Signos Mara y el vendaval que viene con la ‘4t’ del Niño Verde

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MARA Y EL VENDAVAL DEL CRIMEN QUE VIENE CON LA ‘4T’ DEL NIÑO VERDE

Cancún es tierra quemada.

Más aún que Playa del Carmen o Tulum, está a merced del fuego y del fuero invencible de los sicarios.

Y ese incendio de impunidad en que se consume como la paja el Estado de derecho, no es sino obra del narcogobierno, el enemigo más salvaje y carnicero de ese Estado de derecho.

Porque si las instituciones y las autoridades armadas y jurisdiccionales, con todo su poderío constitucional, no impiden la propagación de la violencia y el crimen, se convierten en el combustible esencial que los propicia y los estimula.

El poder político que no garantiza la seguridad -como su encomienda constitucional básica-, es un poder político traicionero y al servicio del terror que imponen a la población las bandas homicidas.

Ese narcogobierno, amparado en la popularidad del poder presidencial y en la ceguera iletrada e idólatra del electorado mayoritario, se generalizaría en la entidad caribe si la última alcaldesa cancunense y candidata de la sociedad del partido del Presidente y el del Niño Verde, se convierte en la próxima gobernadora.

El panorama sangriento de Cancún no puede sino evidenciar el narcogobierno que lo produce, dentro del espectro irremediable de una impunidad y una ingobernabilidad nunca tan desmesuradas como las de estos tiempos, los de la llamada regeneración moral o de la ‘cuarta transformación’.

SM

LA ULTIMA PALABRA

NUEVA ÉPOCA DE “PASTELERÍA ROSY”

Por: Jorge A. Martínez Lugo

El 19 de febrero de 1971, “Paste-

lería Rosy” fue el primer establecimiento que abrió la exhibición y venta de pasteles al público en Chetumal. Antes, los pasteles se hacían bajo pedido, por mujeres que los elaboraban en sus casas y algunas los vendían en rebanadas, como un negocio casero. Era la época del Territorio, recuerda doña Rosy Villanueva García, fundadora y propietaria de la empresa familiar, quien, a sus 80 años, comienza una nueva época con un brillo especial en los ojos. En el domicilio de siempre: Mahatma Gandhi, entre Independencia y Madero. Esta vez reinicia con el apoyo de su hijo Eduardo, su hija Verónica y su nieta

Maureen, una joven y reconocida médica, bajo el concepto de panadería y pastelería. El proyecto consiste en conservar recetas tradicionales y agregar nuevos ingredientes, materiales y diseños, conjugando aquel sabor de Chetumal con lo más actualizado en repostería.

TODO COMENZÓ EN LAS FIESTECITAS

“No fue fácil abrir el negocio, tardé algunos años en hacer el merengue; no se me daba. Todo empezó en las fiestecitas de mis hijos. Yo preparaba el pan de pastel con su relleno y todo, pero lo llevaba a que me lo decoraran, porque el merengue no me salía. Tengo que aprender”, me decía una y otra vez.

La persona con quien llevaba a decorar los pasteles de mis hijos me empezó a enseñar, pero me costaba mucho trabajo. Entonces comencé a tomar clases por correspondencia, en la “Academia Velázquez de León”, cuyos libros aún conservo, nos relata doña Rosy, al tiempo que pone en nuestras manos los libros, que muestran ya el paso de los años.

“Yo trabajaba la cocina desde niña, agrega, hacía pan para vender y tortillas de harina que eran una novedad en Chetumal, pero quería hacer pasteles, era mi ilusión. Hasta que un día, cuando fui a la ciudad de Mérida a la “Pastelería y panadería Delty”, en el barrio de Santiago, donde compraba mis materiales e ingredientes, le comenté a la propietaria que estaba aprendiendo a hacer el merengue y me llevó atrás, con el jefe de los pasteleros y le indicó:

“Muéstrale cómo se logra un buen merengue”, y me lo enseñó. Yo me puse lista para no desperdiciar aquella oportunidad, luego fui perfeccionando la técnica, y seguí aprendiendo de quienes trabajaban conmigo en la repostería, hasta que lo dominé”, nos relata doña Rosy con timbre de orgullo.

¿QUÉ TAL SI NO SE VENDEN?

