No. 13 by Procuraduria PGR

Ministerio PĂşblico

Radhamés Jiménez Peña Procurador General de la República Consejo Editorial Ángel Castillo Tejada Rodolfo Espiñeira Ceballos Roxanna Reyes Acosta Pedro Féliz Montes De Oca Marisol Tobal Williams Gladys Checo de Almonte Henry Garrido Julieta Tejada Fernando Quiroz Germán Santiago Editor Germán Santiago

Gradúan XV promoción de procuradores y fiscales

Con campamento 2009 Procuraduría hace feliz a hijos de empleados

Danny Rivera dedica concierto a internos de la Zona Norte

Coordinación de NNA gradúa 50 adolescentes internos por conflictos con la ley

Luperón, Gaspar Polanco y “La Guerra de la Restauración”

Crisis de Honduras y la Carta Democrática Interamericana

Unidad de Atención a Víctima de Higüey, un modelo de organización y eficiencia

Coordinador Fernando Quiroz Corrección Felipe Ciprián

Cuidado María Mercedes Disla Fior D’aliza Mejía Distribución: Angela Contreras

Imagen y Multimedia: Bianca Vela Redacción Elvis Paredes Silvio Cabrera Luisa Matos Víctor j. Quezada

Fotografía Juan Carlos Reyes Moreno Víctor Acosta De León

Firmas: Flavio Darío Espinal José Rafael Vargas Ricardo Tavera (s) Luisa Ramírez Fernando Quiroz Milagros Ricardo Alberto Binder Juan de Dios Rosario Santos Elizabeth Eames Roebling Diseño y Diagramación Ricardo H. Sosa Diplán ricardodiplan@gmail.com

Impresión Editora Corripio C. Por A.

MINISTERIO PÚBLICO Es una publicación periódica de la Procuraduría General de la República.

Prohibida su reproducción total o parcial conforme lo disponen las Leyes de Propiedad Intelectual (65-00 sobre Derecho de Autor) y 20-00 de Propiedad Industrial ( en lo que se refiere a registro de marcas de fábricas y nombres comerciales) de República Dominicana.

AV. Enrique Jiménez Moya esq.Público Juan De Dios Ventura Simó Ministerio Centro de Los Héroes de Constanza, Maimón Estero Hondo. Te.: (809) 533-3522 ext. 244 www.procuraduria.gov.do

rjimenez@procuraduría.gov.do

TRABAJANDO POR UN ESTADO DE DERECHO Y ESPERANZA Quienes aceptamos ocupar una función pública debemos estar convencidos de que la mayor satisfacción personal que podemos sentir viene del cumplimiento del deber y fruto del trabajo, recoger el estímulo que brota de todos los sectores de la población que son los auténticos beneficiarios de nuestra labor. En el caso nuestro, como procurador general de la República, tenemos el vigor y el compromiso de seguir trabajando incansablemente para convertir nuestro esfuerzo en acciones de justicia y esperanza.

Ese vigor se multiplica cuando actuamos acompañados de un equipo multidisciplinario que se conecta a la realidad dominicana para provocar avances constantes en materia de prevención del crimen, el castigo y la recuperación de los culpables.

Nuestro compromiso se convierte en una perenne vigilancia para garantizar el estado de derecho, el respeto a la propiedad, la defensa de la libertad y la vigencia de los derechos humanos y ciudadanos. Esas matrices nos han servido de referencia para impulsar programas permanentes que van desde la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria hasta un ejercicio cotidiano de Transparencia en todos nuestros actos, acuerdos, adquisiciones, contratos y decisiones, para preservar la institucionalidad y el respeto a las leyes y a la Constitución.

En ese esfuerzo, implementamos la nueva gestión penitenciaria con el objetivo expreso de erradicar el hacinamiento en los centros de reclusión, fomentar la educación, la formación técnica, los deportes y las artes, buscando dignificar y convertir los recintos en lugares aptos para lograr la recuperación de los condenados y su posterior reinserción en la sociedad como ciudadanos útiles y dignos de vivir en convivencia con el resto de los ciudadanos. Con 11 centros incorporados a este Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria hasta este momento, los resultados son más que esperanzadores: Tasa cero de analfabetismo de los beneficiarios y la reincidencia en actos delictivos o criminales está en solo 2.7 por ciento, mientras que en el sistema carcelario tradicional, los liberados que vuelven a delinquir se sitúan en el 40 por ciento.

En junio de 2008 inauguramos el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, de San Francisco de Macorís,

recinto que fue construido con la suma de RD$90 millones y que dispone de capacidad para acoger a 1,000 internos; en junio de 2009 entregamos la primera etapa del centro de San Pedro de Macorís, levantada con RD$60 millones, con capacidad de albergue para 324 internos, y próximamente entrará en funcionamiento el de Moca, que se construye con un monto cercano a los RD$300 millones y que podrá acoger a 1,200 personas privadas de libertad y que será un modelo para todo el Caribe. Los demás centros que funcionan bajo el nuevo modelo están en Puerto Plata, Santiago, Elías Piña, San Cristóbal (Najayo-Mujeres), Dajabón, Mao, Monte Plata y Santo Domingo (Haras Nacionales).

Los nuevos centros, que ya están en construcción y se avanza su terminación, son Baní-Mujeres, Higüey y Salcedo, mientras que se busca financiamiento para la construcción de seis centros penitenciarios en Santo Domingo, La Romana, San Cristóbal, La Vega y San Juan de la Maguana. En materia de Transparencia, en la Procuraduría General de la República todas las obras que se construyen se adjudican mediante concurso público.

Sigue al dorso

Ministerio Público

El fiscal general de España, Javier Zaragoza, y el procurador Radhamés Jiménez Peña, momentos en que visitaron el CCR Najayo -Mujeres, San Cristóbal, acompañado de Patricia Lagombra, directora del centro, quien les da explicaciones sobre el proceso de elaboración de productos de repostería.

La página Web tiene disponible para el público toda la información sobre actividades administrativas y financieras de la Procuraduría. Por esas y otras acciones, ha correspondido a la Procuraduría General de la República el honor de ser considerada por Participación Ciudadana como la entidad estatal más transparente de la República Dominicana durante los años 2007 y 2008. A la labor de dignificar a los internos y al ejercicio de la transparencia se une nuestro permanente empeño en capacitar al personal para que pueda ejercer su trabajo con apego a la ética, pero con la formación suficiente para cuidar el respeto a la ley y garantizar los derechos de los ciudadanos. Para eso impulsamos la Escuela Nacional de Formación del Ministerio Público, que ya cuenta con 668 fiscales de carrera designados. Otros 48 fiscales extranjeros se han capacitado en esta escuela.

Asimismo, trabajamos con un ordenamiento moderno al contar con el Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalías para, mediante un sistema digital, dar total seguimiento –con transparencia y eficiencia- a los expedientes desde el

Ministerio Público

inicio hasta su conclusión. Ese modelo abarca el 90% de las fiscalías del país. La modernización también ha llegado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde la Procuraduría ha invertido más de RD$50 millones en instalaciones físicas y equipos para garantizar que tanto la sede nacional en Santo Domingo, como las regionales en el Norte, el Sur, Nordeste y el Este, puedan realizar su trabajo de apoyo a la labor investigativa.

Una preocupación especial hemos tenido por prevenir y perseguir los delitos ambientales, preservar los derechos de las mujeres, conflictos familiares, prevención de daños morales y físicos contra niños, niñas y adolescentes. En ese esfuerzo ya hemos inaugurado 14 Unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Abuso Sexual e Intrafamiliar en diferentes localidades del país. Asimismo, con el propósito de colocar a la víctima en igualdad de condiciones con el imputado ante los tribunales, pusimos en marcha la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima, que ofrece servicio

gratuito a las personas que no disponen de recursos para pagar un abogado privado.

También ha sido creada la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja, con el objetivo de intervenir en la investigación de ese tipo de delitos y los medios para su comisión. Igualmente, disponemos de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, que se encarga de dar protección a afectados por acciones del narcotráfico y otro tipo de criminalidad. Mientras que para defender los derechos del consumidor y combatir el fraude de energía a nivel empresarial, estatal y familiar, creamos la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE). Estas iniciativas son tan sólo hitos en un esfuerzo cotidiano que envuelve a miles de personas que con dedicación, amor por su patria y vocación de servicio, luchan cada día por ganarle la batalla al crimen, a la violencia y por mantener el clima de respeto a los derechos ciudadanos y a las libertades públicas.

Doctor Radhamés Jiménez Peña PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD ANTILAVADO

CONMEMORA SU TERCER ANIVERSARIO La Unidad del Ministerio Público Antilavado de Activos que dirige el magistrado Germán Daniel Miranda Villalona, conmemoró con varios actos el tercer aniversario de su fundación, los cuales incluyeron un diálogo magistral, con el tema “Prevención y persecución sobre el lavado de activos en la República Dominicana”. Como parte de los actos también fue realizado un conversatorio acerca de los tres años de experiencia de la Unidad Antilavado de Activos, que tuvo como expositores a Miranda Villalona y a fiscales adjuntos de la unidad que persigue el lavado de activos.

El magistrado Miranda Villalona habla durante el conversatorio.

El conversatorio estuvo encabezado por el procurador general, Radhamés Jiménez Peña y los directores nacionales de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja y del Ministerio Público, magistrados Frank Soto y Rodolfo Espiñeira, respectivamente.

En las actividades también participaron representantes de la Policía Nacional, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), de las superintendencias de Valores y de Bancos, y del Comité Nacional contra el Lavado de Activos.

Fiscal adjunto pone a circular libro

SOBRE CÓDIGO PROCESAL PENAL Manuel de Jesús Cuevas Hernández, fiscal adjunto del Distrito Judicial de Santiago, puso en circulación el libro “Incidencias en el Código Procesal Penal Dominicano y Aplicación General” en un acto que se efectuó en el auditorio de la Procuraduría General de la República. El acto estuvo encabezado por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, el Comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel y la procuradora general de la Corte de Apelación de Santiago, Vielka Calderón, quien comentó la obra.

En sus 496 páginas, el autor hace una revisión completa del Código Procesal Penal, especificando incidencias en el juicio, medios de prueba, medidas de coerción, costas e indemnizaciones, entre otros temas. “Me complace presentarles el trabajo que he realizado, en busca de que los abogados, jueces, Ministerio Público,

El autor de la obra habla durante la puesta en circulación.

estudiantes de derecho y público en general, puedan utilizarlo como guía de consulta”, manifestó Cuevas Hernández.

Al referirse al libro de Cuevas Hernández, el magistrado Jiménez Peña dijo que el libro puede servir de estímulo para que los demás miembros del Ministerio Público escriban y puedan ser parte importante en la historia del sistema de justicia dominicano. Además, le ofreció la revista Ministerio Público como espacio para sus publicaciones. Ministerio Público

INTERNAS DEL CCR FEMENINO DE NAJAYO

Pasan Pruebas Nacionales Obtienen altas calificaciones

Patricia Lagombra entrega un certificado a una de las internas que pasaron las pruebas.

Mesa principal del acto en que las internas recibieron sus certificados de aprobación, encabezado por Patricia Lagombra, al centro, Gladys Casilla y Héctor Reyes.

iez internas del Centro de Corrección y Rehabilitación Femenino de Najayo que recibieron los exámenes de las pruebas nacionales pasaron al primero de bachillerato y otras 30 que realizaron estudios de educación básica fueron promovidas de curso.

La información se dio a conocer durante un acto que estuvo encabezado por la directora de ese centro de corrección y rehabilitación (CCR), Patricia Lagombra, así como por representantes del Distrito Escolar 04-02 de San Cristóbal (SC), quienes manifestaron sentirse complacidos por la aceptación y responsabilidad de las internas en asumir el reto de la enseñanza a pesar de estar privadas de libertad.

En la actividad, que estuvo presidida también por los técnicos del Distrito Escolar 04-03 de SC, Gladys Casilla y Héctor Reyes y personal de la Pastoral Penitenciaria, fueron entregados pergaminos de reconocimiento a 10

Ministerio Público

Gladys Casilla entrega uno de los certificados a una de las internas.

Reconocen altas calificaciones de las internas internas, por sus altas calificaciones y su puntuación de asistencia a clases. Igualmente, fueron distinguidas las profesoras de la escuela por su dedicación.

El grupo coral Voces de Libertad y la solista Carolyn Bermúdez amenizaron el acto, que incluyó además un brindis para las internas participantes.

El programa de educación forma parte de las actividades que se desarrollan en ese centro dentro del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. En este recinto hay recluidas 297 mujeres.

GRADÚAN XV PROMOCIÓN DE FISCALES

Reconocen a tres magistrados por sus altas calificaciones

El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, entregó certificados a 15 miembros de la institución, egresados del XV Programa Extraordinario de Formación (PEF), que imparte la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP).

Igualmente, entregó reconocimientos por sus altas calificaciones a los magistrados, José Polanco Ureña, fiscal adjunto del Distrito Nacional; Maura Altagracia Martínez, procuradora general adjunta, y Mary Gabrielina Estrella Vásquez, fiscal adjunta del Distrito Nacional.

Los certificados fueron entregados durante un acto que estuvo encabezado además, por el director de la ENMP, Ramón Núñez. El procurador Jiménez destacó la importancia que representa para los fiscales cursar el PEF, porque los fortalece en su capacidad profesional al adquirir mayores conocimientos.

“La ENMP ha venido a llenar un espacio con esa capacitación; y nosotros continuaremos con nuevas jornadas de enseñanza porque en la medida en que la criminalidad adquiere mayores dimensiones y sofisticados métodos, en esa misma medida nosotros capacitaremos nuestros fiscales para que se

Procuradores, fiscales y abogados egresados de la última promoción de la Escuela Nacional de Ministerio Público.

pongan a tono y así frenar el auge de la delincuencia”, enfatizó Jiménez Peña. Reiteró que al cursar el PEF, los fiscales entran a formar parte de la Carrera del Ministerio Público, convirtiéndolos en funcionarios con permanencia en el cargo, que no pueden ser removidos por influencia política ni cualquier legislador o autoridad del gobierno que se vea afectado por una decisión que haya tomado ese representante del Ministerio Público.

Procuradores,fiscales y abogados que cursaron la carrera de Ministerio Público. Se destaca al frente la procuradora general adjunta, Maura Martínez Paulino.

“Me llena de orgullo y satisfacción el haber contribuido con ese objetivo para que ustedes puedan tener estabilidad en el cargo”, dijo el procurador, tras informar que ya existen unos 668 fiscales de Carrera. Dijo que la Carrera representa la institucionalización del Ministerio Público como operador fundamental del sistema de justicia dominicano. Mientras que el director de la Escuela Nacional del Ministerio Público resaltó los beneficios de los programas de formación que imparten.

También, formaron parte de la promoción del PEF XV, la procuradora adjunta de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Adelaida de la Rosa; los fiscales adjuntos, Clara María de Jesús, Adolfo Augusto Féliz, Gerardo Andrés Francisco, Rosa Aleida Medina, Bienvenido Fabián, Próspero Peralta y Francisco José Polanco. Asimismo, los abogados ayudantes, Eliana Concepción Ulloa y Ricardo José Taveras, y los fiscalizadores, Rossis Meléndez Santana y Altagracia Louis Lima. Ministerio Público

Encabezan el acto, Mabel Féliz, presidenta del CND; el director de la ENMP, Ramón Núñez; el procurador Radhamés Jiménez Peña; el presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa; el rector de la UASD, Franklin García Fermín, y Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS.

Procurador presenta al país

668 FISCALES INCORPORADOS A CARR

Durante acto masivo celebra con éxito II Conferencia del Ministerio Público

a Procuraduría General de la República presentó ante el país los 668 fiscales incorporados a la Carrera del Ministerio Público, durante un acto donde el titular de la institución, Radhamés Jiménez Peña, les hizo un llamado para que se conviertan en guardianes intransigentes frente a todo tipo de manifestación criminal. “Llegó la hora, Ministerio Público de mi país, de convertirnos en guardianes intransigentes frente a todo tipo de manifestación criminal. La gran amenaza que está latente en nuestra

sociedad hoy día lo es el Crimen Organizado, el cual ya no conoce fronteras, se ha transnacionalizado y a nosotros nos está asediando en una de sus modalidades más perversas, es decir, de su modalidad del narcotráfico, y ante tal escenario debemos lanzar nuestro grito de guerra y en consecuencia con la expresión del presidente Leonel Fernández, decirles: El narcotráfico aquí no pasará, expresó Jiménez.

Resaltó que el propósito es convertir el Ministerio Público en una institución digna de confianza y de respeto del pueblo. Les reiteró que como servidores públicos tienen ante sí grandes responsabilidades en la investigación y persecución del delito, en la asistencia, atención y protección de las víctimas y en la aplicación de las soluciones procesales adecuadas a los distintos conflictos que se les presentan en el desempeño cotidiano de sus funciones.

El magistrado Jiménez Peña pronuncia su conferencia.

Ministerio Público

En ese sentido, declaró que la sociedad dominicana ha reclamado durante años el fortalecimiento del sistema de justicia, uno de cuyos operadores estelares lo es el Ministerio Público, por lo que dijo, es el deber de todos los pre-

sentes hacer honor a su condición de servidores públicos y retribuir la estabilidad que se les ha asegurado, con el despliegue de sus mejores esfuerzos en el adecuado desempeño de sus funciones. Aseguró que actuando de esa manera, al tiempo de cumplir con sus responsabilidades, se contribuye al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho con el que se encuentran profundamente comprometidos.

El acto de presentación de los magistrados con las posiciones que ocupan y las jurisdicciones a las cuales pertenecen, se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde el procurador Jiménez dictó la II Conferencia Nacional del Ministerio Público: Instalación de la Carrera del Ministerio Público. La actividad estuvo encabezada además por el director de la ENMP, Ramón Núñez, así como por los ex procuradores Mariano Germán, Nelson Pantaleón González, Juan Demóstenes Cotes Morales, Semiramis Olivo de Pichardo, Pura Luz Núñez, Víctor Céspedes, Manuel Ramón Morel Cerda y Juan Arístides Taveras Guzmán.

Programa Extraordinario de Formación

Como requisito indispensable para ingresar a la Carrera los fiscales tienen que cursar el Programa Extraordinario de Formación (PEF), que es un plan de actualización de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, unido a temas de Derecho Constitucional, Medicina Legal y Desarrollo Humano. Este programa tiene una duración de 9 semanas durante las cuales se imparten 540 horas académicas a cargo de destacados juristas y expertos nacionales. ¿Qué es la Carrera del Ministerio Público?

La Carrera del Ministerio Público forma parte de la Ley 7803 sobre el Estatuto del Ministerio Público para garantizar la idoneidad, estabilidad e independencia de sus miembros en el ejercicio de sus respectivas funciones.

Ramón Núñez habla durante el acto.

RERA DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ex procuradores generales de la República que asistieron al acto.

El magistrado Jiménez declaró que la Procuraduría General de la República y la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), asumieron el proceso de instalación de la Carrera como lo que es: “un compromiso de Estado”. En ese sentido, precisó “La Procuraduría General de la República y la Escuela Nacional del Ministerio Público, cuyo Consejo Directivo me honro en presidir, presentan al país los resultados del histórico papel que les ha tocado jugar en el proceso de instalación de un cuerpo estable y capacitado de miembros del Ministerio Público”. Durante el desarrollo de la actividad se puso en circulación el Directorio actualizado de los miembros de la Carrera del Ministerio Público.

Procuradores generales adjuntos encabezan a los 668 fiscales incorporados a la carrera del Ministerio Público. Ministerio Público

La magistrada Roxanna Reyes junto a la delegación que visitó la Procuraduría.

Delegación del John Jay College de EE.UU. visita la Procuraduría

Una delegación de 35 estudiantes acompañados de varios profesores del John Jay College of Criminal Justice del estado de New York visitó la Procuraduría General de la República interesados en conocer cómo funciona el sistema de justicia en el país.

La comisión se reunió además con el máximo representante del Ministerio Público, Radhamés Jiménez Peña, para intercambiar opiniones sobre el Código Procesal Penal que se implementa en el país, la política de atención a las víctimas de violencia doméstica y trata de personas. También, visitaron el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de San Francisco de Macorís y otros centros penitenciarios que aún pertenecen al modelo tradicional. La delegación, que tuvo como anfitriona principal, a la magistrada Roxanna Reyes, procuradora general adjunta para Asuntos de la Mujer, estuvo encabezada por la profesora Jodie Roure e integrada además por estudiantes de maestría y licenciatura en criminología, psicología forense y todo lo que tiene que ver con la justicia criminal. La magistrada Reyes dijo que la visita

Ministerio Público

Jodie Roure, profesora del John Jay College of Criminal Justice; Roxanna Reyes Acosta, procuradora general adjunta para Asuntos de la Mujer, y Scott Garner, fiscal adjunto, director del New York City Family Justice Center del Condado de Queens, New York.

es parte de un acuerdo de capacitación vigente entre la Procuraduría y esa academia. Agregó que personalmente ha estado en esa universidad entrenándose en todo lo que tiene que ver con criminología. Destacó que en esa academia se forman especialmente los policías que trabajan en el área criminalística y es-

tudiantes dominicanos que residen en New York.

La procuradora general adjunta fue escogida por esa academia para trabajar junto a Puerto Rico, Brasil y Cuba en la edición de un libro sobre investigación de campo de la violencia doméstica en esos países, incluido la República Domicana.

Cardenal

López Rodríguez

resalta Nuevo Modelo Penitenciario Afirma que la iniciativa pone fin a condiciones inhumanas de hombres y mujeres privados de libertad El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez aseguró que las cárceles integradas al Nuevo Modelo Penitenciario ponen fin a las condiciones inhumanas en las que cientos de hombres y mujeres debían convivir mientras cumplían su condena. “Los nuevos centros intentan regenerar la conducta de los reclusos y presentarles nuevas oportunidades para que se reintegren a la sociedad como ciudadanos útiles”, dijo el prelado.

El también presidente del Patronato Nacional Penitenciario recordó que “las cárceles que yo conocí hace treinta o cuarenta años indiscutiblemente no eran cárceles, eran recintos para pervertir, dañar y corromper a las personas”. López Rodríguez habló durante la inauguración de un dispensario médico y una oficina administrativa en la cárcel de Najayo-Hombres, en San Cristóbal.

El arzobispo metropolitano afirmó que el patronato que preside estudia, junto a la Procuraduría General de la República y un grupo de empresarios, la posibilidad de insertar a los reos al mercado laboral, mediante la construcción de diversos talleres de producción. El proyecto todavía no está terminado pero desde su origen tiene por objetivo hacer que los reclusos dediquen su tiempo a actividades productivas, recibiendo de paso alguna remuneración económica. “De las 36 cárceles del país todavía son

El cardenal comparte con un grupo de VTPs de Najayo Femenino.

pocas las que tenemos bajo el nuevo sistema penitenciario. Espero que eso continúe avanzando y que en un tiem-

po relativamente corto todas las cárceles entren al nuevo sistema”, manifestó el prelado.

Internos en una tarea de aprendizaje. Ministerio Público

Marcos Villamán, Jorge Echavarría (conferencista peruano invitado), Hotoniel Bonilla, César Pina Toribio, José Ugaz (invitado internacional), José Joaquín Bidó, y la representante de Roby Senderowytsch, del capítulo Sociedad Civil del Banco Mundial.

Durante Conferencia

Aniversario DPCA

JIMÉNEZ PEÑA ANUNCIA DUPLICACIÓN FISCALES ANTICORRUPCIÓN Advierte que actuará sin titubeos contra funcionarios que cometan actos dolosos Al pronunciar las palabras centrales en la primera conferencia internacional “Corrupción Política y Justicia Penal”, auspiciada por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, anunció la duplicación de los fiscales que actúan en casos de corrupción advirtió que actuará sin titubeos contra cualquier funcionario que incurra en esa práctica.

La actividad celebrada en el marco del XII aniversario de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), tuvo lugar en los salones del hotel Meliá de Santo Domingo y estuvo encabezada, además de Jiménez Peña, por el secretario de la Presidencia, César Pina Toribio; el comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel; el presidente de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, José Joaquín Bidó Medina; el director

Ministerio Público

de la DPCA, Hotoniel Bonilla, así como los conferencistas internacionales Jorge Echavarría Guzmán y José Ugaz Sánchez, entre otras personalidades.

Jiménez Peña aseguró que su principal compromiso es fortalecer la capacidad de investigación de la DPCA, tras advertir que pondrá en marcha la acción penal sin titubeos contra cualquier funcionario en todos los casos que sea necesario. “Con estas medidas procuramos hacer mucho más efectiva la labor de persecución de la corrupción y dotar a esa dirección de los recursos humanos necesarios tendentes a elevar la calidad de sus repuestas frente a los requerimientos que puedan presentarse”, precisó.

El máximo representante del Ministerio Público dejó claro que además de fortalecer la capacidad investigativa

de la DPCA, se perseguirá sin titubeos todas aquellas conductas que, en buen derecho, ameriten la puesta en marcha de la acción penal, “sin importar la posición que ocupen en la administración pública”.

