locales.

Una tercera explicación, de carácter político, se basa en la estructura interna de los partidos políticos y el tipo de carreras políticas.

En Argentina, son los gobernadores, los que en general controlan a los partidos en cada uno de sus distritos. Es posible que en Brasil la situación sea diferente, con una mayor autonomía en el nivel local de los partidos políticos (Ames 1995). Esto podría explicar por qué los gobernadores han sido exitosos en bloquear la coordinación entre el nivel central de gobierno y los gobiernos locales en Argentina, mientras que ésto no fue posible en Brasil4.

Finalmente, una cuarta explicación posible es que las diferencias entre recursos y responsabilidades de gobiernos locales en Brasil y Argentina se debe a las distintas características de sus sociedades civiles. No sólo por cómo se organizan políticamente, sino también en términos del capital social y experiencias de participación comunitaria que acumulan. Esta es una hipótesis muy interesante ya que (con las herramientas y metodología apropiada) podría testearse tanto en términos de diferencias entre países como también dentro de cada país, para explicar diferencias entre municipalidades, ya que mientras que hasta aquí he detallado la situación promedio de los municipios en cada país, lo cierto es que existen grandes diferencias entre municipios dentro de cada país.

Como puede apreciarse, si descartamos la explicación basada en la constitución, aún existen, por lo menos, tres explicaciones alternativas y plausibles respecto de las diferencias en la importancia de los gobiernos locales en países federales. En futuras investigaciones me dedicaré a testear estas (y posiblemente otras) hipótesis para avanzar en nuestro conocimiento comparado de gobiernos locales en países federales.

Conclusión El nuevo rol que están asumiendo los gobiernos locales en países federales tales como Brasil, debería ser un llamado de atención para los políticos y diseñadores de políticas públicas en otros países federales, tales como Argentina. Como señalan las teorías de la democracia local--desde Alexis de Tocqueville en adelante--la gran ventaja de los gobiernos locales es que son los más cercanos al ciudadano. En este sentido, ellos tienen la posibilidad de cono-

> p.23

Espacios Políticos

cer y adjudicar recursos conforme a los “gustos y preferencias” de sus ciudadanos. Con más recursos, más responsabilidades, mayor coordinación con los niveles superiores de gobierno, y mayor participación y monitoreo de la ciudadanía, grandes avances pueden darse en el nivel local de gobierno. A tal efecto, Brasil constituye un excelente ejemplo a tener en cuenta. Por otro lado, es preciso revisar nuestras teorías de federalismo, tanto en sus vertientes fiscal como constitucional, para dar lugar conceptual y entrada a los gobiernos locales.

Referencias Ames, Barry. 1995. “Electoral Strategy and Open-List Proportional Representation.” American Journal of Political Science 39 (2):406-33.

Cao, Horacio, Gustavo Blutman, Alejandro Estévez, and Mónica Iturburu, eds. 2007. Introducción a la administración pública argentina. Nación, provincias y municipios. Buenos Aires: Biblos.

Falleti, Tulia G. 2009. “Infiltrating the State: The Evolution of Health Care Reforms in Brazil, 1964-1988 “ In Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power, ed. J. Mahoney and K. Thelen. New York: Cambridge University Press.

Micozzi, Juan Pablo. 2009. The Electoral Connection in Multi-Level Systems with Non-Static Ambition: Linking Political Careers and Legislative Performance in Argentina, Political Science, Rice University, Houston.

Ministerio de Cultura y Educación. 1993. Establecimientos y alumnos.

Total del país 1991-1992. Buenos Aires: Dirección Nacional de Planeamiento e Investigación. Dirección de Estadística Educativa. nd. Estadísticas de la Educación. Síntesis 1972-1976. Buenos Aires: Departamento de estadística.

Ministerio de Cultura y Educación, and Organización de los Estados Americanos. 1993. Las estadísticas del nivel medio. La evolución de la última década. Buenos Aires.

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 1996. Censo Nacional de Docentes y Establecimientos Educativos 1994. Resultados Definitivos. Serie A Nro. 1. Total del país. Buenos Aires: Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.

Ministerio de Educación y Justicia. 1964. Enseñanza Media. Años 1914-1963. Tomo I y II. Buenos Aires: Departamento de Estadística Educativa.

Juan Pablo Micozzi (2009, 78-79) calcula que la tasa de reelección de intendentes en Argentina desde 1983 hasta 2007 ha sido de aproximadamente el 40%.

2 Existe gran variación respecto del porcentaje de recaudación propia de los gobiernos locales en las distintas provincias de Argentina. Horacio Cao et al. (2007, 130) estimaron que en el 2000, la fuentes de recursos propios de las municipalidades variaba desde aproximadamente 5% promedio en la provincia de La Rioja, hasta más del 70% en la provincia de Chubut.

3 En el año 2005, la CNM y el FNP tenían oficinas centrales en el mismo edificio y piso en Brasilia, a un lado y otro del hall de los ascensores.

4 Hacia el final del segundo mandato presidencial de Carlos Menem, el gobierno nacional trató de organizar a los municipios con el objetivo de que los intendentes fueran parte de la coalición de apoyo al ejecutivo nacional que posibilitaría la reforma constitucional para su segunda reelección consecutiva. 1998 fue declarado el año de los municipios. Pero la oposición de los gobernadores frustró este intento del ejecutivo nacional de organizar y dar mayor relevancia a los municipios. En Brasil, en cambio, tanto las administraciones de Fernando H. Cardoso, como las de Ignacio Lula da Silva, fueron capaces de coordinarse con los gobiernos locales, “puenteando” a los estados y a los gobernadores.

1

*Profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Pennsylvania falleti@sas.upenn.edu

Cada quien atiende su juego.

- Consecuencias del adelantamiento de las elecciones Marcela Ballabio*

“Al don, al don, al don Pirulero, cada cual, cada quien atiende su juego y sino y sino...una prenda tendrá”.

El adelantamiento de las elecciones de medio término, convocó a los argentinos al debate político sobre el futuro del país, la gobernabilidad del matrimonio Kirchner, su legitimidad en el ejercicio del poder y el debilitamiento del poder veto.

p.24 <

Se entiende por jugador de veto aquel actor individual o colectivo cuyo acuerdo es requerido para una toma de decisión y romper con el estatus quo, es decir con un conjunto de reglas vigentes (Tsbelis, 2002). Al juego que se hace mención, no es otro que el de establecer las reglas que ordena la interacción de una sociedad. Las instituciones, formales o informales, reducen la incertidumbre, estructuran, y limitan el conjunto de elección de los individuos (North, 1990).

Desde que Cristina Kirchner asumió

la presidencia del país en diciembre de 2007, se vio obligada a realizar diversos tipos de políticas, programas y acciones para hacer frente a las dificultades internas y a la fuerte crisis económica internacional. En ejercicio de su cargo ejecutivo, fue realizando diversas intervenciones como actor de veto a fin de modificar las instituciones existentes en vista de aumentar algún tipo de recurso -humano, tiempo o fundamentalmente económico-.

El problema del campo es tal vez, el

www.espaciospoliticos.com.ar

caso que mejor ilustre esta situación.

El intento de modificación unilateral por parte del ejecutivo de las retenciones a la soja generó una ruptura del status quo y por consiguiente el inminente cambio de las reglas de juego. Este episodio hizo resurgir en la arena política actores tradicionales como la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentina y Coninagro, quienes mostraron su poder por medio de protestas, piquetes, cortes de rutas y desabastecimiento de alimentos. Así mismo emergieron nuevos actores que hasta el momento se habían mostrado en un segundo plano, como fue el caso de Alfredo de Angeli o del vicepresidente de la Nación Julio Cobos.

Este último fue quién en gran medida incidió para que el tema fuera tratado por el Congreso Nacional y quien terminó desempeñando un rol de veto que si bien la Constitución Nacional lo facultaba1 no estaba previsto que lo utilizara en contra de la propuesta oficialista. Lo cierto es que Cobos hizo uso de una institución existente y llevó al extremo su poder, convirtiéndose en el principal actor de veto al decir “mi voto no es positivo”. A partir de allí el país nuevamente profundizó la división entre oficialistas y opositores. La presidenta debió retroceder en su accionar, cambió algunos funcionarios y ministros, otros renunciaron y buscó nuevas formas de financiamiento. Por su parte el vicepresidente conformó un nuevo partido político –CONFEy se convirtió en un gran opositor.

En definitiva el conflicto del campo trajo aparejado el reposicionamiento de muchos actores que estarían dispuestos a competir en este 2009 de la contienda electoral.

Tras el episodio del campo y una sucesión de resultados electorales provinciales desfavorables para el oficialismo, Cristina puso nuevamente en

juego en la arena política el cambio de una regla existente. El 26 de marzo de 2009, el Congreso de la Nación a pedido de la presidenta emprendió, en vista a “atender su juego”, el adelantamiento para el 28 de junio de las elecciones Nacionales. Al momento de generar un cambio institucional, se deberían evaluar los costos y beneficios y se debe tratar de minimizar la incertidumbre. No obstante el partido Justicialista se fragmentó aún más y aquellos que decidieron acompañar a Néstor Kirchner aceptaron la idea de las candidaturas testimoniales otras nuevas instituciones, ampliamente cuestionadas por gran parte de la sociedad y por los medios de comunicación.

El matrimonio Kirchner, no tuvo la certeza de las consecuencias futuras de sus presentes alternativas institucionales (Knight, 1992). En última instancia con el adelantamiento de las elecciones se buscó revertir o frenar la caída de popularidad en las encuestas, pero no se previó que podría verse aún más perjudicada la acción ejecutiva con este cambio institucional y por consiguiente no se tomaron los recaudos necesarios como para conseguir el uso eficiente de esta institución.

Los resultados electorales fueron contundentes, y aunque en un primer momento el ex- presidente dijo “perdimos por muy poquito”, quedó en evidencia que la ciudadanía prefirió mostrarles su descontento permitiendo que la oposición fuera la verdadera vencedora de la contienda.

En definitiva, el adelantamiento de las elecciones no los benefició, la derrota fue generalizada en casi todo el país y en contraposición su nuevo rival -Cobos- logró que sus candidatos ganaran por más de 20 puntos en casi toda la Provincia de Mendoza.

