Ante el creciente número de asentamientos humanos y la expansión de las periferias y la marginalidad urbana, principalmente en los Municipios de las zonas Norte y Centro del Estado, donde el transporte público es escaso o nulo, la demanda de los mototaxis es, desde hace un par de años, un tan servicial como lucrativo negocio que aún no es regulado por las autoridades y que es apoyado por diversas organizaciones sindicales y, por supuesto, por exfuncionarios bien recompensados con la propiedad y el uso de numerosas de estas unidades como gratificación de ciertos favores políticos en el anterior Gobierno estatal. Sus competidores, los tradicionales taxistas –en cuyos gremios monopólicos también abundan funcionarios y exfuncionarios de manera anónima o con prestanombres o como ellos mismos-, denuncian que se trata de un servicio inseguro, ilegal y sobre todo desleal, dicen, que les ha robado al 30 por ciento de sus usuarios, por lo que han tratado de, literalmente, cerrarles el paso, lo q