La desmedida ambición de las autoridades municipales de Benito Juárez, así como los cada vez más frecuentes y violentos embates de la delincuencia organizada, han terminado por ahuyentar a la inversión privada del principal destino turístico del país. De acuerdo con datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), se estima que al menos el 10 por ciento de los pequeños y medianos negocios de Cancún hayan cerrado sus puertas a finales de este año debido a que los empresarios no pueden más con el pago del ‘derecho de piso’ a las bandas criminales, ni con las extorsiones de las que son objeto por parte de los inspectores de Fiscalización. Por su parte, los grandes inversionistas afirman que ya no están dispuestos a perder más dinero, luego de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado anulara recientemente el Programa de Desarrollo Urbano, echando por los suelos la pírrica certidumbre jurídica sobre los millonarios proyectos inmobiliarios y hoteleros.