Las reglas de juego pueden cambiar y servir para acrecentar aún más su poder de veto, pero también pueden volverse en contra de aquellos que

impulsan dichos cambios. Julio Cobos se concentró en hacer uso del poder de los que crean o desarrollan instituciones que les permite generar ventajas estratégicas frente a otros actores. Demostrando cómo pueden los favorecidos obtener aun mayores beneficios (Knight, 1992). Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el matrimonio Kirchner. Néstor debió ceder su puesto como presidente del PJ, el partido perdió el quórum en el Congreso Nacional, y la Presidencia vio debilitada aun más su poder de veto. Deberán rever como juega sus próximas cartas. Por el momento todo indica que el llamado al diálogo con los distintos sectores para encontrar “consenso” es una pantalla, la estrategia implícita consiste en fortalecer nuevamente su poder de veto, estar atentos, atender el juego, y sino… y sino… otra prenda tendrán…

Constitución Nacional, artículo 57: “El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación.”

1

Bibliografía: Constitución de la República Argentina.

Knight, Jack (1992). A Distributive Conception of Social Institutions Institutions and Social Conflict. Cambridge University Press, Cambridge.

North, Douglas (1990). Introducción a las instituciones y al cambio institucional. En Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, FCE, México.

Tsebelis, George (2002). Veto Players: How Political Institutions Work. Russell Sage Fundation, Princeton. *Magíster en Gobierno y Asuntos Públicos, FLACSO México. Doctoranda de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo. Becaria de Conicet e investigadora del Centro de Estudios de Innovación Institucional (CEII).

UNCuyo.

> p.25

Espacios Políticos

Armando el recompecabezas en el área metropolitana de Buenos Aires: el desafío de articular soluciones y coordinar políticas públicas entre distintos niveles de gobierno Gonzalo Diéguez* Es una realidad -tristemente- conocida que el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) constituye no solo el epicentro sociodemográfico y económico productivo más importante de nuestro país sino además una de las urbes sociales más dispares del mundo (Escolar y Pírez: 2001).

Aproximadamente un tercio de la población total de la Argentina se concentra entre los 32 municipios bonaerenses – conurbaciones en estrictos términos técnicos - y la ciudad autónoma de Buenos Aires que dan lugar al territorio que comprende el AMBA ; donde se genera poco más del 50% del PBI argentino.

Las múltiples y diversas realidades sociales y económico productivas que se registran no solo hacia el interior del suelo porteño, sino también entre los diferentes municipios vecinos que se aglutinan en los numerosos anillos del conurbano, representa un primer nivel de análisis a tener en cuenta.

El desafío en esta instancia inicial consiste en dimensionar la magnitud e intensidad de escenarios profundamente heterogéneos y fragmentados entre sí tanto a nivel social como político institucional. ¿Acaso las necesidades de desarrollar una red cloacal en un municipio como San Isidro o Vicente López, son las mismas que las existentes en las localidades de José C Paz o Moreno? Y es este caso ¿quien es la autoridad competente encargada de diseñar e implementar la política pública? ¿En qué medida las prioridades de desarrollo de infraestructura vial para el transporte urbano de algunos de los barrios de la zona sur - Villa Lugano, Villa Soldati - son siquiera comparables con las existentes en otros suburbios de la zona norte

p.26 <

como Palermo o Belgrano? ¿Es esta una responsabilidad del gobierno porteño exclusivamente?

Constitución y Haedo en los años 2005 y 2007 respectivamente, bien pueden resultar de ejemplos ilustrativos al respecto.

Sin dudas esta primera variable grafica la ardua tarea que enfrentamos a la hora de definir e implementar soluciones de políticas integrales.

Del mismo modo, para vastos sectores de la ciudadanía metropolitana, independientemente de su localización geográfica, constituye una ardua tarea ejercer acciones de accountabilty horizontal identificando en la maraña del entramado institucional vigente, aquel o aquellas autoridades responsables por la prestación deficitaria de tal o cual servicio público.

Otra dimensión analítica relevante consiste - en materia de decisiones - en observar que en muchos casos la potestad institucional para resolver determinadas problemáticas comunes en el territorio que conforma el AMBA, recae exclusivamente sobre el nivel de gobierno federal.

Esto supone la presencia activa de la autoridad del Estado Nacional sobre un territorio densamente poblado y subdividido entre las jurisdicciones del gobierno porteño y un número significativo de municipios bonaerenses. El desafío se presenta entonces por partida doble. ¿Cómo diseñar políticas públicas para atender una realidad tan compleja y contradictoria en sí misma en un ámbito institucional ampliamente diversificado?

Sin dudas este interrogante bien vale para las autoridades que si sitúan en ambos extremos de los niveles de gobierno.

Para agregarle mayores condimentos a la cuestión, un segundo nivel de análisis nos remite a observar que la coexistencia de los tres niveles de gobierno (federal, provincial y local), dentro del radio de 4.000 kilómetros cuadrados que comprende el AMBA se desenvuelve en términos de una convivencia conflictiva.

Los últimos tironeos entre el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno nacional por el financiamiento de la red de subterráneos, sumado a la polémica por el aumento de las tarifas de peaje que afectan a los habitantes del conurbano que viajan a trabajar a la capital, o los incendios producidos por los usuarios del ferrocarril en las estaciones de

Encontrar alternativas de solución a esta y otras problemáticas del área metropolitana, requiere de estudios exhaustivos que no solo identifiquen actores con intereses comunes e incentivos selectivos (económicos, sociales) que permitan articular y coordinar políticas públicas entre las distintas jurisdicciones en juego.

Supone además una tarea estrictamente politológica de dilucidar y comprender la dinámica sociopolítica que subyace en las diferentes jurisdicciones, tomando en cuenta que las lógicas y los modelos de acumulación política difieren sustancialmente de un lado y del otro en el territorio metropolitano y entre los distintos niveles de gobierno.

Bibliografía: Escolar, M. y Pírez, P. (2001) “¿La Cabeza de Goliat? Región metropolitana y organización federal en Argentina”, XXIII Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos Kralich, S. (2007) “El transporte urbano entre la globalización y la fragmentación: El caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires”, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile. *Lic. En ciencia política UBA. Maestrando en Administración y políticas públicas (UdeSA).

Docente e investigador UBA – UADE – UCALP. Director académico de Espacios Politicos.

www.espaciospoliticos.com.ar

«

internos y externos, no sólo en el aspecto político sino también en el religioso-cultural. Irónicamente, los que sostienen esta tesis, podrían decir que hay una excelente estrategia comunicacional para con Medio Oriente pero que existe muy poco sustento para llevar a cabo una tarea de estabilización regional. Mientras tanto, la imagen de Obama en el mundo árabe sigue subiendo.

Obama y el nuevo escenario global: desafíos y riesgos de la diplomacia en Medio Oriente Lic. Ariel González* Antes del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos disfrutaba de un indiscutible ascendiente sobre la mayor parte del globo. La consecuencia inmediata del ataque al corazón financiero –Torres Gemelas- y militar –Pentágono– de EE.UU. fue de congoja generalizada. El crítico periódico francés Le Monde tituló al otro día ¡Todos somos norteamericanos!

Luego de siete años de Gobierno de George W. Bush (h) con las invasiones a Irak y a Afganistán, la imagen positiva de EE.UU. –según el informe Global Public Opinion in the Bush Years (2001-2008) del Pew Global Attitudes Project– cayó en veintiseis de treinta y tres países encuestados en los diferentes continentes.

Pero en el escenario político electoral apareció una personalidad atractiva a nivel internacional, Barack Obama. La campaña presidencial de este Senador de Illinois se destacó con la implementación de nuevas tecnologías –Facebook e internet- para la globalización del mensaje electoral y por el mensaje positivo de cara al futuro.

Uno de los temas claves abordados durante la campaña de Obama fue Medio Oriente. Temas como el retiro de las tropas en Irak, un nuevo impulso a la paz en el conflicto palestino-israelí y la diversificación energética fueron tres temas claves para sumar votos.

Un día después de la asunción de Barack Hussein Obama como Presidente de los Estados Unidos, se anunció la designación del Embajador en misión especial

para Oriente Medio, George Mitchell.

Los principales objetivos fueron calmar los ánimos belicistas luego de la guerra de Gaza de 2008-2009; frenar los intentos de Israel para no llevar a cabo medidas unilaterales en cuatro frentes conflictivos: Gaza, Cisjordania, Líbano e Irán; lograr un acercamiento a Siria y; por último, sostener a los aliados históricos en la región: Arabia Saudita, Jordania y Egipto.

En los primeros seis meses de gestión, la actividad de la administración Obama ha sido realmente intensa. Se pueden contar un viaje presidencial, uno de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton y tres del enviado especial a la zona. Pero estos movimientos ¿han tenido un rumbo determinado? ¿Hay una estrategia para Medio Oriente?

Tres visiones se entrecruzan en identificar qué tipo de política está llevando adelante Barack Obama en la región. La primera sostiene que EE.UU. está llevando adelante una política errónea, debido a las múltiples declaraciones realizadas a favor de los países árabes, Palestina y el cambio de posición con respecto al Islam. Esta política se muestra como una prueba fragante de fragilidad de EE.UU. en la región. Los viejos halcones republicanos y la visión del Estado de Israel comparten esta visión.

La segunda interpretación es que EE.UU. está llevando adelante una política sin timón ni rumbo con una excesiva sobreactuación.

Algunos de los países árabes se enfrentan a un poder estatal de carácter revolucionario como es el caso de Irán el cual se encuentra en una zona muy proclive a conflictos

La tercera perspectiva, la más respaldada por los medios de comunicación globales y por algunos centros de poder mundial, es la de un acercamiento positivo y constructivo para lograr una “paz exhautiva” –en términos de George Mitchell– en la región. Pero para lograr ese objetivo EE.UU. debe afrontar una serie de asuntos muy amplios, alguno de los cuales son trasnacionales o pertenecen a esferas de poder que EE.UU. ya no controla. Durante el “histórico” discurso de Obama en la Universidad del Cairo, el 4 de junio de 2009, Obama abordó las denominadas “sources of tension” (fuentes de tensión) que impiden el desarrollo y la estabilidad en Medio Oriente. El Presidente afroamericano identificó siete fuentes: extremismo violento, la situación conflictiva entre israelíes y palestinos, la proliferación de armas de destrucción masiva, democracia, libertad religiosa, derechos de la mujer y, por último, la combinación entre desarrollo económico y oportunidades1.