“Tenía muchas dudas; qué tal si no se venden los pasteles”, recuerda doña Rosy, pero el primer día que se abrió la pastelería “se agotaron todos”, nos cuenta con una sonrisa llena de satisfacción.

“El merengue sigue siendo el rey de la pastelería”, afirma contundente, al responder a la pregunta sobre si la crema chantillí desplazó al merengue.

“De los pasteles que tenemos a la venta sólo dos o tres son de chantillí -precisa-, la gran mayoría son de merengue; la gente lo prefiere, y también los pasteles rellenos del tradicional camote, o camote con coco, como los de las fiestas infantiles de antes, que siguen gustando mucho”.

Los pasteles que más se venden, precisa, son los de tres leches y el cheesecake americano y japonés, con sus variantes, principalmente.

Además, siempre estamos ofreciendo nuevos productos y acabados, para atender los gustos de la clientela, que son muy variados, y a mí me encanta complacerlos”, nos asegura doña Rosy, con su cara bonita, llena de ilusión.

Han pasado 51 años desde aquella inauguración, y doña Rosy sigue siendo la mujer entusiasta que sabe hacerle frente a la vida y es ejemplo para su familia, que la respeta y la ama profundamente.

A sus 80 años, doña Rosy está en plenitud, llena de proyectos y sueños, y tiene la energía y el carácter suficientes para emprender una nueva época del dulce negocio, que hoy forma parte de la historia de nuestra ciudad y de muchos de nosotros. ¡Enhorabuena, doña Rosy, es usted grande!

Chetumal, 170322.

DESPLIEGA PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONVERSATORIO SOBRE TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN NARCOMENUDEO

CHETUMAL.- Con el firme objetivo de consolidar un modelo de procesos judiciales relacionados con adicciones y garantizar un acceso más efectivo a la justicia, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Mtro. Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, dio inicio a los trabajos sobre la implementación del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, en la que participan Magistradas y Magistrados, las Consejeras y el Consejero Ciudadano, así como Juezas y Jueces del Sistema Penal Acusatorio en los diversos Distritos Judiciales de Quintana Roo.

En este evento de gran trascendencia, el Magistrado Presidente del Poder Judicial de Quintana Roo extendió una cordial y afectuosa bienvenida la Magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, así como al Magistrado Jorge Ramírez Alvidrez, Titular de la Primera Sala Penal y Líder del Proyecto del Tribunal Especializado en Narcomenudeo y al Magistrado Gerardo Javier Acosta Barrera, Titular de la Cuarta Sala Penal y Secretario Técnico del Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal (CONSPEN).

Para fortalecer el intercambio de experiencias y conocer con mayor precisión este importante modelo de justicia, se contó con la presencia de la Juez del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Lic. Nancy Cristina Reyes; el Director del Instituto de Formación y Actualización Judicial, Dr. José Luis Chacón; el Director en Disminución de Abuso de Sustancias del INL, Alejandro Álvarez Tostado y el Lic. Jesús Enrique Rodríguez, Enlace y Coordinador para la Implementación del Tribunal Especializado en Narcomenudeo.

IMPARABLE LA TALA ILEGAL EN BACALAR, POR LA COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES

Desde hace casi 20 años, las comunidades menonitas de México han sido responsables por afectaciones ecológicas causadas en los Estados de Coahuila, Campeche y Quintana Roo. En este último, la expansión menonita ha acabado con miles de hectáreas de bosque tropical, sin contar los árboles protegidos que talaron para la siembra del sorgo. Numerosas investigaciones y multas se han interpuesto en su contra, pero este grupo étnico continúa impune. Tras destruir lentamente los recursos forestales del Estado, muchos han comenzado a migrar a Centroamérica para buscar nuevas tierras que deforestar.

Javier Ramírez

A principios de marzo, integrantes del Comisariado Ejidal de Juan Sarabia, en el Municipio de Othón P. Blanco, denunciaron públicamente la devastación de casi 800 hectáreas de selva, en la zona que limita con el Ejido Bacalar, donde unos días después se reportó la tala clandestina de otras 500 hectáreas.

Los afectados acusaron a miembros de la comunidad menonita –que ya se alista para salir de Quintana Roo- de estar detrás de esta deforestación, por lo que interpusieron una denuncia ante las dependencias gubernamentales correspondientes, al tiempo que solicitaron que la Guardia Nacional vigile la zona para evitar que continúe esta actividad ilegal.

