VIII Revista impresa de Espacios Politicos

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QUIÉNES SOMOS?

(ACEP) ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIOS POLÍTICOS (2010-2014)

Consejo de Expertos Dr. Guillermo O´Donnell, Dr. Ludolfo Paramio, Dr. Andrés Malamud, Dr. Juan Manuel Abal Medina (h), Dr. Mario Riorda, Mg. Gastón Mutti, Dr. Fabián Repetto, Dr. Arturo Fernández, Dr. Jorge Battaglino

Presidente Maximiliano Ulises Campos Ríos

Directores Lic. Gonzalo Diéguez Lic. Maximiliano Campos Rios Coordinadora General Lic. Laura Paonessa (UdeSA) Relaciones Institucionales Lic. Ignacio Claut (UTDT Lic. Romina Sarmiento (UBA) Cooperación Internacional Lic. Emmanuel Andrés Artusa (UCS, UBA) Mesa ejecutiva Lic. Camilo Vedia (UBA) Lic. Francisco Aráoz Bugallo (USAL) Lic. Mauro Solano (UCALP) Lic. Facundo Cruz (UADE Lic. Ayelen Ghersi (UdeSA) Lic. Emilio Vitale (USAL) Florencia Berbery (UdeSA) Ayelén Vanegas (UdeSA) Lic. Mario Katzenell Lic. Natalia Larsen Lic. Ángeles Polzella Lic. Eduardo Mastrostéfano. Área Metropolitana Coordinador USAL: Lic. Octavio Tesone Coordinadora UNQ: Gisele Parvanoff Coordinador UdeSA: Uriel Kuzniecki Coordinador UNLAM: Lic. Mariano Boiero Coordinador UADE: Lic. Diego Usatinsky Coordinador UBA: Lic. Walter Caamaño Coordinador UCALP: Lic. Matias Hastoy Áreas Regionales Coord. Región Cuyo - UNCU: Lic. Walter Cueto, Sebastián Silva Coordinadora Región Litoral - UNR: Lic. Sofía Perotti Coordinadora Región NOA - UNSTA: Lic. Alicia Camaño Coordinadora Región Centro - Pcia. B.A. - UNICEN: Lic. Carolina von Oertel.

Vicepresidente 1º Lic. Emilio Vitale Vicepresidente 2º Mauro Solano Tesorero Gonzalo Diéguez Protesorero Luciano Adolfo Jaúregui Secretario Camilo Vedia Prosecretario Mariano Boiero 1º Vocal Daniel Blinder 2º Vocal Federico García Vocal Suplente Walter Camaño Órgano de fiscalización Bárbara Quiñones Rojas Uriel Kuzniecki.

AGRADECIMIENTOS A Leandro Javier Nazarre de SUTCAPRA y a la Secretaría de Extensión del CBC. A Franco Bartolacci (Decano de la Facultad de Ciencia Política y RRII) y a Sofía Perotti por todo el apoyo brindado.A las pasantes de Compromiso Jóven UdeSA; Erika Szewkies y María Florencia Rieiro. En Diseño agradecemos a: Nehuén Mingote Kisler, Dafna Nudelman, Gastón Zarlenga, Alicia Cucurullo, Danilo y Guido Durazzo.

A nuestros casi 10.000 seguidores en las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube) y los miles de internautas que visitan y comentan todos los días los artículos publicados en nuestra Web 2.0. A todos y todas, y perdón si nos olvidamos de alguien (esto sucede irremediablemente). Muchas Gracias!

Fotografía de portada: “Twists and turns of rope” por Quinn Dombrowsky publicada en www.flickr.com/photos/quinnanya/4780099942 (CC BY-SA 2.0)

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Orígenes y desafíos de los partidos políticos Martín D’Alessandro (Politólogo, Profesor de ciencia política en la UBA e Investigador del CONICET. Introducción: Desde los inicios del siglo XX, los partidos políticos han sido demonizados por corromper el buen funcionamiento de la democracia con sus intereses sectoriales, mezquinos y sus líderes egoístas. Por otro lado, en no menos ocasiones se los ha reconocido como instituciones gracias a las cuales se entienden los conflictos sociales, se canaliza la participación política, se ordena el debate parlamentario y se opta, a través del voto, por cursos de acción distintos. Por supuesto, la realidad es compleja, y lejos de ver sólo defectos o sólo virtudes en los partidos, es recomendable analizar el tema de una manera amplia para reforzar las virtudes, y corregir —en la medida de lo posible— los defectos. ¿Qué fueron los partidos políticos?

Los partidos políticos modernos nacieron en el siglo XIX, en Argentina y en el mundo, como agrupamientos de parlamentarios con ideas e intereses afines que coordinaban sus acciones y recursos de cara a los eventos electorales, más o menos competitivos y/o abiertos. La tarea de gobernar y/o deliberar en el parlamento —en esta etapa predominan las ideologías conservadoras, liberales o regionales— estaba guiada por las conciencias personales de sus miembros. El Partido Conservador inglés, y en Argentina la Unión Cívica Radical y el Partido Autonomista Nacional podrían ser buenos ejemplos de ello. Paralelamente, a fines de ese siglo y principios del siglo XX se crearon partidos también desde fuera de los parla mentos, a través de comités y organizaciones de miembros de tipo territorial —o sindical—, que fueron integrándose al sistema político. Predominan en esta etapa ideologías socialistas, comunistas, demócrata cristianas o regionales, y son ejemplos el Partido Social-Demócrata Alemán, y en Argentina, el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical. En varios países de América Latina, por su parte, se dio un fenómeno particular llamado populismo, en el que nacieron y se fortalecieron partidos de ideología nacionalista-popular de base obrera, como es el caso del APRA peruano o el Partido Justicialista, creado en Argentina desde el aparato estatal.

Como también es sabido en la ciencia política, con el correr del siglo XX y el advenimiento definitivo del sufragio universal, gran parte de los partidos se convirtieron en organizaciones de masas. Ya que las masas debían votar, eran necesarias organizaciones bien estructuradas para hacer conocer las propuestas y candidatos del partido durante las campañas, organizar actos y reclutar militantes. Ello se dio al calor de las transformaciones de la sociedad industrial, que encontró en los partidos una representación más o menos transparente de los sectores sociales emergentes. De allí que los partidos tuvieran cierta estabilidad electoral, fuerte arraigo social y la capacidad de transmitir ideologías para estruc-

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turar ideas y opiniones a sus votantes y seguidores. Con estos fines, los partidos democristianos y socialistas europeos, principalmente, desarrollaron incluso instituciones complementarias, como clubes, asociaciones de jóvenes, colegios y hasta universidades de las cuales obtener votos, lealtades y cuadros de gobierno. ¿Qué son los partidos políticos?

Ahora bien, en el mundo desarrollado los partidos han podido gobernar, desarrollar a sus países, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, fundar y/o mantener regímenes democráticos estables y tolerantes que han mejorado enormemente la calidad de vida de la mayoría de sus conciudadanos. Y ello ha sido, incluso, a pesar de que los líderes sólo en rarísimas ocasiones han dejado de perseguir intereses políticos propios o los de sus aliados, y de que los miembros casi siempre han militado esperando algunos beneficios personales, como el acceso a puestos de trabajo o posiciones de poder en el Estado.

En efecto, en términos generales, y más allá de la interminable disputa sobre cuál sería la correcta la definición de partido político, hay algunos elementos presentes en todos los partidos que son insoslayables: los partidos tienen como fin que sus miembros ocupen cargos de gobierno, persiguen este fin mediante grados variables de organización e ideología, y mediante, generalmente, la competencia electoral que les permite mostrarse como —y en muchos casos, erigirse en— representantes de sectores e intereses sociales. Es decir, los partidos son ideas y a la vez organizaciones; son canales de transmisión ascendente y a la vez proponentes de cambios y rumbos alternativos. El problema actual radica en que la ciudadanía ve con más claridad que los políticos se preocupan —como siempre lo han hecho— por la perduración de su organización —incluso cuando se trata de una facción dentro de un partido— y menos por la persecución de ideas y/o programas de gobierno claros y coherentes en los que la ciudadanía pueda ver representadas sus opiniones. ¿Hacia dónde van los partidos políticos?

En los últimos treinta años, aproximadamente, se ha hablado y escrito hasta el hartazgo de la crisis de las ideologías, el debilitamiento de los partidos, el desencanto ciudadano, la privatización de la vida, etc.

En efecto, las recurrentes crisis económicas, la implosión del sistema socialista, la sociedad “pos-industrial”, la globalización y la revolución de los medios de comunicación impusieron a la vida política un nuevo clima, al que los partidos todavía no han sabido adaptarse del todo. Si bien siguen existiendo y no han sido reemplazados por otro tipo de organizaciones —movimientos sociales, asociaciones de ciudadanos o grupos de interés—, e incluso siguen siendo votados para ejercer el gobierno, los partidos y los políticos son portadores de un descrédito muy preocupante, sobre todo en los países pobres en los que los éxitos aparecen con cuentagotas. ¿Cómo recuperar la confianza perdida? Los partidos de hoy deben trabajar fuertemente y de manera simultánea,

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integrada e interconectada en sus núcleos constitutivos: la ideología, la representación y la organización.

En cuanto a lo primero, es muy difícil en el mundo de hoy lograr una ideología capaz de integrar de manera sólida y precisa cursos de acción en las innumerables e impredecibles áreas de intervención de la política. Ni tampoco, en el otro extremo, se puede confiar en la intuición de los líderes para reaccionar espasmódicamente ante cada coyuntura. Se debe por el contrario hacer un esfuerzo en desarrollar interpretaciones complejas de una realidad compleja para brindar soluciones claras pero a la vez inteligentes y viables a los problemas sociales. La necesidad de ello se manifiesta, en el caso argentino, en la pobreza intelectual de la política para entender el país y su entorno, y para trazar líneas de políticas de mediano o largo plazo que puedan identificar un problema, proponer un diagnóstico consistente y actualizado, y llevar a cabo su implementación de manera eficaz.

En cuanto a la representación, también hay una tarea compleja por delante. Por un lado hay electorados más informados, y por lo tanto más heterogéneos y exigentes. Por otro lado, hay una fuerte fragmentación social que condena a la exclusión y a la ignorancia a millones de personas que nadie sabe bien cómo representar. Esto implica el doble desafío de no abandonar el rol de vanguardia en la identificación de los caminos deseables para la sociedad y en la propuesta de políticas claras, concretas, creíbles y viables, pero sin descuidar a la vez la atención a las aspiraciones que la sociedad percibe independientemente de los partidos. En otras palabras, los partidos no deben imponer sus puntos de vista al conjunto de la sociedad, pero tampoco deben relegar su rol propositivo. Por supuesto, la representación y el logro de

estos difíciles objetivos exigen urgentemente presentar a la sociedad candidatos y funcionarios honestos y transparentes.

En cuanto a la organización, es imperativo avanzar en dos direcciones.

Los partidos tienen que ser más abiertos en lo que hace a su organización interna, por un lado estableciendo reglas claras y compartidas de participación en la selección de sus autoridades y candidatos —no olvidemos que los partidos son también arenas de competencia— y por el otro en la elaboración de las ideas y los programas de gobierno.

Para ello también es necesaria la capacitación de los cuadros y los dirigentes. Volviendo a la urgencia argentina, es necesario desterrar el exceso, intencionado o no, de errores conceptuales y falacias en el discurso político. Es el deber de los partidos políticos, particularmente el de los partidos de oposición, no sólo rectificarlas con fuerza en el debate público sino también superarlas con propuestas programáticas sólidas, debatidas y consensuadas internamente.

Desde la transición democrática se ha creído en nuestro país que, primero, la mera existencia de los partidos fortalecería la democracia. Después el péndulo fue hacia el otro extremo y se atribuyeron a los partidos todos los males de nuestra sociedad. Esta ambigüedad no es privativa ni de la Argentina ni de los tiempos actuales. Pero si bien es cierto que sin partidos la democracia moderna no es viable, también es cierto que el funcionamiento deficiente de los partidos puede dificultar el ejercicio de la democracia y hasta su propia supervivencia. Parte del desafío futuro de los partidos políticos consiste en su deber de ser democráticos y no instrumentos de control y dominación de las voluntades. La fortaleza de su propia organización y el acceso a los cargos en el Estado no deben obturar la representación de intereses e identidades sociales ni la propuesta de un destino a sus sociedades.

Federalismo vs. Democracia: El Síndrome de las Provincias Rentísticas, Híbridas y Sobrerrepresentadas Carlos Gervasoni

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Torcuato Di Tella (CONICET, UTDT)

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n este artículo analizo tres características de nuestro federalismo que socaban la democracia nacional y subnacional.

Primero, el federalismo fiscal argentino implica que algunas provincias (especialmente la de Buenos Aires) subsidian fuertemente a otras (las demográficamente más pequeñas), al punto de convertirlas en verdaderos rentier states, suerte de “emiratos subnacionales” que en vez de vivir de rentas petroleras viven de “rentas del federalismo fiscal”. Segundo, varios regímenes provinciales de nuestro país son

escasamente democráticos, con oficialismos sospechosamente hegemónicos y oposiciones irrelevantes. Finalmente, las provincias demográficamente pequeñas gozan de una altísima sobrerrepresentación en ambas cámaras del Congreso Nacional y (menos obviamente) en el Poder Ejecutivo Nacional: Contra lo que hubiera sido razonable esperar en 1983, en estos veintinueve años de democracia la presidencia ha sido dominada por políticos de La Rioja y Santa Cruz. ¿Puede ser casual que los líderes de provincias que contienen el 1.5% de

la población hayan prevalecido por sobre los provenientes de las cinco mayores, que en conjunto representan dos tercios del electorado?

No casualmente sino causalmente, hay una alta correlación entre rentismo, bajos niveles de democracia (o regímenes “híbridos”) y sobrerrepresentación. La mayoría de las provincias pequeñas, como Catamarca, Formosa, La Rioja, San Luis y Santa Cruz, tienden a ser rentísticas, híbridas y sobrerrepresentadas.

En el otro extremo hay un grupo de provincias grandes (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe) que no disfrutan de rentas (o, como en el caso de Buenos Aires, tienen “rentas negativas”), que funcionan en forma razonablemente democrática, y que están subrrepresentadas en el Congreso. ¿Cuáles son las causalidades? Es muy posible que la sobrerrepresentación genere rentas: es barato y políticamente conveniente para las autoridades federales privilegiar a las provincias pequeñas en el reparto inter-gubernamental de impuestos. Unas décimas más de coparticipación o unos pocos millones en ATNs representan esfuerzos fiscales modestos para la Nación pero grandes sumas para estas

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provincias, que a cambio aportan una cantidad desproporcional de legisladores. Ahora bien, al recibir abultadas transferencias desde Buenos Aires, sus gobernantes pueden disfrutar de los beneficios de un alto gasto público sin enfrentar los costos de cobrarles impuestos a sus votantes. Su situación fiscal y política es comparable a la del Emir de un petro-estado.

Según he argumentado en otra parte, hay claros motivos teóricos para creer que, de la misma forma en que las rentas petroleras previenen la democratización nacional, las “rentas del federalismo fiscal” debilitan la democracia provincial.

El Federalismo Fiscal Rentístico y los Regímenes Provinciales Híbridos ¿De dónde surgen las “rentas del federalismo fiscal”? En nuestro país más del 40% del gasto público es ejecutado por las provincias, pero la mayoría de los recursos tributarios (incluyendo el cada vez más importante impuesto inflacionario) son recaudados por la Nación.

Por tanto, las provincias se financian mayormente mediante trasferencias nacionales.

Existen, sin embargo, enormes diferencias en la cantidad de dinero que recibe cada una. En el cuatrienio 2003-2007, por ejemplo, Buenos Aires recibió 579 pesos anuales por habitante, mientras que Santa Cruz recibió 4004 pesos, es decir, una razón de 7 a 1. Contra lo que a menudo se cree, estas diferencias no están justificadas por el nivel de desarrollo relativo: Santa Cruz es la segunda provincia más rica de la Argentina, y cuenta con indicadores económicos y sociales bastante mejores que los de Buenos Aires. Peor aún, Santa Cruz (y otras provincias pequeñas) reciben mucho más per cápita que las paupérrimas Chaco o Santiago del Estero. ¿Por qué?

El principal criterio de reparto de las transferencias federales es demográfico: a menor población más dinero (per cápita). Así, una provincia chica, sea rica (como Santa Cruz) o pobre (como Formosa) recibe mucho más que una provincia grande, sea rica (como Santa Fe) o pobre (como Tucumán). El resultado es que varios distritos pequeños están fuertemente subsidiados por el estado nacional (e indirectamente por las provincias más grandes), y que sus gobiernos cuentan con recursos fiscales muy superiores a los podrían recaudar vía impuestos propios. Una manifestación clara de tal riqueza es la magnitud de la burocracia provincial: las provincias rentísticas emplean aproximadamente a 90 de cada

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1000 habitantes, mientras que las grandes sólo emplean unos 35 de cada 1000. ¿Cómo puede el gobierno catamarqueño pagar una nómina estatal casi tres veces superior a la santafecina?

Gracias a las “rentas del federalismo fiscal”.

Este rentismo fiscal subnacional genera un síndrome estatista con claras consecuencias políticas: la mayoría de los ciudadanos, empresarios y medios provinciales dependen de una forma u otra del presupuesto provincial.

En palabras del ex gobernador menemista (y luego kirchnerista) Ángel Maza: “La Rioja es como Cuba: lo que no es del Estado no existe”.

En tal contexto el oficialismo goza de niveles de incumbency advantage incompatibles con un auténtico régimen democrático.

Una influyente literatura reciente ha destacado la escasa compatibilidad entre rentismo y democracia. El hecho de que Medio Oriente haya sido la única región del mundo no alcanzada por la “tercera ola” ha sido atribuido al efecto autoritario de las rentas petroleras. Lo mismo parece ocurrir en nuestros “emiratos provinciales”: Significativa evidencia estadística muestra que, cuanto mayor es el nivel de transferencias federales per cápita, menor es el nivel de democracia provincial.

Si, como afirma Przeworski, “la democracia es un sistema en el que los partidos [oficialistas] pierden elecciones”, entonces es dudoso que Formosa, La Rioja, San Luis, o Santa Cruz –provincias en las que el mismo partido ha ganado 8 elecciones consecutivas para gobernador desde 1983, a menudo con enormes mayorías electorales– sean democracias. El PJ obtuvo, por ejemplo, el 82% de los votos para gobernador en La Rioja en 1995, el 71% en Santa Cruz en 2003, el 90% en San Luis en 2003, y el 76% en Formosa en 2007. ¿Cómo es que estos gobernadores logran hegemonías electorales impensables en Canadá o Alemania, e incluso inalcanzables para sus pares peronistas de Buenos Aires o Córdoba? ¿Son democráticas estas provincias?

No, son “regímenes híbridos”, mezcla estable de autoritarismo y democracia: Aunque poseen una arquitectura institucional democrática (elecciones, legislaturas, separación de poderes, etc.), la realidad subyacente muestra abundantes elementos de autoritarismo. Por ejemplo, los medios de comunicación dependen casi exclusivamente de la pauta provincial y, en consecuencia, proveen una cobertura altamente sesgada en favor del oficialismo.

Sobrerrepresentación: la Correa de Transmi-

sión al Régimen Nacional La Argentina tiene el Senado más desproporcional del mundo. El 14% de la población que vive en las doce provincias menos pobladas tiene el mismo poder en el Senado que el 86% que vive en las doce provincias más pobladas (¿“un ciudadano un voto”?). Claro, el Senado está diseñado justamente para representar provincias y no ciudadanos. Según la Constitución Nacional, es la Cámara de Diputados la que representa al pueblo. Pero en los hechos, esta también sobrerrepresenta fuertemente (e inconstitucionalmente) a los distritos chicos.

Desde hace tiempo la normativa garantiza a todas las provincias un piso de diputados por encima del que les correspondería proporcionalmente a las más chicas. Estas, entonces, gozan de privilegios también en la cámara baja (privilegios basados en un decreto-ley de la última dictadura militar que contradice una disposición constitucional). Esto completa un cuadro institucional muy favorable a los distritos menos poblados, más rentísticos y menos democráticos.

Armados de rentas del federalismo fiscal, hegemonía política interna, y sobrerrepresentación legislativa, los gobernadores de distritos como La Rioja, San Luis y Santa Cruz se han lanzado, con notable éxito, a la arena nacional.

Desde 1983 los hombres (y mujeres) fuertes de estas provincias han llegado a la presidencia, hazaña que ningún gobernador Cordobés, Mendocino o Santafecino ha conseguido aún.

Las notables carreras de Néstor Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá se explican no sólo por sus indudables habilidades políticas, sino también por factores fiscales e institucionales estructurales.

Es muy probable que la forma centralizada, decisionista y a menudo irrespetuosa de las instituciones democráticas con las que el menemismo y el kirchnerismo han ejercido el poder nacional tenga algo que ver con los vicios desarrollados anteriormente en la gestión provincial. No es extraño que quien se ha acostumbrado a gobernar en contextos rentísticos e híbridos, intente también ejercer el poder con escasos límites una vez instalado en Balcarce 50. Las prácticas autoritarias subnacionales no limitan su impacto a unas pocas y pequeñas provincias, sino que se proyectan, amplificadas, a toda la nación a través de la sobrerrepresentación legislativa y, aún más significativamente, a través de la sobrerrepresentación presidencial.•

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¿EL REGRESO DEL PRINOSAURIO? Antonio Camou

Universidad de Buenos Aires El triunfo de Enrique Peña Nieto en las elecciones del pasado 1ero de julio ha vuelto a ubicar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la cúspide del sistema político mexicano. En una jornada sin graves incidentes y con la participación electoral más alta de la historia del país (62% del padrón), el ex gobernador del estado de México alcanzó el 38,21% de los sufragios. Eso le bastó para derrotar al candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo el 31,59%, y a la oficialista Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional (PAN), que logró mantener un decoroso 25,41% después de dos poco afortunadas presidencias “panistas”. Aunque están pendientes de resolución una serie de impugnaciones cruzadas, se ve difícil que el Tribunal Electoral cambie en los estrados lo que el viejo partido “tricolor” ganó en las urnas.

Creado en 1929 por el presidente Plutarco Elías Calles como Partido Nacional Revolucionario, y bautizado con su nombre actual hacia 1946, el PRI se mantuvo en el gobierno federal durante 71 años seguidos, para regresar al poder después de dos sexenios consecutivos fuera de la Presidencia de la Nación. Si bien el desarrollo de la campaña, el proceso electoral y el detalle de los resultados ofrecen mucha tela para cortar, tal vez la pregunta más acuciante hoy toma la siguiente forma: ¿Estamos asistiendo a la restauración del viejo sistema político mexicano? Y aunque la cuestión no tiene hoy una clara respuesta, tal vez podamos acercar algunas conjeturas si prestamos atención al camino que nos trajo hasta aquí.

Allá por los primeros años de la década del noventa era costumbre en México, entre los múltiples críticos del partido

gobernante, llamarlo despectivamente el “prinosaurio”. Se vivían entonces los tiempos de la “transición democrática” y era común mirar el caso mexicano en el espejo de los cambios de régimen político acontecidos en el sur de Europa, tomar como modelo el hundimiento de las dictaduras militares de América Latina, o incluso compararlo con la debacle de los “socialismos reales” en los países de Europa del Este. Pero la metáfora paleontológica y el espejo analítico deformaban la visión en un punto fundamental. A diferencia de las huestes cívico-militares de Salazar, Videla o Ceausescu, el PRI no era un animal político en extinción ni un adversario “inaceptable” en el nuevo orden democrático por venir. Era, para utilizar la clasificación de Sartori, un partido “hegemónico”, y no podía darse por liquidada su capacidad para adaptarse a un sistema de competencia plural que podía llegar a tenerlo como un actor relevante. Al fin y al cabo, el PRI había tejido durante décadas un paradigma de gobernabilidad que permitió pacificar el país después de la marea revolucionaria de principios del siglo XX, empujar la economía por la senda del “desarrollo estabilizador”, y evitar que la sociedad mexicana se desangrara en los pendulares quiebres autoritarios padecidos por la mayoría de los países latinoamericanos. En ese vasto itinerario había mostrado una notable habilidad camaleónica –mezclada con variadas dosis de violencia, cooptación y corrupción- para sobrevivir en la jungla del poder.

Pero esa capacidad de adaptación comenzó a revelar fisuras cada vez más serias que abrirían paso a la progresiva democratización del país. Aunque no es fácil definir con precisión cuándo comenzó la “transición” que culminó desalojando al PRI del poder, conviene recordar algunos

hitos clave de ese derrotero. En principio, varios observadores marcan como lejano punto de largada las protestas del movimiento estudiantil que terminaría siendo cruelmente masacrado en la Plaza de Tlatelolco, la noche del 2 de octubre de 1968.

Con aquella sangrienta matanza, el “ogro filantrópico” mostró su cara represiva más brutal, a la vez que generó un severo quiebre entre las clases medias ilustradas y el partido de gobierno. Para otros se inició con la Reforma Electoral de 1977, en respuesta a la agitación armada y campesina que asolaba a los estados más pobres del país, aunada a un inquietante vacío de legitimidad: en la elección presidencial de 1976 no se presentó ningún candidato opositor a la contienda, que fue ganada por José López Portillo (1976-1982).

Sin descartar estos antecedentes, muchos prefieren resaltar la escisión –a fines de 1987- de la “Corriente Democrática” del partido “casi único”, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, como el inicio de marcha democratizadora. Esa ruptura había comenzado a incubarse en respuesta al giro neoliberal conducido por Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando la vieja “familia revolucionaria” empezó a dividir aguas entre quienes se mantenían fieles a la herencia del nacionalismo popular y quienes defendían la modernización globalizadora de la economía, propiciando una alianza más estrecha con los Estados Unidos.

Esa conflictiva “disputa por la Nación”, como la llamó un libro de época, haría eclosión de manera definitiva al momento de definir la sucesión presidencial, y la crucial decisión de Cárdenas de abrirse del partido marcaría un punto de no retorno: su ejemplo demostraba que existía vida política fuera del aparato del PRI. Bajo las banderas del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en alianza con diversas corrientes de la izquierda que más tarde darían origen al PRD, el cardenismo competiría en la turbulenta

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elección del 6 de julio de 1988, aquella en que misteriosamente “se cayó el sistema” de cómputo y que finalmente consagraría como ganador a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) .

Desde esa “caída” del sistema informático, una notoria metáfora anticipatoria de la caída del sistema de poder vigente durante décadas, México vivió poco más de una década de fuerte conflictividad en torno a la definición de un nuevo régimen político. Mientras tanto, en un movimiento continuo, aunque no exento de contramarchas y desbarranques, atravesado por episodios de violencia extrema pero también por notorios esfuerzos de construcción institucional, la ola democratizadora fue creciendo desde la periferia al centro.

Así, en 1989 el PRI pierde –por primera vez en la historia- la gobernación de un estado (Baja California) a manos de un candidato del PAN, y desde entonces sufrirá diversos retrocesos que lo llevarán a resignar la presidencia de la Nación a manos de otro “panista”: Vicente Fox (20002006). En medio, hay al menos dos fechas para recordar: la primera es el año 1994, que comienza con la insurrección zapatista en el sur del país y culmina –en una ciudad norteña- con el asesinato del candidato presidencial priísta, Luis Donaldo Colosio, apresuradamente reemplazado por Ernesto Zedillo (1994-2000); la segunda fecha es1997, cuando el PRI pier-

de la mayoría legislativa en el Congreso Nacional.

Mirado sobre este telón de fondo, buena parte de los desafíos del gobierno priísta se desprenden tanto de esta historia lejana como de las cuestiones irresueltas que heredará del saliente gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Entre esos desafíos se destacan el agravamiento de la cuestión social, en particular por el aumento de la pobreza en la última década y media sumada a la profundización de la desigualdad; la dinamización de una economía que si bien opera en crecimiento lo hace por debajo de su potencial (en este punto la apertura al capital privado de la petrolera estatal –PEMEX- será un punto central de la agenda pública); y finalmente –aunque no en último lugar- la atención al problemática del narcotráfico que en el último sexenio se cobró la friolera de entre 50.000 a 80.000 muertes, según las fuentes que se consulten.

En el camino, no son pocos los priístas de viejo cuño que volverán “por todo”, buscando reeditar los antiguos modos autoritarios de ejercicio de gobierno. Frente a ellos encontraremos también a una nueva generación que aprendió la lección de la derrota de los últimos sexenios y apuesta –por convicción u oportunismo- a la necesidad de modernizar democráticamente al “tricolor”. Habrá que prestar especial

LA DEMOCRACIA Y SU CONCEPTUALIZACIÓN EN LA FILOSOFÍA POLÍTICA: TEORÍA VERSUS PRÁCTICA Alexander Madrigal

Politólogo Investigador de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar (Sede Ecuador). http://alexandermadrigal.blogspot.com aemadrigalg@gmail.com

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atención a esta contienda al interior del partido de gobierno para entender una parte importante de la dinámica política por venir. Y si los “modernizadores” no la tendrán fácil, tampoco será sencilla la vida de los “restauracionistas”. En primer lugar, porque el PRI dispondrá de un poder político mucho más distribuido que en el pasado; con una votación legislativa 6% inferior a la presidencial, el PRI totalizó el 31.93% de los sufragios en la Cámara de Diputados y el 31,25% en el Senado, y estará obligado a tejer acuerdos con diferentes sectores de la oposición para impulsar sus iniciativas. En segundo lugar, el Estado mexicano –con sus rémoras, ineficiencias, corruptelas y opacidades- ha generado en los últimos años algunos espacios de una institucionalidad renovada, más transparente, capacitada y autónoma (el caso más emblemático es el Instituto Federal Electoral, pero no es el único) que será muy difícil subordinar a las pretensiones del Ejecutivo. Finalmente, el PRI se encontrará con una sociedad civil bastante distinta a la que dejó hace más de una década atrás: más informada, mejor organizada y más dispuesta a movilizarse -aún con sus debilidades- en pos de sus derechos.

“Somos una nueva generación. No hay regreso al pasado”, dijo el hombre que –con 45 años- asumirá en diciembre la presidencia de México. Habrá que ver para creer.

La democracia como concepto ha sido analizada desde la antigüedad como uno de los problemas centrales de la vida y del pensamiento político, adquiriendo significados distintos de acuerdo a valoraciones realizadas dentro de un sistema de referencia sociohistórico que pretenden explicar la realidad y desarrollar un discurso teórico, poniendo en juego la validez y la verdad que ofrece un modelo de pensamiento.

Estos modelos o teorías susceptibles a variación, presentan una dimensión de tipo ético-político que “corresponde a la preocupación por lo que es deseable, bueno o correcto”, bajo ciertos supuestos acerca de la sociedad y del carácter esencial del ser humano, de allí que en el caso de la democracia, la palabra haya adquirido progresivamente un significado (liberal) favorable para el mundo moderno (capitalista) abandonando el sentido derogatorio que la cubría desde la tradición aristotélica antigua.

El recorrido por algunas de las ideas políticas en la modernidad del siglo XVII al XIX, partiendo de la filosofía política de los contractualistas (Hobbes, Locke y Rousseau) como representantes del modelo

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iusnaturalista junto a la crítica hegeliano-marxiana, bases de la democracia moderna, para luego dar un salto teórico a los desarrollos del pensamiento político del siglo XX con los autores de la concepción liberal de la democracia contemporánea (Mosca, Shumpeter y Dahl) propio de la political science, permitirá condensar algunos elementos teóricos para realizar un examen de la democracia.

La filosofía política del siglo XVII al XIX define el pensamiento moderno de la democracia a través del desarrollo de sucesivas ideas que reconceptúan los problemas clásicos por medio del modelo iusnaturalista. Dentro de esta línea, la visión hobbesiana parte de un estado natural de guerra de todos contra todos, a partir del cual voluntariamente se decide convivir en sociedad bajo la protección soberana del Leviatán como Estado absoluto. En cuanto a la democracia, el gobierno democrático o popular, es decir, cuando el representante del poder soberano “es una asamblea de todos cuantos quieren concurrir a ella”, resulta inconveniente para la realización de los fines de paz y seguridad del pueblo, debido a su concepción antropológica negativa que lo lleva a considerar que ésta multiplica las inconveniencias de la monarquía y tiende a restablecer la egoísta lucha de intereses.

Locke supone un estado inicial de perfecta libertad e igualdad “dentro de los límites de la ley natural [donde] los hombres viven juntos guiándose por la razón”, pero donde existe latencia de trasgresión de dicha ley, que evoluciona al estado de guerra planteando la necesidad de pactar la sociedad civil o política donde el Estado garantizará la libertad individual, la vida y la propiedad con una autoridad común mediante el juez, encarnación del gobierno civil, entendiendo la democracia como orden de derecho basado en la representación y la división del poder.

Rousseau introduce “lo colectivo” en la discusión donde “cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo también a cada miembro como parte indivisible del todo”, concepción de la democracia como gobierno de la mayoría, la imposible democracia directa tras el reconocimiento de que “es contrario al orden natural que gobierne la mayoría y que la minoría sea gobernada”, sin incluir el mecanismo de la representación.

Para el siglo XIX, la filosofía política moderna sería complementada con la crítica hegeliano-marxiana que aporta esencialmente la introducción de la dimensión histórica en el plano de las ideas, tendiente al análisis material de la organización establecida. Hegel critica la sociedad civil burguesa establecida por el contrato, en la que no se realizaría el verdadero estado político absoluto al ser un campo de disputas individuales que solo podrán ser resueltas en el Estado ético donde el problema de lo colectivo es armonizado en la unidad, dado que “el principio de la particularidad, precisamente porque se desarrolla hacia la totalidad, pasa a la universalidad y sólo tiene en ésta su verdad y el derecho de su realidad positiva”. Marx iría más allá al criticar no solamente a la sociedad burguesa, sino también al Estado como partes del sistema de dominación que mantiene el modo de producción capitalista, razón para plantear su necesaria desaparición y el fin de la lucha de clases en un sistema comunista como ruptura del orden burgués, teniendo en cuenta que “el primer paso de la revolución obrera es la elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia”.

Desde una perspectiva menos filosófica y más disciplinar, la political science del siglo XX con el cambio de paradigma epistemológico, bajo la influencia del positivismo y del empirismo, rompe con la tradición de la filosofía política moderna, manteniendo aún como central el tema de la democracia, base para la reconstrucción de la teoría política contemporánea a partir del problema de la organización o del gobierno, la mejor forma de gobierno del orden justo al ser el principal producto del proceso de constitución social.

Como se constata en la filosofía política moderna, tanto la imposibilidad de la democracia directa que señala Rousseau como la crítica a la democracia burguesa realizada por Marx, apuntan al mismo problema de la práctica democrática: las minorías gobernantes. Este será entonces el problema medular de la democracia en el siglo XX y que empieza doctrinalmente con Mosca, quien incorpora el concepto de élite desde la Teoría de la Clase Política, al reconocer la existencia en todas la sociedades de una clase gobernante organizada y minoritaria (la clase dirigente o política) y una clase gobernada numerosa pero desorganizada; el poder político empíricamente pertenece a una minoría, pues la organización comprende la formación de una élite o una oligarquía (en el sentido clásico), lo que significa en la práctica la imposibilidad de la democracia como forma de gobierno ante la oposición élite/masa del gobierno de los mejores como condensación de una evolución histórica darwinista que “elige” entregar el poder a quienes tienen más recursos y están más capacitados, razón que otorga automáticamente legitimidad al gobierno.