Sostuvo que junto a los esfuerzos que realiza la DPCA, además, deben ser acompañados por la actitud celosa, valiente y comprometida de todas las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto.

“El control de la corrupción no debe dejarse sólo en manos de los persecutores y de las fuerzas del orden, pues la solución del problema no depende solamente de la persecución criminal y del procesamiento penal; muy por el contrario, la lucha contra la corrupción debe comprender una combinación de acuerdos mutuos entre todos los actores sociales, por lo que constituye un signo de gran avance el hecho de que

la sociedad civil tenga ese interés legítimo en lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ámbito público”, precisó.

Jiménez Peña indicó que para que la persecución sea eficaz debe ser estratégica, inteligente y focalizada, debido a la complejidad que presenta.

Sostuvo que al Ministerio Público le corresponde un papel activo, para lo cual debe conducirse desplegando actividades de investigación, analizando información y recabando evidencias, todo ello con estricto apego a la Constitución y las leyes, pero sin menoscabo de los derechos fundamentales de las personas sujetas a investigación. Admitió, empero, que no puede afirmar que “estamos” en condiciones óptimas de eliminar las prácticas de corrupción de una vez por todas, sin embargo, estimó que la generación de un entorno ético y una cultura de transparencia, así como la promoción activa de la participación de la ciudadanía, tanto en el desarrollo de estrategias anticorrupción, como en el monitoreo de los actos públicos, “nos han puesto en condición de adelantar importantes pasos de cara a una verdadera consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público”.

Reiteró que para el combate de la corrupción es necesario conformar una amplia red social comprometida en

torno a estrategias y políticas consensuadas en todos los niveles.

“Sin la participación activa de los actores claves provenientes de todas las áreas gubernamentales, de los distintos partidos políticos, de la sociedad civil y del sector privado, es poco probable que se continúe logrando avances significativos, sin embargo, la creación de una conciencia colectiva y con el compromiso de los principales actores de la sociedad lo podemos lograr”, precisó.

HOTONIEL BONILLA

En tanto que Bonilla, titular de la DPCA, advirtió que actuará contra todos los funcionarios y ex funcionarios que resulten responsables de haber incurrido en conductas dolosas que configuren infracciones penales. Manifestó que la coyuntura “en que actualmente nos encontramos, algunos nubarrones que oscurecen el escenario” lo que demanda que actuemos con firmeza y templanza, pero sin apresuramientos.

“Vamos, y estamos investigando todos los casos que han sido encaminados por ante la DPCA, no importando el momento en que se hayan producido, ni quién o quiénes lo hayan cometido”, precisó. Destacó que en el país, en particular durante las gestiones de gobierno del

Hotoniel Bonilla

presidente Leonel Fernández, se han adoptado importantes medidas encaminadas a evitar la ocurrencia de estos hechos.

Dijo, además, que a pesar de las incomprensiones, en su 12 años de vida la DPCA ha tenido importantes avances en la persecución penal contra acciones corruptas, especialmente en los últimos cinco años. Admitió, empero, que los resultados han podido ser superiores, puesto que si bien se han radicado procesos de envergadura, estos han quedado sin sanción, salvo lo relativo a la corrupción privada, en particular los casos de fraudes bancarios.

La mesa de honor y parte de los asistentes a la conferencia. Ministerio Público

DPCA SOMETE A LA JUSTICIA

al Síndico y al Tesorero del Ayuntamiento de Villa Altagracia La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) sometió por ante los jueces de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Cristóbal al síndico de Villa Altagracia, Pedro Peralta Peralta, y al Tesorero, Franklin Vargas, por malversación de fondos pertenecientes a esa entidad, por un monto de RD$108,952,197.77, los cuales fueron utilizados sin la debida transparencia evadiendo los controles establecidos por las leyes, de acuerdo con una Auditoría de la Cámara de Cuentas que abarca los años 2007 y 2008, por lo que ha solicitado medidas de coerción hasta que concluya la investigación.

De acuerdo con la instancia, la Cámara de Cuentas estableció que en esa entidad edilicia no se prepararon los estados financieros al final de los períodos fiscales analizados. Además, no se levantaron los estados de resultados, ni asentamientos de los cambios de patrimonio municipal, no existen registros contables que aseguren las cuentas por cobrar y pagar, así como la adquisición de bienes y terrenos sin certificados de título ni matrículas. Mediante la instancia dirigida al juez presidente y demás jueces que componen la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Cristóbal por el director de la DPCA, Hotoniel Bonilla García, se indica que los imputados incurrieron en prevaricación y desfalco en contra del Estado dominicano, toda vez que mediante la evasión de los controles de órganos responsables, emitieron pagos en efectivo por la suma de RD14,086,500.71, esto ocurrido en los meses de marzo y abril de 2008.

Asimismo, la DPCA le atribuye haber adquirido sin título de propiedad tres (3) porciones de terreno por la suma global de RD$4,950,000.00, todos sin que se realizara la correspondiente tasación. Esas propiedades se encuentran ubicadas en: 1) Paraje rural Hormigo, de la cual se estima un sobreprecio de RD$2,889,170.40; 2) terreno en condiciones deplorables (atravesado por dos cañadas de aguas negras, en

Ministerio Público

cionarios, allegados y colaboradores políticos del síndico. Se descubrió que por este concepto se desembolsó la suma de RD$6,331,990.00; asimismo se evidenciaron otros manejos dolosos en esa nómina destinados a favorecer integrantes del cabildo, así como para reembolsar préstamos de miles de pesos, tomados por los regidores del ayuntamiento, el síndico y otros funcionarios edilicios.

La imagen que simboliza la tradición religiosa de Villa Altagracia.

una pendiente con una profundidad de 15 pies), destinado para la supuesta construcción de un parque ecológico; 3) terreno en el Kilómetro 43 de la Autopista Duarte.

Señala, además, que el señor Franklin Vargas, entregó la cantidad de 37 cheques, provenientes de la “Cuenta de Programación de Inversión” del Ayuntamiento; los cuales ascienden al monto de RD$3,132,404.00. Estos fueron emitidos a particulares y endosados y cobrados por funcionarios, empleados y personas vinculadas a la entidad, entre los que se puede señalar a la esposa del tesorero, con el cobro de 7 cheques. Asimismo, que tanto el síndico como el tesorero se dedican a utilizar una nómina llamada “No. 24”, la cual está destinada para hacer pagos millonarios a personas que no realizan ninguna labor, tales como: familiares de fun-

Evidencia la emisión de RD$622, 570.00, para pagos a empleados del ayuntamiento que realizaron servicios especiales a favor del síndico, Pedro Peralta Peralta, pagos que fueron entregados por el tesorero, Franklin Vargas.

Finalmente, se hace referencia a una donación realizada por la empresa metalúrgica Falconbridge Dominicana, de materiales de construcción por un valor estimado de RD$1,400,000.00, de los cuales no reposa ningún soporte que justifique su utilización o no, no se mostraron evidencias suficientes que indiquen en cuáles obras fueron utilizados, asimismo se indica que esos materiales fueron utilizados en obras ya terminadas. Hotoniel Bonilla indica en su instancia que los hechos atribuidos a ambos imputados constituyen las infracciones de prevaricación y desfalco, previstas en las disposiciones de los artículos 166, 167, 169, 171, 172 del Código Penal Dominicano y 102 de la Constitución de la República Dominicana.

El hoy sometido síndico ordenó obstruir la Autopista Duarte con montones de basura como el que se observa en la instantánea.

CASTAÑOS GUZMÁN DECLARA

CARRERA FORTALECE EL MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE FINJUS RESALTA VISIÓN DEL PROCURADOR

Castaños Guzmán consideró que el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, tuvo una acertada visión en apuntalar al Ministerio Público como una institución independiente, contribuyendo a su fortalecimiento con la implementación real de la Carrera del Ministerio Público.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, declaró que la formación que lleva a cabo la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) a todos los fiscales del país con sus programas de capacitación, ha contribuido a que esos funcionarios sean más competentes en el ejercicio de sus funciones.

Dijo que se siente complacido porque el Ministerio Público, en la actual reforma Constitucional, ha quedado como una institución independiente. “El Consejo General de Procuradores es un paso trascendental que se haya constitucionalizad, porque ya el 25% de los adjuntos del Ministerio Público son designados por este órgano y no por el Presidente de la República”, enfatizó. “La República Dominicana dio un salto monumental”, agregó el vicepresidente de la FINJUS al ponderar ese reglamento que consideró de suma importancia para el país. El vicepresidente de la FINJUS produjo sus declaraciones durante su parti-

Servio Tulio Castaños Guzmán.

cipación en el programa de televisión “Esferas de Poder”, que produce el periodista Federico Méndez, por Santo Domingo TV, canal 24 de Telecable. Servio Tulio reconoció al Ministerio Público como actor principal del sistema de justicia porque no sólo investiga, sino que también mantiene la acusación y es quien diseña la política criminal del Estado junto a la Secretaría de Interior y Policía. Igualmente, declaró de gran valor el

trabajo que ha venido desarrollando el procurador Jiménez Peña en la institucionalización del Ministerio Público y el fortalecimiento del Nuevo Sistema Penitenciario en el país. “Hay que reconocer este gran trabajo en el sistema penitenciario que es un modelo paradigmático en América Latina, porque los niveles de reincidencia no llegan a un 3%, sin embargo, en otros modelos penitenciarios llegan a un 40%”, dijo Castaños Guzmán, al referirse al Nuevo Modelo Penitenciario que impulsa la Procuraduría General de la República.

El periodista Federico Méndez, productor del programa “Esferas de Poder”, aparece junto al magistrado Radhamés Jiménez Peña en una de las entregas del espacio que se difunde por el canal 24. Ministerio Público

on la celebración de una gran fiesta, que incluyó la presentación de payasos y rifas, fue clausurado el Campamento de Verano 2009, donde más de 200 niños y niñas, hijos de empleados de la Procuraduría General de la República, pasaron momentos inolvidables en sus vidas; aprendieron distintos oficios y conocieron el desenvolvimiento de importantes instituciones del Estado. Dentro de los atractivos del acto fue rifada una laptop, que ganó el niño Andy Rodríguez, hijo del empleado Luis Rodríguez, de la Dirección de Tecnología de la Información.

La actividad, celebrada en el quinto piso de la sede del Ministerio Público, marcó el cierre de uno de los períodos más hermosos del año para la institución que tiene como objetivo trazar la política criminal del país, y de paso transformó de manera positiva la vida de magistrados y personal administrativo, quienes sonrieron, bailaron y brincaron de alegría junto a sus vástagos. “Estamos complacidos de estar aquí junto a todos estos niños y niñas, pero mayor satisfacción sentimos al haber aportado un granito de arena en su sano desarrollo como seres humanos”, precisó Rossanna Dalmasí, directora de Gestión Humana y coordinadora del Programa de Verano 2009 de la Procuraduría. Destacó que durante el desarrollo del Campamento los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar varias instituciones con funciones estratégicas en cuanto a la seguridad nacional, así

La directora de Gestión Humana, Rosanna Dalmasí, y el equipo de empleadas y empleados que dirigieron el campamento.

Con celebración de g

Procuraduría clausura c para hijos de empleados como lugares de sano entretenimiento. “Los niños y niñas tuvieron la oportunidad de visitar el Palacio Nacional, las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea Dominicana, entre otras instituciones”, apuntó.

Parte de los niños que disfrutaron del campamento en el acto de clausura.

Ministerio Público

También, se instruyó a los niños y niñas en charlas educativas sobre la importancia de proteger el medio ambiente, ahorrar energía y agua, así como la importancia de trabajar con seriedad en las funciones públicas y el buen manejo del dinero cobrado me-

REMODELAN CÁRCEL DEL PALACIO DE JUSTICIA

Los magistrados Radhamés Jiménez, Alejandro Moscoso Segarra y José María Mercedes, de los derechos humanos, cortan la cinta para dejar abierta la obra.

gran fiesta:

campamento de verano diante impuestos, entre otras.

La participación en esas actividades les permitirá a los niños poder enfrentar con éxito los nuevos retos del próximo año escolar. “Se impartió a los niños y niñas clases de pintura, etiqueta y protocolo, así como otras manualidades que le brindarán mayor confianza en su desarrollo educativo”, indicó Dalmasí. Destacó que para que el Campamento de Verano 2009 terminara con un rotundo éxito, se contó con el apoyo de todas las áreas de la Procuraduría y un equipo especial de voluntarios.

Estuvieron presentes en la actividad, los magistrados Ángel Castillo, primer sustituto del procurador general, Radhamés Jiménez Peña; Marisol Tobal, coordinadora nacional de Niños, Niñas y Adolescentes; Ramón Arístides Madera Arias, procurador adjunto y enlace con los organismos de seguridad del Estado, así como Gladys Checo, administrativa y financiera; Gladys Sánchez, secretaria general, y la encargada del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, Maricela Vargas, entre otros. La animación de la actividad estuvo a cargo de la compañía Colors, que presentó payasos y malabaristas para el deleite de los niños y niñas que participaron en el Campamento.

Con la finalidad de garantizar la integridad y la dignidad humana de los reclusos, la Fiscalía del Distrito Nacional remodeló la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, informó que esos trabajos se enmarcan dentro de la reforma penitenciaria que ejecuta la Procuraduría General de la República. El centro de retención cuenta con baño, comedor, áreas para facilitar el trabajo del Ministerio Público, circuitos cerrados de televisión y espacios para realizar rueda de detenidos y otras.

En el acto estuvieron el procurador Radhamés Jiménez y el comisionado Lino Vásquez, entre otras autoridades. Ministerio Público

Henry Garrido, inspector general de cárceles, aparece acompañado de defensores públicos, directivos de Colegio de Sicólogos y la directora de Najayo Mujeres, Patricia Lagombra.

Procuraduría realiza encuentro CON DEFENSORES PÚBLICOS Y COLEGIO DE PSICÓLOGOS La presidenta del CODOPSI, Jenny Tiburcio, estuvo acompañada de los psicólogos Wendy de la Cruz y Eladio Hernández

La Procuraduría General de la República realizó un encuentro con el Colegio Dominicano de Psicólogos, (CODOPSI), y con defensores públicos del Distrito Nacional, San Cristóbal y la provincia de Santo Domingo, en el Centro de Corrección y Rehabilitación, CCR, Najayo Mujeres.

Mari Ramírez, coordinadora de la defensoría del Distrito Nacional, estuvo acompañada de los defensores Jacinto Castillo, Néctor Arrollo, Margarita Reyes, Nelsa Almánzar, Lilian Pérez, Yobani Núñez, Normandía Benencia, Yohanna Bautista, Pedro Pablo Valoy, Ilaria Fernández, Francisco Tamares y Zamari Pujols.

Los visitantes fueron recibidos por Hilda Patricia Lagombra Polanco, directora del CCR2 Najayo Mujeres, el supervisor general de prisiones, Henry Garrido y el doctor Miguel Matos, consultor jurídico del centro correccional Najayo Hombres, en representación de la Dirección General de Prisiones.

Ministerio Público

El objetivo del encuentro es eficientizar los canales de comunicación entre los opera-

dores del sistema de justicia penal, y empoderar a las instituciones de la sociedad del Modelo de gestión Penitenciaria, según los deseos del procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, declaró el supervisor general de prisiones, Henry Garrido.

Los visitantes compartieron el almuerzo con las internas, y conocieron las labores productivas y educativas que realiza el centro para la rehabilitación de las internas, como son producción de pan, crianza de gallinas, diseño de moda, y los cursos del INFOTEP, y el grupo de teatro de las internas. La presidenta del Colegio de Psicólogos, Jenny Tiburcio, y los defensores agradecieron la invitación y mostraron su disposición de colaborar para fortalecer el modelo de gestión penitenciaria, desarrollado por la Procuraduría General de la República, con el objetivo de que todas las cárceles del país sean convertidas en Centros de Corrección y Rehabilitación, como garantía del respeto a los derechos humanos de los-as privados-as de libertad.

El procurador Radhamés Jiménez y el director de FLACSO, Francisco Cueto, firman el acuerdo.

Escuela del Ministerio Público y Flacso desarrollarán programa académico conjunto en las áreas sociales

La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) de la Procuraduría General de la República y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) emprenderán un programa académico conjunto que abarcará un estudio de la realidad social, cultural, jurídica y económica de la República Dominicana.

Para formalizar la ejecución del proyecto, el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, como presidente del Consejo Directivo de la ENMP, y el director de la FLACSO, Francisco Cueto, firmaron un acuerdo de colaboración institucional en el despacho del máximo representante del Ministerio Público. El procurador Jiménez resaltó la importancia de esa alianza estratégica con la FLACSO, la cual, dijo, beneficiará a todos los fiscales dominicanos. “Ese acuerdo le permitirá al Ministe-

rio Público fortalecer el proceso de construcción de la Carrera, de la institucionalidad, y esto nos colocaría en condiciones de que ese trabajo de fortalecimiento institucional que hemos venido desarrollando desde la Procuraduría General de la República, pueda además ser compartido con otros países latinoamericanos”, explicó.

Mientras que Cueto declaró que con la iniciativa ampliarán las relaciones del Ministerio Público con los países de la región, al tiempo de manifestar su compromiso de continuar apoyando los proyectos que se ejecutan en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Durante la firma del acuerdo, el pro-

curador Radhamés Jiménez estuvo acompañado del director de la ENMP, Ramón Emilio Núñez. La FLACSO, entidad privada que funciona en el sector de Gazcue de esta capital, y la ENMP, como centro de capacitación especializada de los miembros del Ministerio Público, desarrollarán programas académicos relacionados con las áreas sociales, y levantarán investigaciones conjuntas sobre el tema. El compromiso tiene como objetivo establecer lazos de colaboración con otras instituciones homólogas a fin de promover la cooperación en el campo del conocimiento científico de las ciencias sociales y el derecho.

“Este acuerdo le permitirá al Ministerio Público fortalecer el proceso de construcción de la Carrera, de la institucionalidad, y esto nos colocaría en condiciones de

que ese trabajo de fortalecimiento institucional que hemos venido desarrollando desde la Procuraduría General de la República, pueda además ser compartido con otros países latinoamericanos”, explicó Jiménez Peña.

Ministerio Público

CAMBIO DE PARADIGMA

EN EL MINISTERIO PÚBLICO RICARDO TAVERA Abogado Asistente Depto. de Litigios y Dictámenes. taveracepeda@hotmail.com

La expresión “cambio de paradigma” es el eje de posicionamiento del proceso de transformación institucional que se viene desarrollando en el sistema de justicia penal de la República Dominicana a raíz de la implementación de una nueva normativa procesal penal. En lo concerniente al Ministerio Público, no es ocioso afirmar que ha adquirido la categoría de sentencia irrevocable.

Hoy día no es posible ejercer adecuadamente tan delicadas funciones siguiendo los patrones tradicionales establecidos en una legislación que data de la segunda década del siglo pasado, opacados por los requerimientos de un mundo que se transforma a un ritmo que hace apenas 20 años no podía ser sospechado. Ya no es suficiente ser licenciado ó doctor en Derecho y cumplir el período de ejercicio profesional señalado por la ley para ocupar las diferentes posiciones jerárquicas del Ministerio Público ante los tribunales del orden judicial.

Ahora es imprescindible someterse a un riguroso proceso de formación sobre las ideas que ocupan la vanguardia del pensamiento jurídico predominante, las cuales, es lamentable tener que admitirlo, todavía no han hecho presencia en la mayoría de las escuelas de Derecho donde se forman los abogados dominicanos. Recientemente concluyó el decimoquinto Programa Extraordinario de Formación desarrollado por la Escuela Nacional del Ministerio Público para la formación de los recursos humanos llamados a ocupar las posiciones de Fiscalizador, Procurador Fiscal, Procuradores Generales de Cortes de Apelación y las jurisdicciones especia-

Ministerio Público

les de similar jerarquía, así como en la propia Procuraduría General de la República. Allí, junto con el privilegio de compartir con miembros del Ministerio Público de diferentes regiones del país, así como de Panamá, Venezuela, Chile, El Salvador, Ecuador y Honduras, fuimos testigos de cuán necesario es ese “cambio de paradigma”.

Con el PEF – 15 se cierra un ciclo formativo que, a nuestro juicio, debe ser seguido por la evaluación serena del trecho recorrido hasta ahora en el proceso de transformación institucional que lleva a cabo la Procuraduría General de la República para definir en lo adelante un proceso de capacitación basado en un objetivo programa de detección de necesidades que asegure la actualización constante del Ministerio Público en los conocimientos específicos de las tareas a su cargo.

De esa forma entraremos con pie firme en la segunda década de este siglo XXI a la consolidación del nuevo sistema de gestión en el que los conocimientos de la dogmática, y de las normativas sustantiva y procesal se complementarán con el auxilio de normas y procedimientos gerenciales extraídos de las ciencias administrativas, lo cual contribuirá a la consolidación de un estado de derecho que garantice la seguridad jurídica a todos los habitantes la sociedad dominicana. Es oportuno señalar que programas como el PEF y el Programa Inicial de Formación (PIF) necesitan ser complementados con sus equivalentes para el personal de apoyo administrativo del Ministerio Público; no es posible obtener buenos frutos con buena semilla sembrada en medio de la maleza. De ahí que con el mayor respeto nos atrevamos a solicitar a las dignas autoridades que nos dirigen tener en

cuenta esta sugerencia llamada a consolidar el ya referido sistema de gestión de fiscalías que con inmejorables perspectivas está en pleno proceso de implementación.

De igual manera, aprovechamos para recordar que ninguna gestión de institución alguna puede ser exitosa si no se ejerce con apego a los principios éticos. En esa materia la Procuraduría General de la República ha sido, en los últimos cinco años, el punto de referencia de la administración pública dominicana; de ahí que es válido expresarlo con orgullo. El cambio de paradigma significa incrementar nuestras fortalezas, aprovechar nuestras oportunidades, reducir nuestras debilidades y derrotar nuestras amenazas. Implica una nueva visión desde una perspectiva distinta a los viejos esquemas; una nueva misión refrendada en compromiso de servir de manera eficiente a la sociedad.

Es actuar bajo del presupuesto de que sólo el respeto a la Constitución y las leyes de la República habilita y legitima las actuaciones de la autoridad delegada por el pueblo soberano; es entender que más que entes de persecución hay que ser proactivos en la solución de conflictos. Es comprender que la independencia en el ejercicio de las facultades atribuidas por la ley es correlativa a la unidad y a la indivisibilidad del Ministerio Público. Es aceptar, de una vez por todas, que ejercer una función pública de tal naturaleza es un compromiso de servir y no una fuente de privilegios, y, finalmente, que la estabilidad en las funciones es el premio al mérito demostrado a través de la calidad del servicio prestado. Las condiciones están dadas y no cabe dudas de que podemos lograrlo.

REINSERCIÓN: Necesidad de Políticas Públicas

MILAGROS RICARDO Subdirectora Administrativa Dirección General de Prisiones milagrosaricardo@hotmail.com

“LA REINSERCIÒN SOCIAL, debe ser abordada desde la perspectiva de una clara política pública, al tiempo de que amerita un análisis profundo con miras a determinar las implicaciones del término en sí y su vinculación con la política criminal y la relación con el aumento de la criminalidad y la prisionización”. Para los actores del Sistema Penitenciario, los internos, sus familiares, la sociedad en sentido general, el tema Reinserción Penitenciaria constituye un gran reto. Igualmente, si tomamos en cuenta los diferentes sectores que interactúan en esta actividad, lo que reviste interés capital en virtud de que la efectividad de la rehabilitación sólo puede ser medida desde el punto de vista de la reinserción y de la reincidencia.

La falta de programas post penitenciarios y hasta la exclusión del término en algunas legislaciones, no permite determinar la efectividad o no de los programas implementados en los regímenes penitenciarios en América. La meta debe ser identificar acciones que nos ayuden a construir una verdadera política post penitenciaria entre las que podemos identificar el diálogo intersectorial y la autogestión a nivel local. La experiencia comparada juega un papel de importancia para el diseño de esta política de seguimiento post penitenciario, la identificación de programas integrales y las alianzas estratégicas entre los diferentes sectores.

