Son los giros negros de la educación superior. Si enseñan o atentan contra la enseñanza -en horas en que la calidad de la educación es el mayor estorbo de la civilidad ciudadana y política y de la viabilidad del país- es lo de menos. Operan dentro de la ley. Porque dentro de nuestras grandes libertades democráticas está la de elegir entre la basura académica y el saber. Hay que agarrarse de lo que sea para vivir. Y hay que aprovecharse de la ignorancia y de lo que sea para lucrar. Por supuesto que lo útil frente al fraude sería informar, por ley, sobre la naturaleza de la estafa que se esconde tras esta “alternativa” de ascenso social. Pero es pedirle peras al olmo, en un Estado nacional donde la defensa del derecho de los criminales es más de interés público que la del derecho de la gente de bien.