Sin embargo, y como ha sido desde hace casi 20 años, las autoridades ambientales han sido incapaces de detener la destrucción de la selva quintanarroense.

Autoridades cómplices

En enero pasado, el encargado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Quintana Roo, Román Castillo Carballo, aseguró que pronto intervendrían para disminuir los daños que la comunidad menonita ha ocasionado en Bacalar.

Apuntó que con el apoyo de organismos gubernamentales y de las Fuerzas Armadas, buscarían alcanzar acuerdos con los menonitas para que mejoren sus procesos y limiten lo más que puedan la deforestación, al tiempo que establecerían una vigilancia constante para intervenir lo más pronto posible ante cualquier indicio de devastación.

Un mes después, integrantes de los Ejidos Bacalar y Juan Sarabia exhibieron la destrucción de casi mil 400 hectáreas de selva. Decenas de maderas preciosas, que estaban dentro de una reserva forestal, fueron derribadas y acerradas para transportarlas a otras partes del país, al parecer bajo la complacencia de las autoridades que semanas atrás se comprometieron a vigilar las carreteras para justamente detener este tráfico de madera.

Ángelo Cortez, del Ejido Bacalar, explicó que luego de que el Ejido Juan Sarabia, del vecino Municipio de Othón P. Blanco, reportó la destrucción de una parte de su reserva forestal, el Consejo de Vigilancia realizó un recorrido en la zona colindante. De esta manera constataron que al menos 500 hectáreas habían sido objeto de la tala clandestina.

“Nos encontramos con la explotación totalmente clandestina de maderas preciosas, como caoba, cedro, tzalam, machicle, entre otras”, aseveró.

Estos árboles bajo la Norma Oficial Mexicana-059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), misma que cuida especies forestales y animales.

Comentó que incluso pudieron sorprender a varios sujetos acerrando la

madera, los cuales lograron darse a la fuga, dejando en el lugar varias herramientas de extracción de madera, así como árboles cortados, listos para ser transportados.

Menonitas, principales responsables

Pero mientras en el Ejido Bacalar acusaron que los responsables de esta devastación fueron taladores clandestinos, sin especificar quiénes, en el Ejido Juan Sarabia, donde destruyeron al menos 800 hectáreas de selva, no tienen duda de que fueron los menonitas, pues, aseguran, son los únicos que tienen un asentamiento cerca de la zona, lo que les dio tiempo necesario para trasladar la madera sin ser detectados, además de que cuentan con el equipo y el conocimiento.

A pesar de las sospechas y las denuncias, ninguna autoridad ambiental acudió a la zona para verificar o evaluar los daños.

La acusación de los ejidatarios se basa en que, de acuerdo con estimaciones, los menonitas son los culpables del 16 por ciento de bosques tropicales perdidos en la última década en Quintana Roo.

La propia Comisión Nacional Forestal (Conafor) reconoció en años pasados que en sitios como Bacalar se han observados huellas de deforestación que están vinculadas a la presencia y modo de vida y economía de la comunidad menonita, grupo étnico que insiste en devastar la ecología e incluso de ni siquiera solicitar los permisos correspondientes para cambiar el uso de suelo.

Pero la actividad de los menonitas no se limita a Quintana Roo. En 2008, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió alrededor de 18 denuncias penales en contra del asentamiento menonita en el Municipio de Holpechén, Campeche, por la deforestación de casi 800 hectáreas

Ángelo Cortez, del Ejido Bacalar, explicó que luego de que el Ejido Juan Sarabia, del vecino Municipio de Othón P. Blanco, reportó la destrucción de una parte de su reserva forestal, el Consejo de Vigilancia realizó un recorrido en la zona colindante. De esta manera constataron que al menos 500 hectáreas habían sido objeto de la tala clandestina. “Nos encontramos con la explotación totalmente clandestina de maderas preciosas, como caoba, cedro, tzalam, machicle, entre otras”, aseveró. Estos árboles bajo la Norma Oficial Mexicana-059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), misma que cuida especies forestales y animales.

de bosque tropical y tráfico de varios árboles considerados exóticos o protegidos.