A partir de la conclusión de la teoría de las elites, la concepción liberal de la democracia contemporánea condensada por Shumpeter desde el punto de vista del mercado político, se reduce a un procedimiento institucional de gobierno por medio del cual se produce la competencia electoral entre elites que en un mercado de intereses y necesidades dentro de la relación políticos/clientes produce decisiones políticas vía voto popular.

Desde la perspectiva pluralista, Dahl define la democracia como “un sistema político en el cual la oportunidad de participar en la decisiones es compartida ampliamente por todos los ciudadanos”, planteando el modelo de democracia poliárquica determinado por la pregunta sobre “¿cuales son las condiciones necesarias y suficientes para maximizar la democracia en el mundo real?”, cuya preocupación se centra en las garantías institucionales mínimas para incluir a todos los individuos en el procedimiento democrático.

Este recorrido por algunas de las ideas políticas en torno a la democracia, ofrece un arsenal teórico para hablar de ella en situaciones histórico-concretas como la actual. El malestar social vigente evidencia que no existe un pacto de unión o contrato social que garantice la seguridad (en sentido amplio como seguridad humana) de cada uno de los individuos -tal como lo planteara Hobbes-, debido a la permanencia de la crisis y paro generalizados. Asímismo, el orden contemporáneo tampoco goza de derechos reales para todos sus habitantes dentro de un orden de justicia y plenas libertades -como señala Locke-, dado la no realización del ideal de los Derechos Humanos; ni mucho menos una democracia donde la voluntad general gobierne sobre los intereses particulares -como señalara Rousseau-, gracias a la dominación de lo económico sobre lo político en sistemas políticos cerrados e inadecuados para la participación de fuerzas alternativas.

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Quizás entonces, la democracia actual corresponda más al modelo procedimental shumpeteriano que plantea la political science, en el cual los teóricos de las elites demuestran que la democracia funciona como el gobierno de las elites o de la oligarquía en un esquema piramidal continuo e inmanente, incapaz de responder hoy a las demandas de nuevas expresiones sociales que dejan a este modelo liberal en una grave condición de déficit estructural que seguirá corroyendo el funcionamiento de la democracia. Así pues, el mayor desafío para la democracia en el mundo actual es encontrar un modelo que logre equilibrar tanto los elementos señalados por los filósofos políticos modernos como las condiciones descritas por la political science.

Bibliografía: BERLÍN, Isaiah. “¿Existe aún la teoría política?, en Conceptos y Categorías, México: FCE, 1987.

DAHL, Robert. Análisis Político Actual, Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1985.

“La Poliarquía”, en Diez textos básicos de Ciencia Política, Barcelona: Ariel, 1992.

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LOCKE, John. Ensayo sobre el gobierno civil, Ediciones Orbis.

Tratado sobre el gobierno civil, Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

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MARX, C. ENGELS, F. Manifiesto del Partido Comunista, Bogotá: Editorial Panamericana.

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ROUSSEAU, Jean-Jacques. Contrato Social, Bogotá: Gráficas

Modernas.

SHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo y Democracia, Madrid: Aguilar, 1968.

Alexander Emilio Madrigal Garzón, Politólogo Investigador de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar (Sede Ecuador). http://alexandermadrigal.blogspot.com/ aemadrigalg@ gmail.com Al respecto ver BERLÍN, Isaiah. “¿Existe aún la teoría política?, en Conceptos y Categorías, México: Fondo de Cultura Económica, 1987, pte. IV. MACPHERSON, C.B. La democracia liberal y su época, Madrid: Alianza Editorial, 1994, p. 12.

HOBBES, Thomas. “Del Estado”, en Leviatán, México: Fondo de Cultura Económica, 1940, p. 151.

Cfr. LOCKE, John. Ensayo sobre el gobierno civil, Ediciones Orbis, capítulos II y III. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Contrato Social, Bogotá: Gráficas Modernas, p. 19.

Ibid. p. 78.

HEGEL, G. W. Friedrich. Principios de la filosofía del derecho, Madrid: Libertarias / Prodhufi, 1993, p. 622.

MARX, C. ENGELS, F. Manifiesto del Partido Comunista, Bogotá: Editorial Panamericana, p.59.

Al respecto ver MOSCA, Gaetano. “La Clase Política”, en Diez textos básicos de Ciencia Política, Barcelona: Editorial Ariel, 1992.

Esta definición se puede encontrar en: SHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo y Democracia, Madrid: Aguilar, 1968.

DAHL, Robert. Análisis Político Actual, Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1985, p.15.

DAHL, Robert. “La Poliarquía”, en Diez textos básicos de Ciencia Política, Barcelona: Editorial Ariel, 1992.

Boleta única, ¿y después?

Apuntes para la agenda de reforma constitucional en Santa Fe. Lic. Sofía Perotti

(UNR-UNL)

La provincia de Santa Fe ha funcionado en distintas oportunidades como escenario de innovaciones institucionales que, como el sistema de elecciones primarias o el de boleta única, aprobados en 2004 y 2010 respectivamente, fueron luego discutidos o incluso adoptados tanto en otras

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provincias argentinas como a nivel nacional. Podemos referirnos, en este sentido, a las primarias nacionales instrumentadas por primera vez en 2011, o los más de diez proyectos con estado parlamentario para la adopción del sistema de boleta única a nivel nacional, o los casi veinte proyectos

de boleta única presentados en distintas legislaturas provinciales a lo largo y ancho de nuestro país, desde el año 2009 a la fecha. Sin embargo, a pesar de estos avances parciales, Santa Fe tiene aún pendiente la reforma de su constitución, vigente desde 1962, y su adecuación a los principios que incorporó la Constitución Nacional en la reforma de 1994. En este contexto, debe destacarse que, a excepción de los últimos territorios provincializados, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas constituciones originarias datan de 1991 y 1996 respectivamente, sin haber sido reformadas desde entonces, Santa Fe es la única provincia del país que no ha reformado su carta magna desde el regreso a la democracia. Por su parte, las demás provincias argentinas han llevado adelante desde 1983 cuarenta procesos de reforma constitucional (Liendo, 2011)

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En mayo de 2011, la provincia de Santa Fe se convirtió en la primera provincia del país en implementar el sistema de boleta única en las elecciones primarias subnacionales. Volvería a utilizar el sistema a fines de julio en el marco de las elecciones generales, y la seguiría luego la provincia de Córdoba, en el mes de agosto, cuya Legislatura ya había aprobado esta iniciativa en el año 2008.

Si tenemos en cuenta los 4 aspectos que, siguiendo a Nohlen (2003), regulan los sistemas electorales: la fórmula de conversión de votos en escaños, es decir, el modo de conformación de las legislaturas o gobiernos, la organización del territorio y la cantidad de representantes que corresponden a cada circunscripción, la selección y presentación de los candidatos, las modalidades de emisión del voto; debemos destacar que la introducción de la boleta única implicó una modificación en el último de los tramos o aspectos del sistema, y que necesariamente debió ponerse en juego, un juego no exento de tensiones, con los demás aspectos constitutivos del sistema electoral santafesino, más precisamente con el método de selección de candidatos, es decir, el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Los primeros dos aspectos, por su parte, se encuentran establecidos en la constitución provincial.

(Lodi, 2011) Volviendo a la última reforma electoral en Santa Fe, mucho se ha debatido sobre los pros y contras de la boleta única, pero podemos destacar una serie de avances concretos que se dieron con la utilización de este instrumento en la provincia, fundamentalmente desde la perspectiva de la igualdad de derechos para elegir y ser elegidos, y también desde la transparencia electoral. Así, el hecho de que el Estado santafesino haya pasado a ser responsable por el diseño, la emisión y distribución de las boletas ha fortalecido la equidad de oportunidades entre las distintas fuerzas políticas, más allá de sus posibilidades, recursos y estructura, así como ha garantizado al electorado la presencia completa de la oferta electoral en cada boleta. Finalmente, ha obstaculizado el desarrollo de prácticas nefastas pero usuales como el robo de boletas en el cuarto oscuro, el voto

cadena, el uso de boletas apócrifas, Etc. Por otra parte, la utilización de la boleta única agilizó notablemente la circulación de los votantes durante la jornada electoral, así como el escrutinio al final de la misma. Por último, en relación al aspecto territorial, hay que destacar especialmente que la utilización de una boleta por cada categoría electoral señaló el fin de la lista sábana horizontal, una herramienta que permitía el arrastre de candidatos locales ignotos, en el mejor de los casos, por parte de las figuras destacadas que competían para los cargos ejecutivos. Esta nueva característica del sistema en Santa Fe tuvo un especial impacto, a su vez, en el modo de configuración en las campañas electorales, mucho más territorializadas, a la vez que tomaba como uno de sus ejes el recurso pedagógico de difundir el nuevo instrumento de votación (Lodi, 2011).

Por otra parte, esta misma particularidad de una boleta única por categoría electoral, también facilitó algunas tendencias como la del voto dividido. Así, por primera vez en la historia constitucional santafesina desde la vigencia de la actual carta magna provincial de 1962, la fuerza o coalición que ganó la elección a gobernador no consiguió imponerse en la elección de Diputados. Cuestión que habría de implicar para el electo gobernador Antonio Bonfatti, del Frente Progresista Cívico y Social, gobernar por los siguientes cuatro años con una Legislatura controlada por la principal fuerza opositora, el Partido Justicialista. Recordemos que en la Constitución santafesina existe una llamada “cláusula de gobernabilidad”, más precisamente su artículo 32º, donde prescribe que “la Cámara de Diputados se compone de cincuenta miembros ( ) correspondiendo veintiocho diputados al partido que obtenga mayor número de votos y veintidós a los demás partidos, en proporción de los sufragios que hubieren logrado”. Este ordenamiento, junto a la utilización de la boleta partidaria, donde el corte de boleta entre los candidatos a los cargos ejecutivos y su lista de legisladores era un comportamiento muy poco frecuente, había funcionado hasta entonces como un mecanismo que históricamente garantizó el control de la Cámara de Diputados a quien ganara la elección a

gobernador.

Puede decirse que el debate en torno a la boleta única, primero respecto de la conveniencia de su introducción, y luego sobre sus supuestos efectos sobre los resultados electorales de 2011 en Santa Fe, puso de manifiesto la necesidad de avanzar sobre un debate más de fondo en la provincia, que es el de la reforma constitucional.

A 50 años de su sanción, la carta magna provincial requiere ser modernizada y adecuada, como se dijo, a la Constitución Nacional reformada en 1994. En este escenario, variados temas son emergentes para la nueva agenda de la reforma constitucional en Santa Fe, como la necesidad de considerar una composición proporcional de las cámaras legislativas y, a partir de qué piso electoral se utilice, la posibilidad de renovación parcial de dichas cámaras, a los fines de facilitar una continuidad del trabajo y funcionamiento legislativo, evitando así un proceso que debe iniciarse prácticamente de cero cada cuatro años, especialmente en la Cámara de Diputados. También la posibilidad de introducir mecanismos de voto de preferencia o lista abierta, o al menos no bloqueada. Los hechos vienen demostrando que la lista sábana vertical, que no quedó desactivada con la boleta única, resulta escasamente compatible con el fortalecimiento de la representatividad política. Será necesario discutir, entonces, las alternativas institucionales que permitan conjugar y alentar el involucramiento de la ciudadanía con el fortalecimiento institucional y la democratización de la vida partidaria.

Por su parte, consideramos que la autonomía municipal es otro tema que será importante retomar de cara a un futuro proceso de reforma constitucional en Santa Fe. Fuertemente impulsado hace algunos años atrás, sobre todo desde distintos actores provenientes de la ciudad de Rosario, el tema parece haber quedado, por el momento, fuera de la agenda pública y gubernamental.

Está claro que ninguno de los arreglos institucionales vigentes, así como los que puedan considerarse y efectivamente adoptarse, serán neutrales, pues como sabemos, están enfocados garantizar y fortalecer distintos aspectos del vínculo representativo y de gobierno. Estas reglas

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institucionales tampoco son ahistóricas, “sino que son parte e interactúan con un contexto político y social –junto a los actores que componen al mismo- que les dan sentido en su aplicación concreta y cotidiana.” (Liendo, 2011: 4) Tras este somero recorrido, es preciso preguntarse ¿en qué estadio se encuentra la agenda de reforma constitucional en Santa Fe? Lamentablemente, este es un asunto que no se encuentra entre las prioridades políticas y gubernamentales de la provincia, que no está siendo discutido por los actores políticos y sociales. Por su parte, un intenso debate sobre la reforma tributaria está actualmente ocupando el centro de la escena política y legislativa provincial, en una coyuntura comprometida por dificultades económicas para la gestión. Con la cercanía, a su vez, de un próximo año electoral, que si bien a nivel provincial sólo tendrá lugar para las legislaturas locales, comisiones comunales y algunas intendencias, también se verá afectado por el escenario de renovación legislativa a nivel nacional previsto para 2013.

De esta manera, sin que la reforma constitucional en Santa Fe parezca constituirse por el momento, en términos de Oszlak y O´Donnell (2007), en una cuestión social y políticamente problematizada, consideramos preciso reafirmar la necesidad de que este tema vuelva a ser considerado en la agenda santafesina, recuperando la

experiencia reciente de la última reforma electoral en la provincia, y de que los poderes decisorios tengan claro cuál debe ser el sentido y contenido de la reforma. En este punto, la sugerente pregunta de Sartori (2000:40), ¿saben los reformadores cómo cambiar lo que quieren cambiar?, nos llama a reflexionar sobre la importancia del debate y el carácter estratégico de construir consenso sobre algunos ejes de reforma, en un proceso de conformación de agenda abierto y participativo, donde las voces de la Universidad, así como de distintas instituciones comprometidas con la realidad política e institucional de la provincia, sean tenidas en cuenta por los actores con poder de decisión.

Bibliografía: CALVO, E., SZWARCBERG, M., MICOZZI, J. y LABANCA, J. “Las Fuentes Institucionales del Gobierno Dividido en la Argentina: Sesgo Mayoritario, Sesgo Partidario y Competencia Electoral en las Legislaturas Provinciales Argentinas.” En CALVO, E. y ABAL MEDINA, J., El Federalismo Electoral Argentino, EUDEBA, Buenos Aires, 2001.

Pp-53-98.

LODI, L. et al, “Santa Fe, escenario de avances electorales inéditos en el país”, en Diario El Litoral, Santa Fe, diciembre de 2011.

LIENDO, N., “Las reformas constitucionales en las provincias argentinas. Un análisis comparado de los cambios en los ejecutivos de 1983 a 2011”, trabajo presentado en el X Congreso Nacional de Ciencia Política, Córdoba, julio

El nuevo paradigma en seguridad privada. Un análisis de caso a partir de la sanción de la ley 26370 y la formación de SUTCAPRA Leandro Javier Nazarre

Licenciado en ciencia política y relaciones internaciones y docente de la misma carrera en la Universidad Católica de La Plata - UCALP - secretario general del sindicato único de trabajadores de control de admisión y permanencia (SUTCAPRA)

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de 2011.

NOHLEN, D., Sistemas electorales y partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, México, 2003.

OSZLAK, O. y O´DONNELL, G., Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación en ACUÑA, C. (Comp.), “Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: retomando el debate de ayer para fortalecer el actual”, Publicación del Proyecto de Modernización del Estado Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, CABA, 2007.

PAYNE, M., ZOVATTO, D. y MATEO DÍAZ, M. (Comps.), La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo e Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Washington D.C., 2006.

SARTORI, G., Ingeniería Constitucional Comparada, FCE, México, 2000.

Debe aclararse sin embargo que el sistema de boleta única no es un invento reciente: fue utilizado por primera vez en Australia, en 1856. En la actualidad es utilizado por casi el 80% de los países democráticos del mundo.

Para más detalle sobre los proyectos de ley para la adopción del sistema de boleta única presentados a nivel nacional y en las distintas legislaturas provinciales, ha de publicarse prontamente un informe elaborado por becarios del Equipo PID “Formas y reformas de la política provincial: cambios institucionales en la Provincia de Santa Fe a partir del 2003”, radicado en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR y dirigido por el Mg. Gastón Mutti.

Thomas Kuhn afirmaba que la constitución y el desarrollo de la ciencia, entre otras cuestiones, respondía a la existencia de un paradigma, hasta que éste era renovado por otro.

En nuestro país la seguridad privada se ha desarrollado hasta el año 2008 bajo un mismo paradigma, había consenso entre los numerosos especialistas en la temática en abordar y tratar a la seguridad privada únicamente como una actividad comercial, prueba de ello lo constituyen todas las regulaciones legales que se realizaron desde el año 1930 (firma del primer edicto policial respecto de las personas que desarrollaban tales tareas).

En este sentido, la sanción de la ley 26370 que regula la actividad de control de admisión y permanencia en lugares de entretenimiento, resulta innovadora en varios aspectos y modifica sustancialmente el conjunto de decisiones adoptadas en materia de seguridad privada.

Fundamentalmente porque esta nueva ley es el producto del trabajo conjunto formulado por especialistas y trabajadores de la actividad que surgió de un exhaustivo análisis de la realidad sociopolítica emergente, la cual arrojó su cara más negativa en el

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momento en que se produjeron las resonantes muertes de jóvenes en lugares de entretenimiento, el caso de Martín Castellucci en el local bailable de la localidad de Lanas constituyó un caso paradigmático en tal sentido.

Para introducirnos brevemente en el marco teórico y las dimensiones analíticas de la problemática de la seguridad privada, es necesario describir algunas de las características inherentes a todo evento o espectáculo de entretenimiento que, como hecho social en sí mismo, contiene una serie de elementos, a saber: masiva concurrencia de gente -donde encontramos personas de diferente condición social, con conductas e intereses diversos -, factores estimulantes -música, alcohol, Etc.-, diversidad en la concepción de los propietarios u organizadores (aquellos que desarrollan la actividad como un pasatiempo, otros con un criterio empresarial); y finalmente un denominador común que opera como variable independiente en el análisis sociopolítico: la incapacidad del Estado en establecer e implementar mecanismos de control constantes en el tiempo y sobre la totalidad de los eventos.

La combinación de estas variables en determinadas circunstancias originaba un número significativo y creciente de situaciones conflictivas; en especial cuando el accionar coactivo y represivo del personal que ejercía la función de seguridad pretendía resolver el problema con la eliminación de sus causas, es decir: las personas.

Esta idea retomaba un concepto antiguo utilizado en seguridad cuyo objeto consistía principalmente en reducir los sujetos causantes de los daños o pérdidas. De esta manera, se respondía a la violencia con la utilización de un número creciente de instrumentos de coerción en mayor escala.

Esta coyuntura se modifica con la aplicación en forma integral y sistémica de la Estrategia del Control de Admisión y Permanencia (ECAP); cuyo propósito principal y última finalidad radica en proteger la integridad de las personas.

Teniendo en cuenta esta finalidad y las características de la actividad brevemente descriptas, debían tomarse medidas que anticiparan cualquier situación que implicara un riesgo o daño a las personas.

La estrategia de control de admisión y permanencia retoma el concepto de daño expresado en el paradigma de la seguridad científica (entendido como aquel que se encarga de la investigación y estudio empírico de la seguridad) que postula la siguiente ecuación: el riesgo sumado a la causa desencadenante produce un daño.

La anulación de este proceso lógico se produce mediante el desarrollo y ejercicio de la protección, cuyo resultado último es la seguridad en sí misma (expresada a su vez en diferentes estados de ánimo, tales como: sentirse libre de todo daño, peligro o riesgo).

Esta concepción más amplia hace referencia a la seguridad como fin que busca el hombre constantemente, resultando así una cualidad intangible.

La protección - cuya población objeto son los sujetos pacientes de los daños o pérdidas - comprende a su vez dos aspectos básicos: la prevención (entendida como la eliminación o reducción

de las causas o circunstancias de los riesgos y amenazas) y la administración del propio incidente o accidente con la finalidad de reducir el daño o la pérdida una vez materializado el riesgo.

No obstante ello, los riesgos, incluso disminuyéndolos, existen y la actividad requiere abordarlos y administrarlos; este proceso se denomina gestión integral del riesgo y tiene por objeto los sujetos agentes de los daños o pérdidas.

La aplicación de estos principios forman parte del espíritu de la ley 26370, en donde se pretende estimular la formación de personal altamente capacitado que entienda que la solución a la problemática de la seguridad, no debe agravar los riesgos sino reducirlos, actuando con una concepción preventiva y con un profundo respeto por las personas, puesto que el fin último de la actividad se orienta a proteger la integridad de las mismas, siendo el medio para lograrlo el control de admisión y permanencia, entendido éste, como un conjunto de técnicas.

Para eso resulta fundamental también una constante, respetuosa y correcta comunicación con los concurrentes, que en todos los casos se materializa en una relación amena, respetuosa y de contención.

En este nuevo marco, la calidad de la labor desempeñada por el trabajador de la actividad reviste entonces una exigencia poca veces pensada, no sólo se requiere de un manejo constante de situaciones de conflicto, sino también de un conocimiento profundo de las habilidades sociales.

Es importante observar que el logro de los objetivos y alcances propuestos en la normativa significó también una serie de articulaciones entre los actores intervinientes en la problemática desde diferentes ámbitos: el Estado, el mercado y la sociedad civil.

En tal sentido, basta con repasar brevemente algunos de los principales ítems establecidos en la ley: • Definir los alcances legales y reales del derecho de admisión, limitando su ejercicio para evitar actitudes discriminatorias que desembocasen en situaciones violentas.

• Determinar las funciones del personal de control de admisión y permanencia, con la potestad de priorizar el cumplimiento de las normas de seguridad, por sobre las directivas de los organizadores de los eventos.

• Establecer una capacitación específica y diferenciada para los trabajadores de la actividad.

• Determinar las responsabilidades por el incumplimiento de las normas relacionadas con la materia.

• Comprometer a todos los actores participantes en los eventos y/o lugares de entretenimiento, para garantizar la seguridad de las personas.

A modo de conclusión preliminar, podemos afirmar que la implementación de la ley 26370, produjo un cambio sustancial en varios aspectos, entre los cuales podemos destacar la limitación del derecho de propiedad, al establecer los límites del derecho de admisión, limitación que luego comenzó a utilizarse en otros lugares de entretenimiento como los espectáculos deportivos, específicamente el fútbol.

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Asimismo, extendió y complementó el alcance de la ley 23592 (la denominada ley antidiscriminación) al obligar a los organizadores de eventos a establecer las condiciones objetivas de admisión y fijar los límites a la aplicación de las mismas para el personal encargado de las funciones de control de admisión y permanencia.

Finalmente, también estableció la corresponsabilidad en el cumplimiento de la norma, tanto para quienes desempeñan el control de admisión, como para el organizador o titular del evento.

El nuevo paradigma de la seguridad privada se nutre del impacto y los resultados derivados en la aplicación del nuevo marco normativo, al respecto es válido destacar las innovaciones y cambio sucedidos al menos en tres dimensiones analíticas: 1.- Hasta la sanción de esta ley, cada provincia poseía una normativa de seguridad privada específica que exigía que todos los servicios de esa índole debían realizarse necesariamente a través de una empresa prestadora de seguridad privada (con objeto social único), asimismo exigía para aquella persona que decidiera desempeñarse en la actividad la realización de un curso único y común a todos.

El antiguo marco normativo, no analizaba ni concebía a la seguridad desde una perspectiva integral, como una actividad que incluye oficios con distintas funciones y requiriere diferentes habilidades por parte del personal (por mencionar un ejemplo: no utiliza las mismas técnicas aquel que se encuentra custodiando la mercadería en un local comercial que aquella persona que rea-

liza una custodia armada en una entidad financiera) Con la creación del control de admisión y permanencia se inicia la especialización de los oficios de la seguridad privada, lo que representa un cambio por demás significativo.

2.- El nuevo cuerpo legal otorga atribuciones explícitas al personal de control de admisión, para que tome medidas contrarias a los intereses de su empleador en caso que peligra la vida de terceros; cabe destacar muy especialmente que por primera vez se establece en una ley esta obligación, lo cual constituye la génesis de la complementación de la seguridad privada con la seguridad pública al subordinar el interés de un particular al interés general.

3.- Por último también resulta importante destacar la creación de una comisión mixta, integrada por órganos del estado, organizaciones de la comunidad civil, cámaras empresarias, sindicato y asociaciones de víctimas, con la finalidad de monitorear al Estado y los particulares en el ejercicio de la actividad, como así también proponer políticas públicas en la materia.

La especialización, complementación y participación ciudadana en la implementación del control de admisión y permanencia, constituyen necesariamente los elementos centrales del nuevo paradigma de la seguridad privada.

En esta nueva concepción, la seguridad privada forma parte del esquema institucional de la seguridad pública, máxime si consideramos que los efectivos de la actividad privada duplican el número de las fuerzas policiales en casi todos los distritos del país.

Tras la huella de Girolamo: La influencia del pensamiento de Savoranola en los escritos políticos de Nicolás Maquiavelo Lic. Alejandro E. Gunsberg

(UADE)

Este artículo ser una síntesis de la ponencia que será presentada en el X Congreso Internacional sobre Democracia a realizarse en la ciudad de Rosario en Septiembre de 2012.

Por razones de espacio solamente abordaremos una parte del trabajo original.

La ciudad de Florencia durante los siglos XV y XVI fue la cuna del Renacimiento pero también fue el hogar de grandes personajes políticos de la talla de Girolamo Savonarola y Nicolás Maquiavelo. Ambas figuras tuvieron una activa participación política durante la última década de 1490 y la primera década de 1500. El contac-

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to intelectual entre Maquiavelo y Savonarola es probable. Marcel Brion (2003) considera que el autor de El Príncipe fue un devoto seguidor de los sermones del fraile dominico. Maurizio Viroli (2002), en cambio, cree que el interés del secretario florentino por la figura de Savonarola fue menor e incluso distante. Empero, siguiendo a Paul Strarthern (2011), consideramos que existe un nexo intelectual entre ambas figuras. Sin ir más lejos, Savonarola aparece mencionado en las obras principales de Nicolás Maquiavelo. En todo caso, lo que existe es una divergencia entre algunos puntos sensi-

bles como el tipo de republicanismo y el rol político de la religión (Colish, 1999 ; Pocock, 2003).

Nuestra hipótesis es que existe una influencia intelectual en el pensamiento de Nicolás Maquiavelo de Girolamo Savonarola. Para demostrar esta hipótesis compararemos algunos elementos presentes en el Tratado acerca del régimen y gobierno de la ciudad de Florencia de Savonarola y la Minuta de disposiciones para la Reforma del Estado de Florencia de Maquiavelo. Luego intentaremos dilucidar si la influencia va más allá intentado rastrear algunos elementos del pensamiento de Savonarola en otras obras como El Príncipe y los Discursos sobre la primera década de Tito Livio.

Aquí nos concentraremos en el rol de la religión en ambos pensadores.

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El Tratado acerca del régimen y gobierno de la ciudad de Florencia.

La obra de Savonarola fue compuesta en 1498, unos meses antes de su muerte. Esta obra se divide en tres tratados. Allí Savonarola disertará sobre la mejor forma de gobierno, sobre la peor forma de gobierno y finalmente, sobre como mantener el mejor ordenamiento político.

Savonarola sigue una línea de pensamiento aristotélico-tomista en cuanto a la visión de la sociabilidad del hombre y las formas de gobierno. Considera que la mejor forma de gobierno es la monarquía. Ésta emula el gobierno divino. No obstante, entiende que la mejor forma de gobierno en absoluto podría ser perniciosa para un caso particular, en palabras de Girolamo Savonarola: Hay pues algunos pueblos, cuya naturaleza es tal, que no pueden tolerar el gobierno de uno sin grandes e intolerables inconvenientes (…). Más los hombres más sabios y prudentes, que han de instituir algún gobierno, primero consideran la naturaleza del pueblo; y si su naturaleza y costumbre es tal que fácilmente puede instaurarse el gobierno de uno, éste instituyen sobre los demás; pero si este gobierno no les conviniese, se esfuerzan por establecer el segundo, el de los optimates. Y si este aún no lo pudieran soportar, les dan el gobierno civil, con aquellas leyes que a la naturaleza de tal pueblo se adapten (Savonarola, 2007; 75).

El caso de la ciudad de Florencia por su espíritu libre e ingenioso es más propicia a una forma de gobierno en particular. ¿Cuál es esa forma de gobierno? El gobierno popular o republicano. Esta forma de gobierno “impreso en la mente de de los ciudadanos” (Savonarola, 2007; 79).

Savonarola entiende que la peor forma de gobierno es la tiranía. El tirano es enemigo de todo género humano y aglutina todos los males y pecados. De tal consideración se desprende su posición frente a esta forma de gobierno. Paradójicamente, el fraile dominico admite que la peor forma de gobierno también puede tener un origen divino: el gobierno tiránico es permitido por Dios para castigar y purgar los pecados del pueblo; los cuales, luego de purgados, es necesario que tal gobierno cese, puesto que eliminada la causa, es necesario que se elimine el efecto (Savonarola, 2007; 123).

En este sentido, la tiranía obra como un elemento purificador que allana el terreno para el recto gobierno.

La tercer parte del tratado versa sobre como mantener el gobierno republicano sin que este se corrompa o degenere. La principal herramienta que Savonarola recomienda es la implementación y observancia de buenas leyes. Junto a esto, recomienda mantener los ritos religiosos y un puro acercamiento a Dios. Asimismo, considera que el temor a Dios no sólo es un elemento que ayuda a mantener firme las creencias religiosas sino que también contribuye con el mantenimiento del régimen político. Otro elemento vital es el amor. El amor se presenta en dos sentidos: el amor a Dios y el amor al bien común.

Ambas vías son necesarias para evitar la corrupción de la ciudad.

Institucionalmente, recomienda la implementación de un Consejo Grande, el cual se encargue de repartir honores. Esta magistratura deberá admitir la participación política de todos los buenos ciudadanos.

to con el temor a Dios son ideas presentes en ambos autores. En Savonarola, el temor a Dios es uno de los factores más importantes para el mantenimiento de un buen gobierno. En palabras de Girolamo: Puesto que es patente que todo reino y gobierno procede de Dios, como también todas las cosas procede de Él, siendo la causa primera que gobierna todas las cosas, y vemos que el gobierno en las cosas naturales es perfecto y estable, puesto que la naturaleza está a Él sometida y no se resisten a su gobierno; de esta forma, si los ciudadanos temieran a Dios y se sometieran a sus mandamiento, sin duda les guiaría a la perfección de este gobierno y les iluminaría acerca de todo lo que ellos deberían hacer (Savonarola, 2007; 137).

Maquiavelo observa algo similar respecto a pueblo romano, según el autor de El Príncipe, donde falta temor de Dios, es precios que el reino se arruine o que sea sostenido por el temor a un príncipe que supla la falta de religión. Y como los príncipes son de corta vida, el reino acabará en seguida en cuanto le falte su fuerza (Maquiavelo, 2008; 70).

Savonarola en el pensamiento de Nicolás Maquiavelo.

De lo expuesto se puede inferir que el temor a Dios es clave para manutención de un orden civil en ambos autores. También es posible apreciar que en temor en general, se presenta como útil para la preservación de un orden político en Maquiavelo y que este temor sea encarnado en la figura de Dios es duradero a diferencia del temor a la figura de un príncipe. Sobre este punto, también podemos advertir que esta aseveración se conecta con la máxima “uno para crear o componer, varios para sostener”.

Respecto de la figura de Dios y la creación y manutención de los ordenamientos políticos podemos señalar algo más.

Savonarola señalaba que la tiranía también podría tener un origen divino como un paso previo a la purificación de la ciudad. Maquiavelo, como señalamos, resignifica la figura del tirano en virtud de los resultados obtenidos y el buen empleo de la violencia. De aquí que los fundadores o restauradores pueden quedar eximidos del rótulo de tirano. Asimismo, el propio Secretario Florentino establece una conexión entre los fundadores y restauradores y la voluntad divina. Aquí es donde entra en escena uno de los ca-

La Minuta de disposiciones para la reforma del Estado de Florencia, presentada a petición del papa Clemente VII es una adaptación de un escrito político breve presentado anteriormente al papa León X. Aquí Maquiavelo presenta algunas ideas institucionales sobre el gobierno de la ciudad. En relación con otros escritos de Maquiavelo este trabajo no presenta grandes ideas. Esta situación puede interpretarse desde el contexto de producción de la obra. En este sentido, podemos sospechar que la pluma del secretario florentino no es completamente libre.

En este escrito la principal conexión que encontramos con el pensamiento de Savonarola es la relevancia a la institución del Consejo Grande. Más allá de este punto, creemos que ambos escritos no ofrecen demasiados puntos en común.

Al relevar la obra de Savonarola con El Príncipe y los Discorsi encontramos varios nexos. Quizás el punto más atractivo es el de la religión.

La religión como amalgama y elemento vital en la conducción de la vida civil jun-

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pítulos más famosos de El Príncipe: Exhortación para ponerse al frente de Italia y liberarla de los bárbaros. Este capítulo que clausura la obra tiene la particularidad de tener un lenguaje religioso y casi profético. Su título abandona la línea seguida por otros capítulos de El Príncipe para convertirse en un llamado a la acción. Esta invitación para liberar a Italia tiene el beneplácito divino: Dios no quiere hacerlo solo para no arrebataros el libre albedrío y la parte de gloria que en la empresa nos corresponde (Maquiavelo, 1999; 154). De aquí que podamos conectar la purificación divina a través de la tiranía de Savonarola con la liberación o restauración de Italia a través de la acción de un hombre de virtù.

Consideraciones finales En este breve resumen pudimos apreciar cierta afinidad en las ideas de ambos pensadores. De aquí que podamos sospechar que la conexión intelectual sea posible.

Asimismo debemos remarcar que tanto

Savonarola como Maquiavelo coexisten bajo un mismo contexto ideológico. Tal situación puede operar como un marco teórico común para interpretar el mundo y sus ideas. En este sentido, la influencia ideológica de Savonarola sobre Maquiavelo quedaría diluida al compartir ambas figuras un mismo vocabulario y contexto ideológico.

Bibliografía Strathern, Paul (2011) Death in Florence: The Medici, Savonarola and the battle for the soul of the renaissance city. Jonathan Cape.

Great Britain.

Savonarola, Jerónimo (2007) Tratado acerca del régimen y gobierno de la ciudad de Florencia. Ediciones Winograd. Buenos Aires Maquiavelo, Nicolás (2001) Escritos políticos breves. TECNOS. España Maquiavelo, Nicolás. (2008) Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Alianza Editorial. Madrid, España.

Maquiavelo, Nicolás. (1999) El Príncipe.

Edimat Libros. España.

Colish, Marcia (1999) “Republicanism, Religion, and Machiavelli´s Savonarolan mo-

La reforma de la Constitución santafesina y la “mirada” del más débil.

Oscar M. Blando

Doctor en Derecho. Docente-investigador. Profesor Titular de Derecho Político, Facultad de Derecho U.N.R. Actual Director de Reforma Política y Constitucional del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de Santa Fe. 1.- La Constitución de 1962.