El término Reinserción adquiere una dimensión diferente dependiendo de quién lo cite, fuere la institución que la aplica o el público a quien está dirigida. Trátese para el caso nuestro al acto mediante el cual se inserta nuevamente una persona al orden social-

legal en que los ciudadanos conviven y del cual la persona necesariamente no estaba excluida al momento de las causas que originaron su encierro o si se encontraba insertado en su comunidad o sometido al sistema normativo imperante al momento de cometer el delito, de ahí que se hayan originado debates sobre qué término aplica más puntualmente, resocialización, reintegración, rehabilitación o reinserción, encontrando que cualquiera de ellos aplica como sinónimo, sin embargo, esta poca claridad se traduce en inconvenientes al momento de seleccionar prácticas y procedimientos que deben ser seleccionados con rigurosidad, a fines de que estos puedan calificarse como reinsertadoras. De ahí, tenemos que el término rehabilitación, según nuestro criterio, implica actividad médica, es decir, se piensa de inmediato en enfermedad y al cual la sociedad debe restaurársela. Cuando este término se aplica al ámbito criminal, sugiere una condición de adicción o vicios. Sin embargo, el concepto criminal se refiere, en este contexto, a una persona enferma socialmente y que amerita ser rehabilitada para hacerla normal. Indudablemente, el término está relacionado con los cambios que ha experimentado la justicia criminal, la creciente población penal a nivel internacional, y por vía de consecuencia, el aumento igualmente en las salidas con el subsecuente ingreso a sus comunidades de origen. Nuestra preocupación se manifiesta con la si-

guiente interrogante ¿Qué hacer con estas personas que provienen de los estratos más desprotegidos de la sociedad, lo cual debemos visualizar en dos vertientes desde el punto de vista humanitario y del punto de vista de la peligrosidad que representan para el orden social. Frente a esta situación debemos citar la aseveración de Robert Martinson, quien afirmó luego de su revisión de programas de reinserción (1970), a nivel internacional, lo que él llamó “la era del Nothing Works”, o nada funciona, para los años ochenta, la medida a aplicar era la prisión lo cual se conoce como “Prisión Works”, o la cárcel sí funciona, es a partir de los años noventa cuando se experimenta un crecimiento excesivo de la población carcelaria a nivel mundial, lo cual devino en hacinamiento, ausencia de condiciones de vida adecuadas, violencia, bajo nivel o ningún nivel de cobertura en servicios básicos y capacitación intracarcelaria, ausencia de programas que proporcionen o preparen al interno para su egreso eran y son en algún nivel las características predominantes en las cárceles.

En adición a estas circunstancias, se puede decir que los efectos de la cárcel exceden ampliamente la sanción penal impuesta, las cuales afectan entre otras, las relaciones de pareja, el vínculo con los hijos (más fuertemente en el caso de las mujeres). Ministerio Público

Acompañado de comunicadores, el magistrado Jiménez Peña recorre áreas de sembradíos que cultivan internos del CCR Vista al Valle de San Francisco de Macorís. Se observan a Oscar Medina, Carlos Batista y Ramón Reyes Baldera.

RD SERÁ RECONOCIDA P COMO PAÍS DE MEJORES PRÁCTICAS PENITENCIARIAS Procurador afirma: Nuevo Modelo Penitenciario “cierra círculo vicioso de la criminalidad”. Internos de Rafey y Vista al Valle disfrutan de canciones de Danny Rivera. La República Dominicana será reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la nación que mejores prácticas desarrolla en materia penitenciaria.

La buena nueva la dio a conocer el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, quien adelantó que para tale fines vendrá al país en septiembre próximo una delegación del Instituto para la Reducción de la Criminalidad y la Delincuencia de la ONU, encabezada por el subsecretario general del organismo mundialista.

Jiménez Peña habló en sendos actos

Ministerio Público

animados por las canciones del cantautor dominico-puertorriqueño Danny Rivera, en los centros penitenciarios Vista al Valle de San Francisco de Macorís y Rafey, Santiago, en ocasión del Día de los Padres. En ambos escenarios se resaltó la importancia de regenerar a las personas privadas de libertad. Le acompañaron el segundo sustituto, el procurador general adjunto, Frank Soto; el director de la Escuela Nacional Penitenciaria, Roberto Santana Sánchez; el director Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y el coordinador de la Pastoral Penitenciaria, fray

Arístides Jiménez Richardson, entre otras autoridades.

VIDA DIGNA SIN PRIVILEGIOS

El jefe del Ministerio Público garantizó que el gobierno del presidente Leonel Fernández está comprometido en fortalecer y convertir todo el sistema penitenciario en centros de segunda oportunidad para las personas que son procesadas por la comisión de infracciones penales, donde haya cero hacinamiento y cada interno disfrute de una vida digna, pero sin privilegios. Afirmó que el objetivo final es cerrar “el círculo vicioso de la criminalidad”

POR LA ONU

Jiménez Peña dijo que cuando una persona que delinque es rehabilitado se está sacando de las calles a un criminal y un posible agresor de cualquier persona, “por lo que este Modelo es uno de los ejes principales del Plan de Seguridad Democrática”. Sostuvo, además, que como ejecutor del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que opera en 11 centros de corrección y rehabilitación (CCR), tiene la firme intención de transformar el antiguo sistema en lugares que permitan reducir la criminalidad y garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía.

en el país y que además cada persona con un pasado criminal pueda tener una segunda oportunidad.

Manifestó que la reinserción social de cada hombre y mujer que entra al Nuevo Modelo es superior al 97%, mientras que la reincidencia es de apenas un 2.7%, lo que se refleja en mayores niveles de seguridad para toda la población. Dijo que el éxito del Nuevo Modelo Penitenciario radica en el apoyo de la sociedad en sentido general, y de manera especial de los medios de comunicación.

Admitió, empero, que todavía queda un gran trecho por recorrer, ya que de los 36 centros penitenciarios ya hay 11

Jiménez Peña y Roberto Santana, acompañados de comunicadores, entres ellos, Miguel Franjul, director del Listín Diario, Carlos Batista y el empresario Abraham Selman.

dentro del Modelo, mientras que otros cuatro estarán terminados a finales del presente año para sumar 15.

Destacó que en los 11 centros del

Nuevo Modelo hay cero tasa de analfabetismo, debido a que la educación es obligatoria, y es paralela a la realización de cursos técnicos y de producción agrícola. Ministerio Público

Danny Rivera

dedica concierto a internos CCR Vista al Valle, San Francisco de Macorís El Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria ha encontrado un famoso aliado que alegra, encanta y hace rememorar momentos inolvidables. El artista puertorriqueño, Danny Rivera, que recientemente adquirió la nacionalidad dominicana, se ha unido a esta causa ofreciendo parte de su amplio repertorio de canciones en un concierto que ofreció a los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, San Francisco de Macorís. Danny Rivera actuó acompañado de la orquesta del destacado pianista y arreglista, Jorge Taveras. El artista se comprometió a apadrinar la carrera artística de Carolyn Bermúdez, interna que próximamente adquirirá su libertad condicional, y quien también interpretó varias canciones durante el concierto dedicado a los padres. “Yo sé lo que es estar bajo prisión, y hoy, ustedes, nos han dado la libertad a nosotros”, expresó el artista a los internos que aplaudían con entusiasmo cada una de sus canciones.

La presentación de Danny Rivera y Jorge Taveras contó con una concurrida asistencia encabezada por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; el director de la Escuela Nacional Penitenciaria y coordinador del nuevo sistema, Roberto Santana; miembros del Patronato Nacional Penitenciario que preside el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. También, participaron el director de Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, Mabel Féliz y el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), José Rafael Vargas. La actividad también contó con la participación del director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul; los

Ministerio Público

conductores del programa Hoy Mismo, Cristhian Jiménez, Geomar García, Elías Ruiz Matuk y Oscar Medina. También, de Héctor Herrera Cabral, Diulka Pérez y Carlos Batista, quienes se interesaron en conocer el nuevo modelo penitenciario.

Recientemente, el artista puertorriqueño había encantado con su actuación a un grupo de internos que participaron en el concurso “Pinto mi Libertad”, que organizó el Consejo Nacional de Drogas y la Procuraduría General de la República.

FERIA ARTESANAL

Además del concierto de Danny Rivera, en el CCR Vista al Valle, fueron expuestos también productos comestibles elaborados en las panadería y respostería que funcionan en ese recinto. Igualmente, fueron mostrados artículos artesanales, agropecuarios, de artes plásticas y velones, también fabricados por los internos.

Danny Rivera es muy querido en la República Dominicana y por demás él ha reciprocado ese cariño de tal forma que desde hace algún tiempo reside en el país, donde realiza obras de bien social. Danny Rivera a compartido también con internos de otros centros penitenciarios, entre ellos Rafey, Santiago. Los centros de Santiago y San Francis-

Un interno acompaña a Danny Rivera en la interpretación de una de sus canciones.

co de Macorís están ubicados en dos ciudades muy importantes del país por su alta población y producción económica. Santo Domingo, en la zona sur de la República Dominicana, ocupa el primer lugar, seguida por Santiago, y luego San Francisco de Macorís, estas dos últimas ubicadas en la región norte. Actualmente, el país tiene una población carcelaria de alrededor de 19,000 internos en 36 centros penitenciarios. Vista al Valle tiene una población de 517 reclusos, mientras que RafeyHombres alberga a un total de 670.

Procuraduría

Crea Unidad de Protección de Víctimas y Testigos rio Público o un miembro de la Policía o cualquier otra agencia ejecutiva que cumpla funciones de Policía Judicial, de acuerdo con el formato único de requerimiento de protección, diseñado por el recién creado organismo, o por otro documento, siempre que se consignen los elementos de juicio necesarios para la determinación del caso: factores de riesgo y la vinculación directa con el caso en cuestión.

La Procuraduría General de la República dispuso la creación de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, para proteger dentro del proceso penal, cuando amerite, a los afectados por casos de narcotráfico y criminalidad compleja. El organismo, creado mediante la resolución 42, estará bajo la dependencia de la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja, que dirige el procurador adjunto, Frank Soto. La asistencia se ofrecerá a través del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, previa comprobación de que el caso lo requiere. La protección abarcará además de las víctimas y testigos, a los familiares, a quienes el nuevo organismo les garantizará su seguridad. También, se considerarán con fines de protección, previo estudio y verificación, aquellos casos de crímenes horrendos que hayan tenido gran impacto en la sociedad. La nueva dependencia de la Procuraduría, que estará a cargo de la licenciada Dimercy Ávila Cedano, será además la encargada de recomendar al procurador, por intermedio del director de persecución del narcotráfico, las políticas generales de protección a implementar. Asimismo, formulará y ejecutará los planes y programas de atención para quienes lo neces i te n y dará asistencia técnica a los organismos operativos del programa de protección. Será también la uni-

dad responsable de resolver las solicitudes de incorporación, reincorporación y exclusión de los protegidos.

Entre las medidas de protección que tendrá bajo su responsabilidad están: la reubicación o alejamiento inmediato de la persona protegida del lugar de riesgo, vigilancia y protección policial en el lugar de alojamiento, instalación de instrumentos de comunicación policial de emergencia, cuando proceda, y medidas de resguardo del testigo en prisión, como en el caso de aislamiento del resto de los reclusos.

También, encubrimiento de la identidad de la víctima o testigo, cuando proceda, y métodos de distorsión de voz o imagen en juicio, con autorización judicial, así como testimonio por videoconferencia. El procedimiento de protección podrá ser aplicado de oficio o a solicitud de parte interesada, tales como: un familiar, un miembro del Ministe-

En situaciones urgentes, el procurador o en su caso el director nacional de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja podrán disponer la protección inmediata en atención a la circunstancia inminente del riesgo, la cual será de carácter provisional y sin procedimiento alguno, debiendo examinarse con posteridad a su otorgamiento. El protegido deberá colaborar con la administración de justicia, lo que implica principalmente comparecer al juicio y a cualesquiera otros actos del procedimiento, al ser citado. Además, deberá abstenerse de realizar actos contrarios a las leyes, reglamentos o disposiciones emanadas del Ministerio Público y acatar fielmente las recomendaciones que les sean formuladas en materia de seguridad, entre otras.

Mientras que el programa proveerá atención a las necesidades médicas y sicológicas, de seguridad, de manutención y de alojamiento del protegido, y gestionará, cuando proceda, la ocupación laboral y el acceso a la educación. Igualmente, le dará un trato digno, respetando sus derechos fundamentales y atenderá oportunamente todas sus inquietudes y quejas, las cuales serán canalizadas a través de la autoridad pública competente cuando escapen del ámbito de atribuciones del Ministerio Público. Ministerio Público

REFORMA CARCELARIA: UNA REVOLUCIÓN PENITENCIARIA EN REPÚBLICA DOMINICANA

El nuevo modelo ya beneficia a miles de internos en once centros ubicados en todo el país. JOSÉ RAFAEL VARGAS Presidente de Indotel jrvargas@indotel.gov.do

“Sólo basta con ver las imágenes y las fotos de lo que ayer existía y compararlas con los centros penitenciarios modelos, para que nos demos cuenta de que se está produciendo una revolución que ha sido posible gracias a la firme decisión del gobierno y el empuje que ha tenido la iniciativa de dos procuradores, Francisco Domínguez Brito y Radhamés Jiménez Peña”.

La República Dominicana se está convirtiendo en modelo de un nuevo régimen penitenciario que ya comienza a ser exportado y cuyos resultados están a la vista: cero analfabetismo en los once centros inaugurados hasta la fecha, con una de las más bajas tasas de reincidencia de todas las cárceles del mundo, 2.7%.

dignos, con todas las atenciones que requieren para su rehabilitación y posterior reincorporación a la sociedad de manera productiva. Antes, los presos vivían hacinados en las cárceles, peleándo-

Del infierno de cárceles que teníamos ayer, con pleitos, guerras internas, venta de drogas, comercio al aire libre, centros de prostitución, promiscuidad y enjambre de proxenetas, enfrentamientos entre grupos rivales e involucramiento militar en la trata irregular de los recintos, hemos pasado a tener verdaderos centros de rehabilitación, donde los presos, ahora llamados internos, se les trata con dignidad.

RESPALDO DEL GOBIERNO

Sólo basta con ver las imágenes y las fotos de lo que ayer existía y compararlas con los centros penitenciarios modelos, para que nos demos cuenta de que se está produciendo una revolución que ha sido posible gracias a la firme decisión del gobierno y el empuje que ha tenido la iniciativa de dos procuradores, Francisco Domínguez Brito y Radhamés Jiménez Peña.

Este último tiene este proyecto como uno de sus sueños. Y junto a él, un selecto equipo que no duerme, encabezado por el ex rector de la UASD, el activo y emprendedor Roberto Santana, hombre de mil batallas que no descansa en su afán por regenerar a los reclusos. En esta tarea están la arquitecta Maricela Vargas, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz; el director de Prisiones, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, Ysmael Paniagua y muchos otros que son verdaderos héroes anónimos.

VIVIR CON DIGNIDAD

El esfuerzo se hace desde la Procuraduría, con muy pocos recursos económicos. Se está ofreciendo a las personas privadas de libertad la oportunidad de vivir en espacios

Ministerio Público

Internos recibiendo clases.

se unos con otros, con comida de mala calidad, sin atenciones médicas ni posibilidad de convivir con su familia. Ahora, en los once centros que han sido implementados, la salud física y mental de los internos está garantizada. Se han construido o remodelado sus plantas físicas, con la implementación de programas de educación, rehabilitación y recreación, así como acceso a servicios de salud física, psicológica,

deportiva, recreativa, educativa, informática, biblioteca virtual, centros de producción y atenciones primarias básicas.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, ha contado en este proceso con el apoyo y las orientaciones del presidente Leonel Fernández, quien ha puesto todo su empeño para la transformación de todas las cárceles, con el propósito de que se conviertan en verdaderos centros de corrección y rehabilitación.

Los recintos que aún funcionan bajo el sistema tradicional están a cargo del director general de Prisiones, pero se trabaja para irlos integrando poco a poco, como pasará en agosto con el de Moca y próximamente con los de Higüey, La Vega, Azua y otras cárceles.

TASA DE ANALFABETISMO 0%

Como resultado de la implementación del nuevo modelo, los centros incorporados a este proyecto presentan tasa cero de analfabetismo y sólo un 2.7% de reincidencia, contrario al sistema tradicional, que el nivel de reincidencia supera el 40%.

dos y reciben además entrenamiento en proyectos de producción agrícola e industrial, así como en actividades artísticas y de recreación. Ya hay un grupo musical en la cárcel de Najayo, otro grupo en Rafey. Hay un grupo de poesía coreada en Najayo Hembras, dos jóvenes vocalistas se destacan en festivales, y hasta un cuerpo de baile de las internas.

CAMBIO DE CUSTODIA

El modelo penitenciario también incluye un cambio de custodias que sustituye a los policías y militares por agentes capacitados en Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTPs), formados por la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), que dirige Roberto Santana. Esa entidad educativa se encarga de la capacitación del personal de gerencia y administración de los centros.

CENTROS INCORPORADOS

Los centros que han sido incorporados al nuevo modelo son el Vista al Valle, de San Francisco de Macorís; San Felipe, de Puerto Plata; Rafey-Mujeres y Rafey-Hombres, en Santiago; Elías Piña; Femenino de Najayo, en San Cristóbal; Dajabón, Mao y Monte Plata; además de Haras Nacionales, en Santo Domingo, y la primera etapa de San Pedro de Macorís, el más reciente en su entrada al sistema. Se avanza también en la construcción de los recintos de Moca, Baní-Mujeres, Higüey y Salcedo.

SORTEOS PÚBLICOS PARA CONSTRUCCIÓN

Todos los centros penitenciarios que se construyen bajo el nuevo modelo penitenciario se levantan bajo los principios de la transparencia y la equidad, los cuales son asignados mediante concurso público, en los que participan cientos de ingenieros y arquitectos, así como empresas especializadas en edificación. Los sorteos son coordinados por la arquitecta Maricela Vargas y el ingeniero Roque Napoléon Muñoz.

PRÉSTAMO PARA SEIS NUEVOS CENTROS

El gobierno está gestionando un préstamo internacional para la construcción de seis nuevos centros penitenciarios, incluyendo dos en Santo Domingo para sustituir a la Penitenciaría Nacional de La Victoria, recinto que será demolido.

Lo que más llama la atención del nuevo modelo es que los internos que ingresan a los centros incorporados a este régimen penitenciario son evaluados para determinar su nivel académico, de lo cual dependerá el programa de educación que recibirá en el proceso de rehabilitación. Como parte de esos programas, los internos son alfabetiza-

Los nuevos centros serán construidos en Haras Nacionales y Palavé, con capacidad para albergar a 2,000 internos cada uno. Próximamente se iniciarán los trabajos de construcción del recinto de La Romana. También se trabajará en el de Najayo y se construirán dos nuevos centros en La Vega y en San Juan de la Maguana.

INTERNOS PRODUCEN Y GANAN DINERO

Como parte del proyecto, los internos del nuevo modelo realizan labores de reparación de butacas, siembra de productos agrícolas, crianza de gallinas ponedoras, elaboración de productos de panadería y de limpieza, pinturas, confección Ministerio Público

nos que trabajan en esa actividad, quienes a su vez pueden ayudarse económicamente y sustentar parte de los gastos de sus familias. Venden pan, huevos, ajíes y otros productos.

APOYO DE DIVERSOS SECTORES

El proyecto cuenta con el respaldo de diversas personalidades e instituciones del país, entre ellos, miembros de la iglesia Católica, de los medios de comunicación, empresarios y abogados. Entre las citadas entidades, se encuentra el Patronato Nacional Penitenciario, que preside monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, y que integran Fray Arístides Jiménez Richardson, Antonio Flores, los empresarios José Luis Corripio, José León Asensio, Manuel Estrella, Manuel Arsenio Ureña, Abraham Hazoury, Frank Rainieri, Abraham Selman y la señora Rosa Hernández de Grullón. También, forman parte de esta organización no gubernamental los productores de televisión Freddy Beras Goico, Huchi Lora y Luisín Mejía. Asimismo, los periodistas Jaime Thomás Frías, Altagracia Paulino, y la abogada Fabiola Medina.

Un interno repasa su tarea antes de irse a dormir.

de ropas, carteras, zapatos y accesorios para damas. Además, realizan trabajos de ebanistería, alfarería, artesanía y fabricación de aparatos eléctricos.

Esas labores tienen el propósito de incorporar al interno al trabajo productivo, con el cual pueden aportar recursos a sus familias mientras cumplen sus penas, y a la vez les sirven para ponerla en práctica cuando retornen a la sociedad.

Como resultado de ese proyecto en San Francisco de Macorís los internos trabajan en 600 metros de invernadero y en una granja avícola con 536 gallinas que producen diariamente 480 huevos. Además, trabajan en cuatro huertos y otras ocho tareas sembradas de yuca, auyama, plátanos, pepinos, habichuelas y otros rubros. También, en dos estanques con 4,000 peces, una panadería, un taller de herrería y una fábrica de sábanas que suple a los demás recintos penitenciarios. Los invernaderos tienen una elevada producción de ajíes. Ese recinto posee una alta producción agrícola y avícola, cuyo excedente es comercializado en el mercado de San Francisco de Macorís. Con el dinero se les paga a los inter-

Ministerio Público

El Patronato Nacional Penitenciario, dentro de las acciones del nuevo sistema, ha tomado como iniciativa instalar naves industriales en los centros de corrección y rehabilitación, para promover el empleo y la actividad laboral de los internos. Este plan piloto iniciará en el centro femenino de Najayo, donde las internas podrán trabajar en el empaque de diversos productos.

APOYO DE INDOTEL

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), como parte de un acuerdo firmado con la Procuraduría General de la República, ha instalado Salas de Informática en los diferentes centros de corrección y rehabilitación, dotados de modernos equipos, con acceso a bibliotecas virtuales y modernas enciclopedias, como La Encarta, donde los internos reciben capacitación en esa área. El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, a través de su titular, Lino Vásquez, también ofrece su apoyo a la reforma penitenciaria con la instalación de bibliotecas físicas en esos recintos.

SEGUIMIENTO DEL PROCURADOR

El procurador Radhamés Jiménez mantiene una vigilancia permanente de las actividades que realizan los internos y los trabajos que se llevan a cabo dentro de la reforma penitenciaria, para lo cual se traslada todos los fines de semana tanto a los centros del nuevo modelo como del viejo sistema. El magistrado Jiménez da especial seguimiento a los centros en construcción.

FISCALÍA D.N. PRESENTA PROYECTO

PARA CREAR BASE DE DATOS SOBRE DELITOS EN LA CAPITAL

El fiscal Alejandro Moscoso Segarra observa el Mapa Delictual.

La Fiscalía del Distrito Nacional presentó el proyecto “Mapa Delictual” con la finalidad de crear una base de datos de las informaciones delictuales que se registran en esta Capital compuesta por 91.08 kilómetros cuadrados, entre los cuales hay distribuidos unos 70 barrios.

El fiscal Alejandro Moscoso Segarra dijo que el proyecto vendría a llenar un vacío importante en lo que es la focalización directa de la ocurrencia de los delitos en el Distrito Nacional, delimitando las áreas de mayor riesgo, a las cuales hay que prestarle más atención. El proyecto fue dado a conocer en rueda de prensa encabezada por Moscoso Segarra y los ingenieros Juan Arias y Gisselle Arias, gerente y encargada de cartografía, respectivamente, de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). El representante del Ministerio Público dijo que el mapeo será aplicado en los delitos de homicidio, robo, falsifica-

ciones y todos los demás actos penales que se den en la jurisdicción del Distrito.

El funcionario mostró a los medios de comunicación los mapas de los lugares donde más se consume drogas y el horario, que es de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, tiempo donde mayormente los distribuidores entregan la mercancía.

Dijo que el mapeo establece un sistema de estadística judicial que identificará la tendencia delictiva y el funcionamiento de la justicia penal, con lo cual se podrá implementar una correcta técnica de prevención y persecución del delito. Los casos utilizados como ejemplos en el

tráfico y consumo de drogas para la realización del mapeo se registraron a través de allanamientos, operativos y órdenes judiciales, siendo un 37 por ciento tipificados como distribuidores, 34 por ciento posesión y el 29 por ciento traficantes. Expresó que el estudio establece que de 12:00 del mediodía a 6:00 de la tarde se ocupó el 46 por ciento de la droga, de 6:00 a 12:00 de la noche un 37 por ciento.

Ministerio Público

El INACIF ofrece valiosos aportes para mejorar administración de justicia en el país

En el Inacif se hacen las autopsias y los análisis de evidencias levantadas en el lugar del hecho que luego son presentadas en los procesos judiciales El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) es una institución de poco reconocimiento en el país pero de vital importancia en las comprobaciones legales mediante análisis, de hechos delictivos, que al final sirven para que la justicia condene o absuelva a los imputados envueltos en procesos legales.

El Inacif, creado mediante la Ley 45408, es el organismo legal encargado de analizar las evidencias levantadas en el lugar del hecho, cuyos resultados son llevados después a los tribunales como pruebas a favor o en contra de los acusados. Es considerado una de las principales conquistas de la Procuraduría General de la República, que invierte en él mensualmente alrededor de un millón

Ministerio Público

de pesos en equipamiento y materiales gastables. El Inacif es un organismo de investigación dirigido a analizar científicamente las evidencias relacionadas con los crímenes y delitos para auxiliar la buena administración de justicia, permitiendo garantizar la legitimidad de los procesos judiciales.

LO QUE LLEVAN

A este instituto se llevan todo tipo de evidencias, entre ellas, cadáveres, “trazas” (pequeños fragmentos, entre otros, de pinturas y vidrios dejados en el lugar del hecho), armas de fuego y blanca, casquillos de balas y todas las drogas que incauta la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía.

