La corrupción oficial que garantiza la impunidad de las mafias locales de taxistas choca con la que garantiza lo mismo a las mafias que operan las concesiones federales de transportación turística. Los bandos decretan la piratería del contrario y hacen trizas las leyes del ramo. Los turistas pagan caro los servicios de transporte que contratan. Y el destino vacacional y la economía del Estado pagan los costos de esa guerra sin soluciones -que refuerza ante el mundo la imagen que ya tiene de un país pavimentado por la extorsión y la inseguridad.
