No. 01 by Procuraduria PGR

Ministerio PĂşblico

País cuenta con 140 ministerios públicos de carrera

Galería de exprocuradores generales de la República

Resaltan desempeño del

Dr. Radhamés Jiménez Peña Procurador General de la República

Consejo Editorial Ángel Castillo Tejada Rodolfo Espiñeira Ceballos Octavio Líster Henríquez Roxanna Reyes Acosta Pedro Féliz Montes De Oca Marisol Tobal Julieta Tejada Fernando Quiroz Germán Santiago Editor Germán Santiago Coordinador Fernando Quiroz Redacción Elvis Paredes Fior D’aliza Mejía María Mercedes Disla Silvio Cabrera Luisa Matos Noemí Herrera Onoris Metz Fotografía Juan Carlos Reyes Moreno Víctor Acosta De León Firmas: Radhamés Jiménez Peña Baltasar Garzón Real Roxanna Reyes Acosta Gladys Checo de Almonte Maura Martínez Paulino Jesús M. Fernández Vélez Berenice Barinas Ubiña

Departamento de Dictámenes y Litigio

Ramón Emilio Núñez, nuevo director de la Escuela Nacional del Ministerio Público

INACIF: Ciencia y Tecnología en la solución de crímenes

Lucero Rivera de Félix: 37 años en la Procuraduría

Corrección Felipe Ciprián Asistentes de Redacción Genara Martina Marte R. Mariela Polanco Julio Bladimir Santos José Ventura Franklin Cepeda Diseño y Diagramación Lisandro K Ferreira Silis, S. A. Tel.: 809 685-0578 Cel. 829-370-8226 Impresión Editora Corripio C. Por A. Ministerio Público Es una publicación periódica de la Procuraduría General de la República. Prohibida su reproducción total o parcial conforme lo disponen las Leyes de Propiedad Intelectual (65-00 sobre Derecho de Autor) y 20-00 de Propiedad Industrial ( en lo que se refiere a registro de marcas de fábricas y nombres comerciales) de ReMinisterio Público pública Dominicana.

¡EN HORA BUENA! Un órgano de difusión resulta vital para toda institución que procure participar con éxito del escrutinio público y del debate de cara a los desafíos del actual mundo globalizado. Ello supone, de igual modo, participar en la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, unidas por los cada vez más intensos, puntuales y actualizados recursos de la tecnología y la comunicación. La responsabilidad es mayor, y de doble mérito, si se trata de instituciones que como la Procuraduría General de la República (PGR), institución rectora del Ministerio Público, están obligadas por ley y por compromiso moral, a transparentar sus actuaciones con rendiciones de cuenta que implican al mismo tiempo ofrecer mecanismos prácticos de acceso a la ciudadanía para que pueda indagar y evaluar sobre ese desempeño. En esa tesitura se inscribe el relanzamiento de esta revista, la cual, en lo adelante, deberá constituirse en órgano de divulgación del día a día, y a la vez, en medio de formación, para los actores del Ministerio Público en su estrecha relación con el Sistema Nacional de Justicia, y sobre todo, con la sociedad a la que se debe y sirve. Es una publicación de propósitos multiplicadores que de manera bibliográfica, deberá ofrecer a nuestros usuarios, interesados y población en general, una alternativa de mayor contenido y de colección respecto a nuestra oferta virtual en la red, a la cual se puede acceder en la dirección de www.procuraduria.gov.do. Hablar de presencia y de posicionamiento, que son términos globales mediáticos que se manejan en estos días para medir el buen desempeño gerencial, implica contar con ofertas y políticas prepositivas, dar participación y esperar respuestas. No por casualidad, sino por obediencia a la ley y a nuestras propias obligaciones, la PGR fue la primera institución del Estado en crear una Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP) y un Piloto de Transparencia (PT) a los fines de ofrecer a la ciudadanía y a los interesados un modelo de gestión de cómo se hacen las cosas en esta institución, muy especialmente en todo lo relativo al régimen de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras, así como en lo atinente al área administrativa y financiera. Es una línea que hemos reforzado con un novedoso y transparente servicio de compra digital, donde se ofrecen al público todas las informaciones relativas a la adquisición de bienes y contrataciones que requiere el Ministerio Público, convirtiéndose la PGR, tal como ocurrió con la OAIP, en la primera entidad pública en implementar este moderno sistema al que se puede accesar a través

rjimenez@procuraduría.gov.do

de un portal propio denominado ProCompraNet ubicado en nuestra página Web o visitando directamente www. procompranet.gov.do. De ello y de todo, nos hacemos eco en esta edición de Ministerio Público, con sendos artículos preparados por sus propios protagonistas. En esta edición ofrecemos un contenido variado con artículos noticiosos, de contenido y de opinión, cumpliendo de esa manera con las funciones actuales de los llamados Mass Media en un mundo globalizado. En resumen, esta revista no reaparece para las desdoblaciones personales, justificar un gasto o guardar los aspectos exteriores, sino por una necesidad muy parecida al derecho del niño que nace y que aspira a transformarse en una persona de bien para orgullo de la sociedad y también del hogar que lo ve multiplicar la especie. Que así sea y si no, que Dios nos lo tome muy en cuenta. ¡En hora buena!

Doctor Radhamés Jiménez Peña Procurador General de la República Ministerio Público

Nueva época, renovado espíritu El relanzamiento de esta revista procura un doble cometido: 1) Mostrar las verdaderas caras de la Procuraduría General de la República (PGR) como institución rectora del Ministerio Público, que tiene entre sus atribuciones velar por el cumplimiento de la ley y asistir a la población en diferentes y variados servicios. 2) Servir de medio de formación y concienciación de la ciudadanía y de un segmento especializado, por demás cautivo, que como los ministerios públicos, magistrados todos, abogados en ejercicio y estudiantes de derecho, tienen el compromiso de ayudarnos a caminar y a crecer. Equivalente a un Ministerio de Justicia, la PGR es la institución por excelencia para velar por la correcta aplicación de la ley, y por variados medios, darle fiel cumplimiento, dirigiendo la investigación de los hechos punibles, participando en los programas preventivos y de seguridad que realiza el gobierno, y ejerciendo la acción penal pública en el marco del sistema jurídico de administración de justicia. Ello constituye, además, una defensa y representación del interés social y público, el cual se ejerce también, velando por el respeto a los derechos humanos y garantizando el cumplimiento del debido proceso legal, brindándoles protección a todas las partes, en especial, a las víctimas y a los testigos. Ya se sabe que la PGR es la administradora del sistema carcelario, el cual está siendo sometido en estos días a un revolucionario proceso de transformación a través del Nuevo Modelo Penitenciario que persigue la rehabilitación de las personas privadas de su libertad, tratándolas como internos en lugar de simples reclusos, tal como recomiendan los métodos más avanzados. Para ello trabajan la Dirección General de Prisiones y la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), dependientes ambas de la PGR, y creada la segunda con los correspondientes y especializados propósitos. Decir que la PGR cuenta con un nuevo Modelo de Gestión, con un Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), con una Dirección Nacional de Atención a las Víctimas y una Unidad de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas de Delitos, significa que es una

Ministerio Público

institución que sirve y trabaja sobre asuntos actuales y puntuales de cara a su visión, misión y objetivos, de la misma forma que lo hacen las entidades más modernas de su género y más y virtuales del momento. La PGR parece estar hoy día en muchos escenarios a la vez, ejerciendo diferentes funciones y suministrando variados servicios. El Modelo de Gestión se inscribe dentro de esa compleja línea de acción que procura un eficiente sistema de administración de justicia. Una Justicia para el siglo XXI, como ha sido denominada. En el renglón servicios hay que señalar que están a cargo de la PGR divisiones nacionales como: Asociaciones sin Fines de Lucro, Legalización de Firmas, Tramitación de Exequátur, Garantías Procesales e Impedimento de Salida. También las Oficinas de Acceso a la Información y Certificación de Antecedentes Penales. Ellos, el grueso, son partes de los delicados asuntos que maneja la PGR, que ya, como se advierte, no es el simple organismo ambiguamente conocido y al que se le atribuía, de forma casi temeraria y grotesca, dirigir la Política Criminal del Estado. Y sobre todos esos asuntos tratará esta revista, que como todo medio institucional en el contexto de un mundo global y la sociedad de la información y conocimiento, debe conciliar el material con sentido noticioso, con el formativo, sobre temas de interés general y “palpitante” actualidad.

Noción general del Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalías “Como la labor del Ministerio Público es eminentemente utilitarista, la sociedad espera de él respuestas concretas, dentro del infranqueable marco de la legalidad: una eficiente persecución penal”.

Maura Martínez Procuradora General Adjunta

mmartinez@procuraduria.gov.do

l Ministerio Público es el órgano estatal encargado de perseguir, en interés de la sociedad, los hechos punibles (acción penal pública), con excepción de aquellos en que sólo las víctimas están legitimadas (acción penal privada) o cuando proceda, con previa autorización de éstas (acción penal pública a instancia privada). Dado que todo hecho delictivo comporta una fractura al orden social, la mayor parte de los casos legitiman la persecución pública o de oficio en aras de mantener la seguridad común. Este mandato obliga al Ministerio Público a dirigir las investigaciones con objetividad, proteger a las víctimas y testigos, ejercer la pretensión penal como acusador público, entre otras. Rol Institucional del Ministerio Público en el Sistema de Justicia Penal. Es evidente que el Ministerio Público es un órgano esencial del sistema de justicia, pero no es una institución de carácter jurisdiccional. Debido a las funciones que está llamado a desempeñar su estructura organizacional no debería ser reflejada en la estructura de los jueces. De hecho y de derecho, dentro del sistema jurídico dominicano, el ministerio pùblico es un magis-

trado sin cuyo dictamen u opinión no se debe administrar justicia, pero el juez no está obligado a aceptar o acatar su pedido a la hora de juzgar los hechos y dictar sentencia. No es posible extrapolar principios orgánicos de una institución a otra sin que se confundan roles y funciones, y, en pureza, esa confusión genera erróneas camaraderías entre jueces y fiscales que no benefician a ninguna de las dos instituciones y terminan deteriorando todo el sistema de justicia penal: los fiscales bajan la “calidad y control” de sus investigaciones, la policía asume un “control arbitrario y carente de reglas” y los jueces bajan el “control de calidad” legitimando actuaciones arbitrarias. Tampoco es saludable una pugna constante entre estos órganos, sino que cada uno debe asumir los roles que le asigna la ley; roles que son diferentes entre sí, con estructuras y principios orgánicos propios, pero indefectiblemente complementarios. Como la labor del Ministerio Público es eminentemente utilitarista, la sociedad espera de él respuestas concretas, dentro del infranqueable marco de la legalidad: una eficiente persecución penal.

Ministerio Público

En la Procuraduría Fiscal de Elías Piña ya funciona el Nuevo Modelo de Gestión al igual que en otras provincias. A grandes rasgos, esa eficiencia comporta el procurar la lo de gestión de fiscalías, dando así inicio a un proceso de solución de los conflictos mediante un uso racional de los reingeniería organizacional y procesal cuyo objetivo prinrecursos, de modo que es factible utilizar las “vías alter- cipal es la exitosa implementación del mismo. nativas” cuando la ley se lo permita y, sólo ante los casos La reforma procesal exige trasladar a la realidad opeque considere más imperantes, concentrar mayores recur- rativa de las instituciones los nuevos principios, valores e sos en dirigir una investigación leal y obtener las pruebas instituciones contemplados en la ley. Esto demanda transnecesarias para que los tribunales formar la cultura organizacional de acojan la acusación. las instituciones y exige modificar Con rasgos más específicos, esa las prácticas de los operadores. El “La dinámica operativa del eficiencia debe procurar el aminoracambio en la normativa procesal es miento t anto de la selectividad naapenas el primer elemento en este Código Procesal Penal es tural de la persecución, que es imamplio proceso que para culminar ágil, rápida, demanda acplacable cuando se trata de pobres exitosamente debe abordar aspecy marginados sociales; las impunidatos gerenciales, organizativos, meciones oportunas en plazos des estructurales de los sistemas de todológicos, de distribución de la cortos, ofrece múltiples vías justicia, que dan respuestas lentas y carga procesal, de infraestructura de procesamiento para los tardías (a veces ningunas) ante la física, tecnología, gestión del capicriminalidad no convencional y de tal humano, y de manera importancasos y estos atributos se cuello blanco; como de las arbitrate los sistemas de indicadores de convierten a su vez en reriedades de los sistemas policiales, gestión y del desempeño instituciodonde se generan tradicionalmente nal e individual. querimientos a sus actores, la mayor parte de las violaciones a El Ministerio Público está llamaespecialmente al Ministerio los derechos fundamentales; hasdo a cumplir un papel central en la Público en quien descansa ta el alejamiento de la víctima de gestión de la conflictividad penal, la justicia, incorporando su interés pues su actividad posibilitará que la responsabilidad de forparticular en la pretensión general muchos casos lleguen al conocimular y sostener la acción que él representa. miento de los tribunales y que ellos penal”. impartan justicia; pero también hará posible que otros conflictos Marco teórico encuentren otras formas de resoA partir de la entrada en vigencia lución, de carácter restaurativo o del Código Procesal Penal el 27 de septiembre del 2004, el compositivo, contribuyendo a la paz social y evitando la Ministerio Público de la República Dominicana toma con- impunidad. Es necesario plantear nuevos procesos de acciencia de la necesidad de introducir cambios en su mode- tuación que permitan desarrollar una mayor capacidad de

Ministerio Público

respuestas no jurisdiccionales y mejorar la gestión de las respuestas jurisdiccionales, incorporando nuevas prácticas, o abandonando aquellas que se aprecian como disfuncionales. La dinámica operativa del Código Procesal Penal es ágil, rápida, demanda acciones oportunas en plazos cortos, ofrece múltiples vías de procesamiento para los casos y estos atributos se convierten a su vez en requerimientos a sus actores, especialmente al Ministerio Público en quien descansa la responsabilidad de formular y sostener la acción penal. Para el modelo de gestión, estos requerimientos y atributos deben ser traducidos en formas de procesamiento, formas de organización y una capacidad de respuesta que se corresponda con esta nueva dinámica operativa.

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Procesamiento de Casos, por las vías de: Salidas no judiciales (archivo, conciliación, mediación) Salidas judiciales alternativas (suspensión condicional de procedimiento y procedimientos abreviados) Procedimiento Común (investigación, acusación, juicio, recursos)

Sistemas especializados Sistema de Administración y Custodia de Evidencias Sistema de Registro de Sujetos Procesales Sistema de Registro de Información Sistema de Atención a Víctimas Sistema de Protección de Testigos Hasta aquí un bosquejo general de lo que es el Modelo de Gestión.

Provincias dentro del modelo Etapas del modelo 1. Definición de la Base Conceptual del Modelo 2. Diseño del Modelo a. Levantamiento de Información b. Reingeniería del Modelo 3. Implementación del Modelo 4. Evaluación del Impacto del Cambio y del Desempeño en Gestión.

Diseño básico El diseño básico de una Procuraduría Fiscal tiene el propósito de generar las condiciones que le permitan al Ministerio Público cumplir con su compromiso de SERVICIO a la sociedad, cumplir su rol institucional a cabalidad mientras opera bajo el Código Procesal Penal con efectividad, eficiencia y calidad.

Unidades operativas básicas • • • • • •

Peravia, Espaillat (Moca), La Romana, La Vega, Salcedo, María Trinidad Sánchez (Nagua), Elías Piña, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, Azua, San Jose de Ocoa, El Seibo, Hato Mayor, Puerto Plata e Higuey. De esas provincias, las cinco primeras ya han comenzado a rendir informes que nos permiten comenzar a trabajar con el sistema de Indicadores de Gestión y Desempeño.

Sistema de Indicadores • • • •

Señalar si el modelo cumple con el objetivo establecido, si se está cumpliendo la misión institucional. Identificar los aspectos que requieren ajustes para poder alcanzar los objetivos establecidos. Confirmar o modificar las premisas que sostienen el diseño y las estrategias de implementación. Conducir los procesos y operaciones bajo el modelo, a través de medición y ajuste continuo, hasta un punto óptimo de desempeño establecido como objetivo a alcanzar por el modelo. Es decir, medir si los resultados satisfacen los objetivos planteados. Proveer información objetiva para evaluar una unidad o equipo de trabajo y a sus integrantes basándonos en los resultados de sus actividades centrales.

Servicio de Atención Ciudadana Unidad de Procesamiento de Casos • Unidad de Turno de Fiscales Unidad de Conciliación Unidad de Turno de Conciliación Estas unidades operan en coordinación continua con: • Policía Preventiva • Policía de Investigaciones • Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) • Otras agencias especializadas • Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) El proceso central de una Procuraduría Fiscal es el Procesamiento de Casos, el cual puede descomponerse en etapas del proceso y medios de procesamiento como serían: • Atención a Usuarios • Recepción y Asignación de Casos La eficiencia en el servicio a los ciudadanos es unos de lor principales ejes en este nuevo modelo. Ministerio Público

Resaltan desempeño Departamento Dictámenes y Litigio de la Procuraduría La Procuraduría General de la República (PGR), amén de los múltiples servicios que ofrece a la población, se destaca también como una institución pro-activa y puntual de cara a su importante misión y compromiso con la sociedad. En su calidad de institución rectora del Ministerio Público, la PGR, tiene como misión ejercer la acción penal pública, la investigación de los hechos punibles, la representación y defensa del interés del Estado y la Sociedad, así como la vigilancia y cumplimiento de las normas del debido proceso legal, garantizando la protección de las víctimas y el respeto de los derechos humanos. Ese desempeño se ha visto revitalizado en los últimos meses con la designación y trabajo que viene desarrollando al frente de la institución, el magistrado Radhamés Jiménez Peña, que simultáneamente con la labor de múltiples facetas de la Procuraduría, ha insertado al Ministerio Público en el vórtice del debate nacional, sobre temas tan relevantes como el rol de la Justicia y la reforma a la Constitución de la República, para lo cual ha formulado propuestas propias de una deuda pendiente que no puede seguir siendo prorrogada y que espera respuestas sin omisiones ni demoras. Tales son: que la designación del Procurador General de la República

Doctor Angel Castillo Tejada, procurador general adjunto y primer sustituto del procurador general de la República.

se haga mediante mandato de la Ley Sustantiva, que éste a la vez forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura y que el Ministerio Público que le sirve de sustentación forme parte integral del Poder Judicial conforme lo establece el modelo de la escuela francesa que le da razón de ser y origen, y que homologa los rangos de los magistrados en función de sus roles en los tribunales, llámense jueces, procuradores y fiscales. Ese modelo que nace de la vieja escuela de la Europa Continental, inspirada en los códigos napoleónicos y

“Durante los años 2005-2006, la Procuraduría evacuó, para ser remitidos a la Suprema Corte de Justicia, cerca de cinco mil documentaciones debidamente enjuiciadas…”

Ministerio Público

que, a contrapelo del modelo anglosajón de la escuela del Common Law, prevalece en la mayoría de naciones del viejo continente, plantea que en la medida en que se desenvuelva el Ministerio Público en esa misma dirección irá la Justicia, lo que en la práctica, aún cuando no se declare ni se reconozca, se cumple en la República Dominicana merced al papel que viene desempeñado el organismo rector del Ministerio Público. La Procuraduría trabaja por la auto-eficiencia y por la institucionalidad, creando los mecanismos necesarios y fortaleciendo los existentes, destacándose entre ellos, por su relación directa con las decisiones judiciales, el Departamento de Dictámenes y Litígio, que dirige el doctor Ángel Castillo Tejada, procurador ge-

Equipo de trabajo del Departamento de Dictámenes y Litigio, que integran junto al Magistrado Castillo Tejada, los procuradores adjuntos Casilda Báez, Ana Burgos y Víctor Robustiano Peña, quienes figuran junto al personal de apoyo. neral adjunto y primer sustituto del titular del Ministerio Público. El gran desempeño de la judicatura del que habló el presidente de la Suprema Corte, doctor Jorge Subero Isa, con ocasión del Día del Poder Judicial el pasado mes de enero, tiene mucho que ver con la eficiencia y efectividad de la labor realizada por el cuerpo de magistrados que conforman el Departamento de Dictámenes y Litigio de la Procuraduría. Junto a Castillo Tejada se destacan en esa área, los procuradores generales adjuntos, doctores Casilda Báez, Ana Burgos, Idelfonso Reyes y Víctor Robustiano Peña, asistidos por un elenco de calificados abogados ayudantes y especialistas en derecho penal, civil, comercial y dercho constitucional, entre otras materias. Dentro del modelo de derecho dominicano, toda sentencia judicial se hace y se publica sobre la base de un dictamen del Ministerio Público, y si sólo durante el 2006, las tres Cámaras del máximo tribunal de justicia dominicana pronunciaron en audiencia 3,238 sentencias sobre recursos de casación, ello se debió a la efectividad y calidad con que trabajó el departamento de Dictámenes y Litígio de la Procuraduría General de la República.

“El departamento no sólo se destaca por el dinamismo y el gran volumen de dictámenes y juicios de opinión, sino por la calidad de las documentaciones elaboradas para que sirvan de base a los juicios de fondo de los casos que se conocen en los tribunales...” Durante los dos pasados años, la Procuraduría evacuó, para ser remitidos a la Suprema, cerca de cinco mil documentaciones debidamente enjuiciadas sobre recursos de esa naturaleza, una parte de los cuales están pendientes de consideración de juicio en los procesos de fondo y de fallo que deberán estar siendo conocidos al más alto nivel de la judicatura dominicana. Esa labor ha tenido que ser elogiada por el magistrado Jiménez Peña, quien ha dicho que en el tiempo que

lleva como Procurador General de la República, desde agosto del 2006, ha podido comprobar la gran capacidad de trabajo del equipo que le acompaña y asiste en esa institución rectora del Ministerio Público, pero de manera muy particular tuvo palabras de elogio para el Departamento de Dictámenes y Litígio, donde dijo, que los expedientes llegan y se trabajan de inmediato, de manera de que no haya demora ni taponamientos como ocurría en el pasado. Jiménez Peña reconoció que esa dinamización de los asuntos justiciables ha contribuido grandemente con la aplicación del Código Procesal Penal, que establece plazos y evita los incidentes procedimentales, que en otrora creaban un cuello de botella en la justicia debido a los reenvíos provocados e innecesarios. En su discurso del 7 de enero, con motivo del Día del Poder Judicial, el doctor Jorge Subero Isa dijo que de los 4, 736 recursos de casación correspondientes a las Cámaras Reunidas y a las tres Cámaras de ese máximo tribunal, fueron fallados con sentencias 3,238 casos correspondientes al 2006 y a años anteriores. Subero Isa explicó que de ellos, 127 correspondieron al Pleno y las Cámaras Reunidas, 258 a la Primera Cámara, 2 mil 463 a la Segunda Cámara y 395 casos a la Tercera Cámara. En materia de resoluciones sobre admisibilidad e inadmisibilidad en virtud de lo que disponen los artículos 418, 425 y 426 del Código Procesal Penal, las Cámaras Reunidas y la Cámara Penal de la Suprema fallaron 2,408 casos. Todo ello, estima el Procurador General de la República, así como otros logros señalados por el doctor Subero Isa que se añaden al buen desempeño de la judicatura dominicana, deben verse también como un reconocimiento implícito al Ministerio Público y en particular a su institución rectora, cuyos magistrados, orientados por su primer sustituto, doctor Ángel Castillo Tejada, son los que dictaminan los expedientes que llegan y son conocidos en el más alto tribunal de justicia. Ministerio Público

Procuraduría General de la República:

Comprometidos con una gestión pública transparente Berenice Barinas Encargada de la Oficina de Acceso a la Información berenicebarinas@procuraduria.gov.do

a garantía de acceso a la información pública es el principal fundamento para el ejercicio libre y responsable de los derechos fundamentales. Esto es así porque el ejercicio efectivo y completo de los derechos del ser humano está vinculado con los niveles de acceso a la información de que disponga. El ser humano carente de acceso a diversos niveles de información sufre sin lugar a dudas distorsiones en el completo ejercicio de derechos como el de educación, voto, participación libre y democrática en la sociedad, por citar unos cuantos. Existe también una vinculación entre el acceso a las informaciones y la corrupción. El derecho de acceder a las informaciones públicas fortalece la transparencia de la gestión pública y por lo tanto la reducción de la corrupción. Las leyes de acceso la información pública promueven un amplio conocimiento por parte de los ciudadanos de las gestión pública: su ejecución presupuestaria, el grado de avance en le cumplimiento de objetivos, así como los planes para mejorar las condiciones de vida. En la Procuraduría General de la República Dominicana creemos firmemente en que los gobernantes deben abrirse a la inspección pública, deben explicar y justificar sus actos, creemos en la gestión pública dentro de un palacio de cristal, una gestión pública transparente. El gobierno tiene por lo tanto, el doble deber de dar publicidad a las informaciones de carácter público y el de responder a las solicitudes de información de los ciudadanos. El derecho de acceso a la información pública está amparado en nuestro país no sólo por nuestra constitución que establece en su artículo 8, inciso 10 que: “Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas, siempre que no vayan en contra del orden público o pongan en peligro la seguridad nacional” sino también por la Ley General 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y su reglamento de aplicación el Decreto 130-05. A los fines de garantizar el libre acceso a la información pública, no basta la buena voluntad sino que se requiere dar cumplimiento a la ley, creando los mecanismos y estructuras para establecer un puente de comunicación permanente, institucional y sin pretextos entre funcionarios y ciudadanos. Y eso es precisamente lo que hizo la Procuraduría General de la República: instaló la primera Oficina de Libre Acceso a la Información Pública que cumple con todos y cada unos de parámetros que la Ley establece: adecuados recursos humanos y materiales; un lugar acce-

Ministerio Público

“En la Procuraduría General de la República creemos firmemente en que los gobernantes deben abrirse a la inspección pública, deben explicar y justificar sus actos; creemos en la gestión pública dentro de un palacio de cristal, una gestión pública transparente”. sible donde toda persona pueda obtener la información y, si fuese el caso, realizar la reproducción de la información; también cuenta con un manual de procedimiento y otro de organización; un portal de transparencia (www. procuraduria.gov.do/transparencia) donde están publicadas permanentemente y de manera actualizada toda la información que por ley debe estar disponible de oficio: Estructuras, integrantes, normativas de funcionamiento; proyectos, informes de gestión, bases de datos; centro de intercambio y atención al cliente o usuario: Consultas, quejas y sugerencias; Compras y contrataciones de bienes, obras y servicios; Presupuestos y estado de ejecución; Programas y proyectos, su ejecución; Listados de funcionarios y empleados, categorías y remuneraciones; Declaración Jurada patrimonial de los que están obligados por ley; Listado de beneficiarios de programas asistenciales; Estado de cuentas de suplidores; Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marcos regulatorios y cualquier otro tipo de normativa; Índices, estadísticas y valores oficiales; entre otras informaciones. A través del portal los ciudadanos también pueden surcando el tiempo y la distancia colocar sus solicitudes de información en línea evitando así tener que desplazarse o estar supeditados a horarios de oficina. La Procuraduría General de la República a través de su Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) fue mucho más lejos, identificando la necesidad nacional de madurar una cultura de transparencia, brinda constante y tesoneramente su experiencia en la implementación de las OAI de las demás instituciones Estatales al unirse al Comité Interinstitucional para la implementación del Pilar 6 del Plan Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, conformado por CONARE, OPTIC, ONAP, INAP, y Consultaría Jurídica del Poder Ejecutivo. Acceso a la información es un derecho que el Estado debe garantizar; ya que información es conocimiento, conocimiento es poder. El poder para construir una República Dominicana fuerte, soberana y justa.