Mediante un riguroso trabajo de laboratorio se determina, por ejemplo, mediante autopsia la causa de la muerte de una persona, si fue en circunstancias normales o quién pudo haberlo matado, en el caso de que se trate de un asesinato.

Se analizan las sustancias que envía la DNCD para determinar si son drogas o no y todo tipo de objetos que requieran de una requisición en un caso.

Para ese trabajo, el Inacif cuenta en la actualidad con 115 profesionales de la medicina forense: 20 médicos legistas forenses, 65 médicos legistas, 6 patólogos, ginecólogos forenses, 6 sicólogos forenses, 4 odontólogos forenses y 9 tecnólogos. También 25 analistas forenses en el área de criminalística.

QUÉ HACEN

Ver trabajar a los médicos y analistas en el Inacif es una experiencia inigualable. Comprobar que un determinado polvo es cocaína, es una de las rutinas diarias.

También comprobar a través de análisis de “trazas” (pequeños fragmentos) en una simple maleta o determinar si en lugar se utilizó drogas, es una tarea que determinan con precisión los analistas. En el Inacif opera el Departamento de

“La magistrada Tobal explicó que con esos cursos se pretende llevar a cero el analfabetismo subyacente en dicho centro”. La magistrada Marisol Tobal entrega la certificación a uno de los adolescentes graduados.

Coordinación NNA gradúa 50 internos de Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley La Coordinación Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Procuraduría General de la República (NNA) graduó a 50 internos del Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de Najayo, San Cristóbal, quienes recibieron certificados en las áreas de pintura, artes naturales, alfarería, cómputo y nivel básico. En la actividad, que estuvo encabezada por la procuradora general adjunta y

coordinadora del referido organismo, Marisol Tobal, fueron entregados además, 11 reconocimientos a internos, por su buen comportamiento y rendimiento escolar. La magistrada Tobal explicó que con esos cursos se pretende llevar a cero el analfabetismo subyacente en dicho centro. La ceremonia de graduación estuvo encabezada además, por la magistrada Celeste Reyes, procuradora general

EL DIRECTOR

En su Departamento de Falsificaciones se hace la evaluación de documentos y monedas.

Otro Departamento con que cuenta este instituto es el de Huellas Digitales y de Neumáticos, para la evaluación de todo tipo de rastros en huellas.

El Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de Najayo alberga a un total de 200 internos, los cuales reciben capacitación en las áreas de artesanía, dibujo, informática, así como otros cursos técnicos, con el fin de que cuando salgan en libertad, puedan integrarse a la sociedad de manera sana. Y es que sin el informe que da el Inacif, las pruebas no son valederas en los procesos judiciales. Si falta este informe, los crímenes quedan sin sanciones y los autores libres.

Evidencias Físicas, donde se hacen las evaluaciones de las armas de fuego y se determina, por ejemplo, si un proyectil salió disparado de tal arma, si una determinada arma fue disparada, si una persona disparó un arma y a la distancia en que se hizo el disparo.

Además, el Inacif cuenta con el Departamento de Evidencia Digital, donde se analizan los fraudes digitales, de computadoras, de teléfonos y de tarjetas de crédito.

ante la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Cristóbal y Lilian Ortega, directora del Centro.

Francisco Gerdo, director de INACIF.

El trabajo es fascinante por su originalidad, y como tal trabajan los técnicos del Inacif, envueltos en entusiasmo y sentido de cooperación, con el firme compromiso de cumplir para la justicia.

El Inacif es dirigido por Francisco Gerdo, un profesional de la ingeniería que inició el proyecto en un simple enunciado, con el solo deseo de trabajar y darle cumplimiento a una legislación que establece un nuevo tipo de medicina forense.

Gerdo explicó que con el Inacif, el Instituto Nacional de Patología Forense perdió su razón legal de ser, aunque en la actualidad es una entidad que se mantiene vigente, pero como dependencia de esa institución. Ministerio Público

Vibrantes logros

un esfuerzo sostenido para

FERNANDO QUIROZ Encargado de Prensa fquiroz@procuraduria.gov.do

Cuando a un proyecto se le pone alma y corazón casi siempre su éxito está garantizado. Llevar una idea del papel a su consecución amerita de inquebrantable voluntad, firmes decisiones y perseverantes esfuerzos de una colectividad que empuje hacia una misma dirección.

En el caso de una institución como la Procuraduría General de la República (PGR) los proyectos son tan diversos como complejos. Sacrificios en el día a día de un grupo de hombres y mujeres que a la fecha pueden exhibir orgullosos un racimo de éxitos que redundan en beneficio para la sociedad. La PGR es como un pulpo gigante. Cada

tentáculo, representando a una dependencia con funciones disímiles, la mayoría con carencias económicas, pero con el abundante deseo de equipos humanos de adecentar el rol de servidor público, apostando a la profesionalización, institucionalidad y transparencia en cada accionar.

Para que haya resultado feliz en cualquier empresa se necesita del impulso de una chispa que contagie con su entusiasmo, que trabaje sin descanso ni hora y pueda buscar solución de manera inteligente a cada reto que se presenta en cada amanecer. El arrojo y la entereza de Radhamés Ji-

CCR de San Pedro de Macorís.

Ministerio Público

ménez Peña, propulsor de todos estos cambios y transformaciones en la PGR, son el ejemplo para los funcionarios y empleados de esa institución. El magistrado Jiménez predica con el ejemplo pues, no sólo exige trabajo, honestidad y entrega incondicional, sino que él es el primero al frente del batallón.

Esta institución también descansa en el sistemático trabajo de procuradores generales adjuntos en sus diferentes responsabilidades. Desde el mensajero, chofer, conserje hasta el más encumbrado funcionario, la PGR tiene la calidad moral para izar la bandera del compromiso de nación.

de la Procuraduría

garantizar la esperanza Pesan sobre los hombros de la PGR tareas tan pesadas como regentear el sistema penitenciario dominicano, con 36 centros y cerca de 19,000 personas privadas de libertad, muchas de ellas responsables de los más espeluznantes crímenes que han sacudido la República. Son de su responsabilidad 34 fiscalías en el ámbito nacional con todo su personal. La Dirección General de Prisiones, las Escuelas del Ministerio Público y Penitenciaria, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Asimismo, la Unidad de Atención a Víctimas, el Servicio de Representación Legal de los Derechos de la Víctima, la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y la creación de

la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. El Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa fue convertido en Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa y el otrora Departamento de Recursos Humanos ahora es la Dirección de Gestión Humana. Como parte de la ofensiva para dar a conocer el trabajo de la institución, existe una coordinación entre la Dirección Comunicación y los Departamentos de Prensa, Audiovisual y Publicaciones, estos dos últimos que producen el programa televisado Ministerio Público y la Revista Ministerio Público, respectivamente. La PRG mantiene relaciones armoniosas con los periodistas que cubren la fuente judicial, así como con los diferentes ejecutivos de medios de comu-

El director del periódico El Día, Rafael Molina Morillo, recoge ajíes en el invernadero del CCR de San Francisco de Macorís.

nicación y líderes de opinión. El sitio www.procuraduria.gov.do

actualiza

frecuentemente las actividades que se van desarrollando.

En todo este proceso lo más enaltecedor es que se ha hecho mucho con

poco y de eso sabe la asistente administrativa y financiera, Gladys Checo.

Hay un refrán que reza que los éxi-

tos tienen padrinos, pero los fracasos son huérfanos. En la Procuraduría hay una colectividad que celebra unida los

logros, pero que no se detiene en ampliar la cosecha.

REVOLUCIÓN PENITENCIARIA Uno de los más vibrantes y entusiastas

proyectos que ejecuta la PGR lo constituye el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

Ministerio Público

productos de panadería y de limpieza, pintura, confección de ropas, carteras, zapatos y accesorios para damas. Además, realizan trabajos de ebanistería, alfarería, artesanía y fabricación de equipos eléctricos.

El cantante Danny Rivera recibe explicación del procurador Radhamés Jiménez de las labores agrícolas que desarrollan los internos. Al fondo, el director de Listín Diario, Miguel Franjul.

La implementación de este nuevo sistema, que ya alcanza once centros, logra erradicar el hacinamiento de los centros penitenciarios, con la construcción o remodelación de sus plantas físicas, implementación de programas de educación, rehabilitación y recreación, así como acceso a servicios de salud física y mental. El procurador Jiménez Peña ha contado con el apoyo del presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, para ampliar este proyecto impulsado desde la gestión del ex procurador Francisco Domínguez Brito. Además, cuenta con la dirección del coordinador del nuevo sistema, licenciado Roberto Santana, y la asistencia del director de Prisiones, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez. Como resultado de la implementación del nuevo modelo los centros incorporados a este proyecto presentan tasa cero de analfabetismo y sólo un 2.7% de reincidencia, contrario al sistema tradicional, donde el nivel de reincidencia supera el 40%.

Entre los recintos construidos en la gestión de Jiménez Peña, figura el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de San Francisco de Macorís, el más grande del nuevo sistema.

Ministerio Público

Fue inaugurado en junio de 2008. Su construcción requirió una inversión de RD$95 millones, y tiene capacidad para 1,000 internos penitenciarios. En junio de este año inauguró la primera etapa del centro de San Pedro de Macorís, a un monto de RD$70 millones. Próximamente dejará en funcionamiento el de Moca, que se convertirá en un centro modelo para la región del Caribe, con capacidad de albergue para 1,200 internos.

Además, se avanza en la construcción de los recintos femeninos de Moca y Baní, Higüey y Salcedo. También, el gobierno gestiona un financiamiento internacional para la construcción de seis nuevos centros penitenciarios, incluyendo dos en Santo Domingo para sustituir a la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Los nuevos centros serán construidos, uno en Haras Nacionales y otro en Palavé, con capacidad de albergue para 2,000 internos cada uno; otros serán construidos en La Romana, San Cristóbal (Najayo), La Vega y San Juan de la Maguana. Como parte del proyecto, los internos del nuevo modelo realizan labores de reparación de butacas, siembra y cosecha de productos agrícolas, crianza de gallinas ponedoras, elaboración de

Luego de merecer el reconocimiento de organismos de derechos humanos de la OEA y distintos gobiernos, el modelo penitenciario dominicano recibirá en septiembre un reconocimiento

LA MÁS TRANSPARENTE

“La transparencia es el arma más efectiva para combatir la corrupción”, ha dicho el procurador Jiménez Peña.

La Procuraduría se rige por una política de transparencia que le ha permitido cumplir con su compromiso con el país para que las cosas se hagan de manera correcta. En ese orden, todas las obras que construye son adjudicadas mediante concurso público, además de crear a través de su página Web el portal del observatorio digital, con todas las informaciones administrativas y financieras de la institución. Esto le ha permitido colocarse por dos años consecutivos (2007-2008) como la institución más transparente del Estado dominicano, de acuerdo con el monitoreo realizado por el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana. de la ONU por sus buenas prácticas y ser ejemplo para el mundo.

Otros centros que funcionan bajo el nuevo modelo son San Felipe de Puerto Plata, Rafey-Mujeres y Rafey-Hombres, en Santiago; Elías Piña, Femenino de Najayo, en San Cristóbal; Dajabón, Mao, Monte Plata y Haras Nacionales, en Santo Domingo.

El nuevo modelo cuenta con el apoyo del Patronato Nacional Penitenciario, que preside monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez y que integran diversas personalidades, como empresarios y ejecutivos de los medios de comunicación.

FORMACIÓN DE FISCALES

Con el propósito de crear una institución de esperanza y de justicia para cumplir con los deseos de la sociedad para que ningún caso quede impune, y en su lucha contra el narcotráfico y la corrupción, la Procuraduría hace extraordinarios esfuerzos para que sus fiscales reciban la formación necesaria para enfrentar esos casos, además de dotarlos de las herramientas necesarias que les permitan un mejor desempeño.

Ese trabajo se realiza a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) y de la implementación del Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalías, que conlleva la reestructuración de planta física y equipamiento, con modernos equipos de computadoras. La ENMP ha venido desarrollando el proceso de instalación de la Carrera que, a la fecha alcanza un total de 668 Fiscales de Carrera, designados con decretos del Poder Ejecutivo. Previo a su incorporación a la Carrera, los aspirantes deben aprobar satisfactoriamente pruebas de conocimiento, evaluación de desempeño y de antecedentes.

En la ENMP, que dirige Ramón Emilio Núñez, también se han capacitado a la fecha, 48 fiscales de países iberoamericanos, entre ellos, de El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Honduras, Panamá, Ecuador, Chile, Guatemala, Perú, Colombia y de la República Bolivariana de Venezuela. El entrenamiento y posterior evaluación de los fiscales se desarrolla dentro del Programa Extraordinario de Formación (PEF) y un

La Fiscalía de Puerto Plata funciona dentro del nuevo modelo de gestión.

programa de formación de carácter completivo.

GESTIÓN DE FISCALÍAS El Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalías consiste en un sistema digital que garantiza la transparencia y eficacia,

ya que cada caso (denuncia o querella) se introduce con un número único

o código de barra, que permite a los fiscales manejar el proceso desde el inicio de la investigación hasta la eje-

cución de la sentencia o la realización de cualquier acto conclusivo que el Ministerio Público decida tomar en de-

terminada circunstancia. Este sistema funciona en más de un 90% de las fiscalías del país. (De las 34 fiscalías que funcionan a nivel nacional sólo faltan

por incorporar Santo Domingo, El Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, Higüey y Monte Plata).

El nuevo modelo opera con el sistema

Justicia Siglo XXI que es una herramienta tecnológica que garantiza el

control permanente de cada caso, y desde cualquier parte del país se puede visualizar el proceso de los casos.

CIENCIAS FORENSES

En el Instituto Nacional de Ciencias

Forenses (INACIF), creado mediante la Ley 454-08, la Procuraduría Gene-

ral de la República ha invertido más de RD$50 millones en instalaciones y equipos. Este es un organismo de investigación dirigido a analizar científicamente las evidencias relacionadas con los crímenes y delitos para auxiliar la buena administración de justicia, permitiendo garantizar la legitimidad de los procesos judiciales. Este organismo es dirigido por Francisco Gerdo. A nivel físico, la institución cuenta con una sede central en la Capital, y sucursales en el Norte, en el Sur, en el Nordeste y otra en el Este. En el INACIF se hacen análisis de drogas, de tóxicos, de trazas, de pinturas, de cristales, de incendios premeditados y de sangre.

MEDIO AMBIENTE

La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales ha trabajado más de 6,000 casos por delitos ambientales en sus diferentes departamentos judiciales.

MINISTERIO PÚBLICO

El Comité de Seguimiento a la Gestión del Ministerio Público fue creado para evaluar la gestión de las unidades operativas del Ministerio Público, así como promover acciones que garanticen un desempeño apegado a la productividad, la calidad y el comportamiento ético por parte de los representantes de la institución. Ministerio Público

María Hernández, directora de Representación Legal de Derechos de la Víctima en una sesión de trabajo con el equipo de abogados que le asiste.

DERECHOS DE LA VÍCTIMA El Servicio de Representación Legal de los Derechos de la Víctima, que co-

ordina la doctora María Hernández, fue creado para poner a la víctima en

igualdad de condiciones con el impu-

tado ante los tribunales. Allí se ofrece representación legal a la víctima que

no dispone de recursos económicos para pagar los servicios de un abogado privado.

ATENCIÓN A LA VÍCTIMA En procura de fortalecer la política institucional de tolerancia cero contra las

diferentes manifestaciones de violencia contra la mujer, han sido inauguradas unas 14 unidades de Atención a

Víctimas de Violencia de Género, Abu-

so Sexual e Intrafamiliar en diferentes puntos del país. Estas oficinas funcionan en Higüey, San Juan de la Maguana,

Moca, San Pedro de Macorís, Salcedo, Bonao, Santiago, el Distrito Nacional,

Santo Domingo, Baní, Puerto Plata, San Cristóbal, La Vega y Nagua.

Ministerio Público

NIÑOS Y ADOLESCENTES La Coordinación de Niños, Niñas y Adolescentes, dirigida por la procuradora general adjunta, Marisol Tobal, ha enfocado sus esfuerzos a la prevención de la integridad moral y física de los Niños, Niñas y Adolescentes. En un trabajo unido con el Despacho de la Primera Dama de la República y la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y la Comunicación (OPTIC) creó la línea 700 de prevención y denuncia contra el abuso de niños, niñas y adolescentes. Este organismo además persigue de manera activa los casos de tráfico de pornografía que afecta a niños y adolescentes.

ATENCIÓN AL USUARIO

Con la creación del Centro de Atención al Usuario, la Procuraduría General de la República se convirtió en una de las primeras instituciones de la administración pública dominicana en establecer estándares de calidad respecto a la prestación de servicios, tras dejar inaugurado el Centro de Atención al Usuario, para la legalización de firmas

y certificaciones generales de documentos.

CRIMINALIDAD COMPLEJA La Dirección Nacional de Persecución

del Narcotráfico y Criminalidad Compleja fue creada para intervenir de

manera directa en el desarrollo de la investigación de esos delitos y los me-

dios para su comisión, con un cuerpo especializado para esos fines, presidido por el procurador general adjunto y director del Departamento contra el

Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, doctor Frank Euclides Soto Sánchez.

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Como parte de la Dirección de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja, el magistrado Jiménez

dispuso recientemente la creación de la Unidad de Protección de Víctimas

y Testigos, para proteger dentro del proceso penal, cuando amerite, a los afectados por casos de narcotráfico y criminalidad compleja.

Persecución LUISA RAMÍREZ Fiscal Adjunta Provincia Sto. Dgo.

de los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología

luisa_m_ramirez@hotmail.com

En el transcurrir de los años, nuestra sociedad ha recibido cambios sustanciales tanto en el desarrollo de sus actividades productivas así como las herramientas tecnológicas que abren la brecha de los gigantescos pasos de la modernidad. Pero es nuestra realidad que en la aceptación de todas las etapas se deja un trasfondo de oscuridad y aprovechamiento en perjuicio de los ciudadanos honestos, en donde se hilvanan las ideas más propensas para utilizar dicha tecnología y hacerla un mecanismo aliado para cometer el delito. Es por ello, que nuestros legisladores con delicada sutileza y firmeza toman en sus manos un delito sin rostro que se presume no castigable, y por ende no susceptible a poder presentarse a la acción de la justicia, y es de ahí de donde emerge la LEY 53-07, CONTRA CRÍMENES Y DELITOS DE ALTA TECNOLOGÍA, de fecha 23 de abril del año 2007; en donde se nos brinda un parámetro de aplicación, jurisdicción, definiciones tecnológicas y sanciones aplicables a la violación de dicha ley. Para que nuestros usuarios tengan un panorama más amplio sobre su alcance, les vamos a brindar informaciones simples de los delitos perseguibles como son: 1) Los Códigos de acceso, 2) clonación de dispositivos de acceso, 3) acceso ilícito, acceso ilícito para servicio a terceros, 4) dispositivos fraudulentos, 5) interceptación e intervención de datos o señales, daño o alteración de datos, 6) sabotaje, 7) atentado contra la vida de la persona, 8) robo mediante la utilización de alta tecnología, 9) obtención ilícita de fondos, 10) estafa, 11) chantaje robo de identidad, 12) de la falsedad de documentos y firmas, 13) uso de equipos para invasión de priva-

cidad, 14) comercio ilícito de bienes y servicios, 15) difamación, 16) injuria pública, 17) atentado sexual, 18) pornografía infantil, entre otros, podemos encontrar estos preceptos a partir del artículo 5 hasta el artículo 24 de dicha ley. Al unísono dentro de uno de sus capítulos se introducen los delitos de Propiedad Intelectual donde podemos localizarlos en el artículo 25, sobre los delitos contra las telecomunicaciones a partir del artículo 26 y siguiente que encierran las llamadas de retorno de tipo fraudulento, fraude de proveedores de servicio de información líneas tipo 1-976, el redireccionamiento de llamadas de largas distancias, robo de línea, desvío de tráfico, manipulación ilícita de equipos de telecomunicaciones e intervención de centrales privadas, así mismo están los crímenes y delitos contra la nación y actos de terrorismo a partir del artículo 27. Las sanciones que dispone esta Ley por la violación de uno de sus articulados en perjuicio de un ciudadano o del Estado Dominicano, puede abarcar desde los tres (3) meses hasta los treinta (30) años de prisión y al pago de multas contentivas en salarios mínimos dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. Existen personas que por desconocimiento o falta de información, les han robado la identidad, clonado alguna clave de acceso, han sido difamados en la Internet, hasta un simple robo de correo electrónico, pero no denuncian debidamente e inician el proceso de investigación amparado por las formalidades de la ley. En estos momentos el alcance de este delito tiene de frente a personas e instituciones comprometidas con la simple misión de investigar, identificar,

arrestar y posteriormente someter por los tribunales dominicanos, a los responsables que de forma anónima utilizan estos medios y creen que no serán sancionados. En nuestro país contamos con instituciones que velan por proteger y desenmascarar este tipo de actividad, según el artículo 29 de dicha ley el organismo competente es el Ministerio Público que contará con una dependencia especializada en la persecución de los delitos y crímenes tecnológicos, coordinando con las jurisdicciones correspondientes a los lugares donde se lleven a cabo las infracciones de la ley, que cuenta con personal capacitado en el área, con los mecanismos interinstitucionales abarcando desde la recepción de la denuncia, el proceso investigativo realizado por el fiscal actuante así como los organismos que aportan al proceso mediante exámenes periciales, contando con la participación activa de la Policía Nacional a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), creado por la ley 53-07 según el artículo 36 y siguientes para estos fines. Es común cuando nos referimos a este tipo de delitos, la interrogante sobre la aplicación de la ley, y si en una sociedad como la nuestra, que apenas está saliendo del oscurantismo y atraso tecnológico, pueda hablarse de repuestas verídicas y porcentajes estadísticos de efectividad, pero para sorpresa de muchos la respuesta es radicalmente contundente y nuestros avances, tanto nacionales como internacionales, han podido dar resultados de altos estándares de efectividad y más ahora que recientemente se llevó a cabo la presentación al público de la Comisión Interinstitucional contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (CICDAT). Ministerio Público

ALBERTO M. BINDER Secretario del Instituto de Estudios comparados en Ciencias Penales, Buenos Aires, Argentina. binderalberto@hotmail.com

FUNCIONES Y DISFUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PENAL 1. INTRODUCCIÓN El movimiento de reforma de la justicia penal en América Latina ha renovado la preocupación por el Ministerio Público penal. Diversos países en los últimos años (Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala , República Dominicana y otros) han reformado total o parcialmente la legislación sobre el Ministerio Público o han intentado realizar cambios más o menos sustanciales a través de proyectos legislativos que se encuentren en discusión parlamentaria o, finalmente, se hallan discutiendo sobre el futuro del Ministerio Público, en especial en su función penal. Por supuesto, todos estos proyectos se enmarcan dentro de lo que se ha llamado la “crisis de la administración de justicia” y pretenden constituirse en una de las respuestas a esa crisis, aunque todavía no esté muy claro cómo el Ministerio Público puede contribuir a paliar esa crisis.

Ministerio Público

Llama la atención, sin embargo, cierta asimetría entre la intensa actividad legislativa o la discusión parlamentaria y la no tan abundante discusión teórica sobre sus problemas o la falta casi total de investigaciones empíricas sobre el fundamento de esta institución. Sí ha existido discusión política -y en gran medida sigue existiendo dicha discusión, pero ella ha girado, alrededor de elementos emocionales contenidos en la mayor o menor confianza en el Ministerio Público o en su actuación política reciente.

Una vez más nos encontramos con el hecho de que la dinámica de los procesos sociales, su complejidad y la misma crisis de los esquemas tradicionales del análisis político nos dificulta hallar las causas de esa asimetría. Es posible que una primera razón se halle en el hecho de que el Ministerio Público penal no ha sido un objeto de preocupación intelectual en América Latina. Existen no muy abundantes estudios sobre su funcionamiento pero ello se debe más a preocupaciones personales, alguna crisis circunstancial o cambios menores en su legislación que a una constante actividad intelectual. Se puede decir que él no ha sido uno de los protagonistas del desarrollo de la doctrina constitucional y procesal penal y mucho menos ha motivado algún desarrollo doctrinario independiente. Ni la teoría constitucional se ha preocupado demasiado de él ni la dogmática procesal le ha asignado otro papel que el de su inclusión como uno más de los sujetos procesales. Al no existir una tradición científica en relación con el Ministerio Público la reflexión teórica actual está condicionada y, en cierto modo, gira en cierto vacío teórico. Ello no quiere decir que no existan estudios en otros ámbitos sobre los diferentes problemas que enfrenta y genera el Ministerio Público. La producción norteamericana es, en este sentido, la mejor muestra, pero ellas no han sido moneda corriente en los círculos estudiosos de América Latina. Además, el Ministerio Público está tan íntimamente ligado al funcionamiento global del Estado y a su “atmósfera” institu-

cional que se hace más notorio en la ausencia de una reflexión profunda “desde” América Latina, desde su realidad política y su cultura ciudadana. La producción doctrinaria sobre el Ministerio Público no ha sido absorbida por nuestros países. Otro factor que condiciona el análisis del Ministerio Público -íntimamente ligado al anteriores su pobre actuación institucional. En la mayoría de nuestros países se puede decir que desde una perspectiva “activa” él no ha causado mucho daño, no es el principal y a veces ni siquiera secundario- responsable de las políticas de persecución o impunidad. En este campo su responsabilidad en relación con la de otros sectores estatales o en relación con la misma Administración de Justicia es mínima, es secundaria y tangencial. Ciertamente, ha sido una institución ausente y ello genera responsabilidad, pero si contabilizamos todas las “ausencias políticas” de las instituciones judiciales en Latinoamérica, haríamos tabla rasa del pasado e intentaríamos construir un nuevo poder judicial.