Ante estos desafíos la administración Obama resolvió un retiro escalonado de las tropas de Irak hasta 2010, reorientó su política militar hacia Afganistán y Pakistán, tomó medidas para cerrar la base de Guantánamo, impulsó las negociaciones para alcanzar la resolución del conflicto árabe-israelí con el envío del negociador George Mitchell, promovió un acercamiento a Siria, generó un freno a las tensiones con Irán e impulsó un acercamiento.

“Obama in El Cairo: A Commemorative Transcript”, United States Department of State / Bureau of International Information Programs, 4 de junio de 2009.

1

*Licenciado en Relaciones Internacionales (UAK). Profesor del Modulo “Argentina y Medio Oriente” de la Especialización en Medio Oriente (UNLaM / Fundación TESA).

Director Ejecutivo del CAEI (Centro Argentino de Estudios Internacionales).

> p.27

Espacios Políticos

2011: desafíos y final abierto Pablo Lozada Castro*

L

a elección nacional del pasado 28 de junio dejó en evidencia una importante serie de cuestiones.

Amplios sectores de la ciudadanía retiraron su apoyo al oficialismo, y a su forma de ejercer el poder, esto ha quedado reflejado en el resultado electoral donde el actual gobierno fue derrotado en la mayoría de los distritos del país, perdiendo así la mayoría legislativa que tenía desde el comienzo de su gestión en el año 2003, y teniendo la peor performance electoral del oficialismo en una elección de renovación legislativa desde el año 1983.

Si bien, como recién señalamos, se trató de una elección de renovación legislativa, el gobierno nacional planteó la pasada elección como un plebiscito de su gestión, si nos guiamos por los resultados obtenidos en los distritos con mayor cantidad de electores hábiles del padrón nacional, estos muestran claramente un cambio de preferencia en amplios sectores del electorado argentino.

De los siete distritos que poseen mayor cantidad de electores hábiles: Provincia de Buenos Aires (37,05); Ciudad Autónoma de Buenos Aires (9,52); Córdoba (8,73); Santa Fe (8,59); Mendoza (4,21); Tucumán (3,50) y Entre Ríos (3,21), los candidatos del oficialismo perdieron en seis de estos: Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos, obteniendo una victoria solamente en la Provincia de Tucumán.

Si comparamos esta performance con la que tuvo el oficialismo en las elec-

p.28 <

ciones nacionales del 2007, donde se impuso en la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Tucumán, o sea en cinco de los siete distritos mencionados anteriormente, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba tampoco logró ganar en aquella oportunidad.

Consideramos que a raíz del conflicto con el campo, y todas las implicancias que esto trajo aparejado, como por ejemplo la pérdida de imagen positiva que sufrió el gobierno en distritos como la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, con una importante cantidad de población ligada al sector agropecuario, de manera directa o indirecta, se produjera un cambio en la preferencia de los votantes que quedó reflejado en los resultados del 28 de junio.

Producto de esta contienda electoral, y como en toda contienda, podemos analizar quienes fueron los “ganadores”, los “perdedores” y cuáles son sus desafíos.

El gran perdedor de esta contienda fue sin duda el oficialismo, su falta de pericia para resolver el conflicto con el campo lo llevó a cometer errores que le terminaron generando costos muy altos en términos político – electorales de los que le costará mucho reponerse. La confianza del electorado y la pérdida del quórum propio en el Congreso son algunos de ellos.

Los ganadores han sido, por un lado, el Acuerdo Cívico y Social, su performance electoral a nivel nacional lo llevó a obtener una importante cantidad de Diputados Nacionales, cerca de ochenta, que asumirán sus bancas en diciembre próximo produciéndose así un reequilibrio de fuerzas en el Congreso; y el espacio que podríamos

definir como Peronismo no oficialista o Pro Peronismo, que obtuvo triunfos en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y en la Ciudad de Buenos Aires.

Tal vez el mayor desafío que tengan los ganadores por delante sea el de poder conciliar los intereses contrapuestos al interior de sus fuerzas, teniendo en cuenta que las candidaturas a cargos ejecutivos son un juego se suma cero, esto no será una tarea sencilla, aunque algunos de los referentes de estas fuerzas políticas han quedado en mejor posición que otros, como pueden ser los casos de Julio Cobos, Carlos Reutemann, Francisco De Narváez y, en menor medida, Mauricio Macri.

Deberán tener en cuenta que para que una acción colectiva sea exitosa resulta indispensable que exista un objetivo en común, pero para que una coalición política resulte exitosa además de existir un objetivo en común también resulta necesario que exista confianza entre las partes.

Esta puede lograrse de distintas formas, la creación de mecanismos institucionales para la toma de decisiones y la definición de las candidaturas dentro de las fuerzas políticas puede ser una, en tanto y en cuanto todas las partes asuman el compromiso de respetarlos y de respetar las decisiones que se tomen a través de ellos, lo que llevaría a tener un horizonte de previsibilidad.

Generar este tipo de mecanismos no será una tarea sencilla, dado que los incentivos de algunos de los actores involucrados pueden llegar a ser muy bajos como para hacerlo, en un sistema político con altos niveles de desinstitucionalización, como lo es el sistema político argentino, donde el

www.espaciospoliticos.com.ar

sistema de partidos se desnacionalizó luego de la crisis de 2001 y todavía se encuentra en proceso de reconstrucción.

Mientras que el desafío de los perdedores tal vez sea un desafío mucho mayor y tiene que ver con, por un lado, reconstruir la confianza de los ciudadanos en el gobierno, para lo que será necesario que el oficialismo escuche

el mensaje que la ciudadanía dejo en las urnas, y dialogar con los distintos sectores de la oposición, de su partido y de los demás partidos, quienes también deberán tener una actitud responsable para poder consensuar políticas públicas, y para garantizar la gobernabilidad en un contexto de serias restricciones económicas.

Para lograr ello será fundamental un

Nada por aquí.

¿Algo por allá?

Lic. Luis Tonelli

El kirchnerismo ha contribuido con un decisivo aporte a la reconstrucción del sistema de partidos argentinos luego de su debacle en el año 2001: el no haber hecho nada al respecto. Paradójicamente, esta inacción manifiesta e innegable ha aportado algun elemento positivo para avanzar en la postergada reorganización de los partidos políticos argentinos.

Durante sus seis años en el poder el kirchnerismo prefirió una política de interacciones bilaterales con funcionarios y dirigentes (un sistema de contratos de alquiler político temporario y de tiempo compartido) ante que exhibir siquiera algún gesto que recordara el gobierno de partidos.

Por supuesto que se escucharon anuncios rimbombantes en dirección a la reconstrucción partidaria e institucional. La “transversalidad” fue la primer idea fuerza presentada por el kirchnerismo como una amplia convocatoria a los progresistas de una y otra fuerza política a plegarse en apoyo de su gobierno. El generoso llamado incluso no demandaba a los convocados a deshacerse de sus viejas identidades en su conversión oficialista. Aunque muy rápido los cooptados iban a darse cuenta que la generosidad terminaba allí. Su “transversalismo” significaría lisa y llanamente el ingreso a la categoría de asalariado del Gobierno y no mucho más, sin posibilidad de escalar la empinada jerarquía del kirchnerismo..

cambio de actitud de parte del oficialismo, dado que de no hacerlo podrá quedar en una situación de suma vulnerabilidad, y de inmovilidad, frente a un escenario donde las problemáticas económicas y sociales son cada vez mayores. *Politólogo UBA

No faltó quienes con la “transversalidad” se ilusionaran con un reordenamiento ideológico que por fin normalizaría la extraña dicotomía folklórica entre peronistas y radicales, y por fin emergiera una izquierda y una derecha, fuerzas sociológicamente correctas en las sociedades capitalistas.

La “transversalidad” que nunca fue, se diluyó (aufhaben) en su propia insignificancia, para dar paso a la “coalición plural”, concepto bajo el cual el kirchnerismo subsumió ese viejo instrumento de gobierno argentino construido en derredor al poder ejecutivo llamado la liga de gobernadores, al cual ahora se le agregaban por su rol clave en la ingobernabilidad, también los intendentes del conurbano bonaerense (así al peronismo más tradicional se le agregarían ahora formalmente los radicales K).

Más pronto que tarde, quedó en evidencia que la desaparición de los partidos tradicionales a nivel nacional no traía aparejado automáticamente la configuración de nuevas fuerzas políticas. Y también, la realidad sin partidos demostró lo que siempre se había sabido: que sin partidos que le dieran sustancias, las instituciones de la república perdían toda potencia, frente al único astro que brillaba en el firmamento político del país: la Presidencia.

El conflicto del campo desnudó la inestabilidad y precariedad del armado kirchnerista, quien pretendió ingenuamente sobrellevar un conflicto típicamente populista sin más armas organizadas que la de un puñado de organizaciones sociales y un invertebrado grupo parlamentario. La perdida de adherentes claves en el piso del Congreso preanunció la terrible votación en la que el vicepresidente Julio Cesar Cleto Cobos selló el principio del fin de un fenómeno que parecía tan bien constituido. Las elecciones legislativas simplemente confirmarían en las urnas lo que se palpaba a nivel de opinión pública; que el postkirchnerismo había comenzado, pero que no quedaba claro cual sería la forma ni el tiempo que asumiera su emergencia concreta.

Por lo pronto el franco deterioro del oficialismo no ha significado la reedición de la crítica antipartidos, sencillamente porque Néstor Kirchner y aún menos Cristina Fernández nunca se preocuparon por la construcción partidaria, y aquí se concentra lo positivo de su inacción.

> p.29

Espacios Políticos

Por otra parte, la adopción de un perfil autoritario y (pseudo) populista permitió el ascenso de un clima político que por colocarse en sus antípodas, se identificaba con las banderas tradicionalmente levantadas por el radicalismo. Por su parte, los dirigentes del peronismo que podían disfrutar de cierta autonomía de la matriz kirchnerista comenzaban a pregonar la necesidad de una vuelta a las raíces, y celebraban lo que algunos como Eduardo Duhalde ya daban como el resurgimiento del bipartidismo.

