Es apenas una propuesta de reforma del PAN y el PRD que se estableció en el punto 90 del documento del Pacto por México, pero ya ha encendido los focos de alarma en el país. Magistrados y consejeros electorales ya han realizado cabildeos y reuniones con integrantes del Senado y la Cámara Baja para presentar sus argumentos en contra de la reforma impulsada para acabar con la intromisión de Gobiernos locales en los procesos electorales. Los promotores dicen que al tener una autoridad central se evitarían duplicidades presupuestales, se mejoraría la fiscalización, la transparencia y la equidad de las contiendas. Otros sostienen que sería inviable porque saturaría el sistema electoral. Otros más piensan que de entrar en funciones un organismo de esta naturaleza, las autoridades federales no sólo tendrían en sus manos los comicios federales, sino también las riendas de las elecciones estatales y municipales.