La Constitución de nuestra provincia ha cumplido 50 años.

Santa Fe no adhirió al mayoritario espíritu reformista de mediados de los 80 que signó el derecho público provincial argentino ni modificó su texto pese a la reforma nacional de 1994.

La Constitución sancionada en abril de 1962 fue dictada en medio de profundas convulsiones políticas en el país. Durante el desarrollo de las sesiones que se habían iniciado en enero de ese año, caía el 29 marzo el presidente Arturo Frondizi. Con el ruido de las armas como telón de fondo, los constituyentes acordaron una Constitución que fue el reflejo de la política y de las

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ment” en Journal of the history of ideas Vol. 60 N° 4 Pennsylvania University Press.

Pesman, Roslyn. (2010) “Machiavelli, Piero Soderini, and the republic of 1494-1512” en Najemy, John (comp.) The Cambridge Companion to Machiavelli Cambridge University Press. U.K Villari, Pasquale (1918) Life and times of Girolamo Savonarola. Charles Scribner Sons. New York Viroli, Maurizio (2002) La sonrisa de Maquiavelo Tusquets. Barcelona. España.

Viroli, Maurizio (2005) Machiavelli. Oxford University Press. United States.

Pocock, John (2003) The Machiavellian Moment. Florentine political thought and the Atlantic republican tradition. Princeton University Press. United States.

Silvano, Gionanni (2003) “Florentine republicanism in the early sixteenth century” en Machiavelli and Republicanism Bock, G; Skinner, Q. & Viroli, M (Ed.). Cambridge University Press. United States Wolin, Sheldon. (2001) Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental. Amorrortu Editores.

Buenos Aires.

ideas predominantes de ese tiempo en el mundo de posguerra y en la Argentina. Fue una reforma casi total: sólo un artículo no fue discutido: la ciudad capital, que seguiría siendo Santa Fe. Con los disensos del caso, la mayoría constituyente recogió la fuerte impronta de una cosmovisión “occidentalista” cuyo antecedente inmediato fue la Constitución italiana de 1947, que unió la doctrina social de la iglesia con el constitucionalismo social y lo que se ha dado en llamar el “solidarismo desarrollista”, abandonando la matriz liberal individualista de la Constitución de 1900 que había tenido vigencia hasta entonces.

Como en el texto italiano, el respeto a la libertad de cultos se confundía a su vez con el reconocimiento a la religión católica como única religión del estado (art. 3 de nuestra actual Constitución) y el igualitarismo social reclamaba un Estado mucho más activo para “remover los obstáculos de orden económico y social” que limitaban “de hecho la igualdad y la libertad de los individuos” (art. 8 de nuestro actual texto).

La Convención dio cuenta de la disputa todavía vigente entre partidarios de la autarquía y la autonomía municipal: no consagró esta última pese al antecedente de la Constitución progresista de 1921, derogada por el manotazo autoritario de 1935. La organización del poder formalizó el actual sistema de “mayorías”, buscando darle gobernabilidad al Ejecutivo y rodeándolo para ello de importantes facultades, fruto del contexto histórico y en momentos en que estaban intervenidas las instituciones democráticas de la nación y las provincias.

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Pero han transcurrido cincuenta años y muchas cosas han pasado en nuestro país y en el mundo y la Constitución santafesina sigue siendo la misma. No es cuestión de revisionismo crítico, es necesidad de adaptación a los nuevos tiempos, incluso adecuación a principios y valores sustantivos incorporados al actual texto nacional.

2.- ¿Por qué reformar la Constitución?.

No somos reformistas “de ocasión”. Es convicción en su necesidad.

Apoyamos en la legislatura los intentos reformistas en la década del 80 y luego, desde la academia, cada vez que fuimos consultados, e integramos el Foro por la Reforma que presidió el doctor Iván Cullen. También participamos del actual proyecto que envió el Ejecutivo Provincial en el 2010, que tiene estado parlamentario y que puede constituir la base de futuros diálogos. Desde la ONG Ejercicio Ciudadano publicamos un texto que reúne la opinión de especialistas, funcionarios y organizaciones sociales.

Nunca una reforma constitucional levanta multitudes de ciudadanos volcados a las calles en épicas jornadas. ¿Por qué entonces es necesaria la reforma?

Responderé desde una perspectiva —hay muchas— que tiene que ver con el papel que juega —o debe jugar— el derecho respecto del más débil. El filósofo argentino Carlos Cárcova sostiene que el derecho cumple una función paradojal: cuando promete igualdad oculta efectiva desigualdad, pero además instala un lugar para el reclamo por esa falta de igualdad.

Desde “la mirada” del más débil no es indiferente que un derecho o una garantía esté o no inscripto en su constitución: el reconocimiento de éstos permite luego la lucha, tanto o más valiosa, de su efectivización en el campo de la materialidad, e impide que cualquier norma de rango inferior la cercene. Ni la política ni el mercado deberán sustraer esos derechos, y si ocurre, se exigirá el cumplimiento ante el órgano jurisdiccional que no deberá someterse a otro mandato que al imperativo constitucional. Como dice Luigi Ferrajoli, “los derechos fundamentales no caen nunca desde lo alto, sino que se afirman sólo cuando la presión de quien es excluido, a la puerta de quien está incluido, se hace irresistible”.

Allanemos el camino para que eso ocurra.

En esa línea, nuestra constitución provincia, recogiendo su mejor tradición de tolerancia en materia religiosa, deberá modificar su artículo 3: no puede ser la religión católica ni ninguna otra, la religión del Estado; deberán contemplarse nuevos derechos, especialmente de los excluidos, de las minorías, de los que sufren “nuevas” discriminaciones, y que sea el lugar inexpugnable de reconocimiento para que se plasmen luego en la realidad; deberá adecuarse la acción de amparo, derogando su actual ley reglamentaria, no sólo porque es incongruente con la constitución nacional sino porque ese instrumento debe permitir esencialmente el acceso a la justicia a los más necesitados, a los que no tienen recursos para esperar los lentos “tiempos” de la justicia común. El amparo debe concebirse como instrumento al servicio del hombre y no del poder.

Pero también una constitución supone “un sistema de límites y vínculos” que se imponen tanto a los poderes privados como públicos: límites para que no se elijan jueces sin requisitos de idoneidad y compromiso democrático; límites para que si se decide la reelección del gobernador, el “reformador” no pueda beneficiarse;

límites para que el gobierno no tenga en la legislatura mayorías automáticas sino un congreso abrevado en los consensos entre mayorías y minorías; límite al poder central asegurando la autonomía de municipios y comunas para que sean éstos quienes tengan recursos y poder de decisión (por ejemplo para determinar cuántos concejales debe tener cada ciudad); límite a los partidos gobernantes para que no puedan cambiar las reglas del juego democrático a su conveniencia, por ejemplo, modificando el régimen electoral por mayorías simples (como fue con la ley de lemas) sino exigiendo mayorías especiales, que requieran, otra vez, el consenso mayor posible; límites incorporando nuevos y más eficaces mecanismos de control independiente y exigencia de responsabilidad a los funcionarios; límites a los gobernantes para que tengan que estar obligados a dar información sobre sus actos, y que éstos sean públicos, porque el derecho a la información es un bien social y no una mercancía o monopolio de los oficialismos. También deberá reformarse la organización del poder: las mayorías legislativas, la representación del senado, la conformación del poder judicial.

Está bien ampliar los derechos, pero como sostiene Garagrella, la mayoría de la reformas en Latinoamérica y en Argentina han aumentado los derechos, “pero a la vez han mantenido cerrada la puerta que lleva a la organización del poder”.

Un hecho relevante y que da cuenta de la inadecuación de nuestra Constitución con la Nacional: tenemos en materia de enjuiciamiento penal una confusión institucional de roles que la Constitución santafesina permite: actualmente el Procurador integra la Corte Suprema (art. 84) pero a su vez es el jefe de los fiscales: por un lado acusa y por otro integra el órgano que juzga. Además, el Procurador es también el jefe de los defensores, siendo que en todo proceso adversarial, acusador y defensor son partes contrapuestas. Santa Fe ha cambiado legislativamente el paradigma de enjuiciamiento penal con la sanción unánime de las leyes del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa y la propia Corte provincial dejó abierta la necesidad de una adecuación constitucional cuando al rechazar el planteo de inconstitucionalidad de esas leyes por parte del ex Procurador Agustín Bassó, sostuvo que “su definitiva implementación exige una interpretación del texto constitucional provincial que armonice con este nuevo modelo impuesto por el bloque constitucional “.

Por otro lado, nuestro sistema de enjuiciamiento penal fue cuestionado por la Corte Nacional en el “caso Fraticelli”, dejando sin efecto el fallo ya que, la intervención de los mismos jueces en la etapa instructora como en la del juicio, afectan las garantías de imparcialidad y doble instancia consagradas en la Constitución de 1994, en los instrumentos internacionales incorporados a ella y en la jurisprudencia de los tribunales nacionales y regionales.

Ningún tiempo político suele considerarse apropiado para reformar la constitución, es más, los constituyentes de 1853 no vivieron en las mejores condiciones políticas cuando la sancionaron: “todavía estaban humeantes los cañones de la guerra civil”. Sin embargo forjaron los cimientos de la Nación sobre la base de la Constitución.

Los santafesinos y las fuerzas políticas que los representan, deben encontrar las coincidencias y los consensos necesarios para abordar las reformas pendientes. Es más lo que une que lo que separa.

Santa Fe ya dejó pasar varias oportunidades, no debiéramos hacerlo una vez más.

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ENTREVISTA

DEL OTRO LADO DEL MOSTRADOR: (CIENCIA) Hugo Passarello Luna* POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA ¿Qué te llevó a estudiar relaciones internacionales?

Hice dos carreras en la universidad: Relaciones Internacionales y Producción (medios). Hice esa combinación por mi gran interés en la política y los asuntos internacionales, y también por su comunicación a través de medios audiovisuales (cine de ficción, documentales, emisiones de televisión, etc.) Los estudios en política me brindaban un fuerte marco teórico mientras que en producción aprendía los aspectos más técnicos de la comunicación. ¿Qué respondías cuando te preguntaban “de qué trabaja un politólogo”?

descubrir información, compartirla y enriquecerla. Y además para presentar nuestros trabajos. Uso Facebook, Instagram, Google+, LinkedIn, Twitter, Pinterest, y algunas otras más. ¿Qué libros o autores volverías a leer hoy?

Como libros o autores prefiero la ficción como fuente de inspiración y para entender la realidad que nos rodea. Recomiendo Tabucchi, Borges, Pennac, Puig, Houellebecq, Cortázar y tantos más. Más que libros devoro muchos ensayos, artículos y revistas cada día. Podría recomendar The Economist y Alternatives Economiques. Y los textos de Maxwell Cameron sobre política y América Latina.

Por suerte no tuve que enfrentar esa pregunta porque varios de mis amigos también siguieron un camino académico similar, y hoy se desempeñan en varios rubros diversos (gobierno, ONG, consultoras, organizaciones regionales o internacionales, etc.).

Recomendanos un blog, un usuario de twitter o un sitio de referencia.

Hoy la salida profesional del politólogo se ha ampliado. ¿Qué sentís que aportás y que ganás al trabajar con otras disciplinas?

Y nuestro blog (junto a Javier Tejerizo): http://www.argentinaelections.com/

Mi formación académica en relaciones internacionales me brindó un amplio conocimiento en política, economía, filosofía e historia. Además aprendí el rigor y la dinámica del pensamiento y la investigación académica. Ambas son vitales hoy para mi trabajo de periodista. ¿Te veías trabajando donde estás hoy o te pensabas embajador o político? ¿Por qué fuiste cambiando?

Sí. El gran paso fue la fundación del sitio Argentina Elections que me permitió mezclar efectivamente la política, los medios y la tecnología. Ese fue mi bautismo de fuego en el periodismo, profesión que sigo ejerciendo con mucho gusto y pasión. ¿Cómo te llevás con las redes sociales? ¿Qué redes usás? ¿Te sirven para sumar valor a tu trabajo?

Me llevó muy bien con las redes sociales, que uso la gran mayoría de ellas y de manera cotidiana y desde hace varios años. En periodismo son esenciales para contactar gente,

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Blog: http://krugman.blogs.nytimes.com/ Sitios: http://www.espaciospoliticos.com.ar/ --- (Gracias!!)

* Periodista videografo y fotógrafo en París, Francia. Trabajo para varios medios, de Francia y del extranjero.

University of British Columbia-Relaciones Internacionales Sciences Po Paris-Master en Periodismo Multimedia @hugopassarello - http://about.me/hpassarello.

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Chile 2012: algunas claves para entender la actual crisis sociopolítica Tomáš Došek Candidato a Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca (USAL).

Máster en Estudios Latinoamericanos del Instituto de Iberoamérica (USAL), Investigador del mismo Instituto, y Máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Escuela Superior de Economía, Praga, República Checa.

Por el otro, Chile vive intensas movilizaciones estudiantiles que no tienen comparación con la manera en que los jóvenes se han manifestado en los últimos veinte años.

Los reclamos han superado su enfoque sectorial y han despertado y movilizado apoyos más amplios en la sociedad y han renovado el repertorio de protesta. Estas movilizaciones, que comenzaron a inicios de 2011, han cambiado el escenario político y la agenda del gobierno, condicionando su capacidad de iniciativa y poniendo sobre la mesa la reforma fiscal como el issue más importante para la segunda mitad del mandato.

Este artículo analiza algunas de las principales cuestiones políticas que enfrenta Chile y plantea algunas posibles explicaciones de la situación actual en la que tanto el gobierno como la oposición no gozan de altos niveles de aprobación. Esto se da en el marco de un incierto escenario electoral para las municipales de octubre de 2012, las que podrían dar ciertas pistas sobre los resultados de las elecciones nacionales de fines de 2013.

Hace más de dos años, Sebastián Piñera de la centroderechista Renovación Nacional (RN) ganó en la segunda vuelta las elecciones presidenciales a Eduardo Frei Ruiz Tagle, expresidente (1994-2000) y candidato de la coalición Concertación por la Democracia. Después de más de dos años, la evaluación del período es más bien ambigua. Los datos muestran cierta desconexión entre los resultados económicos y la percepción que la ciudadanía hace de ellos así como también dan cuenta de una profunda crisis de representación política manifestada en una fuerte desaprobación de los ciudadanos hacia las dos grandes coaliciones partidistas.

La agenda gubernamental postergada El primer año del gobierno estuvo marcado por un fuerte terremoto y por el subsiguiente maremoto. Los mismos dejaron 525 fallecidos y convirtieron a 2010 en un año de reconstrucción. Además, seis meses después, 33 mineros se quedaron atrapados por más de dos meses en una mina de cobre cerca de la ciudad de Copiapó. Tras una complicada operación de rescate, los mineros resultaron ilesos, convirtiéndose en héroes nacionales y, el entonces Ministro de Energía y Minería, Laurence Golborne, se tornó presidenciable. Estos acontecimientos dejaron al gobierno, que prometía en la campaña un “nuevo estilo de gobernar”, mayor eficiencia y reformas en continuidad, sin mucho margen para impulsar nuevas políticas.

Si bien es cierto que Chile sigue siendo uno de los países más estables de América Latina, algo está cambiando (ver tb. Toro y Luna 2011). Estos cambios se manifiestan de dos maneras que pueden ser consideradas como dos caras de la misma moneda. Por un lado, cada vez menos ciudadanos simpatizan con los partidos políticos y con las instituciones claves de la democracia (según Latin American Public Opinión Proyect, LAPOP).

Durante el segundo año, la agenda estuvo condicionada por las protestas estudiantiles.

Desde la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), se reclamaba educación gratuita, que garantizara mayor igualdad y democratización en el acceso, el fin del endeudamiento de los estudiantes, y la mejora en la calidad de la educación. Los reclamos – que provocaron tres cambios en el Ministerio de Educación – sobrepasaron

las cuestiones educativas para despertar un interés más amplio de cambios en la opinión pública (reformas del sistema binominal, cambios del modelo neoliberal, reforma tributaria) y volvieron a poner sobre la mesa los temas de desigualdad social y exclusión.

Todos estos hechos desviaron la atención de los buenos resultados económicos que experimentó el país. El crecimiento del producto interno bruto se mantuvo en 2010 y 2011 entre 5 y 6%, el desempleo bajó entre 2009 y 2011 a 7,2%, la inflación rondaba 4% y se ha registrado un crecimiento del salario real. Asimismo, se han aprobado algunas medidas como el período postnatal de seis meses renumerado, la entrega del bono de USD 80 para casi dos millones de familias para compensar el alza de precios en 2012, un bono a personas que conviven más de 50 años en matrimonio, un subsidio habitacional para las familias de clase media mientras que se ha suprimido la cotización de 7% de salud para los jubilados y se está tramitando una reforma de financiación de las Fuerzas Armadas (ver tb. De los Ángeles Fernández Ramil 2011; Segovia y Gamboa 2012).

Los problemas políticos El sistema de partidos chileno ha sido uno de los más estables de la región y los partidos la columna vertebral de la vida política.

A pesar de esto, se empieza a notar cierto desgaste, hay una creciente desconfianza hacia la clase política y el país vive una ola sin precedentes de protestas y cierta convulsión social que cuestiona el modelo político dominante y que ha generado estabilidad y gobernabilidad en las últimas dos décadas (véase tb. Luna y Altman 2011). Cuatro elementos dan cuenta de esta tendencia.

En primer lugar, la aprobación del gobierno por parte de los ciudadanos ha ido disminuyendo gradualmente, siendo hacia finales de 2011 sólo del 22% (Centro de Estudios Públicos, CEP). Asimismo, la simpatía hacia ambas coaliciones no supera el 20%. De hecho, la Concertación cuenta con menores niveles de aceptación que el gobierno. Respecto de la coalición oficialista, se pueden plantear básicamente cuatro explicaciones.

Primero, los resultados económicos no llegan a la población (o ésta no los percibe).

Segundo, los temas económicos no son los

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que preocupan a los ciudadanos. Tercero, es el propio presidente el que no genera confianza y liderazgo. Cuarto, los recurrentes conflictos con su socio gubernamental, la Unión Democrática Independiente, empeoran su imagen pública.

Con relación a la Concertación, ésta se ha visto desgastada por los 20 años en el gobierno. A pesar de que Bachelet terminó su mandato con una aprobación récord, ya durante su período se registraron algunas escisiones y salidas forzadas de algunas personas emblemáticas de la coalición.

Después de las elecciones, continuaron las tensiones internas y la discusión sobre el futuro y la sostenibilidad de la coalición, el coqueteo de los democristianos con la RN, la relación con el Partido Comunista y los procesos de renovación dentro de los partidos que la conforman. La falta de liderazgo y la instrumental simpatía con casi todas las demandas de los diversos grupos sociales contribuyó a debilitar la imagen pública de la Concertación.

En segundo lugar, el proceso de selección del candidato presidencial fue uno de los elementos que más debilitó a la Concertación. La candidatura de Frei Ruiz-Tagle, que simbolizaba el pasado y que terminó su mandato con escasa aprobación pública, y la celebración de unas primarias que resultaron truncadas, provocaron la salida del joven diputado socialista Marco Enríquez-Ominami de la coalición. Éste compitió como independiente y ganó más del 20% de los votos en la primera vuelta, demostrando que un candidato con un discurso anti-partidista y anti-élite podía llegar a ser exitoso y fracturar el voto progresista (Castiglioni 2010).

En tercer lugar, los partidos carecen de arraigo social. Según los datos de LAPOP de 2010, sólo el 11,6% de los chilenos simpatizaba con los partidos, ubicándose en el último lugar de la región. Este número ha ido bajando en los últimos seis años. La baja simpatía se observa entre los sectores más jóvenes, que además son quiénes no están inscritos en el padrón oficial (este superó ocho millones de personas) y por tanto se presentan como los más desconectados con la política institucional.

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En cuarto lugar, es posible observar un creciente apoyo electoral a los partidos que no pertenecen a las dos grandes coaliciones, lo que conduce una mayor fragmentación partidista sobre todo a nivel local donde para la selección de concejales municipales se utiliza un sistema proporcional que es más representativo que el binominal. De hecho, de cara a las próximas elecciones municipales se han registrado 14 partidos, agrupados en 9 listas. Esto significa un aumento respecto al 2004 cuando se presentaron sólo 10 partidos en 5 listas.

Pese a todos estos problemas, las reformas de carácter político no han entrado con mayor fuerza en la agenda del gobierno. Los dos únicos elementos que se pudieron aprobar fueron el voto voluntario y la inscripción automática en el padrón, incorporándose con ello a alrededor de cinco millones de nuevos votantes. Estos nuevos votantes podrán participar en las próximas elecciones municipales y serán actores claves del sistema político. Aunque se trata de uno de los cambios más radicales en la legislación electoral en el período post-transicional, no parece que este pueda solucionar los actuales problemas de crisis de representación ni resolver las demandas estudiantiles.

Conclusión Cada uno de los principales actores de la política enfrenta diferentes desafíos. El gobierno de Piñera ha planteado la reforma fiscal como el principal tema para el resto de su mandato, la que debería servir para resolver la cuestión de la educación. El gobierno parece retomar el liderazgo, sin embargo, el escenario resulta bastante incierto. Es probable que conforme se vayan acercando las elecciones, sea cada vez más difícil generar consenso con la oposición.

Si el gobierno logra resolver el conflicto con los estudiantes y aprobar la reforma tributaria, es probable que tenga buenos resultados en las municipales, las cuales serán consideradas como un termómetro de las generales de 2013. No obstante, es difícil prever qué desenlace tendrán las ya intensas movilizaciones estudiantiles y cómo impactarán sobre la opinión pública.

Respecto a las posibilidades de éxito de la Concertación, depende mucho de si se aprueba alguna modificación al sistema

binominal. Si se mantiene el actual, es muy probable que ésta se preserve unida.

A nivel local, se presentará, de manera similar a 2008, en dos listas separadas: por un lado, los democristianos y los socialistas y, por otro, el Partido por la Democracia, el Partido Radical Socialdemócrata y el Partido Comunista. Respecto del candidato presidencial, la Concertación no ha generado ningún liderazgo interesante en sus propias filas y, por eso, espera que se vuelva a presentar Bachelet, que goza de niveles excepcionalmente altos de simpatía ciudadana.

Para la coalición centroizquierdista existe aún otra opción: negociar la candidatura de Enríquez-Ominami dentro de la Concertación. Su poder de negociación dependerá de los resultados de su Partido Progresista en las municipales. De todos modos, es casi seguro que se presentará como candidato, ya sea con su propio partido o con la Concertación. Por ahora, una de las propuestas más importantes de MEO es la elaboración de una nueva Constitución y, precisamente este punto, es lo que podría complicar las negociaciones con la Concertación.

Bibliografía y referencias: Castiglioni, Rossana. 2010. „Chile y el giro electoral: ‚La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser‘“. Revista de Ciencia Política Vol. 30 (2): 231-248.

De los Ángeles Fernández Ramil, María.

2011. „Entre la emergencia oficial y el desconcierto opositor. Chile en el primer año de gobierno de Sebastián Piñera“. Nueva Sociedad (233): 14-25.

Luna, Juan Pablo y Altman, David. 2011. „Uprooted but Stable: Chilean Parties and the Concept of Party System Institutionalization“. Latin American Politics and Society Vol. 53 (2): 1-28.Segovia, Carolina y Gamboa, Ricardo. 2012. “Chile: El año en que salimos a la calle”. Revista de Ciencia Política Vol. 32 (1): 65-85.

Toro, Sergio Y. y Luna, Juan Pablo. 2011. „The Chilean Elections of December 2009 and January 2010“. Electoral Studies Vol. 30 (1): 226-230.

Latin American Public Opinion Project (LAPOP), Vanderbilt University, EE.UU: HYPERLINK “http://www.vanderbilt.edu/ lapop” http://www.vanderbilt.edu/lapop Centro de Estudios Públicos (CEP), Chile: HYPERLINK “http://www.cepchile.cl” http://www.cepchile.cl

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LAS RAZONES DE LA INESTABILIDAD PRESIDENCIAL EN LA ARGENTINA POST-1983 Walter J. Caamaño

Licenciado en Ciencia Política (UBA), becario doctoral (CONICET), docente e investigador (UBA).

Desde la llegada de la tercera ola de democratización, las democracias presidencialistas de América del Sur han experimentado de algún modo el fenómeno de la inestabilidad presidencial y la Argentina no se ha mantenido inmune a él. Por el contrario, en los casi treinta años que tiene su joven democracia las salidas anticipadas de presidentes sin quiebre del régimen político han estado a la orden del día. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo contribuir al estudio de la inestabilidad presidencial en la Argentina para lo cual se propone primero indagar qué causas explican este persistente problema y luego formular una hipótesis sobre la inestabilidad presidencial en la región que pueda ser puesta a prueba en posteriores investigaciones empíricas. ¿Qué es la inestabilidad presidencial y qué se entiende por ella?

A grandes rasgos podemos afirmar que se trata de un fenómeno eminentemente político pues afecta a quien por mandato popular debe ocuparse de la tarea de gobernar una comunidad. Pero a diferencia de otras variantes que conoce la inestabilidad política, es más reciente (entró en escena recién a partir de fines de la dé-

cada del ’80) y se caracteriza por la inestabilidad del presidente en medio de la estabilidad del régimen democrático, porque un gobierno surgido del sufragio popular puede caer, pero la democracia se mantiene en pie ya que la conformación del próximo gobierno se decide bajo las reglas que ella estipula (Caamaño, 2011).

El presidencialismo, por su parte, ha sido objeto de severas críticas, dentro y fuera de la Ciencia Política. Politólogos como Linz (1987 y 1997) y Valenzuela (1985 y 2008) señalan al presidencialismo como una de las principales causas de la inestabilidad presidencial en América del Sur porque los elementos que lo constituyen, esto es, el mandato fijo y la legitimidad democrática directa tanto del presidente como de los legisladores, la unipersonalidad del cargo presidencial, su carácter de juego de suma cero y la ausencia de un poder moderador o válvula de escape que actúe en tiempos de parálisis institucional, lo convierten en una forma de gobierno muy rígida y llevan a que el Poder Ejecutivo reclame para sí un poder de toma de decisiones, en cierto punto, excesivo (y que termina limitando el desempeño del Poder Legislativo).

En función de estas críticas, se podría decir que este diseño de gobierno es el factor decisivo que explica los casos de inestabilidad política que la Argentina experimentó tanto a nivel de régimen político entre 1930 y 1983 como a nivel de gobierno desde 1983 en adelante. Y son esas voces críticas las que precisamente vienen planteando desde el advenimiento de la tercera ola de democratización la necesidad de adoptar al parlamentarismo como forma de gobierno, argumentando que al ser un juego de suma positiva, ofrece la posibilidad de dividir los resultados de la elección presidencial y que todos los jugadores puedan ganar algo, y que al contar con una válvula de escape y un poder moderador, permite sortear situaciones de bloqueo o parálisis institucional ante posibles enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De implementar un sistema parlamentario, la Argentina entonces sería capaz de estabilizar y fortalecer sus instituciones (Linz, 1997; Valenzuela, 2008).

Sin embargo, los defensores de un cambio de tal magnitud no tienen en cuenta que el parlamentarismo deja abierta la posibilidad de generar gobiernos altamente inestables en función de las características del sistema de partidos y la política de un país. El parlamentarismo es una forma de gobierno que exige para su buen funcionamiento la presencia de partidos políticos fuertemente disciplinados y cohesionados (Sartori, 1994), una condición necesaria que está ausente en el sistema de partidos argentino y que no puede garantizarse a partir de una reforma política. En este sentido, si un país presidencialista como la Argentina con partidos altamente indisciplinados y fragmentados decidiera adoptar una forma de gobierno parlamentarista, correría seguramente el riesgo de caer en un parlamentarismo de asamblea, como la Tercera República Francesa (1870-1940), en donde la dispersión y la atomización del poder son moneda corriente, hay ineficiencia y lentitud en la toma de decisiones, la responsabilidad política se torna difusa, el recambio de gobiernos es permanente (con la consecuente incertidumbre e imprevisibilidad de los plazos de gestión) y se vuelve casi imposible

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gobernar porque los gobiernos sufren serios y recurrentes problemas de gobernabilidad (Pegoraro y Zulcovsky, 2006; Sartori, 1994). En definitiva, en lugar de resolverse los inconvenientes del presidencialismo, podría haber una sobreutilización de la válvula de escape parlamentaria y, por consiguiente, un aumento de la inestabilidad del sistema político.

Por otra parte, actualmente hay casos de democracias sudamericanas estables bajo sistemas presidencialistas de gobierno. En efecto, Chile y Uruguay no han tenido hasta el momento casos de inestabilidad presidencial y todo parece indicar que no los tendrán en el futuro cercano, lo que significa que no todos los presidencialismos atentan contra la estabilidad de la cabeza del Poder Ejecutivo. Mientras que los presidencialismos multipartidistas gobernados por coaliciones mayoritarias son formatos político-institucionales eficaces para el mantenimiento de la estabilidad presidencial, son los presidencialismos del tipo multipartidista sin coaliciones de gobierno, como el nuestro, los que se presentan como verdaderamente problemáticos para lograr dicho objetivo (Chasquetti, 2001).

Entonces, ¿dónde reside la verdadera raíz del problema de la inestabilidad presidencial en la Argentina? En función de lo que plantean autores que rescatan a los diseños presidenciales como Mainwaring y Shugart (1994) y Shugart y Carey (1992), el problema no está en el presidencialismo per se. En todo caso, reside en las características propias del presidencialismo argentino, que son perniciosas para la estabilidad del presidente (y lo diferencian mucho, por ejemplo, del chileno o del uruguayo). Me refiero al bajo nivel de institucionalización de la democracia y a la cultura política de la clase dirigente que hay en nuestro país.

Es allí donde debemos fijar la atención. Veamos porqué.

Primero, las democracias presidencialistas de baja institucionalización presentan características que no ayudan a la estabilidad del presidente. Todo lo contrario. En democracias de este tipo, las reglas de juego no delimitan la lucha por el poder, sino que son el resultado de dicha pelea (lo que le permite al ganador cambiarlas, violarlas o romperlas en función de sus conveniencias político-electorales), no existe un verdadero sistema de partidos, los actores extrapartidarios (empresarios, Fuerzas Armadas, medios de comunicación, entre otros) tienen una enorme influencia en la dinámica política y el Poder Legislativo no sólo no puede controlar a un presidente fuerte y se ve obligado a apoyar sus iniciativas, sino que además bajo circunstancias críticas se muestra incapaz de sostener a uno débil o prevenir su caída (Ollier, 2011). Asimismo, la oposición política no tiene incentivos para colaborar con el gobierno de turno y poco le importa si este último debe hacer frente a situaciones de crisis. Y el hecho que haya configuraciones partidarias en lugar de verdaderos sistemas de partidos hace que al ser débiles los vínculos entre los partidos políticos, las relaciones que establecen entre sí no estén definidas por un sistema de reglas, lo que impide la colaboración interpartidaria.

Y segundo, la cultura política argentina, esto es, la forma de entender y de practicar el juego de la política en nuestro país, tampoco ayuda a la estabilidad del presidente porque no fomenta la colaboración entre gobierno y oposición, especialmente en

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momentos de crisis. Los actores políticos argentinos ven de un modo negativo al acuerdo, la negociación y la colaboración. Los asocian con un contubernio, mientras que a la intransigencia la consideran una virtud, y, por consiguiente, ven a los acuerdos políticos como una amenaza para las identidades partidarias.

Asimismo, históricamente se han movido a partir de una lógica de enemigos en vez de adversarios, de confrontación constante, en la que quien piensa distinto es considerado un enemigo de la patria y del pueblo. Y esto, claro está, no ayuda a la generación de acuerdos. Las dos fuerzas políticas mayoritarias en la Argentina, el Peronismo y el Radicalismo, por ejemplo, siempre han tenido una historia de intolerancia y de desconfianza mutua (De Riz, 1994), lo que imposibilitó en tiempos pasados y sigue imposibilitando en tiempos presentes el arribo a cualquier tipo de acuerdo o convivencia política. Y sin acuerdos políticos, no hay estabilidad presidencial posible.

En síntesis y a modo de cierre del presente artículo, podemos afirmar lo siguiente. Si bien desde la corriente neoinstitucionalista de la Ciencia Política se plantea que el diseño institucional representa una de las variables más relevantes al momento de definir la dinámica política de los regímenes democráticos, el factor que explica la inestabilidad presidencial, tanto en la Argentina como en el resto de América del Sur, no reside en el presidencialismo per se, sino en las características que este asume en cada país de la región porque si efectivamente residiera en el primero, sería imposible entender y explicar la presencia de democracias presidencialistas sudamericanas que han logrado ser estables en los últimos tiempos. Pero, por supuesto, esta hipótesis requerirá de estudios más profundos para ser corroborada y ganar sustento científico.

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En todo caso, ella apuesta al fracaso del presidente para acceder al gobierno cuanto antes.

En las democracias presidencialistas altamente institucionalizadas, por el contrario, estas características están ausentes y, en consecuencia, no se producen salidas anticipadas del poder: Chile y Uruguay así lo demuestran y Brasil está en camino de demostrarlo.

Reseña de las VI Jornadas de Investigación en Trabajo Social y las III Jornadas de Investigación en Ciencia Política, de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

En el año 2005, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con sede en la ciudad de Paraná, comenzó a dictar la Licenciatura en Ciencia Política.

Tradicionalmente, esta institución ha impulsado numerosas actividades académicas, de investigación y extensión. Entre ellas, las Jornadas de Investigación, que en esta oportunidad llevaron la consigna “Producción de conocimiento y políticas públicas. Contribuciones para una nueva institucionalidad política y social”, y se extendieron del 14 al 16 de agosto de 2012, con el desarrollo de paneles y mesas de ponencias y con una amplia concurrencia proveniente de distintos puntos del país, América Latina y Europa. Debe destacarse, en este punto, un nuevo hito en la historia de las Jornadas de Investigación de la Facultad de Trabajo Social, dado que es la primera vez que las Jornadas de Ciencia Política y Trabajo Social se realizaron de manera conjunta.

Así, el encuentro representó fielmente la concepción de integración entre las dos carreras que siempre se promovió desde la institución.

Apoyaron la celebración de las Jornadas la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS), la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Vicegobernación de la provincia de Entre Ríos.

El encuentro comenzó con un acto presidido por la Decana de la facultad, Mgs. Sandra Arito y el Secretario de Extensión e Investigación, Lic. Diego Julián Gantus. En representación del Rector de la UNER Ing. Jorge Gerard, se hizo presente el Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad, Ing. Fracisco Cacik.

Las autoridades destacaron la integración de docentes de ambas carreras en proyectos compartidos y la existencia de investigadores noveles que han comenzado a

dirigir proyectos de investigación, como indicadores de la apuesta institucional a la investigación.

Entre los panelistas invitados, se destacaron Arturo Fernández, Miguel de Luca, Constanza Pereyra (Uruguay), Iskra Pavez Soto (Chile), Oscar Oszlak, Daniel García Delgado, Pablo Boulcourf, Daniel Chasquetti (Uruguay), Diego Reynoso, Adela Segarra, Alberto Bonifacio, Paolo Graziano (Italia) y Laura Garcés.