De todos modos, parece un tanto apresurado dar por sentado el regreso de la morfología originaria del sistema de partidos en épocas de Raúl Alfonsín, cuando mucho de la política hoy se configura en términos de una media-cracia, con campañas electorales alrededor de una personalidad popularizada a través del marketing político llevados por profesionales de la comunicación.

Tendencias ya visibles durante el menemismo y que tuvieron su apogeo en la campaña que llevó al poder a la ALIANZA, y que se desplegaron con toda su sofisticación tanto en la elección de Mauricio Macri al Gobierno de la Ciudad como en el triunfo de Francisco de Narvaez por la UNION PRO en la “madre de todas las batallas” en territorio bonaerense.

No hay que descartar que muchas de las prácticas predemocráticas del kirchnerismo, basadas en prácticas clientelares pueden dejara paso a las tendencias postdemocráticas de candidatos que al ser elegidos reniegan de las estructuras partidarias (caso Fernando de la Rua, quien siempre alegó que a la UCR no le

debía nada porque había sido él y solo él quien había ganado dos elecciones, la interna contra Graciela Fernández Meijide y la presidencial, contra Eduardo Duhalde).

La reconstrucción partidaria necesita de un marco legal que otorgue incentivos a que la organización política prospere. En ese sentido, las internas abiertas propuestas como pieza clave de la reforma política por Cristina Fernández van en sentido contrario al fortalecimiento de los partidos al entronizar a las candidaturas mediáticas y a las campañas profesionales como eje de la política.

La post-democracia de políticos mediáticos como Colin Crouch argumenta no es una respuesta adecuada a la baja densidad institucional ni a la transparencia ni, obviamente, al personalismo, como lo pone en evidencia el non plus ultra de este fenómeno, el Gobierno de Silvio Berlusconi en Italia.

Se necesita de una regulación efectiva del financiamiento partidario y de las campañas electorales televisivas que demandan una cantidad de dinero inaudito fuera del alcance de la mayoría de los políticos, con el consecuente aumento de la influencia corporativa empresarial y de las corporaciones mediáticas.

Todo esto demanda un ingente esfuerzo intelectual y político que reme contra la fuerte correntada de la instauración de una democracia de espectáculo y espectadores, vaciada de contenido político, perfecto correlato de una sociedad excluyente, para tranquilidad de las corporaciones.

Quien quiera oir que oiga: algunas reflexiones sobre la ciencia política en la Argentina a comienzos del siglo XXI. Pablo Bulcourf Nelson Cardozo* Es evidente que desde el comienzo de la instauración de la democracia en nuestro país hacia fines de 1983 se fueron dando las condiciones básicas para el desarrollo de las ciencias sociales, y dentro de éstas más específicamente la ciencia política. La aceptación del debate público y la libre expresión de ideas y de asociación permitió la creación del clima social necesario para la construcción de un campo intelectual propio para la disciplina. Las experiencias anteriores, si bien deben considerarse como antecedentes relevantes, siempre

p.30 <

terminaron recibiendo una contra-ola que las despojara de sus objetivos iniciales.

Desde la creación de la Revista Argentina de Ciencias Políticas de la mano de Rodolfo Rivarola en 1910 y desaparecida en 1928, los logros iniciales de la Asociación Argentina de Ciencia Política bajo la presidencia de Segundo Linares Quintana en 1957; y una serie de carreras universitarias desde las originarias licenciaturas en derecho consular y diplomacia en la Universidad Nacional del Litoral en su sede de Rosario, la de ciencia política y de la administración pública de 1952 en Cuyo o la primer carrera de una Casa de Altos Estudios privada como es el caso de ésta en

la Universidad del Salvador en 1956, resaltando principalmente la reforma curricular realizada por Carlos Floria en 1969 que instaurara el primer diseño curricular de ciencia política en “sentido estricto” .Todas estas experiencias sufrieron los embates de los regímenes autoritarios que se fueron imponiendo en diferentes momentos del siglo XX. Es casualmente nuestra propia historia la que demuestra la estrecha relación entre el tipo de régimen político y el desarrollo del quehacer científico, más aun en aquellas disciplinas cuyo objeto de indagación son las propias relaciones de poder que constituyen el núcleo central de estas disciplinas.

www.espaciospoliticos.com.ar

Los indicadores cuantitativos nos demuestran claramente este crecimiento casi exponencial: 1) incremento sostenido del número de carreras de grado y su diversificación geográfica; 2) reformas curriculares paulatinas tendientes a una mejor adecuación de contenidos mínimos y objetivos teniendo como modelos aquellas instituciones reconocidas y prestigiosas; 3) aumento sostenido en la publicación de libros de la especialidad y de revistas científicas periódicas; 4) creación de centros de investigación especializados bajo normas standarizadas de evaluación tanto de los investigadores como de sus productos; 5) incremento de becas, lo que permite la construcción de una comunidad ya reconocida por el CONICET; 6) creación de un número considerable de puestos burocráticos que requieran las competencias propias de un polítólogo; 7) La creación de numerosas instancias de posgrado, tanto de especializaciones, maestrías como doctorados; 8) La realización de un conjunto de eventos científicos periódicos, siendo los más significativos los Congresos Nacionales de Ciencia Política organizados por la SAAP, y los Congresos sobre Democracia de la mano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Nadie puede ignorar la “fuerza” de estos elementos.

que se repliega sobre si misma y hacen culto a la dificultad de sus textos como una virtud. Muy cercanos a éstos se encuentra el reducto pseudofilosófico, de poca inserción en el ámbito propio de la filosofía, extrañamente seducidos por parte de la intelectualidad de la Alemania nazi. Si algo tienen en común con los primeros es su forma de expresarse y la enorme capacidad de confundir al alumnado sobre las características propias de la disciplina.

A pesar de ello, y desde un plano mucho más cualitativo, las características que han ido adoptando ciertos “grupos” dentro de la disciplina, por sus posiciones teóricas y metodológicas “extremistas” se han tornado más en un obstáculo que en un aporte hacia la consolidación disciplinar, y más específicamente hacia el reconocimiento y la utilidad social del conocimiento producido por la ciencia política. Si bien hay una gran diversidad de posturas, dos de ellas son fuertemente representativas de lo que sostenemos y, aunque aparentemente “opuestas” tienen en común un fuerte academicismo centrípeto y autoreferenciado.

Lo cierto es que la mayoría de los politólogos no se referencian con estas posturas y siguen prefiriendo los aportes y reflexiones de figuras como Guillermo O´Donnell o Marcelo Cavarozzi, para dar algunos nombres. Textos como Modernización y autoritarismo o El estado burocrático autoritario siguen siendo las principales fuentes que orientan el trabajo cotidiano de quienes intentan comprender la política en estas latitudes.

Están los posmodernos militantes del “significante flotante” generalmente recluidos sobre la propia vida académica, construyendo un discurso incomprensible, de dudosa coherencia y barrocamente cargado de una bacanal parafernalia linguística,

En el otro extremo se encuentran los promotores de la matematización de la realidad política. Están convencidos de que la modelización matemática logra explicar la complejidad de los fenómenos sociales.

Generalmente suelen construir teorías sobre lo obvio, pero claro representadas por una fórmula que sólo pueden entender aquellos que se han abocado a las ciencias exactas. Cultores de una histeria autorreferenciada que encuentra sentido solo cuando son invitados a algún ágape promovido por la embajada de los EE.UU. Si algo tienen en común ambos extremos es un fuerte desdén por la aplicabilidad de los supuestos conocimientos que construyen. Trabajan aislados de los graves problemas políticos y sociales por los que atraviesa la Argentina, país que financia gran parte de sus proyectos intelectuales.

Por otro lado creemos necesario, para lograr una mayor profesionalización de la ciencia política y su inserción en la sociedad, atrevernos a realizar algunas reformas curriculares que orienten los conocimientos académicos hacia competencias que permitan una mayor capacidad de trabajo en equipo, de reflexividad sobre la propia práctica y con un compromiso claro y contundente con la solución de los gra-

ves problemas nacionales. Esto requiere una nueva jerarquización de la docencia universitaria y la construcción del rol del politólogo. Hay que promover un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual los futuros profesionales aprehendan tanto el “saber pensar” como el “saber hacer” que es característico de la ciencia política.

Este humilde artículo no pretende caer en lo “políticamente correcto” dentro de la comunidad de las ciencias sociales en la Argentina ni cubrirse con el barniz de un progresismo aparentemente crítico. Optamos por una toma de partido por una ciencia política teórica y metodológicamente plural y diversa pero fuertemente comprometida con la investigación empírica, la reflexión metateórica y, principalmente con la aplicación de los conocimientos obtenidos en la transformación de las relaciones sociales para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria que permita una mayor autonomía para los sujetos sin pretensiones hegemónicas ni discursos mesiánicos grandilocuentes ni complejos de sujetos históricos emancipatorios.

Nadie posee el monopolio de la “crítica”.

Causa risa, para no decir a veces lástima, que algunos pretendan adueñarse de esa actitud intelectual. Toda tradición de pensamiento es a la vez conservadora y revolucionaria. Hay que analizar casa momento histórico y la relación entre la construcción del orden político, el rol de los intelectuales y científicos para tomar posición sobre las posibles cristalizaciones de relaciones de poder y su justificación ideológica. Estamos seguros que a veces, a pesar de poder ofender a muchos, hace falta decir que el emperador, más que vestido con finos ropajes está desnudo. * Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y de la Universidad de Buenos Aires. Docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

> p.31

Espacios Políticos

Género y Ciencia Política María Elena Martin*

«

Las implicaciones del género en la teoría y práctica políticas estuvieron ausentes -salvo excepciones- en el enfoque de la ciencia política -y en general de las ciencias sociales- hasta las últimas décadas del siglo XX. Impulsados por la segunda ola del Feminismo (década de 1970), los Estudios de las Mujeres ingresan en los ámbitos académicos de EEUU y Europa, y a partir de los años ’80, en los latinoamericanos.

Con el propósito de “crear un nuevo paradigma en las ciencias”, irrumpen en las diversas disciplinas para constituirse en “una instancia de vigilancia epistemológica de los paradigmas de las ciencias sociales y humanas en lo referente a la condición de la mujer, las diferencias entre los sexos y la realidad social” (Bonder 1987).