FIRME

Fernando Quiroz Encargado de Prensa fquiroz@procuraduria.gov.do

hacia el

Nuevo Modelo Penitenciario

En los rostros de los hombres y mujeres internos en los centros penitenciarios del nuevo modelo s e observa optimismo.

Trato humano a las personas privadas de libertad

Se trata de personas que le han fallado a la sociedad, pero siguen siendo seres humanos a quienes las autoridades deben garantizarles espacios dignos y actividades formativas que realmente les regeneren y devuelvan productivos a la sociedad luego de cumplir sus condenas. La Procuraduría Gene-

ral de la República, que lidera estos cambios hacia la mejoría en el sistema penitenciario, continúa de manera firme la decisión de llevar un trato humano a las personas privadas de libertad. El magistrado procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, ha recorrido en más de una ocasión todas las cárceles del país, principalmente desde que asumió su gestión. La situación de hacinamiento y dificultades de espacios que ha apreciado le han llevado a continuar el impulso del nuevo modelo penitenciario. Su antecesor en el cargo, senador por Santiago, doctor Francisco Domínguez Brito, inició los primeros trabajos del nuevo modelo penitenciario, para cumplir con una de las metas de la administración del presidente Leonel Fernández: Llevar dignidad a las cárceles. La tercera etapa del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata fue inaugurada en un acto encabezado por el magistrado Jiménez Peña el 28 de marzo pasado. Ministerio Público

Las cárceles tradicionales del país, cuando son llevadas al nuevo modelo penitenciario son convertidas en Centros de Corrección y Rehabilitación. En apoyo al nuevo modelo penitenciario, fueron incorporadas y acondicionadas todas las dependencias de la Fortaleza del Ejército Nacional, que por decreto del presidente Fernández, se establece su transferencia completa al proyecto, así como las demás Fortalezas del Ejército donde operen cárceles públicas, según sea necesario. La Ley 224-84 contempla el Sistema Progresivo de Tratamiento Penitenciario. En todo el proceso de reconstrucción y construcción de los centros para el nuevo modelo ha tenido un rol preponderante las acciones del Departamento de Ingeniería y Arquitectura de la Procuraduría, a cargo de la arquitecta Marisela Vargas. CENTROS Para la implantación del nuevo modelo penitenciario, desde el pasado año 2005, la Procuraduría ha invertido hasta la fecha 110 millones 201 mil 593 pesos con 93 centavos en la remodelación y construcción de nueve centros de corrección y rehabilitación dentro de los 35 recintos penitenciarios que existen en el país. Se trata de los centros San Felipe de Puerto Plata (en tres fases), Najayo-Mujeres, Rafey-Mujeres, Rafey-Hombres, Dajabón, Elías Piña, Mao, Monte Plata y Haras Nacionales. Los recintos penitenciarios del país albergan un promedio de 14,800 internos.

Ministerio Público

FILOSOFÍA El nuevo modelo penitenciario comprende la construcción y remodelación de la estructura física de los penales, así como la ejecución de un programa educativo y psicológico para la regeneración de los internos. Este modelo responde a los más avanzados parámetros para el tratamiento de los internos en conflicto con la ley y cuenta con todas las facilidades que se requieren en un proceso moderno y actual de regeneración carcelaria. Entre esas facilidades y servicios, se encuentran: alimentación adecuada, atención médica y psicológica, así como asistencia legal, social, y odontológica. ESPACIOS Los centros adaptados al nuevo sistema cuentan con áreas de deportes, cocina con cuarto frío, celdas con ventilación artificial, baños, capilla, economato, escuelas de informática, belleza, repostería, y áreas para los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP). También, cuentan con un área de administración, biblioteca, barbería, panadería-repostería, cafetería, cocina, comedor, así como con talleres de costura, alfabetización y ebanistería, y áreas para la recreación y para la elaboración de productos químicos como shampoo. HIGÜEY Recientemente, la Procuraduría conjuntamente con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que dirige el ingeniero Félix Bautista, dejó iniciados los trabajos de construcción del centro penitenciario de Higüey. Este centro será levantado a una inversión de RD$450 mi-

ciario. La Unión Europea a través del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME) ha financiado áreas del proyecto. Además, ha apoyado este proyecto, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), que ha instalado laboratorios de informáticas en los centros para impartir de cursos de informática a los internos. También, el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), por iniciativa de su director Melanio Paredes. En el esfuerzo han dado apoyo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que dirigen los tenientes generales Ramón Aquino García y Bernardo Santana Páez, respectivamente. Asimismo, la Oficina Nacional del Ordenador para los Fondos Europeos de Desarrollo, que coordina Onofre Rojas.

Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTPs)

llones con capacidad para 600 internos. PROYECTOS Igualmente, fueron iniciados los trabajos de remodelación del centro penitenciario de San Francisco de Macorís a una inversión superior a los RD$57 millones. También, está en proyecto continuar con la rehabilitación de los penales de Salcedo, Moca, La Romana y San Pedro de Macorís. DERECHOS La reforma carcelaria tiene como prioridad garantizarles a los internos sus derechos fundamentales inherentes a toda persona humana, como consagra la Ley 224-84. Dentro de estos derechos tienen especial atención, los derechos a la vida y a la integridad física, al trato igualitario y digno, no discriminatorio; a la protección de su salud, a la vestimenta adecuada, a la libertad religiosa, a la creación intelectual y artística, al trabajo, y a la propiedad. También, el respeto por sus derechos políticos y de familia, que la sentencia no haya afectado. Además, sus derechos penitenciarios específicos,

entre éstos están básicamente, el derecho a recibir información respecto a sus derechos, deberes, normas disciplinarias, características del régimen, a estar separado de procesados, a la comunicación con su abogado, familia, sacerdote, y a que su familia se entere de su traslado, entre otras prerrogativas. APOYO Varias instituciones y organizaciones apoyan el trabajo para la feliz ejecución del nuevo modelo peniten-

AGENTES VPTs Los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTPs) son los nuevos encargados de la vigilancia de los centros de corrección y rehabilitación donde se ha implementado el nuevo modelo penitenciario. Estos agentes son formados rigurosamente en la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP). Los mismos tienen bajo su responsabilidad, acompañar a los internos en sus diversas actividades diarias. ENAP La Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), que dirige el licenciado Roberto Santana, tiene a su cargo la formación de los agentes VTPs que son

Internas del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres.

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los nuevos custodios de los centros penitenciarios. Dentro de sus objetivos básicos está seleccionar y cualificar a los aspirantes a integrarse como personal al servicio de la Dirección General de Prisiones en cualquiera de las áreas penitenciarias. Perfecciona y evalúa constantemente a ese personal. Asimismo, es la dependencia de la Procuraduría encargada de establecer los vínculos y relaciones internacionales, a fin de alcanzar intercambios de índole científico y docente, que permita celebrar convenios de cooperación técnica. PRISIONES La Dirección General de Prisiones, bajo el mando del general Juan Ramón De la Cruz Martínez, tiene como misión ejecutar las penas privativas de libertad, procurando la protección social y la readaptación del condenado, a fin de eliminar su peligrosidad y reinsertarlo en la sociedad con voluntad y capacidad de cumplir la ley RECONOCIMIENTO Este nuevo modelo penitenciario ha sido reconocido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), la Policía Judicial Federal de Suiza, de los gobiernos de Gran Bretaña y Holanda, la Asociación de Damas Diplomáticas y el Informe Anual 2006 del Gobierno

Británico sobre Derechos Humanos en el Mundo. En el país, figuras como el Nuncio Apostólico de Su Santidad, monseñor Timothy Broglio, quien ha visitado el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, resaltó que la reforma penitenciaria que implementa la Procuraduría General de la República en los centros penitenciarios del país es una gran contribución a la disminución de la delincuencia. Monseñor Timothy Broglio destacó que el nuevo sistema regenera a la persona recluida y evita que pueda cometer otras acciones delictivas al retornar a la sociedad. PATRONATO Como parte de los impulsos del nuevo modelo penitenciario, el presidente Leonel Fernández, juramentó al Patronato Nacional Penitenciario, que preside el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez e integran empresarios y productores de televisión. Esta entidad está integrada además, por monseñor Antonio Flores, los empresarios José Luis Corripio, José León Asensio, Manuel Estrella, Manuel Arsenio Ureña, Abraham Hazoury, Frank Rainieri, Abraham Selman y la señora Rosa Hernández de Grullón. Además, forman parte de esta organización no gubernamental, los productores de televisión Freddy Beras Goico, Huchi Lora y Luisín Mejía. Asimismo, los periodistas Jaime Thomás Frías, Altagracia Paulino, y la

El Presidente de República, doctor Leonel Fernández, juramenta Grullón, Manuel Arsenio Ureña, Abraham Hazoury, Huchi Lora, Lu Richardson.

abogada Fabiola Medina. El inicio de sus trabajos incluye una serie de recorridos por las diferentes cárceles del país, tanto del viejo como del nuevo modelo. TRANSPARENCIA Para llevar a cabo los proyectos con los mayores niveles de transparencia, la Procuraduría ha realizado concursos públicos para la asignación de las obras de ingeniería. Durante el proceso más de mil ingenieros colegiados del país han participado. Dentro de las obras públicas sorteadas se encuentran los centros de Dajabón, Elías Piña, Puerto Plata, Haras Nacionales en Santo Domingo Norte, Rafey Mujeres y Rafey Hombres, en Santiago.

Internos del Modelo Abierto Haras Nacionales al iniciar su jornada de trabajo del día.

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a al Patronato Nacional Penitenciario, que preside el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, e integran Fabiola Medina, Abraham Selman, Rosa Hernández de uisín Mejía, Frank Rainieri, José Luis Corripio, Altagracia Paulino, Jaime Thomás Frías, Manuel Estrella, José León Asensio, Freddy Beras Goico y Fray Arístides Jiménez

PROCURADOR El procurador Jiménez Peña considera que las acciones del nuevo modelo penitenciario son un aporte concreto a la prevención del delito y a la creación de una sociedad más segura, más justa y solidaria. Trescientos pesos cada día es el costo que paga el Estado para que cada interno dentro del nuevo modelo complete su rehabilitación y no vuelva a atentar contra la vida e integridad de las personas, ni contra las propiedades, y para que, además, deje de ser una carga social y se convierta en un ente útil y generador de riqueza individual, familiar y social. “Podríamos preguntar a nuestro país en este momento y en este tiempo de globalización de casi todo

el quehacer humano, incluyendo aspectos como el delito y la seguridad, si invertir trescientos pesos en una persona para rehabilitarla, reeducarla, y regresarla positiva y productivamente a la sociedad es una decisión desproporcionada”, se preguntó el magistrado procurador. Cree que el impacto de esa persona rehabilitada en su entorno familiar y social tiene un alto valor. Las pérdidas humanas y materiales, así como el costo institucional, que se evitan son significativas, sin que esta sea una enunciación extensiva de todos los beneficios individuales y sociales que ella genera. Ve que la sociedad no puede estar mejor servida y defendida que, cuando el Ministerio Público a través

de la Dirección General de Prisiones, recibe a personas que han cometido delito y, luego del cumplimiento de sus penas, las retorna sin voluntad de hacer daño, y con herramientas y disposición para integrarse positiva y productivamente a la comunidad. “Eso, definitivamente, no tiene precio”, resaltó. Adelantó que la decisión y voluntad de la gestión es continuar, como lo han hecho hasta hoy, impulsando un cambio de calidad en el sistema penitenciario; y si este proceso es acompañado progresivamente por personas, sectores e instituciones, entonces culminará en menor tiempo y con resultados cada vez más beneficiosos para todos. Ministerio Público

Los miembros del Patronato Nacional Penitenciario, cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y José Luis Corripio, recorrieron el Centro Rafey Hombres, en companía del procurador Radhamés Jiménez Peña; los directores de Prisiones, general Juan Ramón de la Cruz Martínez y de la Escuela Penitenciaria, Roberto Santana; la magistrada Vielka Calderón y el director del citado centro, Erickson Bobadilla.

Internas del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres mues- Este interno se destaca en las actividades artísticas en el Centro de Cotran su producción en la panadería y repostería de allí. rrección y Rehabilitación de Monte Plata.

El equipo de baloncesto de Najayo Hombres desfila previo a participar en La alfabetización es obrigatoria en los centros del Nuevo Modelo Penilos juegos nacionales deportivos intercarcelarios. tenciario.

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Graduados en la ENMP

País cuenta con 140 ministerios públicos de carrera y trabaja para adecuarse a los estándares exigidos La República Dominicana cuenta actualmente con 842 profesionales del derecho actuando como ministerios públicos, 140 de los cuales son magistrados de carrera graduados y/o con especialidades de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP). Los ministerios públicos de carrera han sido graduados en seis promociones consecutivas del Programa Extraordinario de Formación que ha celebrado la ENMP, a los cuales se han acogido magistrados de otras naciones del hemisferio americano como Panamá, Hondura, El Salvador, Paragüay y República Bolivariana de Venezuela. El país hace esfuerzo por cumplir con la pertinencia que exige una media ajustada de ministerios públicos por habitantes, de manera que las necesidades y reclamos de la sociedad en ese sentido puedan ser atendidos (as) satisfactoriamente. La media actual de América Latina es de siete ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. Una variable que caracteriza a República Dominicana es que cuenta con figuras como procuradores de medio ambiente y recursos naturales, fiscalizadores y tribunales especializados de niños, niñas y adolescentes, que no existen en otras naciones latinoamericanas.

Misión

El Ministerio Pùblico es un cuerpo de magistrados dirigidos por el Procurador General de la República, cuya misión principal es la investigación de los hechos punibles y ejercer la acción penal pública en los tribunales de justicia, con base a la preservación de los derechos de las personas y la protección de las víctimas. Junto al titular y/o máximo representante, conforman su nomenclatura jerárquica, los procuradores generales adjuntos, los procuradores generales de cortes y sus adjuntos, los procuradores fiscales y sus adjuntos, los procuradores de medio ambiente y recursos naturales y sus adjuntos, los procuradores generales de corte de niños, niñas y adolescentes, el Procurador General de lo Contencioso, Administrativo y Tributario y sus adjuntos, los abogados del Estado ante tribunales de tierra y sus adjuntos, y los fiscalizadores, entre otras categorías que participan de las asistencias judiciales.

Los procuradores generales adjuntos del Procurador General de la República son los magistrados Ángel A, Castillo Tejada y Octavio Líster Henríquez como primeros sustitutos. Le siguen Rodolfo Espiñeira Ceballos, Gisela Cueto Gonzáles, Pedro Feliz Montes de Oca, Frank Soto Sánchez, , Maura Martínez Paulino, Moisés Alfredo Ferrer Landrón, Víctor Robustiano Peña, Roxanna Patricia Reyes Acosta, Bolívar Sánchez Veloz, Casilda Alida Báez Acosta, Idelfonso Reyes, Ana Burgos Crisóstomo y José Guillermo Jiménez Gutiérrez .

Departamentos judiciales

Todos esos magistrados tienen funciones específicas y dirigen en la generalidad de los casos, departamentos especializados. Espiñeira Ceballos es el director nacional del Ministerio Pùblico, Ángel Castillo coordina el departamento de Dictámenes y Litigio, Octavio Lìster es el director del DPCA, Gisela Cueto es la coordinadora del departamento de Extradiciones y Asuntos Internacionales. Ministerio Público

Otros coordinadores de departamentos son Pedro Feliz de Protección a la Propiedad Intelectual, Frank Soto de Tráfico Ilícito y Trata de Personas, Roxanna Reyes de Política Criminal, Maura Martínez de Nuevo Modelo de Gestión y Justicia XXI y Bolívar Sánchez de Asuntos Internos Esos ministerios públicos están adscritos a once jurisdicciones territoriales conocidas como Departamentos Judiciales, a cuya cabeza se destacan, en nombre de la Procuraduría General de la República, los procuradores generales de cortes. Los hay adscritos a otras instituciones oficiales y a órganos especializados que como el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), están dirigidos por un procurador general adjunto y por lo tanto dependen del Procurador General de la República. En cada provincia del país, 34 en total, se destaca un procurador fiscal que a su vez obedece a la jerarquía del procurador de corte de su jurisdicción y/o departamento judicial correspondiente. Por orden de densidad demográfica y de importancia jurisdiccional, el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, San Juan de la Maguana y San Pedro de Macorís, son las regiones y provincias, que cuentan con el mayor número de ministerios públicos. Le siguen San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Barahona y Montecristi, que como tales son sedes de Departamentos Judiciales y de Procuradurías Generales de Cortes. La Corte de Apelación del Distrito Nacional la preside el magistrado Juan Amado Cedano Santana, quien labora con 14 procuradores adjuntos. La Fiscalía del Distrito Nacional la encabeza el magistrado José Manuel Hernández Peguero, quien labora con 85 procuradores fiscales adjuntos y 29 fiscalizadores. La Procuraduría General de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo la preside el magistrado Leonel Edgardo José Sosa Taveras, quien labora con 8 procurado-

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res adjuntos. La Fiscalía de la provincia Santo Domingo la dirige el magistrado Perfecto Antonio Acosta Suriel, quien labora con 74 procuradores fiscales adjuntos y 23 fiscalizadores. La Procuraduría General de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana la preside el magistrado Milcíades Alcántara Alcántara, quien labora con los procuradores adjuntos Celestino Batista Herrera y Ciriaco Miguel de la Rosa Jiménez. En tanto, la Procuraduría Fiscal de esa provincia la encabeza el magis-

tos de corte. La Procuraduría Fiscal de Santiago la preside el magistrado Raúl Arturo Martínez Martínez, quien labora con 37 procuradores fiscales adjuntos y 29 fiscalizadores. La Procuraduría General de la Corte de Apelación de La Vega la preside, con sus adjuntos, el magistrado Víctor González , quien pasó a sustituir al magistrado Ramón Jacobo Vásquez Almonte, quien ocupa ahora las funciones de abogado de Estado en la jurisdicción de Santiago de los Caballeros..

Encuentro nacional de los miembros del Ministerio Público.

trado Antonio Mateo Imbert, quien tiene como fiscal adjunto al magistrado Salin Valdez Montero. La Procuraduría Fiscal de Monte Plata la dirige el magistrado Virgilio Peralta de la Cruz, quien labora con los procuradores fiscales adjuntos José del Carmen García Hernández y Pedro Inocencio Amador Espinosa. Mientras, la Procuraduría General de la Corte de Apelación de Santiago la encabeza la magistrada Vielka Magdalena Calderón Torres, quien labora con siete procuradores adjun-

En tanto, la Procuraduría Fiscal de La Vega la dirige el magistrado José Ramón Santos Sirí, quien labora con siete procuradores fiscales adjuntos y nueve fiscalizadores. La Corte de Apelación de Puerto Plata la preside el magistrado Félix Alvarez Rivera, la de San Francisco de Macorís .el magistrado Amado José Rosa, y la de San Juan de la Maguana el magistrado Milcíades Alcántara Alcántara, todos con sus respectivos procuradores generales adjuntos.

Por sentencia de la Suprema Corte de Justicia

Ministerio Público logra ganancia de causa en Santiago Caso establece jurisprudencia en el sistema procesal penal dominicano

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia acogió como bueno y válido un recurso de casación contra la decisión de la Corte de Apelación de Santiago que impedía al Ministerio Público motivar y presentar las conclusiones a que arribaba ante los casos y procesos que se desarrollaban en esa jurisdicción, alegando entre otras razones, que dichas réplicas argumentativas constituían una “sorpresa” para el recurrente. La sentencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago es la número 0841-CPP de fecha 11 de septiembre de 2006, la cual le fue notificada dos días después a la Procuraduría General de ese tribunal, por intermedio del exponente del recurso, el procurador general adjunto, licenciado Juan Carlos Bircann Sánchez. La titular de dicha procuraduría es la licenciada Vielka Calderón. Luego, mediante sentencia número 96 del 26 de enero pasado, la SCJ , casó la referida decisión emanada de la Càmara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, coronando así un proceso que había sido iniciativa del magistrado Bircann Sánchez con el apoyo y orientación de su superiora inmediata, la magistrada Calderón. En su sentencia, la SCJ determinó y falló en el sentido de que la Càmara Penal de la Corte de Apelación de Santiago hizo una incorrecta aplicación de la ley “ya que, no permitirles a las partes recurridas presentar sus

Licenciado Juan Carlos Bircann, procurador adjunto de la Corte de Apelación de Santiago.

medios y conclusiones en audiencia, equivaldría a no realizar la misma si lo que se va a examinar es únicamente el escrito de la parte recurrente, que es lo que fija el límite de apoderamiento de dicha Corte, por lo que es contrario a toda lógica afirmar que cualquier argumentación sobre el mismo puede ser una “sorpresa”. A raíz de la sentencia del más alto tribunal de Justicia, la Corte de Apelación de Santiago, así como los demás tribunales de ese nivel del país, están en el deber de permitir que todas las partes del proceso se expresen libremente sobre los recursos interpuestos, con la única limitación que impone el límite de apoderamiento de la Corte, que a su vez viene definido por los medios planteados en la instancia contentiva del recurso.

Justo es consignar que el procurador general adjunto de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Carlos Bircann, es egresado de la Segunda Promoción del Programa Extraordinario de Formación (PEF) de la Escuela Nacional del Ministerio Pùblico, en el que obtuvo el Premio al más alto índice académico.

La experiencia

El magistrado Juan Carlos Bircann Sánchez comenta su experiencia, expresando que la actitud de la Corte de Apelación de Santiago, afectaba a los sujetos procesales recurridos, que se veían abruptamente expulsados del proceso, no obstante haber obtenido en primer grado una sentencia favorable a sus requerimientos o conclusiones. Ministerio Público

Expresa que al principio la Corte intimaba a las partes para que produjeran sus conclusiones de manera directa, vale decir, sin motivaciones. Y agrega que la situación se agravó, cuando ante una observación posterior suya de que dicha actitud era contraria a lo que dispone el Código Procesal Penal (CPP) en sus artículos 311 y 421, la Corte dio un giro y radicalizó su posición original. De manera, que se llegó a un punto en que las partes tampoco podían concluir en el juicio, si previamente no lo habían hecho por escrito, lo que motivó que recurriéramos ante la SCJ, luego de analizar y consultar la normativa procesal vigente, así como la doctrina y la propia jurisprudencia del más alto tribunal. Precisa que ante ese criterio erróneo, a todas luces ilógico y contrario a principios básicos del proceso como la oralidad, “decidimos recurrir dicha decisión ante la Suprema Corte de Justicia como tribunal de Casación, para que se pronunciara al respecto” Para apoyar su participación en ese proceso, Bircann explica que el art. 311 del CPP establece que el juicio es oral, mientras el art. 421 prescribe que el proceso en grado de apelación se conoce con las partes que comparecen, quienes debaten oralmente sobre el fundamento del recurso”. Apunta que las excepciones a la oralidad están contenidas en el art. 312 del CPP, entre las cuales no figura la tramitación de los recursos, lo que significa que al actuar de la anterior manera, la Corte usurpaba las funciones del legislador, creando una distinción y aplicando una sanción procesal que no existe en la ley. Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus , principio capital de nuestro Derecho que proviene de la compilación de Justiniano. Resalta la decisión de la Corte Penal de la SCJ al fallar favorablemente su recurso, ya que según reitera dicha sentencia, constituye un precedente y se impone a las demás Cortes del país, pues un fallo contrario a uno emitido por el más alto tribunal de justicia es motivo de casación, tal como dispone el ordinal 2do. del Art. 426 del CPP.