La conferencia de cierre, titulada «Las tensiones de la Democracia en América Latina», estuvo a cargo del especialista español Manuel Alcántara Sáez.

Contacto: investigacio@fts.uner.edu.ar | invcp@fts.uner.edu.ar Mas información en www.fts.uner.edu.ar | TE 0343 4310189/0006/0269 int. 25 Fuente: Área de Comunicación. Facultad de Trabajo Social.

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un joven muerto tras haber sido asaltado en su casa de Tigre por dos jóvenes menores de edad, permite indagar un sinfín de discursos de ley y orden, que dieron cuenta de una ciudadanía perturbada, saturada, demandante.

Como explica Puente, la estructura dramática de las noticias resulta un mecanismo poderoso en la interpelación emocional y cognitiva. El telediario utilizó un recurso que funciona en la adición y repetición de graph’s. Lo empleó junto a otro procedimiento, el entrecomillado, que confiere un efecto de neutralización en la parcialidad informativa.

La Democracia en contexto Agendas, actores y escenarios: Dilemas supra y subnacionales Mariana Cecilia Fernández

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Licenciada en Ciencias de la Comunicación marianafernandez17@hotmail.com

La construcción de discursos victimizantes en Todo Noticias El objeto de este artículo es examinar la escenificación del perfil de ciudadanos y ciudadanas víctimas en contraposición al de jóvenes delincuentes en un informe de Todo Noticias con fecha en 12/10/09. El análisis de la historia de Santiago Urbani,

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El personaje publicitado en los graph’s corresponde a la posición de la víctima, lo cual demuestra la jerarquización del telediario. Las proposiciones de la madre del difunto fundan el motivo del relato: el crimen de Santiago Urbani. Sólo si este último se conoce puede generarse identificación, positiva o negativamente, con los actores de la historia y/o con sus objetivos.

La concomitancia es posible si se asume desde un principio, la meta resuelta en los graph’s.

Estos últimos, se ordenaron de acuerdo con la acción que subyace en la noticia. La historia se inició describiendo el acontecimiento como una “pesadilla” e inmediatamente advino el clímax: “Última noticia”, “Se murió en mis brazos”. La urgencia se inscribe en la figura de la muerte, cuyo sentido de fatalidad se refuerza en la señal de “vivo”, en tanto forma de destacar la importancia del acontecimiento e influir en la generación de escándalo. Así como también se afianza en la cobertura in situ, que permite evidenciar el suceso por sí mismo y en consecuencia, contribuye a la verosimilitud del miedo a perder la vida.

El significado trágico del momento inaugural, que alerta sobre el fallecimiento de la víctima al amparo de la madre, constituye la información primordial de la narración. Los graph’s sucesivos que componen la estructura dramática narran el acontecimiento pasmando la curiosidad en relatos complementarios, añadidos progresivamente.

El graph subsiguiente, “El intendente no me llamó”, continua impulsando la curva dramática en la escenificación de una demanda hacia Sergio Massa, intendente de Tigre. La actuación pública de Massa en el caso se inicia el 13/10/09. Es decir, un día después de la emisión que se examina. Aunque no se puede establecer una relación directa entre la escenificación del reclamo y la respuesta de Massa, el vínculo establecido a posteriori permite pensar que el desempeño de Todo Noticias no permaneció exento a la influencia de autoridades políticas.

El drama se perpetuó asentado: “Que hayan puesto 500 cámaras no soluciona nada”. Según opina la víctima, los dispositivos de control del municipio resultan inútiles en la consecución de la función referida: el aparato vigila, registra, prueba pero no impide que se produzcan delitos en la localidad. El reclamo hacia la intendencia por un “buen” funcionamiento en los apa-

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ratos de control, dan paso al despliegue del resentimiento de la víctima: “Yo trabajo para la provincia y me dedico, justamente, a atender a estos delincuentes para que salgan vivos y después maten a chicos como el mío”.

decir como mamá, obviamente… Yo sé que la gente lo va a tomar mal pero los derechos son siempre para ellos, para nosotros no. Y, yo obviamente que quiero verlos muertos. No tienen recuperación estos chicos”.

Al hablar de la muerte del hijo, la protagonista parte de las prácticas institucionales que le conciernen en calidad de médica bioquímica. La imagen que subyace en el discurso ilustra a una ciudadana laboriosa, esforzada en desempeñar el deber que compete a su profesión. A punto tal, de (tener que) acoger a miembros del colectivo de pertenencia de “los delincuentes”.

Puesto que el enunciado del personaje no refiere puntualmente a los jóvenes que participaron en el delito, la operación permite fijar la etiqueta (“estos delincuentes”) en una categoría general, indefinida, alarmante.

Es notable que, antes de pronunciar la opinión, la protagonista aluda a la consciencia de que va a decir algo que “está mal”.

Como si reconociera los límites normativos y, no obstante, éstos se agrietasen ante el sufrimiento del que emerge un sentimiento de venganza. A la par, se puede conjeturar una lucha hacia la apropiación de derechos, que se conciben como mal repartidos: “siempre para ellos, para nosotros no”. Pues, ¿cómo podría el Derecho compensar semejante daño? En esa evidencia se ampara la víctima para manifestar (ante las cámaras de televisión) el deseo de la muerte del otro.

En tono efusivo, la madre propone como una paradoja, que se ocupaba de asistir “delincuentes” procurando conservarlos “vivos” y que luego, “éstos” quitaron la vida del hijo. La muerte de Santiago aparece generando conciencia sobre a quiénes hacer vivir y a quiénes no. En el advenimiento de un discurso bélico, la madre ubica al hijo en el polo opuesto al de “la delincuencia”: junto a jóvenes del nosotros. El peligro se encarna en los otros, que atacan a “chicos como el mío”. En relación a la situación trazada, la víctima añade el riesgo de permanecer en Argentina: “Me queda mi única hija, me quiero ir del país”.

En un juego de discordancias entre dos imágenes emerge un argumento, que vigoriza una percepción de inseguridad. Por un lado, se puede ver al hijo en vida y por otro, se presenta a la madre diciendo lo que señaló el graph: “Ese día me llamó y me dijo que no iba a salir”. La pantalla se parte en dos marcando una oposición entre un antes y después del delito. El empleo de la técnica dinamiza la historia y mantiene la tensión en una incongruencia entre lo que efectivamente sucedió “ese día” y la hipotética situación de que la víctima hubiese permanecido en el ámbito privado. De aquí, el temor de “salir” a la esfera pública.

En medio de la angustia que filtran las palabras de la víctima emerge el razonamiento de que, ante una situación semejante lo adecuado sería tomar medidas de vigilancia. Seguido del desconsuelo que produce la muerte del hijo, achacada a un individuo descrito como desenfrenado, inmaduro, “loquito”, se indica que las políticas de seguridad tendrían que dirigirse hacia las juventudes: “Se los digo sinceramente: será emoción violenta, desconozco el término: me voy a ir a estudiar tiro, me voy a comprar un arma y si sale lo voy a matar, lo voy a matar…

Yo, me duele en alma esto, aunque tenga que ir presa por el resto de mi vida”.

En ese momento, el deterioro de la tensión inicial da cuenta del trauma del personaje: el temor a que se repita el disgusto lleva a intentar huir de la perturbación “[…] en la tentativa de encontrar ‘soluciones biográficas a problemas sistémicos’”.

La víctima (sólo) cuenta con una hija, a quien brega conservar yéndose a otro sitio. Oportunidad contemplada tiempo antes de la muerte del padre, que no habría podido llevarse a cabo: “[…] Porque este país ya no… Cuando con mi marido teníamos todo listo para irnos… Y, fue un mes antes”. Sumado a la fatalidad de la muerte del padre, el lugar central que ocupa el trabajo en la concepción de la víctima aparece como un elemento que contribuye a que esta última persista en el país: “Yo no me decidí porque amo mi trabajo, amaba mi trabajo y quería terminar jubilándome en mi trabajo y me daba mucho miedo irme y no saber de qué iba a vivir. Y, me equivoqué porque si me hubiera ido no lo hubieran matado ni a él ni a mi hijo”.

La interdependencia entre la subsistencia económica y la percepción de amenaza hunden a la víctima en un cerco de imposibilidades, de las que escoge una: quedarse por amor al trabajo.

La situación de temor al delito convive con la estabilidad ocupacional. Sin embargo, la elección se percibe como errónea, la insuficiencia no alcanza una mejoría sino más bien se potencia: la culpa de no haber frenado la desgracia sobreviniente resulta en una desestimación del quehacer laboral. La formulación del personaje opera enfatizando el riesgo de vivir al acecho y la incertidumbre de “no saber” cómo prever un panorama de existencia sólido. En ese marco, se esboza: “Si yo te tengo que

La significación del planteo puede develarse en contigüidad con graph’s que advierten que, en la circunstancia de víctima no interesa lo que expresen las estadísticas. Pues: “A mí me destruyeron la vida”. El malestar de la madre se describe como irremediable. La voluntad de suprimir al otro se hace ostensible más allá del precio que implique la consecución del objetivo. La violencia se desata afirmando no reconocer topes. De este modo, la escenificación de discursos punitivos en boca de la víctima contribuye a normalizar la frontera con un otro, que no se admite más que en la esfera penal.

Soledad PUENTE, Televisión, el drama hecho noticia, Santiago de Chile, Universidad, 1997.

Tamar PITCH, Las sociedades de la prevención, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2009, p. 73.

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Early Political Socialization and Transitions to Democracy: Toward the Consolidation of a Third Wave Generation?

Gabriela Catterberg

Universidad de Buenos Aires gcatterberg@gmail.com More than two decades after the Third Wave (3W) of democratization expanded democracy into new countries throughout Latin America, Central and Eastern Europe and South Asia. It is still unclear to what extent inter-generational value change has taken place, and how democratic the orientations of the younger generations are in comparison to those of their elders. Has a new political generation, the “Third Wave Generation” emerged across new democracies? I believe this is a crucial component in understanding the survival and consolidation of democracy.

The American literature has extensively studied the dynamics of early political socialization and their impact in intergenerational value differences since the early 1950s (Mannheim 1952; Jennings and Stoker, 2004; Schuman 2011). A key finding is that the emergence of new political generations requires salient historical events that strongly affect socialization in early political life; such as the Big Wars, the Cold War and the Vietnam War. The comparative literature has also emphasized the relevance of early experiences in the formation of political attitudes, and mostly focused on historical events that transformed industrialized societies during the pre war and post war period; identifying systematic intergenerational values differences between pre war and post war cohorts (Inglehart 1977; Inglehart 1997). However, the study of early political socialization in Third Wave nations and its impact on the political attitudes and behavior of those born and raised under new democratic regimes has been mostly ignored. Among the very few exceptions are Catterberg and Zuasnabar (2010); Tessler (2004), and Niemi, E. Catterberg et al. (1996).

Generational replacement presupposes the formative years hypothesis, a period of openness during which political orientations are formed (Schuman 2011). It assumes the presence of life cycle effects as people ages in

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the formation and dynamics of political attitudes and behavior, and identifies attitudinal fluctuation (or instability) mostly during late adolescence and early adulthood. After being formed, they tend to persist across people’s lives ( Jennings 2004). Crucial to the formative years hypothesis is what Mannheim (1928) more than half a century ago refers to as the stratification of experience.

Although older and younger cohorts may experience the same new event, they do so differently because first experiences are not the same as those superimposed upon other early impressions. A fundamental implication is that “adult socio-political dispositions are strongly rooted in pre-adult experiences “ (Inglehart 1997, p41).

The formative years hypothesis is a crucial pillar, in turn, to understand the making process of generational memory, and identifying its potential impact on future attitudes and actions. A generation is formed when unique events affect people of the same birth cohort at an early stage, shaping them in distinctive ways. As Schuman (2011), puts it, “Belonging to a generation endows each of us with a place in the historical process, and this, in turn, limits us to a particular range of experiences, thoughts and actions” (p3).

What factors do mainly shape pre adult political experiences? Parental transmission has been traditionally considered the most influential variable in people´s early political socialization. Since the American Voter (1960), parent´s values and predispositions has been shown to critically impacted political identification. However, most recently new studies indicate that, although influential, it is not necessarily the prevailing factor in the development of critical socio-political orientations.

Jennings conducted panel data research that arrives at different conclusions, depending on which specific political orientation is analyzed.

Regarding party identification, vote choice, and interest in politics, Jennings et al (2009) argue that “parents can have an enormous degree of influence on the political learning that takes place in pre-adulthood “ (p795). Yet, in relation to social trust and civil engagement,

Jennings and Stoker (2004) conclude that their impact is much lower than traditionally expected. “Parents do appear to play a role in shaping the extent to which their children enter adulthood with trusting or distrusting dispositions, and in the extent to which they get involved in voluntary associations, both in high school and subsequently. Still, the magnitude of these family linkages are modest at best” (pp355-356).

However, as mentioned above, robust studies show both in the American and comparative literature that historic or period effects during late adolescence and early adulthood could greatly matter in the formation of people´s most rooted beliefs. Important political events define what is salient and significant for young people as they first face the larger political world. Such events, however, are less important for adults, who tend to assimilate new experiences into an attitudinal framework that is already well developed, and who lived their formative years under different historical circumstances. This socialization process produces distinct cohorts or political generations who respond attitudinally and behaviorally in a similar fashion to new political events. In other words, when a new political generation does emerge, shared attitudes should be identifiable among the age cohort who experienced the same events during their formative years .

But research on democratization has given little attention to the effects of early socialization on the possible emergence of a “Third Wave Generation”. Is the youngest generation in younger democracies growing with distinct orientations from their elders, and from similar age groups in established regimes? Are these orientations supportive toward democracy? Previous research shows mixed trends.

On the one hand, research on the trajectories of political orientations in new democracies over time after regime change uncovers a worrisome trend that calls into question both the impact of the 3W political socialization on people’s democratic orientations and the emergence of new generations. On average, political participation and trust in new democ-

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racies declined in the years following regime change, while tolerance toward elite corruption and detachment with the law increased (Catterberg and Moreno 2006; Catterberg & Zuasnabar 2010; Uslaner 2004).

There are elements peculiar to the dynamics of democratic transitions that usually stimulate people’s expectations about the effectiveness of new administrations, ultimately leading to skepticism. During the 3W, the original belief among the publics--often reinforced by elite discourse--that democracy not only provides civil liberties but also improves economic well-being was a crucial factor in motivating these high expectations. If the economy subsequently performed poorly, disillusionment with democracy was likely. Moreover, the experience of living under an authoritarian regime engendered unrealistic expectations about democracy and democratic politics. An increasing discrepancy between expectations and reality led to democratic disillusionment, especially where the new regimes seemed incompetent. In the aftermath of the transition, a “post-honeymoon effect” took place in most 3W democracies, as the immediate need for participation receded, the euphoria of democratization wore off, and political trust eroded --particularly in cases where democratization brought severe disillusionment (Inglehart and Catterberg 2002).

Moreover, authors such as Niemi et al.

(1995) and E. Catterberg (1991) argued more than two decades ago that, in contrast to the “natural socialization hypothesis” usually assumed in established democracies, inter-generational transmission of democratic values in 3W nations is uncertain: “In newer democracies, automatic transmission of democratic values from one generation to the next cannot be taken for granted […]

Older generations are themselves untutored about democratic processes, and they may fail to embrace democratic values or waiver in their own commitment to them” (Niemi et al., p. 465). In the Southern Cone of Latin America, an absence of democratic values among the adult population was identified since the early stages of democratization.

As E. Catterberg noted, on the basis of surveys conducted during the military regime and after the transition to constitutional government, “during the first five years of the constitutional government [responses on] many libertarian dimensions moved

backward” (107-108). Not surprisingly, the emergence of a political generation is an infrequent phenomenon. In addition, for some transformative events, the main distinction might be between those who were deeply affected at any point in the life course and those born in subsequent years who had no direct experience at all (Schuman 2011).

As Tessler (2004) concludes, “political generations are relatively rare” (p188).

On the other hand, some factors suggest that people may have adopted more democratic orientations, at least in some dimensions, and especially among younger age groups.

The 3W of democratization, contrary to many political events that are not highly salient, or even if they are salient, erode rapidly, transformed dramatically people every day’s lives. And although these transformations did not follow a relatively linear and stable process, they tended to have a lasting impact in the economic and political organizations of most societies. Despite differences across countries, an almost universal fact about the 3W is that brought more openness in formal and informal institutional settings, more freedom of expression and association and more exposure to independent media (see, for instance, Freedom House civil liberties and political rights indices). As Huntington pointed out in a 1997 article, “A quarter-century ago, authoritarian governments --communist politburos, military juntas, or personal dictatorships-- were the rule. Today, hundreds of millions of people who previously suffered under tyrants live in freedom” (p3).

Preliminary research that tests the generation’s effects hypothesis using World Values Surveys (WVS) data from 1990 --the year that most 3W democracies experienced regime change-- and 2005-2007 --its last wave available-- suggests that the 3W of democratization was a transformative event that had a lasting impact on people´s political attitudes and actions, although not necessarily in a pro democratic direction.

Moreover, there is not enough evidence, despite some age differences did take place, that indicates the consolidation of a 3W Generation. Yet, it does show a trend toward more tolerance of diversity in new democracies, especially among younger cohorts, converging with the publics of established democracies in this respect. After all,

this is good news for 3W democracies.

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Tessler, Mark, Carrie Konold and Megan Reif. 2004. “Political Generations in Developing Countries. Evidence and Insights from Alegeria”, Public Opinion Quarterly, 68 (2): 184-216.

Uslaner, Eric. 2004. “Coping and Social Capital: The Informal Sector and the Democratic Transition.” Paper prepared for the “Unlocking Human Potential: Linking the Formal and Informal Sectors Conference” Helsinki, Finland, September 17-18.

Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman, and Henry E. Brady. 1995. Voice and Equality.

Cambridge: Harvard University Press

ENTREVISTA

DEL OTRO LADO DEL MOSTRADOR: (CIENCIA) Leandro Cahn* POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA ¿Qué te llevó a estudiar ciencia política?

Hice la carrera en paralelo con Periodismo en TEA con la idea original de ejercer el periodismo político. Luego de hacer el CBC de Derecho, me pareció que los contenidos de la carrera me generaban más interés que los de derecho. ¿Qué respondías cuando te preguntaban “de qué trabaja un politólogo”?

En el Estado, en encuestadoras, en cancillería. Aunque al poco tiempo de empezar la carrera tenía toda una explicación sobre las carreras-oficio y las carreras-no oficio.

Hoy la salida profesional del politólogo se ha ampliado. ¿Qué sentís que aportás y que ganás al trabajar con otras disciplinas?

Creo que la carrera da una base para ampliar la mirada, los razonamientos, etc. y eso es algo que permite ser versátil en las tareas que hay que desarrollar.

De otras disciplinas, sobre todo de las ciencias más duras, se gana mucho en la sistematización, aunque no sé si eso es algo que aportan otras carreras o es una falencia mía independientemente de lo que haya estudiado. ¿Te veías trabajando donde estás hoy o te pensabas embajador o político? ¿Por qué fuiste cambiando?

Me pensaba periodista político. Terminando la escuela de periodismo comencé una pasantía haciendo prensa de una fundación de lucha contra el cáncer y luego empecé a hacer lo mismo en

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Fundación Huésped.

En un momento (antes de terminar la carrera) estuve por ingresar a un diario, pero finalmente no se abrió el cupo. Y aquí estoy. ¿Cómo te llevás con las redes sociales? ¿Qué redes usás? ¿Te sirven para sumar valor a tu trabajo?

Vivo con ellas :) Uso principalmente Twitter, Linkedin, Facebook (menos), Pinterest, Tumblr, Instagram. Creo que aportan muchísimo valor al trabajo, y en mi caso particular son herramientas fundamentales para llevar adelante tareas de comunicación e incidencia sobre VIH/sida. ¿Qué libros o autores volverías a leer hoy?

Muchos de los autores de Teoría 3 sobre la discusión liberalismo - multiculturalismo, algunos de opinión pública para analizarlos desde la perspectiva de cómo las nuevas tecnologías impactante en la opinión pública.

Recomendanos un blog, un usuario de twitter o un sitio de referencia.

Aparte de leandrocahn.tumblr.com y @leandrocahn?

Creo que hoy por hoy, @pibetrosko vale casi todo Twitter. Luego hay varios usuarios de Twitter que ayudan mucho a entender la política. * Director de Comunicación y Desarrollo de Recursos de Fundación Huésped. Licenciatura en Ciencia Política - UBA @leandrocahn

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Notas para una Agenda de Investigación sobre Políticas y Partidos en una Federación Mario F. Navarro UNSaM / UNC Carlos A. Varetto UNSaM / UNC

Introducción: de dónde viene la problemática El análisis de la política argentina con una perspectiva que ponga el acento en los partidos y el sistema que ellos componen ha sido frecuente. Los grandes temas que desde hace casi medio siglo acompañan y dan forma a la ciencia política que practicamos –a saber, el desarrollo, el autoritarismo, la transición y consolidación de la democracia, y las reformas económicas- mostraron una inconstante relación con la cuestión de los partidos y el sistema partidario. Con los partidos en la periferia analítica, el foco de atención de estos análisis fue la relación del estado con los principales agentes económicos y grupos corporativos extra-económicos.

Es con la nueva democracia de los ‘80s que la perspectiva ancla, especialmente con el trabajo de Marcelo Cavarozzi y sus colaboradores –téngase presente que una importante colección de ensayos publicada a fines de los ‘80s, compilada por Nun y Portantiero (1987), no tiene un capítulo que trate sistemáticamente a los partidos. El diagnóstico del momento alertaba sobre la incompetencia o insuficiencia del sistema partidario para afrontar los retos de consolidar una democracia; a la vez que sugería estrategias y medios para revertir esa situación. La principal preocupación de esta línea de estudios radicaba en la acomodación entre un inveterado linaje populista y los requerimientos de una democracia de partidos competitivos.

Regresada la problemática al centro de la atención de los especialistas, llegó a producirse una importante literatura que estudiaba el comportamiento del sistema de partidos; uno de cuyos primeros retoños fueron las hipótesis referidas a la calidad de aquel “sistema”. Es decir, su grado de institucionalización (ver Mainwaring y Scully (1995), O’Donnell (1991) –incidentalmente, también, esta línea de trabajo indujo la incorporación de un nuevo instrumental de tipo cuantitativo; sobre todo en el texto de Mainwaring y Scully-.

Sí es clara la filiación de las hipótesis sobre el grado de institucionalización en el tipo de lectura que se preocupa por la relación entre partidos y populismo. No obstante, desde mediados de los ‘90s, y con variados impulsos, pero sobretodo, empujada quizás por la fuerte onda expansiva que desplegaba la preocupación del momento por las “reformas económicas”, emerge una nueva mirada. En este caso, la cuestión revierte en la dinámica federalizada en aquel sistema. Esta línea de trabajo fructifica en dos grandes aportes, los textos debidos a Calvo y Escolar (2005) y a Leiras (2007), quienes ponen de manifiesto el estado centrífugo de las fuerzas político-partidarias en Argentina. En especial, tal como se desprende, sobretodo, del trabajo de Leiras, la Argentina exhibiría un sistema de partidos cuya principal peculiaridad reside en una

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Espacios Políticos

fragmentación regionalmente desequilibrada.

Esta breve revisión muestra entonces dos tipos de lectura de la cuestión político-partidaria en Argentina. Por un lado, lo que llamaría la “imagen clásica”, que pone su centro en la mencionada articulación entre la forma populista y la competitividad de los partidos; y lo que podría denominarse la “imagen emergente”, que se concentra en la fragmentación de las fuerzas partidarias y cuya fuerza impulsora más gravitante se encontraría en la dinámica política de una federación.

Esquemáticamente, la perspectiva clásica interpreta al sistema de partidos del país como un conjunto inestable de protagonistas partidarios, marcado por tres rasgos: Vocación hegemónica: partidos mayoritarios con fuerte impronta hegemónica –rasgo atribuible tanto al radicalismo como al peronismo-; de lo que se sigue un comportamiento escasamente favorable al establecimiento de una democracia con partidos competitivos.

Debilidad mediadora: en buena medida entrelazado con lo anterior, la escasa capacidad del sistema de partidos para procesar las principales demandas sectoriales, las que son compuestas por una suerte de “parlamentarismo negro”, utilizando la feliz expresión de Cavarozzi; y, Una relativamente alta nacionalización u homogeneidad social, económica y política del territorio. Así, por ejemplo, en su ampliamente reconocido estudio, O’Donnell (1977; 526) apunta la alta homogeneidad de la sociedad y el estado argentino, simultáneamente nacional y pampeano, resultado de un proceso de conformación de un sistema político en el que las regiones periféricas tuvieron un peso demográfico y económico significativamente inferior comparando con América Latina-.

Estas tres características, podrían ser compendiadas en un concepto o imagen conceptual, “sistema de partidos con partido eje”, que alude a un tipo de juego partidario de baja competitividad, con un partido predominante, y cuyos principales desafíos se encuentran, menos en la incertidumbre eleccionaria, que en su entorno no partidario. Esta imagen dio forma a la reflexión académica y también política de la transición democrática en Argentina. En términos de esta imagen se plantearon propuestas y debates que tenían como eje la necesidad de conformar un sistema competitivo de partidos. En contrapunto, la IE (imagen emergente) subraya la necesidad de “nacionalizar”.

arrastrado por la dinámica socioeconómica; la IE lo observa como implosionando. Si para la visión clásica el nudo gordiano consistía en la reconstrucción del sistema partidario abandonando la impronta hegemónica; para la IE, el problema es remediar los desajustes representativos que trabajan para el continuo desbalance entre fuerzas centradas en la periferia y fuerzas en el centro. Desnacionalización del sistema de partidos y “des-bi-partidización” del mismo; tal el diagnóstico.

La Agenda que resulta Las dos imágenes del proceso político-partidario argentino La coexistencia de dos tipos de miradas sobre el sistema partidario argentino conduce a un primer e inmediato interrogante: ¿son compatibles, complementarias? Hay, al menos, dos tipos de respuesta posibles.

Por un lado, una línea demasiado frecuentada: la coexistencia institucional, garantizada y perpetuada por la estructura federal, de dos formas sociales y política: una de ellas, la competitiva, propia del formato moderno; la otra, derivada del patrimonialismo endémico en el “interior profundo”. Un “estado esquizofrénico” en las palabras de O’Donnell (1993). La estructura federal, con su proclividad a sobre-representación territorial establece y perpetúa esta situación, una “neofeudalización” en las palabras de Abal Medina y Suarez Cao (2002).

El cuadro nº1 muestra que la competitividad de los sistemas de partidos no dependen del “grado de desarrollo” de las provincias.

Por otro lado, una segunda estrategia de respuesta, podría complementar ambas miradas del siguiente modo. Primero, recuperando la visión de un sistema que lucha por acomodar en la fórmula populista. En este sentido, es crucial el concepto de “partido eje” que acuña Cavarozzi. Dicho de otro modo, un sistema partidario que se inserta en una fórmula populista profundamente implantada, desarrolla un tipo particular de sistema de partidos: “partido-eje y partidos satélite o partenaire”. Una denominación para esto podría ser: sistema con partido-eje; o bien, SPE para abreviar.

Bipartidismo en erosión (con tendencia a la fragmentación) Suficiente autonomía de los procesos político-partidarios Desequilibrio regional intra-nacional

Este concepto permite descifrar una de las varias paradojas que a sus observadores muestra la trayectoria político-partidaria argentina. ¿Por qué el predominio del peronismo? Alternativamente descripto como un movimiento con centro en un liderazgo carismático; o bien, en la “columna vertebral” obrera; o en un tipo histórico de sociedad y economía política –la Argentina peronista-; o una alianza policlasista interregional de conveniencia; el peronismo ha sobrevivido a la pérdida del líder, a su des-sindicalización, a la “agonía” de la Argentina que le dio forma, y a las sucesivos cambios en la estructura económico-social del país.

Por cierto, la idea de un “partido-eje” no explica por sí misma; pero permite renovar a comprensión del fenómeno.

Si la perspectiva clásica veía al sistema de partidos desbordado y

¿Cómo acomoda la dinámica federal el SPE? Porque ciertamen-

Por su parte, la imagen emergente pone, en contrapunto, el énfasis en:

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Cuadro nº1

Prov. Centrales

Estabilidad Ejecutivo (ninguno o sólo un recambio)

Alternancia (más de un recambio)

Partido Dominante *el 2º no alcanza nunca o no más de una vez el 40%

Bipartidismo *1º y 2º suman más del 85 % (en todas, o menos una elección)

Sistemas con más de dos partidos (1º y 2º no suman 85%)

Bipartidismo *1º y 2º suman más del 85 %

Sistemas con más de 2 partidos (1º y 2º no suman 85%)

Buenos Aires 31,02%

Córdoba 90,2 (2,82)

C. Fed 72,09% (6,36)

Entre Ríos 90,6% (6,01)

Mendoza 75,85% (7,4)

Salta 84,58 (9,78)

Chubut 88 (6,73)

San Juan 72,92 (13,94)

Santa Fe 86,81 (8,93) Prov. Periféricas

Neuquén* 26,48 ( 7,67)

S. Cruz 97,38 (1,66)

San Luis 29,13 (14,94)

Misiones 93,77 (6,75)

Tucumán 76,07 (13,65)

La Rioja 29,61 (10,64)

Catamarca 91(6,99)

T. del F 77.78 (12,35)

La Pampa 32,03 (6,62)

Santiago dE 86,47 (7,72)

Corrientes 79,4 (9,38)

Formosa 32,47 (8,55)

Chaco 87,92 (12,44)

Jujuy 33,42 (8,91) Río Negro 35,93 (6.09)

Nota: en celdas % promedio de votos 1983-2007; entre paréntesis, desviación estándar.

te tiene razón la segunda mirada: el federalismo imprime un movimiento centrífugo que debe tenerse en cuenta. Aquí el rol crucial es la “acción presidencial”. El partido-eje no se sostiene por sí mismo, sino a través de su dominio de la presidencia, convertida en alfa y omega del sistema político. Por otra parte, puesto que la fragmentación muestra un movimiento pendular, es posible mostrar que sus episodios son concomitantes a crisis sucesorias en el partido-eje. Esto es, no hay fragmentación sino crisis sucesorias presidenciales.

Hay que advertir que estos trabajos refundan el análisis de los grupos pro-

De esta idea derivan varios corolarios. Primero, es probable –pero, todavía debe ser probado con adecuado rigor- que Argentina exhiba al menos dos tipos de sistemas de partidos: uno con base en las elecciones presidenciales; y otro con base en las legislativas. Segundo, el momento crucial de la política partidaria del país se concentra en la ocasión y regla aplicable a la sucesión al interior del partido eje. Tercero, las formas de contar partidos e interpretar la fragmentación deben tener en cuenta esta realidad –así, por ejemplo, se pinta a la Argentina del 2001-2003 como un momento de altísima fragmentación partidaria; siendo que, al mismo tiempo, es el momento de máximo dominio territorial del peronismo-. Finalmente, la dinámica a observar no es la de un bipartidismo en erosión, sino la de un partido eje crónicamente débil frente a su entorno no partidario.

legítima” (Silvert, 1961; 159). Similar imagen se encontrará en Alfonsín y

Ver especialmente: Cavarozzi y Garretón (1989).

Nun y Portantiero (1988), “Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina”, Buenos Aires, Puntosur.

piamente políticos –refundan en el sentido de que el estudio de la política

en Argentina tuvo, en su momento, una importante veta que trataba sobre partidos; así por ejemplo, los trabajos de Botana, Cantón, Ciri, Galletti y otros-.

Muchos autores han afirmado esta situación, estilo de análisis que puede

remontarse –por lo menos- a una inicial contribución de Kalman Silvert en el volumen inicial de la Revista Desarrollo Económico: “la forma en que los

partidos contemplan sus funciones […] como repositorios de la verdad universal […] esta concepción de la política no deja lugar para una oposición

su pretensión de ser un presidente de los ciudadanos en combate contra las corporaciones; y también Menem, y Kirchner.

Cavarozzi ha hecho el uso más interesante del concepto. También, habría que tener en mente aquí la contribución clásica de Huntington (1970).

Apunta O’Donnell: “En estas zonas [estatalidad “marrón] hay elecciones, gobernadores y legisladores nacionales y provinciales (en muchos casos sobrerrepresentados en las legislaturas nacionales). Aún cuando pueden ser

los partidos de esas provincias miembros nominales de partidos nacionales, no son más que maquinas personalistas ansiosamente dependientes de las prebendas que puedan extraer de los organismos estatales, tanto nacionales

como locales. Estos partidos y los gobiernos locales funcionan sobre la base de fenómenos tales como el personalismo, el familismo, el prebendismo, el

clientelismo, y otros por el estilo. Como saben los antropólogos, este mundo se rige por un conjunto de reglas minuciosas, aunque no escritas; en él exis-

ten -en oposición a las sociedades “tradicionales”- burocracias estatales, al-

gunas de ellas grandes y complejas, muy mal pagas y politizadas”(O’Donnell, 1993; 85).

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ENTREVISTA

DEL OTRO LADO DEL MOSTRADOR: (CIENCIA) POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA María Sol González Sañudo* ¿Qué te llevó a estudiar ciencia política?

Las ganas de generar cambios. Cuando estaba en la secundaria tenía muy claro que mi vocación era social y que venía por el lado de “lo político”. En mi familia había abogados, pero la visión del derecho no me gustaba y me pareció que ciencia política me daba una visión más amplia y de estudio social. ¿Qué respondías cuando te preguntaban “de qué trabaja un politólogo”?

Esta respuesta la fui cambiando y no tengo muy claro qué le fui agregando con los años. Incluso la carrera me sorprendió porque fue un descubrimiento la teoría de la ciencia política.

Pero principalmente decía que asesoraban a políticos, y que incluso, podían devenir políticos; además de dedicarse a la diplomacia y al periodismo.

Hoy la salida profesional del politólogo se ha ampliado. ¿Qué sentís que aportás y que ganás al trabajar con otras disciplinas?

Existe una paradoja en la historia del hombre en torno a la especialización y cómo se van particularizando las tareas y lo que era social parece de las ciencias exactas. También me identifico con un recorrido de especialización, pero en lugar de sentir que me limita, creo que, viéndolo en perspectiva, fui identificando qué espacios me gustaban más, me sentía cómoda y cómo me pude proyectar ahí. Durante la carrera estudié antropología, sentí que necesitaba complementar mi estudio con otras disciplinas sociales. Hice mi maestría en Educación porque en un momento me di cuenta que mis trabajos giraban en torno a las escuelas. Hoy trabajo en ámbitos multidisciplinarios y articulando con organizaciones muy diversas.

Creo que el aporte está en la mirada y la creatividad que surge de lo recorrido, vivido y de cierta síntesis que se da entre lo estudiado y experimentado. A mí me gusta de mi trabajo encontrarme con realidades y miradas particulares, con modos de trabajo y organización diversos. La sensación que me genera trabajar así es que todo lo que me rodea tiene vitalidad, por las diferencias y por las ganas de colaborar por algo superador.

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¿Te veías trabajando donde estás hoy o te pensabas embajador o político? ¿Por qué fuiste cambiando?