La introducción de esta perspectiva en el ámbito científico ha actuado en dos sentidos: en primer lugar, ha realizado un estudio crítico de las teorías, prácticas, ideologías e instrumentos dominantes. Esto es, ha puesto de relieve que la ciencia centra sus abordajes en el punto de vista del varón (Harding, 1996), y significativamente, excluye aspectos de la realidad social poblados por mujeres. En segundo lugar, ha construido un corpus de conocimientos propio, acuñando conceptos tales como género, patriarcado y androcentrismo, que contribuyen a desenmascarar el diseño masculino de las sociedades. Particularmente, el concepto de género posibilitó dar cuenta que “lo femenino y masculino se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica” (Gamba 2007:119), y por lo tanto, permitió romper con un discurso biologicista, el discurso de “lo natural”. Siguiendo a Joan Scott, definimos género como “… un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos […] y es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott 1990:44).

Estas relaciones de poder conllevan una jerarquización sobre lo que debe ser valorado; y en ese marco, se da “preponderancia a los aspectos considerados masculinos y se obvia y/o minusvalora los considerados femeninos” (Sánchez Bello 2002). La ontología diferente asignada a varones y mujeres reserva a los primeros un rol privilegiado en el reparto de funciones y recursos económicos, culturales y de autoridad. Las mujeres aparecen como lo diferente,

p.32 <

y sus experiencias y vida cotidianas resultan consideradas inferiores en relación con los parámetros construidos desde una mirada androcéntrica.

Es así que cuando los Estudios de las Mujeres se introducen en la Ciencia Política constituyen un cambio cualitativo en cuanto a la forma de abordar la reflexión política y social, pues desentrañan que bajo el disfraz aparentemente inocente de “neutralidad de género” con el que ha abordado su objeto: el mundo de lo público y el poder, es la masculinidad la que ha definido sus términos. Precisamente, desmitifican los paradigmas científicos clásicos y demuestran cuánto de la realidad que éstos habían prometido explicar, permanece fuera de sus fronteras. Así por ejemplo, los estudios sobre las instituciones, los partidos políticos, la participación electoral o la cultura política, se han realizado tomando como “universales” características de los sujetos masculinos.

Por lo tanto, el abordaje que introducen estos Estudios “empieza por el reconocimiento de que los individuos son femeninos y masculinos, de que la individualidad no es una abstracción unitaria sino una expresión encarnada y sexualmente diferenciada de la unidad del género humano” (Pateman 1995), dando con ello no sólo significación teórica y práctica a la diferencia sexual, sino también una relevancia política. En otros términos, el esfuerzo llevado adelante por el Feminismo por develar el sesgo de género que ha tenido tanto la filosofía como la teoría política, viene a hacer visible una realidad fácilmente contrastable: “la relación entre las mujeres y el sistema político se ha caracterizado históricamente por la exclusión” (Uriarte 1997). Ciertamente, la política institucional era considerada hasta hace unas pocas décadas un espacio exclusivo, controlado y dirigido por hombres, quienes “han definido sus reglas y leyes, construyendo estados y poderes, en medio de luchas y conflictos” (Rossanda 1982); y por ello, al incorporar la perspectiva de género al análisis político nos enfrentamos al problema de la reducida y marginal presencia de las mujeres en el proceso político real.

En síntesis, el problema no sólo reside en lo que la teoría no explica -u omite- de la realidad; sino en que contribuye a legitimar la desigualdad de los sujetos políticos y sociales en función de su género. Se impone entonces, una revisión tanto de los conceptos como de los métodos y se hace necesario construir dichos conceptos desde un enfoque inclusivo de lo femenino; en otros términos, “hay que reconfigurar antiguos conceptos y viejas prácticas” (Fernández Poncela 1997: 20). Por ello, algunas autoras han sugerido la necesidad de incorporar la perspectiva de

www.espaciospoliticos.com.ar

las mujeres al análisis político y una mayor utilización de técnicas cualitativas (Uriarte 1997; Elizondo 1997; Astelarra 2005).

Bibliografía Amorós, Celia (2000): Tiempo de Feminismo. Ediciones Cátedra, Madrid.

Archenti, Nélida (1994): “Las mujeres, la política y el poder. De la lógica del príncipe a la lógica de la acción colectiva”. En Mafia Diana y Kuschnir Ana (Compiladora), Capacitación Política para Mujeres: Género y Cambio Social en la Argentina Actual, Editorial Feminaria, Buenos Aires.

Astelarra, Judith (2005): ¿Libres e Iguales? Sociedad y política desde el feminismo. UNIFEM, México.

Bonder, Gloria (1987): Programa de la carrera de Especialización en Estudios de la Mujer, mimeo, Facultad de Psicología, UBA, Buenos Aires.

Bonder, Gloria, ed. (1998): Estudios De la Mujer en América Latina.

CIDI, OEA,Washington DC. Comesaña Santalices, Gloria (1995): “Los Estudios de la Mujer en Venezuela”, en: Fermentum, Revista venezolana de Sociología y Antropología. Año 5, Número 12, Enero-Abril, 1995. Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Pags. 98 a 121.

Fernández Poncela, A. (1997): Hombres, Mujeres y Política. Una mirada desde la opinión pública y sus protagonistas. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México.

Gamba, Susana (2007): “Estudios de género”, “Estudios de las Mujeres” en Gamba (coord.): Diccionario de estudios de género y feminismos. Ed. Biblos, Buenos Aires.

Harding, Sandra (1996): Ciencia y feminismo. Ediciones Morata, Madrid.

Pateman, Carole (1995): El contrato sexual. Editorial Anthropos, Barcelona.

Philips, Anne (1996): Género y teoría democrática. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, Programa de Estudios de Género, México.

Rossanda, Rossana (1982): Las Otras. Ed. Gedisa, Barcelona.

Sánchez Bello, Ana (2002): “El androcentrismo científico: el obstáculo para la igualdad de género en la escuela actual”. Educar 29, Universidad de A Coruña, A Coruña.

Scott, Joan (1990): “El género: una categoría útil para el análisis histórico. En Amelang, James y Nash, Mary (Comp.): Historia y Género: las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea. Edicions Alfons El Magnanim, Valencia.

Uriarte, Edurne y Elizondo, Arantxa coord. (1997): Mujeres en política.

Editorial Ariel, Barcelona. *Politóloga, Experta en Género e Igualdad de Oportunidades (Universidad de Málaga). Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Misiones y de la Universidad Católica de Santa Fe. Los Estudios de la Mujer, Estudios de las Mujeres, Estudios Feministas, Estudios de Género son diversas denominaciones para referirse a un mismo objeto de estudio: la condición femenina o las mujeres en su condición. Como nos ubicamos dentro de una perspectiva no esencialista, optamos por la denominación de Estudios de las Mujeres, ya que se refiere a estudiar la realidad concreta y diversa de la multiplicidad de las mujeres, atravesadas por diferencias de clase, raza, cultura y orientación sexual. Sin embargo, obsta decir que la versión en singular ‘Estudios de la Mujer’ se halla muy extendida en América latina.

Citado en Gamba 2007:123.

Se asocia a los varones como portadores de la racionalidad, dominación, independencia, frialdad y objetividad.

Se sostiene que las mujeres poseen de manera “natural” características tales como la irracionalidad, pasividad, dependencia, ternura, emotividad y subjetividad.

Citado en Philips 1996: 17

Nueva carrera universitaria Competencias profesionales para contribuir a la construcción de la Nación Desde hace 46 años la Universidad Argentina de la Empresa se caracteriza por ser una universidad de vanguardia por sus propuestas académicas. En ese sentido, el Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales de UADE lanza el nuevo Programa Conjunto Política y Administración Pública y Gobierno y Relaciones Internacionales para dar respuesta a la necesidad de formar cuadros dirigentes capacitados en la nueva Gestión de Políticas Públicas siendo al mismo tiempo concientes de que en el siglo XXI es vital estar totalmente vinculados al escenario internacional.

Esta nueva propuesta académica integra las áreas de conocimiento de los planes de estudio de las Licenciaturas en Gobierno y Relaciones Internacionales, y Política y Administración Pública, expidiendo los dos títulos por separado. Este Programa Conjunto consiste comprende 4 años y medio, dada la multiplicidad de materias comunes entre ambas carreras y el armado particular del plan.

Para conocer más sobre esta propuesta académica se puede ingresar a www.uade.edu.ar/juridicasysociales/politicagobierno o contactar directamente a su Directora, la Dra. Estela Garau, enviando un e-mail a egarau@uade.edu.ar.

> p.33

Espacios Políticos

Las variables relevantes en el análisis de las políticas públicas multinivel: ¿Sólo importa la billetera o el escudito partidario?

Lic.Maximiliano Rey Uno de los principales objetivos de los estudios sobre políticas públicas, desde sus comienzos como campo disciplinario, ha sido desentrañar la manera en que diferentes elementos contribuyen al proceso por el cual cobran vida las políticas. En este sentido, es difícil menospreciar la importancia de la dimensión fiscal, dada la evidente influencia que los recursos poseen en el juego entre los actores participantes en determianda política. Sin embargo, esta afirmación no es contradictoria con la asignación de un papel igualmente relevante a otros elementos, a la hora de examinar una política. Debido a éste destacado rol, un análisis exhaustivo requiere dar cuenta de varias dimensiones.

Estas afirmaciones vienen a cuento del extendido pensamiento de sentido común en nuestra sociedad, acerca del manejo de “la caja” y el reduccionismo inmediato posterior de asignarle monopolio explicativo sobre la dinámica política del sistema federal argentino. Pero también debido a la existencia de una variedad de estudios desde perspectivas económicas que buscan desentrañar los impactos del funcionamiento del sistema federal -o de la descentralización- en la calidad de diversas políticas públicas. Estos trabajos realizan un análisis de variables, que mayormente no se ocupa de la explicación del proceso político que conecta las variables independientes con la dependiente. A su vez, existen varios trabajos desde la ciencia política que dan cuenta del federalismo y las políticas públicas, centralmente mirando la realización de acuerdos entre actores partidarios de diferentes jurisdicciones en torno de la lucha electoral o de alianzas de gobierno, que son de gran utilidad porque iluminan gran parte del juego político federal, pero dejan de lado los mecanismos que entran en funcionamiento a la hora de implementar efectivamente las políticas previstas.

