Uno de los principales objetivos de la actual administración estatal fue contar con una nueva Ley de Movilidad que ayudara a poner un poco de orden en el caos transportista yvial que afecta a las principales urbes de la entidad, como Cancún y Playa del Carmen, consumidas por un expansionismo demográfico e inmobiliario incontrolable producto de la falta de gobierno y de regulaciones legales e institucionales, y por una corrupción sin freno donde las mafias consolidadas, legales e ilegales -como las del transporte y las del ‘narco’, a menudo indiferenciadas- imponen sus propias reglas, establecen sus fueros fácticos, y forjan tradiciones de poder donde las representaciones populares y las autoridades ilegítimas y espurias que empiezan siendo sus mayores, se convierten luego en sus socias y terminan siendo sus rehenes.