Llama la atención, también, la desconfianza que genera el Ministerio Público. A pesar de que las críticas a la administración de justicia sean profundas; que se acuse a los jueces de pasivos, burócratas, pusilánimes, etc., se prefiere a ellos antes que al Ministerio Público. No encuentro demasiados elementos racionales para justificar esa preferencia. La actuación del poder judicial en la década del terror nos debería haber dejado algo más que un sabor amargo, pero sin embargo la figura del juez tiene todavía una fuerza moral que hunde sus raíces en las más antiguas tradiciones de occidente que no se puede transferir el Ministerio Público. En definitiva, el Ministerio Público es una institución raquítica, acerca de la cual poco sabemos, que no hemos estudiado, que no tiene perfil político propio sin una historia importante y que genera desconfianza entre los ciudadanos. El panorama no puede ser más desolador y sin embargo estamos aquí cifrando bastantes expectativas

sobre la capacidad del Ministerio Público para ayudar a superar la crisis judicial. ¿Puede el Ministerio Público en América Latina contribuir a superar esa crisis? ¿Es razonable cifrar alguna esperanza en esta institución? Estas preguntas siguen pendientes y creo que muchos cambios legislativos se han realizado sin una adecuada respuesta a ellas. Pretendemos modificar el Ministerio Público sin haber problematizado suficientemente la situación de él.

no ha desarrollado en todo ese tiempo una fortaleza institucional relevante. Maier lo ha calificado de “adolescente” que no logra crecer demasiado porque es un híbrido que lleva dentro de sí contradicciones evidentes. Por lo tanto dice Maier “La función del Ministerio Público penal, su posición institucional, su organización y su tarea en el procedimiento seguirán siendo conflictivas y motivo de debates ásperos que, a mi juicio, sin resolver el problema primario, solo posibilitarán por el momento, soluciones coyunturales, según la preferencia política del legislador o del jurista teórico o práctico en el caso general que se le presenta a examen, esto es, soluciones de compromiso dentro de un sistema que, en sí, es caótico y reniega de su reducción a ciertos principios analíticos más generales, que ordenan todo el sistema”.

JULIO B.J. MAIER

II. MINISTERIO PÚBLICO Y CONTEXTO PROCESAL: DISFUNCIONES DENTRO DEL SISTEMA INQUISITIVO Se ha señalado que uno de los ejes de la reforma del proceso penal del siglo XIX fue la introducción del Ministerio Público. Reforma que, como sabemos, significó una suavización del sistema inquisitivo mediante la incorporación de algunos elementos del sistema acusatorio, tales como el juicio oral y público y, en algunos casos los jurados. Pero el núcleo del sistema inquisitivo quedó intacto (a través del mantenimiento de la instrucción judicial y, en especial, del juez inquisidor) ya que él no sólo es un sistema procesal sino uno de los modelos autoritarios de política criminal más persistentes, que ha generado una cultura propia que todavía está vigente, sustentada en consideraciones morales y religiosas (la lucha contra el mal y el imperio del bien) que en buena medida están todavía presentes en la cosmovisión judicial. Sin embargo, el Ministerio Público, pese a más de un siglo de existencia

Esta opinión de Maier apunta el meollo del problema y puede ser tan realista como pesimista, según se plantee el “problema primario”. Si como sostiene Maier el problema primario es el poder penal del Estado y la persecución penal pública, entonces el problema del Ministerio Público penal no tendrá solución dentro del horizonte histórico nuestro; si, por el contrario, definimos el “problema primario” no ya como la abolición del poder penal mismo, del monopolio estatal en la persecución pública sino solamente como la abolición del “modo inquisitivo de ejercer el poder penal del Estado”, que, como es señalado no es una cuestión procesal sino una de las “formas” culturales de ejercer ese poder penal y la persecución pública, la solución del problema del Ministerio Público no pierde fuerza y adquiere cierta posibilidad histórica de realización. La diferencia no es de palabras ni de mayor o menor repudio al poder penal. No es este el lugar para desarrollar el problema del poder penal en su conjunto, pero creo que es necesario distinguir niveles. Ciertamente el conflicto penal es un conflicto interpersonal, básicamente lo es, aún cuando hablemos de bienes jurídicos colectiMinisterio Público

vos, porque en ellos subyace una pluralidad de conflictos interpersonales. Desde esta perspectiva no creo que haya existido o pueda existir sociedad humana indiferente a esos conflictos, normalmente definidos por su mayor intensidad. Es decir, siempre ha existido una instancia suprapersonal de intervención en esos conflictos, con mayor o menor poder, en una mayor o menor cuota de violencia (teniendo en cuenta, claro está, que el concepto de violencia es también un concepto cultural). Cuando decimos, por ejemplo, que en el derecho germánico un homicidio no afectaba sólo a los parientes cercanos sino a todo el clan, lo único que estamos diciendo es que esa instancia política-del clan-se sentía con autoridad para intervenir en ese conflicto. Y cuando decimos clan, queremos decir sus jefes, sus representantes políticos. Lo mismo se podría decir de sociedades más primitivas, del señor feudal, de las ciudades libres o de la organización colonial. Ya podemos decir lo mismo, incluso, de organismos internacionales como la ONU, la OEA y otras entidades de verificación internacional. No hay sociedad humana sin poder y no hay poder que no utilice el castigo (o formas persuasivas que a la postre son también privativas de libertad).

Por ellos existe un concepto de poder penal del Estado, que se confunde con la idea de poder punitivo supraindividual. Si lo que se quiere es poner el problema del Ministerio Público en la perspectiva de la abolición de ese poder, entonces creo que el problema no tiene solución ya que el Ministerio Público siempre agravará la situación y produciría un fortalecimiento de “ese” poder del Estado. Ahora bien, parecería que lo que sostiene Maier es más limitado. Se trata de la perspectiva del poder penal de “este” Estado. Entendiendo por tal “la irrupción en el mundo de una forma de organización social característica, creadora de un poder político centralizado, que deja a los habitantes bajo su dominio del ejercicio efectivo, coti-

Ministerio Público

diano y local de su influencia política para convertirlos en súbditos de ese poder de la organización del Estado, obligados a respetar mandatos y prohibiciones heterónomas a ellos, acuñados con menor o mayor precisión por la instancia política centralizada, esto es, a partir del nacimiento y desarrollo del Estado central moderno”. Sin ninguna pretensión crítica creo que es necesario precisar un poco más el concepto, ya que no es posible establecer una relación lineal entre el Estado Nación del siglo XVI y el Estado moderno. Mucho más clara es esa línea entre el Estado burgués que nace luego de la Revolución francesa. El Estado del proceso industrial, en definitiva el Estado fundado en el logos de la “Aufklárung”, este hecho más directamente vinculado con las realidades del Estado actual. En este sentido, la crítica de Marx a la burguesía ilustrada que había dejado inconclusa la revolución, estableciendo principios que luego no se concretaban totalmente en la práctica social (democracia económica, igualdad real, etc); en definitiva el drama histórico que se manifiesta en Robespierre, las “leyes de ventoso”, el “terror” y la revuelta de Thermidor que lo conducirá a la guillotina. Ahí está perfilado más claramente el Estado moderno que el Estado constructor de las nacionalidades. En este sentido, el Ministerio Público sí es hijo de la revolución, tan hijo es que lleva sus contradicciones e hipocresías. La transacción que llevó a que las viejas aspiraciones de cambio no olvidemos que Michael Fracoult señaló que la Revolución Francesa fue también una revuelta contra el sistema judicial, basados en la vuelta el viejo sistema europeo (ya por entonces solo vivo en Inglaterra y los E.U.), sólo produjeran una suavización, pero también una revitalización del sistema inquisitivo. (Por ello se prefiere hablar del “inquisitivo reformado”, antes que de procedimiento penal mixto”). Más que en el Estado Nación de los reyes católicos estamos todavía parados sobre el Estado de la Ilustración y la convergencia de sistemas que tanto ha señalado la Escuela de Frunkfurt nos demuestra que en el fondo hay una

cuestión cultural, una civilización que es la que hoy está en cuestión (crítica a la modernidad, crítica el “logos” occidental, crisis del “cogito” cortesiano).

Sin embargo, en esa perspectiva el problema del Ministerio Público tampoco tiene solución. Si por “solución entendemos que sobre esa crítica pueda “emerger” el nuevo Ministerio Público y si la construcción del nuevo Ministerio Público no puede proyectarse sobre la crítica radical al poder penal y tampoco puede proyectarse sobre la crítica al poder penal del Estado moderno, ¿cuál es la perspectiva político cultural que nos permite pensar en un Ministerio Público sobre bases más profundas que las puramente organizativas.

MICHAEL FOUCAULT

Creo que ella no puede ser otra que y este es un punto de discusión la crítica al modelo inquisitivo de ejercer el poder penal. Modelo inquisitivo que, repito, no es solo un modelo procesal sino una forma global de ejercer el poder penal. Por supuesto esta perspectiva es modesta ya que, a los efectos de la instrucción de un nuevo Ministerio Público, no pone en cuestión el poder penal y ni siquiera trata de resolver muchos de los problemas de centralización al poder penal; pero de esa modestia nace su fuerza, su posibilidad de una crítica concreta a un pacto concreto. Sobre esta perspectiva se abre a mi juicio la aparición básica frente a la cual nos encontramos: o un Ministerio Público reproductor del sistema inquisi-

tivo o un Ministerio Público que ponga en cuestión y quizás ayude a disentir el modelo inquisitivo de ejercicio del poder penal.

Debe quedar claro que cualquier pretensión de preocuparse del Ministerio Público por fuera del contexto político-cultural (como a veces pretenden hacerlo ciertos programas de fortalecimiento institucional) está condenado a fortalecer muchos de sus vicios. Ahora bien ¿cuál es ese contexto político cultural? Ya lo hemos dicho, es el sistema inquisitivo. Pero dentro de ese contexto ¿qué función propia cumple el Ministerio Público penal? Pareciera que ninguna y eso es lo que llevó a algunos países como Chile y Honduras a suprimir sustancialmente esa institución.

MAXIMILIEN ROBESPIERRE

La reconocida frase de que el Ministerio Público es en el proceso penal la quinta rueda del carro, que solamente demora el proceso sin que aporte nada significativo, es una realidad cotidiana. No sólo no aporta nada en la investigación, por ejemplo, sino que tampoco cumple alguna función importante en la preservación de la imparcialidad del juez. No olvidemos que la adopción del sistema acusatorio formal, tenía como su propósito fundamental evitar la contaminación del juez mediante la concentración de funciones. La irrelevancia de la actividad del Ministerio Público aún en aquellos sistemas que le otorguen el monopolio de la acusación e, inclusive, en los sistemas que adoptaron el sistema mixto, ha hecho que no pueda impedir dicha contaminación que se filtra a través de los actos de instrucción jurisdiccional.

Inclusive en el proceso inquisitivo se ha invertido lo que debía ser la relación básica. Es el juez quien investiga (o hace que investiguen) y el fiscal “dictamina”, es decir, opina sobre el valor de esa investigación. ¿Es el Ministerio Público un control sobre la administración de justicia? Esta idea no es tan alocada porque existen legislaciones que le han asignado al Ministerio Público la función de “vigilar si los tribunales aplican correctamente la ley” (¿?). La atribución de la tarea de “garante” de la legalidad, una de las opciones posibles en la construcción del Ministerio Público, también ha contribuido a oscurecer la misión y, paralelamente a oscurecer la misión señala Roxín no fue concebido para cumplir una función unilateral de persecución, como es del caso con el acusador del proceso penal angloamericano, sino para ser “custodio de la ley. Ello significa: su tarea consiste en velar, a favor del imputado, porque se obtenga todo el material de descargo y porque ninguno de sus derechos procesales sea menoscabado”.

CLAUS ROXIN

El Ministerio Público latinoamericano no ha hecho ni una cosa ni la otra; ni ha sido garante de la legalidad ni ha sido un investigador. Pero ello no es un problema de negligencia de las sucesivas generaciones de fiscales. Esta falta de funcionamiento se debe a que en la práctica Latinoamericana no se ha salido de la cultura básica del sistema inquisitivo. Ese suave deslizamiento que se produjo en Europa a partir del Código francés de 1808 y que en las últimas dos décadas ha dado otro paso importante (Alemania, Italia, Portugal, procedimiento abreviado español, etc.) ha sido casi imperceptible en nuestros países.

En América Latina, la cultura judicial es inquisitiva, tan inquisitiva como lo era en la España de Felipe II y dentro de ella el Ministerio Público no es un adolescente, es un extraño, un cuidado de piedra; el invitado a una fiesta (porque está allí, ha sido invitado) pero que nadie sabe para qué está o qué se espera de él.

Por supuesto el Ministerio Público se organizó sobre la base de esta oscuridad institucional y adquirió un tipo de organización refleja. Su identificación con el modelo de organización judicial fue completa y así tenemos fiscales de primera instancia, fiscales de cámara, aunque la idea misma de “competencia”, ligada al principio de juez natural carezca de sentido para el Ministerio Público. Asimismo cada fiscalía se organizó según el modelo del juzgado y su fiscal pasó a formar parte de una carrera judicial. ¡Vaya paradoja! La institución extraña al sistema inquisitivo, la que según Roxín cobró vida como “medio de liberación ciudadana” frente a las arbitrariedades monopólicas del inquisidor, adoptó en nuestro continente los principios, modalidades y vicios de la cultura inquisitiva. Hoy todavía no sabemos, en qué medida, el Ministerio Público es también una reserva de cultura inquisitiva.

Frente a este panorama, vale hacerse esta pregunta ¿Puede el Ministerio Público aportar algo positivo a la crisis judicial? ¿Puede ayudar a derribar la cultura inquisitiva? ¿Puede existir continuidad entre el Ministerio Público penal actual (que siguiendo con la metáfora orgánica puede ser considerado, con sus más de cien años, un viejo decrépito que absorvió los vicios del “Ancien Regime” con el Ministerio Público que necesitan nuestros países? ¿Qué es Ministerio Público, entonces?

No pretendo en este trabajo responder Ministerio Público

a esas preguntas, básicamente porque no tengo las respuestas, pero sí quiero llamar la atención sobre la necesidad de profundizar la reflexión, por lo menos profundizarle hasta el punto en que no se vuelva paralizante y nos excluya, por consiguiente, del proceso político de transformación, que tiene su propia dinámica y que no siempre puede esperar a que nos clasifiquemos para comenzar a actuar.

III. DISCUSIÓN DE MODELOS VERSUS DISCUSIÓN DE PROBLEMAS

El título de esta sección pareciera contradictoria con la línea argumental de esta nota. Hasta aquí la preocupación principal ha sido la de tratar de determinar cuál es el marco general sobre el cual elaborar un modelo de Ministerio Público apto para nuestras realidades políticas. ¿En qué medida una discesión de modelos se enfrenta a una discusión de problemas? Básicamente se enfrenta en la forma de construir un modelo.

Cuando hablamos de un modelo de Ministerio Público o un modelo de Justicia penal fundamentalmente estamos hablando de la estructura básica de esa organización: estructura básica que no se identifica con sus reglas organizativas sino que incluye desde los objetivos básicos, las reglas de funcionamiento, su perfil de personal y su cultura organizativa. Una vez más el enfoque de sistemas nos es útil para abarcar esa totalidad compleja que es una institución política.

Cuando hablamos de “discusión de modelos” no queremos darle un sentido peyorativo, ni desmerecer la función crítica o constructiva de los modelos, menos aún, hacernos eco de cierto chouvierismo demagógico, que pretende “reinventar” el agua azucarada con un rasgo sello nacional, desconociendo el valor de la transferencia de experiencias entre los países. Sin embargo, ha existido una cierta tendencia en América Latina a superficializar las discusiones mediante la confrontación de ideas demasiado globales. Por ejemplo, la discusión sobre la estructura de las fases preparatorias quizás la etapa más compleja del proceso se ha convertido en un debate muchas veces estéril entre la “investigación a cargo del Ministerio Público” o el man-

Ministerio Público

tenimiento del juez de instrucción. Dicho debate es necesario, siempre que sea un debate acerca de cómo una u otra forma de organización de la instrucción resuelve ciertos problemas procesales. Por ejemplo, la endémica sobrecarga de trabajo, la falta de control sobre la investigación, la formalización de los actos de investigación, la conversión automática del sumario en prueba, la delegación de funciones, la defensa durante las etapas policiales, el acceso a la información, las relaciones con los medios de prensa, las medidas cautelares, las salidas procesales alternativas, el régimen de la acción, el control de la prisión preventiva, la duración del proceso; en fin, numerosos problemas que son los verdaderos problemas procesales, si la discusión de modelos no es un mecanismo para discutir cómo, por ejemplo, la entrega de la investigación, al Ministerio Público permite solucionar esos problemas o cómo la permanencia del juez de instrucción los mantiene o repotencia, entonces esa discusión de modelos es contraproducente.

Buena parte de la discusión ha girado alrededor del carácter jurisdiccional o uno de los actos de investigación y poco se ha esclarecido acerca de qué son sus actos de investigación y qué son sus actos de instrucción. O se ha discutido acerca de la constitucionalidad de la entrega de la investigación al Ministerio Público sin indagar con profundidad el modelo condicional de Administración de justicia y, en especial, la función de los jueces; el comentario cuando se pretende determinar el contenido de lo preferente jurisdiccional se recurre a los códigos inquisitivos para los cuales todo es jurisdicción, inclusive el más pequeño atestado en

acto. “Quod non est in acto non est in mundo” y por lo tanto la creación de la realidad le compete el juez creador omnipotente.

La aparición entre discusión de modelos y discusión de problemas no es una oposición conceptual ni ineludible; es una manifestación de las características de la discusión en nuestros países. Por ello, creo necesario recuperar la centralidad de los problemas procesales en la discusión política y retórica. Sólo a partir de esta centralidad de los problemas considero posible construir un modelo de Ministerio Público penal que sirva de referencia para la transformación de esta institución. Creo poder resumir las dos ideas básicas expuestas hasta ahora del modo siguiente:

El marco político-cultural adecuado para el diseño de un nuevo Ministerio Público no es la crítica a la forma inquisitiva de ejercer el poder penal y a la cultura que le es propia, que en nuestros países contiene tantos elementos de la ilustración como viejos resabios monárquicos del “A ncien Re-gime”. La necesidad de actuar con uno o más modelos de referencia no nos debe llevar a olvidar la finalidad de la construcción de cualquier modelo sobre el Ministerio Público. Partir de los problemas y su situación para llegar nuevamente a esos problemas. En esta perspectiva la construcción de un modelo significa la estructuración, la armonización de un conjunto de soluciones o problemas concretos. Discutamos los problemas para construir un modelo: construyamos un modelo para mejor o solucionar los problemas.

LUPERÓN, GASPAR POLANCO Y “LA GUERRA DE LA RESTAURACIÓN” CAPÍTULO DE UN ENSAYO FUERA DE SERIE DE JUAN BOSCH “Gaspar Polanco no tiene estatuas y su nombre es uno más entre los de los jefes de la Restauración, pero pocas veces, si es que se vio alguna vez, ha visto América la capacidad de decisión, el coraje sin freno, la voluntad de la victoria que se reunieron en ese extraordinario analfabeto que había nacido en un campo de Guayubín”. Los capítulos de este libro (La Guerra de la Restauración), se publicaron en el semanario Vanguardia del Pueblo a partir del número 253, correspondiente al 20 de agosto de 1980, y se recogen ahora en un volumen porque no me queda la menor duda de que la guerra de la Restauración es la página más notable de la historia dominicana y también la más ignorada, no ya desde el punto de vista subjetivo sino desde el objetivo. La casi totalidad de los dominicanos no tienen idea de lo que fue esa guerra como esfuerzo colectivo, gigantesco y heroico, y también lo que fue como hazaña militar; y quien lo sabe, como le sucede al autor de estas líneas, está en el deber de hacer todo lo posible para que el mayor número de personas hagan conciencia de la grandeza

de ese episodio de la vida nacional.

La guerra de la Restauración comenzó el 16 de agosto de 1863 y el día 22 caían en manos de los restauradores Guayubín, Dajabón, Monte Cristi, Sabaneta (hoy Santiago Rodríguez); el día 24 el capitán general español declaraba el estado de sitio en todo el país; el 28 caían en poder de los insurgentes el ayuntamiento y el cuartel de Puerto Plata, La Vega, San Francisco de Macorís, Cotuí; el 30 cayó Moca y Gaspar Polanco llevaba a Santiago mil hombres con los que iba a iniciarse ese mismo día la batalla conocida con el nombre de esa ciudad. A los dieciocho días de haber comenzado la guerra, las tropas españolas

Los coroneles José Cabrera, Santiago Rodríguez, Benito Monción, Pedro Antonio Pimentel, y Juan Antonio Polanco, estos últimos sumados a los primeros, asumieron la sagrada misión de libertar la patria y con el grito de “Libertad o Muerte”, le pusieron tono de batalla a su decisión la madrugada del 16 de agosto de 1863. Este fue el inicio de la lucha por la libertad y el retorno a la dominicanidad. También sobresalieron, Gregorio Luperón, primera espada, Manuel Rodríguez Objío, Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno de Rojas y Pedro Francisco Bonó, entre otras prestantes figuras del ámbito militar y civil. Entre las batallas más sobresalientes de esta gesta están la del 18 de agosto, en la que se dio la gran lucha a las tropas españolas y la del 6 de septiembre en la que la espada y el coraje de Luperón se pusieron a pruebas, pasando con notas sobresalientes el examen.

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“Al referirse a Gaspar Polanco, Bosch dice que éste fue “el gran jefe guerrero” de la epopeya restauradora, y añade que “si una mano poderosa hubiera podido sacar a Gaspar Polanco de las filas de los restauradores en los primeros veintiún días de la guerra, es casi seguro que la historia de esa epopeya sería otra”.

de Santiago estaban refugiadas en la fortaleza San Luis, y tres días después, el 6 de septiembre, los restauradores le daban fuego a la capital del Cibao, un hecho único en la historia de las guerras de independencia latinoamericanas. El día 14 salió Luperón hacia Moca; el 15 despachó desde La Vega al general José Durán para San Juan de la Maguana por la vía de Jarabacoa y Constanza, y para fines de mes ya el general Durán había llevado la revolución a todo el Sur, mientras Luperón se establecía en Bermejo y enfrentaba a Santana, que había acampado en Guanuma.

¿QUÉ EXPLICACIÓN PUEDE HABER PARA SEMEJANTE RAPIDEZ EN LA ACCIÓN?

Una sola; que la guerra de la Restauración tuvo desde el primer momento el apoyo resuelto de las grandes masas del pueblo dominicano porque en ella se reunieron una guerra de liberación nacional y una guerra social, en las cuales participaban a la vez hombres animados de poderosos sentimientos patrióticos y hombres de acción que van a los campos de batalla en busca de ascenso social, y en ocasiones, como pasó en la de la Restauración, hombres en quienes se daban los dos estímulos, el patriótico y la necesidad de ascender socialmente.