Pensé que iba a hacer la carrera para luego dedicarme a diplomacia. Sinceramente, la universidad me abrió un abanico de caminos impensados. En un momento me di cuenta que me gustaba seguir la línea de lo que durante la secundaria había sido trabajo social voluntario. Me di cuenta que disfrutaba haciendo trabajo social y hoy me he profesionalizado en eso. La fantasía de viajar también puede concretarse desde el ámbito social. El mundo de las ongs es enorme y de múltiples niveles.

Es muy emocionante porque hay algo de la libertad que otros espacios más rígidos no te los permitiría. ¿Cómo te llevás con las redes sociales? ¿Qué redes usás? ¿Te sirven para sumar valor a tu trabajo?

Me gustaría poder sacarle más provecho a las redes. Creo que suma siempre y cuando estén activas. Uso Facebook, principalmente. ¿Qué libros o autores volverías a leer hoy?

Volvería a los clásicos contractualistas. Vuelvo a Hobsbawm y García Canclini más que a Colomer y Sartori. Volvería a los estudios culturales más que a la teoría, aunque el institucionalismo me encanta y enojarme con Huntington.

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Frecuento la RACI www.raci.org.ar *Directora Ejecutiva en SUMANDO Iniciativas de Cambio Asociación Civil.

Ciencia Política, Universidad del Salvador Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación FLACSO Argentina Posgrado en Cooperación para el Desarrollo Sustentable. Universidad Complutense de Madrid.

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Sectores financieros y el proceso político argentino en los noventa Nicolás Caputo

nicolas.caputo@gmail.com

Este breve ensayo presenta los principales aportes de la investigación realizada en el marco de mi tesis doctoral en ciencias políticas (Universidad de Estrasburgo) y ciencias sociales (Universidad de Buenos Aires). El trabajo es un estudio de caso de las consecuencias del tipo de integración de la Argentina al sistema financiero mundial sobre la composición y estabilidad de la coalición político-social gobernante de 1989 al 2001.

Han sido escasos los estudios en ciencia política sobre el rol de los sectores financieros en el proceso político argentino. A inicios de los noventa, los trabajos se focalizaron en la influencia de los bancos comerciales acreedores sobre las reformas estructurales mientras que las consecuencias del Plan Brady (1992), con la emergencia de otros actores debido a la sustitución institucional de la deuda de préstamos por títulos, han sido mayoritariamente ignoradas. El rol de los bancos comerciales había gozado de interés probablemente por su mayor visibilidad. Unas pocas entidades reunidas en el Comité de Bancos eran actores políticos evidentes. Tras el Brady, la atomización de los acreedores en una multitud de inversores podía llevar a considerar erróneamente que carecían de poder político. En la investigación se argumenta que la mayor complejidad de los vínculos entre acreedores y deudores implicó nuevas relaciones políti-

cas pero no su desaparición.

A diferencia de los países centrales, núcleo del sistema, y de los periféricos, que están excluidos, se califica a la Argentina como un caso de integración “semi-periférica”, es decir, con accesibilidad variable al crédito privado externo en función de la percepción de los principales actores privados del sistema financiero sobre el riesgo de incumplimiento del pago de la deuda. La estrategia del gobierno de alianzas con grupos económicos locales y sectores financieros (inversores institucionales locales e internacionales, calificadoras de riesgo, bancos de inversión) le permitiría, con la participación de tecnócratas de think tank del liberalismo económico criollo, la estabilización de la economía y el acceso del Estado, tras 10 años de exclusión, al crédito privado externo mediante el Plan Brady.

Se afirma que esta integración impactó en la formación, la consolidación y la disolución de la coalición político-social gobernante.

El rol de los sectores financieros fue determinante en dos aspectos. Primero, por las dinámicas que rigieron a la economía argentina desde su estabilización en 1991 que implicaron una dependencia estructural al crédito privado externo. A través del análisis de las estimaciones del balance de pagos se observa el rol clave del gobierno nacional en el financiamiento del régimen de convertibilidad a través de la política de emisión de títulos públicos. Segundo, estas relaciones estructurales delinearon restricciones y oportunidades en las relaciones de poder dentro de la coalición, afectando de este modo su composición, con el fortalecimiento de ciertos sectores que impulsaron a su vez decisiones que profundizaron la dependencia de la política de emisión de títulos públicos. De este modo, se produjo un proceso interactivo y dinámico entre dependencia estructural y decisiones de política económica.

Para observar el impacto político de la relación semi-periférica con el mundo sobre la coalición, se construyeron tres categorías de análisis a partir de la bibliografía originada en el debate sobre el concepto de poder en la sociología y la ciencia política en Estados Unidos. La utilización de múltiples corrientes teóricas buscó un modo de abordaje amplio para evitar las posibles deficiencias del análisis si se considerara una sola perspectiva. En primer lugar, se utilizó la corriente elitista de Floyd Hunter y Charles Wright Mills quienes observan el poder a partir del estudio de los individuos que ocupan las posiciones clave en el Estado y el sector priva-

do (método posicional o prosopografía). En la investigación, se estudió la conformación de los equipos que ocuparon el ministerio de Economía y el Banco Central, su formación y sus redes de contacto. En segundo lugar, se siguió la corriente pluralista de Robert Dahl que observa las relaciones de poder a partir del análisis del proceso de toma de decisiones de las políticas públicas (método decisional). En este caso, se analizó el proceso de emisión de títulos públicos a partir de la revisión detallada de los datos provistos por la Oficina Nacional de Crédito Público.

Finalmente, distintas aproximaciones han planteado un nivel más abstracto de las relaciones de poder centrado en los procesos de construcción de agenda y el rol de la ideología. Se recurrió a la corriente neo-elitista de Peter Bachrach y Morton Baratz, el radicalismo de Steven Lukes y otras perspectivas sobre la ideología para dar cuenta del establecimiento de las ideas de la irreversibilidad de las reformas y la imposibilidad de modificar la política económica centrada en el Plan de Convertibilidad.

Mencionaré los principales aportes de la investigación. En primer lugar, deseo resaltar el análisis de la política de endeudamiento público en el período. El estudio detallado de las emisiones de títulos públicos de 1991 a 2001 (más otras fuentes como entrevistas y revisión de archivos) ha permitido identificar las sucesivas estrategias de los equipos económicos ante los cambios en los mercados. En efecto, lejos de tratarse de una política lineal y permanente, tras el ingreso del Plan Brady los equipos económicos debieron adaptarse. En particular, se observa las fases de uso intensivo de las emisiones de 1993-1994 y 1996-1998, la estrategia tras la crisis del Tequila de aumentar los plazos debido al crecimiento de los vencimientos y, a partir del inicio del retiro de los grandes inversores institucionales internacionales en 1997, la estrategia defensiva, aceptando plazos más cortos a cambio de tasas más bajas.

Paralelamente, siguiendo la perspectiva de economía política y a partir de entrevistas con protagonistas, se presentó el proceso de la política de emisión de títulos públicos en sus diferentes etapas de diseño e implementación, observando la interacción entre funcionarios y actores financieros privados.

Cabe notar que este análisis revela la escasa participación de otros actores políticos como el Congreso, gobernadores o el resto del gabinete nacional.

El segundo aporte es el análisis detallado

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de la composición de los siete equipos económicos de 1989 al 2001 considerando su estabilidad, sus redes de contacto y el uso del conocimiento experto. A este análisis se ha sumado el estudio comparativo de los principales think tank del período – la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), la Fundación Mediterránea (FM) y el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA) – y sus vínculos con los sectores empresarios, en particular con los grandes grupos reunidos en el Consejo Empresario Argentino (CEA), a partir de tres variables: socios patrocinadores, la composición de sus directorios y los estudios solicitados. Ello ha permitido observar: 1) FIEL era el think tank más cercano al CEA, CEMA tenía relaciones con las fracciones de agroexportación y finanzas mientras que la FM, con vínculos más débiles con el CEA, estaba relacionada con grandes grupos industriales de capital nacional; 2) la inestabilidad durante la etapa de formación de la coalición, con tres equipos económicos entre 1989 y 1991, cada uno de ellos con una lógica propia: el primero, con la alianza con el grupo Bunge y Born y la presencia de miembros de la Ucedé, el segundo, de transición, y finalmente el tercero, que expresa el ascenso de los tecnócratas de la FM al ministerio de Economía y de miembros del CEMA al Banco Central; 3) la estabilidad observada en gran parte del período 1991-1999. En particular, la llegada de miembros del CEMA al ministerio de Economía en 1996, además del control del Banco Central, expresa el ascenso de los sectores de la coalición más vinculados a los actores financieros tanto en sus redes de contacto como en su visión sobre la Convertibilidad como instrumento para reducir de modo permanente la discrecionalidad del gobierno. En la investigación se observa cómo este ascenso del CEMA coincide con la creciente dependencia para la estabilidad económica de la política de emisión de títulos públicos y, por lo tanto, de la necesidad de construir credibilidad ante los actores privados financieros; 4) la nueva inestabilidad de 1999 a 2001, que evidencia, por un lado, las crecientes restricciones ante la progresiva exclusión del sistema financiero mundial y, por el otro, el cambio de la alianza electoral de 1999 a la de gobierno en 2001, primero con los miembros de FIEL y luego con el regreso de la FM. El tercer aporte se refiere al análisis comparativo de los actores privados financieros

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entre el período anterior al Plan Brady y al posterior a partir de la sustitución de préstamos por títulos. En particular, dos cuestiones son relevantes. Por un lado, la diferenciación de un período definido como de “coordinación centralizada”, donde unos pocos bancos acreedores se articulaban en un comité para elaborar una posición común, frente a otro, más complejo, debido a la atomización de los acreedores que llevó a una “coordinación descentralizada”, es decir, a que la posición común operaba a través de decisiones interdependientes. El análisis comparativo permitió identificar las diferencias en las relaciones políticas contenidas en la integración semi-periférica con el mundo; en particular, la reducción del margen de negociación política. En efecto, mientras en la primera etapa los funcionarios interactuaban con los representantes de unos pocos acreedores, en la segunda debieron hacerlo con quienes eran sus asesores e intérpretes, los bancos de inversión. Como explica el exministro de Economía, José Machinea, “uno no está hablando directamente con los acreedores sino que está hablando con alguien que va a asesorar a los acreedores y por lo tanto no hay posibilidad casi de una negociación. Eso complica bastante más el escenario (…).

Uno no tenía con quien negociar, salvo tratar de ‘calmar’ a los mercados”. Por otro lado, considero relevante el análisis de los actores financieros privados en sí, es decir, el estudio de las características de los inversores institucionales y minoristas, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación de riesgo y, sobre todo, los vínculos entre ellos. Esto permitió identificar las lógicas que operan en los actores que conforman la demanda potencial de títulos y de aquellos que a través de sus recomendaciones y notas influyen sobre éstos.

El cuarto aporte de la investigación fue el análisis detallado de los inversores locales, en particular las Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y los bancos comerciales. Por un lado, se analizó en detalle las características de ambos tipos de actores y, en particular, los cambios en el sistema bancario y sus consecuencias en el mercado de las AFJP. Si bien las reformas del sistema bancario han sido estudiadas ampliamente, su impacto sobre los inversores locales de títulos públicos había gozado de menor interés, distinguiendo en particular las estrategias de inversión de las AFJP y de los bancos comerciales. Por otro lado, el aporte fundamental se deriva, como en el caso de los inversores

externos, de la relación con el Estado, que en este caso, dada la poca cantidad de actores (los inversores locales se concentraban en pocos bancos comerciales domésticos que participaban directamente en la compra de títulos o indirectamente a través de las AFJP de su propiedad), se ha caracterizado como de coordinación centralizada.

Finalmente, el último aporte que quisiera mencionar es la tarea de reconstrucción de las emisiones de títulos privados a partir de la revisión de los archivos de la publicación Prensa Económica. La construcción de las series permitió dar cuenta de: 1) el uso exclusivo de las grandes firmas locales, y 2) la presencia dominante de firmas del CEA y de empresas privatizadas. Las consecuencias políticas identificadas son: 1) los grandes grupos económicos se beneficiaban del acceso al sistema financiero internacional, 2) la modalidad disímil de financiamiento de las grandes firmas con respecto a otros grupos explica sus posiciones diferentes sobre las altas tasas de interés local y la reforma previsional; 3) esto consolidó a la coalición político-social gobernante dado que, más allá de las coincidencias programáticas y de los beneficios por las participaciones en las privatizaciones, existió una comunión de necesidades e intereses entre los grandes grupos económicos locales y el Estado hasta 1997.

La principal perspectiva que abre la investigación es que el tipo de vinculación económica de la Argentina con el resto del mundo, expresado de modo contable en el saldo del balance de pagos, parece ser determinante en las características del proceso político y, en particular, sobre la estabilidad y sobre la composición de las coaliciones políticosociales gobernantes. Por un lado, a lo largo de la historia argentina la escasez de divisas operó permanentemente contra la construcción de coaliciones gobernantes estables, como se observó en la fase de sustitución de importaciones. Por otro lado, además de la estabilidad, la composición de la coalición también parecer ser afectada por el balance de pagos. Que el ingreso de divisas sea a través de la emisión de títulos públicos o del comercio de bienes no es neutro desde el punto de las relaciones de poder. Por ejemplo, mientras que de 1989 al 2001 la economía se financió a través de la primera vía, a partir del 2002 fue por la segunda. Es decir, entre ambos períodos el perfil del balance de pagos se modificó radicalmente y, con ello, la influencia de los sectores financieros en el proceso político argentino.

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Aprendiendo a competir. Partidos y sistema de partidos en la Ciudad de Buenos Aires (1996-2011) Facundo Cruz

(UADE-UBA-USAL)

La Ciudad de Buenos Aires ha sido un distrito que recién ha despertado interés académico en los últimos años, sobre todo en lo que respecta al estudio de la dinámica y funcionamiento de sus partidos políticos y su sistema de partidos. ¿Por qué? Porque recién en 1996, con la adopción de una Constitución propia, la Ciudad comenzó a contar con una estructura institucional que generara los incentivos necesarios para que se comenzara a gestar un sistema de partidos local. Es entonces recién a partir de ese proceso de automatización que la Ciudad se inscribe dentro de (y es una manifestación más de) la desnacionalización y consecuente territorialización de la política partidaria argentina (Calvo y Escolar, 2005; Leiras, 2007).

Con 16 años de enseñanza práctica y puramente competitiva: ¿qué aprendieron los partidos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Hay particularidades propias del distrito porteño? ¿Cómo es la dinámica de la competencia? En estas líneas intentaremos despejar algunas de estas dudas.

Jefes y Vicejefes: el premio mayor Un interesante punto de partida para comenzar a pensar y analizar el distrito porteño es el planteado por Calvo y Escolar (2005). Los autores destacan que la Ciudad de Buenos Aires ha sido testigo, generalmente, de 1) una baja performance electoral del Partido Justicialista (PJ), 2) la presencia de electoral de bloques ideológicos estables en el electorado, 3) la constante mutación de las etiquetas partidarias locales y 4) la presencia en la Legislatura de partidos políticos chicos y con escasa (o nula) estructura partidaria nacional.

Para adentrarnos en el análisis de estas regularidades de la competencia partidaria “porteña” conviene distinguir entre la carrera ejecutiva y la legislativa.

En lo que respecta a las elecciones para

Jefe y Vicejefe de Gobierno, la Tabla N° 1 (ver Anexos) muestra la distribución del voto entre las distintas opciones electorales que compitieron por el cargo desde 1996 hasta el 2011. ¿Qué sacamos en limpio de esos datos?

Primero, la presencia de una alta cantidad de competidores por la primera magistratura de la Ciudad y su constante crecimiento año a año. Mientras que en 1996 compitieron 10 fórmulas en total, en el 2000 se incrementó a 14 y tocó su pico máximo en 2003 con 28 en total. En 2007 (18) y 2011 (14) se dio una tendencia a la reducción, lo que igualmente muestra un alto número de competidores por un cargo unipersonal.

Esto puede deberse a la mayoría absoluta (más del 50% de los votos válidos y sino ballotage) necesaria para alzarse con el cargo Jefe y Vicejefe de Gobierno, fórmula electoral que tiende a desalentar la formación de coaliciones electorales previas a la primera vuelta y a provocar un aumento de los partidos políticos competidores (Shugart y Carey, 1992; Mainwaring y Shugart, 2002). Este no es un dato menor: solamente en dos elecciones (1996 y 2000) quien resultara electo Jefe de Gobierno necesito sólo de la primer vuelta para obtener el cargo, siendo necesaria una segunda vuelta para las restantes 3.

Segundo, existe una alta concentración del voto entre los principales partidos políticos, manteniéndose arriba del 90% en las primeras 4 elecciones. Solamente en la última elección (año 2011) ese porcentaje estuvo por debajo de esa cifra. Incluso, se puede apreciar que la concentración del voto es aún mayor si vemos la distribución del voto entre el primer, el segundo y el tercer lugar de cada una de las elecciones celebradas.

Salvo en la elección del año 2000 (en la cual entre las dos primeras fórmulas obtuvieron cerca del 82% de los votos)

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en las restantes existió una distribución un poco más homogénea entre las tres primeras opciones electorales. Se podría advertir que en cada una de las elecciones se presentó, por un lado, un competidor fuerte con altas chances de victoria, y, por el otro, dos más que se disputaron el segundo lugar. La segunda vuelta, posteriormente, fue el mecanismo institucional que posibilitó la redistribución de los votos entre las dos fórmulas que lograron pasar la barrera del ballotage.

Tercero, y en conexión con el primer punto, una gran cantidad de partidos políticos se han presentado para competir por el cargo ejecutivo pero con muy pocas chances de victoria. Esto se puede apreciar en el alto número de casos incluidos en la categoría Otros Partidos, que en ninguna de las elecciones superó el 10% de los votos. Desde el año 2000 en adelante, más de 10 fórmulas electorales se han distribuido ese porcentaje de votos, lo que arroja un promedio de menos del 1% de votos para cada una de ellas. El pico de esta tendencia se registra en el año 2003 con 24 fórmulas que se distribuyeron tan sólo el 7% de los votos.

Legisladores: el premio consuelo Más allá de los puntos destacados, es difícil comprender la dinámica del sistema partidario porteño sin tener en cuenta la competencia por los cargos legislativos. En la Tabla N° 2 (ver Anexos) se puede ver la distribución del voto entre las principales listas competidoras.

Suele ser figurita repetida entre los porteños la presencia de una alta cantidad de listas que compiten para ingresar a la Legislatura. En promedio, desde 1997 y en cada una de las elecciones celebradas, se han presentado más de 20 listas de candidatos, alcanzando picos de 38 (año 2003) y 40 (2005). Esto puede ser producto tanto de la crisis de la representación sufrida a comienzos de la década (Torre, 2003) como de la eliminación del piso mínimo de 3% por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Cabe destacar, además, que en las primeras tres elecciones legislativas (1997, 2000 y 2003) se pusieron

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en juego las 60 bancas que integran la Legislatura. Recién con las elecciones legislativas 2005 se implementó el cronograma escalonado de renovación parcial de las bancas. Matemática pura: mientras mayor sea la cantidad de cargos a repartir, más serán los competidores (Sartori, 1992).

Este último punto no es menor. Si vemos con detalle la Tabla N° 2, podremos ver que los últimos partidos que ingresan en la distribución de las bancas lo hacen, en algunos casos, con tan sólo el 2% de los votos (siendo en algunos casos menor). Esta ausencia de barrera electoral ha permitido que numerosos partidos políticos obtengan al menos una banca legislativa y puedan, en cierta medida, sobrevivir con un bajo caudal de votos. Estos partidos han sido siempre “partidos porteños”: agrupaciones políticas surgidas en el distrito y con escasa (o prácticamente nula) penetración territorial en el resto del país.

Vale la pena realizar otros dos comentarios adicionales. Primero, el nivel de concentración del voto ha sido muy variable a lo largo de los años. Si bien en las primeras elecciones hubo una mayor concentración del voto legislativo entre las principales listas de candidatos, con el correr de los años, y producto de la crisis de representación ya mencionada, se comenzó percibir no sólo un notable aumento de las listas competidoras sino también una distribución del voto más homogénea entre ellas (años 2003 y 2005). A partir del 2007 se comenzó a dar nuevamente una mayor concentración entre las tres primeras, sobre todo gracias a las sucesivas victorias de la lista oficialista: Propuesta Republicana.

Segundo, el hecho de que en cada una de las elecciones celebradas haya habido más listas de candidatos a cargos legislativos que a la Jefatura de Gobierno se debe a un doble fenómeno: por un lado, a la utilización de “listas colectoras” y “listas espejo” (ver Tabla N° 3 en Anexos) y, por otro lado, a la decisión estratégica de algunos partidos políticos de presentarse únicamente para competir por cargos legislativos, sin un candidato a la primera magistratura local.

Algunas ideas sueltas como conclusiones

Dado el “cocktail institucional” descripto en estos párrafos era de esperarse que la Ciudad de Buenos Aires haya mantenido, en la última década, el NEP (Número Efectivo de Partidos) más alto de todos los distritos argentinos (Calvo y Escolar, 2005).

Son precisamente estas particularidades las que otorgan a la Ciudad de Buenos Aires un atractivo académico interesante. Concretamente: 1) bajos incentivos para formar coaliciones electorales previas a la primera vuelta electoral para la Jefatura de Gobierno; 2) alta cantidad de partidos políticos que compiten por los cargos en juego; 3) buenas posibilidades de supervivencia para los partidos más chicos; y 4) grados variables de concentración-dispersión del voto dependiendo de la categoría por la que se compite y de la coyuntura política del momento.

Es en este contexto en el cual partidos políticos han aprendido a competir en estos 16 años de autonomía porteña. Y lo bien que lo han hecho: hay que ver cómo compiten.

Bibliografía:

Calvo y Escolar (2005) La nueva política de partidos en la Argentina. Crisis política, rea-

lineamientos partidarios y reforma electoral.

Buenos Aires: Prometeo Libros.

Leiras, Marcelo (2007) Todos los caballos del Rey. La integración de los partidos políticos

y el gobierno democrático en la Argentina, 1995-2003. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Maniwaring, Scott y Matthew S. Shugart (comp.) (2002) Presidencialismo y democracia en América Latina. Buenos Aires: Paidós.

Sartori, Giovanni (1992) “Sistemas electora-

les”, en Elementos de Teoría Política. Madrid: Alianza.

Shugart, Matthew S. y John Carey (1992) Presidentes

and

Assemblies. Cambridge:

Cambridge University Press.

Torre, Juan Carlos (2003) “Los huérfanos de

la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación parti-

daria”, en Desarrollo Económico, Vol. 42, N° 168 (Enero-Marzo), pág. 647-665.

Anexos

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ENTREVISTA

DEL OTRO LADO DEL MOSTRADOR: (CIENCIA) Yamil Salinas Martínez* POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA ¿Qué te llevó a estudiar ciencia política?

Me llevó la necesidad de entender cómo funciona el mundo.

Conocer las reglas y procedimientos por las cuales funcionan las sociedades y los Estados. Antes había estudiado Ingeniería en Sistemas y cuando llegué a la carrera era como tratar de analizar el código fuente social. Escribís el código de una manera, pero luego vienen los bugs, que no es más que el código vivo en la realidad. Apasionante. Disfruté mucho de mi tiempo en la universidad. ¿Qué respondías cuando te preguntaban “de qué trabaja un politólogo”?

Asesor legislativo, docente, investigador. “Es algo muy específico, nunca vas a ver un aviso en un diario buscando un politólogo”, decía :P Igual confieso que me da mucha alegría cuando encuentro a otros politólogos en roles o puestos que -a priori- no tendrían que ver con “la carrera”. Demuestra la gran facilidad que tiene nuestra carrera para abrir la cabeza, para decirlo de manera coloquial :) Hoy la salida profesional del politólogo se ha ampliado. ¿Qué sentís que aportás y que ganás al trabajar con otras disciplinas?

Creo que tenemos un gran sentido de comprensión de las dinámicas del poder y del juego político. Somos menos inocentes y rápidamente identificamos las estructuras en juego. Por mi trabajo estoy en contacto con perfiles muy distintos y es una experiencia impagable. Gente del arte, ingenieros, desarrolladores de software, abogados, MBAs. De todos aprendo algo. Todos los días. ¿Te veías trabajando donde estás hoy o te pensabas embajador o político? ¿Por qué fuiste cambiando?

Creo que sí. Me hubiese gustado poder dedicarme de lleno a la tarea docente e investigadora, pero con una familia temprana resultó imposible. Creo que igual tampoco me hubiese sentido satisfecho. Hoy a la distancia creo que el ámbito académico está rezagado y en un profundo retraso respecto a

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otras áreas laborales o actividades. El sistema científico está fuertemente jerarquizado, cautivo de las becas y estímulos gubernamentales. Hay mucha resistencia a lo nuevo y pocas ganas de hackear esas reglas. Me siento más cómodo trabajando en un ámbito creativo, innovador y abierto desde el origen a otras disciplinas y saberes, llevándome constantemente a lo nuevo. Creo que en las universidades hay un gran aislamiento respecto al exterior. La actualización de los programas es una tarea crítica. ¿Cómo te llevás con las redes sociales? ¿Qué redes usás? ¿Te sirven para sumar valor a tu trabajo?

Muy bien, de hecho me llevo tan bien que son parte de mi trabajo :) Como soy un apasionado de Internet y la tecnología, estoy en todas y soy un confeso early adopter. No obstante, como en todo, hay que saber buscar dónde está el valor. Twitter, Linkedin y Quora en mi caso son donde más respuestas encuentro. Como red académica y bibliográfica recomiendo Mendeley. ¿Qué libros o autores volverías a leer hoy?

Sobre todo a los clásicos. Rousseau, Marx, Weber, Hobbes, Aristóteles. De los más contemporáneos a Hobsbawm, O’Donnell, Pasquino, Morin. Relacionados con la intersección entre tecnología y política, por supuesto Castells, Lessig, Wu, Milton Mueller, Benkler, Rheingold, Webster.

Recomendanos un blog, un usuario de twitter o un sitio de referencia.

Muchos, me cuesta elegir uno solo. http://www.brainpickings.org http://www.bookforum.com/omnivore http://www.openculture.com *Jefe de Comunicaciones Globales, Wayra. Telefónica Digital España.

Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires.

Maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales (Flacso, UdeSA) @yamilsalinas

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ENTREVISTA a Liliana de Riz

Los discursos críticos no son destituyentes Liliana De Riz es socióloga, profesora de la UBA e investigadora superior del CONICET, aparte de ser una referencia en el campo de las Ciencias Sociales. En esta entrevista realizada en la Radio de la Universidad de Buenos Aires se expresa sobre distintos temas de nuestra actualidad. Sin omisiones habla de la reforma electoral, de la necesidad de recuperar el consenso y el dialogo y de los problemas que acarrea nuestra particular cultura política.

Leandro Querido: ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país con relación a la denominada Reforma Política? Es un eje en el que has trabajado y mucho. Tengo justamente un artículo tuyo titulado “La Argentina entre la crisis y la renovación” ¿Qué ha pasado en nuestro país en las últimas tres décadas en este sentido?

Liliana de Riz: Hemos Hemos podido alcanzar una democracia, esa es la novedad, después de un régimen de terror y de larga inestabilidad política. Esa democracia continúa a pesar de las crisis políticas, económicas y sociales. Continúa como régimen para dirimir las diferencias sin derramar sangre, aunque obviamente tiene muchas dificultades no solamente económicas sino también políticas y sociales. Pero hemos sobrevivido a las crisis y la democracia no se derrumbó ni hubo botas. Por lo tanto, ese es un haber de estas últimas tres décadas. Por otro lado, la crisis de hiperinflación del ‘89 con la salida adelantada

de Alfonsín, la crisis de 2001, que fue realmente mucho más aguda social política y económicamente, y la entrada finalmente en el 2003 con elecciones competitivas, ha abierto un nuevo período en que la bonanza nos benefició desde el punto de vista de las oportunidades que nos brindó el mundo a nuestra economía y, por otro lado, no solo por eso sino por un conjunto de políticas sensatas, la Argentina retomó el ritmo del crecimiento y tuvo una prosperidad a lo largo de este período que desde hace 40 años no teníamos y que, comparado con nuestra historia, es notorio. Pero ese periodo con todas sus dificultades hace rato que tiene luces rojas. Algunos hemos anunciado este problema, algunos en relación con la economía y otros haciendo énfasis más en la sociedad. Ahora nos encontramos en un escenario muy problemático en el que de nuevo claves del pasado que desembocan en la crisis han sido activadas.

LQ: ¿Cuáles son las primeras medidas que toma Kirchner desde el punto de vista del sistema de partidos? Porque él entra en una tensión con el partido justicialista, ¿qué decisiones se ve obligado a tomar dada su poca legitimidad? Gana las elecciones con un porcentaje muy magro, no se da la segunda vuelta contra Menem. ¿Qué hace desde la política un dirigente en esta situación?

LD: Unifica. Al tener un partido Justicialista con una situación de disgregación muy grande, que era prácticamente la liga de los gobernadores. Entonces es una tarea comparable a la de Rosas en donde unifica desde el poder ejecutivo. En ese momento tiene que unificar el país desde la conducción presidencial y hay una etapa de fuerte centralización de decisiones que responde a un momento de gran disgregación. La tarea de constituir una autoridad estatal, con 22 % de legitimidad, es una tarea que se le reconoce, sería necio no hacerlo. Ahora, la Argentina tiene un problema, y sobre todo el justicialismo, que hace del defecto una virtud, de modo que las dificultades de entonces con políticas adecuadas no justifican las políticas inadecuadas que suceden después.

Si uno observa el comportamiento del presidente respecto, por ejemplo, del partido Justicialista, éste revelaba una cierta autonomía que despertaba mucha simpatía, porque los dirigentes que se le oponen dentro del partido como figuras políticas dentro de la propia fuerza o en alguna dirigencia social eran muy denostados por la sociedad, muy poco confiables. Los que estaban en contra de él eran muy “malos” por decirlo de un manera simple. Ahora, cuando él trata de hacer esa estructura de transversalidad lo hace en la mejor tradición del peronismo, porque el peronismo siempre fue una estructura heterogénea de frentes, en donde no hay concertación, hay directamente cooptación de sectores alrededor de un proyecto que no se sabe muy bien cuál es pero que de algún modo construye el poder que en las elecciones parlamentarias inmediatas se ve claramente reforzado.

LQ: Ahora volviendo un poco al 2003 o 2005 que es una etapa más que interesante porque es cuando se consolida el liderazgo de Néstor Kirchner. ¿Había algún tipo de reforma política

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pensada por esos años?

LD: Trabajé mucho este período, pero no lo sé. En realidad las medidas que se toman no responden a una ingeniería institucional política, lo que sí hay son estrategias en relación con su partido y otras con relación a la oposición que es lograr dividirla, los “radicales k”, la famosa transversalidad. Eliminar el campo de la oposición y controlar el del oficialismo, aunque en realidad se habla por ese entonces del “pejotismo” como algo opuesto al partido que gobierna, que es un frente justicialista pero no es el justicialismo.

LQ: Desde el 2001 el peronismo llega con tres fuerzas distintas y alcanza casi el 60% de los votos, el radicalismo saca un porcentaje muy magro y de ahí en más es como si mutara el sistema de partidos. ¿Cómo ves esto?

LD: El sistema de partidos ahí explota tres candidatos del peronismo, tres candidatos del radicalismo, además de otros menores.

LQ: Claro, que salen por fuera de las estructuras partidarias.

LD: Va por un lado el partido radical con Moreau, Lilita Carrió por otro, y finalmente López Murphy, es decir es una disgregación. A su vez, gracias a la maniobra que hizo Duhalde, que no es constitucional, el partido peronista tiene tres fórmulas que compiten y como todos sabemos termina ganando Néstor Kirchner porque no hay ballotage. Ahora, esa es una manipulación de las reglas de juego electorales, no cabe ninguna duda. Pero desde el punto de vista de la pregunta, lo que se produce es un estallido en fracciones de estos dos partidos, hay 6 fórmulas además de las de otros partidos menores. Frente al bipartidismo del ‘83 esto implica una crisis partidaria interna muy importante. Pero como vos muy bien señalas, el 60 % del arco político está en el peronismo, el resto está disgregado. Esta es una historia llevada al extremo de una Argentina en que los sectores no peronistas no logran unificarse en torno de una propuesta común, y para colmo el propio radicalismo se parte en tres porque no logra tener una propuesta como partido institucional. Frente a esta situación lo que queda es por un lado, un electorado que es el que realmente está en crisis, sobre todo la de los sectores medios que se parte en propuestas que no se concilian entre sí, y por otro, el peronismo queda en esa gran masa que tras el triunfo de Néstor Kirchner, triunfó por default, queda encolumnado detrás de su figura. El que gana manda y el que manda sale a conquistar a sus seguidores.

LQ: Es interesante porque los reacomodamientos políticos ya no se dan en la sociedad a través conceptos como derecha e izquierda, pero estoy pensando en ese 40% que no se siente cómodo con el peronismo y que no es fácil unificar.

LD: Sí, no es fácil unificar porque no hay una dirigencia política, un liderazgo de cambio que les haga una propuesta unifi-

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cadora. No es que los electores se resisten a una consigna compartida, el problema es que la dirigencia política no se pone de acuerdo sobre una consigna capaz de darle una expectativa y una oferta política a ese electorado. Es al revés el problema, es una crisis de la dirigencias de los partidos que tiene incapacidad de dar un rumbo, de unificar, que es la tarea de los partidos políticos.

LQ: ¿Coincidís con la opinión según la cual en los últimos años han cambiado las formas políticas en las últimas décadas notoriamente? Antes el partido político tenía una función, una presencia marcada, hoy los personalismos pueden mucho más, o siempre fue así y no nos dimos cuenta, quizá.

LD: En el mundo la crisis de representatividad de la cual se habla desde los años ‘70 ha llegado a extremos muy considerables. Uno sabe muy bien que la crisis de Argentina no es tan reciente viene arrastrándose. El tema es que hay que tratar de construir organizaciones capaces de ofrecer una alternativa de futuro y poder mediar de manera institucional en los conflictos, de lo contrario tenés la política en la calle o la represión. Esta es una dificultad para la cual hoy todo el mundo se pregunta cómo responder a ese desafío, porque no hay cultura democrática sin partidos políticos; digamos que se tienen que aggiornar, que se tienen que manejar las nuevas formas de relación a través de redes, que se tiene otra relación con lo político, que tenemos que hacer la política interesante para muchos, todo eso es cierto. Pero también es cierto que tenemos sociedades fragmentadas en que los propios representados están en crisis, y la dirigencia no encuentra ni su lugar en el mundo ni una perspectiva de acomodo en grandes orientaciones hoy.

LQ: Me llamó la atención que en muchas campañas electorales muchos levantaron la bandera de la calidad institucional, sin embargo, es algo que no termina de generar compromiso por parte del electorado y a veces se imponen otros ejes que parecen ser más livianos. ¿Es importante este tema para la vida de la República?

LD: Es muy importante el tema de la calidad institucional. Lo que no consigue la dirigencia política opositora es que la gente comprenda cómo la calidad institucional afecta la vida cotidiana y la vida de la gente. En los períodos de bonanza y hoy se han vuelto a poner de moda las teorías que explican el voto por razones económicas. La ciencia política como en general las ciencias sociales y la economía se mueven con modas. Entonces ahora ha vuelto la idea de que como se mostró en Europa a centro derecha o a centro izquierda se alternan períodos en función de cómo va la economía LQ: Por el bolsillo.