En consecuencia, este breve ensayo pretende llamar la atención sobre el hecho

p.34 <

de que para dar cuenta en forma rigurosa de las intervenciones que el sector público realiza en diferentes áreas de la vida de una sociedad, es necesario utilizar herramientas conceptuales que exceden la mirada fiscal o partidaria. Es difícil comprender de modo cabal la etapa posterior al lawmaking, en la cual los ministros nacionales y subnacionales de cada área de políticas se arremangan las manos para poner en práctica determinada política, si no es utilizando una perspectiva que dé cuenta de líneas de accountability centradas en afinidades que pueden exceder al clivaje partidario (lo cual, digámoslo explícitamente, no significa tirar por la borda la dimensión partidaria adoptando una visión edulcorada de la política de las políticas).

Los análisis sobre la política del federalismo son de gran ayuda, pues entre otras cosas han establecido categorías de análisis de gran riqueza conceptual, como por ejemplo lo que se conoce como “federalismo cooperativo” o “federalismo competitivo”. Sin embargo, establecer la existencia de uno u otro amerita una visión más amplia, que incluya más actores y rastreando características y relaciones más desagregadas que las enfocadas por los estudios clásicos del federalismo.

Una primera línea de investigación diferenciada del tradicional estudio del federalismo surgió con fuerza en Estados Unidos hacia la década del setenta del siglo pasado, la cual designaba los fenómenos a estudiar como Relaciones Intergubernamentales (RIG). Uno de los elementos involucrados en la disputa terminológica entre el federalismo y las RIG, según sostiene Elazar (1987:14), “fue el comienzo del estudio serio del sistema de administración federal, separadamente de las dimensiones legales y constitucionales del federalismo”. Esta característica queda de manifiesto en el ya clásico libro de Wright (1997) Para entender las relaciones intergubernamentales, en el cual se aboca a analizar las relaciones cotidianas entre los funcionarios de diversas jurisdicciones, en orden a la realización de políticas públicas.

Esta es una contribución es de suma importancia puesto que coloca atención en dimensiones novedosas, pero que a nuestro criterio posee cierto sesgo hacia una mirada administrativista. Por ello es más atractivo retomarlo desde un entendimiento de las Relaciones Intergubernamentales “como vehículos de negociación política que producen patrones capaces de colocar grupos con menor poder político en confrontación con otros […] a partir de esa orientación conceptual, la comprensión sobre como los conflictos son negociados se torna más importante para los objetivos de cualquier análisis sobre las RIGs que se producen con la descentralización que la investigación sobre los arreglos administrativos o legales que también las rigen” (Souza, 2002:437).

Siguiendo esta dirección, es posible indagar una serie de variables propuestas por los estudios de políticas públicas, que van desde las capacidades institucionales de los gobiernos subnacionales (la cual incluye pero no se agota en las capacidades administrativas de los mismos), hasta la relación entre generalistas y particularistas en cada área de política, pasando por las características de la arena de negociación, el policy style involucrado, la existencia de una issue network o de policy community, etc.

Dada la brevedad de este ensayo no nos extenderemos sobre cada una de estas.

Sólo concluir que el recorte analítico que se realice del fenómenos a estudiar puede sesgar las conclusiones, y por ello recordar, a riesgo de caer en un cliché: el árbol, por más frondoso que sea, no debe hacer olvidar al bosque.

Bibliografía: - Elazar, D.J. (1987) Exploring Federalism, The University of Alabama Press, Tuscaloosa.

- Souza, C. (2002) “Governos e sociedades locais em contextos de desigualdades e de descentralização”, en Ciênc. saúde coletiva [online]. vol.7, n.3.

- Wright (1997) Para entender las relaciones intergubernamentales, FCE, México DF.

www.espaciospoliticos.com.ar

Venezuela: y su nuevo mapa político regional… ¿y la descentralización?

Alexandra Lizbona* El propósito del siguiente ensayo es ofrecer una visión del sistema político venezolano actual, analizando las consecuencias de la última contienda electoral en noviembre de 2008- las elecciones regionales-, y la reforma que hubo en marzo de 2009, sobre la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público(LODDT).

De manera sucinta, si se hace un recorrido desde que asume Chávez la Presidencia hasta llegar a la actualidad, se debe destacar lo siguiente. Por un lado, se formula la construcción de una “Quinta República”, la cual tuvo el objetivo de eliminar todo lo que funcionó en la democracia Puntofijista (1958-1998). Por el otro, durante el primer gobierno de Chávez (2001-2007) , la oposición no logró imponer una nueva forma de acción política , hasta las elecciones presidenciales del 2006, en el que se fusiona junto a la candidatura de Manuel Rosales del partido Un Nuevo Tiempo. A partir de entonces, y pese a la reelección de Chávez, la oposición pudo en diciembre de 2007, impugnar la reforma constitucional, que tenía por objetivo instaurar el proyecto bolivariano socialista, lo que le otorgó cierta fortaleza para lo que fueron las elecciones regionales y municipales en noviembre de 2008. Éstas fueron una contienda clave, en el que los partidos de oposición lograron la victoria en las gobernaciones de los estados de Nueva Esparta, Zulia, Miranda, Carabobo y Táchira, así como el Distrito de Caracas, representando en su conjunto al 45% de la población y el 70% del PBI, mientras que los 17 estados restantes, son gobernados por filas oficialistas.

A través de este escenario, se debe resaltar que el Chavismo, perdió protagonismo. A nivel de cantidad de votos , el nuevo mapa político es más representativo, en el cual las fuerzas del Chavismo continúan superando a la oposición, pero con un margen más

reducido. Con esto, no se está dejando en cuestionamiento la popularidad que tiene Chávez, ya que estas elecciones fueron un termómetro que midió que, aún después de diez años de gobierno, la aceptación de su proyecto continúa.

Por tanto, estas elecciones fueron estratégicas. Lo que sucedió en Venezuela a comienzos de 2009 estuvo condicionado por el balance de poder que surgió de estos comicios. La fuerza política de la oposición, que logró el control de los estados más importantes, entendiéndose esto, como un proceso de cambio en el país, fue en gran parte la explicación de las siguientes acciones políticas que realizó Chávez. Por un lado, el alcance que continúo teniendo, lo llevó a que el 15 de febrero de 2009, obtuviera la aprobación de reformar la enmienda constitucional, para que todos los cargos electos puedan ser reelegidos de forma ilimitada (Art. 230 de la actual Constitución Bolivariana), y por otro, como se analizará a continuación, con el respaldo del Congreso, reformó la LODDT como medio, para controlar a las entidades territoriales.

La modificación de esta ley, le permitió al gobierno nacional tener competencia sobre determinados bienes y servicios públicos.

La Asamblea Nacional aprobó la incorporación un nuevo artículo (Art.8) de la LODDT, en que el Ejecutivo Nacional, a fin de tutelar el interés general de la sociedad y salvaguardar el patrimonio de la República, podrá revertir, conforme al ordenamiento jurídico, la transferencia de las competencias concedidas a los estados, para la conservación y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial.

Es importante recordar, que esta reforma parcial, fue lo que en diciembre de 2007, la ciudadanía rechazó en la reforma constitucional propuesta e iniciada por Chávez.

Esto, que perjudica a los estados, trajo en consecuencia, disidencias desde filas opositoras, el gobernador de Zulia, Pablo Pérez, calificó la medida como un evidente atraso para las regiones; asegurando que “una

reforma de una ley no puede pasar por encima de la Constitución, que tanto han defendido pero que tanto han pateado”.

Asimismo, desde el partido Primero Justicia, se rechazó la agenda centralista del Presidente y le recomendó a éste, buscar vías del diálogo al sugerir la conformación del Consejo Federal de Gobierno, para establecer políticas fusionadas con gobernadores y alcaldes; como un real espacio de diálogo, permitiendo que el Presidente y los gobernadores dialoguen y coordinen esfuerzos.

Por tanto, la geometría del poder en el Estado venezolano está sufriendo cambios, que llevan a debilitar, el ya debilitado diseño institucional federal. En estos diez años que tiene el Chavismo, no hay nada que irrumpa esta coyuntura; pese a que los partidos de oposición gobiernan en los estados más ricos y poblados; lo que se afirma, es la continuidad del Presidente Chávez en el poder, y su acentuado liderazgo para llevar a cabo la llamada revolución bolivariana y socialista, junto a su partido de gobierno el PSUV. El sistema federal venezolano no asegura estabilidad, y gobernabilidad democrática.

Para que se pueda mejorar tal sistema, se debe realizar modificaciones en este diseño institucional, que conlleve a una coordinación entre los niveles de gobiernos, pero manteniendo una real y eficiente capacidad de autonomía en cada uno.

Frente a este nuevo panorama, las fuerzas opositoras, necesitarán una importante coordinación, para poder ejecutar proyectos de alcance regional y también nacional. El fortalecimiento de esta tendencia, será la base para crecer e intentar lograr, una sólida representación en la Asamblea Nacional, y el triunfo electoral en las próximas elecciones presidenciales de 2012. * Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay. Asistente de Investigación en opinión pública en equipos MORI, Montevideo. alexandra.lizbona@gmail.com

> p.35

Espacios Políticos

L

«

a idea de la integración americana es de larga data, tomando mayor impulso en las últimas décadas; sin embargo, más allá de los diferentes intentos de convergencia regional, pervive en los principales Estados Nación americanos la reiteración del dilema de elegir entre ser “cabeza de ratón o cola de león”. La mayoría de estos países anhelan ser “cabeza de ratón antes que cola de león”; es decir, prefieren ser los líderes de un grupo de estados y economías que a escala regional y global tienen muy poca incidencia antes que ser subsidiarios de un esquema de integración más complejo donde su capacidad de acción sea de menor relevancia pero su potencia de conjunto sea más extensa, opción que a nuestro parecer ha debilitado sistemáticamente el éxito de los procesos de integración, tal y como puede verse a la luz de los siguientes ejemplos.

¿Cabeza de ratón o cola de león?