Ministerio Público

“Como Ministerio Público, con 6 años de experiencia, nuestras actuaciones se rigen por los principios de objetividad, legalidad, responsabilidad, probidad e independencia, entre otros. Al actuar en representación de los intereses de la sociedad en general, nos sentimos comprometidos con el mantenimiento del orden público y con requerir la sanción de lugar en aquellos casos en que se ha puesto en movimiento la acción penal, siempre que la misma esté fundamentada en pruebas legales y suficientes”, expresa Bircann. Sostiene que de la misma manera que ha sido firme en requerir sanción, “tampoco hemos vacilado en solicitar el descargo en aquellos casos en que las pruebas no resultan suficientes, pues observar la Ley no significa ser arbitrario; como dice Alberto Binder *, el proceso y las actuaciones procesales deben ser vistas como legítimas por la sociedad”. *(Alberto M. Binder es un consultor internacional de origen argentino, autor del libro “Iniciación al Proceso Penal Acusatorio” y quien ha estado en el país en varias ocasiones ofreciendo charlas y cursos en la materia, sobre todo, con la ocasión de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal). Más adelante Bircann señala que “al ver cómo eran sacados del proceso aquellas partes que habían tenido ganancia de causa en primer grado, decidimos recurrir ante la SCJ, pues veíamos que mediante esta práctica se estaba enviando un mensaje peligroso a la sociedad. No obstante, revela que antes de tomar su decisión hizo las consultas de rigor, entre ellas, una al doctor Guillermo Moreno, quien calificó esa actitud como “descabellada” e incluso, la comentó en su columna de Diario Libre. “En nuestro discurso del 5 de julio de 2006 en ocasión de la graduación de la II Promoción del PEF afirmaba que el Ministerio Público no debía mantener la inercia en aquellos casos en que interviniera una decisión contraria a sus conclusiones; que el CPP debía ser enriquecido en base a

la obra creadora de la jurisprudencia, y que nosotros estamos llamados a jugar un importante papel en este sentido, a través del ejercicio de los diferentes recursos”, concluyó diciendo el magistrado Juan Carlos Bircann Sánchez.

La Sentencia

Sentencia No. 9 Dios, Patria y Libertad República Dominicana En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Víctor José Castellanos Estrella y Dulce Ma. Rodríguez de Goris, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 26 de enero del 2007, años 163° de la Independencia y 144° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: En cuanto al recurso de casación interpuesto por el Procurador General Adjunto ante la Corte de Apelación de Santiago: Considerando, que en sus motivos, el Procurador Adjunto actuante fundamenta su recurso alegando, en síntesis, lo siguiente: “Sentencia manifiestamente infundada por inobservancia y errónea aplicación y desnaturalización de los artículos 311, 419 y 421 del Código Procesal Penal; Violación al derecho de defensa e igualdad entre las partes (artículo 12 del Código Procesal Penal); sentencia contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal y de la Suprema Corte de Justicia (artículo 4262); que la Corte a-qua entiende que contestar el recurso de forma oral, en audiencia y sin haber producido un escrito de contestación, es contrario

al debido proceso de ley, ya que dichas argumentaciones constituirían una sorpresa para el recurrente que tendría que adivinar lo que van a exponer el ministerio público y la parte civil, pretendiendo sorprender con argumentaciones que ignoran y harán públicas súbitamente; que este aspecto de la sentencia recurrida se traduce en inobservancia manifiesta del artículo 311 del Código Procesal Penal, que la oralidad es uno de los principios básicos del proceso penal, no sólo en el actual modelo procesal, sino bajo el imperio del anterior Código de Procedimiento Criminal que establecía un procedimiento mixto; que la postura de la Corte a-qua se traduce necesariamente en una involución del sistema procesal democrático y republicano al pretender traducir esta fase del proceso a un mero trámite de memoriales y del expediente y la mera tramitación de documentos, instancias y escritos, lo cual fue una de las principales críticas al sistema anterior que motivó la reforma procesal penal”; y continúa exponiendo el ministerio público, “que si bien es cierto que el artículo 419 del Código Procesal Penal establece que una vez presentado el recurso el secretario lo notifica a las demás partes para que lo contesten por escrito depositado en la secretaría del tribunal y en su caso, presenten prueba, no menos cierto es que esta actuación no es conminatoria ni conlleva sanción procesal alguna; que el código no excluye a los sujetos procesales que, habiendo sido satisfechos en sus pretensiones o que hayan dado aquiescencia al fallo recurrido, no respondan al recurso interpuesto; cuando el legislador ha querido excluir alguna diligencia procesal (por ejemplo la prueba obtenida de forma irregular o ilícita) o a alguno de los actores del proceso, lo ha hecho expresamente, tal es el caso de la presunción legal contenida en el artículo 307 del Código Procesal Penal respecto al abandono de la defensa o retiro del estrado del querellante y actor civil, así como el desistimiento tácito del actor civil del artículo 124 del Código Procesal Penal; que así como no hay nulidad sin texto, tampoco hay exclusión, las

exclusiones están claramente establecidas en el Código Procesal Penal, esta situación hay que analizarla en el contexto de lo que es el derecho a acceder a la justicia, la tutela judicial efectiva y los derechos de la víctima; que una somera lectura del artículo 421 del Código Procesal Penal pone en evidencia lo infundado de la decisión de la corte, que se puede apreciar que aplicando los principios generales del juicio, el conocimiento de los recursos se realiza en una audiencia oral, por mandato expreso de la ley; que las excepciones a la oralidad del proceso están contenidas en el artículo 312 del Código Procesal Penal y entre las mismas no figura la réplica del recurrido en aras de sostener una decisión que le favorece acogiendo sus pretensiones o a la que ha dado aquiescencia; que para sorpresa nuestra, la corte ha variado su posición, de permitir que los norecurrentes presentaran sus respectivas conclusiones de manera directa, sin motivar las mismas, ahora dicha postura se ha endurecido: tampoco se permite concluir ni dictaminar; que con su posición la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago ha expulsado del proceso al ministerio público y a otros actores, una cosa es no presentar algún requerimiento o conclusiones, cruzarse de brazos o dar aquiescencia y otra muy distinta es que, de entrada, se impida la participación en el juicio; que lo que no puede hacerse es salirse del ámbito del recurso; lo que la corte debe impedir es que los recurridos planteen cuestiones nuevas, no contenidas en el recurso, pero no cercenarle su derecho de defensa alegando eventuales e hipotéticas sorpresas, pues a fin de cuentas el conocimiento del recurso es imposible que existan tales, ya que éste fija los límites del apoderamiento de la corte; que la eventual exclusión de los sujetos procesales, específicamente del ministerio público, representante de la sociedad y promotor de la acción penal pública, quebrantaría el derecho de defensa y el principio de contradicción, reconocidos ambos en nuestra legislación procesal y la normativa internacional”; termina la argumentación del representante del

ministerio público; Considerando, que ciertamente, tal como plantea el Procurador recurrente, el limitar a las partes, en cuanto a su participación en la audiencia, si éstas no han producido un escrito de contestación al recurso, es una errónea aplicación de la ley, toda vez que de acuerdo a los principios generales del juicio, el conocimiento de los recursos se realiza en una audiencia oral, por mandato expreso de la ley, y no permitirle a las partes concluir en audiencia, equivaldría a no realizar la misma, si lo que se va a examinar es sólo el escrito de la parte recurrente y las contestaciones depositadas previamente; que, sin embargo, el ministerio público que haga uso de la palabra en estas circunstancias debe estar limitado estrictamente a exponer su posición jurídica en torno a lo argüido por el recurrente al interponer su impugnación a la sentencia de que se trate; por consiguiente, debe ser acogido el recurso de casación del ministerio público; Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, así como el incoado por Juana del Corazón de Jesús Hiciano y la Confederación del Canadá Dominicana, S. A., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 11 de septiembre del 2006, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de este fallo; Segundo: Casa la referida decisión, y envía el asunto, ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega; Tercero: Compensa las costas. (Firmados).-Hugo Álvarez Valencia.-Julio Ibarra Ríos.-Edgar Hernández Mejía.-Dulce Ma. Rodríguez de Goris.-Víctor José Castellanos Estrella. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. Ministerio Público

Ciencia y tecnología contribuyen a la solución de crímenes El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), creado como un órgano de la Procuraduría General de la República, se ha convertido en un elemento determinante para la solución de crímenes mediante la recolección de evidencias de manera coherente. El INACIF ha puesto al servicio de la justicia dominicana la más avanzada tecnología de laboratorio, donde se pueden analizar sustancias controladas, drogas, documentos dudosos, armas de fuego, entre otras evidencias. Mientras que en patología forense, se ofrecen servicios de médico legistas, psicología forense y ginecología forense. El ingeniero Francisco Gerdo, director del INACIF, resaltó que en lo relativo a levantamiento de cadáveres los médicos forenses tienen estricta protección de la escena del crimen. Estos servicios se ofrecen gracias a la estructura del INACIF, que incluye las direcciones de Medicina Forense, Experticia Analítica Forense y de Química Forense. El funcionamiento del INACIF en el ámbito nacional, ha permitido el esclarecimiento de homicidios y otras muertes violenta sin la necesidad de traslado al Distrito Nacional, como ocurría antes. Gerdo explicó que tanto los fiscales como los oficiales investigadores se apoyan cada día más en los análisis para resolver los casos y enviar a los criminales por ante los tribunales.

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Empero, aclaró que los jueces también solicitan los servicios del Inacif para comprobar la veracidad de determinadas evidencias. “El INACIF se ha convertido en un elemento determinante en las investigaciones que realiza el Ministerio Público y los tribunales”, apuntó. La entidad impulsa la integración y trabajo en equipo entre médicos forenses, investigadores policiales y técnicos de laboratorio. La expresión de que no hay crimen perfecto y de que los criminales siempre dejan alguna evidencia en la escena, se ha podido implementar en el país desde la puesta en funcionamiento del INACIF), ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina Tiradentes (Alma Mater), desde donde se ofrece servicio a la provincia Santo Domingo. Cuenta, además, con las regionales Norte, en Santiago; Sur, en Azua y Este, en

“El Instituto Nacional de Ciencias Forenses se ha convertido en un elemento determinante en las investigaciones que realizan el Ministerio Público y los tribunales...”

San Pedro de Macorís. El INACIF de Santiago, ubicado en el hospital José María Cabral y Báez, cubre casos registrados en Bonao, La Vega, Puerto Plata, Monte Cristi, Valverde (Mao), Santiago Rodríguez, Dajabón, Sánchez Ramírez (Cotuí), Duarte (San Francisco de Macorís), Salcedo, María Trinidad Sánchez (Nagua) y Samaná. Mientras que las instalaciones de la Región Sur están ubicadas en el hospital Regional Taiwán, de Azua, en la calle Independencia esquina 27 de Febrero. En la regional Este la sede del INACIF localizada en San Pedro de Macorís, en el hospital Antonio Musa, en la carretera que comunica con Hato Mayor, da cobertura además a La Romana, La Altagracia (Higüey), El Seibo, Monte Plata y Hato Mayor. Cada regional, explicó, dispone de una ambulancia y, la sede central del Distrito Nacional, inaugurada por el Presidente Leonel Fernández el 24 de enero de 2006, dispone de tres ambulancias, que permiten ofrecer servicios de evaluación de lesiones personales, necropsias y levantamiento de cadáveres, para lo cual cuentan con una sala de autopsias con modernos equipos. El INACIF también ofrece servicios de ginecología y psicología, para evaluación de abuso sexual y lesiones físicas, en los centros integrales de la Unidad de Atención a las Víctimas, en el Distrito, en Santiago y Santo Domingo. Existen acuerdos con institucio-

nes extranjeras para hacer los análisis de ADN para casos que lo ameriten.

Personal En la actualidad el Inacif cuenta con 155 empleados, en su mayoría médicos legistas distribuidos en todo

“El INACIF también ofrece servicios de ginecología y psicología, para evaluación de abuso sexual y lesiones físicas...” el territorio nacional y médicos forenses. Mientras que en la sede central del Inacif laboran unos 45 profesionales de distintas áreas, cuya misión es analizar las evidencias remitidas por fiscales y tribunales.

Servicios que ofrece

-Toxicología Forense Se utiliza para determinar mediante métodos instrumentales la existencia de drogas, pesticidas y tóxicos en general, en muestra de sangre, orina y contenido gástrico.

-Sustancias Controladas En esta área se realizan los análisis e identificación de las diferentes

sustancias incautadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD para determinar si son prohibidas.

-Serología Forense Esta sección está destinada a la identificación y caracterización de fluidos biológicos como manchas de sangre, saliva y semen, procedentes de crímenes violentos. -Documentoscopía Aquí se realizan análisis de escritura y todo tipo de evidencia documental envuelta en litigios judiciales, utilizando la metodología apropiada en cada caso. -Balística Forense Aérea destinada a la investigación de armas de fuego, comparación de casquillos y proyectiles, y de la restauración de números seriales, utilizando el microscopio de comparación balística y el microscopio estereoscópico.

-Recepción de Evidencias Es donde se reciben las evidencias para su posterior envío a las respectivas áreas de análisis forenses y donde se entregan los informes periciales ya concluidos. -Incendio Premeditado Permite identificar de manera coherente las causas de un incendio y determinar cuando ha sido premeditado o no.

El director del INACIF, Francisco Gerdo, acompañado del personal médico y administrativo de la institución.

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Proceso al Código Procesal Penal Las que aún son aspiraciones y tareas pendientes de la sociedad es que se plasmen en la realidad cotidiana los principios de igualdad entre las partes, igualdad ante la ley e igualdad en el acceso a la justicia de todos los ciudadanos La puesta en vigencia en la República Dominicana a partir del 27 de septiembre del año 2004 del Código Procesal Penal, que sepultó el “ancien regim” o antiguo régimen, contenido en el código de procedimiento criminal de 1808 en Francia, y de 1884 entre nosotros, constituye una especie, si se permite la expresión, de revolución. Este Código, con ya casi tres años de aplicación, representa un abanico de posibilidades, en la perspectiva de evitar abusos y violaciones de derechos individuales que podrían cometer autoridades y particulares, pues ya no es posible que una persona permanezca arrestada por más de 48 horas sin ser presentada ante un juez de garantías. En el país, el procesal penal se ha erigido en una realidad tangible e irreversible, a tal magnitud que de veintiún países del concierto de naciones iberoamericanas que han adoptado el llamado Código Procesal Penal Modelo, es en esta parte del Caribe insular castellano en donde con más rapidez y menos traumas ha operado su puesta en ejecución, para no usar el vocablo implementación. Esto representa un triunfo para sus operadores, como el ministerio público, la defensa, los abogados, la policía, la DNCD, y otros organismos, y de los árbitros o terceros, que son los jueces, y del personal administrativo. En fin, es un triunfo de la sociedad. Todos estos actores procesales han hecho serios esfuerzos de adaptación a la nueva realidad, que implica nuevos valores, nuevos paradigmas y cambios culturales. La legislación comentada conlleva, dentro de los paradigmas alegados, la adopción de otras terminologías, que ya la generalidad de los actores dominicanos maneja con cierta naturalidad. Así las cosas, en este orden procesal penal son tópicos o lugares comunes hablar de imputados y víctimas, de principios fundamentales, actores civiles, acción privada y acción pública, archivo del proceso, inhibición y recusación del ministerio público, los auxiliares de las partes, la cooperación judicial internacional, los criterios de oportunidad y el procedimiento penal abreviado. También, acusación pública y privada, actos conclusivos, principios de oralidad e inmediación, legalidad de la prueba y exclusión probatoria, la lógica, conocimientos científicos, las máximas de experiencias, perdón judicial y asuntos complejos. Es un texto jurídico en simetría con el signo de los tiempos, al consagrar la primacía de la Constitución y los tratados internacionales, la participación ciudadana, dignidad de la persona, derecho de defensa, derechos de la víctima, imparcialidad e independencia del juez, no au-

Ministerio Público

Jesús Fernández Vélez Procurador General ante la Corte de Apelación de San Cristóbal. jfernandez@procuraduria.gov.do

toincriminación, plazo razonable, obligación de decidir, formulación precisa de cargos, pericia cultural y examen corporal. En ese mismo tenor, las novicias instituciones procesales contienen las activas medidas de coerción, la investigación previa, la conciliación, acuerdos parciales y plenos y la audiencia preliminar. Por igual, juez natural, juicio de fondo, nuevo juicio, garantía económica, arresto domiciliario, queja por retardo de justicia y tribunal colegiado. Se encuentra además la defensa técnica privada y pública, pronto despacho, anticipos de pruebas, los criterios para la determinación de la pena, el cumplimiento especial de la misma, perdón condicional, suspensión condicional del procedimiento y la ejecución de la pena, y cientos de instituciones jurídicas más que obviamos apuntar. Su puesta en práctica en esta Nación, que instituye el sistema acusatorio adversarial moderado, que no es un método procesal nuevo, pues algunos cronistas narran que se conoció en la democracia griega muchos siglos antes de Cristo, ha implicado que la República Dominicana se integre al proceso de desbordamiento de las ideas constitucionales que vive el mundo, a tal extremo que el procedimiento de justicia penal ha sido constitucionalizado, y es una forma de participación mínima de los mecanismos de internacionalización y mundialización, que es la globalización. Así, los derechos fundamentales, individuales y sociales de los artículos 8 y 9 de la Constitución, y los tratados, pactos y convenios internacionales que en materia de derechos humanos ha firmado muestro país están consignados como principios esenciales de ese orden procesal. Esos principios se hallan contenidos en los artículos 1 al 28. De ahí que pueda sostenerse que este nuevo régimen jurídico garantiza el ejercicio del derecho de defensa casi en igualdad de condiciones, aunque luzca ilusorio, a ricos y a pobres. Las que aún son aspiraciones y tareas pendientes de la sociedad es que se plasmen en la realidad cotidiana los principios de igualdad entre las partes, igualdad ante la ley e igualdad en el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. Aunque amerita de modificaciones y ajustes logísticos y tecnológicos en su entorno social, como forma de responder a los requerimientos de la sociedad de la información y la era del conocimiento, así como del Proyecto de Justicia XXI, de la Internet y autopista virtual, es evidente que el Código Procesal Penal ha salido ganancioso en el proceso ahora sometido.

Roxanna Reyes Procuradora General Adjunta rreyes@procuraduria.gov.do

Cuando la sociedad recibe un daño a través de la comisión de crímenes, delitos o contravenciones, ésta delega en los representantes del Ministerio Público la responsabilidad de investigar esas infracciones.

Consideraciones en torno a la problemática de la violencia en República Dominicana desde la perspectiva del Ministerio Público Para referirnos a la violencia es necesario remontarnos a los orígenes de la humanidad, encontrando el uso de la misma como medio de defensa contra cosas mayormente desconocidas. Se considera el primer homicidio registrado el de Caín contra su hermano Abel. Posteriormente, Grecia, Roma, los Persas, los Bárbaros, entre otros, fueron culturas y civilizaciones fundadas sobre la base de la guerra y la violencia, observándose el período de la Venganza Privada, la Ley del Talión como medidas de solución de los conflictos. Jurídicamente, la violencia es la forma de vencer mediante el empleo de la fuerza la resistencia presentada por un objeto o persona, sin el consentimiento de esta última. En ese sentido, la violencia será física o psicológica. La violencia física se define como el impacto que se produce en el cuerpo de una persona de manera directa, mediante el empleo de alguna parte del cuerpo humano (manos, pies, cabeza) o indirecta mediante el empleo de objetos contusos, punzantes, cortantes o punzo cortantes con o sin la efusión de sangre, lo que puede ocasionar en muchos casos lesiones permanentes o hasta la pérdida de la vida misma. La violencia psicológica es el patrón de conducta que utiliza con frecuencia la intimidación, el insulto y las agresiones verbales tendentes a la afectación de la integridad emocional de la persona. Por otra parte, se hace necesario referirnos al Control Social Informal como los agentes de socialización (Escuela, Iglesia, Familia y los Medios de Comunicación Social, entre otros) y el Control Social Formal como las estructuras legales que regulan la vida en sociedad con la debida protección de los derechos fundamentales de toda persona. Puede compararse lo expuesto previamente, a la defensa que ante una bacteria realiza el cuerpo humano, o los animales que mediante picaduras, mordeduras, patadas o arañazos se protegen del entorno. Esto significa que la sociedad se defiende mediante la imposición de penas oscilantes de 5 días hasta 30 años de reclusión. Los representantes del Ministerio Público somos los guardianes de la sociedad, que como superiores de la Policía Judicial tenemos la responsabilidad de velar porque la persecución penal se realice dentro del marco más absolu-

to y transparente de respeto a los derechos de los procesados y víctimas. Esto así en el entendido de que respetar los derechos y garantías consagradas en favor de todo detenido y/o acusado es el precio de la libertad y seguridad de todos. Lo anteriormente expresado se fortalecerá y consolidará cada vez más tras la creación de una policía Técnica Judicial totalmente dependiente del Ministerio Público, así como de un sistema penitenciario con una estructura que promueva la reeducación y resocialización del infractor tal y como se labora actualmente con el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Por otra parte, considerando que el Ministerio Público no sólo tiene el deber de investigar y perseguir la delincuencia sino de contribuir a la paz, tranquilidad y seguridad ciudadana, promovemos exitosamente la Solución Alternativa de Conflictos procurando la conciliación entre las partes, siempre que la seguridad y el Orden Público no se encuentren comprometidos, finalizando el conflicto mediante el acuerdo y el diálogo, no la sanción, evitando así el ingreso de casos menores al sistema judicial, lo que permite a los jueces concentrarse en casos realmente graves. Para muestra de lo anteriormente señalado apreciamos el novedoso ejercicio de descentralización y Justicia Comunitaria ejecutado de manera exitosa por el Procurador Fiscal del Distrito Nacional Dr. José Manuel Hernández Peguero (con quien tuve la distinción de laborar como Fiscal Adjunta) a través de las 13 Fiscalías Barriales situadas en los Barrios más conflictivos de la capital dominicana. Esto así porque la comunidad es quien mejor conoce sus conflictos. En conclusión, establecemos que combatir la violencia creciente que nos afecta no es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público, policías o jueces. Se requiere cada vez más una educación desde el hogar y las escuelas que promueva una cultura de paz, que permita establecer un Estado de Derecho donde a cada ciudadano y ciudadana se le otorgue lo que le corresponda según la ley. La autora es Procuradora General Adjunta de la República Dominicana, Procuradora de la Mujer y Directora de Política Criminal. Ministerio Público

Discurso del Procurador General de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, en ocasión de la

“Conferencia Nacional del Ministerio Público: Constitución y Sistema de Justicia” (25 de enero de 2007, Aula Magna-UASD)

El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez.

Honorables miembros del Ministerio Público: Invitados especiales, Señoras y Señores:

En mi condición de Procurador General de la República tengo el alto honor de darles la bienvenida a esta Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi alma máter, y agradecer su presencia en esta Conferencia Nacional que reúne a todos los miembros del Ministerio Público de la República Dominicana. La enorme trascendencia de la razón que nos convoca, consistente en presentar y sustentar las propuestas del Ministerio Público de cara a la Reforma Constitucional, justifica que hagamos un alto en nuestras labores cotidianas para dar conocer al país la posición institucional del Ministerio Público en lo que respecta a la suerte que ha de correr el Sistema de Justicia en ocasión de una próxima

Ministerio Público

reforma a la Constitución de la República. Permítaseme, antes de presentar formalmente las propuestas que han sido consensuadas a lo interno de nuestra institución, echar una mirada sobre la figura del Ministerio Público en los contextos históricos, procesales e institucionales en los que le ha tocado jugar su papel en el sistema de justicia. La función social del Ministerio Público fue planteada por Montesquieu que, con su tesis sobre el equilibrio dinámico, representado en la división de los Poderes, estableció su independencia de la función judicial. Esa posición fue avalada por Filangieri al afirmar que “un sistema de juicio criminal en el que el juez debe hacer las funciones de acusador, es vicioso por sí mismo”. E igualmente por Tocqueville, cuando dice que la “característica del poder judicial es la de no poder actuar más que cuando se recurre a él o, según la expresión legal, cuando se apela a él. El poder judicial violentaría en cierto modo esa naturaleza pasiva sí actuase por sí mismo”. Sin duda, fue la necesidad de superar el esquema de la inquisición tradicional o histórica que atribuía a un mismo funcionario la función de averiguar la verdad y decidir, normalmente a espaldas de la defensa del imputado, el ingrediente que dio origen a la creación de esa maquinaria acusadora separada del juez que es el Ministerio Público. De ahí que se admita sin discusión que la reforma del sistema penal del siglo XIX, que inaugura el Código de Instrucción Criminal de 1808, fue la creadora verdadera de nuestro actual Ministerio Público. Sin embargo, la verdad es que ese Ministerio Público nació como un híbrido con escaso poder sobre el proceso. A pesar de que se lo concibió como un representante de la acción pública, sin cuya actividad, por principio, los jueces no podían conocer los casos, él no dominaba siquiera su función especifica, la de perseguir, porque se le creó al

lado la figura del juez de instrucción, que, por disposición de la ley, investigaba de oficio, o prácticamente procedía de la misma manera, bajo la simple existencia de una denuncia o de la prevención policial, funcionario bajo el que se ocultó al inquisidor del antiguo régimen . En nuestro país, la idea de tener un Ministerio Público nació con el surgimiento de la República, siendo regulado en el Artículo 131 de la Constitución de 1844, como parte de la Suprema Corte de Justicia, pero nombrado por el Poder Ejecutivo. No es necesario detallar las profusas reformas y contrarreformas constitucionales y legales en torno a la función del Ministerio Público en el país. Basta con señalar que todas dejaron latente su indefinición institucional como un mero apéndice del Poder Judicial, colocado funcionalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo. Hasta la reciente reforma procesal penal el Ministerio Público fue una de las instituciones más disfuncionales en el sistema de justicia dominicano. Importado con la legislación napoleónica que lo erigía en “representante de la sociedad” y “custodio de las leyes”, permaneció infrautilizado ante el poder legal de dirección de la investigación en manos del juez de instrucción y, aún en el debate de fondo, tuvo un rol minimizado ante el protagonismo del juez en su papel activo. Con menos suerte pudo trillar camino frente al poder de facto de una policía que ignoró sin menoscabo su autoridad. Esa infuncionalidad explica la sumisión incondicionada en que tuvo que desempeñarse frente al Poder Ejecutivo porque era la única razón de su existencia. La afirmación no es ociosa: En Chile, por ejemplo, al darse cuenta de la inconsistencia funcional del Ministerio Público ante el papel activo de los jueces optaron por suprimirlo en el 1910, hasta su reinstauración en la reforma procesal penal, cuando se neutralizan las funciones de instrucción de los jueces. Ante semejante situación, independientemente de la voluntad de los fiscales, no había forma de asumir una gran responsabilidad en el cumplimiento de su fin social, no había incentivos para un adecuado desempeño profesional. Aún hoy se le cataloga como un adolescente que tiene que madurar y definir una identidad constitucional propia que le permita asumir eficien-

temente su función social, que no es otra que la defensa de la legalidad y el interés público, y más concretamente la persecución del delito y la protección de las víctimas y testigos. El cambio de paradigma que supuso la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, al pasar de ese “híbrido sin poder” que era en el modelo mixto a director de la investigación y verdadero acusador público en el modelo adversarial, afianzó su función social. Es que el Ministerio Público es el sujeto más “expuesto” y con las “funciones más diversificadas”. No sin razón se le considera hoy “el motor de cambio de la reforma de la justicia penal” y su letargo institucional podría generar una aureola de impunidad capaz de afectar a todas las instituciones vinculadas al sistema penal. Fortalecerlo institucionalmente es una necesidad actual e impostergable.

