El miércoles 11 de diciembre los vecinos inconformes hicieron una advertencia más a la actual administración para que resuelva el problema. Dijeron que sería la última invitación a las autoridades municipales para que dieran una respuesta definitiva sobre la legítima propiedad del predio que estaba destinado a un parque público y que fue vendido a un particular. Lanzaron el ultimátum al gobierno municipal de que en caso de no resolver el problema sería él el responsable de las acciones que pudiesen tomar los colonos del fraccionamiento, como derribar parte de las edificaciones que se levantaron en el espacio prohibido. El conflicto se ha recrudecido porque el secretario general del Ayuntamiento, Gilberto Gómez Mora, juega un doble juego entre las partes. Por un lado provoca a los vecinos diciéndoles que tienen la razón en sus demandas y por el otro hace de autoridad y como tal reconoce la propiedad privada del espacio que debe ser público.
