Se sabe que toda obra pública que se concesiona en México tiene un costo adicional, por concepto de corrupción, que hace la obra en cuestión más cara y más mala. A menudo la tal obra social vale menos que lo que pagó el beneficiario de la concesión para conseguirla. A menudo los empresarios sólo son prestanombres de los funcionarios que concesionan las obras; el caso de Cosme Mares y de las carreteras que le dio para hacer el gobierno de Fox, entre muchos otros lamentables proyectos que hizo, es ejemplar. El caso de Oceanía y los hijastros de Fox en Pemex es otro ilustrativo ejemplo de ese saqueo intensivo del patrimonio nacional. El caso de la vivienda popular no tendría, por supuesto, porqué ser distinto. En la entidad, sin embargo, el negocio es desmesurado; tanto, como la dimensión de la demanda, que es del tamaño de la vorágine migratoria.
