REPÚBLICA DOMINICANA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
“Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional” PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, DR. RADHAMÉS JIMÉNEZ PEÑA, EN EL ALTAR DE LA PATRIA, EL DÍA 7 DE ENERO DE 2011, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO
El año 2011 constituye para el Ministerio Público y para todo el sistema de justicia dominicano uno de los más importantes en términos de su desarrollo institucional. En efecto, se trata del año de la implementación del nuevo marco de leyes orgánicas que demanda la Constitución proclamada en enero de 2010, no sólo para el Ministerio Público, sino para el Poder Judicial, la Defensa Pública, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, cuya puesta en marcha marcará el devenir de todo el engranaje de solución de conflictos jurídicos en los próximos años. En el caso del Ministerio Público, desde la proclamación misma de la Constitución nos abocamos a trabajar en la reforma de la Ley 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público, estando pendiente en el Congreso Nacional el conocimiento de una Ley Orgánica del Ministerio Público. En la normativa propuesta abordamos los rasgos centrales del sistema de Carrera, contemplando tanto la ruta de carrera, como el sistema disciplinario y de consecuencias. A su vez, se abordan los requisitos de ingreso y promoción dentro del Ministerio Público, piedras angulares de todo sistema de carrera. Este ha sido un importante paso de avance, pues, como establecimos, luego de proclamada la nueva Constitución, se hacía necesario desplegar en una ley orgánica el estatus y las nuevas atribuciones constitucionales que adquiría la figura del Ministerio Público, lo que nos va a permitir en lo adelante conducir nuestras funciones apegados al marco constitucional vigente. Otro de los desafíos que tenemos por delante es operativizar nuestro Plan Estratégico 2010-2015, donde definimos los objetivos estratégicos y las líneas de acción que han de guiarnos en los próximos cinco años. Los ocho objetivos identificados, que tendrán también un impacto importante en el sistema de justicia en su conjunto, son los siguientes: 1. Liderar la política contra la criminalidad; 2. Incrementar la eficacia de la investigación penal; 3. Asegurar la atención y protección eficaz a víctimas; 4. Favorecer la reinserción social de las personas privadas de libertad; 5. Promover la profesionalización de los funcionarios del Ministerio Público; 6. Fortalecer la respuesta ante delitos especializados, corrupción administrativa y fraude; 7. Adaptar la estructura y gestión a los retos de la nueva estrategia; y, por último, 8. Mejorar la calidad de los servicios brindados al ciudadano. Otro de los ámbitos en los que seguiremos desarrollando esfuerzos para consolidar los importantes logros alcanzados hasta la fecha es el de la capacitación. De hecho, avanzamos un proyecto de capacitación conjunta Ministerio Público-Policía, con el
apoyo del especialista chileno Rafael Blanco, el cual contempla el diseño de un Manual Operativo, ya validado por las altas instancias de ambas instituciones, que servirá de base para la coordinación de los trabajos de persecución e investigación penal que involucran a fiscales y policías, con el objetivo de incrementar la eficacia y efectividad de la persecución penal, cuyos resultados vamos a empezar a ver en este año que recién inicia. En el marco de fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público, tal cual anunciáramos en nuestras palabras del 7 de enero del pasado año, nuestra prioridad estuvo enfocada en la exitosa culminación del Programa Inicial de Formación 2010, con la participación de los Aspirantes a Fiscalizadores que superaron el Concurso de Oposición llevado a cabo en 2009. Dichos Aspirantes se encuentran en estos momentos terminando el proceso de pasantía que ejecutan en las distintas fiscalías a las que corresponden las vacantes, para luego ser debidamente incorporados como fiscalizadores de carrera. Felicidades desde ya a estos futuros miembros de la carrera y a la Escuela Nacional del Ministerio Público que ha cuidado celosamente por su capacitación inicial. El año 2010 fue un gran año para visibilizar los frutos de nuestros ingentes esfuerzos. No podemos dejar de lado, en este sentido, el impacto que tendrá, no sólo para el sistema de justicia en sentido general, sino para esta institución, la conformación de lo que será el Tribunal Constitucional. Con la Constitución de 2010 se ha dado un inmenso paso de avance mediante el fortalecimiento del catálogo de derechos fundamentales, además de promover una más efectiva primacía de la norma suprema en el ordenamiento jurídico, con la creación de un Tribunal Constitucional. Para el Ministerio Público, órgano vital del sistema de justicia, el Tribunal Constitucional se erigirá en un revolucionario instrumento para la protección efectiva de los derechos fundamentales de víctimas e imputados en el marco de los procesos penales, tal cual fija la propia Constitución como uno de sus mandatos fundamentales. Estos importantes avances efectivamente garantizan un sistema de justicia más fuerte, transparente y en condiciones óptimas de dar respuesta a las demandas de la sociedad. La constitucionalización de la figura del Ministerio Público, así como de la Carrera, a la cual se ingresa ahora por méritos luego de haber superado un Concurso Público de Oposición, tiene un gran impacto en la independencia funcional de la figura, además de que la dota de una mayor legitimidad respecto de la función que cumple en la sociedad. En tal sentido, hemos asumido, como meta prioritaria para este año que inicia, y, por supuesto, en el marco del fortalecimiento del sistema de justicia, la consolidación de la Carrera del Ministerio Público, conjuntamente con los demás componentes que se derivan de la misma: capacitación especializada, modelo de gestión, sistemas de ascenso y de consecuencias, así como continuar ajustando nuestros procesos institucionales al nuevo Plan Estratégico 2010-2015. Reconocemos, no obstante, que el sistema de justicia penal tiene ante sí todavía grandes retos, por lo que somos de parecer, tal cual señalé hace un año en este mismo escenario, que la Constitución de 2010 ha de convertirse en el principal motor para avanzar hacia la independencia y autonomía del sistema, por medio de una más ajustada y democrática organización del gobierno judicial, contribuyendo a hacer más eficiente la administración de justicia en República Dominicana.
Quiero finalizar haciendo hincapié en lo que es mi mayor deseo para la justicia dominicana: que cada vez en mayor medida podamos acercarnos a las necesidades reales, tanto de víctimas como de imputados, no perdiendo de vista que la justicia sobre todo lo que persigue es la solución del conflicto por las vías menos violentas y más satisfactorias para todos. Estoy firmemente convencido de que este debe ser el objetivo de toda política criminal efectiva y en consonancia con los valores democráticos. Muchas gracias.