Fortalecimiento Institucional Hoy el Ministerio Público asume un rol claro en la persecución penal, que es su rol natural de actuación, junto con la acusación de los delitos públicos. Por lo que se le exige un entendimiento armónico entre dos dimensiones de la lucha contra la criminalidad: la dimensión garantista, que le obliga actuar en todo momento respetando los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, y la dimensión de la eficacia, que demanda que la actividad de persecución del crimen alcance los resultados en el tiempo y mediante los procedimientos propios de una sociedad democrática. La simple defensa de la legalidad como fórmula hueca no da cuenta de la profundidad de la función social del Ministerio Público. La representación del interés general no puede ser enarbolada como un valladar que impida una relación más estrecha entre el que recibe el daño directo del delito y quien debe perseguirlo. Hay que ensayar nuevas formulas de acercamiento entre la víctima y Ministerio Público, humanizando la persecución penal mediante la progresiva integración del interés particular de la victima en el interés general que representa el Ministerio Público, porque, si bien en el delito siempre existe un plus de daño que excede a la víctima y es lo que legitima la intervención de ese funcionario público que es el fiscal, no podemos olvidar que hay una porción del daño, posiblemente la más amplia, que ha

sido sufrida por un individuo concreto, que es la víctima. Frente a esa situación el Ministerio Público tiene ante sí un reto muy particular, que es acercar día a día esos intereses concurrentes. Asimismo, el proceso de reforma impulsa la modificación de la cultura organizacional interna del Ministerio Público. Sin embargo, es difícil interiorizar el cambio cuando no están claras las funciones o dicho de otro modo, es más fácil implementar reformas superficiales sin detenerse a pensar en quién es el verdadero usuario del sistema y cuál es la real función de los miembros de la institución. La organización debe reflejar la función social que le dio origen. La Reforma Procesal Penal significa la propuesta de un cambio radical de la estructura del sistema de enjuiciamiento criminal de la República Dominicana, que está conllevando una modificación en los modos culturales de participación en el tema de la justicia. Desde luego, supone el traslado desde un modelo de justicia penal burocrático, ritualista, irracional, ineficiente y fuertemente afectador de los derechos individuales hacia otro que confía la investigación a un cuerpo técnico esencialmente dedicado a ello, que diseña estrategias de persecución penal y la orienta selectivamente a partir de criterios políticocriminales compatibles con el marco institucional de un estado democrático de derecho y reconoce como limite infranqueable a su pretensión punitiva el respeto a la dignidad de la persona y a las garantías inherentes al debido proceso. Este nuevo modelo más dinámico, flexible y racional de justicia criminal exige como hemos destacado un cambio cultural radical de todos los actores en la forma de enfrentar e intervenir en el sistema, requerimiento que constituye un claro desafío si se considera la arraigada ortodoxia inquisitiva de las instituciones jurídicopenales dominicanas. La existencia de un Ministerio Público a cargo de la investigación preparatoria supone recoger en nuestro ordenamiento jurídico un principio básico del sistema acusatorio de enjuiciamiento criminal, a saber, que un órgano distinto del jurisdiccional tiene a su cargo la tarea que resulta previa al eventual ejercicio de la acción punitiva a través de su función requeriente, y pareciera lógico que Ministerio Público

siendo como se ha dicho el dueño de la investigación pueda decidir autonómicamente como llevarla a cabo y seleccionar los antecedentes que sirvan a los efectos de su acusación. La última década ha sido intensa para América Latina en lo concerniente a la reformulación de los sistemas de enjuiciamiento penal y las organizaciones administrativas que les sirven de sustento. Existe una evidente preocupación por combatir la brecha existente entre el modelo reflejado por las postulaciones iluministas de las constituciones liberales de la región y los sistemas de administración de justicia que ostentaban, incluso con orgullo, el sello de la más pura inquisición. Este desdibujamiento de un conjunto de derechos y garantías del ciudadano y de la forma republicana de ejercicio de poder desembocó incluso en un colapso administrativo de los sistemas de justicia, que se sumó a la necesidad política e ideológica de reformarlos. Hay que reconocer que el Ministerio Público ha dado importantes pasos en los últimos años. La puesta en vigencia del Estatuto del Ministerio Público, la consecuente creación de la Escuela Nacional del Ministerio Público, los presupuestos de Carrera e inamovilidad dispuestos en la Ley, complementados por el Reglamento de la Carrera del Ministerio Público, constituyen pasos de avance en cuanto a la creación de las bases jurídicas para un serio proceso de institucionalización de este importante actor del sistema de justicia. La noción de institucionalidad es mucho más que una fórmula hueca. Significa contar con una institución fortalecida, con identidad propia, funcionalmente independiente, con

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funcionarios capacitados y adecua- tituye una prioridad y es lo que nos dos procesos de designación y per- convoca a reflexionar una propuesmanencia en el cargo. ta de reforma que sea técnicamente Ahora bien, no podemos olvidar adecuada y políticamente viable. que vivimos en un país con una frágil No podemos dejar de reconocer configuración institucional. La juven- que existen retos importantes en el tud de este proceso, las contradiccio- Ministerio Público que transitan por nes e incongruencias técnicas expre- ámbitos de adecuación organizaciosadas en el Estatuto del Ministerio nal y cultural, más que por ámbitos Público, así como lo débil que a estos normativos. Sin embargo, ciertos fines resulta la regulación fundamen- aspectos tienen una marcada connotalmente reglamentaria de la Carre- tación constitucional, y como tal, dera, son aspectos que en sí mismos ben ser aclarados en la carta magna no constituyen una garantía para la para solidificar el proceso que actualpermanencia, continuidad y conso- mente vive el Ministerio Público. Ese lidación de los logros que se han al- es nuestro compromiso como Procucanzado. Se hace rador General de necesario adela República. más, un serio O más fielmencompromiso, la te, no se trata de “No podemos dejar de colaboración, la una iniciativa del reconocer que existen decidida volunProcurador Getad y el esfuerzo neral de la Repúretos importantes en el mancomunablica, sino que la Ministerio Público que do de todos los propuesta que hoy sectores que en presentamos es la transitan por ámbitos nuestra sociedad expresión de los aspiran a contar propios miembros de adecuación organicon un Ministedel Ministerio Púzacional y cultural, más rio Público problico. Es una profesional, capaz e puesta construida que por ámbitos norindependiente. sobre la base de una consulta intermativos” Los Retos na, una expresión Hay que deslibérrima de detacar la impormocracia. tancia del actual proceso de reforma Y no podía ser de otro modo, porconstitucional en la República Domi- que toda decisión relativa al futuro de nicana. esta institución debe ser consultada En efecto, la reforma constitucio- con sus miembros, que son los más nal se presenta como un escenario llamados a brindar las ideas para mepara encauzar el proceso de defini- jorar la calidad de su trabajo. ción institucional del Ministerio PúPermítanme su venia, Señoras y blico; para asegurar la sostenibilidad Señores, para pasar a plantear el conde la institucionalización que actual- junto de propuestas institucionales mente experimenta. que presentamos para ser consideraEnlazar constitucionalmente los das en el proceso de Reforma Constilogros obtenidos y por obtener, cons- tucional en curso. 1. Definición de la identidad Apenas regulada como una institución refleja del Poder Judicial, el Ministerio Público no tiene vida propia en la Constitución. El propio Estatuto del Ministerio Público no pudo romper con esa pesada ideología y quedó encerrado en una cosmovisión incoherente que no tradujo la especificidad de la función fiscal más allá de los principios. La organización refleja es producto de un modelo arcaico donde se potencializan funciones que no les son propias, goza de un nivel de adhesión y resistencia a un cambio estructural que le impide una reflexión de su pa-

pel sobre el tipo de organización que las nuevas funciones propias de la institución requieren. Como la estructura refleja tiene sede constitucional toca arrancarla desde la raíz. Hay que constitucionalizar los principios rectores del Ministerio Público: legalidad, objetividad, unidad de actuación, autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Estamos conscientes que la sola incorporación de estos principios en la Carta Magna no tendrá un efecto mágico, pero sabemos que su integración ayudaría a formar la identidad propia de la institución, en un proceso continuo de cambio cultural. 2. Reconocimiento Constitucional Una de las debilidades históricas del Ministerio Público ha sido la carencia de un sistema de carrera. Esto ha creado tres problemas fundamentales. Primero, ha impedido que estos funcionarios actúen con independencia en el cumplimiento de sus funciones.

Si el Ministerio Público es un órgano del Ejecutivo y el Procurador General es su director y ejecutor de la política criminal del Estado, este debe ser un funcionario de la confianza política del Presidente de la República. La segunda dificultad es que la designación libre de fiscales ha llevado en ocasiones a que ocuparan cargos dentro de la institución personas sin la preparación o vocación mínimas necesarias para ellas. Las causas de la ineficiencia del Ministerio Público no se limitan a la falta de recursos materiales. Fue determinante también la mala calidad de un personal que no se dedicó al cultivo sistemático de las habilidades necesarias para desempeñar ese trabajo adecuadamente. Tercero, la falta de carrera implicaba que no existiera continuidad de esfuerzos ni de formación.

Tradicionalmente los cambios de administración del Poder Ejecutivo obligaban al Ministerio Público a empezar prácticamente desde cero cada cuatro años. Los casos pendientes en justicia se veían retrasados de manera constante por esta circunstancia.

3. Ubicación Orgánica La falta de definición constitucional del Ministerio Público crea confusiones evitables sobre su ubicación orgánica. La función persecutoria del Ministerio Público tiene como consecuencia lógica que el mismo deba orbitar alrededor del Ejecutivo, que tiene la tarea de ejecutar las leyes y velar por su cumplimiento. Mal haría el constituyente si lo ubicara en el Poder Judicial porque entonces este último tendría el doble e incompatible papel de acusador y de árbitro. Si el Ministerio Público es un órgano del Ejecutivo y el Procurador General es su director y ejecutor de la política criminal del Estado, este debe ser un funcionario de la confianza política del Presidente de la República. Por lo tanto, su designación, así como la de sus adjuntos más cercanos debe responder a la lógica de la designación de los Secretarios y Subsecretarios de Estado. Es decir, las más altas instancias del Ministerio Público, que son las que colaboran directamente con el Presidente en la elaboración de la política criminal, deben estar fuera del régimen de carrera. Aunque sería saludable que una cuota importante de altos funcionarios del Ministerio Público sean de carrera. Se trata de crear un régimen intermedio que asegure una cuota de la carrera del Ministerio Público para ocupar vacantes de adjuntos del Procurador General de la República. Creemos que las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la propia Procuraduría General de la República debe ser ocupada por adjuntos de carrera. Asimismo sería saludable que el Procurador General de la República y los demás adjuntos que no vienen del régimen de la carrera sean inamovibles durante el período presidencial en el que sean designados. Se impone además un control en la designación del Procurador General de la República mediante una ratificación por parte del Senado, similar a la que se realiza en el caso de los embajadores. Se trata de un mecanismo de blindaje institucional para que el

máximo representante del Ministerio Público, aun cuando sea “un hombre de la confianza política del Presidente”, posea la idoneidad necesaria para el cargo a desempeñar y que no pueda ser objeto de presiones indebidas tendentes a su destitución.

4. Autonomía presupuestaria La experiencia reciente demuestra la importancia que tiene la seguridad presupuestaria para el Ministerio Público. La reforma del sistema judicial dominicano ha conllevado una actualización total del papel del Ministerio Público y exige su profesionalización y su adecuación técnica y material. Es imposible que el Ministerio Público pueda desempeñar con eficacia su labor si no cuenta con los recursos mínimos necesarios, sin olvidar, además, que la Procuraduría General de la República tiene a su cargo la responsabilidad de administrar y sostener el sistema penitenciario que absorbe un gran porcentaje de su presupuesto. Que el Ministerio Público sea un órgano dependiente del Ejecutivo no quiere decir que deba ser este último el que prepare la solicitud presupuestaria. La administración propia de los recursos materiales tiene tanta importancia como la de los recursos humanos, toda vez que no es posible conservar estos últimos si no existe un nivel aceptable de los primeros. La autonomía presupuestaria y administrativa tiene su lógica en asegurar el autogobierno del Ministerio Público, propiciando un marco de actuación que no pueda ser afectado por el gobierno central sin necesidad manifiesta. 5. Participación Actualmente el texto constitucional que crea el Consejo Nacional de la Magistratura sólo reconoce la participación del Ministerio Público, en la persona del Procurador General de la República, en calidad de suplente. El papel estelar que el nuevo proceso penal le reserva al Ministerio Público y una visión del sector justicia como un sistema, aconsejan una participación del Ministerio Público por derecho propio en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta idea viene fortalecida toda vez que en nuestro país la Procuraduría General de la República asume también la función de Secretaría de Justicia. En efecto, con la Ley Núm. 485, del 10 de noviembre de 1964, se suprime la Secretaría de Estado Ministerio Público

de Justicia y se pasan sus atribuciones a la Procuraduría General de la República, en consecuencia, el Procurador General además de las funciones de Ministerio Público, tiene a su cargo todos los asuntos que estaban atribuidos al Secretario de Estado de Justicia. Así, bajo esa doble condición, ante los aprestos de recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura, consideramos pertinente dotar de participación directa al Procurador General de la República. Esto es importante, porque supone un punto de equilibrio en su composición futura y asegura una igual oportunidad de acceso de los miembros del Ministerio Público en la integración de la Suprema Corte de Justicia, acorde con lo que expondremos a continuación.

6. Acceso a la Suprema Corte La Suprema Corte de Justicia no puede pensarse como un órgano cerrado a ser integrado sólo por jueces que provengan de la carrera judicial. Su función política, sea como tribunal de casación y con más razón como tribunal constitucional, obliga a su integración plural. Así, en un contexto de profesionalización de las diferentes instituciones del sistema de justicia, sería una inconsecuencia cerrar la posibilidad de que fiscales y defensores puedan llegar a integrar la Suprema Corte de Justicia. La igualdad de acceso a las posiciones del máximo órgano judicial, sería un incentivo que ayudaría al crecimiento conjunto de las instituciones de la justicia y permitiría asegurar una composición equilibrada en nuestro más alto tribunal. No se justifica recurrir al supuesto peligro de interferencia política en la Suprema Corte de Justicia para blindar su entrada a actores relevantes que podrían potenciar su labor. No se trata de exigir cuotas predeterminadas para la entrada, sino de permitir la carrera abierta, para que cualquier miembro del Ministerio Público que goce de las aptitudes y tenga la trayectoria profesional pueda en igualdad de condiciones concursar para acceder a ocupar las plazas del máximo tribunal. La diversidad de criterios en el seno de una Suprema Corte de Justicia sería la mejor garantía de una justicia que cada día irá trillando camino hacia el reconocimiento de la persona humana. Las burocracias cerradas nunca han significado bene-

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ficios sociales más allá de su propia estabilidad. Debe considerarse, conjuntamente con los jueces de carreras, la integración de juristas, fiscales y defensores en la Suprema Corte de Justicia como una necesidad propia del pluralismo de ideas que está en la base del estado social y democrático de derecho. En el marco de este panorama va quedando claro que tanto en lo que se refiere al resguardo de las garantías individuales básicas y al modelo de ejercicio del poder acorde con el estado de derecho en su máxima expresión, como en cuanto a la búsqueda de un grado razonable de eficiencia estatal en la redefinición de los conflictos que le son sometidos, se hace imperioso detenernos en el papel a cumplir por el Ministerio Público. Y ello es así porque este organismo cumple un papel protagónico desde cualquier ángulo que se observe o evalúe al sistema procesal penal. A saber: A) cumple un papel indudable en la eficiencia eventual de la persecución penal y en la manifestación práctica de la defensa de los valores éticos sociales que el Estado ha decidido proteger. B) Su inserción correcta posibilita la vigencia real de un conjunto de garantías “orgánicas” en el proceso penal y una interpretación objetiva de las clásicas garantías procesales. C) El Ministerio Público, como motor de la investigación, debe ser, a menudo, el puesto de observación de los sistemas de flujo de información de organización administrativa. Sin embargo, hoy no caben dudas que, para decirlo con palabras de Perfecto Andrés Ibáñez, “el ministerio público es una institución problemática, un aparato de difícil caracterización, sometido a inevitable tensión orgánica entre sus fines constitucionales y su propia configuración”. Hoy nadie osaría en negarle el alto grado de verosimilitud a semejante diagnóstico. Solo basta con estudiar los procesos de reforma en desarrollo en América Latina. No exageraríamos en afirmar que ningún programa de reforma o modernización del sistema de justicia penal puede obviar, justificadamente, el tratamiento del lugar que debe ocupar este órgano. Poco importa si esta reflexión se inicia en el diseño del proceso o en el diseño constitucional. El Ministerio Público, en palabras de Maximiliano Rusconi, debe su germen al proceso de revisión crítica del ejercicio del poder todavía no conclui-

do provocado por la Revolución Francesa y a la contemporánea abolición del viejo sistema inquisitivo. Apunta Rusconi que se impone una reflexión profunda puesto que no cabe duda de que la tendencia evidente a un modelo procesal que muestra cada vez mas concesiones a un modelo acusatorio, requerirá un mayor protagonismo de la institución y con ello, una precisa definición de su papel. El Ministerio Público tiene, sin embargo, otra misión de máxima trascendencia, quizás la más importante desde una visión constitucional o de organización política del estado: que es el resguardo de la forma republicana del ejercicio del poder. No existe lugar a ningún tipo de duda en nuestros días de que el sistema penal representa una de las formas más fuertes y violentas del ejercicio del poder estatal. Es por ello que tal ejercicio del poder debe estar en consonancia con el programa ideológico que el sistema constitucional organiza para enmarcar ese ejercicio de poder. Señoras y Señores, he esbozado ante ustedes, en apretada síntesis, las propuestas, debidamente justificadas, que han sido el resultado de la consulta que agotamos a lo interno del Ministerio Público en ocasión del proceso de Reforma Constitucional en marcha. Al presentarlas al país, de modo abierto y transparente, no aspiramos otra cosa que aportar elementos que consideramos de vital importancia para un abordaje democrático del debate de la Reforma Constitucional. El Ministerio Público está comprometido con su fortalecimiento institucional en aras de proveer el servicio público que está llamado a rendir con los niveles de calidad que merece nuestra población. La iniciativa presidencial de generar todo un proceso de consultas y reflexiones sobre la reforma de la Carta Magna nos ha brindado el escenario para avanzar hacia el afianzamiento del Ministerio Público en su papel estelar como motor de cambio del sistema de justicia penal. Pedimos pues, al Todopoderoso que ilumine a los responsables de concluir este inédito ensayo de discusión democrática para que el contenido de la Reforma Constitucional sea la expresión libérrima de las opiniones vertidas, tendentes a lograr el fortalecimiento de nuestras instituciones. Muchas Gracias.

Procuraduría se convierte en la primera institución en implementar un sistema de compra digital Honestidad y transparencia son los pilares en que se sustenta la actual administración de la Procuraduría General de la República, y para continuar con esos lineamientos la institución tiene instalado un servicio de compra digital, donde se ofrece al público todas las informaciones relativas a la adquisición de bienes y contrataciones que requiere el Ministerio Público, convirtiéndose de esta manera en la primera entidad pública en implementar este moderno sistema. A través del portal ProCompraNet ubicado en su página www.procuraduria.gov.do, o visitando directamente www.procompranet.gov.do, las empresas y público en general pueden enterarse de las licitaciones y compras menores que se convocan para la adquisición de equipos y otros servicios que el Ministerio Público esté interesado en adquirir, con el propósito de que los suplidores proyecten sus ofertas de ventas. Además, es una ventana abierta para ofrecer información sobre los procesos de compra de la institución, los términos de referencia de las licitaciones, los contratos, los pagos a los proveedores, entre otros. El nuevo portal se inauguró en un acto efectuado en el auditorio de la Procuraduría General de la República, el cual estuvo encabezado por el máximo representante del Ministerio Público, doctor Radhamés Jiménez Peña. Con este nuevo proceso, la Procuraduría responde a los reglamentos de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios y concesiones para que los proveedores

concursen de forma electrónica dentro de un sistema de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia, publicidad, economía, flexibilidad y equidad. Para ingresar como proveedor, el usuario debe previamente estar afiliado; en caso de lo contrario, puede inscribirse al sistema eligiendo el comando de la izquierda, “Solicitar Pre-Registro”, y llenar el cuadro que aparecerá en pantalla o comunicarse a través info@procompranet. gov.do. ProCompraNet permite al usuario emitir sus sugerencias, denuncias y reclamaciones. Además, encontrará el pliego de condiciones conteniendo las especificaciones y requerimientos de los concursos.

Licitación para equipos de computadoras

La más reciente licitación pública de la institución, incluida en el nuevo sistema, es para la adquisición de equipos que se adaptarán a la plataforma

tecnológica con el objetivo de fortalecer el sistema computarizado en todas las dependencias del Ministerio Público. Dentro de los equipos figuran 200 unidades de computador personal, 400 sistemas de energía continua, 80 cámaras digitales, 50 aparatos telefónicos IP, 50 impresoras Laser-Jet, 42 discos duros, 15 powers adapter, 12 computadoras Laptop, cuatro servidores para soporte de aplicaciones, un proyector portátil, un antivirus corporativo, entre otros.

El presidente del Comité de Licitaciones de la Procuraduría, magistrado Rodolfo Espineiro recibe junto al notario público Nelson Castillo Ogando, ofertas de empresas que participan en una licitación. Figuran además, el ingeniero José Abud y la arquitecta Maricela Vargas.

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Gladys Checo de Almonte Asistente del Procurador en el Área Administrativa y Financiera gcheco@procuraduria.gov.do

“En materia de compras y contrataciones nos propusimos avanzar en la elaboración de documentos, relevamientos, análisis y reingeniería de procesos tendentes a crear una concientización de la necesidad del cambio en materia de contrataciones en el Estado dominicano…”

Piloto de Transparencia de la Procuraduría General de la República El Piloto de Transparencia llevado a cabo en la Procuraduría General de la República, se inició en el mes de noviembre del año 2005, con el objeto de consolidar un caso modelo de transparencia a nivel de un nuevo Régimen de Compras y Contrataciones de bienes, servicios y obras, así como también de la reestructuración del área Administrativa y Financiera y el rediseño de la Página Web de la institución; todos conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto 63-06, que crea el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesio-

nes de la Administración Pública, de fecha 23 de febrero del año 2006, en el Tratado de Libre Comercio suscrito con Centroamérica y Estados Unidos (RD-CAFTA) y en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). Para la implementación del piloto de transparencia se desarrollaron cuatro componentes: • Diseño e implementación de la Oficina de Acceso a la Información • Reorganización del área administrativo financiera de la PGR • Estandarización de políticas y normativas • Rediseño de página WEB En materia de compras y contrataciones nos propusimos avanzar en la elaboración de documentos, relevamientos, análisis y reingeniería de procesos tendentes a crear una concientización de la necesidad del cambio en materia de contrataciones en el Estado dominicano, totalmente alineado con los conceptos establecidos en la normativa elaborada para tales fines, y en el marco de un apoyo a la gestión en la Procuraduría General de la República. Realizamos un aporte a través de este proceso piloto para que, una vez

Ciudadanos reciben informaciones en la Oficina de Acceso a la Información Pública.

Ministerio Público

Empleados de la Procuraduría prestando antención a los ciudadanos.

institucionalizado el órgano rector del sistema con la aprobación de la nueva normativa, se facilite la institucionalización de los procesos de compras y contrataciones. Debemos significar la elaboración de un documento estándar que fue aprobado por la Comisión Nacional de Compras y Contrataciones, como formulación oficial para su uso en todo el sistema de compras y contrataciones de las instituciones públicas y descentralizadas del gobierno central. Las actividades del proyecto se iniciaron con un análisis documental y un diagnóstico institucional, que abarcó de manera principal el área Administrativa y Financiera, Compras y Contrataciones, e Informática, lo que permitió identificar las fortalezas, debilidades y las oportunidades de mejoras. Como resultado de lo anterior, se propuso la reestructuración del Area Administrativa y Financiera. La creación de la Oficina de Acceso a la Información Pública, y la instalación del buzón de denuncias con acceso directo al público. Se procedió a rediseñar la página Web de la institución con la incorporación del portal de compras de la Procuraduría, denominado “Procompranet”, donde se ofrece al público todas las informaciones relativas a las compras y contrataciones a ser realizadas por la institución. Permite también el acceso a los documentos relativos a los procesos de licitación. Para la implementación de las políticas y normativas de compras y contrataciones se elaboró un instructivo en base al expediente administrativo y un Reglamento para Banco de Proveedores a la luz del Decreto 63-06. Se ha desarrollado además, un instructivo para el Comité de Licitaciones y un Manual de Procedimientos para Compras y Contrataciones dentro de la Procuraduría General de la

República, los cuales están siendo implementados exitosamente. Hoy la Procuraduría General de la República tiene en funcionamiento con resultados exitosos: • Página Web reestructurada • Oficina de Acceso a la Información Pública organizada • Dirección Administrativa Financiera conforme al nuevo marco legal. • Creación de la oficina Legal-Administrativa. • Departamento de Compras y Contrataciones debidamente conformado según el Decreto 63-06 con su instructivo de funcionamiento • Nuevas estructuras aprobadas por las instancias correspondientes • Manual de Compras y Contrataciones elaborado conforme a los nuevos procedimientos establecidos en el Decreto 63-06. • Nuevo marco normativo sobre compras y contrataciones. • Personal técnico capacitado conforme a las nuevas normas y procedimientos. • Comité de licitaciones debidamente constituido conforme al Decreto No.63-06 con su instructivo de funciones. A fin de instruir adecuadamente el personal de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, se dictó un curso taller de capacitación. Esperamos que este proyecto realizado por la Procuraduría de la República en su interés de combatir la corrupción y de llevar a cabo sus compras y contrataciones basadas en la transparencia, eficiencia, economía e igualdad de condiciones, sirva de ejemplo a seguir. Ministerio Público

Nuevo director

Escuela Nacional del Ministerio Público Ramón Emilio Núñez

l licenciado Ramón Emilio Núñez N. es el director de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), en sustitución de la doctora Aura Celeste Fernández. Tal como lo dispone la Ley de Estatuto del Ministerio Público 78-03, Núñez fue escogido tras una reunión El licenciado Ramón Emilio Núñez es egresado del Consejo General de Procuradores que evaluó los en 1993 como licenciado en Derecho Magna cinco candidatos que fueron preseleccionados de 22 Cum Laude de la Pontificia Universidad Católica aspirantes al cargo. Madre y Maestra (PUCMM). Cursó estudios de Los preseleccionados fueron Juan Francisco MonMaestría en Derecho Societario y Comercial en la clús, Ramón Emilio Núñez, Cristóbal Rodríguez Gómez, Rosa L. Fernández Javier y Mayra Guzmán de los misma universidad. Santos. Núñez es socio fundador de la firma Núñez Trejo El consejo de la escuela que preseleccionó los canDíaz y consultor en el área de reformas de la justicia didatos (as) estuvo integrado por el procurador genepenal. ral de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña; el Durante el período 2004-2006 fue Director de la Uniprocurador de dad Técnica de Ejecución del Ministerio Público para la Corte de Apela Reforma Procesal Penal, adscrita a la Procuraduría lación de San General de la República. Francisco de Ha cursado diversos estudios de postgrado en el ámbiMacorís, Amato del Derecho Público, entre los que se destacan: do José Rosa, y Diplomado en Políticas Públicas de Seguridad la procuradora Ciudadana, en el Instituto Tecnológico general adjunta, de Santo Domingo (Universidad INMarisol Tobal. preTambién, el vi- s i TEC)-Programa de las Naciones cedecano de la Fa- dente del Unidas para el Desarrollo cultad de Ciencias Colegio de (PNUD) y AyuntamienJurídicas de la Uni- Abogados de la to del Distrito Naversidad Autónoma República Dominicana, cional. de Santo Domingo doctor Julio César Terrero. (UASD), Antonio El propio procurador Jiménez Medina, quien par- Peña presentó públicamente al país al ticipó en represen- licenciado Ramón Emilio Núñez, como ditación del decano rector de la ENMP. de esa Facultad, y el Son requisitos exigidos por ley para ocupar ese

Trayectoria y profesionalidad

Ministerio Público

cargo: Ser de nacionalidad dominicana con no menos de 35 años de edad, ser licenciado o doctor en Derecho, y tener 12 años de experiencia en el ejercicio profesional o como juez o representante del Ministerio Público. Para ocupar esas funciones, el tiempo de ejercicio en la magistratura, el ejercicio profesional y la docencia son acumulativos.

Más sobre su vida profesional Participó en el Curso Instrumentos para la Implementación de un Sistema Acusatorio Oral. Centro de Estudios de Justicia de Las Américas (CEJA), Temuco, Chile, 2004. Además, en el Seminario Nacional Rol de los Operadores del Nuevo Sistema de Administración de Justicia Penal, FINJUS, 2003, y en el Curso Básico de Investigación Criminal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. También, en el Programa Internacional para el Adiestramiento en la Investigación Criminal (ICITAP), Santo Domingo, 1999. Congreso de Derecho Penal, Colegio de Abogados de Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico, 1999. Asimismo, ha participado en varios espacios institucionales del sistema de justicia dominicano y de instituciones latinoamericanas: Fue miembro del Consejo Directivo de la Escuela Nacional del Ministerio Público, del Consejo de Formación de Aspirantes a Defensores Judiciales de la Escuela Nacional de la Judicatura, del Consejo Latinoamericano del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y es el actual Presidente del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED). El licenciado Núñez es Profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra desde 1995 hasta la fecha, profesor del Postgrado en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha impartido diversas ramas del Derecho. Miembro del Comité de Redacción de la Revista de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra PUCMM), 1989-1993.

La ex directora de la ENMP, Aura Celeste Fernández y el director del Ministerio Público, Rodolfo Espiñeira, entregan un certificado a uno de los graduandos en formación extraordinaria.

Fue investigador Asociado y Gerente de las áreas de Libre Empresa y Justicia de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en el período 1998 al 2001, desde donde fue miembro del Equipo Técnico del Foro de Apoyo a la Reforma Procesal Penal, Subcoordinador del Programa de Reforma Procesal Penal de FINJUS y miembro del Consejo de Redacción de la Revista Juicio al Proceso-Boletín informativo del Foro de Apoyo a la Reforma Procesal Penal. Además, formó parte del Equipo de Redacción de los anteproyectos de Código Procesal Penal, Ley de Implementación del Proceso Penal y Ley de Defensa Pública, actualmente en vigencia. Ha publicado varias obras de interés jurídico, entre las que cuentan: Código de Procedimiento Criminal Dominicano Anotado (PUCMM, 1996). Estudio sobre el Ministerio Público en la República Dominicana, (FINJUS, 1997). Constitución y Garantías Procesales (Parme, 2004). Código Procesal Penal Concordado (2003, 2004, 2005, 2006).

Nuevo director El director de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), licenciado Ramón Emilio Núñez, garantizó que su gestión estará dirigida a profundizar la profesionalización e institucionalidad del Ministerio Público. Al ser presentado a la prensa por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, el licenciado Núñez agradeció la confianza depositada en él para asumir la dirección de esa academia.

Abogó porque las instituciones del sistema de justicia ofrezcan mejor servicio. Cada vez más, entiende, los fiscales deben recibir mayor capacitación y entrenamiento. De acuerdo a Núñez, la carrera tal cual se ha establecido por ley y a través de la ENMP, constituye el arranque real y definitivo de la institucionalidad del Ministerio Público. El nuevo director de la ENMP responde siete preguntas puntuales sobre la carrera ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda pertenecer a la Carrera del Ministerio Público? R).- Hacemos referencia al Reglamento de la Carrera del Ministerio Público: Artículo 5. El ingreso a la Carrera. El ingreso a la Carrera del Ministerio Público se producirá de los modos siguientes: A) Por concurso público de oposición para aspirantes a ingresar al Ministerio Público en el rango de Fiscalizador. B) Por las evaluaciones para el ingreso a la Carrera de los miembros del Ministerio Público en funciones en los distintos rangos de la institución. Artículo 12. Del ingreso a la Carrera. Para el ingreso a la Carrera del Ministerio Público en el rango de Fiscalizador, los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. Haber superado satisfactoriamente las asignaturas y módulos académicos del Programa Inicial de Formación organizado por la Escuela Nacional del Ministerio Público. 2. Haber satisfecho los niveles requeridos en la evaluación del desempeño y de antecedentes. Ministerio Público

3. Ser propuesto por el Consejo Directivo de la Escuela Nacional del Ministerio Público al Consejo General de Procuradores. 4. Ser designado por Decreto del Presidente de la República como Miembro de Carrera del Ministerio Público, en el rango de Fiscalizadores conforme lo dispone el artículo 24 del Estatuto del Ministerio Público. Artículo 19. Del ingreso a la Carrera. Para que los Miembros del Ministerio Público en Funciones Aspirantes a la Carrera puedan ingresar a la misma deberán cumplir los requisitos siguientes: A) Cursar satisfactoriamente el Programa de Formación Básica por Nivel organizado por la Escuela Nacional del Ministerio Público. B) Haber satisfecho los niveles requeridos en la evaluación del desempeño y de antecedentes. C) Ser propuesto por el Consejo Directivo de la Escuela Nacional del Ministerio Público al Procurador General de la República o al Consejo General de Procuradores, conforme las distinciones de los artículos 22 y 24 respectivamente, del Estatuto del Ministerio Público. D) Ser designado por Decreto del Presidente de la República, como Miembro de Carrera del Ministerio Público en el rango que corresponda, conforme lo disponen los artículos 22 y 24 del Estatuto del Ministerio Público. Párrafo. Para ser designado Fiscalizador, Procurador Fiscal, Fiscal Adjunto, Procurador General de Corte de Apelación y equivalentes y sus Adjuntos y Procurador General Adjunto del Procurador General de la República,

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deberán cumplirse los requisitos establecidos en los artículos 63, 58, 53, 23 y 41 del Estatuto del Ministerio Público, respectivamente. ¿Cuántos profesionales del derecho se han graduado en la Escuela y cuántos son de carrera? R.- Cien con el Programa Inicial de Formación y 302 con el Programa Extraordinario de Formación: Total de graduados: 402. Total de carrera: 140 ¿Cuáles son las especialidades que se imparten en la Escuela y en cuáles se han hecho las graduaciones iniciales? R.- Especialidad en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en coordinación con la Universidad APEC. Especialidad en Ciencias Penales aplicadas al Ministerio Público en coordinación con la UASD.

cializados 10 Fiscalizadores 155 Extranjeros 13 Total 402 b).- La primera categoría que les toca a los que entran al programa inicial de formación, después de graduados, es de fiscalizador. En el caso excepcional del Programa Extraordinario de Formación (PEF), en los cuales participan ministerios públicos en funciones, vale decir, contratados, los hay licenciados en derecho que nunca han desempeñado esas funciones, que al graduarse pueden pasar a ocupar plazas vacantes de procuradores fiscales adjuntos y otras funciones. La elevación depende de sus calificaciones y es una excepción que se hace por las necesidades del momento. ¿De cuáles países provienen los 13 graduados extranjeros? R.- Países: Panamá (8), Honduras (1), El Salvador (1), República Bolivariana de Venezuela (1) y Paraguay (2).

¿Qué funciones desempeñan actualmente los graduados y cuál es la categoría que deben desempeñar los egresados que se inician en la carrera? R.- Ver segmentación en la siguiente tabla:

¿El hecho de que extranjeros estudien en la Escuela, responde a algún tipo de acuerdo con los países representados y constituye ello un reconocimiento internacional? R).- Obedece a un proceso de posicionamiento e internacionalización de la Escuela impulsado por el actual Procurador General de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, lo que ha generado la creación de relaciones de cooperación e intercambio académico con las procuradurías generales de estos países, unidades de capacitación y Escuelas del Ministerio Público.

a).-CARGO PARTICIPANTES Procuradores Adjuntos PGR 8 Procuradores Generales de Corte 6 Abogados del Estado 5 Procuradores Generales Especializados 13 Procuradores y Fiscales Adjuntos de NNA 29 Procuradores Fiscales 16 Procuradores Adjuntos de la Corte de Apelación 28 Fiscales Adjuntos 124 Procuradores y Fiscalizadores Espe-

¿Obedece la Escuela a un modelo único o a uno de carácter universal que ya existe o existió antes en otros países? R).- El modelo varía de país en país. En algunos solo existen las tradicionales escuelas jurídicas que a la vez capacitan a los fiscales. En otros hay unidades de capacitación propias del Ministerio Público, que es el modelo que se ha seguido en República Dominicana que cuenta con una de las escuelas más desarrolladas.

Baltasar Garzón

LA JUSTICIA EN LA SOCIEDAD MODERNA Honorable Magistrado Procurador General de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña; Embajadora de España; Autoridades civiles, militares y religiosas; Amigas, amigos.

Constituye para mi un honor estar de nuevo en este bellísimo Santo Domingo, Capital de Iberoamérica, cuna de la hispanidad en el nuevo mundo y ejemplo del sacrificio y el esfuerzo a lo largo de la historia, en la que como todos los países el pueblo dominicano ha tenido que enfrentarse a momentos muy oscuros y a otros más diáfanos hasta lograr la libertad en la democracia. Un país, República Dominicana, en el que debe destacarse el curso firme y decidido de la renovación democrática impulsada decididamente por el presidente Leonel Fernández. Soy poco dado a los halagos, pero cuando un dirigente político hace compatibles la honestidad con el ejercicio del poder y defiende la independencia judicial debe reconocerlo y manifestarlo abiertamente. Líderes como el presidente Juan Bosch, llenan de orgu-

“El juez es el último garante de los derechos ciudadanos y debe ser el primero en defenderlos con imparcialidad, independencia y responsabilidad”.

llo a un país y constituyen ejemplos a seguir. Hoy nos reúne aquí la sana intención de hablar de justicia y del papel de la Justicia en el marco de una sociedad moderna y como elemento fundamental para que ésta sea justa; y para que garantice la dignidad de las victimas, impulsando con sus resoluciones la erradicación de la violencia y la delincuencia. Trabajar bajo los estándares de la ley y la ética es el norte que debe guiar a un juez. El apego a la legalidad de los jueces y la defensa de la misma es la garantía democrática que los ciudadanos tienen para la protección de los derechos por parte de aquel. Vivimos en un mundo globalizado y las interconexiones entre países y Estados son afortunadamente mayores, de modo que, poco a poco, vamos dando forma, aunque a veces haya retrocesos graves, a una Comunidad Internacional basada y vertebrada por el derecho y desde el derecho. Ministerio Público

Sin olvidar que esta perspectiva surge desde cada país y se proyecta a través de instituciones democráticas firmes como la justicia, hacia esferas internacionales. Todos los que aquí estamos tenemos una visión universalista de la sociedad moderna y estamos convencidos de que el verdadero motor cultural que da sentido a la globalización mundial es el de la tolerancia y que nuestra patria común es la defensa de los Derechos Humanos entendidos como deberes para hombres, mujeres y gobiernos y como único procedimiento, como dijera Kingsley (Letter and Memories), para regenerar el mundo. Nuestra lucha deber ir dirigida a eliminar el lastre perverso que lo inunda y a obtener que la democracia se complete con los conceptos de justicia y libertad, de la que hablara Emiliano Zapata. Todos aspiramos a obtener una vida en comunidad en la que la discrepancia y la disidencia se encuentren en el único camino de la concordia, la justicia, la cultura y la paz. Una paz integradora que comprenda nuestras aspiraciones y nuestras frustraciones, en un entorno no agresivo ni violento para las personas ni el medio ambiente y que exija que gobiernos y sociedad se comprometan en una gran alianza contra los tsunamis silenciosos que asolan el mundo como el Sida, el analfabetismo, el hambre, la pobreza y la marginación, garantizando un desarrollo integral, esencialmente solidario y justo que supere cualquier sombra de dominación hegemónica o unilateral basada en la fuerza de las armas, o en la de los poderes económicos y financieros, y, que exija a estos una cooperación eficaz, con limites a sus desaforadas ganancias y con gravámenes a sus transacciones internacionales. Esta es la autentica revolución pendiente, la verdadera globalización política y jurídica que nos queda por hacer. Es tiempo de que la fuerza de la razón, sustituya a la razón de la fuerza; y de que el derecho tome cuerpo y despliegue su eficacia en la resolución de los conflictos desde una perspectiva que integre la seguridad con la defensa de los derechos humanos; de una sociedad democrática fuerte y saludable en la que el imperio de la ley y la razón aplicadas por jueces independientes sean los únicos que impongan el equilibrio entre los derechos y las libertades del individuo por un lado y los intereses de aquella sociedad en su conjunto, por otro, sin

Ministerio Público

que nadie como decía Víctor Hugo pueda estar por encima de la ley. Esta es la respuesta que dará confianza al ciudadano y credibilidad al sistema democrático para afrontar esos nuevos retos. Quien mas poder tiene debe ser el mas controlado, y, los que administran ese poder o legislan sus limites no deben olvidar que lo hacen al servicio del pueblo. La sociedad actual necesita líderes cuya marca sea la de la ética y la responsabilidad. En los tiempos difíciles que aguardan al mundo el equilibrio que lo protegerá exige, que los principios de la democracia vayan de la mano de los principios de la justicia y que ambos constituyan la base de la seguridad humana. Una seguridad

“La justicia no se pide, sino que se exige”, ningún juez debería permitir que un justiciable le diera las gracias por impartir justicia, por que ésta es un deber, una obligación legal, no un privilegio de casta. democrática, apoyada en valores que la defiendan frente a las agresiones autoritarias, sean estas internas o externas; y, una seguridad jurídica emanada de un correcto funcionamiento de las instituciones. La pregunta es, ¿Qué puedo yo, como juez, ofrecer a mi país? Y no ¿Qué me puede dar el a mi? ¿Qué necesitan los ciudadanos? Y no ¿Como se les amenaza o engaña mejor? Han sido necesarias miles de masacres, genocidios y crímenes contra la humanidad, ataques terroristas, guerras, represiones brutales sobre millones de personas, la configuración de la miseria en amplias zonas de mundo como forma de la pobreza extrema, la presencia de la violencia contra los mas débiles (mujeres, indígenas) y ahora los desastres naturales, para que por fin, nuestras cómodas conciencias consumistas, hayan despertado de su letargo y hayan comprendido que la acción es

el único camino y que la responsabilidad es de todos. Sea donde fuere el lugar en el que se produzca el ataque, es universal el daño, universales las victimas y universal debe ser la respuesta en los diferentes ámbitos, culturales, económicos, de la justicia, sociales etc. Lentamente, estamos pasando de una sensibilidad epidérmica a una sensibilidad de fondo, acorde con los graves momentos que estamos viviendo, tiempos en los que comienza a hacerse realidad el compromiso rebelde y democrático que reconstruirá el maltrecho edificio de la Comunidad Internacional basado en la solidaridad y confianza entre Estados, en la tolerancia como elemento integrador de la convivencia pacifica; en la cooperación humanitaria y solidaria; en la justicia como principio básico para impedir la existencia de zonas de impunidad cuya defensa la asuman no solo los propios sistemas nacionales sino organismos como la Corte Penal Internacional, vista como la primera gran iniciativa de paz en los últimos tiempos y que trasciende los propios limites de un mero tribunal, para pasar a ser el faro que ilumine la razón y el sentido de la Comunidad Internacional, junto con una Naciones Unidas renovadas y dinámicas que resuelvan las graves quiebras actuales entre los países que la integran y abandonen el anquilosamiento que las han llevado a ser un Organismo esencialmente burocrático y altamente ineficaz, pasando por fin a aglutinar en vez de separar a los ciudadanos del mundo y recuperar así el equilibrio mundial mediante mecanismos ágiles de actuación y presencia que eviten el espectáculo de violencia e incomprensión que se viven en tantas partes del mundo ante la pasividad de la mayoría de los gobiernos. En la defensa de los derechos humanos todos debemos compartir el esfuerzo y desarrollar aquella parte del trabajo que nos corresponde, sin miedo y con enérgica decisión, porque ninguna sociedad se va a quebrantar por el hecho de que se aplique la ley y la justicia. Por el contrario, en palabras de Montesquieu: “una injusticia hecha a uno solo es una amenaza para todos”. O como decía Willy Brandt: “Admitir la primera injusticia es abrir la puerta a todas las que le siguen”. ¿Por qué permitirnos entonces tantas?; ¿Por qué seguimos la inercia que nos marcan los burócratas o los dueños de las manos ocultas que mueven el mundo?

Es por ello, que una sociedad constituida sobre la Justicia, sobre la exigencia de responsabilidad y sobre la erradicación de la impunidad es una sociedad mas libre, mas democrática, mas igualitaria, y, por ende, mas firme en sus valores y aspiraciones y protegerá mas adecuadamente a sus componentes, sin que para ello tengan que disminuir las conquistas que integran los baluartes básicos de nuestros pueblos y que son los que, a través del dialogo, del respeto y de la aproximación política y cultural hacen que día a día construyamos el edificio común en el que, con todas las discrepancias que tenemos, nos integremos en un futuro de esperanza. En el desarrollo de esta nueva sociedad en la que los conflictos globales, en especial las agresiones a los derechos de la Comunidad Internacional o a comunidades olvidadas, son una realidad frente a la que nadie puede eludir su responsabilidad, los jueces deben asumir un papel protagónico. Los fenómenos del terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, el narcotráfico, la protección a las minorías, comunidades indígenas, la de las victimas, el castigo firme y decidido de los comportamientos racistas y xenófobos, la persecución de la corrupción (incluido el propio sector judicial), exigen jueces que asuman no solo la función de ser la “boca muda” que aplique la Ley, sino profesionales dinámicos, científicamente preparados, responsables, de firmes convicciones democráticas, informados y esencialmente comprometidos con la sociedad a la que sirven y a la que deben defender hasta los limites marcados por la Ley, sea cual sea el poder de aquel al que se enfrenten. Los jueces no son meros medidores de normas en una democracia. Se necesitan, y para ello debemos trabajar, armar un espacio judicial amplio en las diferentes regiones del mundo, y, entre ellas, en Latinoamérica en el que, partiendo de las instituciones de justicia locales, nacionales y regionales vertebremos una red de acciones judiciales, a través de la cooperación y el trabajo conjunto que dotará de mayor seguridad jurídica a los ciudadanos e instituciones, y se cerrarán puertas a la arbitrariedad y a la falta de justicia. Necesitamos una judicatura no solo científicamente preparada, sino contaminada de sociedad, mezclada con la sociedad para que los jueces

estén próximos a los problemas y los asuman como propios para resolverlos. El juez es el último garante de los derechos ciudadanos y debe ser el primero en defenderlos con imparcialidad, independencia y responsabilidad. A veces me pregunto si los jueces comprendemos realmente el auténtico sentido del concepto “Justicia”; y si somos conscientes del gran poder que nos otorga la Constitución y las leyes y, sobre todo, me preocupa el hecho de que los jueces no siempre hacen buen uso de este concepto, o peor aun, que desconozcan el alcance de la responsabilidad que asumen por el hecho de ser jueces. Soy de los que piensan que todavía existe un largo camino que recorrer, para poder hablar de que los principios y derechos humanos básicos de los ciudadanos están realmente protegidos. Muchas veces las intenciones de los líderes se quedan en papeles mojados. Desgraciadamente, en muchos países el sistema judicial es siempre el capítulo más desatendido del Estado, y el poder que ejercen los jueces no se corresponde con la autoridad ética que deberían tener para convencer en el ejercicio de ese poder a los ciudadanos. “La justicia no se pide, sino que se exige”, ningún juez debería permitir que un justiciable le diera las gracias por impartir justicia, por que ésta es un deber, una obligación legal, no un privilegio de casta. Un país con un sistema jurídico garantista y un poder judicial sólido, que lo desarrolle con imparcialidad e independencia y con firmeza democrática hacen a ese país más libre, más solidario, más igualitario, más valiente y por supuesto más justo. En el esquema del Estado que marcara Montesquieu con la separación de poderes, la Justicia (el poder judicial ejercido por todos y cada uno de los jueces) es el pilar más firme en el que se debe apoyar todo el armazón del Estado de Derecho. Por supuesto que los demás poderes integran el nervio central del estado, pero no cabe duda de que, frente a estos otros poderes, el judicial es al que se acude a resolver las eventuales fricciones que puedan existir entre ellos. Garantizar la independencia de los jueces desde adentro y desde afuera, resulta básico para conse-

guir el ideal de justicia. El juez, por su parte debe hacerse digno acreedor de su independencia y defenderla bajo los criterios de responsabilidad y legalidad en el equilibrio institucional que le corresponde con los demás poderes. La justicia además de ser un valor y un principio, es un servicio publico y los jueces servidores públicos, por ello el compromiso responsable con la sociedad es indiscutible e imprescindible, pero también debe dotársele de los instrumentos necesarios para hacerla realmente eficaz. Mas allá de las meras y frías estadísticas hay que dotarle de alma, sentimientos, entrega y vocación en defensa de las victimas que conduzcan a estas del miedo a la esperanza, y que contribuya a recuperar las bases morales que dan fuerza a un pueblo como fundamento de la sociedad democrática y que abrirán definitivamente las puertas a un futuro posible y diferente. Para ello, jueces y ciudadanos deberemos luchar unidos, hombro con hombro, con la fuerza de la convicción y de la voluntad indomable de la que hablara Gandhi, porque ninguno de nosotros, en palabras de Amos Oz, tenemos la intención de consentir la crueldad, la locura, la mentira y el sufrimiento que las personas se causan unas a otras; y, nada nos debe impedir formar este horizonte, en el que la defensa de los derechos humanos nos debe unir en forma definitiva y permanente. De nada vale tener un buen sistema judicial, si no existen los mecanismos adecuados para desarrollar esa labor. La frustración que genera esa circunstancia propiciara el sentimiento de engaño e incumplimiento del contrato democrático entre los líderes políticos y representantes populares con los que soberanamente los eligieron. No debe olvidarse que el servicio público, incluida la labor institucional y política es, como su nombre indica algo que se presta por y para el ciudadano y no en beneficio propio: urge, por ello, abandonar el concepto clientelar y patrimonialista de la política y de la función pública, en beneficio de aquel sagrado principio. Un sistema judicial integrado por un Ministerio Público autónomo, que propicie no sólo la persecución de los crímenes si no que actúe preventivamente para evitarlos, con un sistema policial transparente, operativo y eficiente, con el control del ministerio público y de los jueces según las leyes de cada país, que proteja a los Ministerio Público

ciudadanos mediante mecanismos de persecución efectivos, resulta imprescindible, y en esto, el principio de igualdad de todos los ciudadanos sean nacionales o extranjeros es básico y fundamental. En la sociedad globalizada actual, en la que junto a los avances de la técnica y los nuevos mecanismos de comunicación y economías mundializadas, se ha desarrollado también un lado oscuro, impenetrable y opaco de esa globalización ,a través del crimen organizado, específicamente del narcotráfico el lavado de activos y la corrupción, los jueces tienen una importantísima labor que hacer, no solo en la persecución implacable de estos fenómenos, sino también en la enseñanza a modo de prevención general de que ese combate se está realizando. Los jueces no tienen porque ser mártires en la aplicación del derecho, pero sí tienen que asumir riesgos y peligros deben hacerlo con decisión y valentía, por encima de intereses espurios. Si un juez muestra miedo o coacción y actúa, esta prevaricando y, a partir de ahí no puede continuar, ni un minuto, ejerciendo ese poder. La justicia no solo hay que aplicarla sino que también los ciudadanos deben percibir que esto es así. Y, su labor se engrandece cuando aquellos comprueban que el sistema judicial actúa con independencia y contra quien quebranta la ley, sea cual fuere el nivel de importancia del infractor, y específicamente cuando los son los propios miembros del poder judicial. La credibilidad no se gana con el ingreso en la Carrera Judicial o Fiscal sino con el firme compromiso democrático de administrar justicia día a día y con la realización de ese compromiso. Los jueces como los políticos deben constituir el espejo en que los ciudadanos se miran y se reconocen. Desgraciadamente con mucha frecuencia la imagen que hoy se ve en muchos países esta muy distorsionada por diversos factores y no esta a la altura de la misión que ambos deben desempeñar. Cuando los jueces o los sistemas judiciales son o están demasiados próximos al poder político, pierden la objetividad y el equilibrio que deben mantener a la hora de administrar justicia, y, pueden perder la perspectiva básica de que la administración de justicia es un servicio público, del que los ciudadanos disponen para la defensa de sus derechos básicos.

Ministerio Público

Juez Baltasar Garzón, José Luis Corripio y el teniente general Bernardo Santana Páez.

Los jueces modernos, deben estar absolutamente comprometidos por la defensa de los derechos humanos, pero no como mera retórica para que quede dicho en un acto como este, sino día a día, asumiendo el deber de defenderlos o abandonar el cargo. La de juez no debe ser una profesión cómoda, sino ciertamente comprometida con aquellos que mas necesitan de protección el último reducto de un pueblo es la defensa que del mismo pueden hacer sus jueces, jueces constitucionales, democráticos, con valores éticos, inquebrantables con firmes convicciones frente a cualquier presión, y como antes decía, científicamente preparados, eficientemente intachables, responsables y conscientes de que se hallan integrados en un mundo en el que la cooperación nacional en internacional para hacer frente a los grandes retos que se avecinan de aquel lado oscuro de la globalización, es fundamental e inevitable. Pero actuar con independencia e imparcialidad no significa olvidar el papel integrador que el poder judicial, junto con los demás poderes del Estado, tiene para afrontar los retos que sin duda cualquier país tiene por asumir. Por eso es saludable y necesario acomodar, como viene haciendo la Republica Dominicana, su sistema de justicia a las reglas de la transparencia, la efectividad, alcance científico y defensa de valores básicos en forma ágil y eficaz y con una clara vigencia del principio acusatorio en el que la igualdad de armas sea una realidad. La transición desde un sistema inquisitorial a uno acusatorio en el proceso penal ayuda a la transparencia en la administración de justicia, y se enmarca en el deseo puesto por el Presidente Leonel Fernandez hace

apenas unos días de su discurso pronunciado ante la asamblea nacional con motivos del 163 aniversario del a independencia nacional, cuando aposto por la incorporación de garantías al ejercicio pleno de los derechos fundamentales que consagra el derecho a la tutela o derecho de amparo, el defensor del pueblo, y en definitiva a un estado democrático social de derecho fundado en la soberanía, en la libertad individual, la solidaridad y la justicia social. Elevar al Ministerio Publico a la categoría constitucional dará una mayor seguridad y proyección de autonomía a quienes tutelan y son garantes de la legalidad. Realmente si no somos capaces de defender y conseguir que se desarrollen y respeten los derechos sociales de los ciudadanos, de poco nos vale hablar de defensa de los derechos fundamentales ni de avances de la democracia para los mismos. El combate de la pobreza, de las desigualdades sociales; de la corrupción que impiden o dificultan esa dignidad básica de los ciudadanos debe ser indeclinable y ocupar el primer renglón de la agenda de los gobernantes de un país. Transigir con ello y favorecer a quienes anteponen el beneficio personal al de los ciudadanos convierte en inútiles los esfuerzos de cualquier gobierno. La ética en la gestión pública no sólo debe predicarse de los jueces, sino de todos aquellos que sustentan cargos públicos, y a los primeros además debe exigirse el deber de perseguir a quienes no cumplen. El combate contra la corrupción no debe ser sólo un tópico en los discursos sino algo real y efectivo, comenzando por los niveles más bajos de la administración hasta las más altas magistraturas.

La transparencia y los controles legales deben ser absolutos por que de ellos va a depender la credibilidad de las instituciones y la confianza en las mismas y por ende en la gobernabilidad de un país. La corrupción es uno de los instrumentos del crimen organizado, es así mismo una consecuencia o fenómeno asociado a la impunidad; pero también es un mecanismo utilizado por las grandes empresas multinacionales, con la aquiescencia de las autoridades de aquellos países que no son capaces de diseñar los mecanismos necesarios para combatirlas eficazmente. La corrupción ha existido y existirá siempre porque acompaña a esa parte oscura, indescifrable del arcano humano. Por ello, hay que diseñar mecanismos de control y de lucha eficaces, con instituciones especializadas, como las unidades policiales y las Fiscalías Especiales contra la corrupción; con el control y transparencia de la financiación de los partidos políticos; con el control y la transparencia de los negocios e inversiones en las materias primas de los países, en la construcción y el desarrollo turístico y urbanístico, previendo los ataques al medio ambiente; o a las grandes infraestructuras en las que deberá perseguirse cualquier atisbo de nepotismo, colusión, concusión o tráfico de influencias. Y, en este combate, las decisiones deben ser no retóricas sino drásticas y quirúrgicas. Recuerdo ahora cuando al maestro Víctor Hugo un grupo de políticos y empresarios le preguntaban: “ Maestro ¿qué podemos hacer para combatir la corrupción?” y el maestro le contestó “Hagan ustedes escuelas”. Esta enseñanza sigue hoy dice más vigente que nunca; Sé la gran importancia que la Presidencia de la República da al campo de la educación, pero nunca debemos pensar que esto es suficiente. La asignatura de la Ética y de la Democracia es algo que deben de estar presentes en todos los programas escolares y universitarios hasta conseguir hacer buena la frase de John F. Kennedy: “La cuestión no es que puede hacer mi país por mí, si no que puedo hacer yo por él”. Es decir, la cultura de la transparencia pública y del servicio público y la defensa de lo público como crisol al que todos los ciudadanos se sienten incorporados, junto a un proyecto de país y de nación es básico para la pervivencia de la democracia.

Hablaba antes de la impunidad y, este es un tema especialmente importante para los jueces porque no sólo debe combatirse aquella impunidad que ha dado lugar y sigue dando en muchos países a “espacios libres de derechos”, y en los que los límites a la voluntad del líder no existen. De ello tenemos muchos ejemplos en el mundo, y, en la mayoría de ellos, han llevado a la comunidad internacional al callejón sin salida de la violencia terrorista y de la guerra. Cuando se sobrepasan todos los límites que el Estado de Derecho impone, comienza el declive de la democracia, ¡cuando se anteponen los valores de la seguridad al de la libertad quebrantando el pensamiento de Benjamín Franklin, comienza el reino de la barbarie y de la oscuridad. Ejemplos como el de Guantánamo, fábrica de torturas y negación del más elemental sentido de derecho, es el ejemplo objetivo. Pero, considerar esa actuación, como si no fuera con nosotros, es además un ejercicio de cinismo difícilmente comprensible. Si una conciencia jurídica legítima conlleva un nivel de exigencia ética creciente, debemos concluir que la práctica de una justicia universalmente válida puede y debe eliminar toda sombra de impunidad y conseguir que su aplicación ennoblezca cada vez más la dignidad del ser humano. La presencia de un derecho común, universalmente compartido, plasmado en el principio de Justicia Universal, debe significar la lucha sin descanso por la libertad y la dignidad del hombre. Y la mejor garantía frente a cualquier ataque que la sociedad sufra. Es tiempo del derecho y no de la fuerza; es el tiempo de una paz justa y no de una paz diseñada por ordenador o desde la panza de un B52 o guiada por bombas inteligentes. Por ello iniciativas multilaterales como la de CPI resultan básicas y su apoyo necesario. La percepción de que no existen fronteras para la lucha contra la impunidad contribuye a dar una seguridad a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que como Republica Dominicana o España hemos sufrido los desmanes de la dictadura y la represión. “ Cuando olvidamos lo que ocurrió nos puede suceder lo mismo”, El peso de la memoria nos hace a veces olvidar las mayores agresiones a la humanidad y nos induce a pensar que nunca nos ocurrirá, pero tal percepción es muy engañosa; por ello, la

MEMORIA COLECTIVA debe ser preservada y debe reaccionar ante cualquier alarma. Pero, la impunidad no debe ceñirse sólo a este campo. La lucha contra la impunidad debe extenderse a todas las áreas que perturban la seguridad diaria y actual de los ciudadanos. No asumir ni reconocer cuales son las verdaderas carencias de una sociedad contribuye a consolidarlas y a hacer que el Estado de Derecho sea una palabra hueca y útil sólo para los discursos. El compromiso responsable de los jueces y del Ministerio Público en la persecución a la violencia de género, del narcotráfico, de las pequeñas y grandes corrupciones, de las extorsiones fuera y dentro de las instituciones es lo que dará credibilidad a la justicia y es lo que definirá realmente el alma de un pueblo. La inercia y la indiferencia frente a estos fenómenos no es una opción. El “no es un problema mío”, el “yo no puedo hacer nada” son palabras y actitudes que deben estar fuera del lenguaje de los poderes públicos y en especial del de los jueces, en los cuales la vocación de servicio publico debe ser una marca indeleble que acompañe a su independencia, inamovilidad y responsabilidad. Iniciativas como la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forense, cuya sede central ha sido recién inaugurada e impulsada por el Procurador General de la Republica, constituyen avances que ayudarán a esa labor de revestimiento científico de los jueces y fiscales; y, su firme accionar contribuirá definitivamente al buen desarrollo del Plan de Seguridad Democrática que desarrollan en este país. Seguridad que debe ir de la mano de la intensidad del dialogo, el respeto a las garantías procesales e igualdad ante la ley. Permítanme, queridos amigos que ahora me evada un poco del ámbito estricto de la justicia, para compartir con todos ustedes algunas reflexiones, más genéricas, sobre aquellos otros valores que, junto con la justicia, integran el núcleo básico de una democracia, cuales son la libertad, la tolerancia , la paz y la cultura. Los jueces somos hombres derecho y del derecho que solo poseemos la ley como arma para procurar que los valores superiores de nuestros, respectivos ordenamientos jurídicos, tales como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político conformen un genuino y real estado soMinisterio Público

cial y democrático de derecho. En esta actitud beligerante a favor del derecho, éste reivindica un lugar preeminente para la aplicación del mismo como un arma cargada de futuro, como un instrumento pacificador y de resolución de conflictos que respeta los valores democráticos de la libertad, la igualdad y la justicia. En definitiva es huir de la razón impuesta por la fuerza a favor de la razón integrada por la ética de la convicción y, la autoridad moral que legitima la acción de la justicia, hasta llegar a comprender que no puede existir una paz duradera si esta no es justa. A veces pienso que parte de nuestra sociedad, merced a esa cultura de la apariencia y de la virtualidad, es una sociedad epidérmica, superficial, que tiene miedo de profundizar en si misma ante el riesgo de encontrarse con su propia imagen pero con un perfil real insolidario que desprecia al otro o se desentiende de los otros problemas de aquellos que viven junto a nosotros, o en la parte opuesta del mundo. La indiferencia por los perseguidos, por las victimas, sobre todo si ésta es institucional es el cáncer de una democracia y, es lo que hizo posible que un régimen como el nazi acabara con millones de vidas. El problema no es del otro, sino nuestro. El riesgo es evidente, una sociedad así diseñada constituye una sociedad simulada que prescinde de los valores básicos de la democracia, volviéndose crítica y escorándose hacia el narcisismo étnico, la intolerancia y la xenofobia, aspirando sólo a cotas más altas de una independencia irreal, selectiva, insolidaria, y excluyente. En este punto de las palabras de Voltaire, a través de los siglos son dramáticamente certeras: “El mejor modo de fundamentar la tolerancia es luchar contra la intolerancia”. “Si en Inglaterra -añadía-, hubiese una religión podríamos temer el despotismo; si hubiese dos, se cortarían las cabezas los unos a los otros; pero hay treinta y viven en paz”. El espíritu democrático se ha ido tejiendo de forma lenta pero incontenible desde todos los frentes de la inteligencia humana. Y siguiendo la estela de John Locke en su “Carta sobre la tolerancia” de 1689, debemos defender el derecho de resistencia y de rebelión ante situaciones extremas de abuso de poder, huyendo de la sumisión que impone la obediencia oficializada y proclamando la “nece-

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sidad de enarbolar la bandera de la libertad por encima del “jergón” de la sumisión, como decía Etienne de la Boetie en su discurso sobre la servidumbre voluntaria, allá en Siglo XVI. Los adictos a la intolerancia no tienen más argumentos que la cobardía y la violencia. Borges nos recuerda la historia del caballero a quien, en medio de una discusión teológica o literaria, su contrincante arrojo a la cara un vaso de vino. Sin inmutarse, el agredido replico; “esto, señor, es una digresión, ahora espero su argumento”. Los defensores de la intolerancia actúan como ese agresor, y carecen de argumentos; no dejan lugar a la razón común, y con su acción quieren borrar al contrincante, si es un adversario, o aniquilarlo, si es un enemigo. Los intolerantes no dudan; descienden por línea directa al autoritarismo, que siempre se reviste de verdad inmutable. Cargados de consignas, son disciplinados y sumisos, tergiversan la realidad y la historia, a las que “nacionalizan” y finalmente se inmolan y matan por suposiciones trascendentes que únicamente existen en el hueco de su cabeza. El oficial, de “En la Colonia penitenciaria”, de Kafka, es un adicto a la intolerancia. Preocupado únicamente por la eficacia de su maquina de matar, confunde la justicia con la necesidad de victimas. Por eso, ni en sueños reciben los intolerantes la visita de la duda. La intolerancia aflora del agitado magma de una ideología atávica que proclama con naturalidad, sin atisbo de duda posible, que una etnia es sojuzgada, e inmediatamente hace de la lengua un rasgo étnico excluyente; y cree en una especie de esencia primigenia y en un derecho natural particular que le sitúa fuera del tiempo y de las leyes, y, que antepone un pretendido derecho colectivo a los derechos individuales. En este contexto la violencia es un valor amortizado. Las victimas ocupan un 2do. o 3er plano. La ideología de la intolerancia -localista, tribal, fascinada melancólicamente por lo irracional y lo mítico-, se asienta preferentemente en viejos bastidores doctrinales, dogmas y ortodoxia a granel, donde la crítica es imposible, y a veces, se adereza con un supuesto izquierdismo, como mero adhesivo oportunista que busca presentar lo viejo moderno y camuflar el asesinato político y la depuración ideológica desde un fanatismo totalitario. Para los intolerantes la culpa siempre es del “otro”. A través

de esta gimnasia sombría se liberan de sus propios fantasmas, lo que les permite seguir viviendo en los parajes de la ficción y del delirio. Los intolerantes crean su propio entorno social, cultural y efectivo, se movilizan y se encuadran para facilitar aliento popular a sus activistas y simpatizantes, se esfuerzan en captar militantes tristemente esmaltados con siniestros y horrendos asesinatos como único botín de guerra. Así se cierra el círculo infernal de este juego escalofriante diseñado para un obsceno destino por los santones de cualquier fundamentalismo, que es la expresión patológica de un desequilibrio y de una quiebra del universo. Los fundamentalistas rechazan la hermenéutica, el pluralismo y el relativismo y sólo afirman, desde una turbia complicidad, el miserable reinado de la exclusión. Cuando el disenso, está amordazado, la tortura, el asesinato, la censura, la extorsión, la amenaza, y la corrupción son las herramientas favoritas de los intolerantes que pretenden evitar cualquier opinión divergente y, si está surge, es inmediatamente silenciada o denostada. Frente a tanta atrofia de comprensión, frente a tanto maniqueísmo simplista, el “espíritu del ciudadano libre” quiere presentar esta noche a Juan Mairena, el profesor apócrifo de Antonio Machado que fue un filósofo cortés, un poco poeta y un poco escéptico, que tiene por todas las debilidades humanas una benévola sonrisa de comprensión y de indulgencia, comprensión que connota la tolerancia misma en su más recto sentido, apartándola de la blandura, de la falta de criterio o del bobo relativismo que tantas veces tienden a usurpar su lugar. En esta pequeña corte de testigos, me parece oportuno también, traer aquí a Elías Canetti que en su “Masa y Poder” ha contribuido decisivamente a poner de relieve el carácter atávico y transindividual de las actitudes intolerantes ligadas siempre a los reflejos de supervivencia que rigen las psicologías del poder. El filósofo británico Jonathan Glover, en su obra Humanidad e inhumanidad. Una historia moral del Siglo XX, denuncia el carácter criminal de la intolerancia política y cultural. La conclusión de Glover tras el repaso de tanta ignominia, de tal exceso de barbarie, es un tanto desalentadora para la especie humana: Los hombres no han aprendido a respetarse unos a otros. Persiste un “orgullo guerrero” que

fomenta la eliminación de aquellos que han sido calificados de enemigos. Confiesa Glover que: “la antipatía hacia las diferencias combinada con un aberrante tribalismo son constantes y casi inextirpables de la psicología del intolerante”. Hija legítima de la tolerancia es la libertad, que se abrocha irrefutablemente con la paz; una paz democrática, incardinada en el derecho y en la justicia. “La libertad – afirmaba Manuel Azaña, Presidente de la II República Española - no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres”. Ahora que el concepto de seguridad pugna por sofocar y neutralizar al concepto de libertad, es preciso volver a cantar la gloria constitutiva de la libertad humana como la única empresa y aventura irrenunciable. Frente a la injusticia y la infamia sólo cabe una “pedagogía de la indignación activa” cimentada en la libertad. Frente al curso fatal y siniestro de los acontecimientos, sólo cabe una oposición firme que ponga a prueba, desde la libertad, nuestra capacidad para cambiar el ritmo de la historia. Frente a la “trinchera” que destila odio y segrega venganza, sólo cabe el ejercicio de una libertad que, desde el coraje y la convicción ética, interpele y desafíe la mezquina “gloria” de los intolerantes, y, cubra de garantías a quienes ninguna respetan. Kart Popper lo afirmó sin rodeos, “sólo la libertad parece hacer segura a la seguridad”. Y entre ambas cubre todo el espectro garantista que pueda exigirse, pero a la vez contiene su excusa. Frente a tanta rendición claudicante, trufada de victimismo y de calculada ambigüedad, sólo cabe la apasionante aventura de lucha por una libertad que devuelva la dignidad a tantos humillados. La única paz posible y verdadera es una paz justa, libre y democrática. Demos por ello validez actual a las palabras del Padre Juan de Mariana pronunciadas en el lejano siglo XVI, cuando decía: “bueno es el nombre de la paz, sus frutos gustosos y saludables; pero advertid que bajo el color de la paz no nos hagamos esclavos. A la paz acompaña el respeto y la libertad; la servidumbre es el mayor de los males, y se debe rechazar con todo cuidado con las armas y la vida si fuese necesario”. Hoy nos encontramos aquí unidos por el lazo indeleble que cimenta la lucha por la libertad y la justicia, esta firme y decidida nos reúne y nos pro-

yecta. Y es que sólo en libertad, la justicia, la vida y nuestra lucha cobran sentido. El destino no está trazado en las estrellas; lo formamos nosotros día a día; ni tristezas, ni olvido; ni impunidad ni justificación. Es preciso vencer el miedo y hacerle frente en cualquier esquina con la mano abierta y el corazón entero. Con mis palabras, quiero más bien, lanzar nuestra alma hacia lo alto como un fuego que nunca se consume y nos compele a continuar trabajando por una sociedad, más libre, más justa y más democrática. El valor más preciado de la democracia es la libertad, porque sólo en aquella, ésta adquiere dimensión y sentido: sin embargo no es un valor que se defienda como merece, porque sencillamente se supone y no se observa como un valor que haya que defender y renovar. Esta nueva indiferencia es la que permite la anidación del “huevo de la serpiente” (fascismo). Recordemos aquí la frase de Jefferson: “si tuviera que salvar el alma de América o la democracia, siempre salvaría la democracia”. La libertad democrática debe doler y construirse día a día basada en la tolerancia, frente a los sectarismos que buscan acabar con ella. Y en el marco del Estado de Derecho. Es decir, como Sócrates nos enseña, debemos aprender, no del bien que educa o mata, sino de los males que podrían evitarse. No de la verdad, sino de las mentiras que pueden denunciarse. No de la belleza, sino de los horrores que amenazan la vida y de los peligros de un camino incierto. Queridos amigos y amigas, el mundo que hoy vivimos es una inmensa cartografía de diferencias. Solo la tolerancia puede cambiar el mundo. Cuanto más amplio es un marco de intercambio cultural, mas aprenderemos unos de otros. Habitamos un mundo más plural y variado que nunca. La globalización no puede acabar con las culturas del mundo: solo añadir otro más. La base de esta cultura global tendrá que ser el pluralismo, porque es el único valor capaz de abarcar a todos los demás, para conducirnos a la unidad diversa. De cómo construyamos esto, dependerá nuestro futuro como genero humano y nuestras posibilidades como parte del universo. La cultura declara la guerra a los imperios. El imperio actual carece de fronteras, suspende la historia-a lo Fukuyama- y plantea una “paz univer-

sal” por decreto; por ello hay un nuevo tipo de guerras, las económicas, las financieras y las de intervención preventiva, en nombre de los principios universales y derechos fundamentales. El imperio se convierte en un bio-poder centrado en el control totalitario que olvida el mestizaje y la interculturalidad. Y, frente a ello hemos de alzar nuestra voz y nuestra acción comprometida. La cultura nos provee de referentes éticos y como decía Borges: “ Yo preferiría pensar que, a pesar de tanto horror, hay un fin ético en el universo, que el universo responde al bien, y en ese argumento pongo mis esperanzas” y es por ello que frente a los intolerantes que siembran semillas de odio; frente a los que ejercen el poder y permiten o auspician que se mate, o que el miedo se apodere de una humanidad secuestrada, y frente a los que confunden religión con fundamentalismos fanáticos, la única vía de solución es, ahora mas que nunca, recuperar las exigencias de una ética de la convicción junto con una ética de la responsabilidad. Es ejercer la valentía civil que antepone el valor de la verdad a cualquier conveniencia pragmática y utilitarista. Es exigir la compatibilidad entre el pluralismo de opciones que diseñe el horizonte de nuestro futuro democrático, lejos de la neutralidad valorativa de la que nos hablaba Max Weber. Una democracia sin valores, inmersa en la incertidumbre moral o en la contingencia política oportunista, tiende a convertirse en un totalitarismo visible o latente y olvida lo que Tocqueville advertía acerca de que el fundamento de la sociedad democrática estriba en el estado moral de un pueblo. El Padre de la Patria Dominicana, Juan Pablo Duarte y Diez, dijo y creo que todos compartimos esas palabras: “El buen dominicano tiene hambre y sed de la justicia ha largo tiempo, y si el mundo se lo negase, Dios que es suma bondad, sabrá hacérsela cumplida y o muy dilatado: y entonces, ¡Ay! De los que hubieran oídos por oír y no oyeron, de los que tuvieron ojos para ver y no vieron…. La eternidad de nuestra idea” Porque ellos habrán de oír y habrán de ver entonces lo que no hubieran querido oír ni ver jamás”. Muchas Gracias... Santo Domingo, 2 de marzo 2007.

Ministerio Público

José Manuel Hernández Peguero

Fiscal del Distrito Nacional revela que Fiscalías Barriales reciben más de 40,000 denuncias en últimos 18 meses Resalta labor de Unidad de Atención y Prevención de la Violencia y anuncia la creación del “Centro de Recuperación para Sobrevivientes de Violencia” Las 13 Fiscalías Barriales de la capital han recibido entre 2006 y los primeros seis meses de 2007, más de 40,000 denuncias de diferentes tipos de conflictos, datos que muestran la eficacia de esta innovación por parte del Ministerio Público y que en este caso, bajo la responsabilidad de la Fiscalía del Distrito Nacional. El fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero, señala que cada día fortalecen las acciones preventivas de esas unidades a través de la actuación de los fiscales y la participación de la comunidad y los voluntariados de apoyo. El magistrado explica que las Fiscalías Barriales “responden a los principios de acceso cercano a una justicia gratuita; búsqueda de solución alternativa al conflicto. Hernández Peguero se refirió también a la labor que se desarrolla desde la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, en la que laboran 8 fiscales adjuntos y un equipo ampliado de profesionales de la conducta, entre siquiatras, sicólogos y trabadores sociales.

El personal

El procurador Fiscal del Distrito Nacional trabaja actualmente con 102 fiscales adjuntos y 400 empleados, logrando su organización interna para dar respuesta efectiva a los principios y causas que dieron lugar al nuevo Código Procesal Penal, implementado a partir del 27 de septiembre del 2004. La Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional estableció Línea Vida, servicio que permite a los ciudadanos contactar telefónicamente a un fiscal y un psicólogo para registrar una denuncia, obteniendo rápida respuesta de manera integral. Próximamente la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional inaugurará el “Centro de Recuperación para Sobrevivientes de Violencia”, primero en el país, que tiene como principal objetivo lograr la recuperación de las mujeres víctimas de violencia para permitir así el ejercicio y disfru-

Ministerio Público

te pleno de sus derechos.

Perfil Nació el 10 de marzo del año 1960 en Constanza, provincia de La Vega, República Dominicana. Es el quinto de ocho hijos procreado por el abogado Oscar Hernández Rosario y la señora Ana Altagracia Peguero Durán, tres de los cuales son también abogados. Cursó estudios primarios y secundarios en el Colegio Agustiniano, de la ciudad de la Vega. El 17 de mayo del año 1984 alcanzó el título de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha realizado cursos especializado en la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, sobre Privatización y Financiamiento; maestría en Informática en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Provincia Santo Domingo

Una Fiscalía preocupada por reducir la violencia

Las Fiscalía de la provincia Santo Domingo encabezada por el procurador fiscal Perfecto Acosta ha mantenido desde su asunción al cargo, a través de los diferentes departamentos de esa institución, las directrices en procura de que imparta justicia a tiempo. Para dar a la población una respuesta rápida ha sido necesaria la instalación de tres Fiscalías Barriales en los diferentes municipios que conforman la demarcación territorial. Tal es el caso de las extensiones de los sectores Los Alcarrizos, en Santo Domingo Oeste; Guerra en Santo Domingo Este, y Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte. En esta gestión del magistrado Acosta se tiene programado dejar inauguradas otras Fiscalías Barriales. En los diferentes departamentos que operan en la sede central ubicada en la avenida Charles De Gaulle, número 27, en el municipio Santo Domingo Este, se concentran la mayoría de los casos por la gran cantidad de pobladores que residen en esta zona. Como forma de disminuir los índices de muertes violentas, desde la llegada a la institución el representante del Ministerio Público dispuso la realización de operativos selectivos para dar con el paradero de personas que son sindicadas como responsables de hechos delictivos. Estos operativos abarcan el desarme de los ciudadanos que acuden armados a centros de diversión como colmadones, discotecas, bares y billares donde se registran hechos violentos que dejan saldos de personas muertas y heridas. Durante los tres años que van de gestión del doctor Acosta estos operativos se han mantenido por entender que traen tranquilidad a los barrios que conforman la provincia. En la actualidad han sido desmanteladas varias bandas que se dedicaban a la fabricación de dinero falso, y documentos, así como sometidos a la justicia a decenas de traficantes de trata de personas, recuperados vehículos robados, y menores que se encontraban lejos de sus familias, que eran maltratados, o que vivían en condiciones inadecuadas.

Perfil Perfecto Acosta

Nació en la comunidad de La Lima, La Vega, el l8 de Abril del año l961. En el 1993 obtiene el título de Doctor en Derecho en la Universidad Francisco Henríquez y Carvajal. Desde muy joven adquirió la conciencia social y política para enfrentar, desde cualquier posición, los principales problemas que afectan a la mayoría del pueblo dominicano.

Su participación activa en los grupos comunitarios, universitarios y políticos, acompañado siempre del imperioso deseo de beber constantemente de la fuente de la sabiduría, le ha permitido cosechar, a temprana edad, una amplia experiencia adquirida en las aulas universitarias, cursos, diplomados y durante las responsabilidades que ha asumido en cargos públicos y privados. Otros títulos académicos En el 1987 se graduó de Licenciado en Educación Mención Física y Matemática, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). En esa casa de altos estudios también hizo un Postgrado en Diplomacia y Relaciones Internacionales en 1995 y un curso taller de Derecho Internacional de Refugiados en el 1995. Cursos realizados en el exterior Curso taller sobre Lavado Internacional de Dinero auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en San José Costa Rica, agosto del año l998. -Fideicomiso para la Escuela de Derecho y “El Rol del Fiscal en el Sistema Oral Adversativo”, Universidad de Puerto Rico, 4 de febrero del 2005 . Ministerio Público

Fiscalía de Santiago Modernización e institucionalización al servicio de los ciudadanos La Fiscalía de Santiago experimenta satisfactorio progreso en términos de modernización e institucionalización que repercute en un servicio eficiente a los ciudadanos. La gestión del fiscal Raul Martínez ha traído innovadoras iniciativas que van desde el Plan de Lucha Provincial contra las Drogas, que aglutina a todas las autoridades del área; hasta acciones para crear un ambiente más propicio de trabajo con el remozamiento de áreas de trabajo. El plan de lucha contra las drogas prevé además de la persecución, programas de prevención del consumo y la rehabilitación del adicto. Desde la aplicación del plan, hace unos meses, los crímenes vinculados al narcotráfico se han disminuido considerablemente en Santiago. “Se trata de un instrumento efectivo para orientar las energías de todos los actores involucrados en el tema hacia una misma dirección”, expresó el fiscal Martínez. Este programa está dirigido a apoyar la iniciativa del gobierno con el diseño y ejecución del Plan Nacional de Seguridad Democrática Recientemente, con la presencia del procurador general de la República, el doctor Radhamés Jiménez Peña, fueron inauguradas las remodeladas oficinas del Departamento de Litigación Inicial de esa

Perfil Raúl Martínez Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, oriundo de esta hidalga ciudad, donde nació el 16 de septiembre de 1976. Hijo de los señores Luís Manuel Martínez Malagón y Nora del Carmen Martínez, tiene dos hermanos y una hermana, Luís Manuel (fallecido), Gustavo Adolfo y Claudia Virginia. Cursó sus estudios iniciales y secundarios en el Colegio De La Salle de Santiago, graduándose como bachiller en el año 1994. En ese mismo año, ingresa a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde obtuvo el título de Licenciado en Derecho, con honores de Magna Cum Laude, en enero de 1999. En el año 2001, egresa nuevamente de la PUCMM, esta vez de un PostGrado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Ha

Ministerio Público

El área inaugurada, de acuerdo al fiscal Martínez, responde al plan de Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalía para mejorar la calidad técnica de las investigaciones. Estas oficinas están conformadas por áreas para atención al usuario y cuentan con archivos herméticos. El fiscal Martínez dijo que gracias al apoyo del procurador Jiménez Peña pueden garantizar servicios de calidad, para llevarles a los ciudadanos más tranquilidad, paz y justicia. sido catedrático en esa misma alta casa de estudios. En el año 1999 ingresa a la firma de abogados “Fermín, Taveras & García”, de donde se separó en el año 2000 para fundar, en sociedad con otros profesionales del derecho, su propio proyecto profesional. Como dirigente estudiantil, ocupó la presidencia de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la PUCMM, durante el período 1996-1997. En 1997, se vincula al movimiento cívico Participación Ciudadana, con el propósito de desarrollar sus inquietudes en torno a temas como la transparencia electoral y la democratización de las prácticas políticas en la sociedad dominicana. En dicha organización asume roles destacados, ejerciendo la Coordinación Municipal en Santiago, y llegando a pertenecer a su Consejo Nacional y al Comité Coordinador.

Diez años de lucha

contra el flagelo de la

corrupción

Dirección Nacional de Persecución contra la Corrupción La Dirección Nacional de Persecución contra la Corrupción arribó a su décimo aniversario razón por la cual fue llevada una ofrenda florar al altar de la patria y posteriormente fue celebrada una misa en el auditorio de la Escuela Nacional Penitenciaria. A la misa, oficiada por el coordinador general de la Pastoral Penitenciaria, fray Arístides Jiménez Richardson, asistió el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña y el director de la Dirección Nacional de Persecución Contra la Corrupción, Octavio Lister. Además, le acompañaron directores departamentales de la Procuraduría. La Dirección Nacional de Persecución contra la Corrupción anteriormente con funciones de Departamento de prevención de la Corrupción, fue creada mediante el decreto 322-97. En los últimos tres años ha recibido 263 casos, de los cuales ha sometido 16. Otros 153 de esos casos se encuentran en proceso de investigación. De los concluidos, que son 110 casos, se archivaron 83, se declinaron 8 y se sobreseyeron tres. En la actualidad la Dirección Nacional de Persecución contra la Corrupción desarrolla diferentes investigaciones una de ellas se refiere a las facturas o fletes por parte de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), otra de las investigaciones es el No pago de las cotizaciones a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en este ultimo caso se espera por la auditoria que realiza la Cámara de Cuentas para concluir las investigaciones que lleva a cabo

Magistrado Octavio Líster, director nacional de la Persecusión contra la Corrupción.

este organismo. Además, es conocido por tercera ocasión el caso del Plan Renove en la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del D.N. El caso del Departamento de Pensiones y Jubilaciones de la Secretaría Estado de Hacienda en el 2007 les fueron impuestas medidas de coerción a los imputados y el caso fue declarado complejo por el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Finalmente, los dos últimos expedientes, uno es en el caso de Elsa Josefina Cos Zaiter ex directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la ONAP, fue solicitada en fecha 25 de junio del 2007, por ante la Jueza Coordinadora del los Juzgados de la Instrucción imposición de medidas de coerción consistentes en el pago de una garantía económica de RD$2,000,000.00, impedimento de salida del país y la presentación

periódica por ante el Ministerio Público. En tanto, que en el caso de Dominga Fabiola Henríquez Herrera, tesorera de la Dirección General de Migración, mediante resolución No.55-2007, de fecha 10 de julio del 2007, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le impuso medida de coerción consistente en una garantía económica ascendente a RD$1,000,000.00, impedimento de salida del país sin autorización judicial y la presentación periódica los días lunes últimos de cada mes por ante el fiscal investigador también por irregularidades en el manejo de sus funciones. El director de la Dirección Nacional de Persecución Contra la Corrupción, doctor Octavio Lister, manifestó que son diversos los esfuerzos que se realizan desde esa dependencia para erradicar la corrupción de la administración pública. Ministerio Público

Lucero Rivera

de Félix

37 años como empleada y secretaria de procuradores

Si habría que escoger un rostro que identifique a la Procuraduría General de la República, nada mejor que el de doña Lucero Rivera de Félix. Mujer de firme carácter, oriunda de San Cristóbal, casada, con hijos y con 37 años de servicio al organismo rector del Ministerio Público. En la institución a la que ingresó siendo muy joven en 1970, su labor ininterrumpida ha estado siempre al servicio directo del Procurador General de la República, en calidad de taquígrafa, secretaria y actualmente asistente. Desde entonces ha trabajado con todos los procurado-

Ministerio Público

res generales en una faena incesante y fructífera que ha gozado y goza del voto y el favor unánime de quienes han laborado con ella y se han relacionado. Por esos atributos, la Procuraduría General de la República le hizo un merecido reconocimiento, el cual se llevó a efecto el pasado 26 de abril, “Día de la Secretaria”, en un acto encabezado por el actual Procurador, doctor Radhamés Jiménez Peña, quien ponderó los aportes y las cualidades de doña Lucero, como cariñosamente se le llama y se le distingue. Para la ocasión el magistrado dedicó un ágape a todas las secretarias de la Procuraduría, durante el cual se disfrutó de una exquisita degustación, hubo rifas y se entregaron arreglos florales y regalos. El magistrado aprovechó la ocasión para resaltar el trabajo y el compromiso que tienen las secretarias, y las definió como la pieza clave para brindar un trato especial y amable a las personas que diariamente solicitan los servicios de la institución. “Más que un jefe, ustedes tienen en mí a un amigo”, enfatizó el doctor Jiménez Peña, al momento que destacó el eficiente trabajo que en lo particular ha desarrollado su asistente, doña Lucero Rivera de Félix. Agregó que previo a ser designado como Procurador General de la República, “en todo momento y en diferentes circunstancias recibí un trato respetuoso de doña Lucero, con una actitud siempre muy cordial y afable”. “Es lo que se dice de una mujer de trato y de temple, enteramente comprometida con el servicio y la institucionalidad”, dijo el magistrado de doña Lucero.

Habla de su experiencia

1.- Cuando usted ingresó a la Procuraduría, ¿quién era el jefe del Ministerio Público en ese momento? El magistrado doctor Marino Ariza Hernández en el año 1970.

2.- ¿Comenzó usted desde ese entonces a ocupar el cargo de secretaria de ese Procurador? No, me designaron Auxiliar en la Cuarta Cámara Penal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En esa época la Procuraduría General de la República solicitaba los nombramientos al Poder Ejecutivo al igual que lo hacía la Suprema Corte de Justicia. Luego me trasladaron al Departamento de Contabilidad en la sede principal, más adelante laboraba como taquígrafa del entonces procurador Antonio Rosario; luego en el 1986, en la gestión del procurador Julio César Castaños Espaillat, me designaron secretaria ejecutiva en el despacho y he permanecido aquí.

3.- ¿Cómo ha podido manejar durante tantos años su vida familiar con un trabajo que usted ha desempeñado con tanta entrega y cariño? Siendo muy joven ingresé a la Procuraduría, le tomé poco a poco tanto cariño a la institución que me he sentido como si fuera parte de mí. He pasado los mejores años de mi vida con dedicación y esmero en el trabajo que realizo, tratando a todos con amabilidad. He tenido el apoyo de mi esposo, mi familia y en los primeros años la colaboración de dos personas de mi confianza, quienes cuidaban muy bien a mis hijos y permanecieron con nosotros hasta que fueron adolescentes, de manera que podía dedicarme al cumplimiento de mi trabajo. 4) Hablemos de su familia, su esposo, sus hijos: Mi esposo es el licenciado Julio César Félix Ruiz, contador público autorizado, con quien he procreado, por la gracia de Dios, cuatro hijos: Julio César, casado con Ilka Marmolejos; Scarlett Elizabeth, casada con el doctor Joaquín González, Josie casada con Edmundo Pérez e Iván Emil, el último, quienes nos han regalado siete tesoros maravillosos, Jean Carlos Félix Medina, Daniel Ernesto, Irina Alexandra y Laura Elizabeth González Félix; Ian y Brandon Félix Marmolejos.

5) Son muchas las cosas que se toman en cuenta para que una persona pueda permanecer durante largos años en un puesto como éste, donde siempre existen intereses, resquemores y otras cosas propias del ambiente político. ¿Cómo usted se ha manejado para vencer esos obstáculos? Los valores inculcados en el hogar de mis padres y mi propia formación cristiana permitieron que me entre-

Puedo decirle que no he hecho nada trascendental, ha sido tan solo cumplir con los objetivos de mi posición, para de esta manera lograr que las fortalezas se impongan a las debilidades. Ir adaptándome a los cambios de la tecnología fue muy importante para mí, comenzar a trabajar en una máquina Wonderwod, manual, luego una IBM eléctrica y más tarde enfrentarme con lo máximo, la tecnología cibernética, gran invento

gara al servicio de la Procuraduría con el firme propósito de realizar mi trabajo con eficiencia, diligencia y poder ayudar a las personas que de una u otra forma acuden a la institución en busca de recibir algún servicio. Eso me alegra mucho. Cuando no obtienen lo que desean se marchan no complacidos, pero al menos satisfechos de que se le prestó la debida atención.

de los últimos tiempos. En ocasiones una se ve alternando con personas de formación y carácter difíciles, pero si usted les hace ver con amabilidad que están errados o que no es posible obtener lo que desean en ese momento y que vamos a tratar de que su caso sea atendido en el lugar que corresponda, porque no necesariamente todo el que llega al despacho tiene que ver al Magistrado Procurador, que de hecho sus ocupaciones son múltiples e importantes, es por eso que tiene varios funcionarios en diferentes departamentos para que sean remitidos a ellos dependiendo del caso que sea.

6) En esa larga trayectoria laboral, ¿cuál ha sido su norte, cuáles aspectos han sido los pilares en esa labor ininterrumpida y que gracias a Dios la han colocado en el sitial en que se encuentra hoy?

Ministerio Público

8) ¿Cree usted haber alcanzado todo lo que se ha propuesto? Soy optimista; he logrado algunas de las metas que me he propuesto pero como soy eminentemente creyente, estoy segura de que las que no he logrado es porque no ha sido la voluntad de Dios, todo llega a su tiempo. 9) ¿Cuál es su mayor deseo? Que mi esposo y mis hijos varones acepten a Jesucristo como único y suficiente salvador de sus vidas, en cuanto a lo espiritual; y en lo demás, poder continuar haciendo lo correcto en el tiempo que me resta en esta institución y fuera de ella, hasta retirarme en paz y dignamente al seno de mi hogar con mi familia. 10) Una experiencia importante para usted en su trabajo: Nunca he olvidado un día en que el señor Miguel Rojas, empleado de la Secretaría General, estaba tranquilamente trabajando, se movió de

su escritorio para ir al baño, un rato después alguien entró al lugar y lo encontró muerto. Había sido víctima de un infarto fulminante. Eso fue

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impactante para mí, pues no se trató de que estuviera enfermo y murió posteriormente; no, fue repentinamente.

11) Algún momento difícil en su trabajo? Cuando se permanece tanto tiempo en un mismo lugar es lógico que en uno u otro momento se nos presente alguna situación difícil, a mí me ha ocurrido. Cada vez que designaban un nuevo Procurador General sentía aprehensión en mi interior, pues no sabía cómo sería el carácter, su forma de trabajo, etcétera, pero gracias a Dios, a los pocos días esos temores se disipaban, pues entendía que quien tenía que cambiar era yo, adaptándome a la forma de trabajo de cada uno de ellos y trataba de hacerlo diligentemente. 12.- Finalmente, tiene algo especial que desee contarnos? Lo ocurrido el reciente 26 de abril de este año cuando el doctor Radha-

més Jiménez Peña, procurador general de la República, en el acto dedicado a las secretarias, se expresó con halagos a mi persona haciendo

reconocimiento de mi labor y señalando anécdotas que datan de más de 20 años cuando siendo un joven, recién graduado, visitaba la Procuraduría en diligencias propias de su profesión, y para citar sus propias palabras dice que “siempre recibió de mí un trato cordial y afable”. Sus elogios me llenaron de profunda satisfacción. Contribuir para que las personas que acuden al Despacho se sientan satisfechas por las atenciones recibidas de mi parte. No te puedes imaginar lo feliz que me siento cuando alguien que tiene años sin visitar el Despacho y al verme muestran una inmensa alegría al saber que aún permanezco aquí. Agradezco también a todos los que al ver en los periódicos la reseña del acto que propició el magistrado procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, me han llamado para felicitarme y solidarizarse con lo expresado por él acerca de mi persona. Quiero aprovechar esta oportunidad para de todo corazón agradecer a los magistrados ex procuradores con quienes laboré, el trato respetuoso, amable, gentil que siempre recibí de ellos. A los que se hicieron presentes en la funeraria en las dos circunstancias en que perdí a mis padres. A los que no han olvidado nunca el 4 de diciembre para hacerse presente con motivo de mi cumpleaños. A los que no han dejado de llamarme los días de la secretaria. A los que en ocasiones visitaron mi casa. A los que por motivo de su profesión se acercan a la Procuraduría y al verme muestran alegría, al saber que aún estoy aquí. A los que conversan con algunos amigos comunes y me envían un saludo afectuoso. A los que al saber que aún estoy aquí remiten parientes o amigos para que yo los anuncie con el magistrado Procurador o los oriente en cualquier caso que sea necesario. En fin, a todos y cada uno de ellos muchas gracias. Con el tiempo y la distancia guardo indefectible y permanentemente un cariño especial para todos.

Secretaría General

Atencion y Servicio al ciudadano (1 de 2)

Una de las dependencias mediante la cual la Procuraduría General de la República se mantiene en estrecha relación con la ciudadanía, lo es su Secretaría General, que tiene a cargo ocho divisiones de servicios de gran demanda a nivel nacional. Esas divisiones son: Asociaciones sin Fines de Lucro, Legalización de Firmas, Infracciones y Antecedentes Penales, Garantías Procesales, Archivo y Correspondencia, Impedimento de Salida, División de Tramitación de Exequátur y Multas. La Secretaría General está dirigida hoy por la licenciada Gladis Sánchez y la integran un equipo compuesto por unas 20 personas entre técnicos y empleados, que se mantienen ocupados durante todas las horas del día, desde las 8:00 de la mañana hasta el cierre de horario que a veces se extiende hasta las seis de la tarde.

Antecedentes Judiciales

La oficina de Antecedentes Judiciales de la Procuraduría General de la Republica se crea como dependencia de la Secretaria General, en enero del 2006, en virtud de recibir y dar trámites a las solicitudes de Certificación de No Antecedentes Penales. Se ha logrado implantar un Sistema moderno de Investigación Criminal a nivel nacional en todas las procuradurías fiscales, el cual permite una información oportuna y adecuada de la situación del ciudadano que solicita el servicio. Además se ha aperturado una cuenta de ahorros en el Banco de Reservas a nombre de la Procuraduría General de la República, donde se depositan los ingresos recibidos por concepto de la emisión de certificaciones emitidas, garantizando de manera transparente que los recursos obtenidos por concepto de los servicios prestados al contribuyente tengan un claro retorno al mejoramiento de los servicios. El servicio que brinda al público en general en relación al tiempo de entrega del documento, nunca es mayor de veinte (20) minutos si no presenta antecedentes según el Sistema de Investigación Criminal. Si por el contrario presenta antecedentes judiciales se le informa cómo debe solucionar su problema. A partir de la puesta en funcionamiento de la División Nacional de Infracciones Judiciales en enero del año 2006, a la fecha se han emitido en nuestra sede central

de la Procuraduría General de la República un total de 2.532.00 (dos mil quinientos treinta y dos) certificaciones de No Antecedentes Judiciales. A continuación se presenta el cuadro de informe estadístico de enero 2006 hasta la fecha. MES

AÑO

ENERO

2006

MARZO

2006

FEBRERO ABRIL MAYO

JUNIO JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL:

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

CERTIFICACIONES EXPEDIDAS 139 157 182 140 248 206 247 296 360 386 192 540

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División de Garantías Procesales

La División Nacional de Garantías Procesal, creada mediante resolución No. 00935, fecha siete (07) de enero del año 2005 tiene como objetivos:

a) Dar seguimiento a nivel nacional de las diferentes libertades provisionales bajo fianzas. b) Suministrar a los diferentes Distritos Judiciales, el pleno de retención de las compañías aseguradoras y mantenerlos actualizados. c) Mantener un control estadísticos de la cantidad de fianzas a nivel nacional, por cada mes de los diferentes Distrito Judiciales. d) Dotar al Ministerio Público de un manual de procedimiento que le permita eficientizar el proceso de fianzas y dar seguimiento hasta terminar con la ejecución del contrato si es necesario. Ministerio Público

Gladys Sánchez, secretaria general de la Procuraduría.

Logros obtenidos: Desde su inicio, la División Nacional de Garantías Procesal, ha llevado a cabo un conjunto de acciones tendentes a mejorar y a dinamizar sus ejecutorias, en las que cabe citar: 1. La instalación del sistema de aplicativo de fianzas a Todas las Fiscalias del país, lo que ha permitido mantener un control de monitoreo en cada caso. 2. Se concertó un acuerdo Interinstitucional de Colaboración recíproca, entre la Procuraduría General de la República y la Superintendencia de Seguros. 3. La elaboración de un nuevo contrato de Fianzas consensuados entre las Aseguradoras, reaseguradoras y la Superintendencia de Seguros. 4. Un procedimiento de ejecución de garantías en virtud a lo establecido en el artículos 235 y siguiente de la ley 76-02 y los artículos 28 y 33 de la ley No. 14602, sobre seguros y Fianzas de la República Dominicana, revisado y aprobado por el Director técnico de la Procuraduría General. 5. Se efectuaron varias reuniones con el consultor Jurídico del Banco Agrícola de la República Dominicana, para discutir el procedimiento y tipo de recibo que se llevaría a cabo para el

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depósito de garantías en efectivos, por ante esa institución Bancaria, mediante Certificados Financiero a nombre del imputado y la Fiscalía solicitante. En la actualidad todo el Ministerio Público esta informado del procedimiento que se debe hacer para el deposito de los valores indicado en la resolución que ordena la garantía.

En materia de ejecución, se ha ejecutado una (01) Garantía Económica y en carpeta hay veintidós (22) resoluciones en proceso de ejecución.

Asociaciones sin fines de lucro

La Orden Ejecutiva No. 520 de fecha 26 de julio de 1920, disponía que la Procuraduría General de la República se encargaba de tramitar al Poder Ejecutivo las solicitudes hechas al Presidente de la República de incorporación, modificación de estatutos, fijación de domicilio y disolución de las asociaciones sin fines de lucro. Esta ordenanza era muy obsoleta ya que no establecía mecanismos de control estricto sobre las asociaciones sin fines de lucro, lo que entre otras razones dio como resultado la discusión en el Congreso Nacional y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la Ley 122-05, de fecha 8 de abril de 2005, ley que vie-

ne a establecer regulaciones, controles y a la vez promover el fomento de las asociaciones sin fines de lucro. Es de gran importancia señalar que para cumplir con las disposiciones establecidas en esta Ley el Procurador General de la República crea mediante Resolución no. 05768 de fecha 27 de abril de 2005, la División Nacional de Registro de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, unidad administrativa que depende de la Secretaría General de la Procuraduría General de la República. Los objetivos principales de la División Nacional de Registro de las Asociaciones Sin Fines de Lucro son: a) Estudiar y decidir las diversas solicitudes que les son sometidas por las asociaciones sin fines de lucro. b) Mantener un registro actualizado de las asociaciones que sean incorporadas a nivel nacional. c) Expedir certificaciones de diversos tipos que demuestren la situación legal de las asociaciones sin fines de lucro. d) Coordinar con las Procuradurías Generales de Cortes los registros de sus jurisdicciones. Una de las principales acciones ejecutadas a raíz de la creación de la División fue la ubicación y escaneo de todos los Decretos que en virtud de la Orden Ejecutiva no. 520, fueron emitidos con relación a las asociaciones sin fines de lucro. Gracias al apoyo recibido y por disposición expresa del Procurador General de la República, la División Nacional de Registro de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, ha logrado la informatización de todos los servicios que se ofrecen, lo que ha permitido que los mismos sean resueltos a la mayor brevedad posible. Otro paso importante ha sido la publicación en la página web de la Procuraduría General de la República, de todas las Resoluciones y Certificados de Registros emitidos nos coloca como una de las instituciones que mas cerca se encuentra del Gobierno Electrónico. Es importante destacar que las certificaciones de Decretos son expedidas en una hora, situación que contrasta enormemente con el tiempo de espera de hace dos años que era de tres

Magistrada Gladys Sánchez rodeada del equipo de trabajo de la Secretaría General.

días laborables. Asímismo, el otorgamiento del beneficio de incorporación es logrado en un plazo de 48 horas, situación también muy distinta a lo que ocurría con la vieja Orden Ejecutiva 520, que el tiempo de espera del Decreto era de meses, si es que tenia éxito la solicitud o el expediente no se extraviaba. Estos son logros claros y evidentes en el trabajo diario realizado por la División Nacional de Registro de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, pero mas importante aún es que el personal siempre esta dispuesto a prestar ayuda y orientaciones de manera personal y a través del Internet a los usuarios que necesiten algún tipo de información.

Legalizaciones

El Departamento de Legalización de Firmas es el encargado de certificar las firmas de los Abogados Notarios, Intérpretes Judiciales, Ministerio Público y Poder Judicial. Los documentos que son legalizados en esa división son: Actos Notariales, Traducciones Judiciales, documentos emitidos por el Ministerio Público y por el Poder Judicial.

Logros obtenidos

Durante el período del año 2004– 2006, los logros obtenidos por este departamento han sido de gran sig-

nificado. 1. Realización de un acuerdo entre la Dirección General de Impuestos Internos y la Procuraduría General de la República, en donde la procuraduría asumió la responsabilidad de la venta de los impuestos para legalizar, evitando así, la doble fila y facilitando el servicio. 2. Instalación de un aplicativo en el sistema, que permite la verificación de las firmas y demás datos de los abogados notarios, con lo que se ha reducido notoriamente el tiempo en el proceso que se realizaba con el archivo de forma manual, permitiendo más seguridad y rapidez en la depuración de cada documento a certificar. 3. Eliminación de los sellos manuales por sellos pretintados, la reducción del tamaño y de la cantidad de sellos aplicados a cada documento permite hacer un trabajo mejor presentado. Actualmente se cuenta con la cantidad de tres cajeros lo que permite reducir el tiempo de recepción de los documentos y eliminar las largas filas que realizaban los usuarios de los servicios.

División de Multas

Esta división tiene la responsabilidad de llevar acabo las siguientes labores: 1. Recibir por parte del Ministerio

Público los Informes Mensuales de las multas impuestas 2. Estudiar los expedientes para corroborar la correcta elaboración de los procedimientos , 3. Contabilización de todas las multas enviadas por el Ministerio Público, 4. Llevar control absoluto de las multas a nivel nacional, 5. Realizar informes mensuales de lo recaudado de todas las dependencias a nivel nacional, por provincias. 6. Estadísticas de las cantidades de multas impuestas, por los tribunales. 7. Estadísticas de los depósitos en efectivo de las multas en la Dirección General de Impuestos Interno. Unos de los principales logros, de esta división es haber conseguido que todo el Ministerio Público a nivel nacional nos envíe sus reportes a tiempo y con las exigencias que conlleva la elaboración de los mismos. La comunicación constante y abierta con las personas responsables de elaborar los informes de multas asignados por el Ministerio Público. Y finalmente la creación de una base de datos para tener acceso directo y rápido de las multas impuestas, pagadas y pendientes de cobro. Ministerio Público

Las partes se comprometen a articular y promover la colaboración de la Fiscalía General del Estado del Reino de España y la Procuraduría General de la República Dominicana para el fomento de acciones que contribuyan al desarrollo de la justicia en el ámbito de sus competencias. El fiscal general de España, Cándido Conde Pumpido Tourón, al momen to de firmar el acuerdo de cooperación entre su nación y la República Dominicana.

Procuradoría firma protocolo de intención de colaboración e intercambio de información con Fiscalía General de España El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, y el fiscal general de España, Cándido Conde Pumpido Tourón, firmaron un protocolo de intención de colaboración e intercambio de información. El acto de firma se realizó como parte del programa de la visita que Pumpido Tourón realizó a República Dominicana para dictar la conferencia magistral “Un Ministerio Fiscal para una Sociedad Democrática”, invitado por la Procuraduría General de la República. Las partes se comprometen a articular y promover la colaboración de la Fiscalía General del Estado del Reino de España y la Procuraduría General de la República Dominicana para el fomento de acciones que contribuyan al desarrollo de la justicia en el ámbito de sus competencias. De acuerdo con las líneas programáticas, las materias objeto de desa-

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rrollo en el ámbito de la justicia serán definidas con posteridad a la firma de este protocolo, por una comisión técnica mixta creada al efecto. Con el objeto de garantizar el seguimiento del desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente protocolo se acordó constituir una comisión técnica mixta que estará compuesta por dos representantes de las instituciones firmantes, que se reunirán al menos una vez al año y que tendrá, entre otras, las siguientes funciones: -Definir las materias en el ámbito de la justicia que serán objeto del presente protocolo de intención de colaboración. -Promover el desarrollo de actividades sobre las materias objeto del presente protocolo de intención de colaboración. -La aportación y colaboración de los informes técnicos, así como de

aquella documentación que se considere oportuna, relativas a esas materias. -Seguimiento y evaluación de las actividades, cuyas conclusiones servirán para mejorar el contenido del mismo. Las partes firmantes están conscientes de la importancia de fomentar el desarrollo de la justicia, sobre la base del compromiso de contribuir a la consideración de un servicio público de justicia moderno y eficaz, como uno de los pilares de la sociedad y como una necesidad constante y permanente de un Estado social democrático de derecho. Asimismo, reconocen que, en el momento actual, marcado por la globalización e intercomunicación de las sociedades modernas más allá de sus fronteras, la necesidad de cooperación y el incremento de los vínculos en el ámbito de la justicia.

El Procurador y el fiscal de Costa Rica firman acuerdo de cooperación El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, y el fiscal general de Costa Rica, Francisco Dall Anese, firmaron un acuerdo por el que se comprometen a brindarse la más amplia colaboración académica, científica y técnica para la optimización profesional de sus respectivos representantes del Ministerio Público. El protocolo formó parte de las actividades desarrolladas por Dall Anese durante su visita en enero pasado a República Dominicana, donde dictó una conferencia magistral sobre “Los Retos del Ministerio Público en el Sistema Democrático, por invitación de la Procuraduría General de la República. Conforme al acuerdo, la Fiscalía General de Costa Rica a través de sus dependencias, brindará su apoyo y experiencia en la capacitación y adiestramiento de miembros del Ministerio Público dominicano en todos los aspectos relativos a la labor del fiscal en el sistema acusatorio. Igualmente, a través de sus departamentos de Investigaciones Criminales, Laboratorios y Medicina Legal, facilitará su soporte mediante la capacitación y preparación de miembros del Ministerio Público dominicano y personal técnico en general en las áreas de medicina forense, experticia analítica forense y química forense, para el fortalecimiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). El INACIF es un órgano adscrito a la Procuraduría General de la República Dominicana, encargado de brindar auxilio científico en las investigaciones de los asuntos penales. El acuerdo fue firmado en el auditorio de la Procuraduría, donde el fiscal Dall Anese pronunció la confe-

El fiscal general de Costa Rica, Francisco Dall Anese, mientras firma un acuerdo de cooperación con el procurador Radhamés Jiménez Peña. Observa, la doctora Mabel Féliz, directora del Consejo Nacional de Drogas de la República Dominicana.

rencia “Retos del Ministerio Público en un Sistema Democrático”. Tanto Jiménez Peña como Dall Anese resaltaron los tradicionales vínculos de amistad, solidaridad y colaboración que han mantenido República Dominicana y la República de Costa Rica. También, la Fiscalía General de Costa Rica, a través de su cuerpo docente, brindará colaboración y asistencia técnica a la Escuela Nacional del Ministerio Público del país, en la revisión de los planes de estudio, programas de formación inicial, extraordinario y de capacitación continuada, y cuando fuere necesario, proveerá capital humano para la implementación de esa preparación. La República de Costa Rica apoyará y colaborará en cualquier otra iniciativa que tenga relación con el ámbito descrito, incluida la presencia de fiscales, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la República Dominicana en la República de Costa Rica, para el conocimiento in situ del

desarrollo de la labor del sistema de justicia penal en ese país. Asimismo, contempla la presencia de funcionarios y empleados judiciales costarricenses en República Dominicana para dar apoyo al proceso de implementación plena del Código Procesal Penal y puesta en marcha del Código Penal. La Procuraduría General de la República Dominicana referirá a la Fiscalía General de Costa Rica, cuando ésta lo considere oportuno, la misma cortesía que ahora ésta, mediante el presente acuerdo, expresamente le dispensa. La República de Costa Rica ha venido aplicando los principios fundamentales del sistema acusatorio desde 1975, con posteriores modificaciones incorporadas a través del Código Procesal Penal del 28 de marzo de 1996, en vigencia a partir del primero de enero de 1998, por lo que ha adquirido y acumulado una amplia y exitosa experiencia en la implementación de este sistema. Ministerio Público

LA CARRERA DEL MINISTERIO PÚBLICO

Avanza y se consolida tras proceso de evaluación de sus miembros La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) ha integrado unos 140 miembros a la Carrera, tras ser evaluados y capacitados en su Programa Extraordinario de Formación (PEF) y haber cumplido con los reglamentos establecidos para esos fines. De igual forma, la ENMP ha graduado, en seis promociones, un total de 349 procuradores generales adjuntos, abogados del Estado, procuradores de Corte, fiscales y fiscalizadores con especia-

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lidad en Ciencias Penales, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Los profesionales que ingresen a la Carrera del Ministerio Público sólo cesarán en sus funciones por la comisión de faltas graves, y deben disfrutar de ascensos que se producirán por evaluación de sus méritos, el desempeño de sus funciones, su nivel de preparación académica y actualización adquirida a través del Programa de Perfeccionamiento de la ENMP.

Dentro de esas promociones, la ENMP ha graduado unos 13 extranjeros provenientes de los países de Panamá, Honduras, El Salvador, Paragüay y República Bolivariana de Venezuela, gracias a un proceso de posicionamiento e internacionalización de la escuela, impulsado por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, el cual ha generado relaciones de cooperación e intercambio académico con los estamento judiciales de esos Estados. El PEF cuenta con los auspicios del PARME, la Universidad Apec (UNAPEC), la Embajada de los Estados Unidos, el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, la Unión Europea, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). También, con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa OIT/IPEC, el Proyecto Justicia y Gobernabilidad, Profamilia y la Sección de Desarrollo y Formación de Fiscales Extranjeros (OPDAT) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Las especialidades son reconocidas y avaladas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCYT), y se imparten en coordinación con las universidades Autónoma de Santo Domingo (UASD) y APEC. Los interesados en ser miembros de la carrera, primeramente, deben ser elegidos por concurso público, tener por lo menos ocho años de ejercicio en el Ministerio Público, haber aprobado las evaluaciones correspondientes del PEF, y luego ser designado por decreto del Presidente de la República.

cual debe estar enfocada de manera dinámica y práctica, capaz de generar en los fiscales una formación humanística con espíritu de justicia como lo demanda la sociedad dominicana. Agradeció la colaboración económica, moral e institucional que ha brindado la Unión Europea a través del PARME en los programas de formación académica que lleva a cabo la ENMP. “Amparado en el apoyo del PARME se han sembrado las semillas de un Ministerio Público con mejores conocimientos, con una sólida base ética y comprometido a sentar las bases de un sistema de justicia capaz de tutelar los derechos de las víctimas y perseguir eficazmente la criminalidad”, agregó. La actividad, realizada en el auditorio de la Procuraduría General de la República, estuvo encabezada además del procurador Jiménez Peña, por el director de la ENMP, licenciado Ramón Emilio Núñez; el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), doctor Servio Tulio Castaños Guzmán; el director y el director adjunto del PARME, señores Franz Helm y Andrés Navarro, respectivamente; así como Pedro Pablo Yermenos, coordinador del componente de justicia de esa entidad.

Concurso por oposición y despedida de Aura Celeste

Con anterioridad de los resultados de las Sexta y Quinta Promociones del PEF, la Escuela Nacional del Ministerio Publico había dado a conocer los resultados del concurso de oposición para seleccionar un grupo de aboga-

dos que cubrirán 72 plazas vacantes para procuradores de cortes, fiscales adjuntos y fiscalizadores, marcó otro punto de avance y de consolidación de la carrera de Ministerio Público, que se inició originalmente con el proceso de evaluación de todos sus miembros a mediados del año 2005. La actividad celebrada también en el auditorio de la Procuraduría General de la República, tuvo una nota emotiva ya que sirvió de marco de la despedida de la doctora Aura Celeste Fernández como directora de la ENMP. Con la ocasión la dama fue objeto de un reconocimiento por parte del Ministerio Pùblico en pleno, cuyo máximo representante, doctor Radhamés Jiménez Peña, le hizo entrega de una placa “Por su extraordinaria labor como directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público y sus invaluables aportes en pro de su fortalecimiento institucional”. Para cerrar con “broche de oro” su fecunda gestión en la ENMP, Aura Celeste, quien forma parte del pleno de jueces de la Junta Central Electoral (JCE), aprovechó la actividad para presentar sus Memorias Institucionales, el informe de Gestión (Enero 2005 - Enero 2007) y de paso dejar inaugurada la VI Promoción del Programa Extraordinario de Formación (PEF), que constituye uno de los tres principales programas del Plan Curricular de la Escuela y tiene por objetivo contribuir al desarrollo de habilidades y competencias delos integrantes del Ministerio Público que aprobaron satisfactoriamente los exámenes.

Acto de graduación de la sexta promoción

El más reciente acto de graduación correspondiente a la sexta promoción, se llevó a cabo el pasado 13 de junio de este año, para otorgar certificados a 47 profesionales del Derecho, quines fueron seleccionados del Concurso de Oposición para cubrir 72 vacantes en el Ministerio Público, celebrado el pasado año. Al pronunciar las palabras centrales en la ceremonia de graduación, el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, resaltó que la capacitación de los miembros del Ministerio Público es uno de los principales retos de su gestión, la Ministerio Público

Magistrada Gisela Cueto

recibe reconocimiento del Presidente de la República El presidente de la República, doctor Leonel Fernández, condecoró a la procuradora general adjunta, doctora Gisela Cueto González, por sus valiosos aportes a la justicia con motivo de celebrarse el pasado 8 de marzo, el “Día Internacional de la Mujer”. La doctora Cueto fue condecorada con la “Medalla al Mérito a la Mujer Dominicana 2007” en una actividad que se efectuó en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde fueron premiadas otras 22 mujeres en deporte, justicia, política, periodismo, locución y teatro, entre otras áreas. En el reglón justicia fue condecorada además, la doctora Aura Celeste Fernández, ex-directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público, quien renunció a esa posición para ocupar el cargo de juez de la Junta Central Electoral. En la actividad estuvieron presentes además, la primera dama de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque y otras personalidades. En una misiva de felicitación remitida a la magistrada Cueto González, el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, reconoció su gran trayectoria profesional, así como su capacidad y dedicación, “lo que representa un orgullo para el Ministerio Público”.

“Fue condecorada con la “Medalla al Mérito a la Mujer Dominicana 2007, en una actividad que se efectuó en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde fueron distinguidas otras 22 mujeres en los renglones deporte, justicia, política, periodismo, locutora y actriz”.

Otras Distinciones

Graduada “Magna Cum Laude” en Derecho para la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 19 de noviembre de 1996, la doctora Cueto González ha sido objeto de innumerables reconocimientos por su profesionalidad, vocación de servicio y aportes a la justicia.

Ministerio Público

Trayectoria Gisela Cueto González tiene más de 15 años en el ejercicio de su profesión, ocupando el cargo de Abogada Ayudante del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, y Ministerio Público postulante en la 2da, 4ta, 5ta y 8va, Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional desde el 1983 hasta el 1987. En el 1987 hasta el 1992 ocupó el cargo de Procuradora General de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y desde 1996 hasta el 2004 fue Ayudante del Procurador General de la República. Además, ha estado en permanente ejercicio de la profesión en diferentes oficinas privadas desde que obtuvo el título de Licenciada en Derecho. Actualmente es Procuradora General Adjunta a cargo del Departamento de Asuntos Internacionales y Extradición de la Procuraduría General de la República. Continuando con funciones a nivel de oficinas públicas, fue juez de la Junta Electoral del Distrito Nacional (1995-1997) en “Función Honorífica”, y ha desempeñado el cargo de Abogada Notaria – Pública de los del Número para el Distrito Nacional en los años 1980-1983, y 1992-1996. Gisela Cueto fue catedrática de Grado en la Universidad Mundial Dominicana, desde el 1986-1988, impartiendo Derecho Penitenciario, Derecho Comparado y Derecho Procesal Penal. También impartió docencia en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en asignaturas sobre el Ministerio Público y Derecho Procesal Penal en 1996 al 1997.

Algunos de ellos son: -Reconocimiento del Comité de Prevención y Educación contra la Delincuencia Juvenil y la Drogadicción “Por su labor en la Sociedad para una Juventud Sana” 11 de febrero de 1990, Santo Domingo, República Dominicana. -Reconocimiento otorgada por la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas “Por Constituir una Atalaya

contra el Narcotráfico y por su Imparcialidad al Impartir Justicia” junio de 1991, Santo Domingo, República Dominicana. - Homenaje por su Valioso Aporte a favor de la Majestad de la Justicia Dominicana, otorgada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Octubre de 1992, Santo Domingo, República Dominicana. - Reconocimiento en el día Internacional de la Mujer “ Por su destacada labor a favor de la Sociedad Dominicana”, otorgada por el Circulo de Locutores Dominicanos, marzo 1993, Santo Domingo, República Dominicana. -Reconocimiento por su Valiosa Participación en la Recepción de los Resultados Electorales; otorgado por la Junta Electoral del Distrito Nacional, 5 de junio de 1996, Santo Domingo, República Dominicana.

Sueños, palabras y motivaciones

Su nombre completo es Gisela Altagracia Cueto González. Conocida por su rectitud, vocación religiosa y juvenil sonrisa, esta procuradora general adjunta, figuró entre los magistrados y magistradas que se

sometieron al proceso de evaluación del Ministerio Público a mediados del año 2005. Gisela Cueto, como se le conoce, habla con entusiasmo de la experiencia que marcó el inicio de la carrera que, con categoría de educación al más alto nivel, se cursa ahora a través de la Escuela nacional del Ministerio Público. Sostuvo que, someterse al proceso junto a muchos otros magistrados y magistradas, la mayoría más jóvenes que ella, fue como volver a comenzar. Reflejando su formación cristiana y alto sentido de la equidad, esta magistrada que coordina el Departamento de Asistencia Jurídica, Extradiciones y Asuntos Internacionales, accedió a respondernos cuatro preguntas, entre ellas, una primera, que como un sueño puede ser también un ideal.

Un Sueño-. Con que mi pueblo y

con él toda la humanidad alcancen a saborear cada día el beso de la paz que sólo genera la justicia -con la solución de toda injusticia como garantía de la permanente dinámica de ese estado.

Un Compromiso-. Trabajar con

denuedo y sin regateos en la construcción de ese sueño. Como aporte sacramental generoso y consciente.

Como lámpara votiva que se gasta sirviendo en fidelidad a la majestad de la Justicia.

Una Experiencia.- Quien acep-

te la misión debe antes asegurarse de que su aceptación es la respuesta al llamado a consolidar su vocación y elección, y de que por ello no tropezará; - debe creer que todo lo puede en Cristo que le fortalece y que el Santo Espíritu le renueva, como a las águilas, constantemente sus fuerzas.

Una Opinión.- La realización de

este hermoso sueño sólo es posible mediante el compromiso solidario de quienes lo compartimos. En especial necesita del concurso puntual de todos los actores, gestores, colaboradores, usuarios e intervinientes en el sistema de administración de justicia, y de la resuelta decisión por parte de éstos, de asumirla, cada quien desde su rol, como lo que es -la más exigente misión ministerial-. De aquí, el que el perfil de cada ocupante de un puesto en justicia debe ajustarse a los requerimientos de su desempeño, ya que de esto y todo lo anterior dependerá la funcionalidad efectiva de todo el sistema. Ministerio Público

generales de la r José Manuel Machado 1961

Porfirio Néstor Basora Puello 1961-1962

Eduardo Ant. García Vásquez 1962-1963

Osvaldo B. Soto 1963

Fernando A Chalas Valdez 1964-1965

Manuel Ramón Morel Cerda 1965

Gustavo Gómez Ceara 19651966

Manuel Rafael García Lizardo 1963-1964 -1966-1968 1990-1992

Carlos Rafael Goico Morales 1968-1969

Marino Ariza Hernández 1970

Anaiboní Guerrero Báez 1970-1975-1976

Antonio Grullón Chávez 1971

Juan Arístides Taveras Guzmán 1971-1973

Fabio Fiallo Cáceres 1973-1975

Ministerio Público

Miguel Angel Luna Morales 1976-1978

Caonabo A Fernández Naranjo 1978-1979

república Flavio Darío Espinal Hued 1979

Bienvenido Mejía y Mejía 1979-1982

Antonio Rosario 1982-1984

Americo Espinal Hued 1984-1986

Julio César Castaño Espaillat 1986

Ramón González Hardy 1986-1987

Pura Luz Núñez Pérez 1987-1988

Semiramis Olivo de Pichardo 1988-1990

Efraín Reyes Duluc 1992-1995

Juan D. Cotes Morales 1995

Luis Nelson Pantaleón Gonzaléz 1995-1996

Ramón Pina Acevedo Martínez 1996

Abel Rodríguez Del Orbe 19961998

Mariano Germán Mejía 1998-1999

César Pina Toribio 1999-2000

Virgilio Bello Rosa 2000-2003

Victor Céspedes Martínez 2003-2004

Francisco Domínguez Brito 2004-2006

Ministerio Público

Procuraduría continúa pruebas antidoping a funcionarios y empleados Suprema también las aplica a jueces y servidores judiciales La Procuraduría General de la República continúa realizando las pruebas antidoping a cinco mil funcionarios y empleados del Ministerio Público en todo el territorio nacional con el objetivo de descubrir posibles consumos de estupefacientes. La toma de muestra para el examen se inició con el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, y continuó con los procuradores generales adjuntos, fiscales, fiscales adjuntos, fiscalizadores y demás miembros del Ministerio Público. El doctor Jiménez Peña advirtió que el funcionario o empleado que resulte positivo en el examen será separado de la institución. Las pruebas son realizadas por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y se aplican de manera sorpresiva en todas las dependencias y departamentos del Ministerio Público. Dentro de esas dependencias están todas las Fiscalías y Procuradurías de Corte de Apelación diseminadas en las diferentes provincias del país, Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, Dirección General de Prisiones, las escuelas del Ministerio Público y Nacional Penitenciaria, el INACIF, entre otras.

También en la Suprema

Las pruebas “antidoping” aplicadas por el INACIF, abarcarán a más de cuatro mil funcionarios y empleados de la Suprema Corte de Justicia, según lo establece un convenio firmado con anterioridad por esa institución y el organismo rector del Ministerio Público.

Ministerio Público

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa y el director del INACIF, ingeniero Francisco Jerdo firman un acuerdo.

El acuerdo interinstitucional deberá ser realizado en un período no mayor a los seis meses. Con la disposición se busca, señaló el procurador general de la República, trabajar de manera transparente frente a la sociedad desde los roles que desempeñan. Igualmente, resaltó, que con ese convenio se amplían y fortalecen las excelentes relaciones que existen entre el Ministerio Público y la Suprema. El presidente de la Suprema, doctor Jorge Subero Isa, expresó que luego de recibir numerosos propuestas de prestigiosos laboratorios, el pleno de la Suprema eligió, sin ningún tipo de objeción, que las pruebas fueran aplicadas por el INACIF, por la confianza y el crédito que se ha ganado. Subero Isa, felicitó al procurador Jiménez Peña y al director del INACIF por el trabajo logrado. Dijo que el sometimiento a la

prueba es de carácter obligatorio para todo el personal de la institución, pues buscan luchar contra la corrupción a todos los niveles. Para la firma del convenio se valoró la filosofía del INACIF de brindar auxilio científico y técnico a los órganos de investigación, a los tribunales penales, a los órganos públicos y privados y a particulares. El 14 de septiembre del año 2006 el pleno de la Suprema decidió que todos los jueces, funcionarios y empleados del poder judicial fueran sometidos a la prueba para la identificación de drogas y sustancias controladas. El acuerdo contempla que las pruebas estarán basadas en el uso de las drogas más comunes, como son la cocaína, marihuana, opiáceos y anfetaminas. Los resultados de los ensayos serán de naturaleza confidencial entre las partes.

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