REPÚBLICA DOMINICANA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Año de la Reactivación Económica Nacional
PALABRAS DEL HONORABLE PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, DR. RADHAMÉS JIMÉNEZ PEÑA, EN LA VIII REUNIÓN DE MINISTROS DE JUSTICIA, PROCURADORES Y FISCALES GENERALES DE LAS AMÉRICAS (REMJA) “Medidas concretas para fortalecer la cooperación jurídica en las Américas: instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, programas de cooperación, capacitación y asistencia técnica”
Señor Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos, Señor Luiz Paulo Teles Barreto, Ministro de Justicia de Brasil y Presidente de la REMJA octava, Señores Ministros de Justicia, Procuradores y Fiscales Generales de las Américas presentes, y demás jefes de delegación, Como Procurador General de la República Dominicana, valoro muy positivamente la participación en espacios de cooperación que, como la REMJA, nos sirven para vincularnos como comunidad y fomentar el más elemental
de
los
requisitos
para
una
buena
cooperación:
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el contacto personal, el intercambio directo, abierto y franco en un ambiente de respeto y solidaridad. En lo que respecta al tema que nos ocupa, es indudable
que
los
programas
de
cooperación,
capacitación y asistencia técnica constituyen objetivos importantes a la hora de fortalecer la cooperación jurídica. Reflexionar acerca de las vías para fortalecer la cooperación
jurídica
internacional
es
de
gran
relevancia, si se toma en cuenta que las relaciones entre los Estados han de enmarcarse dentro de un plano de igualdad y reciprocidad, que constituye el terreno ideal para que se desarrolle la cooperación, siendo la forma más viable y efectiva la asistencia judicial mutua. La cooperación jurídica en las Américas se rige a partir de los acuerdos bilaterales o multilaterales suscritos por los diversos países que conforman la comunidad Internacional o a falta de los mismos, por los principios de voluntariedad y reciprocidad. En este orden, es necesario la adopción por parte de los Estados que aun no lo hayan hecho de Convenios Internacionales tan importantes en la materia que nos ocupa, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, y sus respectivos protocolos, la Convención 2
de Viena de 1988, la Convención de Mérida de 2003 contra
la
Corrupción,
la
Convención
contra
la
Financiación del Terrorismo de 1999 y la Convención de Estrasburgo, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones,
Explosivos
y
Otros
Materiales
Relacionados (CIFTA), entre otras que facilitan la cooperación internacional y nos permiten, sobre todo ante
casos
de
criminalidad
organizada,
obtener
pruebas esenciales para los procesos judiciales que hayan podido recolectarse en un país extranjero. Asimismo, entendemos propicio continuar con los esfuerzos desplegados por la comunidad interamericana para la puesta en marcha de un Plan de Acción Hemisférico Transnacional,
contra ya
la que
Delincuencia debido
a
la
Organizada lamentable
globalización del crimen y el delito, hoy no solo basta con que los Estados cuenten con marcos legales dirigidos a enfrentar esa problemática, sino también que tengan mecanismos, herramientas y procesos de trabajo claramente establecidos y entendidos por todos, de manera que la cooperación para combatir este flagelo sea cada vez mas efectiva.
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En nuestro caso, la ley procesal penal dominicana consagra
los
parámetros
que
deben
regir
la
cooperación judicial en materia penal, siendo la República Dominicana parte de varios acuerdos multilaterales en materia de cooperación penal con diversos países. Es preciso señalar, que también para el caso dominicano se puede prestar asistencia judicial penal, incluso si la conducta por la cual se solicita la misma no se encuentra tipificada en el derecho interno, salvo que resulte contraria a los principios consagrados en la Constitución, por lo que diversos instrumentos pueden ser utilizados por los funcionarios judiciales para casos de asistencia jurídica internacional. Un ejemplo de ellos son las llamadas cartas rogatorias, los exhortos y las notas suplicatorias, las cuales han sido ratificadas por la mayoría de los países.
Existen algunas técnicas especiales de investigación aplicadas a la cooperación jurídica internacional, las cuales nos sirven como herramientas para desarrollar una
infraestructura
compleja,
dotada
de
medios
tecnológicos suficientes destinados a intervenir y obtener
información
y
elementos
útiles
sobre
organizaciones criminales, en las cuales se encuentran:
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La Infiltración de Organización Criminal, con la
finalidad de obtener información útil en el marco de una investigación,
previa
autorización del Fiscal que
conozca del caso.
El Agente encubierto, con el objetivo de indagar
acerca de las características de la organización, sus miembros,
funciones,
información
que
modus
permita
operandi, desmantelar
y
toda dicha
organización.