A pesar del aseguramiento de la maquinaria y una multa de poco más de 3.8 millones de pesos, dicha comunidad no tuvo ninguna consecuencia penal, ni tampoco reparó el daño, ni mucho menos pagó la multa.

Casi cinco años después, pero en Coahuila, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) denunció la destrucción de casi 2 mil 400 hectáreas de bosque, para ser sustituidas por 23 predios menonitas. Pese a todos los juicios de revisión, nulidad y amparos favorables a la dependencia federal, nunca se concretó la multa estimada en 14 millones de pesos. Pero lo cierto es que los menonitas reciben no sólo apoyo de inspectores y autoridades, sino de los mismos propietarios de terrenos, como aseveró el comisario ejidal de Iturbide, en Holpechén, Campeche.

La actividad de los menonitas no se limita a Quintana Roo. En 2008, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió alrededor de 18 denuncias penales en contra del asentamiento menonita en el Municipio de Holpechén, Campeche, por la deforestación de casi 800 hectáreas de bosque tropical y tráfico de varios árboles considerados exóticos o protegidos. A pesar del aseguramiento de la maquinaria y una multa de poco más de 3.8 millones de pesos, dicha comunidad no tuvo ninguna consecuencia penal, ni tampoco reparó el daño, ni mucho menos pagó la multa.

Debido a que los terrenos para talar se han ido agotando, los menonitas han tomado la decisión de abandonar Quintana Roo en busca de otros sitios donde puedan continuar con su actividad destructiva. Un primer grupo de cuatro familias abandonó recientemente el Ejido Salamanca para emigrar a Perú. Las razones, asegura el gobernador de la comunidad, Johan Elías Wall, es el crecimiento que ha tenido la población y los problemas que ahora enfrentan para poder realizar sus actividades.Dio a conocer que hace ya varios meses compraron mil hectáreas en Sudamérica para poder llevar a cabo el cultivo de arroz, aunque debido a la pandemia no habían podido iniciar el viaje.

“(Como) poseedores de capital económico, los menonitas hacen ofertas atractivas a ejidatarios y pequeños propietarios para que éstos accedan a la venta o renta de sus tierras. También es necesario mencionar que, además del incentivo económico que hacen a los ejidatarios, también se incluye la promesa de que al cabo de algunos años, las tierras arrendadas les serán devueltas, con el beneficio añadido de que éstas ya estarán mecanizadas y dotadas de servicios, lo cual casi nunca ocurre”, explicó.

Actualmente, los menonitas poseen 16 campos de cultivo tan solo en Bacalar, las cuales cuentan con una extensión total de mil 500 hectáreas, en donde viven mil 500 personas.

Emigran al sur para continuar destrucción

Debido a que los terrenos para talar se han ido agotando, los menonitas han tomado la decisión de abandonar Quintana Roo en busca de otros sitios donde puedan continuar con su actividad destructiva.

Un primer grupo de cuatro familias abandonó recientemente el Ejido Salamanca para emigrar a Perú. Las razones, asegura el gobernador de la comunidad, Johan Elías Wall, es el crecimiento que ha tenido la población y los problemas que ahora enfrentan para poder realizar sus actividades.

Dio a conocer que hace ya varios meses compraron mil hectáreas en Sudamérica para poder llevar a cabo el cultivo de arroz, aunque debido a la pandemia no habían podido iniciar el viaje.

Lo menonitas esperan encontrar en otros países leyes ambientales menos estrictas, con las cuales poder trabajar sin temor a ser denunciados, aunque desde hace años también han sido evidenciados en Perú por la compra irregular de terrenos forestales, con el apoyo de las mismas autoridades, como ocurrió en el Departamento de Ucayali, donde autoridades regionales utilizaron sus cargos para entregar más de mil hectáreas de manera ilegal.

Y es que en 2015, funcionarios de la Dirección Regional Sectorial Agricultura de Ucayali (DRSAU) inscribieron predios individuales a nombre de trabajadores de la Municipalidad de Masisea, autoridades del distrito y sus familiares, mismos que luego fueron comprados por los menonitas.

Por este hecho varios funcionarios fueron investigados y detenidos, pero los menonitas quedaron nuevamente impunes.