Para tener conciencia clara de qué es él, el pueblo dominicano debe conocer en detalle, y de ser posible a fondo, lo que fue la guerra de la Restauración, ese acontecimiento histórico extraordinario que no fue igualado en países de la América nuestra más ricos, más cultos, más poblados que la República Dominicana; pero es el caso que aunque se ha escrito bastante sobre esa epopeya, se ha hecho, sin embargo, con criterio polémico o para darles claridad a éste o aquél o a varios episodios o para destacar a tal u cual personaje de esa guerra, pero ésta no ha sido expuesta como un todo operando a nivel nacional gracias a la capacidad de acción de los hombres que la dirigieron pero también de los que la hicieron desde los puestos más bajos. Salvo en el caso de Pedro María Archambault, los historiadores de esa guerra no llegaron a darse cuenta del papel que jugó en ella el general Gaspar Polanco, pero además, por razones de clase, Gaspar Polanco aparece disminuido ante el juicio de las generaciones posteriores a la epopeya restauradora porque no se le perdona el fusilamiento de Pepillo Salcedo, que en el orden clasista de la sociedad dominicana de la época ocupaba un lugar tan elevado como el que más, de manera muy especial, entre los altos pequeños burgueses del Cibao. El fusilamiento de Pepillo Salcedo fue un error, pero un error que se explica en el carácter del hombre que ordenó en un momento difícil

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de la revolución Restauradora el hecho más importante de la guerra: el incendio de Santiago. Gaspar Polanco no tiene estatuas y su nombre es uno más entre los de los jefes de la Restauración, pero pocas veces, si es que se vio alguna vez, ha visto América la capacidad de decisión, el coraje sin freno, la voluntad de la victoria que se reunieron en ese extraordinario analfabeto que había nacido en un campo de Guayubín. Los dominicanos de hoy se imaginan a los hombres de la Restauración vestidos con uniformes como los que años después, cuando se hallaban en posiciones de las más al-

aire y descalzos, armados de machetes y si acaso de fusiles, cuando se adueñaban de los que llevaban soldados españoles heridos o muertos.

tas, usaban Luperón y Ulises Heureaux, o con los trajes que vestían los altos pequeños burgueses de Santiago, pero lo cierto era que los jefes y los soldados de la epopeya Restauradora vestían de otra manera, tal como lo dice Pedro F. Bonó en su descripción del cantón de Bermejo: “No había casi nadie vestido. Harapos eran los vestidos; el tambor de la Comandancia estaba con una camisa de mujer por toda vestimenta...; el corneta estaba desnudo de cintura

para arriba. Todos estaban descalzos y a pierna desnuda”.

La guerra de la Restauración no fue una fiesta ni en ella podían tomar parte todos los hombres. Para hacerla se necesitaban condiciones nada comunes, porque había que enfrentar un medio físico hostil con muy escasos medios para dominarlo y porque se combatía contra soldados españoles, cuyo valor ha sido proverbial desde hace siglos; y para formarnos un juicio correcto de cómo la hizo el pueblo dominicano, con que ímpetu y arrojo se lanzó a ella, diremos que empezó el 16 de agosto de 1863 y un año y menos de

En aquellos tiempos el hombre del pueblo que se las arreglaba para tener un caballo no podía ponerle una silla de montar hecha de cuero y con estribos sino un aparejo que se hacía con hojas de plátanos amarradas con hilo de cabuya y cubiertas por cuero de chivo; y así iban los dominicanos a la guerra, sobre esos aparejos, con los pies al

POLANCO Y LUPERÓN En la batalla de Santiago se consagraron los generales Gaspar Polanco que por su eficiencia y valor alcanzó el grado de Generalísimo - y el general Gregorio Luperón quien surgió como uno de los héroes más distinguidos de la guerra de Restauración, por la forma magistral que condujo sus tropas.

EL CENTENARIO Uno de los eventos de mayor relevancia en la memoria histórica sobre la Restauración, lo constituyó el centenario de la gesta, siendo a la sazón Presidente el profesor Juan Bosch. El fragmento de este discurso histórico que resume el sentimiento de este gobernante, en un momento tan especial es el siguiente: “No lo sabemos, y acaso la humanidad tarde mucho en saberlo. Pero la historia, que es el espejo de los actos colectivos, nos enseña que el amor a la patria es un valor constante en todos los pueblos; que el esquimal ama su rudo paisaje de nieves eternas, que el tibetano ama la extraordinaria soledad de sus montañas, que el africano ama sus selvas pobladas de leones, de culebras y caimanes; que el norteamericano ama su continente de rascacielos y automóviles. Nosotros los dominicanos amamos hasta la muerte, este pedazo de isla en el cual nos tocó nacer, en el cual hemos luchado y en el cual esperamos morir”.

cinco meses después —el 7 de enero de 1865— se presentaba en el Parlamento español un proyecto de ley que ordenaba el abandono, por parte de las autoridades españolas, del territorio dominicano; lo que equivale a decir que en ese corto tiempo España quedó convencida de que no podía ganarle a nuestro pueblo la guerra de la Restauración. La guerra de la Restauración fue una revolución burguesa frustrada, como lo había sido la separación de Haití y como lo fue la revolución de Abril de 1965. Esa relación entre la epopeya de 1863 y el levantamiento de 1965 me lleva a publicar en este volumen, además de los capítulos que había escrito sobre la Restauración, los que Ministerio Público

escribí en junio y julio de 1979 sobre la guerra de Abril, que fueron publicados en Vanguardia del Pueblo y también en dos ediciones de un folleto cuyo título es La Revolución de Abril. Y ahora, una aclaración para, los estudiosos de la Sociología:

¿Cómo se explica que yo califique, lo mismo en este trabajo que en otros anteriores, de pequeña burguesía a capas de la población de un país que como la República Dominicana no era todavía en los años 1860 y tantos una sociedad capitalista sino claramente precapitalista? Porque no hay cómo llamar a esas capas, sobre todo cómo llamarlas de manera que lo acepte un público lector no especializado en la materia. Para esos años en el país no había una sola industria y por tanto no había obreros. Las poblaciones más grandes no llegaban a 10 mil habitantes, lo que indica que no teníamos ni sombra de lo que algunos marxistas nuestros llaman “el alto” o “el gran comercio”; no había un banco y por no haber no había ni un kilómetro de carretera o camino ni un puente. Los medianos y los pequeños campesinos podían trabajar lo mismo en tierra ajena que en terrenos comuneros. De estos últimos, que eran una forma de propiedad colectiva precapitalista, había grandes cantidades en todas las regiones. Había demasiada tierra baldía para que nadie, ni aún un propietario, se molestara o se preocupara por el uso que le dieran algunas personas a la tierra.

No se conocía, y por tanto no se aplicaba ninguna técnica agrícola que no fuera la que pudiera ejecutarse a base de un machete para limpiar los terrenos y una coa de madera —un pedazo de palo de dos pulgadas de diámetro con un extremo aguzado al fuego—; no se conocía ningún sistema de irrigación y la crianza de vacas, cerdos y aves era puramente montaraz.

¿Cómo llamar al campesino pobre de entonces, y al menos pobre, y al mediano? ¿Así, con esas mismas palabras en todos los momentos? ¿ Y cómo llamar a los que vivían de comerciar en las ciudades con los frutos de esos

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campesinos, a ésos de quienes habla Alejandro Angulo Guridi llamándoles holgazanes? ¿Y qué nombre les daríamos a los muy escasos artesanos; el barbero, dueño de sus herramientas y de una silla desvencijada; el carretero, propietario de una carreta y un animal de tiro; el sastre, cuya corta clientela estaba compuesta de los contados medianos y altos pequeños burgueses de tres o cuatro centros urbanos?

En el lenguaje de hoy no se usan las palabras que puedan definir las categorías sociales de un pueblo que a mediados del siglo XIX no conocía el capitalismo, y al referirnos a esas categorías nos vemos en el caso de usar los nombres que se les aplican ahora. De otra manera, la mayor parte de los lectores dominicanos no me entenderían, y para ellos se publica este libro.

La situación económica del país a mediados del siglo XIX — Comparación de la economía dominicana con la cubana—La baja de valor del peso en 1857 y sus causas— La guerra contra Haití produjo muchos ascensos sociales— El movimiento revolucionario de 1857. Si el general Santana y los hombres de su gobierno tenían razones políticas para anexionar el país a España, la gran masa del pueblo tenía una que para ella era determinante: la miseria

en que vivía. La única descripción de esa miseria que conocemos es la que hizo Alejandro Angulo Guridi, que aparece en Composición Social Dominicana (página 175) expuesta como sigue: “Yo llegué (a la Capital) en septiembre de 1852, y voy a decir en pocas palabras del aspecto que ofrecía... las calles llenas de surcos, cubiertas de yerbas, muchas, muchísimas casas en ruinas... Había muchísimas casas, la mayor parte con gran ausencia de aseo en sus puertas, pisos y paredes; con algunos taburetes viejos, y una o dos hamacas en las salas, habitadas por familias pobrísimas... De esas, gran número ofrecían a la vista del transeúnte el cuadro de un comercio humildísimo, efecto de la haraganería consistiendo en un reducido número de frutos del país, y algunas bagatelas colocadas unas en el suelo y otras en una tabla que descansaba sobre dos barriles, todo ello cerca de la puerta de la calle”. La descripción que hace Angulo Guridi es muy viva, pero no es acertada cuando dice que el comercio humildísimo que se hacía en la capital del país era efecto de la haraganería. De lo que era efecto era de la miseria, y en un medio donde lo único que abundaba era la miseria no se les podía pedir a las gentes que fueran trabajadoras. ¿Qué iban a producir con su trabajo? Ese comercio humildísimo que todavía hoy vemos en las calles de Santo Domingo — el hombre maduro que ofrece en venta tres aguacates o una mano de guineos en una esquina de la avenida 27 de Febrero o en otra vía de mucho tránsito— es el símbolo del subdesarrollo,

palabra que significa escaso desarrollo económico con su lógica consecuencia de pobre desarrollo social, cultural y político. Lo que dijo Angulo Guridi de la Capital en 1852 era válido en 1860 a juzgar por la descripción que del país hiciera el militar español brigadier don Antonio Peláez Campomanes, jefe del Estado Mayor de la Capitanía General de Cuba que había venido con el encargo de estudiar la situación dominicana para conocimiento del capitán general de la vecina isla, a quien el gobierno de España había encargado de informar a Madrid acerca de si convenía o no aceptar la anexión de la República que Pedro Santana estaba ofreciéndole a la reina Isabel II.

El cuadro de la economía dominicana que pintó Peláez Campomanes no podía ser más sombrío, y él estaba en capacidad de apreciar la verdad en ese campo porque venía de Cuba, que era una isla riquísima. No puede hacerse una comparación entre la República Dominicana y la Cuba de aquellos años porque en el país no había registro estadístico, pero Schomburk, el cónsul inglés, calculó que en los seis años que transcurrieron de 1850 a 1855, ambos incluidos, nuestras importaciones fueron de 1 millón 85 mil 565 libras inglesas, equivalentes a unos 5 millones 500 mil pesos españoles de la época, y los datos que nos da Julio Le Riverend en su Historia Económica de Cuba (Instituto Cubano del Libro, 1971 páginas 390-91), dicen que en los cuatro años que corrieron de 1856 a 1859, ambos incluidos, las importaciones cubanas de sólo tres países, Estados Unidos, Inglaterra y España, llegaron a 100 millones 756 mil pesos.

último año, el levantamiento contra Báez que dirigió el comercio cibaeño encabezado por el de Santiago, pero no podemos caer en la simpleza de achacarle ese levantamiento a una sola causa, por ejemplo, a la operación de cambio de las monedas de oro y plata

(que recibían de Europa los comerciantes cibaeños para que compraran tabaco que debían despachar al Viejo Mundo) por los billetes o papeletas dominicanos que hacía el gobierno, y en ese caso particular, el gobierno de Buenaventura Báez. En 1857, Báez puso a circular una cantidad tan alta de esas papeletas que de 60 y 70 por peso oro o fuerte que valían pasaron a 3 mil y 4 mil, y cuando los comerciantes compradores de tabaco vinieron a darse cuenta, en vez de pesos fuertes o tabaco lo que tenían en las manos eran montones de papeletas que no valían nada, mientras que con una parte del oro y la plata que había recibido a cambio de esas papeletas el gobierno se había quedado, a través de intermediarios de su confianza, con el producto más valioso del país por esos años, que era el tabaco. Puede decirse que prácticamente el gobierno actuó como un estafador, y esa estafa desató la revolución del 8 de julio (1857), pero en Obra de Miguel Núnez

Hablando del comercio de la República Dominicana, Peláez Campomanes decía que a la altura de 1860 era “de pequeñas proporciones, surtiéndose generalmente de todos los artículos que necesitan de la isla de San Thomas, y algunos, aunque pocos, de la de Curacao” (José de la Gándara, Anexión y Guerra de Santo Domingo, página 401).

Es a la luz de la situación de miseria generalizada en que vivían los dominicanos entre 1850 y 1857 como hay que ver los acontecimientos de este

Duarte y Bosch. Ministerio Público

realidad la estafa fue sólo el precipitante de ese levantamiento, pues las causas profundas, las que no se ven o no ve todo el mundo, eran un amasijo de contradicciones entre las diferentes capas de la pequeña burguesía dominicana que habían estado pasando por un proceso de desarrollo a partir, por lo menos, de 1844, gracias más que nada a que las guerras contra Haití habían dado oportunidad a muchos pequeños burgueses de las capas más bajas para que ascendieran en algunos casos hasta las más altas. Esos ascensos sociales no podían darse sin oposición. ¿De quiénes? De los que formaban las capas altas, y no sólo de los que se hallaban en ellas desde hacía más de una generación sino también de los que habían pasado a esos niveles superiores en los últimos años, que fueron precisamente los que produjeron los hechos destinados a generar mayor movilidad en las diferentes capas de la pequeña burguesía.

Eso es normal en los tiempos de guerra, y de manera especial si los hechos ocurren en un país subdesarrollado. Es normal porque una guerra es el escenario adecuado para que se destaquen aquellos que tienen condiciones poco comunes de hombres de acción, capaces de resolver problemas agudos en momentos de peligro. Si la guerra es llevada a cabo por un Estado contra sus enemigos, el Estado, aunque sea de escaso desarrollo como lo era el dominicano por aquellos años, premia a esos hombres con ascensos hacia posiciones militares o políticas que se traducen en ascensos sociales. En la larga guerra de la Reconquista —siete siglos de lucha contra los árabes— los reyes españoles hicieron nobles a muchos villanos (personas de origen humilde) que ejecutaron actos heroicos, y otro tanto pasó en las guerras que sostenían contra España en los territorios de América los poderes europeos. De esto último es un ejemplo el caso del mulato puertorriqueño Manuel Henríquez, que había sido zapatero y se destacó tanto en la defensa de España actuando como corsario contra barcos franceses e ingleses, que en el año 1713 el rey Felipe V le concedió la medalla de la Real Efigie y el título de Capitán de Mar y Guerra, lo que significa que salió de las acciones milita-

Ministerio Público

res convertido en todo un personaje y usó ese ascenso para hacerse rico, tan rico que acabó siendo prestamista del gobierno de España y también de la Iglesia; y como es natural, los comerciantes de Puerto Rico españoles, y por tanto blancos, no podían ver con buenos ojos ese ascenso de un mulato, que equivalía a decir de una persona de baja ralea.

La oposición de los altos y medianos pequeños burgueses a un bajo, bajo pobre o bajo muy pobre pequeño burgués dominicano que llegaba al nivel de la mediana y la alta pequeña burguesía, así como la de un noble español, especialmente si era hijo de nobles, al villano recién ennoblecido porque se había destacado en una guerra, se tomaba como un efecto de la soberbia ofendida de los primeros por la llegada a sus niveles sociales de

personas que no eran de su calidad. Pero la verdad es otra, de manera muy especial en el caso de la alta y mediana pequeña burguesía en un país tan pobre como era la República Dominicana. La verdad es que su oposición al ascenso de los pequeños burgueses de las capas más bajas se debía a que los primeros sabían que más temprano o más tarde los segundos pasarían a ser sus competidores en el terreno económico, y por esa razón los veían desde que entraban en su nivel social como sus enemigos futuros. Dicho en términos socio—políticos, a partir del ascenso de los segundos em-

pezaba a generarse una contradicción entre los del nivel más alto y ellos, y esa contradicción, multiplicada por el número de las diferentes capas de la pequeña burguesía y por el de los muchos que pasaban de las capas bajas a las superiores, era un hecho en nuestro país antes de 1857, y por cierto un hecho muy complejo.

Ese proceso de movilidad social vertical, es decir, de capas que se movían de abajo hacia arriba, venía dándose en el país desde antes de 1857, y como la situación económica era mala en sentido general, y por tanto el estado de miseria era consustancial con la existencia misma de la sociedad, la oposición de los de arriba a que a sus niveles llegaran los de abajo, o siquiera algunos de ellos, debía ser muy fuerte: pero al mismo tiempo esos de arriba luchaban contra la minoría que tenía el control del poder político del país, que eran los hateros, y en esa lucha encontraron a un líder, Buenaventura Báez. Báez empezó a ser la encarnación del antisantanismo cuando después de haber llegado a la presidencia de la Republica el 24 de septiembre de 1849 pasó a convertirse en el líder de la alta y la mediana pequeña burguesía, que por aquellos días se movía casi exclusivamente en el campo del comercio si bien algunos miembros de esas capas se dedicaban a otras actividades, como por ejemplo al corte de maderas, a la navegación en balandras entre el país, Santomas y Curazao, a funciones públicas civiles y militares, a diversas artesanías. Pero el antisantanismo de Báez vino a manifestarse abiertamente después que Santana volvió a ser presidente de la República, lo que sucedió el 15 de febrero de 1853. Entre esa fecha y el 8 de julio de 1857, Báez, que había pasado a ocupar otra vez el puesto de presidente el 6 de octubre de 1856, ordenó la prisión de Pedro Santana y lo expulsó hacia Martinica, el 11 de enero de 1857, medidas que denuncian de lejos su condición de líder de la pequeña burguesía, sólo que ya para ese momento no lo era de la alta y la mediana, o por lo menos no lo era de esas capas nada más; ya era el líder de las tres capas de la baja, baja propiamente dicha, la bajas, pobre y la baja muy pobre, y antes de seis meses iba a actuar contra la alta y la mediana

en el conocido episodio del cambio del oro y la plata de los compradores de tabaco por las papeletas desvalorizadas del gobierno.

La operación de cambio se hizo; los comerciantes; bajo la dirección de los de Santiago, iniciaron el movimiento revolucionario del 8 de julio declarando que en lo adelante no le deberían obediencia al gobierno de Báez sino a uno provisional asentado en Santiago de los Caballeros. Fue así como se le abrió la puerta a una serie de acontecimientos que iban a culminar con la anexión del país a España, lo que a su vez daría lugar al formidable estallido de la guerra de la Restauración, en la cual iban a actuar unidas todas las capas de la pequeña burguesía dominicana, por lo menos durante los dos años, o un poco

menos, que duró esa guerra.

La anexión se hizo posible porque la alta y la mediana pequeña burguesía comercial cibaeña que se levantó contra Báez no pudo conseguir el respaldo popular que le hacía falta para derrotar a las fuerzas gobiernistas. Ese respaldo debían ofrecerlo las tres capas más bajas de la pequeña burguesía, pero éstas, que eran mayoritariamente campesinas, seguían a Báez, y muy especialmente después que se produjo el cambio del oro y la plata destinados a la compra del tabaco por las papeletas del gobierno, pues esa operación, que arruinó a los comerciantes, benefició a los cosecheros de tabaco, que para entonces eran sobre todo pequeños propietarios campesinos.

Colocadas en una situación difícil, la alta y la mediana pequeña burguesía comercial cibaeña, seguramente seguidas por la alta y la mediana pequeña burguesía agricultora que no producían tabaco, o por lo menos seguidas por sus representantes políticos, decidieron traer a Pedro Santana de Santomas, adonde había ido a vivir, de manera que al cabo de varios años volvía a darse la alianza entre la pequeña burguesía y los hateros que habían hecho en abril de 1843, entonces por acuerdo llevado a cabo en El Seibo entre los hermanos Santana, en la persona de Ramón, y el líder de la Trinitaria, Juan Pablo Duarte. Esa alianza de 1857 llevaría a Pedro Santana al poder, sin el cual no habría podido anexar el país a España.

DUARTE, SÁNCHEZ, MELLA Y LA RESTAURACIÓN La entrega, el sacrificio y el desprendimiento de Duarte, Sánchez y Mella, no se limitó sólo a darnos la dominicanidad, a través de la Independencia Nacional de 1844, sino que siendo los principales héroes de la recién creada República, se integraron luego como simples soldados a la guerra de Restauración. En el caso de Sánchez, se sabe que estando en el exilio, entró por Haití para integrarse a la gesta Restauradora, habiendo sido capturado por las tropas de Pedro Santana, y fusilado en San Juan de la Maguana.

Luego de enterarse de las acciones durante la Guerra de Restauración Juan Pablo Duarte desembarca en Montecristi en 1864 para ponerse a las órdenes del gobierno restaurador en armas de Santiago de los Caballeros. La Guerra Restauradora estaba decidida a favor de los dominicanos y el gobierno decidió nombrar a Duarte como su representante en el exterior con la misión de obtener apoyo de Venezuela y las demás naciones americanas en la lucha militar contra España. En tierra de Bolívar murió tuberculoso y en extrema pobreza en julio de 1876

En el caso de Francisco del Rosario Sánchez, el 20 de enero de 1861, publica su manifiesto en el cual afirma, frente a sus enemigos: “Yo soy la bandera nacional”. Dos días después, el 22, se integra en Curazao bajo su dirección la Junta Revolucionaria organizadora de la Revolución de la Regeneración Dominicana. Traicionado y emboscado en San Juan de la Maguana, cuando entraba por Haití, el patriota dominicano fue hecho prisionero y juzgado por órdenes de Santana y en un juicio sin autoridad legal fue condenado a muerte, asumiendo la responsabilidad de todos

los hechos y pidiendo clemencia para sus subalternos. Murió fusilado el 4 de julio de 1861. Matías Ramón Mella, no quiso quedarse atrás de sus compañeros próceres de la anterior Independencia Nacional, y mientras servía a la causa restauradora como general en arma enfermó de disentería y murió en la extrema pobreza el 4 de junio de 1864. Murió con la distinción de ser dos veces prócer de la República, cual lo habían sido sus pares, pidiendo que lo enterraran envuelto en la Bandera Nacional y, así se hizo. Ministerio Público

Discurso del Procurador General de la República,

Radhamés Jiménez Peña

EN OCASIÓN DE LA “II CONFERENCIA NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO”. Pronunciado el 12 de agosto de 2009 en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo

Con enorme satisfacción celebramos hoy la II Conferencia Nacional del Ministerio Público, que reúne en esta Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a la totalidad de los integrantes del Ministerio Público a nivel nacional.

Si en enero de 2006 nos congregó en este augusto recinto un tema de capital importancia para la institución como el de la Reforma Constitucional, en esta ocasión nos convoca un asunto no menos trascendente: La Instalación de la Carrera del Ministerio Público.

Ministerio Público

La Procuraduría General de la República y la Escuela Nacional del Ministerio Público, cuyo Consejo Directivo me honro en presidir, presentan al país los resultados del histórico papel que les ha tocado jugar en el proceso de instalación de un cuerpo estable y ca-

pacitado de miembros del Ministerio Público. De conformidad con la Ley 78-03, sobre el Estatuto del Ministerio Público y el Reglamento de Carrera No. 04-06, en esta etapa de instalación de la carrera se organizaron dos vías de ingreso:

1. La del Concurso Público, seguida de un Programa Inicial de Formación, dirigida a funcionarios de nuevo ingreso; y 2. La de la evaluación inicial de los miembros del Ministerio Público en funciones, llevada a cabo en 2005, seguida del Programa Extraordinario de Formación, que se desarrolló en quince promociones sucesivas, la última de las cuales concluyó a finales de junio del presente año y estuvo acompañada de otros programas de formación complementarios y de un proceso de evaluación del desempeño y de antecedentes de los aspirantes. Es así como en el día de hoy damos cierre formal al arduo pero enriquecedor proceso de puesta en marcha de la carrera del Ministerio Público, integrada a la fecha por 668 profesionales que han satisfecho todos los requisitos legales y reglamentarios vigentes.

Como es del conocimiento de todos los presentes, el legislador dominicano, con el marcado interés en dotar de estabilidad e independencia funcional a los miembros del Ministerio Público, estableció, por medio de la Ley 78-03, mejor conocida como el Estatuto del Ministerio Público, una carrera especial para estos funcionarios del sistema de justicia, dando el primer paso significativo en la implementación de dicha carrera el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, quien, en agosto de 2004, y previo a la designación de los miembros del Ministerio Público, emitió el decreto número 873-04, en el cual estableció el carácter provisional de las designaciones a efectuar, tomando en cuenta que, de conformidad con el Estatuto, correspondía a la Escuela Nacional del Ministerio Público conducir los correspondientes procesos de evaluación. De inmediato, la Escuela Nacional del Ministerio Público emprendió entonces el camino hacia la instalación de dicha carrera, que, como ya he expresado, ha sido cumplida satisfactoriamente.

Es importante resaltar que el procedimiento para la instalación de la carrera es trazado por el Reglamento de Carrera dictado por el Consejo Directivo de la Escuela Nacional del Ministerio Público, en diciembre de 2005, el cual luego fue asumido íntegramente por el Presidente Leonel Fernández Reyna en el Decreto núm. 04-06, de fecha 5 de enero de 2006.

