Como cada año al iniciar el curso lectivo en la educación básica y media, de manera cada vez más indiscriminada y ostensible se condicionan los espacios escolares, a su vez más restringidos, a las contribuciones económicas de los padres de familia para la administración de las escuelas de sus hijos –sobre todo con fines de mantenimiento de los planteles y sobre el argumento de la escasez presupuestaria de sus autoridades-, que aunque trasgreden el mandamiento de la educación gratuita y obligatoria del Tercero constitucional, son aplicadas con la denominación, ya casi oficial, de “aportaciones voluntarias”, y constituyen, además de un delito, un duro golpe a la economía, también más deprimida, de las familias de menores ingresos.