LD: Exactamente. Si las economías vienen bien se premia, si no se castiga. Es muy difícil en periodos de abundancia hacer que lo de la calidad institucional se vuelva interesante. Y en un

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país como Argentina estamos lamentablemente acostumbrados a que cada vez que hay una desgracia como en once, con muertos, el desastre del transporte público se lo piense como catástrofe y no como resultado de falta de calidad institucional.

Esto es un tema de mal manejo del dinero público, de corrupción. Es un tema de calidad institucional. Pero rápidamente se olvida y quedan ahí sueltos y solitarios los padres o parientes de los perdidos dando vueltas reclamando por sus muertos, y mientras tanto hay marchas por la transparencia, otra por la justicia, es decir, todas luchas segmentadas. Entonces la pregunta es ¿cómo se puede armar una conciencia de que la politización de la vida cotidiana en el buen sentido de la palabra, que es la gestión eficaz del espacio público es un tema que hace a la vida cotidiana de cada uno de nosotros? Pero la Argentina se ha movido siempre como se dice entre ciclos de euforia y ciclos de furia. Cuando las cosas cambian, sobrevienen los problemas y el bolsillo aprieta, vienen los periodos de furia, entonces se descubre todo: nadie votó al que manda, qué escándalo la corrupción, aparece lo que no había sido visto. Como estamos bombardeados siempre por políticas que van tapando el problema del día anterior pero creando el del día siguiente, los argentinos vivimos en este clima que me preocupa, porque propicia que la furia se asome por la ventana.

qué cuenta con ventajas muy grandes sobre la oposición que ya de por sí es muy débil.

LQ: Muchos sectores de la oposición están reclamando una reforma política que nunca llega y cuando el oficialismo lleva adelante alguna iniciativa parece que se queda ahí, que todo es muy tenue.

LQ: ¿Y el voto electrónico? Ahí hay más polémica.

LD: Hay oportunidades para hacerlo, pero no cabe duda de que el sistema electoral algún día va a tener que ser pensado en serio porque este sistema sobrerrepresenta a los territorios más pequeños y subrrepresenta a los más grandes, por lo tanto es sabido que los más pequeños que domina el peronismo si sube una fuerza alternativa de la oposición como ya ha ocurrido es un presidente que queda manco en el Congreso. Sabemos que esa sobrerrepresentación debiera ser corregida, pero es un dilema muy difícil de afrontar. Por otra parte, el cóctel de sistemas electorales que hay en las provincias con un enorme sesgo mayoritario no solo por el tamaño sino por cómo funciona la baja competitividad de los sistemas provinciales hace que tengamos en el plano federal un sistema proporcional que en realidad funciona como un sistema mayoritario. Porque beneficia a quienes dominan los distritos chicos y porque además como la mayoría de los distritos son chicos, los grandes son Buenos Aires, Capital Federal y luego medianos pero la mayoría son pequeños. Esto quiere decir que cuando en las elecciones legislativas parciales de renovación las provincias chicas están sobrerrepresentadas. Esto quiere decir que existe muy poca posibilidad de renovación de las fuerzas políticas, muy poca posibilidad de alternancia y en las provincias, los gobernadores que están en el poder y que en general tratan de prolongarse en el poder, buscar una tercera reelección, como lo está intentando Alperovich, manejan los recursos públicos y hay una sesgo estructural en toda elección que es que el que manda y tiene con

LQ: No son pocos los que insisten en la boleta única y el voto electrónico, como en Salta.

LD: Sí yo estuve en la experiencia santafesina LQ: ¿Son instrumentos válidos?

LD: En primer lugar, veo que la boleta única, en este país de listas testimoniales colectoras o espejo sería muy saludable aunque los partidos dicen “bueno pero se pierde el partido y quedan los individuos”; pero de hecho en las campañas quedan los individuos. Los partidos quedan cuando logran tener individuos que sean realmente líderes del partido pero no es un problema de las listas únicas sino del partido. La manipulación que tenemos con las colectoras es que juntan aceite y agua, peras con manzanas con tal de llegar a un objetivo, creo que es algo que debemos terminar, es una demanda que debemos responder. La lista única permite terminar con esto. Frente a esto qué hace el gobierno: emitir un nuevo carnet, un documento cívico para votar en el que hay que gastar dinero.

LD: Es más polémico. Un viejo juez de la Corte Suprema uruguaya me decía yo prefiero cortar boleta, cuando cuento esto me miran como diciendo es tan viejita como él, bueno no tanto.

Pero ocurre que nosotros necesitamos tantas cosas que creo que eso aun no es prioridad. En todo caso, el mundo vota con voto electrónico y habrá que modernizarse, pero lo que es seguro que los sociólogos sabemos desde hace mucho es que con los contratos o acuerdos si no hay voluntad de respetarlos el problema no se soluciona por el cambio de soporte solamente, va a haber complicaciones. El papel te permite recordar, acordate el caso de Santa Fe en el 95, se volvieron a contar los votos. En este país la desconfianza de cómo se manejaría el software es importante.

LQ: Cambiando de tema, hay un dicho, un lugar común, que sostiene que la Argentina no puede ser gobernada por otra fuerza que no sea el peronismo. ¿Vos creés que esto es así?

LD: No. Creo que los que dicen eso hacen una profecía autocumplida, porque si fuera cierto también habría que pensar que la Argentina está condenada a ser mal gobernada, como ha venido siendo gobernada hasta ahora por el peronismo. Entonces el problema nuestro es que la oposición no asoma, no tiene liderazgo de recambio. Es sorprendente la poca capacidad de armar agenda y consenso en la oposición. Uno se resigna a pensar que no han levantado cabeza aquellos que podrían proponer un camino alternativo, para hacer las cosas bien. Porque hay ciertos puntos muy claros si vos mirás al Frente Amplio Progresista o al radicalismo o al peronismo.

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La inflación como herramienta para ganar elecciones: el caso argentino (2003-2012) Ignacio Tomás Claut

Licenciado en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, coordinador y editor de la Revista Espacios Políticos y Assistant Researcher GIGA institute, Hamburg, Germany.

El presente artículo tiene como objetivo explicar, desde una óptica particular, uno de los motivos por los cuales la inflación argentina ha crecido aceleradamente en los últimos años. No se pretende aquí plantear una teoría novedosa ni mucho menos. Todo lo contrario, se empleará una idea que data de 1983 expuesta por el economista Samuel Brittan que se aplica de manera muy precisa para explicar ciertas dinámicas económicas de nuestro país.

Es posible que no se esté planteando nada novedoso, y que la conclusión a la que se llegará sea poco sorpresiva. No obstante, merece la pena ser planteada debido a que no ha sido expuesta, hasta el momento, por lo más entendidos de la materia.

La investigación permite, además, mostrar cómo esta política inflacionaria revela, entre otros tantos motivos, la explosión en la relación entre el líder de la CGT, Hugo Moyano y el Gobierno Nacional cuando, tiempo atrás, parecían aliados inseparables.

En especial con la actual presidente de la nación, Cristina Fernández de Kirchner.

En su texto, Brittan plasma ciertas afirmaciones que resultaron muy clarificadoras al momento de aplicarlas para el caso argentino. El autor no se refiere a nuestro país en particular, sino que hace un planteo que pretende derivar, en forma generalizada, a la gran mayoría de las democracias mundiales. Específicamente, argumenta que hay una relación entre la dinámica de los sistemas democráticos de gobierno y el aumento de la tasa de inflación de los mismos. Intuitivamente, además, asevera que los gobiernos (los que intentan lograr una re elección) uti-

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lizan a la inflación como un mecanismo para lograr conseguir la mayor cantidad de votos posibles.

La inflación actúa como un impuesto para el ciudadano común. Es decir, debido a que en el mundo real no hay información perfecta -mucho menos en Argentina-, la negociación por los salarios suele ser menor a la inflación real, por lo que los trabajadores se ven perjudicados con esta dinámica. Es decir, en el corto plazo, no lo notan debido a que perciben un aumento nominal sus salarios. Hasta aquí nada nuevo. No obstante, además de actuar como impuesto, la inflación genera un ahorro significativo a nivel fiscal por las deudas indexadas por CER, dado que, marginalmente, el costo de la deuda tiene relación con la inflación esperada. A su vez, el ahorro por deuda genera mas capacidad fiscal para inyectar en la economía local. ¿Es casualidad que en 2007, momento en que la inflación comienza una escalada considerable respecto de años anteriores, el Gobierno Nacional haya modificado los criterios de medición del INDEC? Teniendo esto en consideración parecería que no.

Sin embargo, esta tesis también relaciona

a la inflación con los momentos eleccionarios. Una expansión monetaria y fiscal, que genera un aumento del nivel inflacionario, tiene como consecuencia un crecimiento del producto nacional y un aumento de las tasa de empleo en el corto plazo. En el largo plazo dicho gobierno, si tiene intenciones de controlar la escalada inflacionaria, deberá enfriar la economía, razón que causará una disminución del producto bruto nacional y del empleo. Pero eso no importa, afirma Brittan, debido a que las políticas contractivas serán llevadas a cabo una vez ganadas las elecciones y al comienzo del nuevo mandato, por lo que la gente lo olvidará en la elecciones venideras ya que el producto volverá a aumentar como consecuencia de una nueva política monetaria y fiscal expansiva. En definitiva, el fin último de los partidos políticos es el de sobrevivir y obtener mayoría en las elecciones para detentar el poder.

La cuestión, entonces, pasaba por comprobar si esta idea es aplicable a nuestro país. Al analizar los datos, encontramos que en 2007 la inflación argentina aumentaba considerablemente respecto de 2006 (ver Gráfico 1).

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Fuente: Cosas que Pasan en base a Direcciones

Fuente: Mundo Macro, Dirección

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Provinciales de Estadística

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brerogris.blogspot.com” http://elhombrecitodelsombrerogris.blogspot.com

Desde febrero hasta octubre de 2007 –mes en donde se llevó a cabo la elección- la inflación acelera rápidamente mientras que en el último bimestre vuelve a disminuir.

Paradójicamente, luego, en enero de 2008 hasta abril, la inflación vuelve a aumentar, lo que no tendría sentido en nuestra explicación. Sin embargo, esto nos lleva a otra de las cuestiones que ya hemos mencionado. Entre febrero y abril, por lo general, se llevan a cabo las negociaciones paritarias entre sindicatos y gobiernos.

Los gremios, enterados de esta situación, tienden a realizar reclamos por encima de la inflación real a la hora de negociar los salarios previendo que los precios pueden continuar subiendo en el futuro. Es un espiral de expectativas.

Así lo demuestra también Adolfo Safrán cuando se pregunta si la política monetaria es la causa de la inflación y termina por descubrir que “Así, por ejemplo durante el año 2007, la [Base Monetaria] BM creció un 52,5% y en ese mismo año el PBI creció un 8,6% con lo cual durante ese año se alentó un proceso inflacionario del 40,4% cuyos efectos se sienten en la actualidad […]En cambio, durante los años 2008 y 2009, el resultado nos arroja un aumento de precios inducido del 2,2% anual y negativo del 3% respectivamente” . (Ver Cuadro 2)

URL: HYPERLINK “http://www.mundomacom.ar/?p=219

No sería un problema la suba de los precios si esta estrategia hubiese sido utilizada por el gobierno de manera esporádica como recurso para el año 2007. Sin embargo, si la dinámica se repite y la inflación continúa su marcha ascendente, los ajustes deben ser cada vez mayores y frecuentes. Era, pues, tiempo de comprobar si lo mismo sucedía para la elección de 2011. Mientras que en 2009, también producto de la crisis internacional, es cierto, el nivel de inflación estuvo, en su mayoría, entre el 10 y el 15%, para 2010 volvió a aumentar y a partir de junio de ese año se mantuvo en un promedio de 24%. Cabe recordar que las últimas elecciones tuvieron un cambio y hubo elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias) en agosto.

Una vez más, un año antes a las elecciones la inflación volvió a subir.

Esto tiene diversas consecuencias. Por un lado, mientras que en 2007, luego de la escalada inflacionaria, ésta logró disminuir a niveles del 15% porciento, posteriormente, en 2011, con la estrategia repetida, ya los niveles no lograron bajar a esas cifras y hoy, en un año de crecimiento reducido –distintas consultoras prevén un crecimiento del Producto Bruto Interno entre un 2 y un 4%- en comparación a los anteriores, el nivel de inflación se mantiene en 22%.

Por otro lado, el reclamo por parte de Hugo Moyano, la CGT, y especialmente

desde el gremio de camioneros, ha llegado a niveles sumamente altos. Esto lleva, a un inevitable choque entre el líder sindical y el gobierno debido a que, basándose en la inflación actual y teniendo en consideración la inflación esperada, desde la CGT realizan reclamos que son imposibles de satisfacer desde el Estado. Así, la relación Moyano-Gobierno Nacional estaba condenada al fracaso. Claro que hay otros factores, políticos, que explican el desenlace de la relación Moyano/Cristina Fernández de Kirchner tales como, la disputa por bancas en el Poder Legislativo, la quita del manejo de recursos relacionados a las obras sociales sindicales por parte del Gobierno Nacional a la CGT, o lo inquietante que resulta para la presidenta el crecimiento político de Moyano de cara a las elecciones de 2015.

No obstante, el planteo que aquí se hace no puede ser pasado por alto como uno de los motivos relevantes para la ruptura de la relación entre ambos debido a la inevitable tensión que dicha situación genera.

En suma, este trabajo no pretende convertirse en la guía para entender el funcionamiento de la economía argentina ni mucho menos. Lejos de ello, haciendo un análisis superficial de la situación político-económica del país procuró echar luz sobre una de las tantas cuestiones que venían sucediendo en la Argentina y que explican uno de los temas centrales de los debates actuales, como es la inflación, pero que no habían sido abordadas por aquellos más entendidos en la materia.

Queda un largo camino por recorrer y esperamos que este sea la punta del iceberg para una futura investigación más profunda y acabada sobre la relación entre elecciones/política monetaria/inflación.

Referencias Brittan, Samuel, Inflación y Democracia, en “La Economía Política de la Inflación”, Hirsch, Fred y Goldthorpe, John H, México, Fondo de Cultura Económica, 1983.

El Coeficiente de Estabilización de Referencia

(CER), es un índice de ajuste diario, el cual es

elaborado por el Banco Central de la República

Argentina (BCRA). Este indicador refleja la evo-

lución de la inflación, para lo cual se toma como base de cálculo la variación registrada en el Indice

de Precios al Consumidor (IPC), el cual es elabo-

rado por el INDEC (Instituto Nacional de Esta-

dística y Censos). El CER tiene su origen luego de

45

Espacios Políticos

la “pesificación” de créditos y deudas en moneda

LINK

“http://www.utdt.edu/ver_contenido.

exista esa relación. En el caso de la situación a la

Decreto N° 214/2002. Fuente: zonabancos.com,

http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_

este término. Más aún, funciona como funda-

extranjera establecida por el gobierno mediante el URL: HYPERLINK “http://www.zonabancos. com/ar/blog/13627-que-es-el-coeficiente-de-es-

tabilizacion-de-referencia-cer.aspx” http://www.

zonabancos.com/ar/blog/13627-que-es-el-coeficiente-de-estabilizacion-de-referencia-cer.aspx

Panebianco, Angelo, Modelos de Partido, Alianza Universidad, 1982

Se toma a la candidatura de Cristina Fernández

php?id_contenido=2593&id_item_menu=4988” contenido=2593&id_item_menu=4988; Acciones de Bolsa, Fuente URL:

HYPER-

Cosas que Pasan en base a Direcciones Provin-

inflacion-argentina” http://accionesdebolsa.com/

LINK

k-es-aplaudido-por-economistas-criticos.html/ el-modelo-k-es-aplaudido-por-economistas-cri-

ticos.html/inflacion-argentina, calificado como el mejor blog en finanzas de 2011 por bolsalia

Safrán, Adolfo, La Dinámica de la Inflación en

Esta información ha sido obtenida y verifi-

Dirección URL: HYPERLINK “http://www.

cada de las siguientes páginas web: Cosas que

Pasan en base a Direcciones Provinciales de Estadística, Dirección URL:

HYPERLINK

“http://elhombrecitodelsombrerogris.blogspot.com”

http://elhombrecitodelsombrerogris.

blogspot.com; Centro de Investigación en Finanzas, Escuela de Negocios, Universidad Torcuato Di Tella, Dirección URL: HYPER-

mento para lo que se pretende explicar.

LINK “http://accionesdebolsa.com/el-modelo-

de Kirchner como una relección al gobierno de Néstor Kirchner, su marido.

que aquí se trabaja perfectamente puede aplicarse

la Argentina (primera parte), en Mundo Macro, mundomacro.com.ar/?p=219” http://www.mundomacro.com.ar/?p=219 , 2010

Es necesario explicar que la “inflación” a la que Adolfo Safrán hace referencia no es en realidad inflación , sino la diferencia entre aumento en la

base monetaria y aumento en el PBI. Sólo bajo ciertas condiciones esa diferencia va a ser parecida a la inflación, pero es lógico que muchos años no

ciales de Estadística, Dirección URL: HYPER-

“http://elhombrecitodelsombrerogris.

blogspot.com”

http://elhombrecitodelsombre-

rogris.blogspot.com; Centro de Investigación en Finanzas, Escuela de Negocios, Universidad Torcuato Di Tella, Dirección URL: HYPERLINK

“http://www.utdt.edu/ver_contenido.

php?id_contenido=2593&id_item_menu=4988” http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_ contenido=2593&id_item_menu=4988;

Acciones de Bolsa, Fuente URL: HYPERLINK “http://accionesdebolsa.com/el-modelok-es-aplaudido-por-economistas-criticos.html/

inflacion-argentina” http://accionesdebolsa.com/ el-modelo-k-es-aplaudido-por-economistas-cri-

ticos.html/inflacion-argentina, calificado como el mejor blog en finanzas de 2011 por bolsalia

ENTREVISTA

DEL OTRO LADO DEL MOSTRADOR: (CIENCIA) Vanesa Kolodziej* POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA ¿Qué te llevó a estudiar ciencia política?

Buscar una formación completa.

para los desafíos y me acercó a la economía, la matemática, los negocios... y eso me fue empujando a los negocios.

¿Qué respondías cuando te preguntaban “de qué trabaja un politólogo”? ¡De todo! Desde en la política, las ONGs, la educación y los negocios.

¿Cómo te llevás con las redes sociales? ¿Qué redes usás? ¿Te sirven para sumar valor a tu trabajo?

Todas: Facebook, Twitter, LinkedIn, Quora, SlideShare, Angel.co

Hoy la salida profesional del politólogo se ha ampliado. ¿Qué sentís que aportás y que ganás al trabajar con otras disciplinas?

Aporto pensamiento global y humanístico, gano pensamiento sistémico de las disciplinas duras. ¿Te veías trabajando donde estás hoy o te pensabas embajador o político? ¿Por qué fuiste cambiando?

No cuando entre en la carrera, pero sí cuando salí. La educación que recibí en la Universidad de San Andrés me preparó

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¿Qué libros o autores volverías a leer hoy? ¡Toda mi carpeta de Historia Económica!

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Avc.com venture capital *Managing Partner, Nazca Ventures Ciencias Políticas, Universidad de San Andés @vanesak

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Sobre la transición (incierta) desde el autoritarismo: factores locales que inclinan la balanza Hernán Pablo Toppi

(UBA-CONICET) hernantoppi@gmail.com

A mediados de los años ochenta se publicó una obra fundamental para el estudio de las transiciones desde un gobierno autoritario. Su título es Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies (1986). No mucho tiempo atrás, ante la aparición en castellano de una nueva edición de este libro un colega me discutió sobre la utilidad de traerlo nuevamente a la luz, bajo el pretexto de ser un texto escrito hace casi tres décadas atrás y que ya había quedado desactualizado. Diferente era mi posición en la charla, ya que no era de escepticismo sino de felicidad ante la novedad que encontraríamos en las librerías. Esto por dos razones fundamentales: Primero porque al fin podría abandonar las fotocopias y pasar a tener el libro; segundo porque intuía que leer y releer Transiciones, podría ofrecer nuevas discusiones y miradas para comprender la realidad actual del tópico bajo estudio en sus páginas.

Rápidamente aparecieron hechos que alimentaron favorablemente mi sospecha sobre la utilidad contemporánea de Transiciones. Por un lado, porque los autores del mismo continuaron debatiendo sobre lo expuesto en la obra (O’Donnell 2011, Schmitter 2011). Por otro, debido a los procesos sucedidos recientemente en diversos países de África y Asia que pretenden (aparentemente) alejarse del autoritarismo, aunque sin saber bien hacia dónde ir.

Las breves líneas que aquí presentamos buscan reflexionar en dirección a la segunda cuestión mencionada, haciendo foco sobre dos escenarios diferentes. El primero refiere a los procesos recientes de diversos países de África y Asia que han intentando abandonar el autoritarismo con el fin de instaurar “un régimen democrático”. Esto nos llevará al interrogante de ¿qué factores locales son claves para el éxito de dicha empresa? La segunda se circunscribe a otros países de la región que también se encuentran bajo regímenes autoritarios pero que no muestran indicios reales de comenzar un proceso de transición. La pregunta que intentamos evaluar es ¿por qué esto es así?

Antes de ir al planteo en sí, debemos mencionar algo que señala Schmitter (2011) y que debe ser tenido en cuenta para nuestros casos. El autor propone que existen determinados factores que pueden ser considerados indispensables para una democratización, pero que para él, en realidad no lo son. El primero refiere a la cultura cívica. De acuerdo a Schmitter, este factor no debe ser considerado como un condicionante para el surgimiento de una democracia sino que más bien es un resultado del régimen democrático. El segundo, se vincula con las precondiciones socioeconómicas, ya que para la generación de este proceso no sería excluyente el contar con buenos indicadores de empleo, igualdad y crecimiento económico. Creemos que es importante tener presente estas dos ideas, pues siguiendo a Schmitter (2011) podemos decir que para los países de África y Medio Oriente no representaría un obstáculo para aspirar a un proceso de democratización, el carecer de un signo positivo en los indicadores “culturales” o “socioeconómicos”. Ahora bien, como hemos mencionado, en estas dos regiones del mundo (con una situación social, política y económica similar) se han manifestado diferentes escenarios ante la intención de una transición desde el autoritarismo. Si las razones para esta diversidad no son culturales ni económicas, debemos entonces investigar sobre cuáles son las que cumplen un rol

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Espacios Políticos

importante para influir sobre las transiciones. A continuación, intentaremos ensayar una respuesta.

Una transición comienza con la promesa de la liberalización de los derechos civiles y políticos. Ahora bien, liberalización no es democratización, pues con la primera, gobiernos autoritarios han pretendido aplacar la movilización social y sostener la legitimidad del régimen autoritario (O’Donnell y Schmitter 1986). Es en este sentido, que Steven Levitsky y Lucan Way (2003) han acuñado el término de “autoritarismo competitivo” con el fin de etiquetar a gobiernos autoritarios que aceptan determinadas dimensiones propias de una democracia para mantenerse en el poder. De esta manera, para que el proceso no se “congele” en la liberalización y se avance hacia la democratización, son fundamentales otros factores a nivel local. Podemos resumirlos en dos: Primero, que la transición no sea controlada por los gobernantes ya que esto daría lugar a una “transición pactada” (Karl y Schmitter 1991) que dificultaría el avance hacia una democratización. Es por esto, que las transiciones más favorables tienden a realizarse en momentos de crisis y desprestigio del gobierno, donde las autoridades poseen menos control y donde otras elites tienen mayor poder para abogar por las reformas (O’Donnell y Schmitter 1986). En segundo lugar y en relación a esto último, la sociedad civil debe tener un rol preponderante sobre el proceso, pues el “levantamiento popular” de la misma (O’Donnell 2011) debe servir para presionar a las autoridades en pos de que abandonen la zona de confort de la simple liberalización y avancen hacia la democratización (Schmitter 2011).

Vemos pues que en función de nuestra primera pregunta, un proceso de liberalización para abandonar el autoritarismo y poder aspirar a dar un paso más hacia la democracia, debe darse en un contexto donde las autoridades no tengan control de la situación, sino donde las elites reformistas y la sociedad civil puedan presionar exitosamente en procura de la transición democrática. Países como Bahréin, Egipto, Libia, Túnez, Yemen y en tiempos más recientes Siria, se han visto sitiados por revueltas civiles que han puesto en jaque la legitimidad del régimen autoritario vigente. No obstante, estas transiciones (o por lo menos “un intento de” cómo es el caso de Siria al momento de escribir estas líneas) se encuentran aún en desarrollo, por lo que tienen aún un futuro incierto, el cual dependerá, siguiendo la segunda condición mencionada recién, de las posibilidades y comportamientos que tengan las élites reformistas. Es decir, habrá que analizar a futuro si estos sectores aspiran realmente a una democracia, o a imponerse como los nuevos sectores dominantes en términos de una “reconfiguración” de un autoritarismo, ya sea clásico o competitivo (Levitsky y Way 2003). Independientemente de cuál sea el desenlace final, ya se han dado algunos resultados en línea con el argumento. En Egipto, Túnez, Libia y Yemen han sido depuestos gobiernos autoritarios con décadas en el poder, siendo el objetivo aparente de estos procesos el encaminarse hacia reformas prodemocráticas. En casos como el de Siria, donde las autoridades aún se encuentran en sus cargos, las revueltas y presiones civiles están ya presentes aunque todavía dentro de un contexto de violencia y represión por parte del gobierno hacia los “rebeldes”. Como vemos, estos ejemplos están en diferentes etapas de un proceso transicional pero que compar-

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ten determinadas características: un gobierno jaqueado y deslegitimado y una sociedad civil movilizada.

Ahora bien, y siguiendo nuestra segunda pregunta ¿por qué lo anterior no se aprecia en otros países de la región donde existen regímenes también autoritarios? Como decíamos, liberalización no es democratización y para que una pueda llevar a la otra, es necesario que las elites gobernantes no controlen el proceso y que la sociedad civil pueda presionar por las reformas. En países como Arabia Saudita e Irán, esto no ha sido así pues la liberalización ha tendido a ser débil justamente porque ha sido controlada y tutelada por las autoridades que, valga el dato, son consideradas legítimas. A esta situación se le suma la existencia de una sociedad civil dócil (Schmitter 2011) que no discute el statu quo imperante. Un ejemplo reciente de esta situación ha sido Irán, donde el gobierno logró sofocar y prohibir rápidamente las manifestaciones que se desarrollaron en apoyo a la transición egipcia. Como corolario, el proceso de liberalización se ha estancado y no ha avanzado, al no existir ni un contexto favorable (gobiernos deslegitimados) ni sectores reformistas con poder para impulsarlo.

Para concluir, en estas breves líneas buscamos reflexionar sobre algunos factores que nos ayuden a comprender, por qué en algunos países se pretende superar la mera liberalización transformándose en procesos de transición (aunque inciertos), mientras que en otros países (también autoritarios) esto no sucede. Siguiendo principalmente los trabajos de O’Donnell y Schmitter hemos visto que para que esto ocurra es importante la participación activa de la sociedad civil y de elites reformistas con el fin de impulsar las transformaciones pertinentes y así poder doblegar el poder de las autoridades existentes. Sin estos elementos el proceso sería “tutelado”, dificultándose el objetivo de máxima de los casos que aspiran a la transición que es la democracia. No obstante, esto representa solo el puntapié inicial de estos procesos transicionales, siendo aquí donde encontramos la incertidumbre que los caracteriza. Los procesos actuales que manifiestan la intención de arribar a un régimen democrático, no solo deberán ser conducidos por actores que prediquen en esta línea, sino que también deberán estar acompañados de un desarrollo cultural que defienda los valores de la democracia y elimine los vestigios autoritarios.

Referencias Levitsky, Steven y Way Lucan (2003) “Autocracy by Democratic Rules: The Dynamics of Competitive Authoritarianism in the PostCold War Era” Trabajo preparado para la conferencia “Mapping the Great Zone: Clientelism and the Boundary between Democratic and Democratizing”. Universidad de Columbia. 4 y 5 de Abril de 2003.

Karl, Terry Lynn y Schmitter Philippe (1991) “Modos de transición en América Latina, Europa del Sur y Europa del Este” en La Hora De La Democracia 128, Junio de 1991 (páginas 283300).

O’Donnell, Guillermo (2011), “La retrospectiva de Schmitter: Algunas notas de desacuerdo”, en Revista POSTData 16 Nº1 (páginas 2731).

O’Donnell Guillermo y Schmmitter Philippe (1986) Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, Baltimore: John Hopkins University Press.

Schmmitter, Philippe C. (2011), “Veinticinco años, quince hallazgos”, en Revista POSTData 16, Nº1 (páginas 1125).

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ENTREVISTA

DEL OTRO LADO DEL MOSTRADOR: (CIENCIA) Ignacio Duelo Van Deusen* POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA ¿Qué te llevó a estudiar ciencia política?

El deseo de abarcar en una sola carrera varias disciplinas que me interesaban: economía, historia, filosofía, psicología, comunicación. Con esa base teórica, me proponía adquirir luego una práctica con la cual especializarme y combinar el “qué” (lo que me gustaba) con el “para qué” (lo que me convenía). ¿Qué respondías cuando te preguntaban “de qué trabaja un politólogo”?

Respondía que se abrían campos en lobby, diplomacia, comunicación y política pura (agonal y arquitectónica, para usar términos de nuestra jerga).

Hoy la salida profesional del politólogo se ha ampliado. ¿Qué sentís que aportás y que ganás al trabajar con otras disciplinas?

Creo que el ejercicio de la comunicación exige una visión y una cultura general que no observo en otros colegas más apegados a ciertas técnicas, también necesarias pero insuficientes. La Historia del Arte, por ejemplo, es una disciplina que en nuestra carrera (y en mi hogar) aprendí a valorar e integrar con una mirada académica abarcativa. Al ser politólogo, puedo leer, hablar y escuchar sobre cuestiones de otros campos académicos sin sentirme perdido en tierras desconocidas. Nuestra carrera brinda un mapa, luego hay que reconocer cada terreno en detalle si es necesario. Hasta en el colorido arte de la conversación -imprescindible en esto de la comunicación- viene bien el panorama de un politólogo.

En el mundo actual, los saberes y las dudas, las razones y las emociones, se entremezclan en el escenario y en el discurso público, y creo que en ese sentido el doble diploma de politólogo y comunicador es un privilegio que ayuda. ¿Te veías trabajando donde estás hoy o te pensabas embajador o político? ¿Por qué fuiste cambiando?

Siempre me gustó la comunicación, era una de las alternativas que manejaba, y es lo que hago actualmente. Cuando decidí estudiar Ciencias Políticas me decían que no iba a tener salida laboral e incluso una empresa me negó una beca porque argumentaban que no era una carrera seria. Siempre

creí que estaban equivocados, y que después de la carrera de grado me especializaría, y que esta especialización facilitaría en gran medida la inserción laboral. Afortunadamente, esa visión fue correcta. ¿Cómo te llevás con las redes sociales? ¿Qué redes usás? ¿Te sirven para sumar valor a tu trabajo?

Me llevo muy bien con las redes, desde que empezaron a surgir en el escenario público. He predicado (no quiero decir “liderado”, que suena jactancioso) su aprovechamiento en las organizaciones en las que trabajé, y por supuesto han sumado mucho valor a mi trabajo en cuanto me dedico a la comunicación, una de cuyas mitades es escuchar. Las redes sociales son un formidable instrumento de escucha y conversación.

Uso en mayor o menor medida las más populares: Twitter, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest y la plataforma Blogger. ¿Qué libros o autores volverías a leer hoy?

La brillante historia de las ideas políticas de Sabine; la historia de la diplomacia moderna de Kissinger, y varios clásicos: Aristóteles, Maquiavelo, Kant, Ortega y Gasset, Locke y otros.

También a Gilles Lipovetsky, en su descripción tan exacta de la posmodernidad. No incluyo aquí obras de comunicación, con las que me topé en mayor medida en el Máster posterior.

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Debo honrar a Benito Castro, bloguero español que me inspiró para iniciar mi propio blog de comunicación hace ya más de 5 años (hoy bastante abandonado por falta de tiempo). También a Cristina Aced con su Blogocorp. En inglés, muchísimos: por ejemplo, “Online Public Relations”, “PR Conversations” o “Crisis Blogger”. *Jefe de Prensa y Comunicaciones de Ledesma SAAI. Licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales - Universidad Católica Argentina.

Máster en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones Universidad Austral@IgnacioDuelo HYPERLINK “http://podemoshablar.blogspot.com.ar/” http://podemoshablar.blogspot.com.ar/

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Venezuela: entre Chávez y las Fuerzas Armadas Elliot Sucari

Licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente trabaja en el proyecto Liderazgo, renovación política y prácticas democráticas en América Latina, dirigido por Rut Diamint y Laura Tedesco, financiado por la fundación Open Society. elliot@sucari.com Las Fuerzas Armadas vuelven a ser importantes para la permanencia de algunos gobiernos latinoamericanos. Los militares han comenzado a ocupar mayores espacios de poder político traduciéndose en un incremento de influencia, injerencia e intromisión en la toma de decisiones. Los golpes de estado en Venezuela en el 2002 y Honduras en el 2009 sirven como ejemplos perfectos para ilustrar esta tendencia. Estos eventos desnudan a las Fuerzas Armadas como los máximos responsables de garantizar orden, ya sea manteniendo el orden político actual o rompiendo con el orden democrático para crear otro.

A una década del golpe fallido del 2002, la posición de Hugo Chávez, a causa de su cáncer y una débil coyuntura política y económica, pareciera estar debilitándose y su futuro como caudillo venezolano apagándose. Sin embargo la continuidad de Chávez al frente de la República Bolivariana depende mucho más de las Fuerzas Armadas que de la oposición o de sí mismo.

En primera instancia parece adecuado preguntarse cuán mal se encuentra la salud del presidente. El alcance de la enfermedad que padece es una incógnita. Hasta el día de hoy se conoce poco sobre el diagnóstico o el tratamiento. Entre lo publicado con cierto grado de certeza, sabemos que tuvo que someterse a dos operaciones de alta complejidad. De acuerdo a publicaciones en The New York Times, los doctores que lo vieron declararon que el cáncer, un tipo de rabdomiosarcoma que comenzó en el musculo psoas, se le expandió hacia los huesos y que está en una etapa avanzada, por lo que la cura no parecería nada fácil por no decir incurable. A su vez, el especialista Rafael Marquina aseguró que el bolivariano tiene metástasis en la glándula adrenal, el hígado y en la cavidad pélvica, e incluso vaticinó que al presidente de Venezuela le quedan entre 12 y 15 meses de vida. El hecho de que sus apariciones públicas sean cada vez más esporádicas parece confirmar la gravedad de su situación.

Sin embargo en sus recientes apariciones públicas si bien Chávez luce hinchado y con menos energía, no está demacrado ni débil y los vaticinios negativos no se están cumpliendo.

Sin duda Chávez es el pilar y el sostén que liga las distintas

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facciones del gobierno venezolano por lo que el avance de su enfermedad es central para el futuro. No obstante dentro del gobierno existe un actor muy poderoso: las Fuerzas Armadas.