El dilema de la integración en América latina Juan Bautista Lucca*

*Venezuela: a partir de la era “petro-chavista”, este país habría llevado a implementar al menos dos estrategias a través de las cuales posicionarse como “cabeza de ratón” regional: la primera, es la del “bombero piromaniaco”, es decir, pretendiendo apagar fuego con fuego, ya que propugna crear la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) como respuesta a la propuesta igualmente hegemónica de Estados Unidos con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En segundo lugar, se dispone a buscar nuevos aliados con mayor cercanía en sus posicionamientos políticos e ideológicos pero también con una perspectiva a futuro de desarrollo económico, comercial y de institucionalización del bloque de integración. En este sentido, Venezuela abandonó la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con su pétreo andamiaje institucional, debilidad económica y la heterogeneidad ideológica para anexarse al MERCOSUR. Con ello busca además desestabilizar el asimétrico empate entre argentinos y brasileños, disputando claramente el liderazgo regional de Brasilia / Itamarati, aunque sin que ello necesariamente suponga inclinar el fiel hacia Buenos Aires, ya que Uruguay y Paraguay jugarían - eventualmente- como socios estratégicos (como colas de león) en pro de una reivindicación de su rol igualitario como socios del bloque. *Brasil: desde una perspectiva de la situación geoestratégica, la situación de Brasil a partir de la administración “Lula” es prometedora, ya que a la posibilidad futura de volverse una nueva potencia petrolera, se le suma la firma de una relación bilateral comercial privilegiada con la Unión Europea, el entendimiento Brasilia-Washington en lo que respecta a temáticas claves como los biocombustibles, el rol cada vez más influyente a nivel global

p.36 <

www.espaciospoliticos.com.ar

como parte del grupo de países de los BRIC, que sirve de plafón para la profundización de la opción por la integración en la región sudamericana como un espacio más donde testimoniar su liderazgo. Este anhelo puede ser ejemplificado en el impulso desde Brasil a la construcción de una “Comunidad Sudamericana de Naciones” que permita una coordinación continental de las estructuras de integración, así como también en el reconocimiento de la necesidad de fortalecer institucionalmente el MERCOSUR y de limar las asimetrías entre sus países miembros a través de la creación del FOCEM aún a costa de aportar el 70% de los fondos y recibir solo el 10% del total en beneficios para sí. *Chile: Es el caso paradigmático de “cabeza de ratón”, pues sistemáticamente ha preferido jugar un rol de poco compromiso a la solución que ofrecería la integración regional, al punto de abandonar la CAN, no superar el estatus de estado asociado al MERCOSUR desde hace más de una década, y propugnar las relaciones bilaterales con un sinnúmero de países como mecanismo privilegiado (siendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Japón, China, México, Canadá, Corea, entre otros ejemplos ilustradores al respecto). Este aislamiento económico y geoestratégico por parte de Chile a los intentos de integración en la región, podrían llevarnos -de forma intuitiva– a pensar que una de las causales anida en la búsqueda sistemática de salvaguardar la economía del país trasandino de las reiteradas crisis e inestabilidad macro-económica de los países de la región. *Estados Unidos: siendo este país “la cabeza del león” por excelencia, es interesante notar cómo, a pesar de su tradicional aislacionismo, en las últimas décadas ha tomado fuerte impulso la preocupación por la integración con América Latina, llevándolo en un primer momento a relacionarse con los países colindantes a través del NAFTA (1994), luego a propugnar la integración continental a través del ALCA, y su vinculación con Centroamérica por intermedio del CAFTA-RD. Resulta interesante notar cómo la integración en tanto “nuevo” mecanismo de convergencia comercial para la mayor potencia mundial, lleva implícito un sopesamiento de las fortalezas, debilidades y oportunidades y costos involucrados en el proceso. Ello queda claro en la salida a la crisis mexicana de 1994, en la cual el nivel de compromiso de la potencia mundial respecto de México fue mayor que en años precedentes, ya que dejarlo caer en el momento mismo de darle el estatus de país socio hubiese significado un claro revés a su adopción del “nuevo” sendero. En cuan-

to al ALCA, y recuperando lo planteado anteriormente para el caso chileno, creemos que su fracaso (evidente en la Cumbre de Mar del Plata en 2005) fue cultivado tanto por los detractores más acérrimos como también por el propio Estados Unidos, ya que para el país del norte atar parte de su economía a la de las latinoamericanas -más allá de las oportunidades comerciales que pudiesen ofrecerle- era abrir una ventana a la incertidumbre e inestabilidad de futuras crisis que, a partir del ALCA, no podría desoír. Por último, en el caso del CAFTA-RD, más allá de los supuestos peligros que la industria de la maquila puede aportar a la economía interna de los Estados Unidos, la relación con Centroamérica, a pesar de padecer la misma impronta de fluctuación macroeconómica que el resto de los países latinoamericanos, dista en mucho de ser un foco de problemas producto de la escala de las economías centroamericanas y del comercio entre ellas y Estados Unidos. *Por último, los casos de Argentina y México, a pesar de encontrarse en latitudes muy distantes comparten elementos similares: ambos países poseen un nivel de subsidiariedad respecto a las potencias económicas regionales -Brasil y Estados Unidos respectivamente- lo cual los convierten en “colas de león”. Aunque la voluntad de ambos países respecto al socio mayor pareciera ser la de “…si no puedes vencer a tus enemigos úneteles…”, ambos casos reproducen la estrategia de aspirar a ser “cabeza de ratón” respecto a los socios menores de sus respectivas regiones, como un intento de expiar parte de la presión vertical de los socios mayores, tal y como puede verse en el caso de Argentina vetando a Uruguay el desarrollo de la industria del papel, y a México impulsando intentos como el del Plan Puebla-Panamá.

En definitiva, aunque el aprendizaje de la labor colaborativa que supone la integración regional en los últimos años es un elemento para creer que este dilema pueda ser superado, el peso de las tradiciones, de los anhelos de liderazgo, y de la historia disociada de estos países, son elementos a tener en cuenta para pensar el devenir de la integración regional americana, de forma tal que no se caiga en la ilusión que, a manera de cierre, graficamos a través de las palabras del premio nobel Czeslaw Milosz: “La imagen que tengo de mí, crece y se agiganta en la pared; y frente a ella, mi sombra miserable”. *Máster en Estudios Latinoamericanos (Universidad de Salamanca).

Docente e investigador de la UNR.

> p.37

Espacios Políticos

Consejos para políticos latinoamericanos.

Mario Riorda*

U

no. Cuando piense en mejorar la representación, también piense en no abandonar la gobernabilidad. Hay que sopesar la apertura indiscriminada de la lista de candidatos. En sistemas multipartidistas o en sistemas de partido roto, existe la tentación de ampliar la representatividad más allá de lo debido con el propósito de generar novedad y frescura en la composición de las listas. Sólo amplíe hasta donde el nivel de coherencia –en la forma de pensar– garantice gobernabilidad futura, así como una relativa solidez en los grandes trazos políticos para el día después.

Las crisis de gobernabilidad suelen producirse, entre otras causas, por innovadoras listas, llenas de individualidades –famosas o no– que luego carecen del más mínimo punto en común, sea con la tradición o con la ideología dominante en el partido. Pero recuerde: con un sistema de partidos triturado o atomizado, tanto el peligro como la tentación aumentan por el incentivo a diferenciarse. Ello no implica que no deban realizarse acuerdos de gobernabilidad o pactos respecto a grandes políticas, pero es mucho más aconsejable realizarlos con otros partidos o con otras instituciones, antes que con personalidades que sólo tienen que rendirse cuentas a sí mismos.

Dos. Si usted es dirigente con altas responsabilidades, no juegue con las instituciones. Todo lo que usted acomoda forzadamente a su favor, será reacomodado forzadamente mañana, a favor de otro, y probablemente en su contra. Esa “miopía estratégica” se resuelve si se anima a pensar un poquito más allá de mañana. No sea mezquino y si es tan audaz, tan valiente, anímese a proponer batallas con las mismas re-

p.38 <

glas de juego para todos, especialmente desde lo electoral. Recuerde que todos somos iguales ante la ley. Un ejemplo: si la ley le impide iniciar la campaña electoral, no la inicie.

Tres. Muchos creen que en una campaña electoral se define todo. En verdad, no se sabe a ciencia cierta cuál es el efecto total de una campaña electoral.

Con alta polaridad o con un sistema de partidos roto, existe una presunción de que una campaña pueda tener más influencia y torcer la tendencia previa.

No obstante, estudios internacionales han demostrado que en más de un 80% de los casos, las campañas terminan confirmando la tendencia previa al momento de que las campañas inicien formalmente. El ego de los políticos, de los periodistas o de los consultores de creer que las campañas influyen en mucho, es puesto en seriamente en duda. Por ello, si ama la política, piense que gran parte de las definiciones que luego son apoyadas electoralmente, deben realizarse sobre períodos no electorales. El gobierno, como oficialismo u oposición, sí importa, y mucho.

Cuatro. Usted fue proclamado candidato. Felicitaciones. Pero no se apure a sacar afiches a la calle declamando que usted es el mejor, el que garantiza triunfos. Antes que generar expectativas, genere ideas, con o sin o propuestas específicas, pero ideas. Una campaña no necesariamente debe valerse de propuestas bien concretas, pero sí de valores dominantes como argumentos fuerza que connoten qué quiere decir y desde qué plataforma simbólica o marco cognitivo se habla.

Si ha leído que la imagen es lo más importante, sepa que imagen no es sólo un concepto visual, sino la construcción y fusión de muchos elemen-

tos que hacen público lo que usted representa y que tiene un mediano plazo para gestarse. La sumatoria de sus discursos, de sus posicionamientos, de su historial, además de su cara, harán una imagen de usted. No confunda imagen con afiches con su cara.

Cinco. Cuando decida eslóganes, recuerde que es bueno intentar pensar en los ciudadanos antes que en usted.

Los eslóganes que ofrecen victorias parecen más bien de utilidad de los candidatos o en beneficios de la “corporación” partidaria, antes que del propio ciudadano. No abuse demagógicamente recostando todo su mensaje en el “pueblo”, pero tampoco sea tan egocéntrico de plantear un discurso que sólo pareciera servirle a usted.

Seis. Si usted se tragó el buzón de que las campañas no son ideológicas, le recomiendo que revise una a una las campañas electorales de los candidatos presidenciales en América latina. Pero si sigue con mucha duda y además no tiene tiempo, revise sólo la de quienes ganaron. Todas, absolutamente todas, parten de discursos ideológicos profundos y explícitos. Desde lo cívico, no sólo que no es malo, sino además recomendable.