Los mecanismos de ingreso a la carrera, establecidos en el artículo 5 del Reglamento de Carrera, son, como ya hemos indicado, dos: el Concurso Público de Oposición para Aspirantes a Fiscalizador, y, en segundo lugar, las evaluaciones para el ingreso a la carrera de los miembros en funciones que fueron evaluados en las jornadas de selección de 2005, luego de la entrada en vigencia del Reglamento de Carrera. Con relación a los miembros en fun-

Procuradores generales adjuntos encabezan a los fiscales que asistieron al Aula Magna de la UASD.

ciones, de acuerdo al diseño reglamentario e institucional, el proceso de instalación de la Carrera incorporó dos dimensiones, una académica y otra relacionada al desempeño. En tal sentido, las personas que superaron satisfactoriamente las evaluaciones de selección inicial llevadas a cabo en 2005, adquirieron la condición de miembros del Ministerio Público aspirantes a la Carrera, quienes, a partir de ello, pasaron a un proceso de formación, dividido en dos etapas, un primer Programa Extraordinario de Formación, seguido de un segundo programa de carácter completivo. De igual modo, se condujo un proceso de evaluación del desempeño que permitió asegurar la idoneidad del aspirante para el cargo. En cuanto a la evaluación de desempeño y antecedentes a que han sido sometidos los aspirantes a ingresar a la carrera, esta fase tuvo como finalidad principal verificar el cumplimiento de los estándares mínimos preestablecidos para poder ser considerada la entrada de un fiscal a la carrera, así como dar a conocer a la persona evaluada y a su supervisor cuáles son las fortalezas y los aspectos que requieren un plan de mejoramiento o acciones enfocadas hacia el crecimiento y desarrollo continuo, tanto personal como profesional, para impactar de forma positiva en los

resultados esperados.

El modelo de evaluación de desempeño aprobado por el Consejo Directivo de la Escuela Nacional del Ministerio Público consistió en una evaluación de 180 grados, lo que quiere decir que el aspirante en funciones fue evaluado por tres personas: su superior inmediato y dos de sus pares, asignados de forma aleatoria. En cuanto a los criterios generales para el ingreso a la Carrera, están debidamente establecidos en el Reglamento de Carrera, en su artículo 20, conforme al cual los aspirantes a la Carrera del Ministerio Público en los distintos niveles deberán aprobar con una puntuación de al menos 80% para ser sometidos y recomendados por la Escuela Nacional del Ministerio Público al Consejo General de Procuradores a los fines de su designación por el Poder Ejecutivo como integrantes de la Carrera del Ministerio Público. Es oportuno recordar que en la I Conferencia Nacional del Ministerio Público, bajo el tema “Ministerio Público, Constitución y Sistema de Justicia”, resaltábamos que una “de las debilidades históricas del Ministerio Público ha sido la carencia de un sistema de carrera. Esto ha creado tres problemas fundamentales. Primero, ha impediMinisterio Público

do que estos funcionarios actúen con independencia en el cumplimiento de sus funciones. La segunda dificultad es que la designación libre de fiscales ha llevado en ocasiones a que ocuparan cargos dentro de la institución personas sin la preparación o vocación mínimas necesarias para ello. Las causas de la ineficiencia del Ministerio Público no se limitan a la falta de recursos materiales. Fue determinante también la mala calidad de un personal que no se dedicó al cultivo sistemático de las habilidades necesarias para desempeñar ese trabajo adecuadamente. Tercero, la falta de carrera implicaba que no existiera continuidad de esfuerzos ni de formación. Tradicionalmente, los cambios de administración del Poder Ejecutivo obligaban al Ministerio Público a empezar prácticamente desde cero cada cuatro años. Los casos pendientes en justicia se veían retrasados de manera constante por esta circunstancia”. Pues bien, con el proceso de instalación de la Carrera, cuyos resultados hoy mostramos, hemos querido enfrentar los tres problemas fundamentales antes indicados, poniendo en aplicación lo dispuesto por la Ley 78-03, sobre el Estatuto del Ministerio Público. Es importante destacar que la Procu-

raduría General de la República y la Escuela Nacional del Ministerio Público asumieron el proceso de instalación de la Carrera como lo que es: un compromiso de Estado. Y la gran virtud del proceso es que estuvo caracterizado por la continuidad y el estricto cumplimiento de la normativa vigente. Hubo en el camino un cambio de Procurador General de la República y un cambio en la Dirección de la Escuela Nacional del Ministerio Público y, sin embargo, el plan que había sido trazado en el Reglamento de Carrera se cumplió al pie de la letra. Ese es un dato que nos atrevemos a enarbolar como muestra del fortalecimiento institucional del Ministerio Público en República Dominicana, que se encamina hacia un estadio de mayor independencia funcional, como consecuencia de la estabilidad, capacitación, y profesionalización de sus miembros. La Escuela Nacional del Ministerio Público contó con el invaluable apoyo de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo para el desarrollo del Programa Inicial de Formación y de la Universidad APEC para la implementación del Programa Extraordinario de Formación, en el marco de sendos acuerdos de cooperación suscritos con estas prestigiosas instituciones de educación superior. Vaya nuestra gra-

Al frente, procuradores generales adjuntos que encabezaron a los 668 fiscales de carrera que se concentraron en el Aula Magna de la UASD.

Ministerio Público

titud a dichas academias, en la persona de sus ilustres Rectores.

No puedo dejar de destacar aquí el proceso de internacionalización de nuestra Escuela Nacional del Ministerio Público, la cual ha tenido el honor de recibir en sus aulas a fiscales de los hermanos países iberoamericanos de Chile, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, EL Salvador, Panamá, Honduras y Guatemala. Esto ha llevado a nuestra Escuela a ocupar un liderazgo continental en términos de capacitación del Ministerio Público, siendo elegida a unanimidad por los miembros de la RECAMPI como Secretaría General Protempore de la organización. Este proceso ha sido posible gracias a la buena disposición de mis amigos y colegas fiscales que integran la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Todo lo cual, se ha constituido en uno de los ejes fundamentales de integración y de la cooperación jurídica internacional entre nuestros países. El éxito del proceso requirió de un esfuerzo constante y de un serio compromiso por parte de las autoridades de la Escuela Nacional del Ministerio Público, quienes, sin prisa pero sin pausa, asumieron con ahínco la tarea de instalar la carrera. Para tener una idea de la ruta de construcción de la carrera, basta destacar que en agosto de 2004 no había un solo funcionario en dicha carrera, pero al momento de la salida de la Dra. Aura Celeste Fernández de la Dirección de la Escuela, ya contábamos con 137 miembros de carrera en el Ministerio Público y en lo que va de la gestión del Lic. Ramón Emilio Núñez, ese número se ha incrementado en 531, para un total de 668 miembros de la carrera del Ministerio Público. Sin lugar a dudas que, tras haberse llevado a cabo tres concursos públicos de oposición, uno para aspirantes a fiscalizador, uno para cubrir vacantes y otro para personas con discapacida-

El magistrado Jiménez Peña dicta su conferencia.

des, y luego de haber implementado todos y cada uno de los programas de formación y evaluaciones requeridos por el Reglamento de Carrera para el ingreso de los miembros en funciones, puede afirmarse con satisfacción que el proceso de instalación de la Carrera del Ministerio Público ha sido efectivamente cumplido. La Carrera del Ministerio Público es hoy una realidad en el sistema de justicia de la República Dominicana. Muestra de que este es un proceso indetenible es que el Consejo Directivo de la Escuela Nacional del Ministerio Público acaba de aprobar las bases de un nuevo Concurso Público para aspirantes al cargo de Fiscalizador, con el que aspiramos a llenar un total de 90 plazas vacantes en distintos puntos del territorio nacional. Hacemos aquí un llamado a los abogados y abogadas del país interesados en integrarse a este equipo de hombres y mujeres comprometidos con el fortalecimiento del sistema de justicia a participar con entusiasmo en el concurso que se avecina. Estamos en búsqueda de nuestros mejores talentos, de profesionales del derecho que no tengan otra credencial que la de sus méritos y aptitudes para ingresar al Ministerio Público. Estoy consciente de que el reto así planteado sólo será posible en la me-

dida en que mantengamos nuestro compromiso con la profesionalización e independencia funcional de los fiscales y con el adecuado funcionamiento del sistema de carrera implementado.

Junto a este proceso, se impulsa un cambio en la cultura organizacional interna del Ministerio Público, cambio que ha implicado modificar, tanto aspectos gerenciales, organizativos y metodológicos, como los sistemas de indicadores de gestión y desempeño institucional, bajo lo que conocemos como Modelo de Gestión de Fiscalías, dentro del cual el establecimiento y gestión de la carrera es pilar fundamental. Para alcanzar estas metas, se ha partido, como enfoque integral del modelo, de un proceso de planificación estratégica que defina, desde la misión institucional hasta el establecimiento de sistemas de evaluación de la gestión a través de indicadores medibles de desempeño. De tal suerte, hemos implementado un sistema de auditorías procesales que nos ha permitiendo evaluar el desempeño de los fiscales y los resultados de las Procuradurías Fiscales bajo el nuevo modelo de gestión, en función de los parámetros institucionales establecidos, como resultado de lo cual han sido premiadas este año tres Procuradurías Fiscales

que han logrado superar exitosamente la auditoría de procesos que avala su excelente desempeño. En apoyo a este proceso, la implementación de una herramienta ideada para el diseño y ejecución de las actuaciones que permitan procesar adecuadamente los casos penales que ingresan a las fiscalías, como lo es el sistema informático Justicia Siglo XXI, que ha resultado de gran provecho. La estructuración de este sistema incluye todas las actuaciones concernientes al desempeño del fiscal, como el control de las audiencias, las sentencias dictadas en cada etapa, los datos relevantes de los sujetos procesales, entre otros, convirtiéndose en una efectiva agenda virtual que le permite llevar un control y seguimiento diario de sus responsabilidades, pudiendo visualizar y hacer uso de dicha información en cualquier momento.

Si bien estos procesos han sido posibles gracias al apoyo incondicional del valioso recurso humano con que cuenta la institución, la importante inversión que hemos hecho, como evidencia de ese compromiso en no escatimar esfuerzos ni recursos para lograr un Ministerio Público más profesionalizado, también nos ha permitido avanzar de forma consistente. Tan sólo en el Ministerio Público

período comprendido entre agosto de 2006 y julio de 2009, hemos invertido cerca de 100 millones de pesos de cara al proceso de instalación de la carrera del Ministerio Público en la República Dominicana. Deseo expresar mi reconocimiento y agradecimiento a la Dra. Aura Celeste Fernández y al Lic. Ramón Emilio Núñez, quienes en su condición de directores de la Escuela Nacional del Ministerio Público, condujeron con rigor, profesionalismo e independencia el proceso de instalación de la Carrera, haciendo con ello honor a su compromiso personal y profesional con el fortalecimiento del sistema de justicia en el país. Debo resaltar nuevamente también el compromiso del Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, con la instalación de la carrera del Ministerio Público, pues todas las recomendaciones de ingreso a la carrera que le han sido formuladas, tanto por mi persona, como por el Consejo General de Procuradores, sobre la base de las recomendaciones de la Escuela, han sido acogidas sin excepción alguna, emitiendo oportunamente los correspondientes decretos de designación.

Si bien me causa enorme satisfacción el poder afirmar que se ha cumplido a cabalidad con el mandato del legislador, que a su vez traduce una muy sentida demanda de la comunidad jurídica y de la sociedad dominicana de contar con un cuerpo estable de funcionarios del Ministerio Público, cuya permanencia en el cargo no esté sujeta a los vaivenes de la política, mayor satisfacción me da el saber que la institucionalidad del Ministerio Público en República Dominicana estará resguardada en la Constitución, mediante el reconocimiento constitucional de la carrera, tal como propuso el Ministerio Público en ocasión de la consulta popular llevada a cabo con miras a la reforma constitucional en marcha. Concluida la primera lectura por la Asamblea Revisora la semana pasada, es indudable que el balance ha resultado muy positivo en relación al reconocimiento constitucional de la Carrera del Ministerio Público.

Por último, me permito dirigirme precisamente a los miembros de la carrera del Ministerio Público, para extenderles mis felicitaciones más sinceras, como pioneros que son en la integración de la carrera del Ministerio Público. Les recuerdo que han asumido una responsabilidad histórica para con las presentes y futuras generaciones

Magistrados e invitados especiales que asistieron a la conferencia.

Ministerio Público

de dominicanos, tienen el reto como genuinos representantes de una sociedad que reclama cada vez menos impunidad, menos complacencia y con los que se saltan las reglas sin que haya ningún tipo de consecuencias.

Llegó la hora Ministerio Público de mi país de convertirnos en guardianes intransigentes frente a todo tipo de manifestación criminal. La gran amenaza que está latente en nuestra sociedad hoy día lo es el Crimen Organizado, el cual ya no conoce fronteras, se ha transnacionalizado y a nosotros nos está asediando en una de sus modalidades mas perversas, es decir, de su modalidad del narcotráfico, nos está penetrando de manera peligrosa y preocupante y ante tal escenario debemos lanzar nuestro grito de guerra y en consecuencia con la expresión del Presidente Leonel Fernández, decirles “ El narcotráfico aquí no pasará”. Como servidores públicos, debo reiterarles, que tienen ante sí grandes responsabilidades en la investigación y persecución del delito, en la asistencia, atención y protección de las víctimas y en la aplicación de las soluciones procesales adecuadas a los distintos conflictos que se les presentan en el desempeño cotidiano de sus funciones. La sociedad dominicana ha reclamado durante años el fortalecimiento del sistema de justicia, uno de cuyos operadores estelares lo es el Ministerio Público. Es el deber de todos los presentes hacer honor a su condición de servidores públicos y retribuir la estabilidad que se les ha asegurado con el despliegue de sus mejores esfuerzos en el adecuado desempeño de sus funciones. Actuando de esa manera, al tiempo de cumplir con nuestras responsabilidades, contribuimos al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho con el que estamos comprometidos. Muchas gracias.-

Procuraduría y Policía Nacional ponen en marcha programa ciudad segura en Moca

La comunidad mocana estuvo representada en la reunión por más de 300 entidades comunitarias, profesionales, empresariales y juntas de vecinos. El encuentro tuvo lugar en uno de los salones del Centro Juvenil “Don Bosco”, de Moca, con la participación de autoridades de la zona. El presidente de INDOTEL, José Rafael Vargas; el jefe de P.N., Rafael Guzmán Fermín, y el gobernador de la provincia Espaillat, Aníbal Camacho, encabezan el acto.

La Procuraduría General de la República y la Policía Nacional pusieron en marcha el programa Ciudad Segura en esta comunidad, durante un acto que estuvo encabezado por los titulares de esas instituciones, Radhamés Jiménez Peña y Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

El programa, inaugurado durante un acto que estuvo encabezado además, por el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), José Rafael Vargas, tiene el propósito de enfrentar la delincuencia, el microtráfico de drogas y garantizar la paz ciudadana.

PROCURADOR SUPERVISA TRABAJOS

El procurador Radhamés Jiménez también supervisó los trabajos del Centro de Corrección y Rehabilitación de Moca, durante un recorrido junto a las demás autoridades por los terrenos donde se construye la obra, que será inaugurada próximamente dentro del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria

Procuraduría sistema eléctrico entrega útiles a militares y policías que laboran en esa entidad

Moisés Ferrer llama arreciar persecución contra fraude La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) dotó de chamacos, botas, medias, camisillas y otros elementos de trabajo a los brigadistas militares y policiales que laboran en esa entidad. El titular de ese organismo, magistrado Moisés Alfredo Ferrer Landrón, resaltó que el fraude eléctrico es penado por la Ley General de Electricidad y que quienes incurran en tal delito serán sancionados de conformidad con la misma. En ese sentido, el también procurador adjunto motivó al personal a continuar trabajando para evitar y combatir el fraude eléctrico en el país.

Al mismo tiempo, el magistrado Ferrer aseguró que la PGASE no se detendrá en la persecución y penalización del fraude eléctrico.

Moisés Ferrer Landrón.

“Los males que producen la crisis del sistema eléctrico hay que combatirlos por todos los medios, y el fraude es uno de los principales”, puntualizó el magistrado Ferrer”. Ministerio Público

Crisis de Honduras y la Carta Democrática Interamericana FLAVIO DARÍO ESPINAL Ex-embajador dominicano en Washington. Abogado Asociado de la firma Squire, Sanders & Dempsey fdespinal@ssd.com

Esto explica que Colin Powell, entonces Secretario de Estados Unidos, se encontraba fuera de su país el día de los dramáticos ataques terroristas que tuvieron lugar en su nación. A diferencia de la escueta Resolución 1080, la Carta Democrática cuenta con seis secciones y veintiocho artículos, en los que plasma definiciones conceptuales, objetivos y compromisos de acción conjunta en una variedad de ámbitos, tales como derechos humanos, observación electoral, combate a la pobreza, promoción de la cultura democrática, entre otros.

La primera vez que se invocó la Carta Democrática Interamericana fue en el año 2002, en respuesta al intento de golpe de estado contra Hugo Chávez. En esa misma Asamblea General se planteó la necesidad de adoptar un instrumento jurídico más desarrolla-

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do que la Resolución 1080 que sirviera de fundamento a la acción colectiva de la organización en defensa de la democracia. El año siguiente, el 11 de septiembre de 2001, los Ministros de Relaciones Exteriores de los países americanos adoptaron en Lima, Perú, la Carta Democrática Interamericana.

En lo que concierne a la parte operativa del mecanismo de defensa colectiva de la democracia, la Carta adopta un lenguaje distinto a la Resolución 1080 en tanto otorga a los gobiernos, en el sentido estricto de la palabra, la facultad de activar el mecanismo o de consentir cualquier acción si la iniciativa surge de la propia organización. El artículo 17 consagra que “cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder” podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente para requerir asistencia en la preservación de la democracia. Por su parte, el artículo 18 establece que cuando en un Estado miembro “se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones” con la finalidad de hacer un análisis de la situación

En gran medida la Carta Democrática Interamericana ha cumplido su propósito. creada y proponer medidas a tomar.

El artículo 20 contiene una disposición más abierta al reconocer el derecho tanto del Secretario General como de cualquier Estado miembro de convocar el Consejo Permanente en caso de que en cualquier país de la región “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”. En cualquier caso, sin embargo, el gobierno del país en el que la democracia esté amenazada goza de una capacidad de convocatoria y de veto que no tienen los otros órganos el Estado como el poder legislativo o el poder judicial.

La primera vez que se invocó la Carta Democrática Interamericana fue en el año 2002 en respuesta al golpe de Estado intentado contra el presidente Hugo Chávez, de Venezuela. Paradójicamente, el gobierno venezolano, que se había puesto bastante resistencia en el proceso de negociación de este instrumento jurídico interamericano, resultó beneficiario del mismo, mientras que Estados Unidos, que había sido un promotor principal de esta iniciativa, se mostró pasivo, ambivalente o desinteresado, al menos en un primer momento, en cuanto a invocar la Carta Democrática Interamericana para responder al golpe de Estado contra Chávez. Le correspondió a los presidentes del Grupo de Río, reunidos en San José, Costa Rica, solicitarle al Secretario General de la OEA, quien estaba presente en dicha reunión, activar el mecanismo de consulta contemplado en la Carta Democrática, lo que resultó ser una acción clave en el proceso de revertir el golpe de Estado en Venezuela.

petrado contra el presidente democráticamente electo de Honduras, Manuel Zelaya. En efecto, la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores decidió, en virtud de la normativa de dicha Carta, suspender al gobierno de facto que reemplazó al Presidente Zelaya luego de que éste fuera apresado y trasladado a Costa Rica por los militares hondureños. La misma ha servido de referente común a los Estados americanos para demandar de manera colectiva la reposición del presidente Zelaya y el restablecimiento de la normalidad democrática.

Al mismo tiempo, sin embargo, la crisis hondureña ha puesto de manifiesto los límites de la acción colectiva regional al enfrentar situaciones de crisis política complejas como la que se ha pre-

sentado en Honduras.

Si bien la Carta Democrática establece que la Asamblea General de la OEA puede adoptar “las decisiones que estime apropiadas” en caso de que no se consiga el propósito de restablecer el orden democrático, entre dichas decisiones no está incluida el uso de la fuerza para obligar a los detentadores ilegítimos del poder a que cedan el mismo. Esta facultad sólo

REUNIÓN DE MINISTROS

La Carta Democrática ha sido invocada de nuevo ante el golpe de Estado per-

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desafiando la voluntad colectiva de la comunidad hemisférica.

Por otro lado, sin embargo, las fuerzas que apoyan al presidente Zelaya parecen enrumbarse por un camino de confrontación radical que podría desatar situaciones peligrosas e impredecibles que a la postre resulten perjudiciales a su propia causa. Asimismo, el bloque del ALBA que apoya a Zelaya parece estar buscando cualquier excusa para convertir esta crisis en una oportunidad de confrontación contra Estados Unidos, en lugar de aunar esfuerzos con la administración del presidente Barack Obama en las gestiones para restaurar al presidente depuesto. está reservada al Consejo de Seguridad de la ONU cuando una determinada situación sea tipificada como amenaza a la seguridad internacional, lo que no ocurre en la crisis hondureña. Las presiones, por tanto, tendrán que continuar en los ámbitos diplomáticos y de opinión pública, aunque también podrían contemplarse sanciones de carácter económico.

Otra limitación de la acción colectiva regional es que ésta no se produce en un vacío político, sino que la misma tiene lugar en un contexto interno en el que confluyen diversas fuerzas y factores. Una de las sorpresas de la crisis hondureña ha sido la resistencia de los actores internos opuestos al presidente Zelaya ante la presión regional. Esto ha puesto de manifiesto que la simple aplicación de la Carta Democrática a un determinado país no se traduce de manera automática en el cumplimiento de los objetivos deseados. En ese contexto, el desafío está en cómo preservar la credibilidad y la legitimidad de la Carta Democrática Interamericana, a la vez que se reconoce la necesidad de crear espacios de negociación entre los actores envueltos que eventualmente resulten en concesiones mutuas. Lamentablemente, ambos lados de la crisis hondureña comienzan a adoptar posiciones maximalistas que podrían empeorar la crisis política. Por una parte, el gobierno de facto ha

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puesto como condición el no retorno del presidente Zelaya, lo cual debe ser inaceptable para la comunidad regional. El apoyo interno que tiene esta posición, especialmente entre los partidos políticos, los poderes del Estado y la iglesia Católica, le impide calibrar en su justa dimensión el riesgo de seguir

Este ambiente de radicalización de posiciones no es propicio para el diálogo y la negociación. La mediación del presidente Oscar Arias, sin embargo, debe continuar, pues la misma cuenta con credibilidad y con el apoyo internacional. A su vez, la OEA debe recuperar su capacidad de acción pues luego de la decisión de suspender al gobierno de facto y de la visita sin resultados del Secretario General José Miguel Insulza a Tegucigalpa, la misma parece paralizada ante el desarrollo inesperado de los acontecimientos. Y la propia administración Obama está llamada a jugar un papel más activo, si bien con el pragmatismo y la prudencia que caracteriza al joven presidente norteamericano, también con la energía y la focalización que esta crisis amerita. Lo contrario sería dejar que los bandos enfrentados corran su propia suerte, lo que podría ser nefasto tanto para Honduras como para el resto de la región.

JUNTO A COSTA RICA

RD cuenta con modelo PENITENCIARIO MÁS AVANZADO DE AMÉRICA LATINA ASÍ LO DESTACA UN INFORME PRESENTADO EN PANAMÁ POR EL ILANUD República Dominicana encabeza, junto a Costa Rica, unas de las naciones americanas con los sistemas penitenciarios más avanzados, según un informe del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), presentando en Panamá, el cual determinó que Chile, Panamá y El Salvador son los tres países del hemisferio con más presos por cada 100.000 habitantes. El director del ILANUD, Elías Carranza dijo que ambas naciones han logrado esos avances gracias a la elevada formación de todos sus funcionarios, la estabilidad profesional que se ofrece a los trabajadores y la ininterrumpida continuidad del programa de reforma del sistema. Semanas antes el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria había sido mostrado en Viena, durante el Taller sobre Reforma Penal y Sobrepoblación Penitenciaria, como un caso notable de avance y grandes resultados en América Latina y el Caribe en la adopción y desarrollo de políticas dirigidas a humanizar los sistemas de reclusión y ofrecerles a las personas privadas de libertad los medios para regenerarse y prepararse para el futuro.

La actividad, donde el propio Carranza se encargó de presentar al dominicano como un modelo a imitar, tuvo lugar en el marco del 18 Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, al que asistió una delegación dominicana cuyo miembro distinguido lo fue Juan Amado Cedano Santana, procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en representación de la Procuraduría General de la República.

El director del ILANUD, Elías Carranza, junto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fé, Argentina, Roberto Falistocco y otros magistrados de ese tribunal.

LOS RESTANTES PAÍSES Con 318 presos por cada 100.000 habitantes, Chile es la nación latinoamericano con una tasa más alta de encarcelados, seguido por Panamá con 275, según el documento, difundido en una rueda de prensa en la capital panameña por el director del ILANUD, Elías Carranza.

