Los grandes endeudamientos públicos y déficits fiscales cifrados en la corrupción y en la incompetencia administrativa y financiera, como el de Quintana Roo, se explican en gran medida a partir de malversaciones del erario y de los patrimonios públicos como éstas: el financiamiento del partido (ahora de los partidos, en el caso de las gestiones gubernamentales que deben financiar también a los partidos asociados al suyo, como al Verde, en el caso de los Gobiernos priistas) y de sus campañas y candidatos (un gasto astronómico si se considera que triplica el financiamiento electoral regular y de temporadas de comicios, de instituciones electorales y prerrogativas partidistas, y que incluye la invención de programas sociales electoreros del tipo de “Basura por alimentos”), el financiamiento de obras y servicios asignados a particulares o de ejecución pública (y no realizados o facturados muy por encima de su valor y de la peor calidad, para triangular y ‘lavar’ recursos a través de empres