La ausencia de debate ideológico, interno o público, especialmente frente a las cámaras de televisión, no impide afirmar que las ideologías están siempre presentes, aún estando ausentes.

Cada vez que se suele borrar un relato ideológico en campaña, o aminorarlo en la comunicación, causa desagradables sorpresas a posteriori cuando se toman medidas que no se esperaban porque nada se dijo antes al respecto.

Siete. La publicación de encuestas tiene como mínimo dos efectos contradictorios. Uno denominado “subir-

www.espaciospoliticos.com.ar

se al carro del ganador”, estima que los indecisos tienden a subirse a una ola ganadora cuando se publica una encuesta.

Otra tendencia es que cuando hay amplias diferencias de un ganador, se dan elecciones legislativas que favorecen el control o hay sistemas electorales con doble vuelta, la publicación de encuestas produce un efecto contrario a quien las encabeza, permitiendo que el apoyo gire más hacia el “débil” o el segundo, como modo de lograr una compensación o voto estratégico.

Siempre producen algo de efecto, el tema es que nunca se sabe en qué sentido.

Ocho. Use negatividad cuando crea que corresponda, cuando alimenta el debate cívico. No genere campañas ideales, bellas, lindas desde lo estético, pero hipócritas desde lo político. No genere campañas “políticamente correctas”, sino “políticas” (a secas). Sin bajezas, sin descalificaciones personales, pero rescatando tanto los puntos de encuentro como la diferenciación con el otro. Hace a la riqueza del debate. Esto que técnicamente se denomina “comparación explícita” –en el capítulo de la negatividad electoral– tiene una eficacia fenomenal, pero además, es uno de los modos más interesantes para dotar de información al electorado.

Los mensajes negativos brindan información que, de otro modo, no sería aportada por nadie y muchas veces produce un incentivo de la participación cuando se alienta a votar “en contra de”, en casos de malas gestiones o pésimos desempeños gubernamentales. También pueden producir temor o confusión cuando son muy agresivos generando un efecto contrario a quién los utiliza, volviéndose en contra.

Pero sí son mucho más efectivos cuando trabajan sobre la comparación de candidatos, estilos o propuestas. La lógica de un debate es precisamente esta última.

Las dos, campañas positivas y negati-

vas, cuando son moral y políticamente irresponsables, son igual de peligrosas.

Una campaña negativa denigratoria e infundada, es altamente antidemocrática. Una campaña positiva, mentirosa, irreal, que aumente exageradamente las expectativas, es una burla para la ciudadanía y tiene consecuencias nefastas.

Ahora bien, si una campaña negativa está perfectamente sustentada en hechos reales y una campaña positiva es perfectamente plausible, posible, ambas son iguales de contributivas para la democracia.

Nueve. ¿Cuál cree usted que es el límite de la negatividad en una campaña electoral? El primero, quizá, sea la difamación sobre hechos irreales. El segundo, todo aquel ataque denigrante que deje huellas históricas imposibles de obviar, sea en contra de las personas, sea en contra de los partidos, que orada la posibilidad futura de generar consensos. Por ejemplo, ¿usted se imagina qué acuerdos de gobernabilidad podría generar un candidato cuando en una campaña haya desacreditado a todos sus adversarios políticos y sus respectivas estructuras partidarias?.

Diez. No siempre queda claro los efectos de ganar o perder un debate electoral. Por ejemplo, pueden beneficiar al segundo en las encuestas, cuando se transmite la sensación de un claro ganador con riesgos de baja competitividad con su oponente. Otra opción es que no beneficien ni perjudiquen a nadie y sea sólo un episodio más de los tantos de una campaña.

El efecto verdaderamente asegurado de un debate es lograr una predisposición anímica y, todo lo demás, es casuístico y depende de la situación.

Por ejemplo: John Kerry ganó los tres debates frente a George W. Bush y perdió la elección. Sí pareciera ser más útil en casos de alta polaridad, aunque los efectos demostrados nunca han sido del todo contundentes. En

los debates, cuando todos los temas ya han sido tratados, suelen primar argumentos que tienen que ver con posturas moralistas, lo que se conoce como “espiritualización de los asuntos materiales” que suelen producir verdaderas discusiones culturales, ideológicas, religiosas o sociales que sí generan discusión a posteriori.

Los debates sí son importantes, pero no hay que mitificarlos. Los estudios demuestran que no hay diferencia entre la información de quien se informa por los spots de quien se informa por los debates; y que ver debates no es necesariamente para buscar más información sino espectáculo. La lógica de transmisión audiovisual obedece más a una contienda deportiva que política: lenguaje de carrera de caballos, golpe bajo, arremetida, defensa, ataque, etcétera, en donde la psicología de la forma. Existe un premio, no a la verdad, sino a la verosimilitud. Los actores son una mezcla de personalidades (caracteres) y actos (formas), y el contenido no es lo central. Por parte del público, existe más un disfrute y goce de los candidatos en escena que del debate en sí mismo.

Once. Tenga voluntad de ser serio y haga esfuerzos para ello. Ser serio, entre otras cosas, es ser coherente. Pero ser serio en política es reconocer que el largo plazo importa. Importa por la seriedad, por la calidad de la política, pero además, aún desde una visión estratégica, importa desde la legitimidad personal. Si usted es muy pero muy conocido, y además ha hecho las cosas bien porque figura muy alto en las encuestas, es hora de ser prudente y humilde. Los personalismos miden –en la opinión pública– mucho más que las estructuras partidarias, pero no necesariamente transfieren ni arrastran votos a terceros. * Consultor político. Director Instituto Federal de Gobierno.

> p.39

Espacios Políticos

Érase una vez una tradición, entre alusiones y desplazamientos ideológicos Inés Ksiazenicki* “No se debe aceptar simplemente la tarea de colaborar con los políticos y administradores para aliviar los descontentos y sufrimientos contemporáneos, sino, más bien preguntarse de qué modo esos descontentos subjetivos son generados por el verdadero orden social” (Zizek, 2005).

Pocos años nos separan del ascenso al gobierno de fuerzas políticas históricamente identificadas con la izquierda que, de la mano de la reivindicación de demandas largamente relegadas, hicieran su aparición en un espacio público acallado, no silenciado, encarnando una presencia con aires de profundo cambio. La importancia, sobre todo simbólica, de augurar victorias enraizadas en la aspiración a un cambio de rumbo se tradujo en la apuesta por nuevos elencos que pretendieron, y plasmaron discursivamente, un abandono del modo de conducir estrategias políticas, instalado con el paradigma neoliberal.

América latina hace su ingreso al nuevo siglo arrastrando antiguas deudas; la impostergable atención al persistente deterioro en las condiciones de vida de vastos sectores sociales llama, o aún invoca, aquello que fue sustrato hace décadas de un cuerpo ideológico convocante, aquello que invita a resucitar el espacio público. En países como Argentina y Uruguay, pretender una mirada sobre los lineamientos que subyacen a las políticas de desarrollo recientes da paso a una revisión del lugar a que ha sido confinada la tradición partidaria e ideológica. Es posible entender que los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner no desplazan sino que restauran, en un ejercicio de re-construcción, un tipo específico de identificación con tradiciones de izquierda y peronistas.

Cabe cuestionarse cuál es el lugar de lo que hablan esas tradiciones; porque dista de ser evidente la continuidad de los postulados a que se alude, porque dista de ser claro el signi-

p.40 <

ficado de los conceptos que reaparecen en discursos de esos gobiernos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de redistribución? ¿qué modos concretos de articulación con reivindicaciones históricas de sectores como las del cercano sindical hacen su aparición en el espacio político?

A los posibles virajes, y a la configuración de nuevos significados, a una mirada sobre huidas y permanencias, acompaña la posibilidad de un modo de pensar la política en los países de la región que reivindica la vigencia de una configuración del sistema internacional protagonizado por centros y periferias; y en este sentido cabe invocar a los teóricos de la dependencia para repensar las formas de colocar a los sujetos políticos progresistas.

El distanciamiento, y por qué no ejercicio de repudio explícito, a algunos de los paquetes de políticas implementados en los años noventa, va de la mano de un acercamiento, más claro en algunos países y más difuso en otros, al Desarrollo Humano y a la redefinición que éste encarna respecto al trazado de “caminos para la superación del subdesarrollo”. Es tiempo entonces de esbozar otras preguntas, ¿cuáles son los límites para la definición de políticas de desarrollo en países latinoamericanos representados como subdesarrollados que postulan la inspiración encarnada en estos nuevos modos de pensar Desarrollo? y ¿cómo convergen en el espacio de estas redefiniciones los postulados que “encajonan” en una izquierda o un peronismo? .

En la pretensión de dar respuestas se habilita una mirada esperanzadora sobre el importante apoyo popular que se traduce en el alcance del gobierno de elencos progresistas, que restauran la presencia en el espacio público de demandas de sectores sociales excluidos; ésto recuerda que el ejercicio de redefinición de “quiénes pertenecen al demos” implica un rescate de la pregunta por “quiénes son sujetos de la política” (Caletti 2003). Estas conceptualizaciones son leídas desde un argumento según el cual la ciudadanía se asienta en la identificación de la existencia de una “línea de separación que divide a quienes están «adentro» de aquellos que están «afuera», excluidos del espacio de la polis” (Zizek 2004).

La posibilidad de pensar en la convergencia entre países latinoamericanos de políticas de respuesta a la crisis social no puede desligarse de una mirada sobre los modos de participación que han sido habilitados en el interior de los sistemas políticos, y cómo esa redefinición de los tipos de ciudadanía responde a una tradición invocada, cómo se pretende redibujar la línea que define la exclusión y abrir espacios de reconstitución de un espacio público plural. Desplegar una mirada sobre la coincidencia de una alusión implica identificar la delimitación política del sujeto de la política, así como expandir la vista y problematizar limitaciones cimentadas, para exhibir nuevas lecturas de construcciones políticas no acabadas. *Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de la RepúblicaUruguay. Doctoranda de la Universidad Nacional de Córdoba-CEA, CONICET. inesks@gmail.com

www.espaciospoliticos.com.ar

Espacios PolĂ­ticos