AVALA XVI LEGISLATURA REFORMA PARA DOTAR DE AUTONOMÍA A LA UQROO

CHETUMAL.- La XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó por unanimidad una reforma legal que dota de autonomía de gobierno a la máxima casa de estudios de la entidad, que ahora será conocida como Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.

En la sesión ordinaria número 9, las diputadas y diputados aprobaron el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo, presentado por las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria.

Con esta reforma se dota de autonomía de gobierno a la máxima casa de estudios de Quintana Roo, permitiendo que la institución universitaria pueda autoorganizarse y autoregularse, además de que podrá derivar el poder para determinar libremente sus propios estatutos, definir su régimen interno y tener la libertad de nombrar a sus autoridades y la participación de la comunidad en los órganos de gobierno.

De esta manera la Universidad de Quintana Roo podrá asignar al personal administrativo, elegir la plantilla de docentes, asignar a sus autoridades, elegir los métodos de enseñanza y administrar sus recursos.

Según el dictamen, la Junta Directiva estará integrada por nueve personas a título honorífico, de reconocido prestigio y solvencia moral, cinco de los cuales deberán ser integrantes del personal académico de la Universidad.

Esas cinco personas serán designadas por el Consejo Universitario, y las cuatro personas integrantes restantes serán designadas dos por el Patronato y dos por el Consejo Social.

De acuerdo con la reforma, corresponderá a la Junta Directiva nombrar a la persona titular de la Rectoría, así como resolver acerca de su renuncia o licencia y removerla por causa grave y justificada, siempre que la Junta la acredite y sustente.

Para efectos del nombramiento de la persona titular de la Rectoría, la Junta Directiva conformará una Comisión Especial, tripartita y proporcional, misma que será integrada por quienes integran el Consejo Universitario, del Patronato y del Consejo Social.

Además, para garantizar su apego a la estructura de la sociedad local, la Universidad constituirá, con la participación de integrantes de los sectores públicos, privado y social, un órgano mixto de vinculación con la sociedad y dependiente del Consejo Universitario, que será el Consejo Social.

Respecto al tema presupuestal, se estableció que la persona titular de la Rectoría deberá remitir su anteproyecto de presupuesto de egresos en el mes de octubre de cada año, que incluya las previsiones económicas para cubrir los servicios a cargo, esto para que se pueda incluir en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado.

Entre los transitorios se estableció que el nombramiento de la persona titular de la Rectoría que realice la Junta Directiva con base en la terna presentada por la Comisión Especial se llevará a cabo por primera vez al término del periodo la actual titularidad de la Rectoría, misma que concluye el 14 de agosto de 2023.

De igual forma, a la entrada en vigor del decreto, el personal académico y administrativo de la Universidad conservarán todos los derechos laborales adquiridos de forma previa, por lo que en ninguna forma resultarán transgredidos en su antigüedad, prestaciones, derechos y obligaciones laborales.

En la misma sesión, el Congreso del Estado declaró patrimonio cultural intangible los motivos, símbolos y elementos de la Cosmogonía Maya contenidos en los bordados de las comunidades mayas del Estado de Quintana Roo.

Con esto, se promoverán las acciones necesarias para garantizar la protección, salvaguarda y el desarrollo del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los motivos, símbolos y elementos de la cosmogonía maya contenidos en los bordados declarados patrimonio cultural intangible, conforme a la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, y demás leyes aplicables en la materia.

Por otra parte, la XVI Legislatura aprobó la minuta de decreto por el que se da cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, en el juicio electoral JE/001/2022 promovido por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), en contra del Decreto 190 expedido por esta Legislatura, por el que aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2022.

En el decreto se determinó, tras una serie de consideraciones expuestas en el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, que ha quedado debidamente fundado y motivado el artículo 14 del Presupuesto de Egresos, por lo que confirma el presupuesto aprobado al IEQROO, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como las demás leyes y normatividad aplicable.

El Congreso del Estado también exhortó al IEQROO, se ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2022, para estar acorde con las medidas de austeridad y reducción del déficit estatal que ha tomado el sector central, debiendo enfocarse en la eficiente distribución de los recursos en las áreas prioritarias, promover economías y ahorros, tal como lo aprobó su Consejo General a través del acuerdo IEQROO/CG/A/231-21.

Finalmente, se aprobó el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Entrega y Recepción de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Públicos Autónomos y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado.