No. 10 by Procuraduria PGR

Ministerio PĂşblico

Procuraduría realiza Taller Sensibilización de Acceso a la Información Pública

Secretario de las FF.AA. destaca como impresionante Nuevo Modelo Penitenciario

La Fiscalía de San Francisco de Macorís a la vanguardia en el Nuevo Proceso Penal

Reforma Constitucional y Propiedad Intelectual en el contexto histórico

Dirección Aduanas dedica novedosa Agenda 2009 a Juan Bosch

Procuraduría inicia construcción CCR de Moca

Deportes como terapia ocupacional de los internos

Portada Anterior Dr. Radhamés Jiménez Peña Procurador General de la República Consejo Editorial Ángel Castillo Tejada Rodolfo Espiñeira Ceballos Roxanna Reyes Acosta Pedro Féliz Montes De Oca Marisol Tobal Williams Gladys Checo de Almonte Henry Garrido Rosanna Dalmasí Julieta Tejada Fernando Quiroz Germán Santiago Editor Germán Santiago Coordinador Fernando Quiroz Redacción Elvis Paredes Silvio Cabrera Luisa Matos Noemí Herrera Víctor Núñez Quezada Corrección Fior D’aliza Mejía Cuidado María Disla Imágen y Multimedios Bianca Vela Distribución: Angela Contreras Fotografía Juan Carlos Reyes Víctor Acosta De León Firmas: Pedro Féliz Montes de Oca Mariano Germán Mejía Radhamés Jiménez Peña José Fernando Rivera Jean Roland Previlon Francisco García Rosa Alfos Torres Ulloa Dina Llaverias Carmen del Villar Juan Ramón Miranda Juan Bautista Rosario Díaz Diseño y Diagramación Lisandro K. Ferreira Hernández Ricardo H. Sosa Diplán Cel. 809-994-6214 Impresión Editora Corripio C. Por A. Ministerio Público Es una publicación periódica de la Procuraduría General de la República.

Prohibida su reproducción total o parcial conforme lo disponen las Leyes de Propiedad Intelectual (65-00 sobre Derecho de Autor) y 20-00 de Propiedad Industrial (en lo que se refiere a registro de marcas de fábricas y nombres comerciales) de República Ministerio Público Dominicana.

rjimenez@procuraduria.gov.do

La Transparencia como cultura institucional Hu-Song, filósofo de Oriente, contó a sus discípulos la siguiente historia:

“... Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo, y uno de ellos logró encender una pequeña tea. Pero la luz que daba era tan escasa que aun así no se podía ver nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de los demás prendieran su propia tea y así, compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó”. Uno de los discípulos preguntó a Hu-Song: ¿Qué nos enseña, maestro, este relato? Y Hu-Song contestó: Nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el prójimo. Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por el contrario la hace crecer. El éxito del Modelo de Transparencia de la Procuraduría General de la República representa la luz. Esta luz compartida iluminará el ejercicio de la gestión pública de la República Dominicana, haciéndola cada día más luminosa, transparente y fuerte. Ha llegado el momento de ver la administración pública como un todo. No se trata de una Institución centralizada o descentralizada en concreto sino del gran Estado, en donde todos somos actores importantes y juntos, llevando a cabo eficientemente nuestras respectivas funciones sociales, construiremos el destino de nuestra nación.

de Transparencia, el Portal de Compras y Contrataciones (PROCOMPRANET) y el Observatorio Digital.

Hablando de transparencia, dos leyes ocupan lugares preponderantes: la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y su reglamento de aplicación, el Decreto 130-05, y la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones introducidas por la Ley 449-06, cuyo reglamento de aplicación es el Decreto 490-07.

Verán cómo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en materia de transparencia y rendición de cuentas, han resultado en avances institucionales considerables, disminuyendo las asimetrías de información y permitiendo una mejor supervisión interna. De esta manera se previene la corrupción y sirve a la vez de incentivo a los funcionarios para mejorar su desempeño.

La Procuraduría General de la República asumió el compromiso institucional de establecer las estructuras necesarias para hacer disponible las informaciones públicas y con ello convertir la transparencia en un ejercicio consuetudinario. Esto así, porque la transparencia a lo interno de las instituciones, tiene un efecto globalizante, expandiendo la eficacia y la eficiencia en la administración pública. Eficacia en el sentido de solución a las demandas ciudadanas dentro del ejercicio de las funciones públicas que le ocupan, y eficiencia en el sentido de la cantidad de recursos que tiene que invertir para llevar a cabo estas funciones.

En la Procuraduría tenemos una visión: hacer de la transparencia un valor clave de la cultura institucional de la administración pública dominicana. Hacerlo de esta manera permitirá que los integrantes de toda organización observen comportamientos acordes con la ética, no tan sólo por ser un mandato legal sino por constituir un principio fundamental de comportamiento institucional.

Es por eso que en este evento de cooperación técnica avalado por el acuerdo interinstitucional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la PGR, así como de la Unidad Especializada de Acceso a la Información Pública, compartiremos con ustedes nuestra experiencia, abarcando el Portal

(Palabras del magistrado Radhamés Jiménez Peña en el Taller de Sensibilización de Acceso a la Información Pública: Buenas Prácticas de Transparencia, desarrollado en el marco del acuerdo interinstitucional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada de Acceso a la Información Pública).

Doctor Radhamés Jiménez Peña Procurador General de la República Ministerio Público

La internacionalización de nuestro modelo penitenciario De todos los panoramas humanos el carcelario es uno de los más traumáticos. Lo ha sido y lo sigue siendo en gran parte del mundo. Por su hacinamiento, insalubridad y la violencia que con su consabida secuela trágica a veces llega al canibalismo. La República Dominicana formó parte hasta hace varios años de ese submundo de infrahumanidad, caracterizado por el chucho, el preboste, el constreñimiento inquisitorio y la tortura. Las cárceles dominicanas eran en esencia una escuela de la violencia y el crimen, y por tanto, los motines, los escándalos y las denuncias no tenían nada que envidiarles a eventos similares de Colombia, Brasil, Venezuela, Centroamérica y otras latitudes en donde los sistemas penitenciarios de grandes poblaciones hacinadas y confinadas, crecen a la par de su criminalidad y espiral de violencia incontrolables. Hoy, gracias a un esfuerzo noble y adelantado de nuestras autoridades, hablar de cárceles deprimentes e inmundas, más que historia dantesca, es hacerlo de una luz al final de un largo túnel. Por ello, los elogios de aquí y de allá no se han hecho esperar, y justo la última autoridad que nos visita, el ministro de Justicia del nuevo gobierno de Paraguay, Blas Llano, se desbordó en elogios para el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, durante un recorrido, junto a su homólogo dominicano Radhamés Jiménez Peña, por el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres y el Centro de Formación de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), que funciona en el Castillo del Cerro, en San Cristóbal. ‘’Estoy impresionado al ver el hermoso y gran proyecto que es ejecutado por el procurador Jiménez Peña, ya que se observa la diferencia con relación a otros recintos, donde el hacinamiento y la indisciplina imperan. Aquí en verdad los internos e internas tienen la oportunidad de prepararse para reinsertarse en la sociedad’’, expresó Llano, delante de Roberto Santana, director de la ENAP, y Frank Rodríguez, director del Instituto Agrario Dominicano (IAD). El IAD es otra de las instituciones nacionales que se ha unido a la Procuraduría y junto a la Universidad de Valladolid, España, desarrollan el Programa de Producción Agropecuaria (PARPEN), para internos de los diferentes recintos con una inversión inicial de unos 19 millones de pesos. El PARPEN es la última novedad del Nuevo Modelo Penitenciario, cuyo objetivo busca estimular la participación de los internos e internas en el aprendizaje y puesta en práctica de las técnicas de producción agropecuaria, de manera que el trabajo productivo les sirva como terapia ocupacional y les facilite su reintegración a la sociedad al ser puestos en libertad. “Ver para creer”, diría Santo Tomás, y resulta que todo el que observa de cerca la iniciativa penitenciaria dominicana, tiene que reconocer su novedad paradigmática, como le ocurrió al secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Pedro Rafael Peña Antonio, quien tras un recorrido lo llegó a calificar de impresionante. Se recuerda que los primeros en reconocer los avances y modernidad del modelo, fueron varios expertos de Gran Bretaña, una modalidad universal a seguir, pioneros del modelo de prisión como cas-

Ministerio Público

Fachada CCR Rafey-Hombres, Santiago.

tigo y del concepto moderno de cárcel en el siglo XVI, en Ámsterdam. Entre ellos, se destaca Nicholas Brooke, quien se especializa en experiencias internacionales sobre medidas alternativas en las prisiones, las cuales ha compartido con las autoridades dominicanas en sendas conferencias gentilmente ofrecidas. Iguales elogios los dirigió Jean Roland Previlon, director de la Administración Penitenciaria de Haití, quien en una conferencia que dictó en el país, tras observar el modelo dominicano, dijo que “El único castigo verdadero que a mi manera de ver, que una sociedad que se dice civilizada debe imponer a sus infractores es el trato digno, humano y respetuoso, contrariamente al trato que ellos nos han infligido; la ayuda de ofrecerles la oportunidad de ser rehabilitados a fin de devenir en ciudadanos respetuosos de la ley. Ésta será la verdadera misión de los sistema penitenciarios del mundo, y en República Dominicana lo estamos viendo”. En términos similares se ha expresado la jefa de la Unidad de Prisiones de la Misión de las Naciones para la Estabilización en Haití (MINUSTAH), Lisa Quirión, en visitas hechas al país para conocer nuestra experiencia. Igualmente, diplomáticos europeos, entre ellos, los de la propia Gran Bretaña y los Países Bajos, artistas de Hollywood de la talla de Brett Ratner, productor de la serie televisiva Prision Break, y muchos otros extranjeros que nos han visitado. Más recientemente el director de la ONU contra el Delito y las Drogas, José Costa, y el director del Instituto Latinoamericano del organismo mundial, Elías Carranza, coincidieron en que el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria es el mejor sistema que han visto durante sus recorridos por el mundo. “No había visto en otros centros penitenciarios que he visitado la sensibilidad, el trato digno y el deseo de superación para que las personas egresen rehabilitados”, expresó Costa, tras un recorrido por Najayo. Como lo expresara Winston Churchill, quien además de militar y político exitoso, fue humanista y un gran laureado escritor: “Nada describe mejor la cultura de un gran pueblo que la manera en que son tratados los infractores y los enajenados mentales”.

Ángel Castillo, Casilda Báez y Frank Soto

Nuevos integrantes en los consejos de Procuradores y Directivo de la ENMP Con el sufragio de la mayoría de sus homólogos fueron escogidos los nuevos integrantes de los consejos General de Procuradores y Directivo de la Escuela Nacional del Ministerio Público.

El Consejo de Procuradores será presidido en lo adelante por los magistrados Casilda Báez y Frank Soto, en representación de los procuradores generales adjuntos, y a los magistrados Félix Álvarez y Ángel René Pérez en representación de los procuradores generales de cortes de apelación. Igualmente, para el Consejo Directivo de la Escuela Nacional del Ministerio Público fueron elegidos, Ángel Castillo, en representación de los procuradores generales adjuntos, y Jesús Fernández Vélez, en representación de los procuradores generales de cortes de apelación.

Frank Soto

Vielka Calderón

Rosanna Dalmasí, directora de Gestión Humana; Thalía Goldberg, directora de la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio Público, y Gladys Sánchez, secretaria general de la Procuraduría, dirigen la asamblea eleccionaria.

La asamblea estuvo integrada por la directora de Gestión Humana de la Procuraduría, Rosanna Dalmasí, y la secretaria general, Gladys Sánchez, así como por Thalía Goldberg, miembro del Comité Electoral.

Juan Amado Cedano

Fernández Vélez

Los nuevos miembros del Consejo General de Procuradores sustituyen a los magistrados Gisela Cueto, procuradora general adjunta; Guillermo Jiménez, procurador general adjunto (renunciante); la procuradora de la Corte de Apelación de Santiago, Vielka Calderón, y el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Juan Amado Cedano.

Mientras que los del Consejo Directivo de la Escuela Nacional del Ministerio Público sustituyen a los magistrados, Marisol Tobal, procuradora general adjunta y coordinadora nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, y procurador de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Amado José Rosa. Ministerio Público

Berenice Barinas habla durante el taller.

Procuraduría realiza Taller de Sensibilización de Acceso a la Información Pública La Procuraduría General de la República y la Unidad Especializada de Acceso a la Información Pública realizaron un taller para compartir su experiencia con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a fin de brindar de manera eficiente el servicio de información que requiera la ciudadanía e instaurar una política de transparencia en el país.

“Taller de Sensibilización de Acceso a la Información Pública: Buenas Prácticas de Transparencia” fue realizado en la sede de la Procuraduría y estuvo encabezada por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, y el rector de la UASD, Franklin García Fermín, quienes pronunciaron sendos discursos.

El tema central de la actividad fue el modelo de Transparencia de la Procuraduría, y abarcó los componentes de la Oficina de Acceso a la Información Pública, Compras y Contrataciones Públicas y el Observatorio Digital. Por su lado, el doctor Miguel Suazo, habló sobre el tema “La Ley de Acceso a la Información Pública: Alianzas EstratéMinisterio Público

gicas en su Implementación.

El taller abordó los componentes fundamentales para llevar a feliz término el proyecto de conformación de la oficina de acceso a la información pública: su ubicación, estructuración y elección del recurso humano, la plataforma tecnológica y el fuerte lazo con la Dirección Financiera y Administrativa pilar fundamental para el éxito definitivo. Asimismo, se destacó la necesidad de que todos los procesos estén basados en manuales escritos de organización y procedimientos, punto medular para la institucionalización. En la actividad participaron además, miembros de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC), y la asistente del procurador en el área Financiera-Administrativa, Gladys Checo.

Igualmente, estuvo encabezada por Miguel Suazo, del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE); el director de monitoreo e investigación de la Unidad Especializada de Acceso a la Información Pública, Mario Grullón,

y el director ejecutivo de la CNECC, Jorge Luis Vásquez. También de la Procuraduría, Sandra Santana, encargada de Compras y Contrataciones; Carmen del Villar, encargada de Proyectos TIC, y la responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública, Berenice Barinas Ubiñas, quien tuvo a su cargo la conferencia central titulada “Modelo de Transparencia de la Procuraduría General de la República”.

También, por los miembros del Consejo Rector de la UASD, que integran los vicerrectores, Iván Grullón, docente; Maritza Camacho, administrativa; Rafael Nino Féliz, de extensión, y María Josefina Copplind, de investigación y postgrado. Asimismo, por el secretario general, profesor Juan Medina, y Víctor Manuel Báez, coordinador del proyecto de implementación de la OAI-UASD, entre otros funcionarios y personal del área administrativa y financiera de la alta casa de estudios.

En el evento se destacó que el país cuenta con excelentes leyes y que implementarlas adecuadamente es el gran reto.

Franklin García Fermín asegura:

UASD inicia proceso de aproximación al modelo de transparencia de la Procuraduría

Franklin García Fermín

Gladys Checo

Iván Grullón

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Franklin García Fermín, dijo que al asumir el cargo como titular de la academia tomó la iniciativa de aplicar un proceso de aproximación al modelo de transparencia implementado por la Procuraduría General de la República.

“Nuestra institución se honra en participar en un evento de una institución que como la Procuraduría General de la República ha sido reconocida como modelo de transparencia en la República Dominicana”, expresó.

Información Pública y de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, Mario Grullón y Jorge Luis Vásquez, respectivamente.

García Fermín produjo sus declaraciones durante un discurso pronunciado en el acto de apertura del Taller de Sensibilización de Acceso a la Información Pública: Buenas Prácticas de Transparencia, realizado por la Procuraduría General de la República y la Unidad Especializada de Acceso a la Información Pública. La actividad estuvo encabezada por el máximo representante del Ministerio Público, doctor Radhamés Jiménez Peña. Dijo que como parte de la ampliación y consolidación de las relaciones interinstitucionales, la universidad firmó un acuerdo de cooperación con la Procuraduría con el propósito de alcanzar los más altos estándares de calidad y el más sólido reconocimiento nacional e internacional en materia de transparencia.

La actividad fue realizada en la sede de la Procuraduría y estuvo encabezada además, por la asistente del procurador en el área Financiera-Administrativa, Gladys Checo; los directores de monitoreo e investigación de la Unidad Especializada de Acceso a la

También, por los miembros del Consejo Rector de la UASD, que integran los vicerrectores, Iván Grullón, docente; Maritza Camacho, administrativa; Rafael Nino Féliz, extensión, y María Josefina Copplind, investigación y postgrado. Asimismo, por el secretario general, Juan Medina, entre otros funcionarios y personal del área administrativa y financiera de la academia.

Ministerio Público

Con sorteo se inicia proceso de construcción y remodelación centros penitenciarios de Moca y Baní La Procuraduría General de la República realizó un sorteo público para la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Moca, y la remodelación del centro penitenciario de Baní, obras que serán levantadas con un monto de aproximadamente RD$223 millones 42 mil.

Los ganadores del sorteo que tendrán a su cargo los trabajos del recinto de Moca fueron, los ingenieros Franquelis Antonio Colón Ruiz, Ana Lisset Portes Casasnovas, Manuel Antonio Sánchez Martínez, Ramón Orlando Mesa Rodríguez, Ana Silvia Belliard Gómez, y Marien Sarrat Ferreras. También, Francisco Arturo Tejeda Rachal, Octavio David Fernández Reyes, Luis Bienvenido de la Cruz Ariza, Federico Alberto Pérez Espinal, Luis Emilio Ogando Castillo, José Antonio Mejía Martínez, Miguel Ángel de la Cruz Espinal, Polibio Ramón Collado Guzmán, Carlos Manuel Polanco Guzmán y Máximo Heriberto Romero Montás. Mientras que los trabajos del centro penitenciario de Baní-Mujeres estarán a cargo de Maritza Marmolejos Acevedo.

La inversión en el centro penitenciario de Moca será de RD$300,000,000.00 y el acondicionamiento de Baní-Mujeres costará RD$14,930,210.63. En el sorteo, realizado durante un acto que estuvo encabezado por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, contó con 470 participantes, entre ellos, 68 empresas especializadas en edificaciones.

Jiménez Peña dijo que con el sorteo se envía un claro mensaje de transparencia sobre las acciones que lleva a cabo la institución.

Además, dijo que se busca ofrecer igualdad de condiciones a los profesionales de las áreas de arquitectura e ingeniería, así como a las empresas Ministerio Público

Un ingeniero participa del sorteo. Observa Flor Pérez, encargada de Protocolo de la Procuraduría.

especializadas en edificaciones.

El procurador anunció la construcción próximamente de otros recintos, entre ellos, el de San Juan de la Maguana y La Romana, así como de otras fiscalías. En Moca serán construidos varios edificios, uno de celdas “Tipo A”, otro de comedor y cocina, uno para la administración y Vigilantes de Tratamiento Penitenciario (VTPs), otro de reflexión, cacheo, caseta de planta y controles eléctricos, y uno de talleres, lavanderías, canchas y áreas de exterior. En Baní, el centro penitenciario femenino será remodelado, y adicionalmente será construido un segundo nivel.

Concurso

El concurso se realizó previa convocatoria, mediante un aviso publicado en varios medios de comunicación escrito. El sorteo estuvo encabezado además, por la encargada del Departamento de Ingeniería y Arquitectura de la Procuraduría, Maricela Vargas, y fue realizado en la sede de la institución, ante la presencia del notario público José Piñeyro.

Asimismo, la presidieron, el primer sustituto del procurador, Ángel Cas-

tillo; la magistrada Gisela Cueto, Roque Napoleón Muñoz y José Abud, miembros del Comité de Licitación de la Procuraduría. También estuvo presente el comunicador Huchi Lora, entre otras personalidades.

El sorteo se realiza en cumplimiento de la Ley 340-06, actuando acorde a los principios de igualdad, transparencia, equidad y economía que deben regir en una institución encargada de la defensa de los intereses de la sociedad y del Estado. Los participantes del sorteo debieron presentar certificación de pago de sus obligaciones fiscales, de la seguridad social y de las cuotas del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA), un cheque a nombre de la Procuraduría General de la República por RD$2,000.00 en el caso de la persona física y RD$4,000.00 la persona jurídica. También, demostrar su inscripción en el registro de proveedores del Estado (Órgano Rector de la Secretaría de Estado de Hacienda) o presentar la solicitud de inscripción, depositar un curriculum en los casos de quienes participaron por primera vez, y tener una experiencia mínima de diez años en la construcción de edificaciones.

Procurador anuncia convenio con las FFAA para beneficiar a los internos

Secretario de las FFAA destaca como impresionante Nuevo Modelo Penitenciario El secretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, calificó como impresionante el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que impulsa la Procuraduría General de la República a nivel nacional.

Durante un recorrido por el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres de San Cristóbal, Peña Antonio sostuvo que jamás se imaginó que el viejo sistema penitenciario, donde imperaba el desorden y el caos, experimentaría un cambio tan notable en cuanto al respeto de los derechos humanos y la reinserción de los internos a la sociedad. “La verdad es que al recorrer este centro de rehabilitación en compañía del magistrado procurador Jiménez Peña recordé mis años en la Academia Militar debido a la disciplina exhibida por los custodias y las internas”, precisó.

Felicitó al magistrado Jiménez Peña, quien lo acompañaba, por el excelente trabajo a favor de las personas privadas de libertad, las cuales dijo, merecen cumplir sus respectivas condenas en un lugar digno y con oportunidades de transformar su comportamiento.

Fue en este escenario, que el procurador general de la República, Jiménez Peña, anunció que en los próximos días la Procuraduría y las Fuerzas Armadas firmarán un acuerdo de cooperación interinstitucional que permitirá grandes beneficios para las internas e internos del país.

El secretario de las FFAA, Pedro Rafael Peña, cuando recorría las instalaciones del CCR Najayo-Mujeres en compañía de Patricia Lagombra, directora del centro, y el magistrado Radhamés Jiménez Peña, quien se observa parcialmente oculto.

El procurador Jiménez Peña agradeció por su parte, la visita del secretario de las Fuerzas Armadas, a quien definió como un hombre interesado en ayudar a resolver los problemas de seguridad nacional. “Esta visita empezó a rendir sus frutos, ya que hemos acordado firmar un acuerdo de cooperación que nos representará grandes beneficios”. El jefe de las Fuerzas Armadas, estuvo acompañado además, del director de Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez; el director de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), Roberto Santana, y la encargada del CCR NajayoMujeres, Patricia Lagombra, quien le mostró a los visitantes cada una de las áreas, tales como el dispensario médico, gimnasio, farmacia, departamento legal, economato, zona infantil y uno de los pabellones de madres.

Además, se mostró una colección de vestidos confeccionados por las internas, los cuales son vendidos a visitantes. En tanto que en el área del comedor se presentó un espectáculo artístico cultural, donde las internas mostraron sus habilidades en distintos aspectos. Luego de la visita al centro, los visitantes se trasladaron, en compañía de las autoridades del Ministerio Público, al Centro de Entrenamiento de los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTPs), ubicado en el Castillo del Cerro de aquí, donde se sirvió un almuerzo.

Posteriormente, se mostró el funcionamiento de la ENAP y la forma en que son capacitados los hombres y mujeres que tienen a cargo la vigilancia dentro del Nuevo Modelo Penitenciario. Ministerio Público

Homenaje a los Padres de la Patria

ProcuradurĂa

deposita ofrenda floral en el Mausoleo 10

Ministerio PĂşblico

El procurador Radhamés Jiménez Peña y el doctor Ángel Castillo Tejada encabezan el homenaje a los Padres de la Patria.

La Procuraduría General de la República fue una de las primeras instituciones en rendir homenaje a los Padres de la Patria durante el presente mes, lo cual se inició con una ofrenda floral en el Altar de la Patria. Con este homenaje el Ministerio Público inauguró una serie de actos que se desarrollaron en febrero, declarado Mes de la Patria, culminando con la celebración del Día de la Independencia Nacional.

La ofrenda fue depositada el pasado dos de febrero por el máximo representante del Ministerio Público, Radhamés Jiménez Peña, así como procuradores generales adjuntos y de cortes, fiscales y otros funcionarios de la entidad oficial, con la ocasión del Mes de la Patria que se inició el 26 de Enero, día del natalicio de Duarte.

la Independencia Nacional, el procurador general de la República resaltó que el proceso de transculturación que vive la República Dominicana y que se manifiesta en la pérdida de valores patrios, ha originado graves problemas como el narcotráfico, el lavado de activos y la delincuencia organizada transnacional, al tiempo que mostró su optimismo de que el país saldrá victorioso en la lucha para enfrentarlos.

Destacó que las acciones del Ministerio Público están justamente encaminadas a combatir esos males, con una efectiva protección de los derechos humanos, haciendo énfasis en la de-

fensa de las víctimas de esos delitos.

“Es necesario aunar esfuerzos para combatir esos males que permean nuestra sociedad y construir una nación más segura, como la soñada por nuestros padres fundadores”, enfatizó el máximo representante del Ministerio Público. Indicó que Febrero, como Mes de la Patria, debe ser un estímulo para que la ciudadanía aprecie los sacrificios de los Padres Fundadores, fomentando en las escuelas y los hogares los valores morales, éticos y sociales como única forma de restablecer sus ideales.

El 27 de Febrero de 1844, un grupo de patriotas encabezados por Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez ofrendaron sus vidas, levantándose en armas para liberar al pueblo dominicano que estuvo subyugado durante 22 años bajo las órdenes del gobierno haitiano. Desde entonces se ha disfrutado de una República Dominicana libre y soberana.

Palabras del Procurador

Frente al Mausoleo de los héroes de

Ministerio Público

Febrero

ES EL MES DE LA PATRIA Y la patria somos todos Febrero es el Mes de la Patria, y al igual que Agosto simboliza la gloria, el heroísmo, la dedicación y la entrega de grandes dominicanos por la nacionalidad. Con la Independencia Nacional, proclamada el 27 de Febrero de 1844, se fundó la República Dominicana, y con la Guerra de la Restauración de 1863, se reafirmó. Con la primera hazaña, en lucha titánica liderada por Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, nos liberamos del yugo haitiano, y con la segunda, timoneada por el generalísimo Gregorio Luperón, nos emancipamos definitivamente del impuesto y anacrónico dominio español.

Ministerio Público

Duarte, Sánchez, Mella y sus compañeros de la Sociedad Secreta la Trinitaria (Filantrópica) simbolizan la dignidad del pueblo dominicano, de la nación por ellos fundada, de su gloriosa historia. La Bandera, el Escudo y el Himno, simbolizan en términos de insignias, artes y cultura, esos mismos valores que no pueden ni deben ser olvidados jamás por ningún dominicano o dominicana de alma, vida y corazón, y por ello, porque hay que recordarlos a cada instante, lo destacamos hoy a través de estas páginas especiales, encabezadas por el homenaje que ante el Altar de la Patria les rindieron las autoridades del Ministerio Público, orientadas por el magistrado procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, y procuradores generales adjuntos. Patria y Nación están representadas por territorio, historia, idioma, psicología, habitantes, fauna, flora, y respiración del cielo tricolor; por cada hálito de nuestro ser, por nuestra criolledad. La patria somos todos.

La Bandera Dominicana La Bandera Dominicana es el más sublime símbolo de la libertad y la soberanía nacional, es considerada el alma de la patria. Fue concebida por el patricio Juan Pablo Duarte. Su diseño fue aprobado por Los Trinitarios el 16 de junio de 1838. Ondeó airosa por vez primera el 27 de Febrero de 1844, día de la Independencia Nacional. La misma fue elaborada por la señorita Concepción Bona y su prima, la señorita María de Jesús Pina.

Descripción

La Constitución Dominicana establece que la Bandera Nacional contiene los colores: azul ultramar y rojo bermellón, en cuarteles esquinados y alternados de tal manera que el azul debe quedar en la parte superior del asta, separados por una cruz blanca, de un ancho igual a la mitad de la altura de cada cuartel, llevando en su centro el escudo de armas de la República.

Significado de los colores

Los colores de la bandera nacional poseen un significado particular. El rojo representa la sangre vertida por nuestros libertadores; el azul expresa nuestros ideales de progreso y libertad y que Dios protege la nación dominicana; y la cruz es el símbolo de la lucha de nuestros libertadores para legarnos una patria libre. Su color blanco nos recuerda que la paz y la

Juramento de Duarte en nombre de “La Trinitaria” En el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente: juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano e implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana; la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos, encarnados y azules, atravesados con una cruz blanca. Mientras tanto seremos reconocidos los Trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, Patria y Libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja: y de no, me lo tome en cuenta, y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo.

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unión debe prevalecer entre todos los dominicanos.

Uso de la Bandera

La Ley No. 360 dictada en 1943, y sus respectivas modificaciones, establece que la Bandera Nacional debe ondear en todos los edificios públicos e instalaciones militares y judiciales. Todo el pueblo debe participar del izamiento en sus hogares los días de fiestas patrias. Las naves marítimas y aéreas nacionales la deben llevar izada. Las escuelas, colegios, universidades y, en general, las entidades educativas, deben rendirle homenaje y presentarla izada a sus estudiantes. El presidente de la República la lleva cruzada en su pecho, en la banda presidencial. Las embajadas y consulados dominicanos deben también izarla en sus oficinas ubicadas en el exterior; además en las residencias de embajadores nacionales debe izarse, durante las fechas patrias dominicanas, junto a la bandera del país donde presentan sus servicios. La bandera que usan los buques mercantes no llevará el escudo de armas.

Duarte en el pensamiento SOBRE PATRIOTISMO Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la Patria Sobre la Justicia Sed justo, lo primero si queréis ser felices, pues ese es el primer deber de un hombre, ser unido, y así apagareis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos y la patria será libre. El buen dominicano El buen dominicano tiene hambre y sed de la justicia a largo tiempo, y si el mundo se la negase, Dios que es la Suma Bondad, sabrá hacérsela cumplida y no muy dilatado; y entonces, iay! de los que tuvieron oídos para oír y no oyeron, de los que tuvieron ojos para ver y no vieron...; la Eternidad de nuestra idea! porque ellos habrán de oír y habrán de ver entonces lo que no hubieran querido oír ni ver jamás.

El Escudo Dominicano Origen El Escudo Dominicano fue creado en la época de la proclamación de Independencia Nacional. El mismo ha experimentado un largo proceso de modificaciones sucesivas. La historia registra por lo menos 14 escudos. Los primeros tienen elementos comunes con el escudo haitiano. El escudo con detalles más originales y muy parecidos al actual aparece en 1857. Este escudo apareció dibujado en billetes oficiales. El actual fue diseñado por Casimiro de Moya, expedido por el gobierno de Monseñor Nouel, fue oficializado en 1913.

Descripción y forma del Escudo

El primer escudo de armas tenía dos ramas exteriores de laurel y debajo de éstas, formando un arco, aparecía una serpiente mordiendo y tragando su cola (signo de eterna evolución). En un tercer plano aparecía abierto y en el

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centro, el libro de los Evangelios; detrás del libro había un trofeo de armas (una lanza y un fusil con bayoneta calada a la derecha, y un sable y una corneta a la izquierda); arriba del libro había una bandera dominicana.

En segundo plano habían dos banderas dominicanas y, en el cruce de las astas, había un gorro frigio (símbolo de la libertad). En primer plano, en la parte inferior, había una cinta ancha con las palabras “República Dominicana” y, a ambos lados en la parte inferior, dos cañones con sus respectivas balas esféricas en forma piramidal. El artículo 96 de la Constitución Do-

minicana establece que el escudo actual tendrá los mismos colores de la bandera nacional dispuestos en igual forma, llevará en el centro el libro de los Evangelios, abierto, con una cruz encima, surgiendo ambos de entre un trofeo integrado por dos lanzas y cuatro banderas nacionales sin escudo, dispuestas a ambos lados; llevará un ramo de laurel del lado izquierdo y uno de palma del derecho, estará coronado por una cinta azul ultramar en la cual se leerá el lema: Dios, Patria y Libertad, y en la base habrá otra cinta de color rojo bermellón con las palabras: República Dominicana.

La forma del escudo nacional será de un cuadrilongo, con los ángulos superiores salientes y los inferiores redondeados, el centro de cuya base terminará en punta, y estará dispuesto en forma tal que si se traza una línea horizontal que una las dos verticales del cuadrilongo de donde comienzan los ángulos inferiores, resulte un cuadrado perfecto.

Letra original del Himno Nacional Dominicano

Quisqueyanos valientes, alcemos Nuestro canto con viva emoción, Y del mundo a la faz ostentemos Nuestro invicto, glorioso pendón. iSalve! el pueblo que, intrépido y fuerte. A la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil; Si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya la indómita y brava siempre altiva la frente alzará; Que si fuere vil veces esclava Otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, A Las Carreras ! a Beler!.. campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima de heroíco baluarte, de los libres el verbo encarnó, Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vió en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león, De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente, orgullosos de hoy más; Que Quisqueya será destruida pero sierva de nuevo, jamás! Que es santuario de amor cada pecho do la patria se siente vivir; Y es su escudo invencible, el derecho; y es su lema: ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena La victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena pregonando su gloria inmortal. Libertad! Que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten Libertad ! Libertad ! Libertad! Letra: Emilio Prud’Homme Música: José Reyes

Quién te viera, quién te viera, DOMINICANA BANDERA

!Tercien armas ¡ como quiera el acostumbrado estruendo; ello es que el sol va saliendo, y hay que enhestar la Bandera. Enfilado pelotón de la guardia soñolienta, al pie de asta, presenta arbitraria formación. Y,hechas a las dos auroras, en que cielo y Patria están, pasan de largo a su afán, las gentes madrugadoras. Ni ven el sol de la raza, cuyos colores lozanos tremolan entre las manos del ayudante de plaza; ni del lienzon nacional, fijo ya a delgada driza, recuerdan que simboliza toda una historia inmortal. Pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores por el bien y los honores y el rescate de la tierra. El rojo, de su graciosa decisión habla al oído -¡Soy- dice el laurel teñido con su sangre generosa! Es el azul de su anhelo progresista clara enseña color con que el alma sueña cuando sueña con el cielo. Al blanco póstumo amor de su entrañas, se aferra; dar por corona a la guerra el olvido redentor. ¡Presenten Armas!.... ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol, que deslumbra y al clarín, que clamorea. Ladra un can, el estridente sonido sobresaltado; arde en armas el prado rompe en trinos el ambiente. ¡Que linda en el tope estás, dominicana bandera! ¡Quien te viera, quien te viera más arriba, mucho más.....! De Gastón Fernando Deligne Ministerio Público

Juan Pablo Duarte, Desde la Palabra

La vida de Juan Pablo Duarte ha sido estudiada desde los más diversos ángulos y ello ofrece, entonces, varios enfoques en relación a su vida y obra. Ha habido, por supuesto, apologistas y detractores; entre los primeros se ubica el doctor Joaquín Balaguer quien lo aclama como El Cristo de Libertad; y en los segundos, los calificativos rondan desde “muchacho”, “pusilánime”, “débil”, “ambicioso”. También estudiosos que se ubican entre ambos extremos, con una visión más objetiva. A los fines de este trabajo veremos al Duarte y su Fe, cómo en su pensamiento estuvo siempre presente el supremo Creador y su concepción Providencialista. Pero siempre apegado a los principios e ideales supremos de la Patria, a lo que él definía “la Santa Causa”. Todo en Juan Pablo Duarte era providencial. Y esto no es casual, tiene que ver con su formación integral y espiritual, y ello se conjuga con su actitud y personalidad, todos sus actos concuerdan con su fe, conducta y visión, estilo de vida; entonces uno puede decir “y por los hechos lo conoceréis”. Desde el Juramento Trinitario, que marca el inicio formal de su peregrinación patriótica y su camino de martirios y angustias, lo que arrastra o envuelve a la familia toda, como si se tratara de un apostolado, hasta su último aliento de vida, sus últimos escritos; todo concuerda en él. “En el nombre de la Santísima, Augustísima e indivisible Trinidad de Dios Omnipotente...” así inicia dicho juramento, con la fe puesta en el Creador y actuando a su nombre, un joven con apenas 25 años, pero que ya arrastraba cinco años de trabajo continuo y discreto con la juventud ardorosa que le seguía, para fundar la Sociedad Secreta La Trinitaria. “Juro y prometo, por mi honor y mi conciencia”, continúa el juramento trinitario, hablando de honor y conciencia, de libertad, pues eso es la conciencia: libertad de elección. Y lo hacen bajo juramento, bajo promesa, lo que es propio de profesión de fe, de convencimiento, de hacer algo por convicción propia, interna. ...“en manos de nuestro Presidente señor Juan Pablo Duarte”, todos los trinitarios tenían fe en el proyecto que iniciaban, y en su líder, confianza absoluta; en una empresa arriesgada como aquella, expresar esa fe, esa confianza, no es obra del azar sino que obedece a un ejercicio de liderazgo y capacidad de convencimiento por parte de quien encabeza el movimiento o la dinámica.

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Alfonso Torres Ulloa Abogado y Politólogo aajr2@yahoo.es

...“cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber”, no se trata de cualquier cosa, es empeñar en y para la acción todo cuanto se es y se tiene y se pudiera tener. No se trata de cualquier cosa, es una obra grande y requiere de un desprendimiento grande de la vida; y si se da la vida, por qué no entonces los bienes, pues de qué nos sirven los bienes materiales si la vida se nos va en la encomienda. Es obra de redentores. Y por supuesto para llegar ahí era necesario un líder, un guía que pudiera engendrar la confianza para un convencimiento de esa naturaleza. ...”a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre y soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana”, y es verdad que habla de “separación”; pero con un dominio de la palabra, acota con precisión a renglón seguido y para que nadie con dos dedos de frente albergue la más mínima duda, señala “y a implantar una república libre y soberana e independiente”, es decir concibió claramente su proyecto desde el primer momento. Nunca pensó en ser colonia, y abrazó desde un principio la idea de la soberanía que es lo que identifica a un pueblo-nación. Nunca pasó por la mente del patricio separarse de Haití para retornar a los brazos de la madre patria ni de otra potencia, la idea originaria era crear una República, con nombre propio y con carácter soberano, independiente de “toda dominación extranjera”. No hay el más mínimo resquicio para dudar. Es el Padre de la idea de la Patria, de la República. “Mientras tanto seremos reconocidos los trinitarios, con las palabras sacramentales: Dios, Patria y Libertad”, ahí está expuesta su fe, los trinitarios, Trinidad de Dios; “palabras sacramentales”, todo su lenguaje tiene una relación directa con la palabra, es calculado, tiene una orientación, un propósito, puede decirse que apela a los sentimientos cristianos del pueblo dominicano por oposición a las creencias predominantes en Haití, pero no, pues es su firme convicción cristiana la que lo impulsa y esa misma fe la mantiene en el último hilo de vida. …”lo ratifico y prometo ante Dios y el mundo”, primero Dios, pero su proclamación de una República es ante el mundo, no es ante Haití, es una señal categórica que la independencia absoluta es su firme propósito, su objeto de vida. “Si tal hago, Dios me proteja y de no, me lo tome en cuenta”, vuelve y apela al Altísimo, en procura de protección al hacerlo, al cumplirlo, y si no lo hiciera “me lo tome en cuenta” a la hora del juicio final. Es un hombre de profunda fe, la que marcó su

existencia y de la que nunca se apartó aun en los momentos en que las fuerzas parecían fallarles. El Juramento Trinitario según la tradición, la historia, fue firmado por sus miembros con su propia sangre como un acto de fe y de compromiso sagrados; su texto es de la autoría de Duarte y el mismo define el propósito firme de los trinitarios de fundar una república, desde una visión de fe, y con la voluntad de sancionar su incumplimiento: “y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición, si los vendo”, pues se trataba de algo sagrado que debía cumplirse no importando las circunstancias adversas que pudieran sobrevenir, las que se esperaban en una empresa de la magnitud que se habían propuesto. No solo se trata del Juramento, pues todo su ideario está atravesado de la fe absoluta en Dios como hacedor supremo, y dice el Apóstol “Trabajemos, trabajemos sin descansar, no hay que perder la fe en Dios, en la Justicia de nuestra causa y en nuestros propios brazos”. Dios primero, la justicia después y acto seguido “en nuestros propios brazos” porque siempre tuvo la determinación de luchar sin descanso y esa lucha implicaba cualquier terreno, de ahí que ya había decidido su preparación militar, enrolándose en el ejército de ocupación haitiano en el año 1834, porque tenía claro el desenlace violento para deshacerse de la ocupación y fundar una república independiente, pues a nadie se le puede ocurrir pensar que un ejército de ocupación abandona voluntariamente el territorio ocupado. Y Duarte lo tenía claro y actúo en consecuencia, muestra de su visión estratégica. En el año 1844, en los meses de marzo, abril y mayo, Juan Pablo Duarte trabaja en la redacción de su proyecto de Constitución y en el mismo establece que: “Ningún poder en la tierra es ilimitado ni el de la ley tampoco”, y ahí reconoce lo finito y limitado del hombre, del ser humano, del que vive en la tierra y por tanto es una expresión de reconocimiento de que solo un poder es ilimitado, el del Sumo Creador. Y a esa expresión le incorpora el elemento terrenal y dice “Todo poder dominicano está y deberá estar siempre limitado por la ley y ésta por la justicia”, lo que refleja que para Duarte lo realmente importante, lo determinante es la justicia. Y eso lo aterriza del modo siguiente “la cual consiste en dar a cada uno lo que en derecho le pertenezca”, una vez más queda claro que estuvo marcado por esa convicción cristiana sincera que lo lleva a ser justo, amante de la justicia, del derecho. Y fue coherente siempre, pues luego, en mensaje a los puertoplateños, escribió “Sed justos lo primero, si queréis ser felices”. Es decir, reivindica la justicia para el ciudadano, pero le implora a éste que lo sea también. Y precisa: “Ese es el primer deber del hombre”. Un hombre con un dominio de la palabra al estilo bíblico, pues en cada cinco o seis palabras encierra una idea de principio, es un pensador conceptuoso y agrega: “y sed unidos, y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos”, clama la unidad, que es lo que da la fuerza y único camino de triunfo, de victoria, por eso precisa “y la patria será libre y salva”, es lo que se requiere hoy de los democráticos del país llamados a completar la magna obra del Patricio, la unidad. Duarte habló y vivió dándonos ejemplos y trazándonos las pautas necesarias para la salud eterna de la patria. Vivió para todos los tiempos en los corazones de sus conciudadanos,

de los dominicanos. Hay que saber leer a Juan Pablo Duarte, de lo contrario nunca estaremos en capacidad de entenderlo en estos tiempos. En ese proyecto de constitución se recoge un elemento esencial de su pensamiento, el respeto a la creencia, a la diversidad, lo que envuelve un claro concepto de la democracia, dado que ésta se caracteriza por el disenso y dice: “La religión predominante en el Estado deberá ser siempre la Católica, Apostólica, sin perjuicio de la libertad de conciencia y tolerancia de cultos y de sociedades no contrarias a la moral pública y caridad evangélica”. Y afirma un elemento vital de la democracia, la tolerancia, y reconoce el derecho a la existencia de otras sociedades y para ello pone sólo una condición: “no contrarias a la moral pública”. Tenía en su mente la imagen de Jesús, pero no veía la cruz como símbolo de sufrimiento y por eso su lenguaje contiene esos elementos de parábola y dice “No es la cruz el signo del padecimiento: es el símbolo de la redención”, consciente de que la cruz es asociada a la fe, a la vida de Jesús y apela a ella para expresar la idea de la libertad, que no se consigue sino con sacrificios y con la voluntad para resistir las arbitrariedades y las incomprensiones. Y en ello está dispuesto al martirio, un acto de fe y de conciencia, y dice “Por la cruz, por la patria y su gloria denodados al campo marchemos: si nos niega el laurel la victoria, del martirio la palma alcancemos”. Ahí toma distancia de la expresión bíblica de poner la otra mejilla, para mansamente recibir otro golpe, es plena su disposición de marchar al campo a conquistar la libertad y dice: “Adelante, patricios constante, por la patria a vencer o morir, es infame quien dude un instante que sin patria es mejor no vivir”. Duarte tuvo el coraje de reivindicar la justicia y clamar sanciones a quienes la patria dañaren, a pesar de su profunda fe cristiana dice “La tierra purguemos de tantos insanos”. Los insanos son aquellos que dañan su patria amada, y de ellos hay que limpiarla. Su vida en el destierro no pudo ser más miserable, más difícil, más angustiosa, pero conservó siempre la dulzura de la Ministerio Público

esperanza para retornar a la patria y servirla, su fe fue el alimento espiritual para sobrevivir los momentos oscuros, solitarios, y entonces clama “Triste es la noche, muy triste, para el mísero mendigo que sin pan, tal vez ni abrigo, maldice la sociedad”. Y en ese momento “Pensé cantar mi desventura impía y airado el numen se negó a mi intento; pensé cantar y en la garganta mía opreso el canto se trocó en lamento”. Desgarramientos intensos, a prueba quedó su humana naturaleza y en esa soledad de la selva de Río Negro tembló su pulso, pero no, la fortaleza de la conciencia y de su fe lo llevaron al grito de la libertad: “Cantad, sirena, cantad, cantad un canto por mí, que anuncie la libertad al suelo donde nací”. La fe mueve montaña. Y entonces es cuando clama “el señor allanó mis caminos... y sonó también para mí la hora de la vuelta a la patria”, pues la traición hizo acto de presencia una vez más cuando Santana y los que nunca tuvieron fe, anexaron la República a España. Y todo en él es providencial, nada ocurre como cabo suelto, todo tiene amarra en la providencia: “el señor allanó mis caminos”, dice. Aún cuando los latigazos del destierro, expulsado de la patria, por él fundada, como traidor y recibiendo su familia los golpes de los patricidas, se apartó para no ser manzana de discordia y se fue a la selva en procura de la purificación de su alma y no “tomó estado” (no asumió el sacerdocio religioso) porque aún estaba pendiente la Santa Causa, los asuntos de la patria. “Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi Patria libre, independiente y triunfante”, vuelve a sentenciar porque solo esa idea estaba fija en su mente desde que tuvo que abandonar por primera vez su tierra para irse a estudiar siendo un adolescente maduro en el año 1828, sin cumplir aún los 16 años. Y en esos momentos en que la patria se sacude para lograr su restauración, y que su estado de angustia no puede ser mayor, dice “los providencialistas son los que salvarán la Patria del infierno a que la tienen condenada los ateos, cosmopolitas y orcopolitas”, como si tuviera o sintiera odio por aquellos que han traicionado una vez más a la patria, pero respira por la más honda herida, la de la patria. Y cuando dice orcopolitas se refiere a Santana y los suyos, a quienes llama ciudadanos del infierno como para expresar gráficamente la maldad que habita en sus corazones, en un momento lo llama Satanan y no Santana. Y no es que quiera reafirmar con ello su fe cristiana, es el desgarramiento de su alma en un momento en que siente la impotencia por no poder hacer todo lo que quiere por la Santa Causa. Y entonces siente el sosiego, al desahogarse como se expresa en el párrafo anterior y dice: “El buen dominicano tiene hambre y sed de justicia a largo tiempo, y si el mundo se la negase, Dios que es la Suma Bondad, sabrá hacérsela cumplida y no muy dilatado” es que confiaba en la justicia divina, y prosigue: “y entonces, ¡ay! de los que tuvieron oídos para oír y no oyeron, de los que tuvieron ojos para ver y no vieron...!la Eternidad de nuestra idea”!; su visión era trascendente y asimismo era su actitud. Y concluye ese párrafo con palabras bíblicas ¡“porque ellos habrán de oír y habrán de ver entonces lo que no hubieran

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Alfonso Torres Ulloa Natural de Dajabón. Lic. en Ciencias Políticas, con post grado en Alemania Lic. en Derecho, con varios Post Grados Presidente de la Asociación Americana de Juristas, rama dominicana. Ha publicado diversos ensayos en la prensa nacional, con temas muy variados, pero siempre desde la política. Actualmente es articulista del periódico La Información. Es un estudioso del pensamiento duartista, recorre el país en conferencias desde las ideas y la obra de Duarte. Ha publicado siete poemarios y un ensayo de Legislación Agraria. En el año 2008 publicó su libro “Duarte, Reto de los Democráticos”, edición agotada; saldrá la segunda edición en el mes de julio de 2009.

querido ver ni oír jamás”! Indudablemente quien así se expresa no es un simple mortal, es la trascendencia de un alma pura consciente de que su acto es de porvenir, se expresa de esa manera el trasfondo místico que siempre habitó en su pecho y anidó en su conciencia inmaculada. Y en esa concepción de la justicia divina, el Patricio dice “los días se acercan, procura que no se descarríen, pues va a sonar la hora de anularse para siempre, la hora tremenda del juicio de Dios, y el Providencial no será vengativo, pero sí justiciero”. Nunca separó la idea de la libertad de la patria de la fe, de su creencia en la justicia divina, su fe en Dios, por eso asociaba la idea de fundar la nación independiente, libre y soberana con algo sagrado, y habla de la “santa empresa”, la “Santa Causa”. Entonces siendo su religión “la católica, apostólica” es natural que la asocie al Estado que está definiendo y la señale como la religión oficial, pero no por ello deja de reconocer la existencia de otros credos y para ellos pide respeto, reconocimiento y reivindica derechos para los mismos. Estas ideas del Patricio deben ser entendidas en el contexto en que a él le tocó vivir, formarse y actuar; y lo hizo con una amplitud de mira, con una vocación democrática, con un apego a la libertad de los seres humanos de profesar sus credos, sólo limitados a que no ofendan la moral pública; reconoció la diversidad de razas que conformaban la población criolla (“los blancos, morenos, cobrizos, cruzados, marchando serenos, unidos y osados, la Patria salvemos de viles tiranos, y al mundo mostremos que somos hermanos”). Es Duarte en la Palabra, como una mariposa posada en la flor.

Investidura de 210 internos en CCR Vista al Valle de San Francisco de Macorís a favor de las personas privadas de libertad.

La Procuraduría General de la República graduó a 210 internos del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de San Francisco de Macorís. Es la primera investidura que se celebra en ese recinto, el más reciente en ser incorporado al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

Agradeció al magistrado Jiménez Peña delegar su representación en él, tras resaltar que el procurador se ha entregado en cuerpo y alma, por vocación y convicción personal, en la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

Los internos recibieron diplomas en las áreas de informática, inglés, costura, confección industrial y producción agrícola. Los cursos fueron impartidos por facilitadores del Instituto de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP) y personal del centro penitenciario.

El supervisor de Prisiones, Henry Garrido, quien representó al procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, al pronunciar el discurso central en la ceremonia, dijo que la graduación es el resultado del esfuerzo de diversos sectores que se han unido para hacer realidad el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que se impulsa en el país. “Esta investidura se pudo lograr porque el país cuenta con una gran riqueza, como son los valores humanos, eso es lo que permite que internos, autoridades, patronatos, personalidades de la sociedad civil y diversas entidades como el INFOTEP, se unan en obras como esa”, enfatizó Garrido.

Henry Garrido

a los internos que no tenían con qué pagar un abogado.

Garrido dijo que aunque para la implementación del nuevo sistema se ha aprendido de otras sociedades, como Europea, ésta ha expresado admiración y respeto por la sociedad dominicana, por la obra que está haciendo

El supervisor de Prisiones en su discurso felicitó al director interino del CCR de San Francisco de Macorís, Agustín Reyes, al personal del recinto y los facilitadores del INFOTEP, por formar a los internos en apenas seis meses, luego de que ese recinto fuera incorporado al nuevo modelo. También, al Patronato Vista al Valle que encabeza monseñor Jesús María de Jesús Moya, obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís, e integrado entre otras personalidades, por el empresario Héctor Risek, de quienes dijo han depositado un voto de confianza en las autoridades que tienen a su cargo la reforma penitenciaria.

Dijo que esos cursos, realizados dentro de la reforma penitenciaria, contribuyen a reducir la reincidencia, que es sólo de un 2.7 % en los centros incorporados al nuevo modelo, en contraposición al modelo tradicional que es de más de un 40%.

Destacó que todo ello ha sido posible porque existe voluntad política para mejorar el sistema penitenciario por parte del presidente Leonel Fernández, quien en sus años de ejercicio profesional, desde su posición de abogado de oficio o defensor público, defendía

Parte de los internos que se graduaron.

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Palacio del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís

La Fiscalía

de San Francisco de Macorís a la vanguardia en el Nuevo Proceso Penal En lo que constituye una labor sustantiva de persecución del delito y contribución con la seguridad ciudadana, la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorís ha logrado en los últimos dos años, 86 sentencias condenatorias. En ese lapso, según lo explica su titular, Juan de Dios Rosario Santos, se han manejado 3 mil 744 casos, de los cuales el mayor número de infracciones corresponde a la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas con un total de 1,509.

Rosario Santos explica que los restantes casos corresponden a Robos con 672, homicidios con 153, golpes y heridas 146, otras infracciones 1,264.

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Juan de Dios Rosario Santos, procurador fiscal de San Francisco de Macorís.

“De todas estas violaciones un total de 1,631 casos fueron archivados; 77 suspensiones condicionales de procedimiento; se le presentó acusación a 1 mil 316, de lo que se obtuvieron 359 auto de apertura a juicio, 180 rebeldía, 180 auto de no ha lugar, los demás casos están pendientes de decisión en la jurisdicción de Instrucción. De los enviados a juicio se han logrado 86 condenas y 86 descargos”, precisa el magistrado.

Ciudad del Jaya

La ciudad de San Francisco de Macorís fue fundada a la orilla del Río Jaya, por la unión de un vegano con una cotuisana por los años de 1600; para el año 1778, las autoridades coloniales erigieron la villa San Francisco, en honor a la orden religiosa de los Franciscanos y de los Indios Ciguayos o Macoriges, está enclavada en la rica Región del Cibao, justo en la zona noreste de la isla. En el año 1907, es elevada a provincia con el nombre Pacificador en honor al presidente Ulises Hereaux (Lilis); en el año de 1925 es designada con el nombre de provincia Duarte, en honor al padre fundador de nuestra nacionalidad, cuenta con una población de más de doscientos ochenta mil habitantes en su provincia, con una densidad poblacional de 177 habitantes/km2. En el año 1907 al ser elevada a provincia, se crea el primer distrito judicial y con ello, el nombramiento del primer Procurador Fiscal; a partir de la fecha un gran número de juristas distinguidos han desfilado por la Fiscalía

Delfina de León, Carmen Payano, Denni Polanco, Digna Maciel Rosario, Juan de Dios Rosario Santos, Melba Antonio, Luz Rosario y Mercedes Reynoso.

de San Francisco de Macorís, los que han impregnado su sello particular en cada una de las gestiones en que le ha tocado dirigir el Ministerio público de esta ciudad.

Ubicación

Las oficinas de la Fiscalía de San Francisco de Macorís están ubicadas en la primera planta del Palacio de Justicia de esta ciudad, sito en la calla 27 de Febrero esquina Emilio Conde. En los próximos días se apresta a inaugurar sus instalaciones y con ellas, la gestión de fiscalía modelo, que aunque ya tenemos algún tiempo trabajando ajustado al nuevo esquema, no contamos con todas las herramientas del sistema, como son la instalación del programa “Justicia XXI”, un novedoso programa que permite el monitoreo y control de casos de cada uno de los Fiscales.

Equipo y áreas de trabajo

Cuenta en la actualidad con nueve (9) fiscales adjuntos y nueve (9) Fiscalizadores, los cuales están divididos en cuatro grupos de trabajos, que cumplen jornadas semanales, cubriendo las puertas de entrada de la Policía Nacional y la Fiscalía; cada Fiscal en su turno es responsable de la investigación y procesamiento de los casos que les entran. Contamos además, con una unidad de violencia de género, ubicada en la dotación policial de la ciudad, la cual es responsable del manejo de todas las infracciones relativa a género y asuntos intrafamiliar.

Esta Fiscalía posee una unidad de conciliación a cargo de tres de sus fiscalizadores los cuales atienden todos los casos de acción pública a instancia privada, estos son responsables de bajar el nivel de casos entrantes mediante la conciliación, unidad que ha rendido grandes beneficios ya que en los últimos años, cientos de casos se ha cerrado usando esta vía alternativa de resolución de conflicto.

Personal de apoyo secretarial y logístico

Los fiscales adjuntos Carlos Eurípides Moreno, Juana María Brito, Andrés Luis de los Ángeles, Rosa María de León, Eduardo Antonio Lora, Sandra Sierra Difó y Eunice Ledesma.

El cuerpo de apoyo está integrado por seis secretarios (as), una titular y cinco auxiliares y un paralegal, unos sirven en la puerta de entrada en la admisión de casos: denuncias, querellas, información, solicitudes, etc.; otros trabajan en las labores cotidianas del servicio general, destacándose entre ellos, Carmen Payano, quien lleva más Ministerio Público

de 20 años en las funciones y además es abogada, adquiriendo vastos conocimientos que pone en práctica a diario; y Benedicto Reynoso, abogado, técnico en sistema, más de 15 años de experiencia laboral y es de los que siempre está dispuesto al trabajo.

Cuerpo de litigación

Esta fiscalía cuenta con un equipo de expertos en litigación, a la cabeza Juan Francisco Rodríguez, así como los magistrados Juana María Brito Morales, Carlos Moreno, Eduardo Lora Terrero, Andrés Luis de los Ángeles, Adriano de la Cruz Escaño, Eunice Ledesma Cordero y Sandra Sierra Difó, bajo la dirección y conducción de Rosario Santos, procurador fiscal del Distrito Judicial Duarte. Todos ellos constituyen un equipo de trabajo que días tras días se esfuerzan por lograr el procesamiento y resolución de los conflictos que esta ciudad genera, y con ello logra la armonía, tranquilidad, sosiego y paz que todo ser humano necesita y merece disfrutar.

Casos y Sentencias

La Fiscalía de San Francisco de Macorís ha manejado un gran número de expedientes de casos que han estremecido la sociedad francomacorisana, entre los que se encuentran: el secuestro y asesinato del taxista José Efraín Castillo, por parte de los nombrados Wilman González, Erickson Antonio Rodríguez, Darky Carvajal Ruiz, Jesús Alberto Valerio Cruz y Aneudy González Paulino, quienes fueron condenados a la pena de 30 años de reclusión, cuya sentencia es definitiva. El capitán de la Policía Nacional Virgilio Jiménez Hernández, los reconocidos distribuidores de estupefacientes Santos Ramírez Álvarez Lora y José Peralta Miranbeaux, le pagan una cuantiosa suma de dinero para eliminar a su competencia Gustavo Antonio Grullon (La Greña), resultando condenados de forma definitiva, el primero a 20 años y el segundo a 10, el tercero prófugo fue asesinado por la Policía posteriormente. De igual forma, fueron procesados los

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Eduardo Lora Terrero, Eunice Ledesma, Juana María Brito y Adriano de la Cruz Escaño, fiscales del cuerpo de litigación.

autores del asesinato al comerciante Juan Grullon, hermano del héroe nacional Frank Grullón, por parte de José Alberto Zorrilla y José Antonio Muñoz Silba (Pablo), quienes fueron condenados a sufrir la pena de 30 y 20 años de reclusión, respectivamente, sentencia definitiva. Fue ampliamente difundido el famoso caso de “El Caballo”, cuando en una corrida de caballos se produjo un accidente entre una camioneta y un caballo, y los jinetes las emprendieron a tiros contra el conductor Johan Paulino Contreras, resultando muerto, de ellos fueron condenados los señores Juan Burgos Paulino y Gerson Bonilla Burgos, a 10 años de reclusión.

Cobró notoriedad el secuestro del hacendado Ramón María Rodríguez Camilo, hecho ocurrido en el municipio de Castillo, donde fueron condenados los señores Francisco Antonio De Jesús Gracía, Melvin Vásquez Valerio, Joselito De Jesús García y Jorge Luis Paulino Bueno, a la pena de 30 años de reclusión. En el municipio de Villa Rivas, el nombrado Ramón Alberto Arnau, oficial de de la Dirección Nacional de Control de Drogas, le dio muerte a la joven Ismely Altagracia Castillo, en momento en que efectuaban un operativo, siendo

condenado a la pena de 8 años de reclusión.

Uno de los casos más sonado en la zona fue el asesinato del abogado Adelvi Evangelista Rodriguez, en el que estuvo involucrado otro renombrado abogado, José Silvestre Lemoine, ambos condenados a la pena de 20 años, también los coautores Juan Elías Alberto Mieses (El Mono), Froilan Francisco Abreu, a 30 años y el cómplice Miguel Ángel Gelabert Sánchez, a 10 años.

De su lado, los señores Rufino Antonio Ozoria Infante, Garibaldy Núñez Jerez, Richard Frías Lino, Juan Antonio Pérez Ureña y Octilio Melanio Cruz, se apersonaron al municipio de Villa Rivas, a una finca supuestamente propiedad del extraditado Quirino Ernesto Paulino Castillo, lugar en donde se encontraba a juicio de ello el botín enterrado, sorprendiendo y secuestrando al señor José Luis Rodríguez Hiciano, encargado de la finca; por este hecho resultaron condenados a 20 años cada uno. Esta fiscalía ha obtenido importantes decisiones en otras violaciones a la ley penal, tales como, drogas, robos, violaciones sexuales, así como también in infracciones de acción pública a instancia privada.

Reforma Constitucional y Propiedad Intelectual en el contexto histórico

Pedro Féliz Montes de Oca Procurador General Adjunto para Asuntos de Propiedad Intelectual felizpedro@hotmail.com

No soy experto en cuestiones de derecho Constitucional, conozco lo que puede conocer cualquier abogado que haya estado o que esté en pleno ejercicio de la profesión, y conozco lo que por mi condición de ministerio público encargado de los temas de propiedad intelectual, he tenido que aprender para poder estar en sintonía con la constitucionalización del proceso penal, lo cual no le es ajeno a la propiedad intelectual, en tanto y cuanto las leyes que la sustentan son de interés público. Pretendo con estas reflexiones entregarles mi opinión sobre la suerte de la propiedad intelectual en el proceso de reforma de la Constitución de la República pendiente de ser conocida en el Congreso Nacional, sin entrar en razonamientos de corte dogmático, sino de un modo analítico, verificar una realidad que no debe ser mirada de soslayo. Vistas así las cosas y después de haber estado trabajando ininterrumpidamente durante largos años, junto a otros arquitectos de los derechos intelectuales, en el diseño y construcción de un sistema nacional de reconocimiento, respeto y protección a la propiedad intelectual, hemos cubicado cada arista de la edificación, lo que nos permite echar una mirada retrospectiva al comportamiento histórico de los derechos de propiedad intelectual en la esfera constitucional, y poder hallar respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Por qué se encuentran en nuestra constitución? ¿Cómo llegaron hasta ella? ¿Si deben o no mantenerse en ella? ¿Cómo deben mantenerse en ella? y ¿Cuáles serían las ventajas de mantenerlos o las desventajas y consecuencias de su exclusión? Es consabido que los derechos de propiedad intelectual estuvieron consagrados en nuestro código penal na-

poleónico del año 1810, en los artículos 425 al 429. Naturalmente es un código todavía vigente, altamente influido por la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano emanada de la Asamblea Nacional Francesa del 26 de agosto de 1789, en la cual ya se reconocían algunos derechos humanos de segunda generación, es decir, económicos, sociales y culturales. Asimismo, la Constitución Dominicana del 6 de Noviembre de 1844, se encontraba influenciada en su redacción por las constituciones de la época, que de un modo u otro habían incidido en la formación social, cultural, política y económica de nuestra República, tal es el caso de la Constitución española de Cádiz de 1812, la francesa de 1793, la norteamericana de 1787 y la haitiana de 1843, en las cuales ya se tomaban en cuenta valores como los de la libertad, la soberanía, libre asociación y libre expresión del pensamiento. Por todo ello, la Constitución de 1844, ya mostraba preocupación y plasmaba el interés del Estado por la instrucción pública en el ramo de la educación, las artes y las ciencias.

Entonces, no nos resulta casual la presencia de la protección a la propiedad intelectual en la reforma constitucional del 25 de Febrero de 1854 (art.8, inciso 17), la cual viene a reiterar el compromiso del constituyente de 1844 de contribuir como Estado al desarrollo de las ciencias y las artes, creando escuelas y centros de enseñanzas a tales fines. Esta reforma marca el punto de partida para el reconocimiento de los derechos intelectuales. A partir de ahí el país se involucra en el tratamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual y suscribe el convenio de México de 1902 y el de Buenos Aires de 1912, ambos sobre propiedad literaria y artística, pasando por otras no menos significativas, hasta llegar a la Convención Universal sobre Derechos de Autor en 1946. Lo propio ocurrió en materia de propiedad industrial, que contaba en el orden internacional desde el 1883 con el convenio de París sobre propiedad industrial, que posteriormente fue ratificado por el país. Ministerio Público

Durante todo este proceso de constitucionalización, legalización e internacionalización de los derechos de propiedad intelectual, en la República Dominicana continuó desarrollándose todo un esquema de políticas culturales que dieron origen a las primeras leyes tanto de propiedad industrial como de derecho de autor. En toda esta travesía, los derechos de propiedad intelectual reciben una señal definitiva para anclarse en el esquema constitucional, pues resultan ser incluidos en la privilegiada lista de derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, elevándolos al rango de derechos humanos en su artículo 27, párrafo II: “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” Ya situados los derechos de propiedad intelectual en esta tesitura, cabría preguntarse ¿si perteneciendo a los derechos humanos de segunda generación -entiéndase, económicos, sociales y culturales-, son merecedores de formar parte de la privilegiada lista de derechos constitucionales ? Bajo el entendido de que no todos los derechos humanos son fundamentales y que no todos los derechos fundamentales son constitucionales, habría que hacer el ejercicio para dar respuesta a la interrogante planteada, pero ello debe hacerse a la luz del principio de la dignidad humana y su vinculación directa con los derechos de la personalidad, en tanto y cuanto resultan ser objetivos claros a defender por el Estado dentro del marco constitucionalista. Sería entonces innegable que los derechos de propiedad intelectual, en su conjunto, son derechos de la personalidad, que cuando se ofenden atacan la dignidad intrínseca de la persona humana y por ende deben ser ubicados dentro del esquema constitucional, toda vez que la defensa de los derechos de las personas es fundamento esencial de toda Carta Magna. Otra reflexión válida es entender que, si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual son derechos de una gran fuerza comercial y económica, los mismos no se ejercen contra el Estado, sólo se le exige al Estado las

Ministerio Público

garantías fundamentales para su ejercicio, de modo que como estos derechos implican el desarrollo de la persona y de la nación misma en términos económicos, merecen ascender con firme paso por las escalinatas que conducen a la cima de la constitucionalidad y más aún, que los mismos integran de modo medular todos los acuerdos internacionales de comercio que actualmente rigen la economía mundial, y es loable la pretensión del constituyente de jerarquizar los tratados internacionales al nivel de la Carta Magna, lo que consagraría el principio del trato nacional existente en los principales acuerdos de propiedad intelectual como el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelecutual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), entre otros. La justificación tradicional para promover el reconocimiento y respeto de los derechos de propiedad intelectual en su conjunto, industrial y autoral, han sido siempre: a).- El factor económico, ya que nadie discute hoy en día que son bienes de mercado; b).- Una cuestión de justicia social, ya que hacen un aporte al patrimonio cultural de los pueblos, en el caso del derecho de autor, y al natural derecho a la salud y el comercio, a partir de cuantiosas inversiones, amén de hacer más cómoda la existencia misma, como ocurre con la propiedad industrial;

c).-Su aspecto laboral. Son estos derechos sin lugar a dudas una misión laboral que debe ser recompensada; d).- La cuestión moral, se trata de que los procesos creativos son intrínsecos a las personas y atienden consecuencialmente a un orden moral integral vinculado a la libre expresión del pensamiento, la propia imagen y la intimidad y el honor en todos los casos. Sin duda alguna, los derechos de propiedad intelectual están asociados al libre pensamiento y expresión de las ideas, al trabajo, al desarrollo económico de los pueblos, así como a su patrimonio, a una vida saludable y cómoda, y por qué no, a la nacionalidad misma cuando asumen nuestros países el trato nacional para los creadores de otras latitudes. Todo ello implica pues, el ejercicio de derechos fundamentales que, por demás, para ser oponibles a todos y todas, más que constitucionales han sido elevados al grado de DERECHOS HUMANOS, por tal razón no sería inteligente por parte de ningún Estado, ni se enriquecería si le negare a tan genuinos derechos de la personalidad el espacio constitucional o los incluya convirtiendo en jirones la doctrina y los principios que le sustentan. No se equivocan quienes han dicho que la propiedad intelectual tiene su fundamento teórico en las necesidades de la humanidad, tanto por acceder al saber como por dar solución a los problemas que atentan contra la vida misma, utilizando como herramienta básica la búsqueda del conocimiento, recompensando a quienes la efectúan.

La propiedad intelectual, sin lugar a dudas, debe ser considerada como un tipo de propiedad especial, toda vez que no es un derecho real como la propiedad clásica romana, pero sí patrimonial, y no es un derecho personal como el derecho al nombre, pero sí personalísimo como su ingenio creativo; no son ni una cosa ni la otra, pero sí ambas cosas a la vez, y por su condición de derechos humanos caben perfectamente en el esquema constitucional. Así podemos ver que la consagración de la propiedad intelectual en el esquema constitucional está presente en las constituciones de Estados Unidos de Norteamérica, España, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Costa Rica, entre otras naciones de Europa y América, con un denominador común que es la sujeción a las leyes o con arreglo a las leyes especiales sobre la materia, y la República Dominicana no debe ser la excepción. Cuando tuve la oportunidad de ver el Proyecto de Reforma Constitucional pendiente en el Congreso de la República y recorrer algunas de sus páginas, entré inmediatamente en el título II, sobre los Derechos, Garantías y Deberes Fundamentales. Allí encontré una serie de principios y derechos sueltos, que si se agrupasen consolidarían la protección constitucional de la propiedad intelectual. Como podemos ver, el art. 28 se refiere al respeto de la dignidad humana, la subsección 3 establece los derechos constitutivos de la personalidad, y en sus artículos 34 y 35 se constituyen derechos rayanos con la propiedad intelectual, como son el respeto al honor, la propia imagen y en general al libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, el artículo 40, en su parte capital combinada con los incisos 1 y 2, nos aproxima a los derechos de propiedad intelectual, al reconocer el derecho a la libre expresión de las ideas y reitera lo relativo a la propia imagen, trayendo consigo la innovadora idea de la comunicación intelectual, pero todo esto no conforma un derecho de propiedad intelectual constitucionalmente consolidado, aunque permite hacer combinaciones de preceptos que colaboran. Al llegar a la sección II, de los derechos económicos, sociales y culturales, me sentí medio asustado, porque mi voz interior me preguntaba ¿Qué habrán propuesto?

Cuando encontré en el artículo 42, el reconocimiento tradicional de los derechos de propiedad, me dije: “por lo menos tenemos un punto de partida analógico para hacer valer los derechos de propiedad intelectual en su aspecto patrimonial”. Continué preocupado, pero al ver el inciso 4 del artículo 44, sentí menos temor, pues se reconocen aquí los derechos de la personalidad, por lo que elaboré una fórmula en mi mente, dije: “derecho a imagen por un lado, en paralelo con la protección de las fotografías, propiedad por analogía con derechos patrimoniales de los creadores, personalidad de manera expresa con sus correspondientes atributos (honor, intimidad, dignidad e integridad) como la de los creadores con sus obras e invenciones”. Pensé que sumado todo resultaría igual a una sopa desaguisada e inconsistente de prerrogativas constitucionales para ser servida en la mesa que debe garantizar el buen provecho de la propiedad intelectual. Luego mi miedo se convirtió en inconformidad, porque la propiedad intelectual no puede ser dejada al campo de la hermenéutica, hay que expresar y garantizar su defensa, más aún cuando no tenemos en funcionamiento las salas constitucionales o un tribunal de garantías constitucionales, en consecuencia estaríamos pecando de inconstitucionalidad por omisión. Al llegar al artículo 53, en su parte capital, y tratar de entender esencialmente sus numerales 1, 2 y 3, creo que la redacción del mismo dista mucho de haber sido hecha por personas con conocimiento del tema, se mezclan elementos de políticas culturales con derechos de invención, y peor aún, se confunde lo cultural con lo industrial, revela pleno desconocimiento de los principios filosóficos que soportan una y otra rama de la propiedad intelectual: la industrial y la autoral, quedan cercenados los derechos exclusivos de autorizar o prohibir las diferentes modalidades de utilización de sus obras artísticas, literarias y científicas que tienen los creadores, así como la exclusividad de explotación de la titularidad que habilitan a favor de los inventores los diversos registros de propiedad industrial de sus inventos y descubrimientos. Se advierte claramente que desconocen los redactores de este artículo los puntos de encuentro entre el derecho de autor y la propiedad in-

dustrial y que desconocen más aún sus diferencias. Desconcertante es mi juicio de valor hacia este artículo 53 y sus numerales, el cual al referirse al ingreso de estos derechos a manos del Estado llega a usar expresiones que jamás pueden conformar el argot para una Carta Magna, esa destemplada expresión: “sea quien sea su dueño” es impermisible y divorciada del signo de los tiempos, y se aleja del propósito del Poder Ejecutivo y de los comisionados para la redacción de la reforma constitucional, olvidando que para que las obras y creaciones del espíritu pasen a formar parte del patrimonio cultural de los pueblos y en el caso de la propiedad industrial al licenciamiento obligatorio decidido por el Estado, deben darse condiciones de legalidad, nunca expropiatorias, y que han sido acuñadas a lo largo de 150 años de historia republicana, legislativa y constitucional. Creo, sin lugar a dudas, que es preferible dejar las cosas como están, en un marco filosófico, como ocurre en otras naciones hermanas y que en un digno ejercicio de los poderes públicos el Estado haga valer el artículo 57 del proyecto, si resultare aprobado, en cuanto a las Garantías de los Derechos Fundamentales que por tratados, leyes y reglamentos han sido conquistados. En caso contrario, estaríamos asistiendo a una reducción de derechos adquiridos por nuestros ciudadanos creadores y de aquellos, que por fuerza de los convenios internacionales suscritos, estamos obligados a brindarle un “Trato Nacional”; lo que nos asegura un tétrico escenario en el ámbito de la cooperación económica y la integración comercial internacional. Si los redactores de la Reforma Constitucional quieren hacer un noble servicio a la patria deben permitir la participación de mentes preclaras en el tema, que les conduzcan hacia la elaboración de un concepto unitario de la propiedad intelectual, para ser aplicado en la ley madre. Siento finalmente, que con este texto constitucional propuesto, la propiedad intelectual resulta ser como un General cuyas insignias les son despojadas del cuello de manera burda y deshonrosa después de haberlas ganado en mil batallas. Ministerio Público

AVANCES DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS DOMINICANO Y HAITIANO Jean Roland Previlon Celestin, Director de la

Administración Penitenciaria de Haití. Conferencia dictada en marzo de 2008 a instancia de la Escuela Nacional Penitenciaria. Traducción : Henry Garrido

Supervisor general de Prisiones henryg38@hotmail.com

Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, MINUSTAH, y de todos aquellos que han hecho posible que este viaje de trabajo sea muy agradable.

Roberto Santana, Gloria Resinos, directora Escuela Penitenciaria de El Salvador; Radhamés Jiménez Peña; Lisa Quirion, directora Sección Penitenciaria MINUSTAH; Jean Roland Celestin, director Administración Penitenciaria de Haití, y Henry Garrido.

A mi manera de ver, el único castigo verdadero que una sociedad que se dice civilizada debe imponer a sus infractores es el trato digno, humano y respetuoso, contrariamente a los tratos que ellos nos han infligido; la ayuda en ofrecerles la oportunidad de ser rehabilitados a fin de devenir en ciudadanos respetuosos de la ley. Ésta será la verdadera misión de los sistemas penitenciarios del mundo.

Ministerio Público

Damas y Caballeros,

Permítanme expresar mis felicitaciones a quienes han tenido la idea de organizar este evento en el día de hoy, que son, el procurador general de la República Dominicana, doctor Radhamés Jiménez Peña; el director de la Escuela Nacional Penitenciaria, señor Roberto Santana, y el señor Henry Garrido, supervisor general de Prisiones. Mis agradecimientos a quienes me han invitado, me han acogido y han organizado mi estancia. Deseo hablar de los funcionarios del sistema penitenciario de la República Dominicana, del embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante la República Dominicana y Haití, Ian Worthington; de la señora Lisa Quirion, criminóloga, jefa de la unidad Penitenciaria de la Misión de las

Dado que el acto de hoy se sitúa dentro del marco de los sistemas penitenciarios, prefiero compartir con ustedes mi filosofía de este servicio público, la historia del sistema penitenciario haitiano, sus realidades actuales y sus perspectivas. A mi manera de ver, el único castigo verdadero que una sociedad que se dice civilizada debe imponer a sus infractores es el trato digno, humano y respetuoso, contrariamente a los tratos que ellos nos han infligido; la ayuda en ofrecerles la oportunidad de ser rehabilitados a fin de devenir en ciudadanos respetuosos de la ley. Ésta será la verdadera misión de los sistemas penitenciarios del mundo. Debe admitirse que es un reto importante para los profesionales del sistema: convencer a las personas de las honestidades de invertir en la rehabilitación de estos infractores. De todas maneras, uno no tiene el poder de elegir. Winston Churchill lo había comprendido bien, cuando dijo : « Nada describe mejor la cultura de un gran pueblo que la manera en que son tratados los infractores y los enajenados mentales». Después de las visitas que en los días de ayer y hoy he realizado a varios centros pe-

dos. Citamos, por ejemplo: una sala de informática, un taller de ebanistería en la Penitenciaria Nacional (Prision Civil de Port-au-Prince), una sala de costura, bordado y un salón de aprendizaje de cosmetología en la Prision Civil del Fort National, antigua prisión de mujeres. Con la creación de la Administración Penitenciaria, el sistema penitenciario haitiano conoció un nivel de organización jamás existente en el pasado.

Avances importantes logrados:

nitenciarios dominicanos, deseo solicitar un aplauso al pueblo dominicano y a su gobierno que están haciendo una demostración de ser un gran pueblo, introduciendo un sistema que revaloriza a los privados de libertad. En Haití, las prisiones estaban colocadas bajo la dirección de los militares hasta el 1989; en septiembre de ese mismo año, un decreto creó la Administración Penitenciaria, organismo encargado de ejecutar las labores administrativas, llamada a evolucionar dentro de un cuadro muy restrictivo si uno toma en cuenta la importancia de una institución de tal naturaleza. Entonces, la iniciativa de organizar el sistema penitenciario haitiano, a pesar de ser considerado en la época como un progreso, no tuvo los resultados esperados. La situación de las prisiones no fue mejorada; todavía las prisiones continúan enfrentando serias dificultades.

En el mes de abril de 1993, un grupo de detenidos encarcelados en la Penitenciaria Nacional hicieron llegar una petición a la prensa, en la cual protestaban contra las condiciones en las cuales fueron detenidos. El cuadro asombroso que ellos presentaron de su situación no pasó desapercibido para las autoridades. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se trasladó a los lugares; el informe que ella presentó, luego de esta visita, indica que el sistema carcelario haitiano consta de deficiencias y que se imponía una reforma. El 29 de junio de 1995 el decreto No.

50, publicado en el monitor, trae de nuevo aquello de 1989. Este nuevo decreto, en su artículo 2 trae la creación de la Administración Penitenciaria Nacional (APENA), organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, con mucho más poder de decisión, en tanto que era sumiso a la autoridad del ministerio. La disposición que encierra este artículo otorga a la institución penitenciaria la posibilidad de establecer una política apropiada para la atención de los detenidos. El 24 de abril de 1997, un decreto presidencial, a pesar de las disposiciones de la Constitución de 1987, vuelve a atar a la Administración Penitenciaria a la Policía Nacional de Haití. La denominación Administración Penitenciaria Nacional (APENA) es sustituida por la de la Dirección de la Administración Penitenciaria (DAP).

La Administración Penitenciaria enseguida después de su creación en 1995, conoció un período de adaptación. Hasta el 2003 estuvo, sobre todo, orientada hacia el tratamiento de los detenidos. A pesar de los medios limitados en que ella se desenvolvía en términos de recursos humanos y financieros, logró alcanzar avances sustanciales en cuanto al funcionamiento de las prisiones y el cuidado de los detenidos. Las condiciones ordinarias de alojamiento y de alimentación habían sido más o menos mejoradas. Ella había logrado colocar en estado de funcionamiento diferentes talleres para la formación profesional de los deteni-

El principio de legalidad de la detención está instaurado y es escrupulosamente respetado a través de la puesta en marcha de procedimientos de admisión y de liberación a los niveles de los directores de los centros de detención, la apertura de expedientes individuales y la clasificación de las órdenes y las presentaciones dictadas por la jurisdicción. El cuidado médico de los detenidos está asegurado por la presencia al nivel de todos los centros de detención de uno o más miembros del personal médico (médicos o enfermeras-os). La categorización de los centros de detención es estable, al menos en la zona metropolitana: los centros para hombres, un centro para mujeres y un centro para jóvenes varones.

La formación profesional del personal reclutado para la vigilancia de los detenidos se ha hecho obligatoria.

Desgraciadamente, este avance ha sido contrariado por los sucesos sucesivos del 1ro. de enero y del 29 de febrero de 2004, donde hemos visto que las prisiones se desocuparon completamente de sus internos. Consecuentemente, la institución ha sufrido una pérdida estimada en varios millones de gourdes en términos de materiales dañados, locales de los centros de detención saqueados o destruidos; pérdidas inestimables en especies también han sido registradas. Entre otros, una desestabilización psicológica del personal derivado del sentimiento de haber fracasado en una de sus tareas esenciales de su misión que es la de asegurar la guarda de los detenidos, de mantener a estos últimos fuera del Ministerio Público

respeto a los derechos de los detenidos y ofrecer a éstos la oportunidad de ser rehabilitados. Ante esta situación, la dirección de la Administración Penitenciaria, apoyada por las autoridades de tutelaje, ha elaborado un Plan de Desarrollo Estratégico donde la meta es modernizar el sistema penitenciario haitiano en relación con las dos vertientes de su misión : vigilar y rehabilitar los delincuentes dentro de la perspectiva de su eventual reinserción social.

estado de peligro.

En el momento actual, la Dirección de la Administración Penitenciaria administra la situación más delicada de su historia, consecuencia de un aumento vertiginoso de la población carcelaria (3,500 detenidos al 31 de diciembre 2003 y 6,700 detenidos a febrero 2008) y de una disminución de su capacidad de recepción (21 prisiones al 31 de diciembre 2003, actualmente 17). Los numerosos arrestos efectuados por los organismos de aplicación de la ley tienen por resultado llenar los establecimientos penitenciarios, ya vetustos y deteriorados. A esto se agrega

Parte del público que asistió a la conferencia.

Ministerio Público

la ausencia de medios y los problemas organizacionales, tales como: •

Efectiva reducción del personal de vigilancia

•

Falta de equipos y de materiales de seguridad

•

Carencia de profesionalismo del personal

Ausencia de programas elaborados para la reeducación de los detenidos.

Todo esto constituye serios obstáculos para garantizar la seguridad de estos establecimientos penitenciarios, el

A través de este plan quinquenal, se le propone a las autoridades jerárquicas una agenda que contiene los problemas reales a los cuales hace frente la institución, y pone en perspectiva acciones hacia su solución. Su ejecución reenvía a cuatro grandes ejes especialmente: infraestructuras, materiales y equipos, personal y atención/tratamiento a los detenidos/realidades/ proposiciones/ infraestructuras.

Las condiciones de detención son muy difíciles. La tasa de espacio por detenido es actualmente de 0m2 80/detenido para la media de nuestras prisiones y de 0m2 64/detenido para la prisión civil de Puerto Príncipe. El crecimiento rápido de la población

Luisa Quirion se dirige a los presentes durante la conferencia del funcionario penitenciario de Haití.

carcelaria permite prever una población de 16,000 detenidos para el 2012. El estado general de los locales del establecimiento penitenciario vetusto y/o mal adaptado, etc.

Esto constituye otro de los obstáculos para la misión de vigilar y de rehabilitación de los detenidos, estas condiciones no conducen mucho hacia la reinserción de los reclusos.

Esfuerzos deben ser consentidos en materia de construcción, de rehabilitación y de reconstrucción, a fin de reforzar la capacidad de las estructuras de recepción de la Administración Penitenciaria.

Este año:

Dos prisiones serán construidas: una dentro del departamento del centro en Hincha. Dos prisiones serán rehabilitadas la prisión civil de Carrefour y la de Cabo Haitiano.

Dos proyectos de estudios para dos prisiones (Puerto Príncipe y Gonaives).

MATERIALES Y EQUIPOS

El perfil altamente criminológico de

los delincuentes exige materiales y equipos de trabajo apropiados. La seguridad de los establecimientos penitenciarios es precaria.

Los riesgos de evasión son considerables. Las proposiciones son formuladas en este sentido para mejorar las condiciones de trabajo del personal, pero también para responder a la lógica preventiva de la prisión a nombre de la necesaria protección de la sociedad.

En este mismo año, la DAP ha hecho la adquisición de seis furgones, de ellos dos blindados, dos ambulancias, etc.

PERSONAL

La cantidad de personal de vigilancia está reducido, para 6,700 detenidos tenemos solo 487 agentes de vigilancia. La carencia de personal médico (médicos y enfermeras-os) La ausencia de personal especializado (psiquíatras, psicólogos, etc.) A esto se agrega la carencia de profesionalización del personal. El Plan de Desarrollo Estratégico prevé una restructuración del sistema penitenciario.

Actualmente se están formando a 250 aspirantes. Se va a colocar un aviso oferta de empleo para médicos y enfermeras-os, a los fines de aumentar este personal especializado.

Tratamiento o Atención a los detenidos

Consagrado por los textos, la misión de resocialización es, sin embargo, mal reconocida en los hechos. La atención o tratamiento es una exigencia humana.

A estos hechos, responden las proposiciones tendentes a humanizar las condiciones de detención, a favorecer la preparación de la salida de la prisión y prevenir así los riesgos de reincidencia, a establecer los programas de reinserción social. El proyecto de modernización del sistema penitenciario haitiano puede parecer muy ambicioso a los ojos de más de uno, en tanto se basa en una verdad evidente: la falta de recursos. Sin embargo, la verdad más irrefutable es que la seguridad de una nación no tiene precio, y no debe ser el asunto de un sector sino, sobre todo, el asunto de todos y de cada ciudadano. Ministerio Público

Panorámica Regional de la Criminalidad Radhamés Jiménez Peña, Procurador República Dominicana

General de la

Conferencia dictada en la República de Panamá, en el mes de diciembre del año 2008, a solicitud de la Procuraduría General de ese país.

invitación a participar de tan importante actividad.

El auge de la criminalidad en los últimos años nos ha afectado de manera abrumadora, pues sus efectos han implicado costos sumamente altos, al generar no sólo un clima de inseguridad en la población, sino también afectando en gran medida el crecimiento económico de nuestros países, sin contar las marcadas consecuencias sobre las víctimas, por lo que el crimen y la violencia se han convertido en los desafíos más importantes para aumentar los niveles de desarrollo en la región.

Saludos protocolares:

Ministerio Público

Deseo ante todo, saludar a todos los presentes y externar mi agradecimiento más sincero a los organizadores de este seminario y en particular a la Procuraduría General de la nación de Panamá, en la persona de la señora procuradora general de la nación, doctora Ana Matilde Gómez, por la

En ese sentido, debe ser una prioridad para los diferentes Estados de la región enfrentar este mal que nos oprime cada vez con mayor fuerza, pues del 100% de los homicidios violentos que acontecen a nivel mundial, el 42% pertenece a Latinoamérica, incluyendo el Caribe. Asimismo, las estadísticas de homicidios violentos en la región caribeña reportan que el problema de la violencia en esta parte del mundo constituye un record mundial importante. A manera global, en el Caribe insular la media es de 30 asesinatos por cada cien mil personas, siendo las mujeres y los jóvenes los más afectados. La siguiente región más violenta del mundo es el suroeste africano, con 29, datos que demuestran la gravedad real del problema. En este orden, los países con mayores índices de criminalidad y violencia son Jamaica, Haití y, lastimosamente, República Dominicana, mientras otras naciones como Barbados, Grenada, Antigua y Barbuda, tienen una tasa próxima a 10

homicidios por cada 100 mil habitantes. Un dato espeluznante, en materia de violencia de género, es que cerca del 48% de las adolescentes caribeñas señalan su primera experiencia sexual como “forzada” o “forzada en algún grado”, de acuerdo a los datos ofrecidos en el informe sobre delincuencia, violencia y desarrollo del Banco Mundial del año 2007.

El Banco Mundial ha señalado que “tanto el homicidio como los robos son más elevados en países con bajo crecimiento económico, mientras que las tasas de homicidio son más elevadas en los países y comunidades pobres con numerosa población de hombres jóvenes, quienes son más propensos a delinquir. Precisamente, la tasa de homicidio y robo en los países mencionados es superior, en 34% y 26% respectivamente, en comparación con países de otras regiones en condiciones macroeconómicas parecidas, por lo que el flagelo de la criminalidad en el Caribe merece especial atención.

¿Cuáles son los factores que están incidiendo en estos altos índices de violencia? De acuerdo a estudios del Banco Mundial, existen pruebas contundentes de que el narcotráfico es el principal catalizador de esta situación. En primer lugar, el tráfico de drogas incide en gran medida en el incremento de la demanda de armas de fuego, tanto de parte de los grupos criminales como de las autoridades, lo cual aumenta el riesgo de desviación y trasiego de dichas armas, contribuyendo, a su vez, a facilitar el tráfico paralelo de armas en la región, situación que se ve agravada en aquellos países con fronteras porosas, como es el caso nuestro. Datos estadísticos aseveran que del total de crímenes en el Caribe, el 75% de ellos está relacionado al tráfico ilícito de drogas, ya sea por disputas en ventas de drogas, ajustes de cuentas, dominio del mercado o represalias contra grupos contrarios. Debemos señalar el hecho de que la criminalidad genera costos cuya medición total es prácticamente imposible, ya que es muy difícil considerar, por ejemplo, la pérdida de calidad de vida de las víctimas, las reacciones originadas por el miedo al crimen, cómo afec-

ta la sensación de inseguridad en la cotidianidad, en fin, factores muy subjetivos, pero que son preponderantes a la hora de realizar un análisis completo. En el caso de Jamaica, midiendo sólo el gasto en seguridad, el crimen consume 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB), además de que cerca del 37% de los empresarios desisten, por miedo a la criminalidad, de hacer inversiones que incrementarían su eficiencia. Para hacernos una idea más clara de la situación, reducir la criminalidad al nivel vigente en Costa Rica, uno de los países con menores índices de violencia a nivel regional, podría incrementar el crecimiento anual per cápita de Haití y República Dominicana en 5,4 puntos porcentuales.

En ese tenor, en cuanto al combate de la delincuencia y la criminalidad, aunque reconocemos que algunas formas de delincuencia organizada sólo pueden reprimirse a través de leyes, consideramos que son más efectivas las políticas de prevención alejadas del modelo tradicional de mano dura. En el caso específico de la República Dominicana, hemos implementado con mucho éxito el Plan Nacional de Seguridad Democrática, concebido con un enfoque eminentemente preventivo y dirigido a los sectores más deprimidos de la ciudad de Santo Domingo y Santiago, facilitando la generación de recursos y capacidades para el mejoramiento de la calidad de vida de las

comunidades, iniciativa que analizaremos más adelante.

En resumidas cuentas, son muchos los factores que aumentan la vulnerabilidad ante la violencia, sin embargo un factor a tener en cuenta es que resulta fundamental contar con sistemas de justicia eficaces para evitar que la región se convierta en puente seguro de un sin número de actividades y transacciones ilícitas, por lo que uno de los desafíos como autoridades llamadas a combatir este flagelo debe ser incrementar la lucha por el fortalecimiento y consolidación, tanto de nuestras capacidades como de nuestras instituciones. Por otro lado, y dadas las características actuales de los fenómenos delictivos, donde los grupos delincuenciales se caracterizan por las altas posibilidades de insertarse en la esfera de la ilegalidad, es importante afianzar aún más los lazos de reciprocidad en materia de cooperación internacional, pues el crimen organizado es hoy un fenómeno sumamente sofisticado. El tráfico de drogas, el tráfico de armas y municiones, la trata de personas, el tráfico de órganos humanos, lavado de activos, etc., son actividades muy lucrativas y con estructuras muy complejas, además de tener ramificaciones tan fuertes que son consideradas industrias del crimen. Si bien es cierto que combatir dichos fenómenos no es tarea fácil, no es menos cierto que si no contamos con mecanismos de coMinisterio Público

operación ágiles y eficientes, bajo el entendido de que el crimen organizado no respeta fronteras, es poco lo que podremos lograr. Estoy convencido, sin embargo, de que muchos han sido los avances logrados, los cuales han sido posibles gracias al reconocimiento de la necesidad de que nuestros sistemas jurídicos se conviertan en sistemas garantes de los derechos fundamentales, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestras democracias, aunque todavía nos queden inmensas metas que alcanzar.

I. Panorama general de la criminalidad en la región

Como hemos ya señalado, los índices de homicidios violentos en el Caribe son mucho más altos que los de cualquier otra región del mundo, manteniéndose en aumento en los últimos años en la mayoría de los países que conforman la región. En especial, la violencia de género e intrafamiliar afecta a un porcentaje importante de mujeres, niñas y adolescentes, dando los datos oficiales un panorama incompleto de la dimensión actual, debido a que la gran mayoría de estos incidentes no son denunciados a las autoridades por parte de las víctimas. De acuerdo con los datos más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), tres de los 10 índices más altos de violaciones en el mundo corresponden a países del Caribe.

Muy a pesar de la gran diversidad cultural que impera en la región, los países caribeños tenemos el común denominador del alto grado de violencia que registran nuestras ciudades, principalmente violencia generada por actividades ilícitas como el narcotráfico. Además del tráfico de drogas, el secuestro y la corrupción son otras formas de crimen organizado que afectan la región. En los últimos 10 años Haití y Trinidad y Tobago, por ejemplo, han registrado aumentos considerables en los índices de secuestros. En el caso específico de Trinidad y Tobago, los índices de secuestro casi se duplicaron entre 1999 y 2005 (de acuerdo a datos de la Oficina Central de Estadísticas de

Ministerio Público

Trinidad y Tobago, año 2006).

En el caso de la corrupción, éste es un delito muy difícil de medir. Si bien es cierto que el Índice de Percepción de Corrupción ha sido objeto de serias críticas, continúa siendo la medición estándar a la hora de hacer comparaciones internacionales en materia de corrupción. El ranking mundial del IPC de 2006 incluyó a 10 países del Caribe, siendo Haití, ese año, el país más corrupto del mundo, mientras Barbados ocupaba el lugar número 24 entre los países menos corruptos, por sobre muchos países europeos.

Dentro de las causas que menciona el informe del IPC, se señala el hecho de que, a pesar del fuerte crecimiento económico que se produjo en la región, superando en 2007 un promedio del 5%, no necesariamente ha conllevado una reducción de la desigualdad en los ingresos. Asimismo, el Informe Global de la Corrupción 2007 reveló que América Latina y el Caribe mostraban los niveles más bajos de confianza en el Poder Judicial, en tanto un 73% de las personas encuestadas en 10 países diferentes manifestaron que el Poder Judicial era corrupto, pues se entiende que la incapacidad de los sistemas judiciales para sancionar a quienes cometen crímenes y delitos fomenta la percepción de impunidad de los sectores poderosos, la sensación de inseguridad entre los ciudadanos y un menor interés por parte de los inversionistas

en desarrollar proyectos de inversión.

La Asamblea General de la OEA de 2004, realizada en Ecuador, declaró que la corrupción “atenta contra la democracia y la gobernabilidad democrática, debilita las instituciones, compromete el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza, mina la confianza ciudadana y afecta la estabilidad política”, razón por la cual, para la Procuraduría General de la República Dominicana, ha sido siempre prioridad el combate de la corrupción en todos sus ámbitos, fortaleciendo, a través del componente de formación, la capacidad de investigación de los órganos encargados de perseguir e investigar los delitos de corrupción, de manera que puedan sustentar sus casos con mayor eficiencia, aumentando así su capacidad de respuesta, además de la capacitación constante ofertada en materia de lavado de activos, en la que participan activamente nuestros fiscales especializados.

II. Factores que inciden en la criminalidad

Los factores que inciden de una forma u otra en la criminalidad de la región se enmarcan dentro de las condiciones específicas presentes en las diferentes sociedades. En sentido general, los índices de homicidios y robos son generalmente altos en países con crecimiento económico limitado o en subdesarrollo, y las tasas de homicidio violentos son mayores en países y co-

munidades pobres con mayores cantidades de hombres jóvenes, como ya hemos señalado.

El estudio “Delincuencia, violencia y desarrollo: tendencias, costos y opciones de políticas públicas en el Caribe”, realizado por el Banco Mundial, analizó datos de victimización obtenidos de países como Jamaica, Haití y República Dominicana, con el objetivo de generar un perfil de los factores de riesgo más importantes. De acuerdo a los resultados obtenidos, las comunidades pobres son más propensas a enfrentar delitos violentos, mientras que los delitos contra la propiedad generalmente afectan a los sectores más pudientes, concentrándose la delincuencia en las zonas urbanas y con gran densidad demográfica.

Los factores analizados nos dan un perfil muy claro acerca de quiénes son los más susceptibles de convertirse en víctimas de crímenes, y quiénes en victimarios. Un descubrimiento importante de este estudio es que existe un menor porcentaje de denuncias de delitos a la Policía en zonas con mayores índices delictivos, por lo que se desprende que la confianza en la Policía es menor en zonas con índices delictivos más altos, hecho que puede contribuir a distorsionar el perfil de la delincuencia de una zona geográfica determinada, debido a que la información oficial puede estar sesgada por la falta de denuncias en zonas con mayores tasas delictivas. Antes de referirme a los factores pro-

piamente dichos que inciden en la criminalidad, me referiré brevemente a los costos socioeconómicos asociados a la violencia en la región.

En sentido general, la violencia genera pérdida de calidad de vida para las víctimas y para la sociedad en general, así como pérdidas importantes en cuanto al crecimiento económico de un país, pues afecta directamente el turismo, la inversión y el nivel de productividad. Algunos estudios en la región han examinado los costos socioeconómicos de la violencia de género y sus efectos, determinando que las mujeres víctimas de violencia física son menos propensas a recibir cuidado prenatal y más susceptibles de sufrir anemia crónica, al igual que sus hijos, lo que implica un alto costo en atención para el sistema de salud pública. Otra vía a través de la cual la criminalidad implica costos socioeconómicos, es en sus efectos sobre las inversiones y los negocios, costos que pueden ser particularmente altos para el desarrollo económico, a partir de la necesidad de desviar recursos hacia medidas reactivas que combatan los delitos, desincentivando la inversión a gran escala. Por otro lado, tenemos la cuestión del turismo, principal sustento de la economía de la región, el cual se puede ver grandemente afectado por los efectos de la violencia y la inseguridad. De acuerdo al referido estudio, los costos por los efectos de la violencia, tan sólo en Jamaica en el año 2001, llegaron a los $12,400 millones de dólares jamaiquinos, es decir, 3.7%

de su PIB. Imaginémonos la cantidad de recursos que pudieron destinarse a cuestiones más importantes como educación, salud o combate a la pobreza.

El problema de las armas de fuego

Si bien es cierto que la violencia es un fenómeno social producto de múltiples causas, no es menos cierto que la creciente incidencia de las armas de fuego en la comisión de hechos violentos nos obliga a replantearnos la relación causal que existe entre el uso de armas de fuego y la predisposición a la violencia. Asimismo, la proliferación masiva de armas en manos de civiles hace que sea mucho más difícil controlar de manera eficiente las actividades relacionadas a las mismas: porte y tenencia, registro, control de municiones, etc. De acuerdo a las estadísticas oficiales, sólo en República Dominicana en el último año hubo un total de 1,934 víctimas de homicidios, de las cuales 1,328 correspondieron a víctimas de armas de fuego. Esto quiere decir que de los homicidios cometidos más del 65% correspondieron a muertes por armas de fuego, sin contar que 5,423 personas resultaron heridas por impacto de bala, según consta en las memorias de la Policía Nacional depositadas ante el Congreso. Este fácil acceso a las armas de fuego es, indudablemente, causa fundamental de los hechos de violencia que acontecen a diario, lo cual no sólo queda demostrado en aquellos países con conflictos armados, donde gran parte de la población posee armas de fuego, sino en sociedades “supuestamente” pacíficas como la nuestra, fomentando ese clima de violencia y generando mayor inseguridad en la población.

En ese sentido, debemos resaltar, en el marco del Plan de Seguridad Democrática impulsado por la Secretaría de Estado de Interior y Policía y la Procuraduría General de la República, la promulgación del Decreto 309-06 que prohíbe la importación de armas de fuego para uso comercial. Desde la implementación del mismo, y de acuerdo a nuestras estadísticas, en el período Ministerio Público

enero-mayo de 2007 tuvieron lugar 544 muertes violentas por armas de fuego en el país, contra 628 en el mismo período de 2006, por lo que estamos hablando de una reducción de un 13.4% en ese solo año. El problema de la violencia armada no sólo afecta la República Dominicana, sino a otros países de la región. Los datos de diversos países demuestran que no sólo los niveles de delincuencia y violencia han aumentado, sino también el uso de armas de fuego, tanto en actos delictivos, como en conflictos interpersonales.

El tráfico de drogas

Me referiré a este aspecto de manera muy breve, porque ya he venido esbozando a lo largo de mi ponencia la relación que tiene el tráfico de drogas con la vigencia y aumento de la criminalidad en la región. Sólo me permitiré señalar algunos datos interesantes, revelados por el informe del Banco Mundial, relacionados al combate del tráfico ilícito de estupefacientes en las Antillas Holandesas. En ese orden, las autoridades calculan que alrededor del 75% de los delitos allí están relacionados con el tráfico de drogas. En efecto, alrededor del 60% del total de decomisos de cocaína en el Caribe durante el año 2004 se registró en las Antillas Holandesas. Como mecanismo de combate, las autoridades han establecido la llamada Estrategia de control al 100%, la cual pone énfasis en el decomiso de la droga, en vez de afectar la persona, al deportar al contrabandista sin procesarlo penalmente, satisfactoriamente contribuyendo a la disminución del tráfico en una de las rutas que solía ser la de mayor importancia en el tráfico de estupefacientes.

Sin embargo, los efectos del desplazamiento son inevitables, no obstante, la estrategia de centrarse en la droga y no en los contrabandistas, es un método muy eficaz porque vence la técnica de los traficantes de utilizar las mulas como medio para hacer llegar la droga a su destino final. El ejemplo de las Antillas Holandesas también realza la necesidad de que los países del Caribe donde se hacen transbordos, así como los países de destino, mejoren

Ministerio Público

la cooperación en las labores de interceptación marítima a través de los diferentes puertos.

Pandillas y violencia juvenil

Las muertes y lesiones derivadas de la violencia juvenil constituyen un problema social, económico y de salud pública en toda la región del Caribe. En la mayoría de los países del Caribe los crímenes violentos los cometen jóvenes a edades cada vez más tempranas, siendo la República Dominicana uno de los países donde este patrón se ha intensificado en los últimos años. De acuerdo al informe estadístico presentado por la Procuraduría General de la República sobre muertes violentas de este año, las víctimas de la violencia armada son jóvenes con edades comprendidas entre 18 a 34 años, para un total de 58.4%. Al mismo tiempo, la mayoría de los actos de delincuencia con armas de fuego fueron perpetrados por jóvenes en el mismo rango de edad. Existe una gran variedad de factores que contribuyen a la violencia juvenil, siendo el principal la pobreza, unida al desempleo, al alto nivel de migraciones hacia zonas urbanas, al consumo

y tráfico de drogas, a la proliferación de armas de fuego, a la deficiencia de los sistemas de educación, a la falta de eficacia de la Policía, entre otros, sin embargo, creemos firmemente que es posible prevenirla. En República Dominicana se han venido implementando un gran número de estrategias para prevenir y reducir este problema, combinando componentes que se dirigen a mejorar las condiciones del entorno en que se desarrollan los jóvenes. En las conclusiones señalaremos algunas iniciativas en este sentido, en el marco del Plan de Seguridad Democrática. Por ejemplo, reducir las técnicas represivas a favor de estrategias de prevención constituye uno de los mayores factores de éxito para combatir el problema de la delincuencia juvenil, así como también promover intervenciones que reduzcan la disponibilidad de armas de fuego en la sociedad.

III. Políticas públicas en materia de prevención de la criminalidad

Me referiré específicamente al Plan de Seguridad Democrática de la República Dominicana, impulsado por la Secretaría de Estado de Interior y Policía y la Procuraduría General de la Repú-

blica, por ser nuestro paradigma en materia de prevención de la violencia, el cual toma como base tanto políticas de reforma al sistema penal, como políticas más específicas de mejoramiento del sistema de seguridad ciudadana, así como la instauración de un nuevo modelo de gestión penitenciaria.

Es así que nuestro acercamiento a estrategias preventivas de combate de la criminalidad, se ha dado a través del Plan de Seguridad Democrática, especialmente por medio de una serie de programas que contemplan la participación activa de la comunidad en la solución de los conflictos. Uno de estos programas es el denominado “Barrios Seguros”, el cual, a grosso modo, contempla la intervención preventiva de la Policía Nacional en determinados barrios de la capital y Santiago, la recuperación del espacio social y público de las comunidades y sus organizaciones para el ejercicio pleno de sus derechos democráticos, el restablecimiento de la presencia del Estado y de sus instituciones en dichas zonas, el funcionamiento eficiente de los sistemas de salud, educación, vivienda, energía eléctrica, empleo, recreación y cultura, así como el acercamiento entre la Policía y la comunidad. Algunas de las importantes iniciativas de este programa han sido: •

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Banco de mi barrio: fondo de apoyo a iniciativas productivas de familias en los Barrios Seguros, a través del cual se le otorgan créditos financieros para el desarrollo de pequeños negocios o microempresas. A la fecha se han financiado 445 negocios a igual número de familias. Becas para mi barrio: medio diseñado y ejecutado para facilitar los estudios universitarios a jóvenes de los barrios intervenidos, proporcionándoles la oportunidad de formación académica de calidad que les permita insertarse posteriormente en una actividad productiva y social. A la fecha se han otorgado un total de 228 becas a futuros jóvenes profesionales.

Apoyo a víctimas de violencia: mediante Resolución 08-05 de

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fecha 1 de agosto de 2005, se ha establecido una Cuenta en Fideicomiso para víctimas de violencia, supervisada por una Comisión de Garantes. El fideicomiso está autorizado específicamente para socorrer a los afectados por balas perdidas, a los policías caídos en el ejercicio de sus funciones y para contribuir con campañas de no violencia.

Incubación de empleos: Conscientes de que la inserción y el acceso al empleo inciden de manera directa en la prevención de la delincuencia, esta iniciativa consiste en la conformación de una base de datos contentiva de las informaciones necesarias sobre los jóvenes aptos para el trabajo, para luego emplearlos al cumplir un proceso de selección.

La implementación de dicho plan, desde el año 2005, estuvo precedida de un diagnóstico general de la problemática de la seguridad en República Dominicana, a partir del cual se identificaron las diferentes líneas de acción. En síntesis, procuramos, en el caso específico del Ministerio Público, que pueda estar en la capacidad de identificar sin mayores problemas las situaciones que generan hechos delictivos, además de proceder a su análisis, para lo cual es también necesario el intercambio de experiencias con las demás instancias e instituciones ligadas al problema de la delincuencia. En este sentido, hemos elaborado, asimismo, un documento base que contiene los lineamientos generales de la política criminal del Estado, en el cual se trazan los ejes de dirección política y estratégica que sirven de orientación a las acciones dirigidas a la prevención, investigación y persecución del delito.

En sentido más amplio, en el marco del CARICOM, se han adoptado varias medidas importantes para enfrentar los emergentes problemas de la seguridad regional. Tal vez la iniciativa regional más importante, en el ámbito de la lucha contra la delincuencia y la violencia, ha sido la creación del Grupo Regional de Tareas sobre Delincuencia y Seguridad, el cual ha identificado

las siguientes amenazas en la región: el tráfico de drogas, la proliferación de armas de fuego, la corrupción, el aumento de los delitos contra las personas y la propiedad, la creciente falta de orden y legalidad, la pobreza y desigualdad y el terrorismo, por lo que tenemos un inmenso reto por delante como región para combatir y disminuir las diversas causas y consecuencias de la violencia y la criminalidad en nuestros países.

A modo de conclusión

Finalmente, creo que ha llegado el momento de que la criminalidad y la violencia sean enfrentadas como flagelos que impiden el desarrollo económico y social, así como la tan anhelada convivencia pacífica de nuestros pueblos. Debemos hacer conciencia de que no es posible alcanzar el desarrollo mientras nuestras sociedades estén cada vez más pobres, más armadas y con su juventud inmersa en la delincuencia a toda escala. Asimismo, entiendo que hemos delegado demasiadas responsabilidades en el sistema de justicia penal, debiendo ser el que persiga el delito, condene los criminales y al mismo tiempo procure disminuir la percepción de inseguridad, en detrimento de enfoques complementarios que pueden ser mucho más efectivos a la hora de reducir y prevenir los delitos. Al mismo tiempo, también es crucial considerar en este análisis que existen ciertos tipos de delitos, en especial la delincuencia organizada, que son difíciles de combatir sólo a través de medidas preventivas, para lo cual es fundamental el fortalecimiento de nuestros sistemas de persecución. A su vez, una prioridad latente es la implementación de sistemas de información para la medición de indicadores de desempeño de las políticas implementadas, pues una iniciativa que no pueda medirse, muy difícilmente pueda ser aprovechada y ampliada a otros escenarios. En definitiva, tenemos el compromiso de seguir aportando para la consolidación y fortalecimiento de nuestras instituciones, promoviendo la formulación de políticas que hagan frente a las nuevas amenazas a la seguridad. Muchas gracias

Ministerio Público

El Indulto: Una institución satisfactoria para unos y fuente de críticas para otros Para los abogados y demás científicos sociales, una figura jurídica adquiere la categoría de institución cuando arraigada en la práctica social por un prolongado periodo de tiempo sirve de fundamento a actos trascendentes para la sociedad. El indulto es ciertamente una institución del mundo y de República Dominicana. Vetusta, longeva, de rancia tradición histórica; siempre de actualidad, pero siempre construida sobre arenas movedizas. Una institución intrínsecamente polémica. Sus orígenes se remontan al medioevo, donde se configuró como un derecho del rey para liberar a los condenados a muerte. Con el tiempo se transformó en el asilo, evolucionó hacia formas jurídicas que en el Derecho Internacional Público se convirtió en amnistía (Indulto Político) y en el Derecho Común, en el indulto propiamente dicho. En la República Dominicana hizo su aparición en el artículo 25 de la Constitución de 1844, permaneciendo en las Constituciones posteriores con las transformaciones que han correspondido a cada periodo histórico. En la Constitución de 1963 (Art. 55, numeral 26) aparece con una redacción similar a la consagrada por la Constitución actual. En la Constitución de 1963 el indulto podía ser otorgado en fechas distintas a las del 27 de Febrero, 16 de Agosto y 23 de Diciembre, y siempre con arreglo a la ley. El indulto es una institución histórica que ha sido acogida por la mayoría de las constituciones del mundo como una expresión de una concepción abierta y pluralista de la separación de los poderes, en el entendido de que la Justicia Estructural no siempre expresa la justicia como valor humano y divino. Así pues, el indulto se convierte en un acto de administración de justicia vedado a los jueces y una necesidad de la compensación de los límites que tienen éstos en la función aplicativa del Derecho. Las facultades para otorgar el indulto son atribuidas a órganos distintos, según los diferentes países. En unos casos, las facultades son del Presidente, como ocurre en: Los Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Irlanda y una parte importante de los países de América Latina. En otros países, las facultades corresponden al Rey o la Reina, como ocurre en España y en el Reino Unido. En unos terceros países, la atribución es compartida entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pero sin llegar a judicializar la institución, lo que impide hacer un nuevo juicio para poder llegar al indulto. En la mayoría de los países el indulto tiene base Constitucional. En otros, siendo el indulto una facultad Constitucional,

Ministerio Público

Mariano Germán Mejía. Abogado, Ex-procurador general de la República mgerman@german.com.do

es objeto, a la vez, de regulación adjetiva, como ocurre en España, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia e Italia. Siempre habrá razones para justificar el indulto. Todo condenado tiene derecho a solicitarlo, en tanto que el Soberano tiene la facultad de otorgarlo. Mientras más se endurecen las penas, mayor es la razón para que exista el indulto. En un país donde exista la pena de muerte y la pena privativa de libertad a perpetuidad, siempre se justificará el indulto; amén de que es dulce perdonar y amargo negar el perdón. O, como dijera el entonces Presidente de Chile, en 1996, al indultar a Cupertino Andaur, condenado por el asesinato del menor Zamorano Jones: “He decidido con consciencia, adopto esta decisión inspirado en mis principios y mis valores, sostenidos y expresados con profunda convicción a lo largo de los años. No puedo creer que para defender la vida y castigar al que mata, el Estado deba a su vez matar. La pena de muerte es inhumana como el crimen que la motiva. Sólo Dios da la vida y sólo Dios puede quitarla.” Con el indulto raras veces el Estado pierde, aunque con él renuncie a un poder primitivo y actual, que es el de encarce-

lar. Razones de equidad, de oportunidad o de conveniencia pública vendrán en las diferentes ocasiones a justificar el indulto y a negar su supresión. Como política criminal nunca dejará de tener justificación, particularmente en presencia de una condenación firme de largo plazo y a favor de quienes estén incapacitados para cumplirla o frente a quienes el cumplimiento de la sanción de encarcelación no aportará ninguna ventaja. En España, por ejemplo, han sido memorables los casos en los cuales los tribunales pronuncian sentencias de condenación y al mismo tiempo solicitan el indulto; por ejemplo, en una sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero de 1992, a Enrique Ruiz Vadillo, el tribunal le confirmó la sentencia impuesta en estricta aplicación de la ley y a la vez le solicitó el indulto por razones de equidad y de justicia, particularmente, porque al haber transcurrido cerca de 14 años de la comisión de los hechos, se estaba juzgando un hombre - el acusado - distinto en sus circunstancias personales, familiares y sociales, y por lo tanto, la pena no cumpliría su intrínseca función de ejemplaridad, de rehabilitación o de reinserción social. Los motivos para el indulto siempre serán particulares, por eso en diferentes países, unas veces la Constitución, otras veces la legislación adjetiva, prohíben los indultos generales. Un acto de un hombre común afecta a uno o a varios. Un acto de un Presidente afecta a muchos, porque él representa a muchos. Por esto último, cuando un Presidente indulta a un particular la crítica es de muchos o muchos son los que aplauden el indulto. Lo cierto es que, a pesar de los cuestionamientos, los Soberanos seguirán indultando y las críticas siempre harán su presencia. Gerald Ford indultó a Richard Nixon el 8 de septiembre de 1974 por la conducta oficial delictiva que dio lugar al escándalo “Watergate”. Andrew Johnson indultó a antiguos oficiales y militares confederados, tras la guerra civil americana. Jimmy Carter amnistió a los desertores de la guerra de Vietnam. George H. W. Bush perdonó a seis oficiales de la administración de Reagan, condenados con relación al asunto “Irangate”. Bill Clinton perdonó a los terroristas de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y a 140 personas más en su último día de presidencia. Después de dos condenas consecutivas a 20 años de prisión y al pago de una indemnización de RD$73,000,000.00 a favor del Estado dominicano, el ex - presidente Salvador Jorge Blanco fue perdonado. Casos similares a los que ya hemos narrado ocurren en el mundo de hoy y en países mucho más avanzados que el nuestro, como en Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y otros. El indulto exige un exquisito ejercicio de responsabilidad y de generosidad para el gobierno que lo disponga. En muchos casos exigirá de una considerable determinación, que momentáneamente puede ser juzgada arbitrariamente por la sociedad. Por estas razones -escribía Montesquieu en el “Espíritu de las leyes”, refiriéndose a la clemencia del Príncipe- se preguntaba “¿Cuándo hay que perdonar?”, y éste respondía: “Es algo que se siente pero que no se puede prescribir. No es posible prescribir al Gobierno lo que debe hacer,

pues sólo a él corresponde la responsabilidad de adoptar la decisión de indultar que no puede endosar a ninguna otra instancia, porque en nuestro sistema jurídico, por sorprendente que pueda parecer a algunos, el último reducto, la última esperanza para la realización de la Justicia está en el Gobierno de la Nación.”. El indulto es el ejercicio de una facultad Constitucional, un acto inmotivado, porque no requiere de motivos que tienen que ser explicitados. Una facultad, cuyo ejercicio no está sujeto a control de jurisdicción alguna. Un acto administrativo sin control parlamentario. Un acto no judicial, pero que incide sobre la Justicia como política criminal. Indultó el Rey Juan Carlos por Decreto General de 1977. Indultó Simón Bolívar a los realistas en Venezuela, por Decreto del 7 de diciembre de 1813. Indultó de manera general Hugo Bánzer Suárez, por una ley especial del año 2000, en ocasión de la celebración del Gran Jubileo y el advenimiento del Tercer Milenio. Se producen indultos en todas partes del mundo, por razones y causas distintas, y pese a la comisión de infracciones distintas, aunque sería preferible que en el mundo entero, para ciertas infracciones, no hubiera derecho a indulto, verbigracia: violaciones graves a los derechos humanos, asesinatos, parricidio, traición a la patria, violaciones a menores seguidas de muerte, etc. En definitiva, el indulto es una institución que no está llamada a desaparecer, porque el derecho al perdón siempre existirá. El gran problema que enfrenta la humanidad no es porque el indulto es un derecho o una atribución del Soberano, y ni siquiera porque es un acto de justicia, de equidad y de utilidad pública. El gran problema es que esta figura histórica pone en juego juicios de valores acerca de lo que es éticamente correcto o éticamente incorrecto. Ahí comienzan las disquisiciones a favor o en contra de la gracia presidencial, de la clemencia del Soberano, la cual se convierte en alegría para unos y en fuente de críticas para otros. Como abogado no puedo permanecer callado ante una andanada de críticas conducentes a que una institución milenaria sea llevada al patíbulo sin defensa. Ministerio Público

Escuela nacional del Ministerio Público, COMPROMETIDA CON LA EXCELENCIA EN LA ADMINISTRACIOn DE JUSTICIA Dina Llaverías, fiscal adjunta de Santiago Discurso para el acto de graduación de la novena, décima y décimo primera promociones del Programa Extraordinario de Formación (PEF) de la Escuela Nacional del Ministerio Público. La ejecución de todos los esfuerzos de la Procuraduría General de la República, y en particular de la Escuela Nacional del Ministerio Público, tiene un impacto determinante que opera en beneficio de la sociedad. Una adecuada formación del Ministerio Público nos da una oportunidad de desempeñar un rol adecuado en nuestras antiguas y nuevas labores.

Dina LLaverías recibe una placa de reconocimiento del procurador Radhamés Jiménez en una de las ceremonias de graduación del PEF, acompañados del director de la ENMP, Ramón Núñez.

La Escuela Nacional del Ministerio Público es una institución cuya misión es contribuir a la excelencia de la administración de justicia mediante la institucionalización de la carrera del Ministerio Público a través de una adecuada selección, evaluación y formación integral, técnica y especializada de sus aspirantes, empleados y funcionarios, de conformidad con los valores de una sociedad democrática.

En el aspecto formativo, uno de los programas que integra la oferta curricular que ofrece la escuela es el Programa Extraordinario de Formación del Ministerio Público (PEF), el cual está dirigido a todos los magistrados del Ministerio Público que sobrepasaron las evaluaciones llevadas a cabo por la escuela en el año 2005.

Su objetivo es ofrecer un nivel de formación integral en el área del Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y disciplinas afines, que permitan a los miembros del Ministerio Público fortalecer sus conocimientos y desarrollar las competencias necesarias para un adecuado desempeño de sus funciones. Específicamente, dotando de los conocimientos para el mejoramiento de la calidad en el ejercicio de sus funciones, promoviendo la unidad de criterios y procedimientos, desarrollando destrezas y competencias requeridas para participar como actor en el proceso penal y fomentando una cultura de valores desde una perspectiva práctica e institucional.

Ministerio Público

Desde la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público está revestido de un rol protagónico en el sistema de administración de justicia, al pasar a asumir roles de investigación, al tiempo de verse obligado a respetar estrictos plazos en las diferentes fases del proceso, y a sustentar sus acusaciones mediante la presentación de elementos de pruebas más contundentes en procura de lograr condenas en contra de aquellos individuos que transgredan nuestras leyes penales.

Este aumento en nuestras responsabilidades enmarcadas en un código garantista que demanda el respeto de los derechos del imputado, la celeridad de los procesos y que exige un elevado nivel de desempeño, se enfrenta también a nuevas realidades: un aumento en el índice de la criminalidad, un mayor fortalecimiento, profesionalización, organización e internacionalización de los elementos criminales y un aumento en el registro de delitos de mayor gravedad (como narcotráfico, secuestros, asaltos, robos y homicidios). Dicho lo anterior, la capacitación recibida no nos da una ventaja, si no que es una herramienta indispensable para hacer frente a las anteriores realidades. Sin embargo, des-

La buena y la mala fortuna es el resultado de nuestras acciones. La recompensa y el justo castigo nos siguen como sombras. LAO TSE

de mi punto de vista, el sistema de administración de justicia aún tiene grandes retos:

1.- La capacitación continuada, haciendo énfasis en los aspectos técnicos específicos relativos a la labor particular desempeñada por cada Ministerio Público, como son: técnicas de conciliación, técnicas de investigación, preparación de casos, técnicas de litigación, utilización de equipos y sistemas informáticos, soluciones alternativas al conflicto, entre otros. Como parte de este punto es necesario conformar comisiones cuyo objetivo sea la identificación de necesidades de este tipo de capacitación, según la necesidad de cada distrito o departamento. 2.- Dotar de los recursos y la tecnología necesaria al Ministerio Público y los cuerpos investigativos, para poder desempeñar a plenitud las responsabilidades adquiridas: seguridad, transporte y comunicación, recursos informáticos, recursos humanos, así como recursos materiales y equipos.

3.- Complementación y actualización continua del Sistema de Investigaciones Criminales, procurando acceso a informaciones de sistemas de las distintas instituciones del Estado que nos puedan suministrar datos relacionados a casos en investigación, como son Junta Central Electoral, Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Pasaportes, Dirección General de Migración, Dirección General de Prisiones y de las unidades investigativas como la Policía Nacional y departamentos investigativos de las Fuerzas Armadas, incluyendo alimentación de records de huellas dactilares e informaciones de pruebas de DNA, cuando aplique. Qué logramos con hacer correctos y ejemplares levantamientos de huellas dactilares cuando no contamos con un banco de datos que nos permita hacer las comparaciones y comprobaciones de lugar? 4.- Continuación de la aplicación plena del reglamento de Carrera del Ministerio Público, como incentivo a los miembros actuales y futuros a observar comportamientos y desempeños adecuados con la esperanza de promociones, del mismo modo que es visto en el sector privado. Todo en procura

de lograr que muchas de estas personas que han sido capacitadas y que han adquirido experiencias en años de ejercicio puedan permanecer ejerciendo sus funciones para provecho de la sociedad.

5.- Evaluaciones objetivas del Ministerio Público que permitan asegurar el desempeño de sus labores acorde los niveles de excelencia y a los valores demandados por la sociedad. Estas evaluaciones deberían medir el nivel de satisfacción del usuario, la calidad técnica de la labor, la ética y honestidad, con el doble propósito de separar del servicio a aquellos que no estén realizando la labor encomendada y de identificar a aquellos que puedan ser promovidos a posiciones de mayor envergadura teniendo como base sus resultados.

6.- Mantenimiento de niveles de compensación justos para el Ministerio Público, que aunque se saben servidores con vocación de servicio, puedan sostener un nivel de vida digno y seguro para ellos y sus familias. 7.- La creación de la uniformidad de las reglas que gobiernan la institución, es decir, un verdadero modelo de gestión, que se respete en cada estamento, de tal modo que sean determinadas sus verdaderas funciones, que haga sólida la función de dicho funcionario y que no se trabaje en cada lugar como una fiscalía aislada de las demás. 8.- El establecimiento de mecanismos de coordinación en los que los funcionarios del Ministerio Público realicen actuaciones en conjunto con estamentos investigativos de la Policía y demás organismos afines del Estado, que asegure el ejercicio de la acción pública con criterios de objetividad, con el propósito de que permita una justa aplicación de la ley penal en defensa del interés general.

Obviamente, estas no son tareas a concluirse en el corto plazo. Tampoco las sociedades son estáticas y este dinamismo obliga a instituciones como las nuestras a adaptarse a las necesidades que se presentan. Se ha avanzado mucho y tenemos la fe y la firme convicción, de que seguiremos caminando hacia el progreso de la institución. Pero esto no sólo se

consigue con la voluntad de los gobernantes y funcionarios envueltos en este sistema, sino con la ejecución de verdaderos planes estratégicos con objetivos definidos que giren en torno al fortalecimiento institucional, dejando de lado la mediocridad. En nombre de las promociones que hoy se gradúan quiero agradecer:

Primero a Dios por darnos la oportunidad de ser miembro de esta familia y permitirnos llegar a este preciado momento. A todo el personal de la Escuela Nacional del Ministerio Público por el apoyo brindado, por su paciencia y colaboración.

A los profesores, quienes con gran dedicación se esforzaron en compartir sus valiosos conocimientos, cada cual con su estilo propio; desde la dulzura de Sandra hasta los sobresaltos del Dr. Nieves.

A nuestras familias, quienes muchas veces sin ser consultados se ven sacrificados por las exigencias que nuestra carrera nos impone. Particularmente durante este periodo del PEF, durante el cual los graduandos destinamos tantas horas a asistir a clases y muchas horas más al estudio y preparación de trabajos o de exámenes.

A nuestros compañeros de trabajo quienes fueron el soporte de nuestras funciones mientras nos encontrábamos cumpliendo con los requerimientos de este grandioso programa.

Y qué decir de nuestros compañeros de aula? En especial mis compañeros del PEF X, colaboradores, amigos, colegas. De cada uno llevo un recuerdo especial en mi corazón, un grupo verdaderamente bendecido por Dios.

Me siento orgullosa de formar parte de este gran equipo. Un grupo con una gran responsabilidad sobre sus hombros, constituido en gran medida por gente buena, hombres y mujeres valientes y con gran vocación de servicio, comprometidos con la nación a ofrecer una administración de justicia ética, imparcial, eficiente y objetiva en beneficio de la víctima y la sociedad. Ministerio Público

A fin de extirpar podredumbre

Arrecian depuración cuerpos militares y policiales

Más de mil de sus miembros han sido cancelados por narcotráfico, trata de personas y otras inconductas

El secretario de la Presidencia, César Pina Toribio, en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional para anunciar la cancelación de los policías corruptos. Figuran, el jefe de la P.N., Rafael Guzmán Fermín; el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda; el procurador Radhamés Jiménez, y el secreterio de las FF.AA., Pedro Peña Antonio.

Víctor Julio Núñez

victorj37@hotmail.com En hechos sin precedentes en la vida de la Policía Nacional y los organismos castrenses, cientos de oficiales superiores, medios y alistados han sido cancelados y suspendidos de esas instituciones por su vinculación al narcotráfico, los viajes ilegales, el soborno, la extorsión y otros hechos reñidos con la moral y las leyes.

En lo que va de gestión de Julio César Ventura Bayonet, en la Marina de Guerra (MDG) han sido retirados y puestos a disposición de la justicia, más de 50 de sus miembros, los primeros de los cuales fueron vinculados al caso de la matanza del municipio de Paya, Baní, en agosto de 2008, en la que siete colombianos resultaron muertos. El caso está relacionado con el robo (tumbe) de un cargamento de droga procedente de Colombia que degeneró en un ajuste de cuentas a cargo de sicarios en el que habrían actuado de manera directa algunos de los altos ofi-

Ministerio Público

El presidente Leonel Fernández ordenó a la jefatura de la Policía Nacional la cancelación y el sometimiento a la justicia de 22 agentes, entre ellos varios oficiales, acusados de actuar en complicidad con bandas de narcotraficantes que se disputaban el control de la venta de drogas en diferentes localidades de Puerto Plata, y de cometer varios crímenes.

cretarios de la Presidencia, César Pina Toribio; de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, y de las Fuerzas Armadas, Pedro Peña Antonio, todos integrantes del Consejo de Seguridad Democrática.

El mandatario tomó la decisión luego que los integrantes del Consejo de Seguridad Ciudadana se reunieran por 45 minutos con el jefe de Estado en su despacho del Palacio Nacional.

Los oficiales dados de baja y sometidos a la justicia son el coronel Frank Féliz Almonte Castillo, encargado de la sección de asuntos criminales de Puerto Plata; el teniente coronel José María Díaz, mayor Freddy Guillén Méndez y los primeros tenientes José Cepeda Rubio y José Manuel Tobal Polanco.

La información la ofreció el jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, en rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, acompañado del procurador general de la República, Radhamés Jiménez; los se-

Además, los segundos tenientes Ramón Antonio Vásquez, Cristian Ferreras Hernández, Pedro Toribio Álvarez, Rafael Antonio García, Rafael de Jesús María Vargas Peña, el sargento Pedro Portorreal Reyes y el cabo Danny Domínguez Tavárez.

Las declaraciones del Presidente El presidente Leonel Fernández advirtió el pasado 27 de Febrero, al depositar sus Memorias ante la reunión de las cámaras legislativas, que no le temblará el pulso para limpiar y aplicar todo el peso de la ley a “aquellas lacras sociales que con sus malas acciones empañan el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas”, tras deplorar la participación de militares y policías en el narcotráfico y otras acciones delictivas. Rafael Guillermo Guzmán Fermín

Se recuerda que en su discurso de juramentación el 16 Agosto del pasado año, ante la Asamblea Nacional que integran las cámaras del Senado y de Diputados, el mandatario había advertido la necesidad de una limpieza profunda en los cuerpos armados y la Policía Nacional para liberarlos de esas lacras, y luego en una comparecencia en el programa El Día, que produce el periodista Luis Eduardo Lora (Huchi) por Telesistema Dominicano, canal 11, declaró que era necesario hacer una depuración en la Policía y la FF.AA. para evitar que sus miembros se involucren en acciones de narcotráfico y otros delitos. Por ejemplo, consideró inaceptable que tantos miembros de la MDG estén vinculados en la matanza de siete colombianos en la comunidad de Ojo de Agua, del municipio de Paya, Baní. “Yo pienso que por lo que ha pasado ahí, nosotros tenemos que hacer una depuración de la Policía y las Fuerzas Armadas. Hay que continuarla, hay cosas que no son aceptables, hay cosas que están ocurriendo y que han ocurrido a ese nivel que no son aceptables y por tanto hay que depurarlos, necesariamente hay que hacerlo”, enfatizó.

Julio César Ventura Bayonet

ciales sancionados, los cuales deberán también responder en los tribunales por la violación a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas. El pasado 13 de febrero, tres oficiales superiores de la MDG y cuatro alistados fueron cancelados por tráfico ilícito y trata de personas (violación a la

Fernández lamentó que sólo se descubra el involucramiento de militares y policías cuando ocurren hechos como los de Paya, porque “quién podría pensar que tantos oficiales de la Marina estuvieran involucrados en eso”. Consideró que Estados Unidos no ha colaborado lo suficiente con República Dominicana para enfrentar el tráfico de drogas. Explicó que en el país la droga ha tenido dos etapas, cuando era utilizada como puente y ahora que parte de la droga es dejada aquí para consumo y los consumidores cuando no tienen para adquirirla matan y roban para conseguir dinero. Ley 137-03), según lo anunció el jefe de ese organismo, Ventura Bayonet.

En la PN

Este sargento de la Policía involucrado en un atraco contra un extranjero ni se inmutó cuando el jefe de la institución lo despojó de sus insignias por alta traición.

En tanto, que ya suman más de mil los miembros policiales separados, suspendidos o cancelados durante la actual gestión que encabeza Guzmán Fermín. El jefe policial explicó que las medidas dispuestas se producen cumpliendo instrucciones del presidente Leonel Fernández de profundizar el proceso de depuración dentro de la Policía y los cuerpos castrenses. Ministerio Público

En la Marina de Guerra CASO BONAO Una semana antes del caso de Puerto Plata, la dotación entera de Bonao, provincia Monseñor Nouel, había sido sacada de su jurisdicción, y sus comandantes y miembros sometidos a una rigurosa investigación, por supuesta vinculación con acciones reñidas, luego que en la lista de un conocido narcotraficante apresado figuraran como beneficiarios los nombres de oficiales y agentes policiales. “Como jefe de la Policía he asumido el compromiso de depurar la institución y este caso es una muestra de la vigilancia que es implementada sobre las actuaciones policiales”, precisó Guzmán Fermín. Advirtió que ha trazado la “raya de Pizarro”, para que a partir de ahora los buenos policías se coloquen a la derecha y los malos a la izquierda. Recalcó que recibirán todo el peso de la ley los policías que deshonren el uniforme al cometer actos reñidos con la moral y los principios de transparencia social. “No permitiré que el lodo de sus acciones salpique el uniforme que tanto sacrificio ha costado a miles de hombres y mujeres que por 73 años han dedicado parte de sus vidas a servir a la sociedad”, señaló.

Recién cancelados en la MGD

Cap. corbeta Amílcar Rafael Soto Candelario Cap. corbeta Beethoven B. Matías Alba

Tte. de navío Jonathan José Jiménez Peña

Alférez de navío Alonso Ferrera Mercedes Alférez de fragata Rafael Montero Mateo

Alférez de fragata Francisco Tejeda Ramírez

Alférez de fragata Francisco Valera González. Anteriores cancelados en la MGD

Edward Mayobanex Rodríguez Montero

Un informe de la Marina indica que de acuerdo a las investigaciones realizadas por una Junta de Oficiales de las Fuerzas Armadas, los miembros cancelados aceptaron sobornos por sumas de dinero no precisadas, lo que constituye una violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal, y a la Ley 137-2003 sobre tráfico ilícito de inmigrantes, en este caso hacia Puerto Rico. Se les acusa de estar vinculados a una red de traficantes de dominicanos y cubanos que transportaban personas hacia dicha isla en barcos veleros que llegaban a polos turísticos.

Anterior a este grupo, fueron cancelados de la Marina otros 33 oficiales superiores y subalternos, entre ellos algunos que fueron ligados a la matanza de los siete colombianos en Paya, Baní, ocurrida a principio de agosto de 2008.

Policías recién cancelados Coronel Frank Félix Almonte Castillo Teniente coronel José María Díaz

Teniente coronel José María Díaz, director de Investigaciones Criminales de la Policía en Moca Mayor Freddy Guillén Méndez

Primer teniente José Cepeda Rubio

Primer teniente José Manuel Urbáez Polanco Segundo teniente Ruddy Antonio Vásquez

Segundo teniente Cristian Ferreras Hernández Segundo teniente Pedro Toribio Alvarez Segundo teniente Rafael Antonio García

Segundo teniente Rafael de Jesús Vargas Peña Sargento Pedro Portorreal Reyes Cabo Danny Domínguez Tavárez

Otros militares cancelados por delitos varios

Ricardo Guzmán Pérez

Coronel Luis Gregorio Grullart Santos, EN

Robert Peña Valdez

Capitán Carlos Samuel Rodríguez Díaz, FAD

Miguel Peña Figuereo

Miguel Antonio Suárez Silfa José A. Arias Fernández Noel de Jesús Medrano Jorge Tamáriz Santana

Edward Rodríguez Montero Jorge Luis Chalas

Jesús Sánchez Piña

Andrés Tapia Balbuena Luis Herrera Valerio

Miguel Peña Figuereo Jesús Sánchez Piña

Berney Jairo Rodríguez Pérez

Ministerio Público

Coronel José Luis Guillén Guerrero, FAD Mayor José Luis Vargas Cuello, FAD Capitán Alfredo Alonzo, MG

Primer teniente Tomás Montero García, FAD Sargento mayor Leoncio Pérez Pérez, FAD

Sargento mayor Felipe Santana Ferrera, FAD Cabo Domingo Alberto Reyes, EN

Cabo Ángel Miro Féliz Ferrera, EN Cabo Gustavo Adolfo Infante, EN

Cabo Carlos Montero Ramírez, EN

Cabo Harlemt Alberto Martínez, EN

Raso Juan Carlos Sánchez Rodríguez, EN

Raso William Delvin Guzmán Cabrera, EN.

“Nosotros desde que comenzamos las investigaciones por el horrendo crimen de Paya, con una llamada que me hizo el jefe de la Policía, nos pusimos inmediatamente en acción, dando instrucciones precisas al Departamento de Inteligen-

LO QUE DIJO EL SECRETARIO DE LAS FF.AA. El secretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, advirtió que los miembros de los cuerpos castrases que estén ligados a actividades ilícitas, sin importar el rango que ostenten, deben “poner su barba en remojo”, y dijo que el narcotráfico no se anidará en la institución que dirige. Peña Antonio habló sobre el tema a propósito del apresamiento en Puerto Plata de 27 agentes de la Policía Nacional, entre ellos un coronel, un teniente coronel, un mayor, varios tenientes y suboficiales, a quienes se les atribuyen nexos con el narcotráfico y otras acciones delictivas. El militar superior insistió en que se tomarán medidas contra cualquier miembro de los institutos castrenses vinculados a actividades delictivas, especialmente con el tráfico de drogas. Peña Antonio sostuvo que no tolerará ningún tipo de delito y de manchas en las Fuerzas Armadas. “Como lo hemos dicho anteriormente, el que no pueda tener el uniforme militar que pida su baja y se dedique a otras actividades”, indicó.

cia de la Marina, el M-2, y le hemos proporcionado todos los datos que teníamos ya recogidos alrededor de los oficiales envueltos en dicho caso”, sostuvo el jefe de la institución, Ventura Bayonet.

El Procurador en Moca El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, aseguró que el gobierno completará la labor de limpieza que lleva a cabo en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para liberarlas de “las frutas dañadas”, y dijo esperar que esa misma política se aplique en las demás instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio Público, el cual dirige. En respuesta a una pregunta sobre los más recientes hechos delictivos ocurridos en el país, principalmente el asalto a la empresa Parmalat, por parte de militares encabezados por el mayor Jorge Luis Vargas Cuello, de la Fuerza Aérea, Jiménez Peña opinó que “en realidad ya se inició la labor de profilaxis dentro de las instituciones castrenses y policiales, y será completada para dejarlas totalmente limpias”. Enfatizó en que debe insistirse en el acercamiento de la Policía con la sociedad, a fin de facilitar oportunidades a los jóvenes de los barrios, para que puedan estudiar, trabajar y recrearse a través de la práctica de los deportes. “Debemos crear una serie de actividades colaterales, concomitantemente con el empoderamiento de las autoridades judiciales, de salud, deportivas y educativas, lo que sería una forma más efectiva en el combate contra la delincuencia”, puntualizó.

UN caso Lamentable

Jefe de la Fuerza Aérea deplora participación de mayor en un atraco Como un hecho lamentable y una traición a la patria definió el jefe de la Fuerza Aérea la acción del mayor José Luis Vargas Cuello, herido cuando encabezaba un asalto a una planta de la empresa lechera Parmalat, en Villa Duarte, a escasos metros de la Dirección de Inteligencia de la Marina de Guerra (M-2). Carlos Rafael Altuna Tezanos in-

formó que inmediatamente se enteró del caso, solicitó al Poder Ejecutivo la cancelación del nombramiento del oficial, quien era un militar de carrera con más de 20 años de labor. Dijo que depuraban a todo el personal que trabajó con Vargas Cuello, para ver si hay alguno involucrado en el caso.

Ministerio Público

En ocasión de aniversario

Gradúanse 90 internos del CCR de Elías Piña Inauguran Biblioteca donada por el Comisionado

El Centro de Corrección y Rehabilitación de Elías Piña conmemoró el pasado 9 de febrero con diversos actos, el tercer aniversario de su incorporación al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, que incluyeron una ceremonia de graduación de internos en diferentes oficios y la inauguración de una biblioteca donada por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia.

Graduación

Los 90 internos recibieron certificados en las áreas de inglés, electrónica, cómputos y de confección de velones aromáticos. También, recibieron certificados 30 internos que fueron alfabetizados. Los actos se realizaron con la presencia de las principales autoridades que tienen a su cargo la implementación del nuevo sistema, entre ellos, el supervisor de Prisiones, Henry Garrido, quien representó al procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; el comisionado de Justicia, Lino Vásquez, y el coordinador del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Roberto Santana. Además, presidieron los actos, el director de Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y el director del referido centro, Adolfo de Jesús Serrata Aquino.

Parte de los graduandos.

En la actividad también participaron miembros del Ministerio Público de los municipios de Comendador y San Juan de la Maguana, así como autoridades civiles y militares.

La Biblioteca

La Biblioteca inaugurada por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) forma parte del programa “Dona Libertad, Ellos y Ellas Tienen Derecho a la Lectura”.

Con ello se persigue, según lo declaró Lino Vásquez Samuel, coordinador

del CARMJ, enviar un claro mensaje a la sociedad del interés que tienen las autoridades en rehabilitar a los internos. “En coordinación con el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, nos hemos propuesto que cada interno e interna que entre al sistema penitenciario reciba capacitación en distintas áreas y que tenga acceso a la lectura”, indicó. Sostuvo que la sociedad resulta beneficiada enormemente cuando un interno sale de prisión con una mentalidad diferente “y de ahí la importancia de educar a las personas que violan la ley”. Manifestó que la biblioteca cuenta con más de 3,000 libros para que las personas privadas de su libertad puedan tener una segunda oportunidad en la vida y capacitarse en distintas áreas.

Invitados al acto observan anaqueles de libros de la biblioteca.

Ministerio Público

Con la inauguración de la biblioteca en Elías Piña suman ocho los centros similares habilitados en distintos recintos del país, con lo que se lleva enseñanza a personas que requieren de todo tipo de asistencia, indicó el Comisionado de Justicia.

Valor probatorio del acta de infracción levantada por la Secretaría de Trabajo En nuestra condición de fiscal penal laboral del Distrito Nacional, nos mueve a preocupación el hecho de que en algunos Juzgados de Paz, jurisdicción ésta donde ponemos en movimiento el ejercicio de la acción pública para conocer las violaciones de carácter penal laboral por las transgresiones a las leyes laborales, se tengan criterios distintos con relación a la fuerza probante del acta de infracción levantada por la Secretaría de Estado de Trabajo por medio de sus inspectores. A qué nos referimos: El Código de Trabajo en su artículo no. 441 establece lo siguiente: “se tendrán por ciertos, hasta inscripción en falsedad, los hechos relatados en el acta, siempre que ésta haya sido firmada a la vez por los testigos y por el infractor o su representante, sin protesta ni reservas. En caso en que dicha acta instrumentada por el inspector no esté firmada por el infractor ni por los testigos, la misma hace fe hasta prueba en contrario, la cual puede realizarse por todos los medios”.

Analicemos el problema en cuestión Cuando el acta de infracción que levanta el inspector de trabajo es firmada por el infractor y por los testigos, entendemos la argumentación de algunos jueces, en el sentido de que bajo el esquema del Código Procesal Penal, este artículo ya no tiene vigencia, dada la libertad probatoria de que disponen las partes, en este caso el imputado. Además de que este artículo entra en contraposición con lo que establece el principio de inocencia del cual está beneficiado todo imputado, hasta tanto no recaiga una sentencia que haya adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que mal haría el juez en condenar al propietario o representante de una empresa por el hecho de haber consentido su firma en un acta, sin dársele la oportunidad de que pudiera demostrar lo contrario, amparado en los distintos modos de pruebas que el Código Procesal Penal pone a su disposición, y más de que estamos en un sistema totalmente adversarial, donde justamente lo que tiene el juez a la hora de emitir una sentencia es la prueba de cargo o descargo que les son sometidas por cada una de las partes. Pero ¿cuál es nuestra inquietud al respecto? Sucede y viene a ser que algunos jueces en la práctica, entienden que al momento en que el Ministerio Público para los Asuntos Penales Laborales decide poner en movimiento la acción pública para el conocimiento de estas infracciones, le corresponde a él, única y exclusivamente, presentar todas y cada una de las pruebas adicionales al acta de infracción para poder condenar al imputado (empleador o representante) por la violación cometida. Pero la realidad es desde nuestro humilde punto de vista, que si bien es cierto que ambas partes pueden proponer todos los medios de pruebas que entiendan útil para sus medios de defensa, no menos cierto es que cuando el Ministerio Público

José Fernando Rivera Amézquita Procurador Fiscal Penal Laboral del D. N. joserivera172@hotmail.com

presenta acusación en contra de un empleador por la violación a las normas laborales de carácter penal utilizando en la acusación presentada como medio de prueba el acta de infracción levantada por la Secretaría de Estado de Trabajo por medio de uno de sus inspectores, no nos cabe la menor duda, según nuestra modesta apreciación, de que el imputado (empleador) ante esta situación, tendría que aportar la prueba en contrario, a fin de destruir los hechos establecidos en dicha acta de infracción; de no ser así, estaríamos frente a un dilema de gran magnitud, ya que el acta de infracción por la cual está siendo puesta en movimimiento la acción pública en contra de ese empleador, es levantada por un funcionario público habilitado para esos fines, por la propia Ley 16-92, (Código de Trabajo); como es el caso del inspector de trabajo, el cual tiene bajo sus responsabilidades el respeto y cumplimiento de la normativa laboral. Pero además, fundamentamos nuestra posición en lo que establece el propio Código Procesal Penal, cuando en su artículo 172 establece lo siguiente: “Valoración. El Juez o Tribunal valoran cada uno de los elementos de prueba, conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, y las máximas de experiencias, y está en la obligación de explicar las razones por las cuales se le otorga determinado valor, con base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba. Las actas que tienen por objeto la comprobación de contravenciones hacen fe de su contenido hasta prueba en contrario, el cual es el caso que nos ocupa”. Recordando por demás que este artículo 172 que acabamos de transcribir, se ajusta de manera clara y precisa a lo dispuesto por nuestra Suprema Corte de Justicia en su Resolución 1142-05, en donde dicho máximo tribunal establece que el procedimiento mediante el cual habrá de conocerse las infracciones penales laborales sea a través del procedimiento por contravenciones establecidos en los artículos 354 al 358 del Código Procesal Penal. En conclusión, nos adherimos al criterio asumido por algunos jueces de que la presunción establecida en el artículo 441 del Código de Trabajo, ya no puede aplicarse tal y como acontecía en el pasado, donde los jueces cuando conocían una acusación del Ministerio Público, por una infracción penal laboral, si la misma, es decir, el acta de infracción, había sido firmada por el infractor y los testigos, generalmente salvo escasas excepciones, el juez no tenía otra opción que condenar a dicho imputado sin darle la oportunidad de poder combatir dicha acta por otros medios de pruebas. Empero, hacemos la salvedad de que el juez no puede desconocer la fuerza probante del acta de infracción que ha sido levantada por un inspector de trabajo, el cual tiene fe pública en cuanto a los hechos que redacta en su proceso verbal, siempre y cuando el imputado no presente la prueba en contrario del contenido de dicha acta, a los fines de liberarse de la acusación formulada por el fiscal laboral. Ministerio Público

Momentos en que Ramón Evaristo García realiza labores de carpintería en el Centro Penitenciario Juana Núñéz.

Trabajo y arrepentimiento

se hacen camino de esperanza entre internos de Proyecto Penitenciario Salcedo LUISA MATOS Directora de Comunicaciones de Prisiones luisamatos30@hotmail.com

Cambiar la vida de forma radical luego de un fracaso que te llevó a la cárcel es una de las finalidades de cualquier sistema penitenciario moderno que busca borrar la historia de las cárceles abarrotadas de hombres y mujeres sin esperanza, más allá de los barrotes y celdas hacinadas. Ramón Evaristo García, Ramoncito, como se conoce en la Penitenciaria Juana Núñez de Salcedo, está condenado a 20 años de prisión por asesinato. De esos lleva más de 11 cumplidos. Llegó a colocar su vida detrás de las rejas. Pero gracias al Nuevo Modelo Penitenciario que se aplica poco a poco, pero con firmeza en nuestras cárceles, Ramoncito es un hombre que piensa en el futuro. Tiene dos profesiones, ebanistería y soldador. Ambos oficios los aprendió en las es-

Ministerio Público

cuelas que operan dentro del centro Juana Núñez. El cambio de vida de Ramoncito es tal que con la producción de sus dos oficios envía a sus hijos dinero para la manutención, aliviando así la carga que para cualquier hogar significa la ausencia de uno de los dos proveedores.

“Aquí gano 150 pesos por cada butaca que reparamos en el taller de soldadura, y gran parte de ese dinero lo reciben mis hijos y mi esposa. Tengo una tarjeta de ahorro en el Banco de Reservas, y con esos recursos mi mujer no lleva una carga tan pesada”, cuenta muy emocionado Ramoncito. Dice que se siente regenerado. Que en la calle nunca pensó que podía ser un excelente ebanista o soldador. “En mi casa entienden que he cambiado”, expresa el interno Evaristo García, con lágrimas que van saliendo lentamente de sus ojos.

En el Centro Penitenciario Juana Núñez hay 138 internos, de los cuales 14 son

mujeres. Entre esas mujeres está Enerolisa Vásquez, madre de tres hijos y condenada a 5 años por violar la Ley 50-88 que tipifica el delito de tráfico y consumo de estupefacientes. Tan emocionada como Ramoncito, dice sentirse productiva, realizando cursos de manualidades de todo tipo y dedicando su tiempo libre a la lectura.

“Gracias a lo que produzco aquí, con los trabajos de manualidades, puedo ayudar a sostener a los tres muchachos que viven con mi mamá”, dice con mucha firmeza la joven mujer, que ya cumplió más de un año de su condena. Y va más lejos. Desde el encierro se atreve a dar consejos a los tantos jóvenes que como ellas están en las calles, pero recorriendo caminos sumamente erráticos, los cuales sólo conducen a la muerte o a la cárcel.

“Éste no es el mejor camino. Perdí una parte importante de vida. Estoy encerrada, lejos de mis hijos, de mi madre y

mis amigos. Si estás metido en drogas sal de eso porque éste no es el mejor camino”, recalcó una y otra vez Enerolisa, como una forma de estar segura que alguien leerá y reflexionará sobre sus palabras. Cuenta que su madre dice sentirse muy orgullosa del giro que ha dado su vida, a pesar de las condiciones especiales en que se encuentra por violentar la ley. Ella dice estar “orgullosa porque mi niña ya sabe muchas cosas y lleva una vida muy diferente a la que yo llevaba en la calle”, narra una de las 14 internas en el Centro Penitenciario de la provincia Hermanas Mirabal, antigua Salcedo.

Interno de la cárcel Juana Nuñez, trabajando en la reparación de butacas como parte de las terapias ocupacionales.

Consejo Provincial

Desde los años 90, el Centro Penitenciario de Salcedo viene registrando transformaciones con la implementación de programas de educación laboral, buscando que los internos puedan tener un oficio a la hora de reinsertarse a la sociedad.

“Pero el problema de los recintos no era solo de las autoridades, sino de toda la sociedad, y por eso hacemos grandes esfuerzos para llevar hasta las cárceles programas de apoyo a los internos”, comienza diciendo en la entrevista Martha Reyes, secretaria ejecutiva del Consejo Provincial para la Reforma Carcelaria. Esos cambios son significativos en el recinto de Salcedo. Reyes enumera rápidamente los programas que se desarrollan: tenemos un programa de educación básica y media, talleres de electricidad, panadería, manualidades, reparación de inversores y butacas.

Internos que laboran en la reparación de inversores.

Enerolisa Vásquez explica a la periodista Luisa Matos los trabajos de bisutería que realiza en el centro penitenciario. Figura el encargado de seguridad del recinto, José Gregorio Reyes Hernández.

“También producimos butacas para las escuelas públicas, ataúdes, zapatillas, inversores, y los internos trabajan agricultura en la finca, siendo la mayor producción de plátanos y berenjenas”, enumera con orgullo la señora Reyes.

Los internos manejan un invernadero, se especializan en cultivos hidropónicos, y una granja avícola, que es utilizada para la producción de huevos. Las instituciones que cooperan para la ejecución de los programas laborales son la Dirección Provincial de Salud,

La Gobernación, las iglesias Católica y Evangélica, así como la Escuela de Bellas Artes.

También trabaja día y noche en el Centro Penitenciario Juana Núñez, la Casa de la Juventud, legisladores de la provincia y el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI). Los y las internas sostienen que se sienten bien con los programas de capacitación laboral. Del total de la población, 14 realizan deportes, 71 acuden diariamente a los talleres laborales y el resto estudia computadora o cursa los niveles básicos y secundarios de la escuela formal.

El respeto mutuo es la norma en ese centro modelo de nuestro sistema carcelario. El encargado de la seguridad, primer teniente José Gregorio Reyes Hernández, dice que los internos se rigen por las leyes de la disciplina, con la asistencia diaria a los programas de entrenamientos, buscando el objetivo principal de la institución penitenciaria que es la rehabilitación de las y los recluidos. Ministerio Público

Costa Rica:

Pura Vida, paradigma de Institucionalidad Francisco García Rosa * Primer Procurador Adjunto de la CADN y Fiscal Especial Contra Fraudes Bancarios frankiegarcia@hotmail.com

Dato importante, Costa Rica tiene una extensión superficial de 51 mil kilómetros cuadrados y la República Dominicana tiene 48 mil, eso quiere decir que son países más o menos de igual tamaño, sin embargo, la densidad poblacional de los costarricenses es mucho menor que la de los dominicanos, y eso se explica porque la población de los ticos alcanza apenas 3.5 millones de habitantes y la población de los quisqueyanos ya alcanza 9.5 millones de habitantes, aproximadamente. Costa Rica es un país centroamericano el cual, al igual que Panamá, está ubicado en el mismo sur de ese subcontinente. Sus límites son muy claros: todo el norte está ocupado por el país de los nicas, es decir, Nicaragua; todo el sur está ocupado por el país del gran canal, Panamá; al este sus costas están bañadas por las cálidas y cristalinas aguas del Mar Caribe y al oeste, como se sabe, se encuentra el inmenso Océano Pacífico. Aunque la moneda nacional es el colón y los colones circulan por todo el territorio nacional, en Costa Rica también circula con mucha facilidad la divisa internacional, o sea, el dólar. No está demás decir que para los ticos no es extraño la palabra peso, como se le llama a la moneda nacional de algunos países latinoamericanos como Argentina, México, Cuba y República Dominicana, para sólo citar algunos, todo por el constante contacto con esas y otras naciones del área. Con un dólar se adquieren, más o menos, 520 colones y como el peso dominicano se cotiza respecto de la divisa norteamericana al 34 por uno, eso quiere decir que en Santo Domingo quien tiene 34 pesos en Costa Rica tendría 520 colones. Como todas las naciones del mundo, Costa Rica tiene una

Ministerio Público

Volcán Poás, uno de los más imponentes de Costa Rica, que junto al Arenal y al Irazú constituyen una de las maravillas de la naturaleza costarricense.

ciudad capital y se llama San José, la cual, de norte a sur y de este a oeste, se encuentra en el mismo centro del país. Es preciso decir que San José no siempre fue la capital, muchos años atrás la capital fue Cartago. Geográfica y políticamente, Costa Rica está divida en siete provincias en donde se encuentran ubicadas ciudades tan importantes como Limón, Cartago, Liberia, Heredia y Alajuela. La isla del Coco, ubicada al oeste, en las aguas del Océano Pacífico, pertenece a Costa Rica y los ciudadanos de a pie, constante y vehementemente, con mucho orgullo lo hacen saber, lo mismo que con sobrado orgullo hacemos los dominicanos respecto a las islas Saona, Beata y Catalina. Su deporte rey es el futbol como el deporte rey en República Dominicana es el béisbol, el gallo pinto es su manjar preferido, el equivalente a la bandera nacional, que lo constituye el arroz, la habichuela y la carne para nosotros. La virgen de los Ángeles es patrona de Costa Rica, ubicada en la ciudad de Cartago donde acuden en peregrinaje, lo mismo que ocurre con los dominicanos respecto de la virgen de La Altagracia en Higüey. El idioma oficial de Costa Rica, como en la mayoría de los

países latinoamericanos, es el español, aunque, como en Santo Domingo, en la capital costarricense, por la gran actividad turística hay muchos ciudadanos que hablan y escriben muy bien el idioma inglés. En Costa Rica, igual que en República Dominicana, hay libertad de culto, pero hoy por hoy la religión oficial es la católica. Se observa en todo San José una gran actividad de cristianos protestantes y así como nosotros tenemos una ave nacional que es la Cigua Palmera, la de los ticos es el Yigüirro. Dato importante, Costa Rica tiene una extensión superficial de 51 mil kilómetros cuadrados y la República Dominicana tiene 48 mil, eso quiere decir que son países más o menos de igual tamaño, sin embargo, la densidad poblacional de los costarricenses es mucho menor que la de los dominicanos, y eso se explica porque la población de los ticos alcanza apenas 3.5 millones de habitantes y la población de los quisqueyanos ya alcanza 9.5 millones de habitantes, aproximadamente. Por lo que nos fue contado y, sobre todo, por lo que pudimos ver, Costa Rica, aunque es un país geográficamente pequeño tiene una riqueza biológica más abundante que la que pudiera tener cualquier otro país en el mundo de igual tamaño. En la recepción del hotel Aurola Holiday Inn en forma reiterativa nos dieron un dato importantísimo: “somos un país que apenas representamos el 0.03% de la superficie en todo el globo terráqueo, sin embargo, en ese mismo globo terráqueo tenemos una representación del 5% de la biodiversidad”. País eminentemente volcánico, con más de 18 activos, con flora y fauna envidiables, ha sabido promover el turismo a tal punto que, hoy por hoy, es su principal fuente de ingreso, dejando atrás y por mucho la producción de café, que en el pasado era la principal fuente de divisas. El Poás es imponente, al observarlo nos conectamos con la grandeza de la naturaleza y, una vez más, descubrimos al Todopoderoso, su perenne presencia y su grandeza. Proclamamos ante todos ¡esa es Obra de Dios! Quién no se asombra y quién no se maravilla cuando, desde la altura observa cómo la neblina se mueve descubriendo el inmenso cráter principal que, según nos explicó el guía,

es uno de los más grandes del mundo, parece una enorme hoya. Como el Poás, son muy espectaculares los volcanes el Arenal y el Irazú. El bosque tropical lluvioso es tan asombroso como sus volcanes. Saber que en ese bosque llueve todos los días y en todas las estaciones del año es como para permanecer constantemente asombrado. Ellos conservan todos sus parques nacionales, tienen grandes reservas biológicas y forestales; tienen grandes refugios para la vida silvestre, con una temperatura envidiable, de 24 grados celsius en las zonas bajas, de 16 grados celsius en las zonas altas y 20 grados celsius en el valle central. Precisamente, fue allí en aquel país de la pura vida y de la magia de la naturaleza donde tuvo lugar del día 2 al día 14 del mes de junio del año 2008, con una carga académica de 90 horas, el II Programa de Especialización en Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional, con la participación de más de 40 profesionales del derecho de ejercicio privado, oficiales policiales y militares de alta graduación, jueces, fiscales y defensores públicos, todos operadores del sistema de justicia, organizado en el país por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia y la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal, bajo el auspicio de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de la Judicatura de aquel país. De lo que se trata es de compartir algunas impresiones a partir de la experiencia, resultado del referido curso y de la vivencia con juristas de aquella nación y ciudadanos común y corriente. En efecto, Costa Rica es una república gobernada bajo la forma de la democracia representativa y con mucho énfasis en la alternabilidad, ello aparece claramente definido en su Constitución política vigente, la cual se conoce como la Constitución del “49” aunque hasta la fecha ha tenido más de 20 modificaciones. En términos reales es un verdadero Estado social de derecho, con énfasis en lo institucional. Desde el punto de vista jurídico-formal en Costa Rica su Constitución, como casi todas las constituciones escritas de las naciones civilizadas del mundo, los poderes públicos son tres: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, inde-

pendientes el uno del otro, pero con una clara armonía de pesos y contra pesos. Esa es la clásica división y esos son los muy tradicionales poderes del Estado. En Costa Rica, lo mismo que en República Dominicana, hay otros poderes públicos que forman parte del gobierno de la nación, que son independientes entre sí y respecto de los tres primeros y, lo más importante, como todo órgano de poder público, tienen rango constitucional. En la Constitución costarricense y en la dominicana se observan normas sustantivas que organizan otros órganos de poder: el Municipal o de las Municipalidades, el Electoral, acá encarnado en la Junta Central Electoral y allá en el Tribunal Supremo de Elecciones, y el Poder Controlador, allá encarnado por la Contraloría General de la República y entre nosotros por La Cámara de Cuentas. Ese importante poder del Estado en Costa Rica y República Dominicana tienen facultades similares: examinar, glosar y fiscalizar las cuentas de las instituciones del Estado, pudiendo auditar las cuentas y los estados de los demás poderes públicos. El Poder Controlador de la Cámara de Cuentas en la República Dominicana y el Poder Controlador de la Contraloría General de la República en Costa Rica no están en discusión ni su condición de un verdadero poder público. Sin embargo, entre nosotros corresponde la designación de sus miembros al Senado de la República de una terna enviada por el Ejecutivo. En Costa Rica corresponde la designación del Contralor y el sub contralor a la Asamblea Legislativa (Poder Legislativo), en ambos países la rendición de cuentas por parte del Poder Controlador debe hacerse ante el Poder Legislativo. Un Poder Legislativo, un Poder Ejecutivo, un Poder Judicial, un Poder Electoral, un Poder Municipal y un Poder Controlador, podemos encontrarlo como órgano público y de gobierno, no sólo en las constituciones políticas de Costa Rica y República Dominicana, sino en cualquier otra nación del mundo civilizado, eso no está en discusión y es así, por lo menos, desde el punto de vista institucional. Lo que pretendemos llevar al ánimo y conocimiento del lector es que en aquel país centroamericano se ha proMinisterio Público

ducido una situación muy singular, probablemente sin precedentes en la historia del derecho constitucional, no porque el Poder Constitucional, que es el otro Poder del Estado, que existe en otros países, España por ejemplo, y al que nos referimos ahora, no existe con iguales o mayores atributos y competencia que el de Costa Rica. El modelo español es digno de tomar en cuenta para poder entender el porqué de la singularidad de la cuestión costarricense que nos inquieta. El tribunal constitucional español es un poder del Estado totalmente independiente de los otros seis poderes públicos supraindicados, eso por mandato constitucional y en virtud de su ley orgánica, no está supeditado a ningún otro poder u órgano público, ni desde el punto de vista orgánico ni desde el punto de vista administrativo ni desde el punto de vista funcional. En el artículo 1 de su ley orgánica el asunto queda claro: “El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente ley orgánica. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional”. (El énfasis es nuestro). Ello quiere decir que el Tribunal Constitucional Español tiene el monopolio en los asuntos de constitucionalidad, que ningún otro poder del Estado, incluyendo el judicial, puede ejercer la labor de interpretar la ley sustantiva, cuando es contrariada por cualquier otra norma. En el caso costarricense, que nos ocupa, pareciese que no hay un poder constitucional independiente de los demás órganos de poder. Parecería que la Sala Constitucional también llamada Sala Cuarta, es igual a la Primera, a la Segunda y a la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia, y no es así. Quienes sostienen el criterio de que la Sala Constitucional o Sala Cuarta costarricense no es un poder u órgano público independiente del Poder Judicial, lo hacen bajo el amparo de la Constitución política de Costa Rica y la Ley orgánica de esa Sala, la No. 7135 del 11 de octubre de 1989, también llamada Ley de la Jurisdicción Constitucional.

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Oficiales militares y policiales de alta graduación, jueces, fiscales y abogados de ejercicio de República Dominicana y Costa Rica, frente a la Corte Suprema de Costa Rica y el Centro de Investigación Judicial, quienes participaron en los cursos de especialización auspiciados por ambos países.

Se señalan, con mucha razón, los artículos 10 de la Constitución y 4 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, los cuales textualmente dicen: “Corresponderá a una Sala de la Corte Suprema de Justicia declarar por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haya el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley”. “La jurisdicción constitucional se ejerce por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia establecida en el artículo 10 de la Constitución política”. (El énfasis es nuestro). Los textos citados no dejan espacio para ningún tipo de dudas. El legislador constitucional y el legislador ordinario estuvieron contestes, desde el principio, en que la jurisdicción constitucional formara parte del Poder Judicial, dicen la mayoría de los doctrinarios costarricenses. Pero, por argumento en contrario, algunos juristas de aquella nación, sostienen que la dependencia de la jurisdicción constitucional al Poder Judicial es meramente formal, que la Sala Constitucional forma parte del Poder Judicial sólo en los aspectos administrativos y organizativos, no así desde el punto de vista FUNCIONAL, que es lo que más importa y lo que define cuando un poder del Estado es tal. Particularmente, para el autor de este escrito, son muchas las razones que militan a favor del criterio de que la Sala Constitucional en Costa Rica es

un poder del Estado, independiente de todos los poderes del Estado, incluyendo el Judicial, lógicamente. En primer lugar, de las cuatro salas de la Corte Suprema de Justicia, es ésta la única que tiene un tratamiento constitucional. Su existencia se debe a una disposición que tiene un rango constitucional. El legislador constitucional no la ubicó dentro del articulado del Poder Judicial, sino en el artículo 10, poco después de haber definido los tres clásicos poderes del Estado y el Poder Electoral, dejando claro que frente a un conflicto de competencia entre los Poderes del Estado, incluido el Judicial y el Electoral, lo habrá de dirimir la jurisdicción constitucional. Una decisión del Poder Judicial que no entrañe un acto jurisdiccional puede ser impugnada ante esa sala, lo mismo ocurre con las decisiones del Poder Electoral, las cuales también pueden ser impugnadas ante la Sala Constitucional, salvo la declaratoria de elección. En segundo lugar, es útil señalar que ni la Primera, ni la Segunda, ni la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia tienen leyes orgánicas, la Sala Cuarta, sí la tiene y se llama Ley de La Jurisdicción Constitucional, marcada con el No. 7135 de fecha 11 del mes de octubre del año 1989, lo cual quiere decir que ese Tribunal Constitucional costarricense ya es mayor de edad, en octubre de este año habrá de cumplir 19 años. Por mandato de la Constitución, la Sala Constitucional está facultada para dar consultas sobre los proyectos de reformas constitucionales, de los tratados internacionales y de otros

proyectos de leyes, pero también por mandato de la ley está facultada para dar consultas judiciales a los tribunales ordinarios, a los cuales le está vedado estatuir de oficio o a pedimento de partes sobre asuntos de constitucionalidad, pudiendo solamente solicitar a la sala que determine si una norma o acto que debe aplicar para resolver un asunto es o no contrario a la Constitución. Ella puede, no sólo determinar su propia competencia, sino que también es ella la única facultada para determinar la competencia de todos los órganos de poder, sin importar que el conflicto de competencia que pudiera suscitarse en los poderes públicos sea positivo o negativo. Otros elementos deben de tomarse en cuenta: por mandato de la ley, la Sala Constitucional no está sometida a ningún poder público, sino únicamente a la ley sustantiva y a las leyes adjetivas. Los precedentes jurisprudenciales de la Jurisdicción Constitucional son vinculante Erga Omnes, esto es, todos los Poderes del Estado, incluyendo el Judicial, deben acogerse a sus criterios; para quien no es vinculante su jurisprudencia es para sí misma. Al ejercer el control de la constitucionalidad, la Sala Constitucional, lo hace respecto de cualquier norma, sin importar la naturaleza ni el origen de ésta, que pudiera ser un reglamento o resolución del mismísimo Poder Judicial. El Poder Judicial no participa en nada a propósito de la interpretación Constitucional, ello es un monopolio de la Sala Cuarta, posee lo que los juristas han llamado un poder híper concentrado, pues tiene el monopolio de otras acciones constitucionales como son el hábeas corpus y el amparo, donde tampoco interviene ninguna instancia del Poder Judicial. Por último, a fin de cerrar con broche de oro el asunto, basta recordar que la Sala Cuarta es un verdadero Tribunal Constitucional, totalmente independiente, funcionalmente hablando, de los demás poderes del Estado costarricense, no sólo por lo ya dicho, sino también porque sus decisiones no son recurribles ni atacables por ninguna vía. La Corte Suprema de Justicia y todas sus instancias tienen que acogerse a sus recomendaciones, podrán ser revisados por ella misma de oficio o a petición de parte, para ser aclaradas o adicionadas. Es un tribunal único, ningún otro tribunal está por encima

de él, obra con carácter de exclusividad. Los magistrados que integran la Sala Constitucional tanto los titulares como los suplentes, no son nombrados por el Poder Judicial, sino por el legislativo. Por otra parte, aunque el amparo y el hábeas corpus tienen rango constitucional y son acciones que atañen a la constitucionalidad, que no pueden ser desdeñadas, lo cierto es que la mayoría de las acciones no son de inconstitucionalidad, por experiencia propia podemos decir que el amparo ocupa un 91% de las acciones ante la Sala Constitucional, un 4% es de hábeas corpus, 3% de acciones en inconstitucionalidad, y el resto 2% para los conflictos de competencia, las consultas legales y las consultas judiciales. Hay quienes dicen que, más que un tribunal constitucional, la Sala Constitucional costarricense es un tribunal de amparo. Dicen los costarricenses que la Sala Constitucional es garante del bienestar social y particular, de la salud, del libre tránsito, de la libertad ciudadana, de la libertad de expresión, del ambiente sano y de la vida. Todo el mundo se siente protegido por ella, convertida en la guardiana de la constitucionalidad y frente a cualquier amenaza, por mínima que fuera, a derechos o a libertades, los ciudadanos amenazan en forma elegante y a modo de chanza con “un salacuartazo”. El monopolio de la Sala Constitucional no sólo es en torno a las acciones de inconstitucionalidad, los recursos de amparo y los recursos de hábeas corpus, sino que también sus funciones monopólicas recaen sobre todo tipo de consulta constitucional, sea ésta judicial o legislativa, tiene un control absoluto sobre los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado, sean éstos positivos o negativos; no nos referimos a los conflictos de competencia que se dan en los órganos jurisdiccionales, lo cual es otra cosa y ello está a cargo de los tribunales ordinarios. La Primera, la Segunda y la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia son Salas de Casación, ejercen un control de legalidad, como también lo hace el llamado Tribunal de Casación Penal (TCP), mientras que la Sala Cuarta no es de casación y el control que ejerce, más que de legalidad, es de constitu-

cionalidad, por eso mientras las otras tres salas tienen cinco miembros cada una, la Constitucional tiene siete. El día 11 del mes de octubre del año 2008, la Sala Constitucional habrá de cumplir 19 años y durante todo ese tiempo ha sido la encargada de preservar, proteger y garantizar el principio universal de Supremacía Constitucional, el cual establece que ninguna norma, tratado, reglamento o ley de un ordenamiento jurídico cualquiera puede ser igual o más importante que la constitución política. Por otra parte, aunque ello será objeto de un tratamiento particular, algo muy parecido, aunque no exactamente igual, sucede con el Ministerio Público, el cual, aunque orgánica y administrativamente, forma parte del Poder Judicial (que el autor conozca, caso único en el mundo), funcionalmente obra con total independencia, su máximo representante es el Fiscal General; aclaración necesaria porque el Procurador General de la República en Costa Rica no forma parte del Poder Judicial, ni forma parte del Ministerio Público, es un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo que asume la representación del Estado ante sus órganos jurisdiccionales, es nombrado por el Presidente de la República. En cuanto a la Policía, la administrativa, depende del gobierno central, y la judicial, la llamada OIJ (Organismo de Investigación Judicial), orgánicamente, pertenece al Poder Judicial pero depende funcionalmente del Ministerio Público, quien tiene la función acusatoria ante los tribunales penales, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria, labor que cumple conjuntamente con el OIJ. Por todo lo antes dicho, queda claro, pero muy claro, que en Costa Rica, desde el punto de vista de la naturaleza hay mucha magia y pura vida, y desde el punto de vista de lo social, de lo político y de lo jurídico, hay mucha institucionalidad. * El autor es magistrado del Ministerio Público, actualmente ocupa las funciones de: Primer Procurador Adjunto de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y Fiscal Especial contra Fraudes Bancarios, adscrito a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) de la Procuraduría General de la República. Ministerio Público

Dirección de Aduanas dedica novedosa

agenda 2009

A Juan Bosch Con la ocasión del primer centenario de su natalicio La Dirección General de Aduanas que dirige Miguel Cocco Guerrero, puso a circular una novedosa agenda dedicada al extinto Presidente de la República profesor Juan Emilio Bosch y Gaviño con motivo del centenario del natalicio de quien fuera fundador y líder de los dos principales partidos políticos dominicanos en la actualidad. La publicación se debe además, a que el corriente año 2009 ha sido declarado por el Poder Ejecutivo como Año del Centenario del Natalicio de Juan Bosch. La agenda, tipo libro-cuaderno en tamaño 4x6, trae varias fotos históricas de Bosch en sus portada y contraportada, a colores negro y blanco, con contrastes amarillo, y la firma a ambos lados. Además, una frase del líder que reza: “Los hombres pueden caer, pero los principios no”.

Sus páginas, unas 150, están ilustradas de imágenes de Bosch con personalidades, figuras mundiales de su época, amigos y familiares, así como discursos, confesiones, creaciones, disposiciones presidenciales y resumidas historias de efemérides relacionadas con la fecunda vida y trayectoria de quien es considerado el padre de la democracia dominicana.

“El patriotismo y el nacionalismo son dos sentimientos parecidos, pero no exactamente iguales. El patriotismo es un sentimiento de amor a la patria, al país donde se ha nacido, a su tierra, su paisaje, sus tradiciones y sus gentes; y el nacionalismo es un sentimiento de

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defensa de la patria , pero no solamente porque se le tenga amor, sino también porque en ella están los intereses,

las propiedades y los negocios de uno”. Juan Bosch, fragmento de Discursos Políticos, 1970, Tomo II.

Juan Emilio Bosch y Gaviño Nació el 30 de junio de 1909 en La Vega y murió el 1 de noviembre de 2001 en Santo Domingo. Ensayista, cuentista, novelista y político dominicano; fue el primer Presidente Constitucional de la República Dominicana elegido democráticamente luego de la muerte del dictador Rafael Trujillo en 1961. Fundó el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 1939 y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 1973. Desde temprana edad Juan Bosch se inicia en la vida literaria y laboral. Aunque se inició publicando poemas y romances, su primer texto narrativo, el libro de cuentos “Camino Real” (1933) sería toda una revelación. En 1936 publica “La Mañosa”, obra que era una crítica a las malas costumbres que arrastraba el pueblo dominicano desde sus inicios y hasta entonces. Al ofrecerle el dictador Rafael Leónidas Trujillo un asiento en el Congreso, Bosch comprendió que era una jugada de Trujillo para comprarlo o callarlo. Aprovechando un viaje a Puerto Rico, tomó el camino del exilio en 1937. En 1939 ya residía en La Habana, Cuba, donde había hecho diligencias para la publicación de las Obras Completas de Eugenio María de Hostos (humanista, pedagogo y uno de los principales líderes del movimiento independentista puertorriqueño decimonónico), de la que Bosch era responsable. En el mismo año participó en la fundación del Partido Revolucionario Dominicano, uno de los principales vehículos de lucha antitrujillista en el exilio. En Cuba desarrolló una notable labor política, que continuó en las siguientes estaciones de su exilio: Costa Rica, Chile y Puerto Rico. En octubre de 1961 regresó a Santo Domingo, luego del ajusticiamiento del dictador. Fue electo Presidente de la República en diciembre de 1962, al frente del Partido Revolucionario Dominicano. Juan Bosch está considerado como uno de los más prolijos escritores latinoamericanos, maestro de la narrativa, con más de 50 obras de sociología, historia y literatura pura, entre las que se destacan: Judas Iscariote el Calumniado, Composición Social Dominicana, De Cristóbal Colón a Fidel Castro, Cuentos Escritos en el Exilio, Póker de Espanto en el Caribe y Apuntes sobre el Arte de Escribir Cuentos. Su vida política dejó a grandes discípulos, entre ellos al también fallecido José Francisco Peña Gómez y el hoy Presidente de la República por tercera ocasión, Leonel Fernández Reyna. Miguel Cocco y el presidente Leonel Fernández.

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Procuraduría inicia construcción centro de correción en Moca

Centro resolverá hacinamiento y generará 150 empleos La Procuraduría General de la la República dejó iniciado los trabajos de construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de Moca, en la provincia Espaillat, el cual será construido con fondos de esta institución rectora del Ministerio Público ascendentes a RD$300 millones. Tendrá capacidad para albergar unos 1000 internos.

El procurador Radhamés Jiménez Peña viajó a esa ciudad, acompañado del director de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), Roberto Santana; el director general de Presiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y de la encargada del Departamento de Ingeniería y Arquitectura de la Procuraduría, arquitecta Maricela Vargas, para dejar inaugurados los trabajos que se concretizaron con la entrega de un cheque de RD$30 millones a los ingenieros que tienen a cargo la obra.

Para formalizar el levantamiento del centro, destinado exclusivamente para hombres, el procurador Jiménez Peña dio el primer picazo junto a otras autoridades en los terrenos ubicados en la carretera La Isleta. El magistrado dijo esperar que el centro sea inaugurado a final de año, por lo que exhortó a los ingenieros a no desmayar ni alegar incumplimiento, ya que la Procuraduría desembolsará a tiempo los fondos correspondientes.

La construcción de la obra fue adjudicada mediante concurso público con una inversión de 209 millones de pesos, indicó, y que con los trabajos de movimiento de tierra, que iniciaron hace dos meses, así como la compra de equipos para convertirla en CCR, el monto se elevaría a RD$300 millones. Deploró el estado de hacinamiento de la cárcel de Moca, que tiene capacidad para cien reclusos y actualmente tiene 800, lo cual dijo quedará superado con la construcción del nuevo centro que

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El procurador Radhamés Jiménez Peña junto a las autoridades que lo acompañaron, procede a dar el primer picazo del CCR de Moca.

se unirá a otros diez que ya funcionan a nivel nacional, incluyendo los de Rafey- Santiago, San Felipe de Puerto Plata y Vista al Valle de San Francisco de Macorís, todos en la zona Norte.

El procurador dijo que con la entrada en funcionamiento de ese nuevo centro se generarán 150 empleos, incluyendo los agentes penitenciarios (VTP) que tendrán a su cargo la seguridad. Agregó que hasta los choferes recibirán entrenamiento en la ENAP, responsable de la parte técnica del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que la Procuraduría desarrolla para humanizar las cárceles dominicanas.

La actividad estuvo encabezada además del magistrado Jiménez, por el gobernador de la provincia Espaillat, Aníbal Camacho; el síndico de Moca, Guarocuya Cabral; el fiscal Práxedes Marchena; los procuradores de la corte de apelación de La Vega y del Distrito Nacional, Víctor González y Juan Amado Cedano Santana, respectivamente. También, los procuradores generales adjuntos, Moisés Ferrer y Ramón Arístides Madera Arias. El proyecto fue adjudicado a los inge-

nieros Franquelis Antonio Colón Ruiz, Ana Lisset Portes Casasnovas, Manuel Antonio Sánchez Martínez, Ramón Orlando Mesa Rodríguez, Ana Silvia Belliard Gómez y Marien Sarrat Ferreras.

El centro será levantado en un área de 24,288.14 m2 aproximadamente. Tendrá seis edificaciones tipo celdas de 3 niveles cada una, con ocho celdas por nivel y una capacidad para recluir a seis internos en cada una, con sus respectivas baterías de duchas, área de estar, control y oficina de atención integral. Los edificios de celdas estarán ubicados estratégicamente, de manera que tendrán espacios a tres patios para la recreación de internos y responder a la vez a una segregación o clasificación de los mismos por su tipo de reclusión.

También, tendrá una edificación de dos niveles, donde estarán ubicados dos comedores con capacidad para 228 y 210 internos, respectivamente. De igual forma, serán construidas, cinco aulas o área de enseñanza, cocina y un bloque de 30 celdas conyugales, biblioteca y baños, entre otras obras.

Huchi Lora afirma Procuraduría es institución modelo en licitación para construcción de obras El productor de televisión y comunicador, Luis Eduardo Lora (Huchi), afirmó que la Procuraduría General de la República es una institución de ejemplo, que ha demostrado que con concursos se pueden hacer obras económicas, rápidas y bien hechas. El comunicador produjo las declaraciones en su programa de televisión El Día, que se transmite de lunes a viernes por Telesistema, canal 11, al referirse a las obras que ha construido la Procuraduría, adjudicadas mediante sorteos públicos, que han contado con la participación de cientos de ingenieros, arquitectos y empresas del área de la construcción. “La Procuraduría ha dado clase en un área que no es la suya, como son las licitaciones que realiza para la cons-

trucción de obras, baratas y bien hechas”, expresó.

En ese sentido, destacó las obras que ha levantado esa institución con la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que impulsa en

el país, y al cual han sido incorporados diez recintos, donde a los privados de libertad se les ofrece la oportunidad de vivir en espacios decentes, que les permiten una verdadera rehabilitación.

Representantes ONU elogian Modelo Penitenciario El director de las Naciones Unidas contra el Delito y las Drogas, José Costa, y el director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas (Ilanud), Elías Carranza, coincidieron en que el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que se implementa en la República Dominicana es el mejor sistema que han visto en recorridos realizados por diversos países. Costa y Carranza produjeron sus declaraciones al encabezar un recorrido por los centros penitenciarios masculino y femenino de Najayo junto al procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña; el director de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), licenciado Roberto Santana; el director de Prisiones, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y el comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez. José Costa se mostró impresionado por la buena práctica del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que se aplica en el país, tras precisar que debiera llevarse a otros países de la región.

Los representantes de la ONU reciben explicaciones del magistrado Radhamés Jiménez Peña; el director de Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez; la encargada del CCR Najayo-Mujeres, Patricia Lagombra, y el director de la ENAP, Roberto Santana, parcialemente oculto.

“No había visto en otros centros penitenciarios que he visitado la sensibilidad, el trato digno y el deseo de superación para que las personas egresen rehabilitados”, expresó. A los visitantes les fueron mostradas las áreas infantil, de salud, de informática, panadería y deportiva. De su lado, Elías Carranza expresó que la reforma penitenciaria dominicana es lo más positivo que ha visto en su recorrido por diferentes cárceles del mundo, entre ellas, México y Chile.

Al precisar que en la República Dominicana se está produciendo una verdadera revolución penitenciaria, resaltó la voluntad del Gobierno por invertir un presupuesto de manera eficiente en centros penitenciarios, que resultan 10 veces menos costosos que centros privados que se construyen en otros países. “Al interno que se trata con dignidad y se le respetan sus derechos tiene muchas posibilidades de salir rehabilitado, lo que contribuye a que haya menos delincuentes”, declaró. Ministerio Público

Procuraduría de Medio Ambiente deposita acusación contra síndico de Villa Altagracia legiada, que se convoque la audiencia preliminar y se ordene la apertura a juicio al tenor de las disposiciones del Código Procesal Penal.

El procurador para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, licenciado Andrés Chalas, acusó al síndico de Villa Altagracia, Pedro Peralta, y a otros empleados del ayuntamiento, por el depóstivo de residuos sólidos en el kilómetro 47 de la autopista Duarte.

El acta de acusación fue depositada en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, e involucra además a Eduardo Espinosa Ruiz, encargado de operaciones; Raúl Rojas Montes de Oca, encargado de ornato, así como de los señores José Ramón Francisco Jorge, Andrés Severino De Jesús, Dámaso Amador Rodríguez, Dionisio Carmona De Jesús y Regino Guillermo, empleados del Ayuntamiento de Villa Altagracia. Los residuos fueron depositados frente a las instalaciones de la empresa Cítricos Dominicanos y a la entrada del poblado de Básima, en violación a los artículos 106, 107, 133, 174 y 175 numerales 1 y 6 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; los artículos 19 y 20 de la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, así como a la Norma para la Ges-

Andrés Chalas, procurador de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

tión Ambiental de Residuos Sólidos.

El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, ha instruido al Ministerio Público para que le preste especial atención a los casos que afecten al medio ambiente. La Procuraduría de Medio Ambiente solicitó designar un magistrado de esa Cámara Penal para que cumpla las funciones de Juez de la Instrucción Especial, en razón de que el síndico municipal goza de jurisdicción privi-

La basura amontonada en medio de la autopista Duarte.

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La investigación del hecho estuvo a cargo de la licenciada Francia Calderón, procuradora general adjunta del Departamento Judicial de San Cristóbal, quien además de levantar el acta en el lugar del hecho, hacer entrevistas e inspecciones, tomó en consideración el informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, depositado conjuntamente con la denuncia de fecha 10 de septiembre del año 2008.

Otro cúmulo de basura en la principal autopista del país.

Pedro Peralta, síndico de Villa Altagracia.

Inauguran Unidad de Atención a Víctima de Violencia de Género en Santiago El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, afirmó en Santiago, al inaugurar una nueva Unidad de Atención a la Víctima de Violencia de Género, Intrafamiliar y Abuso Sexual, que invertirá los recursos que sean necesarios para implementar programas que permitan reducir el índice de mujeres asesinadas por sus compañeros sentimentales, situación que calificó como preocupante.

El magistrado Jiménez Peña dijo esperar que la oficina inaugurada en esta ciudad, con una inversión de RD$7 millones 324 mil, sirva para que las parejas puedan dirimir los conflictos. “Es preocupante ver cómo cada día hombres asesinan a sus compañeras sentimentales, razón por la que debemos redoblar nuestros esfuerzos para prevenir esa situación”, apuntó.

Sostuvo, además, que impartió instrucciones para que personal capacitado incremente la celebración de talleres y charlas educativas para orientar a los ciudadanos sobre la necesidad de vivir en armonía y de que la violencia no es la solución de los problemas. Las nuevas oficinas fueron inauguradas durante un acto que estuvo encabezado por el procurador Jiménez Peña; la procuradora para Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes, asi como la procuradora de la Corte y el fiscal de Santiago, Vielka Calderón y Raúl Martínez, respectivamente.

El magistrado Radhamés Jiménez Peña, el fiscal Raúl Martínez y la encargada de la unidad Olga Dina, cortan la cinta para dejar abierta la oficina.

Con la ampliación de esta oficina se busca fortalecer la política institucional de tolerancia cero contra las diferentes manifestaciones de violencia hacia la mujer, así como extender el servicio que funciona además en otras trece unidades de igual naturaleza. En la fachada del local fue desvelizado un mural, del artista Elías Vélez, alusivo a la prevención de la violencia de género. La obra fue desvelizada por Susy Pola, Petrouska Muñoz y la magistrada Reyes.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del fiscal Martínez, quien resaltó la importancia de la nueva unidad de atención a las víctimas de violencia de género. En el acto también habló Manuel Vargas, en representación del Movimiento Vida sin Violencia (MOVIDA).

La obra, adjudicada mediante concurso público, donde resultó ganador el ingeniero Martín de Jesús, incluyó la construcción de un nuevo edificio y la remodelación de la antigua edificación.

La Unidad de Atención a la Víctima de Santiago, que estará dirigida por la magistrada Olga Digna, funciona al lado del Palacio de Justicia y ofrece a los afectados asistencia legal, sicológica y preventiva, en horario de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde. Este servicio les permite a los habitantes de esta provincia disponer de un acceso rápido en el manejo de los casos que ameritan la intervención judicial y atención profesional.

Antiguo edificio de la unidad.

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IAD, universidad española y Procuraduría acuerdan capacitar internos en producción agrícola El Instituto Agrario Dominicano (IAD), la Universidad de Valladolid, España, y la Procuraduría General de la República, firmaron un acuerdo que le permitirá a los internos de los diferentes centros penitenciarios, capacitarse en producción de cultivos agrícolas, avícolas y porcinos, así como tener la posibilidad de recibir parcelas para cultivos luego de ser puestos en libertad y demostrar su rehabilitación.

En el acuerdo, cuyo objetivo es impulsar un amplio programa agrícola en todos los recintos para internos, fomentar la cooperación para su capacitación en la producción de cultivos y gestionar las facilidades de financiamiento requeridas para poner en marcha el proyecto, participan la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (INEA) de Valladolid, España, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Dirección de Prisiones. El documento que avala el convenio fue rubricado por el procurador Radhamés Jiménez Peña; los directores de la INEA y el IAD, el padreFélix Revilla Grande y Frank Rodríguez, respectivamente, y Manuel de Jesús Pérez Sánchez, director de Prisiones, institución que tendrá la responsabilidad directa de garantizar la participación de los internos en la labor agrícola y facilitar el uso de los terrenos. Los internos tienen todas las facilidades para el cultivo y producción de alimentos, el establecimiento de granjas para especies menores de ganadería como conejos, gallinas, entre otros. Con esta nueva modalidad introducida en los centros penitenciarios, los internos pueden cultivar productos para su consumo y comercialización, lo que representa una sustancial ayuda económica tanto para ellos como sus familiares. El acuerdo establece que la INEA, como

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Manuel de Jesús Pérez Sánchez, Frank Rodríguez, Radhamés Jiménez Peña y Félix Revilla Grande cuando firmaban el convenio.

institución al servicio del mundo rural y con más de 40 años de experiencia en la formación de jóvenes para la actividad agrícola, debe participar de manera activa en el diseño del proyecto, de manera que sea un modelo viable y sostenible, con experiencia de funcionamiento.

Mientras que el IAD aporta los medios materiales y maquinarias para la preparación de los terrenos y su acondicionamiento. Asimismo, determina las variedades de cultivos a sembrar a fin de obtener la mayor producción.

De su lado, la Procuraduría, a través de la Dirección General de Prisiones, selecciona, dentro de los parámetros necesarios, a los internos más idóneos para participar en el proyecto. También, articula el protocolo de movilidad dentro del recinto penitenciario cumpliendo con las reglas de seguridad. “Estamos realizando un esfuerzo para convertir los recintos del país en lugares de segunda oportunidad para todas las personas privadas de libertad, para que así puedan rehabilitarse

y regresar a la sociedad como personas productivas”, dijo el magistrado Radhamés Jiménez Peña, en nombre del organismo rector del Ministerio Público. Sostuvo que es una responsabilidad de las autoridades y la sociedad en sentido general trabajar en la rehabilitación de los internos, tanto del nuevo como del viejo modelo penitenciario. Jiménez Peña agradeció el respaldo de Frank Rodríguez y la Universidad de Valladolid, representada por el padre Revilla Grande. El acuerdo involucra además, al Patronato Nacional Penitenciario y a la Pastoral Penitenciaria.

El programa viene a fortalecer el trabajo que desde varios años implementa la Procuraduría General de la República con el apoyo de las referidas entidades no gubernamentales para reeducar a los internos, de modo que, una vez cumplan su condena se integren a la sociedad dotados de buena conducta y costumbre, evitando así la reincidencia y, por consiguiente, garantizar la paz de la ciudadanía.

El Observatorio Digital a la luz del escrutinio público y ciudadano

Carmen Del Villar Sánchez Enc. Programación de la Dirección de Tecnología de la Información cvillar@procuraduria.gov.do

En la actualidad, a través del Observatorio Digital la ciudadanía puede consultar la gestión de: la Procuraduría General de la República, la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI) y el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL). Desarrollado bajo el marco de la Resolución No. 49 del 29 de agosto de 2007, el sistema de transparencias Observatorio Digital, es una herramienta que permite la vigilancia ciudadana a los procesos administrativos, de compras, contrataciones, acuerdos, entre otras, que establece la Procuraduría General de la República con otras instituciones. Su principal objetivo es publicar información relativa a la labor que realiza la Procuraduría General de la República a nivel nacional. En su página de inicio, el portal presenta una lista de las instituciones que forman parte del sistema, y la misión de cada una de ellas. Debajo de esta lista cuenta con los siguientes enlaces principales: CHEQUES. Consulta de todos los pagos realizados a beneficiarios, tales como: proveedores y contratados. b) NÓMINA. Consulta de pagos realizados a empleados. Puede verificar el nivel de detalle del salario y sus deducciones. c) COMPRAS. Esta consulta le provee información sobre las compras realizadas, las ofertas presentadas y el detalle de las órdenes de compra. d) CONTRATOS. Detalle de los contratos contraídos por la institución con cualquier persona física o moral ajena a la institución. Se presentan las entidades contratadas, la cuantía, vigencia y términos del contrato. e) ESTADOS FINANCIEROS. Reporte de los estados financieros y la ejecución presupuestaria en base a la contabilidad gubernamental. Informe sobre ingresos y egresos, desembolsos por cuenta bancaria, inventario en almacén y cuentas por pagar. g) DECLARARACION JURADA. Rendición de cuentas del

patrimonio de los funcionarios públicos como indicador para detectar posibles situaciones de conflictos de intereses y enriquecimiento ilícito. h) DENUNCIAS. Recibe las denuncias o querellas que se originan por hechos posiblemente constitutivos de delito en materia de corrupción. La implementación y mantenimiento del portal Observatorio Digital es responsabilidad de un equipo multidisciplinario compuesto por: un coordinador técnico, el cual es designado por el Procurador General de la República, así como un representante de la Oficina de Acceso a la Información, de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa y de la Dirección de Tecnología de la Información. Este equipo es el responsable de conocer y resolver las controversias, opiniones y sugerencias en torno al portal informático. Finalmente, con el objeto de fomentar la aplicación del principio de transparencia en el uso de los fondos públicos, la Procuraduría General de la República invita a todas las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, así como a los demás Poderes del Estado, a integrarse a este portal informático. Ministerio Público

Juan Bautista Rosario Díaz Procurador Fiscal de Elías Piña Juandiaz2005@hotmail.com

Prisión Preventiva como Medida de Coerción

FUNDAMENTO: el fundamento de la solicitud de la prisión preventiva como medida de coerción se encuentra en el art. 229 del Código Procesal Penal, que establece la presunción del peligro de fuga basado en la falta de arraigo y la pena imponible por la gravedad del hecho. En lo que se refiere a la pena imponible por la gravedad del hecho, en los casos calificados como delitos graves (tráfico de drogas, lavado de activo, agresión sexual, homicidio voluntario, etc.), por gran perturbación social que causan, debe aplicarse la prisión preventiva. La historia reciente sobre la fuga de imputados sometidos por delitos graves, nos da la autoridad para justificarla; basta con recordar que prominentes figuras políticas, con grandes arraigos, han abandonado su país para evadir la persecución por estar vínculado en delitos graves, tal es el caso de la República Dominicana y el Perú, para citar solo dos ejemplos. Si analizamos la reflexión de la parte final del párrafo anterior, podemos afirmar que el arraigo no garantiza que el imputado se someta a los actos del procedimiento cuando se trata de delitos graves. En lo que se refiere a la solicitud de la prisión preventiva fundada en la falta de arraigo del imputado, aquí debemos hacer una reflexión: 1- La mayoría de los delitos calificados como “Delitos Bagatelas”, son cometidos por personas que carecen de arraigo; ya sea por su situación de pobreza, es decir, por personas que no han tenido oportunidad para superarse tanto en lo social como en lo material; y por consiguiente, en la mayoría de los casos provienen de hogares destruidos o simplemente nunca han tenido hogar, porque son huérfanos de padres vivos. El nivel socio-económico del imputado no puede ser una presunción de peligro de fuga. Este criterio en lo relativo a la falta de arraigo como presunción de peligro de fuga no implica una ignorancia o errónea interpretación del art. 299 del CCP. Por parte de quien escribe, solo queremos llamar la atención a los fines de contribuir con la reducción de la prevención como estatus de los internos y evitar el hacinamiento en los centros y cárceles del país, a los fines de mejorar la calidad de vida de los privados de libertad. Consecuencia de la Prisión Preventiva como Medida de Coerción La prisión preventiva trae consigo una serie de consecuencias negativas, las cuales podemos citar: a)

CONTRA EL MINISTERIO PÚBLICO:

1. En principio, la prisión preventiva tiene una duración de tres meses, situación que coloca al Ministerio Público responsable del caso en contra del reloj.

Ministerio Público

2. Obliga al fiscal que lleva el caso a utilizar recursos que debe dedicar a otros casos de mayor relevancia (si se trata de delito bagatela). 3. Contribuye grandemente con el hacinamiento de los centros y cárceles del país.

4. Reduce la calidad de vida de los internos. Toda vez que la Procuraduría tiene que dedicar mayores recursos para el mantenimiento de los centros y cárceles del país. 5. En muchos casos, la prisión preventiva ha sido la causa de los grandes motines en varias cárceles del país, por el estado de incertidumbre en que se encuentran los internos preventivos de primer grado. 6. CONTRA LA ECONOMIA DE LA FAMILIA:

7. Si tomamos en consideración la gran cantidad de presos preventivos que guardan prisión en los centros y cárceles del país -en muchos casos por infracciones calificadas de bagatelas-, dejando sus familiares en estado de abandono al ser ellos los cabezas de sus familias. Entonces, podemos afirmar, que la prisión preventiva contribuye al empobrecimiento de la familia de quienes la sufren. EXTRANJERO IMPUTADO: Con relación a las fiscalías ubicadas en la frontera, al momento de solicitar una medida de coerción a un extranjero, nos encontramos con un gran dilema; en primer lugar, la mayoría de los extranjeros carecen de arraigo, es decir, no poseen presupuesto suficiente para destruir la presunción de peligro de fuga. Cualquier extranjero que se encuentre en la frontera, le es más fácil cruzar al vecino país de Haití que viajar a cualquier municipio del país. Es lógico pensar, que ningún imputado que se encuentre de paso o en tránsito en un país y logra cruzar la frontera, no va a retornar de manera voluntaria para someterse a un procedimiento con la certeza de que será condenado. En el caso específico de los nacionales haitianos, en la mayoría de los casos no poseen ningún documento de identidad que permita identificarlos; y esta sola condición lo coloca en una situación de desventaja frente a otros imputados que han cometido la misma infracción. Frente a esta realidad que se presenta con los nacionales haitianos, los procuradores fiscales de la frontera deben valorar muy bien cada solicitud de medida de coerción, para evitar el hacinamiento de los centros y cárceles del país. En tal sentido, en algunos casos, es más conveniente la repatriación del extranjero que someterlo por un delito bagatela.

Procuraduría y Comisionado a favor de los derechos de las víctimas La Procuraduría General de la República, la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia realizaron el “Taller sobre Víctimología”, con el propósito de concienciar a los actores del sistema de justicia para que reconozcan y den prioridad a los derechos de las víctimas y un trato más humano en los tribunales. La actividad estuvo encabezada por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña; el comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, doctor Lino Vásquez; las directoras de la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas y de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas de Violencia, doctora María Hernández y Glorianna Montás, respectivamente; y Miguel Valerio, quien participó como expositor.

El taller incluyó cuatro mesas de trabajo, donde se analizaron diversos temas, entre ellos, Reformas al Código Procesal Penal para que se ponga en equilibrio y se respeten los derechos de la víctima y los del imputado, cada uno en su condición en el proceso penal; y se elaboren las herramientas necesarias para poner en funcionamiento esos derechos, que el mismo código le otorga. Igualmente, el de proponer al Congreso Nacional la creación por ley del Servicio de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, y su extensión a nivel nacional, así como la presentación del Anteproyecto de Ley de Protección a Víctimas y Testigos. Asimismo, se analizaron propuestas de modificación a leyes de las Casas de Acogida, de violencia intrafamiliar, y al Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Lino Vásquez, comisionado de Justicia, y el procurador Radhamés Jiménez Peña.

También, se discutieron los efectos de la victimización secundaria, tema que abarcó las debilidades y fortalezas en los tribunales, el tratamiento que se ofrece a las víctimas, el aspecto sociológico y sicológico, y la asistencia social.

En el caso de la violencia de género se abordaron las medidas preventivas, de educación, judiciales, la asistencia social y la vulnerabilidad. Mientras que en relación a las diversas clases de víctimas analizaron los casos de delitos penales, balas perdidas, accidentes de tránsito, medio ambiente, programa de prevención del Estado, asistencia social y asistencia jurídica. El doctor Lino Vásquez dijo que con la actividad buscan aglutinar a todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil comprometidas con el tema, para elaborar las herramientas necesarias que hagan posible la incorporación integral de los derechos de las víctimas en el proceso penal.

Dijo que procuran conformar un movimiento desde la óptica de la protección de sus derechos, teniendo presente la supremacía del valor humano y de la justicia como resarcimiento, la innegociable defensa de sus derechos y la

necesaria incorporación de éstos en el proceso penal. Precisó que buscan además erradicar las costumbres y actitudes sociales que apoyan y promueven el ejercicio de la violencia.

De su lado, la doctora María Hernández dijo que para garantizar una efectiva defensa de las víctimas e igualdad en un juicio, es necesario reformar el Código Procesal Penal vigente, donde se identifiquen con claridad la defensa de los derechos de las víctimas y establecer un estatuto legal para la creación de una oficina que los represente. Indicó que en la reforma del código se hace necesaria la instauración del derecho de la víctima para ser representado en un acto legal por un abogado en igualdad de condiciones que el imputado, y que se considere la presencia de la víctima en una audiencia para conocer medidas de coerción contra el imputado.

Mientras que la licenciada Glorianna Montás dijo que están trabajando ampliamente con los actores del servicio, tras asegurar que éste es el “Año de la Víctima”, quien de ahora en adelante pasa a ser la protagonista del proceso. Ministerio Público

Ponen en circulación libro

“Del Archivo de Artagnan” La obra está disponible en todas las librerías El auditorio de la Suprema Corte de Justicia fue el escenario que albergó la puesta en circulación del libro “Del Archivo de Artagnan”. La obra fue compilada por los hijos del reconocido jurista, Artagnan Pérez Méndez, por motivo de cumplir más de 52 años en el ejercicio profesional del derecho.

A la actividad se dieron cita importantes personalidades del ámbito jurídico, autoridades civiles y militares, políticos, entre otros. Dicha obra consta de 391 páginas y es una miscelánea de creaciones, entre los cuales se destacan temas que no son más que reflexiones sobre diversos conceptos como: La Justicia, La Nobleza, La Amistad, Experiencia, Descripción, Burla, El Odio, La familia, Aún estamos en el siglo XX, y otros.

El magistrado Radhamés Jiménez Peña y Rafael Ciprián, juez del Tribunal Superior de Tierra, comparten con Artagnan Pérez Méndez.

La obra recoge, además, algunos de los discursos, oraciones fúnebres y panegíricos que en ocasiones han sido pronunciados por el autor. El prólogo de la obra estuvo a cargo del poeta y periodista Rafael Ciprián, con la diagramación de Ninón León de Saleme.

Agradecido

Pérez Méndez manifestó que se sentía muy agradecido de poner a disposición del público su nuevo trabajo. El abogado e intelectual también agradeció a sus hijos por la dedicación al momento de recopiar los trabajos. “Es un trabajo que espero sea bien recibido por el público, ya que se trata

Ministerio Público

El periodista Adriano Miguel Tejada en compañía de los hijos de Atagnan Pérez Méndez.

de una obra que recoge importante momentos de mi vida”, indicó.

También tuvo palabras para amigos y familiares que le acompañaron.

Medidas de Coerción: Reacción del Estado Frente a la Obstrucción de Justicia en la Preparación Incriminatoria La presente investigación pretende sucintamente analizar la trascendencia de las medidas de coerción más allá de los fines con que generalmente la doctrina define para lo que está destinada. En consecuencia, la reacción del Estado frente a quien se sustrae de las convocatorias del proceso penal preparatorio a cargo del Ministerio Público, la restricción de su libertad ambulatoria o su patrimonio, a los fines de que esté presente al momento del pronunciamiento de una sentencia firme condenatoria o absolutoria, es la medida de coerción. Pero también, la reacción del Estado frente a la negativa de terceras personas, que sin ser parte directa del proceso penal o de un querellamiento (imputado o víctima), en un momento dado de la etapa preparatoria a cargo del Ministerio Público, que se niegan a poner a disposición o a presentar ante el Ministerio Público cualquier documento, información u objeto relacionados con el hecho punible, es la medida de coerción, estrictamente en su vinculación con las conductas que imposibilitan el imperio del derecho, conducta que desde el punto de vista de los artículos 199 y 203 de nuestra normativa procesal penal están tipificadas con un carácter testigual y no con un carácter imputacional. El testimonio dado por el testigo en la etapa preparatoria suele a veces ser tergiversado en la etapa de fondo; esta variación verificada por el Ministerio Público es otro tipo de obstrucción de justicia y su contrarresto está cimentado en el artículo 1 del Reglamento o Resolución 3869 dictado por la Suprema Corte de Justicia al tenor del desarrollo de la etapa de fondo de nuestro Proceso Penal adversarial bajo la denominación de Testigo Hostil, el cual puede quedar sujeto a medida de coerción en la etapa de fondo del juicio, que aún no siendo tema de nuestra investigación, quisimos referirla como parámetro de comparación con la medida de coerción en la etapa preparatoria. La obstrucción de justicia del testigo o reticencia, como lo ha denominado el legislador y su contrarresto, está fundamentado de forma dispersa en el Código Procesal Penal en los artículos 186, 285, 199 y 203 en la etapa preparatoria, y su configuración obedece a la interpretación restrictiva o estricta de ellos, unos de orden normativos y otros de orden punitivos. Los de órdenes normativos comprenden los artículos 285 y 186 del Código Procesal Penal. El primero consagra el deber de las personas particulares o funcionarios públicos (instituciones públicas) de ofrecer informaciones o diligencias cuando les sean exigidas por el Ministerio Público, fijando un plazo conforme a las circunstancias del hecho. El segundo consagra el deber de las personas que tengan en su poder objetos o documentos relacionados con los hechos punibles y relevantes para la investigación, entregarlos o presentarlos al Ministerio Público cuando les sean requeridos por éste, pudiendo solicitar el secuestro cuando no son entregados. Los de órdenes punitivos comprenden los artículos 199 y 203 del Código Procesal Penal. El primero dispone que si el testigo debida y regularmente citado no comparece a prestar declaración al Ministerio Público durante el procedimiento preparatorio, puede hacerle comparecer mediante el uso de la fuerza pública, arresto de éste que se traduce en lo que consagra el segundo artículo 203 del Código Procesal Penal, el cual dispone que toda persona citada a prestar declaración y no se presenta o se niega a satisfacer el objeto de la citación, que bien puede ser la presentación del documento u objeto relacionado con el hecho punible, es sancionada con una multa por el equivalente de hasta treinta días. Esta sanción la aplica el juez

Juan Ramón Miranda Procurador Fiscal Adjunto de la provincia Santo Domingo centaurimiranda@hotmail.com

a solicitud del Ministerio Público, con el agravante de permanecer en prisión hasta que no honre la multa establecida por el Juez de la Instrucción, so pena de que el Ministerio Público solicite: 1ro.) El secuestro del objeto o documento que se haya negado el testigo a presentar a los fines de satisfacer el objeto por el que fue citado, pero que no satisfizo; 2do.) Que el Ministerio Público, en representación del Estado, someta al reticente u obstructor por retención de documentos en el caso de que éstos hayan sido producidos con anterioridad por el testigo, el cual se negó a satisfacer su presentación, lo cual fue el objeto de la citación efectuada. De manera pues, que la reflexión planteada nos demuestra que la obstrucción de justicia en la etapa preparatoria no es un mito, porque el incumplimiento de los artículos 285, 186, 199 y 203 de nuestra normativa procesal penal vulnera la etapa preparatoria que amerita de elementos probatorios. Ahora bien, como instituta jurídica, el legislador dominicano no contempla la obstrucción de justicia de manera expresa en nuestro ordenamiento Procesal Penal, pero sí el combate de ésta en términos de aplicación, fenómeno jurídico éste que, reiteramos, se traduce en no acatar las disposiciones de los artículos 186 y 285 del Código Procesal Penal y cuyos efectos de desobediencia legal desembocan en el artículo 203 antes citado, que sanciona dicho incumplimiento bajo la denominación reticente.

La Mutación Incriminatoria: Efecto Legal de las Posibles Causas de la Reticencia Obstructora del Testigo Conforme a la experiencia de los casos tratados, dicha reticencia es fruto del miedo a una potencial incriminación. En ocasiones el involucramiento del testigo es de manera ipso-facta al momento de entregar el objeto o documento requerido por el Ministerio Público, cuando no, resulta de investigaciones posteriores. Deviene entonces que una calidad testigual puede mutar a una calidad imputacional en la etapa preparatoria, a través del uso coercitivo como mecanismo, usando las pruebas que el otrora testigo se resistía a entregar y que finalmente el Ministerio Público las obtuvo por medio de la aplicación de medidas de coerción al testigo lo que se produce en una mutación incriminatoria. En otras palabras, si el tratamiento dispensado por el Ministerio Público al testigo en la primera citación es en calidad de imputado, éste no está obligado a incriminarse, entregando las pruebas u objetos relacionados con el hecho punible, porque son pruebas contra él mismo, y por efecto del Principio Garantista Nemo Tenetur (el imputado no está obligado a declarar o incriminare a sí mismo), es al Ministerio Público a quien le está dado recabar las pruebas y no al imputado, de suerte que la estrategia del auxilio judicial contra el testigo reticente en principio está obligado a entregar las pruebas, documentos u objetos relacionados con el hecho punible, porque obstruye el imperio de la justicia, surte el efecto de cambiar la otrora calidad testigual a una calidad imputacional, gracias al auxilio coercitivo dispuesto por la ley Procesal Penal en la etapa preparatoria, sin el cual resulta imposible cambiar la proa de la investigación preparatoria de testigo a imputado. Obviamente, queda demostrada la trascendencia de las medidas de coerción más allá de los fines con que generalmente la doctrina define para lo que están destinadas, cuyo adecuado uso le imprimen una nueva dinámica al sistema de justicia penal dominicano, haciéndolo más pertinente a los fines de una efectiva persecución penal. Ministerio Público

De La Puya a Las Caobas:

Oficina de derechos de víctimas logra sentencia contra otro violador El Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas de la Procuraduría General de la República logró una sentencia en primera instancia que condena a 10 años de reclusión a José Bonilla, mánager de liga “Las Estrellas de Bonilla”, encontrado culpable de violar sexualmente a un menor edad. Un primer caso fue el de Emmanuel Guerrero Alcántara, a quien el segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional integrado por las magistradas Daira Medina, Ingrid Fernández y Tania Yune, condenaron a 30 años de prisión por la violación comprobada de un menor de 9 años, cuya identidad se omite por asuntos legales, hechos ocurrido en La Puya de Arroyo Hondo, en el mes de marzo de 2008.

En el caso de José Bonilla, su prisión deberá cumplirse en el centro penitenciario Najayo-Hombres de San Cristóbal, al tiempo que tendrá que pagar una indemnización civil de un millón para la parte agraviada, más RD$100,000.00 de multa.

Este segundo caso se conoció en el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, presidido por el juez Víctor Mejía Lebrón, y donde la víctima estuvo representada por los doctores Domingo Antonio Pacheco y Grimaldi Oviedo del Servicio de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas. El hecho ocurrió hace dos años en el sector Las Caobas de Herrera, cuando el niño tenía 12 años de edad.

La Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas fue creada mediante resolución por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, para ofrecer servicios a las personas afectadas que no disponen de recursos eco-

Ministerio Público

María Hernández.

nómicos para pagar por sí misma un abogado privado.

El servicio está a cargo de la doctora María Hernández, y se ofrece además de representación legal, asesoramiento a la persona agraviada, desde el ini-

cio del procedimiento hasta la decisión final del caso.

Este organismo funciona en la calle Doctor Báez, número 16-altos, casi esquina César Nicolás Penson del sector de Gazcue en el Distrito Nacional.

El síndico de Moca, Miguel Guarocuya, entrega al magistrado Radhamés Jiménez Peña el reconocimiento. Observan Lino Vásquez, comisionado de Justicia; Aníbal Camacho, gobernador de la provincica; el ex director de Migración, Carlos Amarante Baret, y Artagnan Pérez Mendez, entre otros.

Moca declara Hijo Meritísimo al procurador Radhamés Jiménez Peña El Ayuntamiento de Moca otorgó un reconocimiento al procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, donde lo declara “Hijo Meritísimo”, por sus aportes al desarrollo de la comunidad.

El síndico municipal Miguel Guarocuya Cabral leyó la resolución 68-2008 aprobada por el consejo de regidores del Ayuntamiento de Moca y donde se declara al magistrado Jiménez Peña como “Hijo Meritísimo de Moca”. Para otorgarle el reconocimiento se consideró que Jiménez Peña ha demostrado compartir sus afectos filiales, sus calidades humanas y profesionales con el pueblo que le vio nacer, La Vega, y los municipios de Cayetano Germosén y Moca, ambos de la provincia Espaillat.

“El pueblo de Moca ha aceptado desde temprana edad al doctor Jiménez Peña como uno de sus hijos, y él ha reciprocado esa aceptación con inmunerables servicios”, también reza la resolución.

“Es un orgullo poder mostrarle al país de dónde nosotros somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces; que venimos del campo, del mismo corazón del campo”, expresó el procurador general de la República en su agradecimiento. Dijo que el triunfo en la capital para personas como él, de origen humilde, ha sido fruto del apoyo de sus padres y de muchos sacrificios y privaciones. “Por eso es que esta posición conlleva una gran responsabilidad, porque tiene que ver con la persecución del crimen, y velar por el respeto de las garantías fundamentales de los dominicanos”.

Dijo que cada vez que ejecuta cualquier tipo de acción lo hace pensando en la sociedad y en el compromiso que tiene con ella.

Construcción CCR de Moca

El magistrado Jiménez Peña expresó que desde su llegada a la Procuraduría, en el año 2006, puso su empeño en la

construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de Moca, pero que no se había podido levantar porque se confío en que otra oficina realizaría la obra. “Ya iniciamos los trabajos del centro, se hizo un concurso público para adjudicar las obras que tendrán un costo real por encima de los RD$300 millones”, informó.

Anunció que en los próximos días entregará el 20% del presupuesto a los contratistas para que avancen lo más pronto posible la obra.

Al acto de reconocimiento asistieron el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), José Rafael Vargas; el gobernador de la provincia Espaillat, Aníbal Camacho; el fiscal de Moca, Práxedes Jacobo Marchena; el ex director de Migración, Carlos Amarante Baret, y el reconocido abogado Artagnan Pérez Méndez. Igualmente, representativos de los diferentes sectores empresariales, político y religioso. Ministerio Público

Dr. Angel Alfredo Castillo Tejada Procurador General Adjunto Primer Sustituto del Procurador Director Depto. Litigios y Dictámenes 809-533-3522 Ext.291 ancastillo@procuraduria.gov.do

Lic. Rodolfo Espiñeira Ceballos Procurador General Adjunto Director Nacional del Ministerio Público 809-533-3522 Ext.232 respineira@procuraduria.gov.do

Dr. Radhamés Jiménez Peña Procurador General de la República Máximo representante del Ministerio Público

Lic. Roxanna Reyes Acosta Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer 809-533-3522 Ext.278 rareyes@procuraduria.gov.do

Dr. Ramón Arístides Madera Arias Procurador General Adjunto Enlace con los Organismos de Seguridad del Estado 809-533-3522 Ext.354 rmadera@procuraduria.gov.do

Ministerio Público

El Procurador General, además de las funciones que le confieren la Constitución y las leyes, tiene a su cargo todos los asuntos atribuidos a un Secretario de Estado de Justicia, funciones y responsabilidades que ostenta desde que el 10 de noviembre de 1964, mediante la Ley Num. 485, se suprime la Secretaría de Estado de Justicia y se pasan sus atribuciones a la Procuraduría General de la República, institución pilar del sistema de justicia comprometida con el estado de derecho y las garantías constitucionales, funcionalmente independiente, eficaz en la persecución del delito penal, garante de la legalidad y la protección de las víctimas y los testigos, entre otras.

Doctora Gisela Cueto González Procuradora General Adjunta Depto. Asistencia Jurídica Internacional y Extradición 809-533-3522 Ext.227 gcueto@procuraduria.gov.do

Dr. Víctor Robustiano Peña Procurador General Adjunto Departamento de Litigios y Dictámenes 809-533-3522 Ext.189 vrobustiano@procuraduria.gov.do

Lic. Moisés Ferrer Landrón Procurador General Adjunto Sistema Eléctrico 809-533-3522 Ext.328 mferrer@procuraduria.gov.do

Lic. Marisol Tobal Williams Procuradora General Adjunta Coordinadora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes 809-533-3522 Ext.201 mtobal@procuraduria.gov.do

Lic. Ana Burgos Mora Procuradora General Adjunta Depto. Litigios y Dictámenes 809-533-3522 Ext.318 aburgos@procuraduria.gov.do

Dr. Predro Féliz Montes De Oca Procurador General Adjunto Director Depto. de Propiedad Intelectual, Telecomunicaciones y Comercio Electrónico 809-533-3522 Ext.225 pfeliz@procuraduria.gov.do

Lic. Maura Martínez Paulino Procuradora General Adjunta Directora del Modelo de Gestión de Fiscalía 809-533-3522 Ext.317 mmartinez@procuraduria.gov.do

Lic. Bolívar Sánchez Veloz Procurador General Adjunto Director Depto. Asuntos Internos 809-533-3522 Ext.258 bsanchez@procuraduria.gov.do

Dra. Casilda Báez Acosta Procuradora General Adjunta Coordinadora Departamento de Litigios y Dictámenes 809-533-3522 Ext.233 cbaez@procuraduria.gov.do

Lic. Idelfonso Reyes Procurador General Adjunto Departamento de Litigios y Dictámenes 809-533-3522 Ext.292 ireyes@procuraduria.gov.do

Lic. Henry Cerda Procurador General Adjunto Supervisor de Fiscalías 809-533-3522 Ext.1127 hcerda@procuraduria.gov.do

Dr. Octavio Líster Henríquez Procurador General Adjunto Departamento de Prevención de la Corrupción 809-533-3522 Ext.418 olisterh@procuraduria.gov.do

Dr. Frank E. Soto Sánchez Procurador General Adjunto Director Depto. Contra Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas 809-533-3522 Ext. 298 fsoto@procuraduria.gov.do Ministerio Público

Los Deportes como terapia ocupacional en rehabilitación de internos Unos 10,000 internos paticiparon de las prácticas deportivas Con la finalidad de trabajar para la rehabilitación de los internos a través de los deportes, la Dirección General de Prisiones cerró el año 2008 con la celebración de intercambios deportivos en las distintas instituciones penitenciarias del país durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Estos intercambios deportivos se realizaron en los centros de La Vega, Moca, Najayo Mujeres y Hombres. En Moca, la Dirección General de Prisiones celebró un intercambio deportivo amistoso, un torneo de ajedrez y de dominó.

Entre los participantes estuvieron los clubes Don Bosco y José Horacio de esa ciudad, así como internos del centro de Salcedo. Rafael Rojas, encargado del Departamento de Recreación y Deportes, estuvo al frente de la organización. También se celebró de manera exitosa una exhibición de baloncesto y voleibol en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres con la participación de la liga de baloncesto Teresa Durán. Este evento contó con la presencia del subsecretario de Deportes, Rafael Sánchez (Jack Veneno) y Teresa Du-

Internos que conforman el equipo de baloncesto del recinto penitenciario de Moca en el acto de apertura de una jornada deportiva.

rán, propietaria de la liga que lleva su nombre.

Además, la Dirección General de Prisiones celebró un intramuros de levantamiento de pesas, en el que participaron internos de las diferentes instituciones penitenciarias del país.

Internos compitieron en las categorías mediana, pesada y ligera

El recinto penitenciario de La Vega también realizó un intercambio deportivo que contó con la participaron del equipo de baloncesto del club La Matica de esa ciudad, e internos de las instituciones penitenciarias de San Francisco de Macorís, Cotuí, Moca y La Vega. Manuel de Jesús Pérez Sánchez

Ministerio Público

En la jornada deportiva se coronó como campeón el equipo de La Vega al ganarle al Club de La Matica 46 por 41.

Para hacer realidad la rehabilitación de los internos a través de los deportes, la Dirección General de Prisiones recibe donativos de diferentes instituciones públicas y privadas, entre ellas, la Secretaría de Estado de Deportes.

El año 2008 cerró con broche de oro recibiendo en las cárceles de Najayo a la jugadora de baloncesto estadounidense Tanya Crevier, quien vino al país invitada por el Ministerio de Campeones por La Vida. La deportista realizó exhibiciones en el arte de malabares con el balón, además de compartir con los internos la enseñanza del evangelio, y expresó la importancia de la actitud, dedicación y determinación para el logro de metas, trabajo en equipo, actitud mental positiva, y la necesidad de equilibrio en todos los ámbitos de la vida.

Prisiones continúa fortaleciendo los deportes intramuros En el entendido de que los deportes son parte importante en la rehabilitación de los internos, la Dirección General de Prisiones continúo este año su programa de intercambios deportivos. En ésta como en otras oportunidades y de manera contundente, los intercambios son apoyados por la Secretaría de Estado de Deportes. En este sentido, Prisiones y Sedefir anunciaron en rueda de prensa un programa conjunto de actividades deportivas en los recintos penitenciarios del país.

Ramón Mateo, campeón nacional de ajedrez, habla en el acto de apertura de los cursos de árbrito y jueces de dómino y ajedrez, en el recinto de Najayo Hombres.

El programa anunciado consta de cursos de arbitrajes en dominó y ajedrez, y tienen como finalidad que los internos, al momento de obtener sus libertades, puedan tener una fuente de ingreso sana que les impidan caer en actos delictivos, así como sustentarse a sí mismo y a sus familiares económicamente. Entre las disciplinas deportivas que se practican en los centros de privación de libertad figuran el baloncesto, sofboil, voleibol, levantamiento de pesas, futbol, ajedrez, boxeo y dominó, siendo la primera y la última las disciplinas que más participantes le siguen. Se practican además, aunque con menos frecuencia, el karate y pim pon.

La terapia ocupacional que desarrolla la Dirección General de Prisiones con

Internos de La Victoria en la compentencia de intramuros de pesas.

los internos son obligatorias, y abarcan además de los deportes, la educación media y básica, así como cursos técnicos, entre otras actividades. Los cursos de dominó son impartidos

por el entrenador de baloncesto, Fernando Teruel, y los de ajedrez, por el campeón nacional en esa disciplina, Ramón Mateo, quienes han estado recorriendo las instituciones penitenciarias llevando además de la enseñanza de estas prácticas, donaciones de útiles deportivos, como ha ocurrido en Najayo Hombres, La Victoria y el l5 de Azua. Al cierre del año 2008, casi 5,000 internos practicaron baloncesto, 2,000 voleibol, 2, 845 en levantamiento de pesas, y en ajedrez 2, 272.

Internos de Moca en una jornada deportiva.

En recintos tales como, Operaciones Especiales, donde nunca se llevaron a cabo jornadas deportivas, con la entrada de Pérez Sánchez se impartieron instrucciones para que se conformaran equipos de las diversas disciplinas deportivas, que desde ya iniciaron sus prácticas en el área de baloncesto. Ministerio Público

Agencias internacionales informan al mundo sobre esta decisión del MP dominicano

Construirán dos recintos penitenciarios en fincas que pertenecían a Quirino

El procurador Radhamés Jiménez y el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso, acompañados de otros funcionarios del Ministerio Público y autoridades de San Juan de la Maguana, en un recorrido por las instalaciones de la finca.

La agencia española de noticias EFE y el periódico El Universal de México dieron a conocer al mundo la información ofrecida por el Procurador General de la República Dominicana sobre la construcción de dos centros penitenciarios en fincas de San Juan de la Maguana que pertenecían al extraditado a Nueva York por narcotráfico, Quirino Ernesto Paulino Castillo, así como la coordinación con otras instituciones del Estado para incorporar a la producción agrícola unas 3,400 tareas que serán cultivadas por los internos dentro de los recintos.

En un recorrido por las instalaciones de cuatro fincas que pertenecían a Paulino Castillo, el doctor Radhamés Jiménez Peña informó la construcción de un centro semi abierto con capacidad para 100 internos y otro regional para albergar a 800, como parte de la ampliación y modernización del sistema penitenciario dominicano. El magistrado también señaló que el Estado dominicano ya tomó el control de los bienes del señor Paulino Castillo.

Ministerio Público

El máximo representante del Ministerio Público hizo el recorrido acompañado del fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra; del director de Prisiones, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y el director de la Escuela Nacional Penitenciaria, Roberto Santana. También, de las autoridades provinciales, el gobernador Juan Rodríguez; el senador Ramón de la Rosa; el fiscal Pedro Mateo Ibert y el general del Ejército Nacional Domingo Medina Méndez.

“Los Estados norteamericano y dominicano llegaron a un acuerdo, donde el primero cedió al Ministerio Público de República Dominicana una serie de bienes, muebles e inmuebles que pertenecían al señor Paulino Castillo”, puntualizó el magistrado Jiménez. Dijo que la Procuraduría asumió el control de la Hacienda Ganadera Belkis Elizabeth, en la comunidad de Pedro Corto, y otros bienes en esta provincia. Dispuso que una comisión encabezada por el mayor general Pérez Sánchez se

encargara de establecer el orden y la seguridad de las instalaciones.

En los dos centros trabajarán más de 200 personas, entre ellos los vigilantes de tratamiento penitenciario y otros funcionarios como médicos, psicólogos y trabajadores sociales.

Modelo de Producción

El procurador Jiménez dijo que establecerán en esa finca una especie de modelo de producción penitenciaria que será ejemplo para el mundo. Esos trabajos los realizarán en alianza con la Secretaría de Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano, así como otras instituciones.

En el caso del centro semi abierto que proyectan construir, expresó que será para los internos que han logrado un buen grado de recuperación y rehabilitación en el cumplimiento de sus condenas. Expresó que estos reclusos serían llevados allí para insertarlos en la producción, para que obtengan ingresos para ellos y sus familiares.

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