Actualmente el escenario esta dividido en tres facciones: el “ala oficialista”, el “ala opositora” y las Fuerzas Armadas. La primera está compuesta por Chávez, el PSUV (Partido Socialista Unido Venezolano) y las milicias bolivarianas (ejercito paralelo integrado por militantes del partido). Las facciones dentro del PSUV cuentan cada una con sus propias ambiciones internas y por eso la importancia de Chávez como el eje unificador.

El “ala opositora” se concentra en una coalición ad hoc, que si bien tiene sus ambiciones internas, se mantiene unida principalmente por su enemistad con Chávez bajo la denominada Mesa de Unidad, liderada por el candidato a presidente Henrique Capriles.

Por último se encuentran las Fuerzas Armadas que, si bien respaldan a Chávez, cuentan con gran autonomía, y se los debe considerar como un actor independiente. Su poder se observa por el rol clave que mantuvieron en el 2002 para defender la continuidad del gobierno en el fallido golpe de Estado, por los espacios de poder que ocupan en el gobierno Chavista (ya que “más de la tercera parte de los gobiernos regionales están en manos de militares” y en los nombramientos del General Lameda como director general de Petróleos de Venezuela –PdVSA- y del General Cipriano Martínez Morales como vicepresidente de PdVSA en octubre del 2000) y por los altos niveles del gasto público destinados al área militar y a la compra de equipamiento destinando el 1.3% del PBI para comprar aviones y misiles de última generación. A estas cifras, hay que sumarle el incremento al presupuesto de Defensa para 2012 que registra un incremento del 260% comparado al año anterior para continuar equipando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estas acciones destinadas al incremento del gasto militar, no responden únicamente a una visión de balance de poder regional, sino que también representan una clara muestra de las concesiones y las prerrogativas que lograron los militares en Venezuela durante este gobierno. Chávez tuvo que concederles a las Fuerzas Armadas ciertas prerrogativas para intentar cooptar a un actor que demostró su peso e independencia en la resolución del golpe de estado del 2002. En suma las Fuerzas Armadas lograron imponer sus intereses en la formulación de la política externa e interna del gobierno venezolano.

Hoy día, la pérdida de poder político de Chávez es real, pero igualmente se perfila como el ganador en los comicios del 7

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de octubre. Sin embargo, si los pronósticos sobre su salud son reales y su poder comienza a flaquear el escenario futuro dependerá mayoritariamente de la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas (entendido como la existencia de una conciencia política por parte de los militares) y su nivel de unidad o fragmentación. Las mismas se han consolidado como un actor fundamental en la política venezolana debido a su desarrollada conciencia política, los cargos políticos que ocupan sus miembros, el nivel de corrupción interno y la avanzada infraestructura que poseen, otorgándoles un poder mayúsculo en el frente interno.

Es por ello que Chávez ha estado cortejando cada vez más a las Fuerzas Armadas desde que apareció su enfermedad. Como afirmó un académico venezolano: “él hace de todo, nombra ministros pone gente acá, allá, pero en realidad hay una línea bastante constante que es reforzar las Fuerzas Armadas, [para] tratar de asegurarse que cuando se le ocurra hacer una locura que [los militares] los van a acompañar”. Esta estrategia de nombrar a militares en sectores claves, de incrementarles el sueldo y su infraestructura, es para cooptar a este actor dentro de la línea híper-Chavista frente a su inminente debilidad. Sin embargo, en su necesidad de reafirmar incesantemente que las “Fuerzas Armadas son Chavistas” confirma que su apoyo no es tan certero.

Dado este contexto, la pregunta elemental a responder para comprender el futuro de Venezuela es: ¿Hasta qué punto los militares van a seguir a Chávez? Es pertinente conocer los límites del apoyo de las Fuerzas Armadas hacia el Chavismo.

Siguiendo con esta línea de pensamiento, para comprender el futuro de Venezuela frente a una posible desaparición de Chávez de la escena política, es necesario analizar a los actores del “ala oficialista”, en especial al canciller Nicolás Maduro y al ministro de Defensa Henry Rangel Silva, y del “ala opositora” desde su específica relación e interacción con las Fuerzas Armadas.

Frente a este escenario y a partir de lo que han demostrado los hechos pasados, se puede concluir que las Fuerzas Armadas son garantes del orden y propietarios del poder político en Venezuela. Ellas han sido la variable endógena que a partir de su

nivel de unidad, desprofesionalización y coordinación explican el futuro orden político interno. Por ende es necesario entender la dinámica e intereses de los militares de Venezuela por encima de las dinámicas de la Mesa de Unidad liderada por Capriles y de la elite Chavista liderada por Diosdado Cabello para comprender la política Venezolana en la era Post Chávez.

Bibliografía Markous María Paula, “Tiene un cáncer incurable, que ahora está en remisión”, La Nación, 28 de Julio 2012. Fuente: HYPERLINK “http:// www​.lanacion.​com.ar/149​4064-tiene​-un-cancer​-incurable​-que-ahora​ -esta-en-r​emision” http://www​.lanacion.​com.ar/149​4064-tiene​-un-cancer​-incurable​-que-ahora​-esta-en-r​emision “Difunden imágenes de Chávez para llevar calma al pueblo venezolano” Selsol, 9 de marzo 2012.

Rut Diamint, Laura Tedesco, “El futuro de Venezuela ya no pasa por Hugo Chávez”, Fride, No. 68, noviembre 2011.

Shifter Michael, “En busca de Hugo Chávez”, Foreign Affairs en español, Vol.6, No. 3, julio-septiembre 2006.

El presupuesto destinado a las FFAA incrementó de 1.724.883 dólares en 2011 a 4.508.314.833 en el 2012, sin contabilizar la inflación. Fuente: HYPERLINK “http://www.fuerzasmilitares.org/noticias/mundo/ america/90-venezuela-aprueba-un-presupuesto-de-defensa-de-4508millones-de-dolares” http://www.fuerzasmilitares.org/noticias/mundo/ america/90-venezuela-aprueba-un-presupuesto-de-defensa-de-4508millones-de-dolares Argumento que es un actor independiente ya que en el golpe del 2002 la FFAA estaban fragmentadas cuando la mayoría de los oficiales de alto rango fueron en contra de Chávez que sin embargo logró el apoyo de la mayoría de la bases militares. La fragmentación demostró que las mismas pueden estar cooptadas por el gobierno, pero que también pueden ser independientes.

Más información en: Sucari Elliot, “Fuerzas Armadas en Venezuela y Honduras. ¿Autonomía o protección norteamericana?”, CERIR, Rosario, octubre-diciembre 2011.

Entrevista realizada el 7 de marzo de 2012. Identidad reservada.

Rodríguez Rafael, “Chavez: La Fuerza Armada es Chavista”, El Universal, 2 de febrero, 2012.

Sucari Elliot, “Fuerzas Armadas en Venezuela y Honduras. ¿Autonomía o protección norteamericana?”, CERIR, Rosario, octubre-diciembre 2011.

“Venezuela Prepares as Chavez health deteriorates,” Stratfor, Febrero 2012.

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Espacios Políticos

“Acceso a la información pública y rendición de cuentas en el nivel sub-nacional: un estudio exploratorio del caso argentino” Autores: Diego Gantus, Lucas Massuco y Cecilia de Michele

diegogantus@express.com.ar

A finales del siglo pasado, se hizo evidente el giro que en América Latina registró el debate democrático; en concreto, desde el estudio de las transiciones a la democracia y su consolidación, hacia la calidad de la democracia (Przeworski, 2010:2728). Este giro tuvo, entre otros efectos, el de renovar viejas preocupaciones sobre el funcionamiento de las democracias representativas. Este ensayo breve se interesa especialmente por aquellas relativas al acceso a la información pública y la transparencia, como condiciones necesarias (aunque no suficientes) de la rendición de cuentas.

Las relaciones entre estos tres términos lejos están de ser lineales. Una manera simplificada de ampliar el argumento es la que sigue: la transparencia en los actos de gobierno es más que el acceso a la información pública; de la misma manera, la rendición de cuentas es más que (o no puede derivarse sin más de) la transparencia. El acceso total a la información pública (acceso gratuito, libre, amigable, regular, confiable) no implica necesariamente transparencia en los actos de gobierno (aunque puede ser un indicador de ella) si no va acompañado de la explicitación de las razones que fundan las decisiones involucradas; de la misma manera que el acceso completo a la información y las razones que dan sentido a las decisiones políticas centrales no deriva necesariamente en rendición de cuentas de los funcionarios que las toman, si no existen a) ciudadanos u organizaciones interesadas en, o b) mecanismos formales para llevarla a la práctica, o c) sanciones para quienes no salen airosos del proceso.

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Debemos preguntarnos aquí si el acceso a la Información Pública Sensible (en adelante IPS) es o no una dimensión de la transparencia en los actos de gobierno; y esencialmente, si puede ser o no un punto de partida para la discusión sobre las condiciones en que la rendición de cuentas puede tener lugar. Este trabajo se inclina por la afirmativa en ambos casos, por referencia a la definición de Transparencia de los trabajos del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP): “... al deber de los poderes públicos de exponer y someter al análisis de la ciudadanía la información relativa a su gestión, al manejo de los recursos que la Sociedad les ha confiado, a los criterios que sustentan sus decisiones, y a la conducta de sus servidores” (Tesoro, 1999:5) Al respecto, en los últimos años ha irrumpido tanto en el debate académico y político la noción de Gobierno Abierto.

Entendida como “...la evolución de nuestro sistema democrático de convivencia y valores, basada en el establecimiento de mecanismos para la transparencia de los gobiernos, así como de espacios permanentes de colaboración y participación de los ciudadanos más allá del ejercicio del derecho a sufragio cada 4 años. Hablamos, pues, de saltar desde nuestro viejo modelo de democracia representativa a un modelo de democracia conversacional y abierta, aprovechando las posibilidades que alientan las TIC’s a los ciudadanos de participar en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos... ” (Calderón y Lorenzo:9), esta noción tiene entre sus pilares a la Transparencia. Amén de las

discusiones que ha generado (Oszlak, 2012), ha revitalizado el debate sobre de los nexos entre Transparencia y Rendición de Cuentas, y el lugar que las TIC’s tienen en él.

A partir de estas preocupaciones, nos propusimos comenzar a diagnosticar los niveles de acceso a la IPS en el ámbito sub-nacional en nuestro país. Determinar estos niveles; buenas y malas prácticas, podría constituir un punto de partida para futuras indagaciones.

Con este propósito, imaginamos un set de IPS, que consideramos la mínima indispensable para que pueda afirmarse que existen condiciones materiales mínimas e iniciales para la rendición de cuentas (sea vertical electoral, vertical societal u horizontal).

Nos inclinamos por el siguiente set de IPS, lo que constituye aún una propuesta abierta: − − − −

Presupuesto Anual detallado Detalle de ejecución presupuestaria Boletín Oficial al día Detalle de la Coparticipación de impuestos provinciales con los Gobiernos Locales: − Procesos de compras y/o licitaciones, y su status (historia y status actual): − Padrón de Proveedores del Estado − Detalle de las audiencias del Gobernador y/o sus ministros y secretarios.

El acceso libre, amigable, regular y confiable a esta información constituiría, a su vez, un indicador no excluyente ni exhaustivo

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de los niveles de transparencia en los actos del gobierno sub-nacional en cuestión. Por todo ello, relevamos entre enero y marzo de 2012, en los sitios web de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para cada ítem, la existencia de información detallada al respecto se calificó con un valor igual a 2; la existencia de información agregada o parcial se calificó con un valor igual a 1; la ausencia de información equivalió a 0.

Aún cuando reconocemos que metodológicamente podría haber sido más conveniente ponderar la existencia o no de información detallada respecto de cada ítem, los objetivos de este trabajo no requerían un tratamiento diferencial. Ergo, el puntaje máximo que era posible obtener por cada unidad de gobierno era de 14 puntos (14/14= 1).

El resultado de nuestro relevamiento se resume en las siguientes conclusiones preliminares: 1. Ninguna de las unidades de gobierno sub-nacional publica en su sitio web, con regularidad, toda la información que aquí hemos denominado IPS. En otras palabras, ninguna de las jurisdicciones publica de manera regular, accesible y detallada, el conjunto mínimo de IPS, que este trabajo considera indispensable para que la rendición de cuentas tenga lugar, e importe.

2. El ranking encuentra en los puestos más altos a Mendoza (12 puntos), Córdoba y Catamarca (11 puntos) y Buenos Aires, Entre Ríos y CABA (10 puntos).

3. Río Negro no pudo ser medida, puesto que todo su sitio se hallaba en construcción al momento del relevamiento. Dicho esto, las últimas posiciones del ranking las ocupan La Rioja y Corrientes (1 punto), seguidas por Santa Cruz y Santiago del Estero (3 puntos).

5. Ningún sitio publica regularmente y con detalle las audiencias que los gobernadores o el jefe de gobierno y los ministros o secretarios sostienen. Sólo unos pocos casos publican algo parecido a una

agenda regular del Gobernador, pero no mucho más.

6. Casi el 80% de los gobiernos relevados publican y actualizan con periodicidad su Boletín Oficial en la web, siendo este el ítem que mejores resultados arroja a nivel agregado seguido por presupuesto detallado (el 70% de los gobiernos lo publica regularmente). Ese porcentaje desciende al 54% si nos referimos a la publicación detallada (como mínimo, cuatrimestral) de la ejecución presupuestaria.

7. Idéntico porcentaje de unidades de gobierno analizadas publican de forma sintética o detallada la coparticipación a municipios. Este detalle es particularmente relevante. La oscuridad del proceso de coparticipación es una habitual crítica (entre muchas otras) que los gobiernos sub-nacionales hacen a los sucesivos gobiernos federales; no obstante ello, sólo 7 de ellos publican información detallada sobre su desempeño como giradores de recursos.

8. Un número semejante (8 sobre 24) publica información detallada respecto a sus procesos de compras y licitaciones.

Es este un ítem particularmente sensible (junto con el Boletín Oficial al día y el Padrón de Proveedores detallado, constituyen probablemente un núcleo duro respecto de lo que es posible esperar en términos de acceso a información pública hoy en nuestro país. De más está decir que constituye un serio déficit a la luz de nuestro relevamiento).

9. Sólo 6 gobiernos tienen un padrón detallado de proveedores del estado que haga posible búsquedas inteligentes (por razón social, CUIT, domicilio, por citar sólo ejemplos) además de las licitaciones en las que ha intervenido.

La disparidad del acceso a la información pública es evidente, y aunque no sorprende, dispara preguntas bien interesantes susceptibles de abordar en futuros trabajos. La más importante quizás sea aquella sobre qué factor/es explica/n los resultados aquí consignados. Asimismo, es posible sofisticar la metodología, re-

visando los ítems que componen la IPS, y avanzando en su ponderación. Por último, y sobre todo, la profundización en el análisis de los mecanismos y dispositivos formales e informales (las condiciones institucionales arriba mencionadas) y los actores (de uno y otro lado del mostrador) que protagonizan la rendición de cuentas en democracia, es la tarea que nos toca.

Referencias.

Calderón, César y Lorenzo, Sebastián (2010): “Open Government – Gobierno Abierto”. Ed. Capital Intelectual (Argentina).

Oszlak, Oscar (2012): “Gobierno Abierto: promesas, supuestos, desafíos”, presentado a la VIII Conferencia Anual de INPAE. Disponible en www.oscaroszlak.org.ar Przeworski, Adam (2010 a): “Qué esperar de la Democracia. Límites y posibilidades del autogobierno”. Ed. Siglo XXI Editores (Argentina).

Tesoro, José Luis (1999): “Transparencia pública y tecnologías de gestión: la viabilidad de sistemas con transparencia inmanente en la administración pública”, Serie II “Estado y Sociedad”, N° 33 (Dirección Nacional de Estudios y Documentación, INAP). Disponible en www.sgp.gov.ar Siendo más bien la “amenaza de la sanción” (creíble), el engranaje más importante del mecanismo.

Ver VIII Conferencia Anual INPAE (Interamerican Network on Public Administration Education) HYPERLINK “http:// www.redinpae.org/”http://www.redinpae. org/; Foro PoliTics HYPERLINK “http:// foropolitics.org/”http://foropolitics.org/, y las iniciativas de la Casa Blanca HYPERLINK “http://www.whitehouse.gov/open”http:// www.whitehouse.gov/open, la Unión Europea HYPERLINK “http://eu-opengovernment. eu/opengovernment/”http://eu-opengovernment.eu/opengovernment/, o Argentina HYPERLINK “http://opengovernment.com. ar/”http://opengovernment.com.ar/, por citar sólo unos pocos ejemplos.

Conviene precisar que para que la rendición de cuentas tenga lugar, junto con la información los gobiernos deberían estar obligados a someter al escrutinio público las razones de sus decisiones, debería existir una sociedad civil interesada en, y deberían existir sanciones efectivas para quienes no estén a la altura (Schedler, 2008)

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ENTREVISTA

DEL OTRO LADO DEL MOSTRADOR: (CIENCIA) Marcos Westphalen* POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA ¿Qué te llevó a estudiar relaciones internacionales?

me imaginaba como político, por ejemplo.

Estudié Relaciones Internacionales porque los temas me apasionan, esto es, las relaciones entre países en distintos niveles: el político, el socioeconómico, el cultural, etc. Disfruto de las lecturas y los debates y también me gusta escribir.

Pero, por otro lado, el camino estaba ahí. Cuando era chico, me la pasaba dibujando “banderitas”, coleccionando estampillas de los distintos países... Y luego estudié Relaciones Internacionales. Y luego, en Google, tuve la oportunidad de trabajar para varios mercados diferentes... Asimismo, siempre me gustó coleccionar cosas o llevar las estadísticas de mi equipo de fútbol, de diversos juegos, etc. Y ahora trabajo en una empresa cuya misión es “organizar la información del mundo...”.

¿Qué respondías cuando te preguntaban “de qué trabaja un politólogo”?

Nunca lo supe ni lo tuve claro. Siempre pensé en la carrera más como un complemento a la persona que una definición de mis pasos futuros. No pensaba en trabajar como politólogo o internacionalista: pensaba en cómo la carrera me aportaba competencias, cómo me ayudaba a crecer, aprendiendo cosas nuevas, para luego plantear un nuevo camino (el laboral) a ser definido y con varias oportunidades abiertas.

Hoy la salida profesional del politólogo se ha ampliado. ¿Qué sentís que aportás y que ganás al trabajar con otras disciplinas?

En general, me parece bueno que las distintas disciplinas “se hablen” entre ellas. O que para un trabajo que requiere de ciertas habilidades, se piense más allá de la carrera que uno estudió. De esa manera es como realmente se abre la posibilidad a la conformación de equipos interdisciplinarios y, lo que eso aporta, en mi opinión, es innovación. Innovación entendida como miradas nuevas sobre un problema. En esa dinámica, uno gana muchas cosas, muchos aprendizajes, y también aporta su “granito de arena”. ¿Cuántos de nosotros pensamos que estábamos llamados a estudiar lo que estudiamos? ¿Estamos seguros de que, si las circunstancias jugaban distinto, nuestra vocación es tan fuerte que hubiéramos elegido exactamente la misma carrera que hicimos? ¿Te veías trabajando donde estás hoy o te pensabas embajador o político? ¿Por qué fuiste cambiando?

Sin dudas, al momento de hacer la carrera, no me imaginé este camino. Pienso que hice una carrera con mucho foco en la carrera misma, no tanto en una salida a futuro, por lo que no

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Hay temas o formas que creo que simplemente “están ahí” y el tiempo solo va haciendo su trabajo, pero no eran cosas que podría haber anticipado ni podría anticipar. ¿Cómo te llevás con las redes sociales? ¿Qué redes usás? ¿Te sirven para sumar valor a tu trabajo?

Me llevo bien. Uso Facebook, Twitter, LinkedIn y recientemente también Google+. Suman valor a mi trabajo porque me permiten conectarme con personas valiosas. ¿Qué libros o autores volverías a leer hoy?

Primero a Norberto Bobbio, luego a Samuel Huntington.

Recomendanos un blog, un usuario de twitter o un sitio de referencia.

Inc. http://www.inc.com/ *Sales Manager, Large Customer Sales, Google Lic. en Relaciones Internacionales (UdeSA) - Mg. en Gestión de Servicios Tecnológicos & Telecomunicaciones (UdeSA) @marcoswest

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Las elecciones del 2013: la próxima ‘madre de todas las batallas’ Ignacio Labaqui

Politólogo, Universidad Católica Argentina.

Resulta obvio a cualquier observador que las elecciones legislativas del 2013 serán un hito clave en el camino que conduce a las elecciones presidenciales de 2015. Sin embargo, a diferencia de otras oportunidades, en esta ocasión las apuestas son más elevadas que de costumbre. Habida cuenta de la intención de numerosos exponentes de la coalición oficialista de modificar la constitución –la Presidente hasta ahora no se ha expresado al respecto- y eventualmente habilitar la posibilidad de un nuevo mandato para la Presidente, las elecciones del 2013 serán un test clave para la capacidad del oficialismo de alcanzar este objetivo y de la oposición para bloquearlo.

Lo que está en juego en las elecciones legislativas del año que viene es el futuro del kirchnerismo. Un triunfo del kirchnerismo pondrá la posibilidad de la reforma constitucional al alcance del gobierno y ello entendemos supondrá un cambio profundo en el peronismo. Por el contrario, un escenario en el que el gobierno, a pesar de contar con una mayoría legislativa, no tenga los votos para lanzar la reforma constitucional pondría a la Presidente frente al dilema de la sucesión, dilema que hoy se encuentra irresuelto, a la vez que abriría la puerta a una disputa dentro del peronismo entre aquellas figuras con aspiraciones presidenciales. Bajo este segundo escenario es difícil pensar en la persistencia del kirchnerismo fuera del poder; con lo cual pasaría a ser otro episodio más dentro de la dilatada historia del peronismo. De no mediar una reelección de la Presidente, o en ausencia de la misma, en caso que ella no pueda digitar la sucesión eligiendo a un

candidato kirchnerista, difícilmente el kirchnerismo se extienda más allá de 2015.

Tanto la supervivencia del kirchnerismo como la naturaleza del peronismo estarán en discusión el año que viene. Ello obedece a la vocación de la Presidente de liderar desde el gobierno una transformación profunda del peronismo.

La Presidente ha dado sobradas muestras de su intención de transformar al peronismo en algo nuevo, otorgándole un cariz ideológico más definido que el que posee el peronismo, asignándole un rol más destacado a dirigentes y espacios de centro izquierda que no necesariamente provienen del justicialismo, y buscando reducir la influencia del aparto territorial del PJ. El kirchnerismo tal como lo concibe la Presidente tiene en este sentido claras pretensiones fundacionales. Independientemente de cuánto éxito tenga, la intención es fundar un nuevo movimiento histórico, una suerte de ‘segundo peronismo’, pero que tendrá a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner y a Evita – el nexo de continuidad con el peronismo tradicionalen su altar, mas no a Perón, que a nadie escapa, ha sido relegado en lo simbólico a un lugar claramente secundario.

La permanencia del kirchnerismo en el poder más allá de 2015 es la condición sine qua non para alcanzar la transformación profunda que pretende la Presidente. El principal desafío que enfrenta el gobierno es superar el obstáculo constitucional a una nueva reelección de Cristina Fernández de Kirchner, o en caso que ello no sea posible,

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encontrar una figura de recambio que sea aceptable para el justicialismo. De ahí que la reforma constitucional sea la clave para resolver sin sobresaltos el dilema sucesorio.

Sin reelección, la resolución de la sucesión entra en un terreno pantanoso dado que supone a) encontrar una figura de recambio; b) que la Presidente cuente con el poder necesario para imponer esa figura y c) que ésta sea aceptada por el aparato del justicialismo. Si no hay reelección y el kirchnerismo no encuentra una figura de recambio capaz de obtener una adhesión masiva, el escenario más probable es el de una lucha interna en el peronismo por la candidatura presidencial de 2015, y junto a ella disolución de la coalición kirchnerista.

La misma incluye a elementos diversos que sólo el liderazgo de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández actualmente puede mantener unidos. Junto al aparato territorial del PJ encontramos a fuerzas de centro izquierda ajenas al peronismo, figuras provenientes del FrePaSo residual y a movimientos sociales. A pesar de que el kirchnerismo en tanto facción del peronismo se encuentra en varias dimensiones más a la izquierda que el aparato territorial del PJ, hay entre ambos una relación simbiótica: se necesitan mutuamente. La popularidad de la Presidente es un activo valioso para los líderes territoriales peronistas. A su vez, dentro de los elementos de la coalición kirchnerista, es el aparto territorial justicialista el único que ha demostrado tener poder de fuego electoral. Hasta ahora, si bien Cristina Kirchner ha sido carta de triunfo, lo cierto es que su popularidad no ha sido un activo fácilmente transferible. Los intentos de La Cámpora o de otras figuras kirchneristas de obtener poder territorial por medio de las urnas fueron en su gran mayoría un fracaso. En este sentido, en gran medida el poder territorial sigue estando en manos del aparato justicialista.

Paradójicamente, pese al importante aporte electoral que el justicialismo ha hecho al gobierno, su peso en la coalición kirchnerista se ve escasamente reflejado en el gobierno nacional, a comparación del lugar ocupado por figuras de La Cámpora o mismo del ex FrePaSo. El componente de centro-izquierda no peronista de la coa-

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lición difícilmente podría llegar tan alto si no fuera gracias a que el kirchnerismo lidera el peronismo. Sin embargo, el peronismo podría seguir ganando elecciones sin necesidad de la centro izquierda e incluso si quedara atrás la etapa kirchnerista, lo cual torna más acuciante el problema de la sucesión. La no resolución del dilema sucesorio pondría probablemente fecha de vencimiento al ciclo kirchnerista y abriría la puerta para un disputa en torno al liderazgo del peronismo.

Las elecciones del 2013 representan por estos motivos una coyuntura crítica tanto para el kirchnerismo como para el peronismo. Es difícil hacer a estas alturas algún tipo de pronóstico respecto de las mismas, especialmente teniendo en cuenta que de no operarse una modificación del calendario electoral, falta más de un año para las mismas. Tal como señalara en forma irónica Niels Bohr, es difícil hacer predicciones, especialmente acerca del futuro. Así y todo es posible hacer algunas consideraciones sobre las mismas.

Un primer punto a destacar es que el PJFPV cuenta con una ventaja inicial. Debido a la pobre performance electoral de 2009 el FPV pondrá pocas bancas en juego, con lo cual está lejos de necesitar un resultado contundente como el de 2011 para acercarse a los 2/3 de la Cámara Baja.

En segundo lugar, digitar la integración de las listas del PJ-FPV será más difícil para la Presidente que en 2011. Cristina Fernández no sólo necesita de la buena performance electoral de las listas del FPV-PJ, sino que además requiere que las mismas estén integradas por figuras leales a su liderazgo, dispuestas a votar la reforma de la Constitución. A consecuencia de ello la negociación sobre la integración de las listas con los líderes distritales del peronismo debería ser más ardua. Lo lógico sería utilizar las PASO para dirimir la cuestión, pero como ya sabemos, el peronismo tiene una tradición inveterada de saldar sus luchas intestinas ‘yendo por afuera’. No es impensable que en varios distritos el PJ y el FPV compitan con listas distintas. Debido a su peso en materia electoral, la incógnita es si ese escenario de ruptura se materiali-

zará en la provincia de Buenos Aires.

El grado de fragmentación/concentración de las diversas fuerzas opositoras es un tercer factor a tener en cuenta. Un escenario de recomposición de las alianzas de 2009 hará la elección más competitiva y si bien probablemente no impida que el FPV-PJ sume bancas, probablemente hará más ardua la tarea de alcanzar los 2/3 en la Cámara Baja.

Finalmente, la evolución de la economía condicionará fuertemente el resultado de 2013 tal como ocurrió en 2009 y 2011. Hay quienes sostienen que los años dorados de crecimiento a tasas chinas han quedado atrás y que eso afectará el rendimiento electoral del kirchnerismo. Si bien parece difícil que en 2013 la economía vuelva a crecer a las tasas de 2003-2011, no se avizora un escenario de colapso económico como algunos auguran con expresión de deseos, sino más bien una situación caracterizada por una fuerte desaceleración del crecimiento y mayor inflación. Consciente del desafío que enfrenta, el gobierno pondrá en juego todos los recursos con los que cuenta para fomentar el consumo privado para intentar recrear el ‘clima de fiesta’ de 2011. A favor del gobierno, se espera una mejor cosecha agropecuaria para el 2013 y una recuperación de la economía brasileña que deberían impactar positivamente sobre la economía argentina. En contra, habida cuenta del rumbo económico elegido, es probable una aceleración de la inflación.

Si bien hasta ahora la misma no ha sido políticamente relevante (Cristina Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos con una inflación superior al 20% anual), debe tenerse en cuenta que el impacto político de la inflación no es similar en un contexto de crecimiento a ‘tasas chinas’ que en uno de crecimiento moderado.

Aunque aún falta mucho para las elecciones legislativas de mediados de término, cada vez es más evidente que debido a que lo que está en juego en las mismas va más allá del control del Congreso, las mismas se han convertido para el gobierno en un juego de suma cero en el que está en juego es la suerte del ciclo kirchnerista iniciado en 2003.

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Una nueva ronda de reformas electorales provinciales Mg. V. Gastón Mutti

Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Director del Centro de Investigaciones de Políticas Sub Nacionales (CIPS). Por contactos: gmutti@unr.edu.ar. o Los cambios en las reglas del juego electoral para la selección de candidatos y gobernantes, producidos en la última década, no sólo afectan la política partidista sino que también reflejan la política partidista (Freidenberg, Alcántara Sáenz, 2009, 13).

Al ser tomada la decisión de modificar el sistema electoral, o una de sus partes, las distintas fuerzas políticas incluyen una evaluación de los costos y los beneficios que ese cambio podría implicarles. Así, buscan utilizar en su provecho, hasta las últimas consecuencias, los nuevos mecanismos electorales.

Duverger señala que el sistema de partidos es el reflejo de las tradiciones y de sus fuerzas sociales por lo cual la influencia de los sistemas electorales puede ser contrarrestada por estos factores básicos. Por ello la relación entre las normas electorales y los sistemas de partidos no es mecánica ni automática. Un régimen electoral específico es producido a partir de las disputas en la política partidista, pero además éste no reproduce o produce necesariamente un sistema de partidos específico (Duverger, 1988, 14).

El sistema de partidos se convierte en un nexo entre las instituciones, la historia y las estructuras sociales (Nohlen, 1996, 21).

Esto es lo que hace que las instituciones electorales puedan ser utilizadas incluso para mantener con vida a partidos y coaliciones muertas así como impedir o promover el ascenso de nuevas fuerzas electorales al gobierno. (Calvo y otros, 2001, 58).

De esto da cuenta la reiteración de los cambios electorales de nuestro país y en las provincias. Esto se produce porque, aunque los votos de cada ciudadanos tienen un mismo valor, los sistemas que traducen esos votos en representantes pueden generar que, ponderados, ellos no tengan la misma cuantía.

Al estudiar estas interacciones se debe poner atención a los procesos de selección de

los candidatos en la escala provincial, es decir, al modo en que se decide quién será el encargado de representar al partido y la manera en que esa acción se pone en práctica.

Pero no se debe olvidar que al describir un sistema de selección de candidatos de partidos sub nacionales, es necesario también entender la articulación que se establece entre esta escala y los niveles superiores de competencia en los que participan los partidos políticos nacionales. Además se debe recordar que esta interacción puede traer consecuencias en el balance de fuerzas que los cambios en la escena sub nacional proyectan hacia los otros niveles.

Esta situación se produce en contextos en los que cada provincia elige a los representantes con distintos sistemas electorales y cada una de ellas tiene sus propias autoridades electorales.

Esta alta diversidad contrasta con la estable distribución de casi dos tercios de provincias pertenecientes al justicialismo desde 1983 y con otras gobernadas por el radicalismo o por partidos provinciales o alianzas durante todo ese lapso o en gran parte del mismo.

Esto permite destacar que las diferentes arquitecturas institucionales son controladas por el partido que define la agenda de la reforma y la implementa, así consolida su lugar de preponderancia política. De esta manera las reformas electorales provinciales han actuado y actúan como formas de impedir o reducir el surgimiento de nuevos competidores políticos, tanto fuera como dentro del partido de gobierno (Calvo y Micozzi, 2003, 3).

Este conjunto de medidas llevan a que los niveles de competencia partidaria provincial desde 1983 fueran bajos, y el número efectivo de partidos en sus legislaturas extremadamente bajo, con lo cual el estudio de los sistemas partidarios de las provincias confirma escenarios más rutinarios y

no tan problemáticos (Calvo y Micozzi, 2003, 14).

La boleta única.

Estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta al momento de analizar la sanción y la implementación de la boleta única. En este caso se legisla sólo una pequeña fracción de las cuestiones que definen el sistema electoral. Esto debe ser señalado dado que algunos líderes políticos, académicos, periodistas o ciudadanos, culpan a uno u otro aspecto del sistema electoral como las causas de la crisis de representación o de las estructuras partidarias.

No obstante, estos cambios deben ser entendidos en el contexto que configura la totalidad del sistema electoral, ya que aún una variación menor o parcial debe interactuar con el conjunto de la normativa constitucional y electoral existente.

Como ya hemos señalado, entre los argumentos favorables o desfavorables se destacan algunos que refieren directamente a la boleta única, mientras otros se relacionan con otros aspectos o diferentes momentos del sistema electoral.

Entre estos últimos se encuentra el argumento de la transparencia, del buen funcionamiento de las instituciones, de la seriedad y del respeto a la voluntad popular.

Con relación a esta justificación es importante decir que estos “atributos” exceden a la singular experiencia de la boleta única ya que todo sistema electoral debe poseerlos, y si así no lo hace se vuelve fraudulento.

Otro argumento indica que el mecanismo es superador gracias a que el diseño, la impresión, la distribución y la manipulación de las boletas es responsabilidad del Estado.

Sin embargo, también sería posible con las denominadas boletas sábanas horizontales.

Sí produjo un avance muy importante en la transparencia del manejo de los fondos públicos ya que impide la utilización del aporte oficial de dinero para la impresión de las boletas como mecanismo de financiamiento partidario espurio. Esta no es una virtud de la boleta única, sino de un cambio en la forma de financiar la impresión de los votos.

Con relación al hurto, el faltante, o la adulteración de boletas, se ha sostenido que el acto electoral se torna más fácil de fiscalizar ya que los partidos no tienen que estar

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controlando esas prácticas. No obstante estas acciones pueden ser remediadas por la acción de las autoridades de mesa y de los partidos políticos sin la aplicación de este nuevo mecanismo.

A esta discusión se debe adicionar el argumento esgrimido por los sostenedores de la boleta única que consideran que su utilización evita la manipulación y presión a los electores, el intercambio de votos por favores, especies o el denominado voto cadena. Sin embargo, las experiencias analizadas, como las decisiones de las autoridades electorales provinciales, han mostrado que su utilización no impide las prácticas clientelares.