La Entrega Vigilada, que permite que una
mercancía ilegal se transporte en el territorio nacional, entre o salga de él, bajo la vigilancia de una red de agentes
de
policía,
previa
constatación
de
las
exigencias de la legislación nacional, y,
La Operación internacional, que involucra las
técnicas de investigación establecidas, tanto en la legislación
nacional,
como
en
los
instrumentos
internacionales suscritos y ratificados por el país, que se realicen en asociación con autoridades judiciales extranjeras. Para el buen desenvolvimiento de estas delicadas actuaciones, es menester fomentar la capacitación y el intercambio de experiencias entre los países de la comunidad internacional, cuya estrategia académica y formativa debería enfatizar el fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos en materia de combate al narcotráfico, delincuencia organizada transnacional, lavado de activos, corrupción, trata y trafico de 5
personas, terrorismo y delitos cibernéticos. En ese sentido, valoramos la labor que en el marco de la REMJA han desarrollo los diversos Grupos de Expertos sobre estas temáticas, así como la labor del Centro de Estudio de Justicia de las Américas (CEJA). Es lo anterior lo que sumado a una participación activa de nuestros Estados en foros subregionales, regionales y globales, así como por intermedio de la capacitación, se fomenta una cooperación judicial internacional más efectiva en las Américas. El avance tecnológico de las últimas décadas nos ha permitido contar con herramientas de comunicación más ágiles como el correo electrónico, la mensajería instantánea
y
las
redes
de
comunicación,
convirtiéndose estos espacios en un instrumento de apoyo fundamental para el proceso penal y, en consecuencia, para hacer frente a la delincuencia organizada.
Es por esto que consideramos oportuno continuar brindando el apoyo necesario para robustecer el correo seguro Groove, como una herramienta útil, eficaz y eficiente
para
directamente
el
intercambio
entre
las
de
información
autoridades
con
responsabilidades en asistencia mutua en materia penal y extradición, lo cual debe incluir la participación de todos los operantes del sistema de justicia que
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participen en la cooperación judicial internacional. Esta iniciativa constituye un adelanto cibernético que viene a subsanar los largos procedimientos burocráticos que muchas veces no permiten que los Estados apliquen justicia rápida y oportunamente, cuando se trata de casos con aristas transnacionales.
Igual importancia tiene el intercambio de información entre los países de la región, sobre las formalidades básicas necesarias para solicitar la cooperación jurídica internacional de los Estados, tal como se ha estado promoviendo
la
REMJA
con
el
envío
de
los
cuestionarios del Grupo de Asistencia Penal Mutua y Extradiciones.
Un adecuado ambiente de cooperación jurídica nos sirve además para dar respuesta al gran desafío que se nos presenta con la necesidad de promover un buen sistema de protección a víctimas y testigos, los cuales son los más vulnerables en el proceso penal.
En ese sentido, es precisa la creación de leyes nacionales que permitan la cooperación sin límites fronterizos, garantizando así la protección de las víctimas y testigos de manera efectiva.
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Otra medida concreta para fortalecer la cooperación jurídica en las Américas lo constituye la inclusión de la cooperación forense en nuestra agenda, para que nuestros Estados fortalezcan sus capacidades en esta temática y, a través de estudios científicos y modernos cuenten con todas las herramientas necesarias para recolectar
efectivamente
las
pruebas
de
la
investigación que coadyuven a la solución de los crímenes y delitos.
La Procuraduría General de la República Dominicana en aras de reafirmar el compromiso de cooperación jurídica y judicial en materia internacional continuará desplegando los esfuerzos necesarios que permitan un ambiente de reciprocidad internacional y se une al propósito de la REMJA por el fortalecimiento de la cooperación jurídica y judicial entre los Estados del Hemisferio Americano. Como parte de esa política de compromiso con la cooperación
judicial
interamericana,
el
Gobierno
dominicano ha ofrecido a este plenario, si así lo estima de lugar, que la Segunda Reunión de Especialistas Forenses de las Américas, se lleve a cabo en la Republica Dominicana, de ser posible, en el último trimestre de este año o en caso contrario en el primer cuatrimestre del 2011.
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Somos conscientes del gran compromiso que, como autoridades persecutoras del crimen, tenemos por delante. Es oportuno precisar que el gran legado que debemos dejar para las futuras generaciones de nuestros pueblos no es otro que contribuir a que vivan en sociedades más seguras. No me cabe la menor duda que, con la voluntad de nuestros Gobiernos de lograr lo anterior y haciendo uso de mecanismos como la REMJA, ello será una realidad. Finalmente, no quisiera concluir estas palabras sin expresar en el nombre de la delegación dominicana y en el mío propio nuestro agradecimiento a los anfitriones
y
organizadores
del
evento
por
las
atenciones brindadas y por el trato deferente que nos hace sentir como en nuestra propia casa. Muchas gracias.-
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