Los sindicalizados radicalizaron su movimiento y ya entonces se acordaron de la reforma educativa y comenzaron a protestar, como sus colegas de casi una veintena de Estados, también contra la reforma educativa, contra sus tres leyes secundarias y sobre todo contra la del Servicio Profesional Docente, que es a partir de la cual tendrían que ser evaluadas sus competencias pedagógicas, una cualidad que la mayoría no poseen y por lo que tanto temen ser reprobados con consecuencias sobre su estatus. El propio “comité de lucha” informó que tenían un pliego petitorio de 32 puntos, pero ni los medios de comunicación ni los activistas magisteriales apostados a las puertas del Palacio de Gobierno en Chetumal conocían el contenido de esos 32 puntos.