Según este documento, que recoge información del año 2008, El Salvador, Uruguay y Brasil se encuentran también entre los cinco primeros puestos, con 258, 231 y 226 presos por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Bolivia, con una tasa de 85 reos por cada 100.000 habitantes, es el país con menos reclusos, mientras que Guatemala (88), Paraguay (100), Ecuador (118) y Nicaragua (120) están también en la cola de los países de América Latina en cuanto a presos por habitante. “Con la justicia penal hay que solucionar los problemas penales, pero cuando tenemos más del 50 por ciento de pobreza no podemos resolver los problemas sociales con justicia penal”, señaló Carranza. El director del ILANUD destacó que la desigual distribución de los ingresos entre la población es una de las prin-

cipales causas de delito de los países de América Latina y rechazó atribuir el aumento de la inseguridad solamente a la “pérdida de valores”. Puso como ejemplo a Guatemala y a Estados Unidos, dos países del continente americano con pena de muerte y con los índices de homicidio más altos.

“Poniendo la pena extrema no vamos a reducir la criminalidad, si queremos mejorar la sociedad en su conjunto hay que tener una justicia sensata”, añadió Carranza, quien abogó por un “uso más coherente” de la prisión preventiva y las condenas.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo de Panamá presentado en la misma rueda de prensa, en la actualidad el país mantiene a 386 personas detenidas por cada 100.000 habitantes, representando uno de los índice más altos de América Latina. El hacinamiento en las cárceles panameñas es del 157 por ciento, lo que supera el índice crítico del 120 por ciento, un inconveniente para conseguir la “resocialización”, el objetivo principal de las condenas, aseguró el Defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo Julio Vargas. Ministerio Público

Fachada de la Unidad de Atención a la Víctima de Higüey.

Unidad de Atención a Víctimas de Higüey un modelo de organización y eficiencia

Una de las iniciativas de mayor acierto del Ministerio Público, ha sido la instalación en las diferentes zonas del país, de las unidades de atención a las víctimas, que operan bajo la coordinación y orientación de la Procuraduría General Adjunta para Asuntos de la Mujer que dirige la magistrada Roxanna Reyes Acosta.

Si habría que destacar un factor característico de esta unidad que, ahora el recien pasado mes de junio cumplió el primer año de haber sido creada, es su modelo de organización y la variedad de servicios que ofrece, lo que le permite atender y dar la respuesta adecuada y oportuna a cada caso que a su jurisdicción llega, según lo explica la propia magistrada Rodríguez.

A través de esas unidades se atienden y se les da respuesta, ora por la vía de la conciliación, ora por la vía de apoderamiento judicial, a los casos de conflictos y violencia de géneros, uno de los grandes problemas que arrastra la sociedad dominicana debido arraigos culturales ancestrales que a diario generan feminicidios, orfandad y luto en el seno de la familia. En una primera fase las unidades de atención a las víctimas funcionan en las cabeceras de provincia y a la fecha han sido instaladas ya unos trece órganos de esa naturaleza en las regiones Este, Sur y Norte del país. Una de esas unidades es la que funciona en Salvaleón de Higüey coordinada por la fiscal adjunta, Reina Yaniris

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Señala que en su caso el trabajo no se limita a recibir y atender casos, sino que se empeña también por identificar las causas que generan la violencia intrafamiliar, violencia de género y abuso sexual, que son las variedades de situaciones bajo su competencia.

Magistrada Reina Yaniris Rodríguez.

Rodríguez, quien es asistida por un equipo de magistrados y profesionales, integrado por abogados asistentes, médicos legistas y sicólogos quienes ofrecen asistencia especializada a los residentes de esa comunidad.

Además del estudio del fenómeno desde la óptica sociológica, psicosocial y criminalística, desde esa unidad se desarrolla una política de sensibilización ciudadana orientada sobre todo a la prevención y la educación. “Nuestro trabajo no debe limitarse a un simple pragmatismo que es lo que más asemeja a la típica labor policial de acudir ante un llamado, recibir un caso, levantar un expediente y some-

Al destacar la metodología con que se trabaja dice que en esa unidad hasta la recepcionista, Triana Paola Portes, debe presentar su propio informe según el cual en el periodo trabajado se atendieron los casos de mil 963 usuarias y usuarios, de los cuales debieron ser desechados algunos porque fueron aventureros.

Triana Portes (recepcionista), Máxima Ramírez (paralegal), Yésica Núñez (Psicóloga), Violeta Grand (médico legista), Idalia Peralta (Ministerio Público) Johnny Aporte (paralegal), Reina Yaniris Rodríguez (fiscal coordinadora), Sulanlly Dalmasí y Yairi Rijo (secretarias), Epifania Arredondo (Conserje) Roberto Núñez (mensajero) y el cabo P.N. Edward Encarnación.

terlo a la justicia; no, desde la coordinación a cargo de la procuradora general adjunta Roxanna Reyes, nos

ÁREAS Y SEVICIOS

esforzamos por vincularnos a la comunidad y estudiar cada caso”, expresó la magistrada Reina Yaniris Rodríguez.

En el informe global que nos ofrece la magistrada Rodríguez se explica la cantidad que acude a esa unidad en horas de la mañana (1 mil 408) casos y el volumen que lo hace en las horas vespertinas (555) casos. También, divide a las personas por edad, nivel académico, extranjerísmo y status social, considerando que son factores determinante en la conducta de un agresor, generalmente hombre, y de una víctima que suele ser en el grueso de los casos una mujer.

CASOS Y MEDIDAS DESDE JUNIO 2008 RECEPCIÓN

PSICOLOGÍA

INFORME ESTADÍSTICO

El área de la recepcionista es la primera persona que recibe a las y los usuarios y les brinda la orientación, ofreciendo toda la información necesaria, incluso por la vía telefónica, explicando en que consisten los servicios de atención en la unidad, aclarar dudas y demás, dar el turno a las personas que van a presentar denuncias.

La psicóloga realiza las intervenciones en crisis de las víctimas denunciantes, evalúa el nivel de riesgo de las mismas, lo cual sustenta la denuncia presentada y la refiere al lugar correspondiente a fin de que se le ayude a recuperar.

DESDE JUNIO 2008

Son los encargados de la recepción de denuncias, regístren en el libro y lleven el control de la información que está plasmada en este informe (tipos de violencia, sectores denunciantes, cantidad de mujeres y hombres denunciantes, etc.).

SECRETARIA

Su función consiste en llevar el control de la agenda de las fiscales, redactar las solicitudes de órdenes de arresto, protección, las citas, oficios, remisiones etc., además es la que asegura de que estén a tiempo los materiales gastables, utensilios necesarios para el desenvolvimiento del trabajo y la higiene del lugar.

MÉDICO LEGISTA

En esta área se realizan las evaluaciones médicas, se indican recetas y prescriben análisis de laboratorio que ayuden a apoyar la judicialización del caso.

LEGAL (FISCALES)

Se encargan de darle curso a las denuncias recibidas de Violencia Intrafamiliar, Violencia de Género y Abuso Sexual y tomar la medida de lugar (cita, solicitud de orden de arresto, conducencia o allanamiento. Luego de tener el informe de la Psicóloga y el Certificado Médico Legal y comprobar si hubo agresión física o sexual, luego proteger a la víctima, asesorarla y mantenerla informada del curso que lleva su caso.

• • • •

1755 denuncias 238 casos conciliados 269 órdenes de protección 106 casos judicializados.

•

1,573, corresponden a mujeres denunciantes 218, corresponden a hombres

DENUNCIAS

•

CASOS JUDICIALIZADOS • • •

60 corresponden a Violencia Intrafamiliar, 36 a Abuso Sexual 07 a Violencia Género.

La magistrada Rodríguez explica que en el caso de Higüey se da la variable de que es una provincia poblada por personas de todo el país y el extranjero debido a su característica de polo turístico, lo que agrava la situación de conflictividad y de violencia intrafamiliar, abuso sexual y violencia de género. Ministerio Público

Mujeres pierden su libertad; pero no la dignidad

en las cárceles dominicanas ELIZABETH EAMES ROEBLING

Agencia de prensa de Estados Unidos recoge vivencias de mujeres en el nuevo modelo penitenciario

De Inter Press Service (IPS) lizieames@yahoo.com

Si eres una mujer y está presa en cualquier parte del mundo, serías afortunada de que se tratara del Nuevo Modelo Penitenciario de la República Dominicana. Sentada en una mesa de la biblioteca climatizada de la prisión Najayo mujeres, Maya, oriunda de Serbia, dibuja en su cuaderno. Con una condena de ocho años por intentar viajar con cocaína, estuvo presa en la cárcel del viejo estilo de La Romana, antes de ser transferida al centro de Najayo.

“Allí ví cosas que nunca pensé que vería en mi vida”, confiesa, “había drogas y alcóhol fácil y estaba totalmente sobrepoblada. Sólo una puerta de metal separaba la cárcel de hombres de la nuestra y tenía una parte corrediza que se abría todo el tiempo”, narró la mujer. “Tú no quieres saber lo que pasaba allá. Me transfirieron porque yo soy

Internas disfrutan de las ventajas de una sala digital donada por INDOTEL.

extranjera, no tengo embajada en éste país ni familiares; así que pensaron que me harían las cosas más fáciles”.

Aquí conviven 236 mujeres, como parte de un plan para convertir el sistema penal dominicano en centros correccionales de justicia reconstructiva. Ese es el concepto que es generalmente definido para resolver de manera pacífica los daños, problemas y violaciones legales y a los derechos humanos que se registraban en las prisiones. Los in-

cumbentes del sistema penitenciario viajaron a países como Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Francia, China y Colombia, para conocer sus modelos y elegir los elementos que deseaban incorporar. El embajador de Gran Bretaña, Ian Worthington, quien brindó asistencia técnica al proyecto, está entusiasmado por su éxito. “De las 36 prisiones de la isla, once se han transformado en cárceles modelos. Las prisiones de mujeres tienen una tasa de reincidencia menor de 5%, lo que es sorprendente”, dijo. ”Cuando visitas este lugar ves que en las celdas hay la cantidad de personas para la cual fueron construidas no existe sobrepoblación”, añadió. “Su libertad es restringida, pero su dignidad es respetada”, sostuvo.

BAJA INCIDENCIA Internas de Najayo muestran trajes que ellas mismas confeccionan.

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República Dominicana tiene un por

Confinadas en celdas de no más de tres reclusos, se despiertan a las 6:00 A.M. y desarrollan un riguroso horario diario, determinado por el personal del penal. Las duchas, conteo de cabezas, desayuno, clases, visitas médicas, terapia, almuerzo, hora de descanso, clases, ejercicios, clases, cena, recreación y a la cama. Internas en plena faena ocupacional y de aprendizaje en un taller de costura.

ciento muy bajo de mujeres tras las rejas. Sólo 3.1% de la población carcelaria del país en comparación con el 10.8% de Costa Rica, 7.8% de Jamaica, 6.4 de Belice y el 6.9% de Panamá. Roberto Santana, director de la Escuela Nacional Penitenciaria, que entrena los guardias del sistema penitenciario, explica que sólo la mitad de las internas son dominicanas. “Las demás son extranjeras y europeas en su mayoría”, acotó.

A su juicio, el bajo porcentaje de dominicanas en las cárceles responde a una cuestión cultural, “las mujeres de aquí siempre han andado por el camino correcto o casi siempre”, dijo. “Es muy raro que una mujer cometa un crimen y si lo hace, casi siempre es porque fue

una víctima de violencia, dentro de la familia”.

Santana es un ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), primera universidad fundada en América, en 1538. En sus tiempos de dirigente estudiantil, durante el mandato de Joaquín Balaguer, cayó preso en 72 ocasiones, una de ellas por dos años. “El problema de las prisiones no es sólo cambiarlas para que cada persona tenga una cama y comida. El reto es cambiar a estas personas para que sean útiles y puedan tener vidas productivas”, afirmó.

DERECHOS

Si no fuera porque están tras rejas, podría creerse que las mujeres están dentro de un internado muy estricto.

Las reclusas pueden comprar en la tienda con el dinero que les envían sus familiares y amigos y reciben visitas los fines de semana. La participación en actividades religiosas es obligatoria, pero tienen opción de elegir su religión.

1. MUCHAS ACTIVIDADES

Durante la prisión, las reclusas asisten a clases de literatura, drama, religión, diseño y confección de ropa, cocina, belleza, informática y agricultura, incluyendo la crianza de conejos y pollos.

2. PUEDEN SER MADRES

Si una mujer da a luz puede quedarse con su bebé el primer año y medio, pero después debe entregarlo a su familia. A pesar de que las visitas conyugales se permiten en las cárceles de hombres, no se admiten en las de mujeres.

Un facilitador orienta a internas acerca de cómo manejar las computadoras. Ministerio Público

PROCURADURÍA Asesorará proceso reforma justicia Haití

Dos delegaciones presidenciales del gobierno haitiano visitaron recientemente al procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, en sus gestiones por conocer la experiencia del país en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.

Las delegaciones fueron encabezadas por el comisionado presidencial de la República de Haití para la Reforma del Código Penal y Código de Instrucción Criminal, René Magloire, quien expresó interés en observar cómo opera la justicia dominicana tras la nueva normativa jurídica, en término de los diferentes roles de jueces, fiscales y policías.

El magistrado Jiménez Peña y el director de la ENMP, Ramón Núñez Morpeau y Jean Roudy Aly, integrantes de la delegación haitiana. Se de FINJUS.

El magistrado Jiménez Peña ofreció todo el apoyo necesario desde la Procuraduría para contribuir a la aplicación de las reformas judiciales en el vecino país. Dijo que siempre se presentan resistencias a los cambios, y que en el caso dominicano, tras casi cinco años del nuevo Código Procesal Penal, los saldos son notablemente más

JUSTICIA RENOVADA: Procuraduría impulsa formación de fiscales Unos 668 fiscales han hecho carrera en la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), quienes han sido designados con decretos del Poder Ejecutivo, mientras que otros 200 aspirantes han aprobado satisfactoriamente el Programa Extraordinario de Formación (PEF).

Previo a la incorporación a la carrera, los aspirantes deben aprobar satisfactoriamente pruebas de conocimiento, evaluación de desempeño y de antecedentes.

El Reglamento de la Carrera del Ministerio Público garantiza la idoneidad, estabilidad e independencia de los miembros del Ministerio Público en el ejercicio de sus respectivas funciones.

Los representantes del Ministerio Público que han hecho carrera no pueden ser removidos por los gobiernos de turno y sólo cesarán en sus funciones por la comisión de faltas graves, mayoría de 75 años, muerte o problemas de salud, según lo establecido en el artículo 45 de la Ley 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público. Durante el mes de mayo pasado se realizaron las evaluaciones correspondientes al tercer grupo del Programa Extraordinario de carácter completivo. Un total de 102 aspirantes a la Carrera del Ministerio Público fueron evaluados, 10 presentan calificación final incompleta, por no haber sido cubierta

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Ramón Emilio Núñez

su evaluación de desempeño. Uno de los evaluados presentó una calificación final inferior a los 70 puntos, por lo que se recomendó su separación del cargo de Ministerio Público.

A juicio del director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, Ramón Emilio Núñez, el entrenamiento y la posterior evaluación de los fiscales se desarrolla dentro del Programa Extraordinario de Formación (PEF) y un programa de formación de carácter completivo. Se trabaja actualmente en las bases del segundo concurso público de oposición para fiscalizadores. En agosto de 2004, la cantidad de fiscales de carrera era nula, y en la actualidad, la Escuela del Ministerio Público trabaja en su formación profesional

El procurador general Radhames Jiménez Peña estuvo acompañado del director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, Ramón Emilio Núñez, quien fue uno de los co redactores del nuevo Código Procesal Penal. Su experiencia y la de otros técnicos de la Procuraduría, la pusieron a disposición de las autoridades haitianas.

acompañados de René Magloire, Micha Gaillard, Salim Succar, Max destaca a la derecha, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo

positivos que negativos en lo que respecta a los derechos humanos.

Expresó que el anterior sistema inquisitorio se prestaba a arbitrariedades desde los diferentes agentes del sistema de justicia. para que sintonicen con la reforma del proceso penal vigente en el país, por la fortaleza de la justicia dominicana.

Suman 48 los fiscales de El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Honduras, Panamá, Ecuador, Chile, Guatemala, Perú, Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, que han venido a capacitarse en las diferentes promociones, lo que ha servido también para que miembros del Ministerio Público dominicano compartan experiencias con ellos.

“La participación de fiscales de países hermanos de Iberoamérica ha sido una experiencia enriquecedora dentro de este proceso de formación, porque aunque tenemos problemas comunes, se manifiesta el interés de mejorar, de avanzar y fortalecer el Ministerio Público en sentido general en cada uno de esos países”, enfatizó Núñez.

Núñez dijo que han llevado una intensa agenda internacional y resaltó la importancia de los intercambios de la comunidad jurídica Domínico-Haitiana. La delegación la integraron además, el comisionado presidencial de la República de Haití para la Reforma de la Justicia, Micha Gaillard, así como por Salim Succar, Max Morpeau y Jean Roudy Aly, quienes desempeñan las funciones de miembros de ese organismo.

Durante la conversación se trataron aspectos relacionados al ejercicio del Derecho en los dos países, llegando a resaltarse que en Haití hay unos 3,000 abogados y en el país casi alcanzan los 40,000.

parcial y transparente por la Escuela del Ministerio Público.

completando así el proceso de ingreso a la carrera.

Los recomendados para ingresar a la carrera pasan para su evaluación al Consejo Directivo de la Escuela, luego al Consejo General de Procuradores, y posteriormente enviados al Poder Ejecutivo para la emisión del decreto,

Mientras que el Consejo Directivo de la Escuela está integrado por el procurador general de la República, un procurador general adjunto, un procurador general de Corte de Apelación, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y un miembro del Colegio de Abogados.

Igualmente, los miembros del Ministerio Público deben estar en capacitación continua, y los ascensos se producirán por evaluación de los méritos y del desempeño de los miembros en el ejercicio de sus funciones, así como por su nivel de preparación académica y actualización.

El Consejo General de Procuradores está integrado por el procurador general de la República, dos procuradores adjuntos y dos procuradores generales de Cortes de Apelación.

REQUISITOS

El marco normativo de la carrera establece que no se puede ingresar al Ministerio Público sin haber pasado por un concurso público de oposición para fiscalizadores y completar las evaluaciones llevadas a cabo de manera im-

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Ministerio PĂşblico

AndrĂŠs Chalas procurador general de Medio Ambiente.

Ministerio PĂşblico

FISCALÍA DE SANTIAGO

presenta extraordinarios avances en últimos 5 años de gestión por el Voluntariado por la Seguridad Pública de Santiago (VOSES).

Indicó que lanzó una política de persecución penal en torno al flagelo del narcotráfico, de una dimensión que afirmó no tiene precedentes en la historia de ese distrito judicial.

Mesa principal de la actividad, encabezada por el procurador Jiménez Peña, José Rafael Vargas y el fiscal Raúl Martínez.

La Fiscalía de Santiago ha alcanzado una transformación sin precedentes durante los últimos cinco años, donde la atención a víctimas de violencia, apoyo a los usuarios, integración con la comunidad y la lucha frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico y delitos conexos, han sido ejes vitales.

Los avances del Ministerio Público en Santiago fueron expuestos por el procurador fiscal de esa provincia, Raúl Martínez, durante una actividad encabezada por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, en un hotel esta capital, destacando que desde su designación hasta la fecha ha cristalizado una profunda transformación organizacional en esa jurisdicción. Dijo que en la actualidad la Fiscalía de Santiago se encuentra en un sitial envidiable como referente nacional de eficiencia y productividad en el Ministerio Público.

Sostuvo que muchos factores han propiciado los alentadores resultados obtenidos, tales como: el papel de los servidores públicos que han trabajado comprometidos con la misión institucional del Ministerio Público, así como el apoyo

sostenido e irrestricto de parte de la Procuraduría General de la República y de toda la sociedad que demanda un servicio eficiente y profesional de sus fiscales. Martínez señalo que gracias a este soporte ha podido desarrollar una exitosa persecución y sanción de la conducta antisocial y el combate efectivo de nuestro principal enemigo que es la impunidad. “Sin dudas estos cinco años han sido una travesía extraordinaria para quienes hemos gozado de la oportunidad de participar en el proceso de construcción de un nuevo perfil institucional para el Ministerio Público”, indicó.

Manifestó, además, que en la actualidad se puede afirmar que la Fiscalía de Santiago es una institución que ha alcanzado peldaños impensables en el pasado reciente, en cuanto a la necesaria modernización, tecnificación y profesionalización de los servicios que presta a la población. Martínez, resaltó, además, que desde el inicio de su gestión ha trabajado de manera coordinada con todas las fuerzas sociales para enfrentar con éxito todas las manifestaciones delictivas, destacando el apoyo recibido

Mientras que en la lucha contra la violencia intrafamiliar se ha dado un salto significativo, logrando una efectiva labor de persecución y sanción.

PROCURADOR JIMÉNEZ PEÑA RESALTA LABOR.

En tanto que el magistrado Jiménez Peña resaltó los avances alcanzados por la Fiscalía de Santiago y su titular Raúl Martínez, señalando que ese sistema de gestión ha sido tomado como modelo en todo el país, debido a que se ha actuado con transparencia y honestidad. Manifestó que el fiscal Martínez representa un ejemplo de la reconstrucción del Ministerio Público iniciada por el presidente Leonel Fernández hace cinco años.

“Debo decir, además, que esa fiscalía cuenta con equipo de trabajo excelente que ha dado respuesta con prontitud a los diferentes hechos de carácter criminal”, indicó.

A su juicio la Fiscalía de Santiago se ha constituido en un ejemplo para todo el Ministerio Público del país, “por lo que no escatimo esfuerzo en reconocerles ese mérito”.

En la actividad estuvieron presentes José Rafael Vargas, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL); los directores de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja y del Ministerio Público, magistrados Frank Soto y Rodolfo Espiñeira, así como periodistas de Santiago y esta capital. Ministerio Público

Procuraduría y Unidad de Electrificación Rural

Instalan 30,000 bombillas de bajo consumo en cárceles dominicanas La Procuraduría General de la República instaló 30,000 bombillas de bajo consumo en los diferentes centros penitenciarios del país, y todas las dependencias del Ministerio Público a nivel nacional, incluyendo las fiscalías. Esta acción forma parte de las medidas de austeridad que ha tomado la institución ante la crisis económica mundial.

El anuncio lo hizo el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, y la directora general de la Unidad de Electrificación Rural Suburbana (UERS), Thelma Eusebio, en el acto de inauguración del Programa de Sustitución de Bombillas (PSB) en el Centro de Corrección y Rehabilitación Femenino de Najayo, en San Cristóbal.

El magistrado Jiménez dijo que actualmente la Procuraduría General de la República paga RD$3 millones por concepto de consumo de energía eléctrica en el ámbito nacional, lo cual de acuerdo con estudios realizados, tienen contemplado reducir en un 50% con la instalación de las nuevas bombillas. Brigadas de la UERS iniciaron la instalación de las bombillas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Femenino de Najayo, San Cristóbal.

Además de los recintos penitenciarios, el programa fue implementado en las 34 fiscalías del país, las 11 cortes de apelación, la Oficina del Abogado del Estado, la Dirección General de Prisiones, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), y en los centros de atención a las víctimas. Igualmente, en la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos

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El gobernador de San Cristóbal, Orlando Espinosa; Thelma Eusebio y el magistrado Jiménez Peña inician la instalación de bombillas en el CCR Najayo-Mujeres.

de las Víctimas, la Dirección General de Prisiones, la Escuela Nacional del Ministerio Público, la Escuela Nacional Penitenciaria, la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, la Procuraduría General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, y la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción, entre otras dependencias de la Procuraduría.

Thelma Eusebio dijo que el programa forma parte del plan de ahorro de energía dispuesto por el presidente de la República, Leonel Fernández, dentro de las medidas tomadas ante la crisis económica internacional. Resaltó la coordinación de los trabajos que realizó junto al procurador Radhamés Jiménez, al tiempo que le extendió sus felicitaciones por el trabajo del

Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que implementa en los diferentes centros de corrección y rehabilitación del país.

Eusebio aconsejó como forma de ahorrar energía, apagar las luces que no se estén utilizando y a no dormir con ellas encendidas, así como a apagar los televisores y otros equipos electrónicos que no estén en uso. La medida se enmarca igualmente dentro de los planes de austeridad que ha tomado Procuraduría General de la República, los cuales contemplan el ahorro de combustible, viáticos, teléfonos, gastos de representación, servicios prestados, labores extraordinarias y contrataciones de personal, así como la reducción de los salarios a los funcionarios de la institución.

Ministerio PĂşblico

www.procuraduria.gov.do 72

“Llegó la hora, Ministerio Público de mi país, de convertirnos en guardianes intransigentes frente a todo tipo de manifestación criminal”. Dr. Radhamés Jiménez Peña Procurador General de la República

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

Av. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional • Tel.: 809 533-3522

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