Entre ellas, se cuenta la posibilidad de fotografiar la boleta con un teléfono celular con lo cual la relación clientelar puede continuar por las nuevas tecnologías que permiten “garantizar” el voto. Otra acción promovida por activistas políticos es la de entregar un papel para colocar debajo de la boleta única en el cual queda registra la marca que se realiza en la misma.

A pesar de los debates y críticas, la legitimación obtenida en las primeras pruebas realizadas fue muy importante con una aceptación generalizada del mecanismo por parte de los ciudadanos. Por ello las autoridades electorales sostienen que nadie se arrepiente del cambio, que no hay marcha atrás y que sanea el modelo de sufragio.

Una cuestión de fundamental importancia en el debate fue el de impedir o garantizar el voto arrastre horizontal. Aquí las opciones tomadas provincialmente no adoptaron el mismo camino. O favorecer el sistema de partidos en la dinámica provincial o garantizar la territorialización departamental, municipal o comunal de las decisiones electorales.

El argumento destacado por los opositores al nuevo mecanismo es el de la personalización de la política. Cabe aclarar que dicho fenómeno no es una particularidad de la boleta única, sino que es una característica de la política de nuestros tiempos. No obstante las decisiones pueden inducir una tendencia mayor o menor en ese sentido.

Esta crítica comienza con la inclusión de la foto de los principales candidatos en la boleta, pero también la podría tener la lista sábana en la que se resaltan los nombres.

Otro de los argumentos utilizados es la

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aparición de outsiders de la política pero ello no es una novedad en la política argentina, en la cual los partidos políticos han recurrido en muchas oportunidades a esas figuras públicas para capitalizar políticamente su conocimiento popular.

Lo que ha sido destacado por los diferentes candidatos y partidos políticos es que el nuevo mecanismo ha inaugurado es una nueva manera de hacer las campañas electorales.

Lo que no puede resolver la boleta única es el aumento del desconocimiento de las candidaturas de la llamada sábana vertical, es decir los candidatos que no aparecen en la boleta.

Por lo dicho esta forma de votación no atenta necesariamente contra el histórico control de las fuerzas partidarias sobre la selección de sus candidatos, ni es una expresión de su fragmentación. Las respuestas a estas cuestiones deben ser buscadas en otro lado.

Sin embargo, en contextos de alta fragmentación partidaria, un reforzamiento en la tendencia a la personalización acrecienta los efectos sobre el sistema de partidos.

Retomando argumentos.

Es necesario volver a las palabras de Nohlen cuando nos recuerda la centralidad del sistema de partidos y cómo este no es tratado como una variable independiente sino que se lo subsume como una variable cuya conformación depende de las instituciones (Nohlen, 1996, 21). De esta manera, las características del sistema de partidos de cada provincia es un factor decisivo respecto de las decisiones y los resultados que exhibe la implementación de las reformas electorales y la boleta única.

La misma heterogeneidad histórica de cada sistema político y sus actuales disputas plantea la existencia de variables mucho más determinantes que una sola institución electoral. Como aclara Nohlen los efectos y los resultados de sistemas electorales son multifactoriales, de esta forma, si bien se reflejan en resultados globales estos no traducen toda la complejidad que se aloja en la representación. Estos resultados dependen de si los partidos políticos responden a las condiciones de éxito tacitas en dicho sistema electoral.

Pero también los cambios en las condiciones objetivas y subjetivas de un sistema po-

lítico producen variaciones en los sistemas electorales. En otras palabras, estos no son estáticos ni a históricos.

Concluyendo con Nohlen, “…no existe un sistema electoral óptimo del que puedan aprender todos, pues los sistemas electorales son respuestas técnicas y políticamente aceptables solo bajo ciertas condiciones históricas y de consenso, de conflicto, de cultura y legitimidad”. Por ello la “aplicabilidad de un sistema electoral no obedece, entonces, a cuestiones de calidad y técnica tanto como a las cuestiones de poder. Decidiéndose su forma y funciones en relación a los puntos de vista que tiene las diferentes fuerzas políticas” (Nohlen, 2009, 4).

Bibliografía Calvo, E., Szwarcberg, M., Micozzi, J. P. y Labanca, J. F. (2001), “Las fuentes institucionales del gobierno dividido en la Argentina: sesgo mayoritario, sesgo partidario y competencia electoral en las legislaturas”, en Calvo E., Abal Medina, J. M. (h.), (editores): El federalismo electoral argentino. Sobrerrepresentación, reforma política y gobierno dividido en la Argentina, INAP-EUDEBA, Buenos Aires.

Calvo, E. y Micozzi, J. P. (2003), “Defendiendo la Gobernación: crisis política, reformas reactivas y supervivencia política en las provincias argentinas”, trabajo presentado en el VI Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Análisis Político, Rosario, 5 al 8 de noviembre.

Duverger, M. (1988), “La ley de Duverger: cuarenta años después”, en Duverger, M. y Sartori, G., Los sistemas electorales, Cuadernos del CAPEL, Nro. 27, San José de Costa Rica.

Freidenberg, F., Alcántara Sáenz, M., (2009), “Selección de candidatos, política partidista y rendimiento democrático: una introducción”, en Freidenberg, F., Alcántara Sáenz, M., (comp.), Selección de candidatos, política partidista y rendimiento democrático, Tribunal Electoral del Distrito Electoral, México.

Nohlen, D., (1996)La trilogía: sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos, IIDH/CAPEL, 3ª Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, México, julio.

Nohlen, D., (2009), Sistemas electorales fundamentos y alcances, http://dspace.universia. net/bitstream/2024/209/1/Sistemas+electoral es+fundamentos+y+alcances.pdf.

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Los primeros años de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional del Litoral Lic. Daniel A. Comba.

Coordinador Académico de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional del Litoral

El presente artículo busca presentar brevemente algunas notas sobre la creación y los primeros años de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En tal sentido, se presentan cuestiones vinculadas a los inicios y la particularidad institucional de la Carrera, y sobre su colectivo estudiantil y docente.

La licenciatura en Ciencia Política de la UNL comienza con su primera cohorte de alumnos en el año 2006. Reconoce como antecedente a la Diplomatura en Ciencia Política creada en el año 2004 y tiene como particularidad institucional la de ser una carrera de gestión compartida entre la Facultad de Humidades y Ciencias (FHUC) y la Facultad de Ciencias Jurídica y Sociales (FCJS), con sede en la primera de ellas.

Esta particularidad -que en la UNL registraba antecedentes en carreras de grado, como el caso de la Licenciatura en Sociología-, tenía como objetivo principal aprovechar los recursos de los que disponía la Universidad en el área de Ciencias Sociales, los que se encontraban en diferentes Unidades Académicas. Así, principalmente en el ciclo inicial, los alumnos cursan asignaturas en cátedras vinculadas institucionalmente a distintas Facultades.

Desde el punto de vista de la estructura del plan de estudio, la Licenciatura tiene un dictado de cinco años estructurados en dos ciclos de formación (el ciclo inicial y el ciclo superior), y dos orientaciones, una en “Opinión Pública y Análisis Político” y la otra en “Gobierno y Políticas Públicas”, orientaciones por la que los alumnos optan en los últimos años de la carrera. El ciclo inicial comprende los dos primeros años y cuenta con trece asignaturas cuatrimestrales obligatorias (72 créditos); por su parte, el ciclo superior comprende 15 asignaturas cuatrimestrales obligatorias (84 créditos), una asignatura electiva (de 4 créditos y que se pueden tomar de una oferta de asignaturas que se dictan en las diferentes Unidades Académicas de la UNL), y cuatro asignaturas electivas (24 créditos) que los estudiantes eligen dentro de una oferta de cursos que se dictan en cada una de las orientaciones, y que buscan la formación específica. Además, los estudiantes deben acreditar dos idiomas, uno de los cuales debe ser inglés y el otro de elección dentro del conjunto de idiomas que se pueden cursar en la UNL (en la FHUC o en el Centro de Idiomas). Al final, el estudiante debe elaborar y presentar un Trabajo Final de Carrera, cuyo proyecto elabora en un Taller y cuya ejecución la lleva adelante con uno o dos docentes tutores.

El 90% de los estudiantes que cursa el último año de la carrera ha realizado a lo largo de su paso por la carrera alguna actividad extra curricular, ya sea en investigación, extensión, alguna pasantía o practica en dependencias de la UNL o en Organizaciones (públicas o privadas) de la región. Las adscripciones (en docencia, extensión o investigación), son la figura institucional por la que optan la mayoría de los estudiantes, en tanto que otros han podido acceder a programas de movilidad estudiantil hacia el exterior, como así también al programa de Becas de Iniciación a la Investigación para alumnos de grado de la UNL o del Consejo Interuniversitario Nacional.

Si bien en el cuerpo docente predominan politólogos, tanto en las asignaturas introductorias del ciclo inicial como en aquellas de las áreas complementarias (historia, economía, ciencias jurídicas), hay un alto porcentaje de docentes que provienen de otras disciplinas, cuestión que es una característica común a las distintas carreras vinculadas con las Ciencias Sociales de la UNL. Esta situación fomenta el diálogo entre disciplinas en el colectivo docente y entre este y los alumnos, a la vez que enriquece la discusión y el debate en el área de las ciencias sociales de la UNL, sobre todo a medida que el punto de vista politológico se consolida e institucionaliza a la par de otras carreras de grado de creación reciente. En cuanto al desarrollo de la investigación, hay varias acciones que son desarrolladas por los docentes de la carrera. La mayoría de ellas se realizan en proyectos y programas de investigación enmarcados en las convocatorias de los Cursos de Acción, Investigación y Desarrollo (CAI+D) de la UNL, proyectos trianuales con evaluación por pares evaluadores externos, y con reconocimiento y financiamiento a partir de recursos de la UNL. En los proyectos llevados adelante por los docentes de la Licenciatura resaltan dos características: predomina la interdisciplina entre los integrantes de sus grupos responsables, y –en parte como consecuencia de ello-, muchos proyectos son interinstitucionales ya que son parte de programas de investigación que tienen proyectos de varias Facultades (por ejemplo con FCJS, Facultad de Ciencias Económica y la Facultad Arquitectura, Diseño y Urbanismo). A su vez, en los proyectos de investigación muchos de los alumnos participan en calidad de becarios, adscriptos o colaboradores. Promediando su séptimo año, los docentes y alumnos de la Licenciatura en Ciencia Política han realizado varias acciones en pos de institucionalizar la disciplina en la Universidad y la región. Algunos ejemplos son la co-organización del IX Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político en el año 2009, y la organización en el año 2012 de las Primeras Jornadas de Ciencia Política del Litoral (en la que participaron más de trescientos cincuenta asistentes y se expusieron más ciento diez trabajos), jornadas que ya proyectan su segunda edición para el primer semestre del 2014. A su vez, se realizaron conferencias y paneles con destacados académicos y actores sociales de la región, el país y el mundo.

A futuro, la agenda de cuestiones es diversa, aunque dentro de los temas sobre los que se deben avanzar resaltan aquellos vinculados con: • la necesidad de continuar apuntalando la planta docente (mediante concursos ordinarios y/o interinos en las distintas cátedras), • consolidar líneas de investigación y extensión no solo al interior de la Universidad sino en redes académicas con otras instituciones, • ayudar a los recientes egresados con inquietudes académicas en la aplicación de becas que le permitan continuar con la formación en posgrados de calidad, (ya sea del país como del exterior), • cubrir las área de vacancia identificadas, con académicos que tengan la cualidad de formar equipos de cátedras y de investigación, • continuar con el proceso de institucionalización de la disciplina en la Universidad y la región, entre otros.

Resumiendo, la Licenciatura va dejando atrás las ventajas y desventajas de ser una carrera nueva, para comenzar a transitar el camino de una carrera en consolidación. Tanto el compromiso del colectivo estudiantil y docente de la Licenciatura, como así también el continuo respaldo institucional de las Facultades y la Universidad, serán las bases a partir de las cuales planificar las acciones que en tal sentido deben comenzar a implementarse.

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SECCION ESTUDIANTES

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Trabajos premiados y seleccionados por Nuevo Sociales (se podrán consultar completos en www.espaciospoliticos.com.ar)

Facundo Bey

1° Lugar: La crisis de la creencia en la idea de progreso en Leo Strauss y Walter Benjamin.

Resumen: El objetivo general de este ensayo ha sido interrogar la idea de progreso desde su crisis y explicar su relevancia para la teoría política. Recurriendo a dos autores que se han aproximado con originalidad a la creencia en el progreso como problema, Leo Strauss y Walter Benjamin, se señalan en él algunas de sus características, entendiendo esta creencia como derivada del surgimiento de lo que denominamos en el cuerpo del

trabajo “tropo historicista”. Este recorrido permitirá sugerir la relación que mantiene una comprensión procesualista y lineal de la historia con una actitud político-intelectual apoyada en el conformismo y la indiferencia ante el valor moral de la vida política. Por último, se propone tener en cuenta una original interpretación sobre la historia, informada por una vertiente del misticismo judío –y revisada por los autores mencionados-, que, conforme a la argumentación presentada, permite comprender de manera alternativa el vínculo temporal y moral que supone la idea de la tradición, y en particular la de la tradición de la ciencia política como tarea intelectual.

Gabriela Chiriboga Herrera

2° Lugar: La Cuestión Indígena Latinoamericana, a la luz de los conceptos clásicos de teoría política: Bolivia y Ecuador hoy..

Resumen: En este trabajo se puede comprender el protagonismo de las organizaciones indígenas y campesinas durante los procesos de reformas constitucionales que lideraron el MAS y Alianza PAIS en Bolivia y Ecuador respectivamente.

El mismo ha dado lugar a la inclusión de importantes cambios en las leyes supremas de éstos países. Su accionar puede leerse como la expresión clara de las luchas por el reconocimiento de la diversidad propia de sus identidades y a la vez como la manifestación genuina del interrogante que interpela al conjunto de la sociedad: ‘la cuestión indígena’. Los conceptos clásicos como Estado-nación, sujeto de derechos, ciudadanía, aparecen sin duda, confrontados.

Cintia Mariana Cabral

3° Lugar: No tan distintos: Las políticas públicas de gobiernos dictatoriales y democráticos en la Argentina del siglo XX. Resumen: El presente trabajo, revisa algunas de las Políticas Públicas que el Estado argentino llevó adelante a partir de mediados de la década de 1970. Para lo cual se analiza el rol del

Estado en dos períodos de la historia económica argentina: el primer período abarca desde el golpe militar, producido en marzo de 1976, hasta el retorno de la democracia, en 1983. El segundo período se extiende desde el inicio del Plan de Convertibilidad (en abril de 1991) hasta 1999, año en que finaliza el segundo gobierno de Carlos Menem. La cuestión del empleo/desempleo será el eje organizador de este análisis, ya que permite advertir las acciones (e inacciones) del Estado.

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La política versus la neutralidad en el liberalismo. Breves reflexiones de Carl Schmitt entorno a un debate irresuelto Imanol Diéguez

Estudiante avanzado de la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires.

La modernidad no vino sola. Eso quedó claro. ¿Vino para quedarse?, eso todavía está en discusión. Con su advenimiento, la cuestión de la legitimidad de un orden político quedó tambaleando, y aún hoy no se encuentran respuestas absolutas para ello. Y es que justamente con la modernidad desaparece lo absoluto. Lo político es amenazado desde varios frentes y en su defensa la teoría política contemporánea emprende un arduo camino por afirmarlo.

Pero, ¿qué implica afirmar lo político y contra que se lo afirma? El concepto de lo político de Carl Schmitt, en sus tres ediciones de 1927,1932 y 1933, y con sus respectivas particularidades, expresa una preocupación por los conceptos políticos e identifica una reducción y un intento de eliminar “el elemento político” por parte de las teorías de la soberanía y del Estado típicas de su época, en especial del liberalismo.

Ante la presencia de definiciones corrientes de lo político, definiciones polémicas y técnico prácticas, en las cuales lo político supone al Estado, Schmitt invierte esas premisas y establece un concepto de Estado que presuponga al de lo político.

Esto implica que por la específica naturaleza que tiene el ámbito político, que se define por el extremo grado de intensidad de una asociación o disociación, esto es, la diferenciación entre amigos y enemigos, todos los ámbitos del conjunto del pensamiento y la acción humana, es decir, la cultura son considerados ámbitos políticos. Esa distinción entre amigos y enemigos, que tiene especificidad propia y por lo tanto es autónoma puesto que no está fundada sobre ninguna de las otras esferas, puede a su vez, expresarse en cualquiera de ellas. Es decir, una disociación económica (capital/trabajo por ejemplo), puede alcanzar tan alto grado de intensidad que puede volverse del tipo amigo/enemigo, diferenciación específicamente política y por ende del ámbito público, lo que

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supone también la posibilidad de la guerra. Y esto es así debido a que el sentido existencial de la distinción amigo/enemigo es la guerra.

Aun así, no debe entenderse que la política se reduzca a la guerra, o que ésta sea el objetivo de aquella, por el contrario, la guerra es el presupuesto de la política, es el combate contra un enemigo, ya definido como tal, por la política.

Dos nociones fundamentales se desprenden aquí para afirmar lo político.

Por un lado, la decisión, que refiere al monopolio de la decisión soberana sobre el caso excepcional que esconde la política. La forma política aparece como la consecuencia de la decisión soberana sobre el caso excepcional amigo/enemigo.

Por otro, el carácter insuperable de la política, que refiere al hecho de que cuando el hombre intenta superar la lógica de la política, no hace más que reafirmarla.

Si la lógica política es insuperable, afirmar lo político aparece como algo consistente y verdadero, en contraposición a una negación de lo político falsa y problemática.

En esta línea de pensamiento Schmitt confronta con el liberalismo, y en particular, con los intentos de paz perpetua o de superación de la guerra, que terminan conduciendo a las guerras más inhumanas, ya que en nombre “la ultima guerra de la humanidad” se tornan las más violentas y sangrientas, donde se rebaja al enemigo a condición de monstruo o criminal que debe ser ajusticiado “en defensa de la humanidad”.

Se hace visible el inevitable pluralismo del universo de Estados, por la imposibilidad de una unidad política universal que abarque a toda la humanidad, debido a que ésta no puede tener enemigos con los que establecer una diferenciación especifica y extrema.

Siguiendo estos argumentos Schmitt nos lleva a valorar como teoría política genuina y lúcida a toda aquella que suponga una antropología negativa del hombre.

De esta forma, el liberalismo aparece como una teoría que niega la política y el Estado, a través de la ética y la economía.

El liberalismo no genera una teoría propia del

Estado liberal, sino que se ahoga en su negación de lo político.

Pretende erradicar el carácter del conflicto del ámbito de lo público y trasladarlo al ámbito privado, socava al Estado y la política, a la teoría de la soberanía basada en la decisión del soberano, mediante su demanda de individuos libres y autónomos, soberanos de sí mismos.

Elimina entonces la posibilidad de la decisión política por el amigo/enemigo, limitando al Estado y la política a asegurar únicamente las condiciones de la libertad de los individuos; construye asimismo un entramado de conceptos, normatividades, leyes económicas, es decir, un dogma puramente indiscutible e incuestionable que consiste en enterrar los conceptos políticos bajo las normas del Estado de derecho y el ordenamiento de la moral, la economía y la tecnología.

Pero la noción de imperio de la ley puede significar la legitimación de un statu quo determinado, ya que bajo su apariencia es posible esconder el interés y el beneficio de una elite dirigente presente en cada momento histórico, que encuentre provecho en ese derecho.

La técnica y su consecuente progreso aparecen para los individuos, como un refugio de lo político, como un refugio de lo conflictivo de todas las demás áreas de la vida humana.

Erróneamente nos afirma Scmitt, la gente espera de este progreso tecnológico un progreso moral y humanitario.

El escenario que se presenta es el de la teoría política protestando, en boca de Schmitt, frente una progresiva neutralización de la vida humana, frente a las ideas humanitarias, morales e intelectuales del Siglo XVIII, y el desarrollo económico y el de la técnica del Siglo XIX que forman un conglomerado pacífico que enfrenta a la política y sus componentes, el Estado y la guerra.

Bibliografía: Schmitt, Carl: El concepto de lo político.

Texto de 1932 con un prólogo y tres corolarios, Alianza, Madrid, 2009.

Schmitt, Carl Teología política, Trotta, Madrid, 2009.

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La democracia en la Unión Europea hoy Jazmín S. Castaño

Estudiante avanzada

Los problemas del régimen representativo a partir de la crisis financiera internacional. Según Amnistía Internacional: “Desde el estallido de la deuda soberana 16 países de los 27 que forman la UE han cambiado de gobierno.”

Los cambios producidos por la globalización y el régimen de acumulación flexible impuesto por la hegemonía neoliberal se hicieron presentes en todas las regiones del mundo pero tuvieron influencias diversas en cada una de ellas. El caso de Argentina, que culminó con una grave crisis económica con altos índices de pobreza, desocupación y declaración del default, el derrumbe político del gobierno de la Alianza y la salida de la población a las calles, pareció sentar precedente de lo que está ocurriendo actualmente en otras regiones del mundo, particularmente en la Unión Europea.

Las transformaciones neoliberales tuvieron consecuencias profundas en Argentina dado que los planes basados en el Consenso de Washington se aplicaron de manera drástica y contundente.

Sin embargo, las recetas económicas de los organismos multinacionales de crédito parecen no tener buenos resultados tampoco en otros países. Los ciudadanos de las clases medias y populares, que son los principales perjudicados, salen a las calles dos décadas después a defender sus derechos y reivindicaciones sociales.

Este fenómeno se puede observar en la mayoría de los países desarrollados de Europa pero también en Estados Unidos. Un ejemplo de ello se vio en las manifestaciones de los indignados en España, quienes marcharon en las principales ciudades planteando consignas en contra de toda la clase política y conformaron el movimiento 15M con el apoyo de las redes sociales como forma de expresar su disconformidad total frente a la situación económica y sociopolítica de su país. Por otro lado también en EEUU se pudieron observar reclamos públicos que finalizaron con la represión y desalojo de los manifestantes en los distintos centros urbanos.

Las protestas evidencian un problema en el lazo representativo: su debilitamiento. Los gobiernos nacionales (que en cada país son de diferentes fuerzas político-ideológicas) han perdido la capacidad para canalizar y responder a las demandas de la sociedad. Lo que pareciera que se produce es el desborde de los mecanismos tradicionales para efectivizar y satisfacer las necesidades de los ciudadanos y estos salen a la vía publica, la política se construye en las calles, aparece una nueva forma participativa y deliberativa que pone en cuestión el régimen democrático de gobierno que parece imperar. Lo que parece discutirse es la representación ya que quienes ejercen la función pública no reflejan fielmente el deseo popular. Esto se plasmó claramente

en el cambio de gobierno en Grecia cuyo mandatario, Giorgios Papandreu, planteó la posibilidad de un referéndum para que el pueblo expresara su opinión sobre el rescate financiero de la eurozona y las condiciones que tendría que cumplir el país para obtenerlo. La imposibilidad de realizar la consulta y la caída del primer ministro lleva a problematizar sobre el carácter democrático de las medidas económicas supranacionales que no pueden ser refrendadas por la ciudadanía.

Otros ejemplos se vislumbraron en el llamado a elecciones anticipadas en España y la finalización del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Como también la desaparición de la vida pública de un personaje tan controvertido y tan difícil de combatir políticamente como lo era Silvio Berlusconi en Italia quien aun siendo tan influyente no pudo impedir que los poderes que defienden la política económica europea desde 1980 (como Francia, Alemania y los organismos multilaterales de crédito) le ganaran la pulseada política.

Estos sucesos fueron tomados por el informe presentado por Amnistía Internacional de 2012 en el cual se habla de los problemas actuales de los gobiernos para responder a las demandas y evidencia las dificultades de los partidos para efectivizar su función expresiva, integrativa, de movilización y canalización.

El ejercicio de la ciudadanía siempre se dio dentro del marco del Estado Nación. Esta no presenta la misma posibilidad cuando se trata de asuntos de índole internacional. Allí no se da es la autodeterminación democrática ya que a partir de los acontecimientos mencionados se puede ver que no logra hacer frente a la dinámica del mercado (Habermas, 2000).

En el marco de la Unión Europea se está produciendo una disputa aun más grande que la que sucedió en el marco latinoamericano dado que los países del sur cuyos gobiernos comenzaron a plantear críticas a las políticas neoliberales y consideraron que el Estado debía recuperar su rol reestructurador de la economía y de la vida social nacional (Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina, Paraguay), tuvieron que lidiar con los grandes intereses económicos involucrados pero no tuvieron limitaciones legales y jurídicas como las que se vislumbran hoy en día en Europa. La integración regional representa una traba aún superior para el desempeño de los países. Esta supone condicionamientos más graves que los que se producen a partir de la globalización y la gran movilidad del capital, que generan un redimensionamiento de los Estados (Lechner, N. 1996), ya que ata de manos a los gobiernos en materia económica de una forma más estricta: no pueden manejar el factor monetario dado que su desarrollo nacional esta ligado al Euro cuya fluctuación depende de elementos que exceden a cada país y están relacionados con el poder regional del viejo continente.

Lo que se encuentra en jaque hoy día en la Unión Europea es la legitimidad de los gobiernos dado que como ya se mencionó, aunque los mandatarios sigan eligiéndose en comicios, el debi-

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litamiento de la representación conlleva una modificación en la función de los partidos políticos que pasan a organizar los procesos electorales y su rol es principalmente procedimental (Mair, P. 1999). Este cambio se vio profundizado con la utilización de las redes virtuales como vías de expresión del descontento social y la búsqueda de nuevas identificaciones.

Esta pérdida del monopolio representativo provoca un problema para todos los gobiernos que no logren garantizar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Por lo tanto, los gobiernos europeos se encuentran inmersos en una debilidad estructural relacionada principalmente con la ausencia de la capacidad estatal para ejercer una intervención en la economía de forma tal que su rol nutra y consolide la soberanía nacional.

Si bien algunos aspectos son resueltos en el plano supranacional ya que se necesita la cooperación entre los Estados para resolver algunas cuestiones que los exceden, lo que sucede hoy en día en Europa da cuenta de que los problemas de índole económica no

pueden ser dejados en manos del devenir internacional dominado por la especulación financiera. Los Estados son los principales referentes de la política social y los derechos de la sociedad civil y eso es lo que los vincula con la ciudadanía. El resultado es la crisis de legitimidad que puede tener dos salidas opuestas: el descrédito total o el retorno de la disputa política.

Bibliografía: Mair, P (1999) ¿Hay un futuro para los partidos? Asociación CRS. Democratici di sinistra Dirección Nacional, Roma.

Lechner, N. (1996) ¿Por qué la política no es lo que fue? Leviatan Nro. 63, Madrid.

Informe de Amnistía Internacional 2012. HYPERLINK “http://www. es.amnesty.org/nuestro-trabajo/informe-anual/”http://www.es.amnesty. org/nuestro-trabajo/informe-anual/ Habermas, J (2000) La constelación posnacional. Ensayos Políticos, Paidós. Capitulo 4 “La constitucional posnacional y el futuro de la democracia” Pág. 81- 118.

Desafío de la democracia en el mundo Guzmán, Noelia

La democracia deriva del griego: “demos” pueblo, ““kratos” autoridad o poder significa: gobierno o autoridad del pueblo.

Se distingue a priori al menos dos grandes conceptos de la palabra democracia: en sentido estricto, como forma de organización del Estado, en el cual las decisiones colectivas son tomadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a los representantes.

En sentido amplio, la democracia es una forma de convivencia social donde los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales son establecidas de acuerdo a mecanismos contractuales.

La democracia puede asumir dos formas distintas a saber; directa o democracia pura y simple e indirecta o representativa.

La primera es aquella en la cual el pueblo gobierna directamente sin intermediarios ni representantes, aquí como señala Kelsen, la voluntad estatal se crea directamente por resolución de los ciudadanos reunidos. Esta existió en Roma y Grecia.

En la democracia representativa, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes o autoridades que él mismo elige. El pueblo, no obstante, no abdica su soberanía al designar o elegir ta-

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les representantes. Ellos son “mandatarios” del soberano que nada pueden fuera del circulo de sus atribuciones que él les haya conferido expresamente ni más allá del período durante el cual se le haya otorgado.

La democracia representativa es la que se practica en nuestro país, en Estados Unidos y en la mayor parte de los países americanos.

En los principios políticos que inspiran a las distintas formas de democracia que se han estudiado hay leyes esenciales que la ciencia política admite como peculiares que son la libertad política, la igualdad, y la soberanía del pueblo.

Existe democracia cuando los ciudadanos son políticamente libres e iguales y participan de la creación de la voluntad del Estado a la cual se hallan sometidos. Esa creación de la voluntad estatal por obra del pueblo se cumple mediante el ejercicio combinado de los derechos y deberes políticos, con la actuación de los partidos. Sin partidos políticos no hay democracia posible. Tampoco puede existir sin “virtud política”. ¿Pero estos conceptos clásicos y enciclopédicos de democracia, que conforman la historia y el estudio de la ciencia política y el derecho, pueden compararse con la realidad actual del siglo XXI? ¿Es posible articular en esta nueva era un concepto de democracia donde incidan nuevos factores importantes y determinantes?

Correcto sería atrevernos a replantearnos, desde un punto de vista desafiante, y novedoso el nuevo rol que ocupa la democracia, en el año 2012, específicamente en Argentina, y siendo un poco más ambiciosos, en la región Latinoamérica o en el mundo.

La democracia no se agota con el llamado de elecciones de las autoridades que van a gobernar el país, ni con la representación de la ciudadanía en partidos políticos ni con el correcto control de los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ni con la posibilidad de llamar a referéndum. La verdadera democracia se va perfeccionando a medida que un país, se hace grande como Estado Constitucional, que aprende las lecciones, a leer las necesidades de sus ciudadanos, evoluciona en cuanto al reconocimiento de los

derechos humanos, es crítico con sus errores, y sabio con las decisiones que pueden forjar un nuevo lineamiento a seguir.

Y es justamente en esta nueva faceta que no se puede hablar de que la democracia se encuentre perfeccionada, consolidada.

Los nuevos paradigmas que presenta nuestra sociedad tienen que ver con el uso y la regulación de las nuevas tecnologías, que inciden no solo en la participación ciudadana directa, sino como mecanismo de información que utilizan los gobernantes para estrechar vínculos, crear nuevas ideologías, o desarraigar mitos. El uso morigerado o excesivo de las redes sociales tales como Twitter por parte de las autoridades gubernamentales abre una brecha entre quienes tienen o no, la posibilidad de tener conexión a Internet, y entre quienes no tienen conocimientos informáticos al respecto.

La democracia en esta nueva era, es distinta, y se expresa y exterioriza, de forma inmediata, a un número indeterminado de personas y en el afán de ser inclusiva incurre en algunos errores.

Por otro lado los medios de comunicación y su regulación legal, ya sea que sean calificados según su agrupamiento como grandes monopolios, oligopolios o exista plena libertad comunicacional, influyen al punto tal de ser formadores de opinión. En el mejor de los casos de una sociedad despierta y con discernimiento, pero en el peor pueden ser más que medios de comunicación. Funcionando como fuente inmediata de manipulación, corrupción y confusión.

Produciendo un estado de alerta y temor, y colaborando a la percepción popular de un pueblo. O en el sentido contrario, trazando una realidad lírica, y poética donde subyace la crisis, la emergencia y el quebramiento institucional. Por esto la importancia, de asegurar su existencia, su legitimo derecho a expresarse, pero siempre dentro de un marco regulatorio que no sea destructivo sino constructivo institucionalmente.

cación, a la información y a las oportunidades que fácticamente existe en distintas provincias de nuestro país, o en distintos países de América.

Lógico es pensar que no existe democracia sin igualdad, y no existe igualdad sin libertad. Respecto de esto ¿existe realmente libertad cuando se puede elegir, pero coaccionado por las circunstancias económicas imperantes, cuando no se tiene asegurado el nivel básico de escolaridad, y cuando no se tiene un trabajo digno?

Otros tópicos como el derecho de las minorías que hasta hace poco se encontraban excluidas no ya de su participación ciudadana al momento de elegir a su representante pero si al momento de ejercer su derechos civiles tales como: el matrimonio homosexual y el régimen legal de la adopción.

Como me refería al principio de este escrito, solo se trata de replantearnos como ciudadanos, cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, y cuál es el paso que queda para madurar y sortear los obstáculos que, por ignorancia e inmadurez conllevan a que la democracia, en su verdadera interpretación histórica y adecuada a nuestro contexto y coyuntura moderna pueda evolucionar cada vez más hacia su excelencia.

Ninguno de estos nuevos enigmas podrían escapar a un concepción integral, abarcadora e integradora de democracia, en la nueva era en la que transitamos los ciudadanos del siglo XXI. Ya no dudan de que es la democracia es la mejor forma de gobierno, la más justa y legitima, pero exigen nuevas respuestas a necesidades que van fluctuando con el paso de las décadas, una vez instaurada, solo resta mejorar, adaptar, trabajar y adecuar aquel concepto griego, con nuestro contexto cuyo entorno tiene componentes revolucionarios, como la globalización misma. Porque a pesar de todo la democracia se puede definir en una sola oración; “es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”

Como otro punto a tener en cuenta se puede observar como materia pendiente, la falta de igualdad en el acceso a la edu-

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La importancia de las políticas de participación ciudadana Mauricio Soler Estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencia Política en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – Sede Trelew.

Eje Temático: Participación ciudadana, medios y ciudadanía La participación del ciudadano en el proceso de toma y control de las decisiones de gobierno, se ha vuelto uno de los pilares del fortalecimiento de la democracia como forma de gobierno y forma de vida de cualquier sociedad. En el nuevo escenario político que se ha presentado a partir de la crisis del 2001 se evidencia la importancia que tiene el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana existentes y la generación de nuevos mecanismos de compromiso cívico. Es por eso que se debe pensar a la participación de la sociedad civil como una política de estado al mismo nivel que las políticas de estado de educación, salud, seguridad, etc.

Ahora la pregunta es la siguiente: ¿Como debe ser planteada una política de estado sobre participación ciudadana? Para responder esta pregunta podemos proponer tres conceptos: Información, Incentivación y Participación.

La información como paso inicial en la concreción de una política de estado sobre participación ciudadana.

El acceso a la información pública no solo es importante como herramienta de participación ciudadana, sino que también es importante para que el ciudadano conozca sus derechos, y porque no sus obligaciones, como ciudadano activo de una sociedad. Por eso a la hora de pensar en una política de estado sobre participación ciudadana el primer punto a plantear debe ser cual será la información a la que podrá acceder el ciudadano y de qué manera estará disponible. Aquí entra en juego el derecho de todo ciudadano al acceso a la información pública, las políticas de Estado en cuanto a participación ciudadana deben estar pensadas desde la visión de que la participación ciudadana se basa en el acceso a la información, por eso se debe garantizar mecanismos para acceder fácilmente a la información y que sean accesibles para todos los ciudadanos, teniendo como cuestiones básicas y que hacen a la universalidad de este derecho, la gratuidad del acceso y la rapidez en la entrega de la información solicitada.

Incentivar la participación de la sociedad civil e incentivar la creación de nuevas herramientas de participación.

El segundo pilar fundamental de cualquier política de estado sobre participación ciudadana es la incentivación del individuo a participar. Esto se logra demostrando los beneficios que se pueden obtener a través de la participación y brindando distintas oportunidades de participación. Entiéndase brindando

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