Por primera vez en su historia, el Congreso de Quintana Roo puso a los exfuncionarios de una administración saliente a dar la cara ante la ciudadanía, por las acusaciones de irregularidades y malversación de recursos durante su gestión. La XV Legislatura, la primera en acompañar a un Gobierno ‘de transición’ que vino a poner fin a varias décadas de administraciones priístas en las que no había rastros de pluralidad, también abonó para que los servidores públicos del pasado sexenio enfrenten procesos penales. ‘Desarmó’ el llamado ‘paquete de impunidad’ con el que el exgobernador, Roberto Borge Angulo, intentó protegerse al final de su mandato para evitar procesos judiciales en su contra por las acusaciones de despojos de terrenos propiedad del Estado, en contubernio con integrantes de su gabinete y algunos presidentes municipales que en los últimos meses han buscado desesperadamente un amparo que les evite sufrir el mismo destino que su antiguo jefe.
