Ministerio PĂşblico
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Vicepresidente FINJUS dice Ministerio Público ha logrado avanzar de manera significativa
Consejo Editorial Ángel Castillo Tejada Rodolfo Espiñeira Ceballos Octavio Líster Henríquez Roxanna Reyes Acosta Pedro Féliz Montes De Oca Marisol Tobal Williams Gladys Checo de Almonte Henry Garrido Julieta Tejada Fernando Quiroz Germán Santiago
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Alejandrina Germán y Roxanna Reyes se reúnen para retomar acuerdo en beneficio de las mujeres
Editor Germán Santiago
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Franklin Almeyda dice quedó impresionado con Nuevo Modelo Penitenciario
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Procuraduría de la Corte de Apelación habla por el Ministerio Público en Puerto Plata
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ENMP gradúa 112 miembros de la institución
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Gradúan 500 internos del Centro Penitenciario de Najayo-Hombres, San Cristóbal
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Octubre: mes de la Raza La Isabela: primer poblamiento europeo en Nuevo Mundo...
Dr. Radhamés Jiménez Peña Procurador General de la República
Coordinador Fernando Quiroz Redacción Elvis Paredes Silvio Cabrera Luisa Matos Noemí Herrera Onoris Metz Corrección Fior D’aliza Mejía Cuidado María Mercedes Disla Distribución: Angela Contreras Facilitador: Jorge Luis Morales P. Fotografía Juan Carlos Reyes Víctor Acosta De León Firmas: Idelfonso Reyes Angel Castillo Tejada Luisa María Ramírez Santana Gladys Sánchez Martha Reyes
Diseño y Diagramación Lisandro K. Ferreira Hernández Ricardo H. Sosa Diplán Silis, S. A. Tel.: 809 685-0578 Cel. 809-994-6214 Impresión Editora Corripio C. Por A.
Ministerio Público Es una publicación periódica de la Procuraduría General de la República.
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Prohibida su reproducción total o parcial conforme lo disponen las Leyes de Propiedad Intelectual (65-00 sobre Derecho de Autor) y 20-00 de Propiedad Industrial (en lo que se refiere a registro de marcas de fábricas y nombres comerciales) de República Dominicana. Ministerio Público
PROYECTO SALCEDO: PARADIGMA DEL SISTEMA PENITENCIARIO
rjimenez@procuraduria.gov.do
De todos los deberes humanos, el trabajo es el primero. El trabajo es un deber, un principio y un mandamiento. Vivirá del sudor de tu frente. Así se lee en Génesis (3,17-19): “Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás” Trabaja, trabaja, y verás los resultados. El trabajo es un muro de contención de la maledicencia, de las iniquidades, y protege a todo aquel que de su fruto vive y se desvela. Los resultados del trabajo se parecen mucho al árbol que da fruto y el mejor ejemplo lo tenemos en Salcedo, comunidad de tierra prodigiosa que se sigue emulando, que vuelve tras sus pasos para sorprendernos muy elocuentemente con un proyecto penitenciario inspirado en la modalidad de “terapia ocupacional” que desde ya es un nuevo camino. El camino a seguir dentro del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; pues, viene este proyecto, a reconfirmarnos que si bien no hay nada nuevo bajo el sol, con amor y disposición, el ser humano y todo lo que hace nunca llegan a la perfección, pero pueden superarse a sí mismos y mejorar progresivamente. Con creatividad, mística y visión de futuro. Lo de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, se puede definir como un modelo dentro del macro modelo de reforma penitenciaria que con modalidades de Centros de Corrección y Rehabilitación (CCRs) con características particulares pero unificados metodológicamente e iguales propósitos, beneficia ya a una docena de recintos penitenciarios. Se destaca Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, en la misma zona del Cibao-Nordeste, que ahora vuelve a ser impactada por las buenas acciones de sus habitantes y sus instituciones. Lo que hemos visto en Salcedo, merced a una labor combinada del Consejo Provincial de Reforma Carcelaria y Reintegración Socio-Laboral (una suerte de Patronato Penitenciario), resulta a todas luces, una iniciativa única en su género, que viene a imprimir un renovado impulso a los esfuerzos que desde el pasado cuatrienio desarrolla la Procuraduría General de la República por la transformación del sistema carcelario dominicano y su conversión en centros de formación humana mediante la socialización, la educación y el trabajo de sus internos e internas. Es un proyecto al que se le dará seguimiento con evaluaciones periódicas a los fines de ser reproducido en los restantes
CCRs, muy especialmente en los que se vayan integrando al nuevo modelo. El plan es convertir el modelo de Salcedo en el paradigma y en el ejemplo a seguir por todos y cada uno de los demás centros penitenciarios. Vamos a establecer un calendario crítico con una evaluación permanente por parte de un equipo multidisciplinario que va constantemente a monitorear los resultados del trabajo de cada centro para irlo asimilando al modelo Salcedo. Allí en Salcedo, hay que felicitar desde el más simple ciudadano, a los internos (as), hasta sus autoridades, entre ellas, al gobernador, Vinicio González, el senador, al síndico, al fiscal y, naturalmente, al siempre proactivo Jaime David Fernández Mirabal, un gran aliado, el mejor de su clase, que cuando asume una causa, la asume de corazón, con el mayor de los compromisos. Nuestro agradecimiento a todos ellos, a la directora del centro Martha Reyes, al personal de la Escuela Nacional Penitenciaria y la Dirección General de Prisiones que trabajaron para que la convivencia del pasado 27 de septiembre se desarrollara exitosamente, con un taller interactivo cuyos resultados deberán traducirse en más impulso y beneficio para todos, para todas. A Roberto Santana, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, Henry Garrido, Gladys Checo, Milagros Ricardo y a todos y todas que trabajaron y participaron para que la actividad realizada en escenarios distintos de la provincia Hermanas Mirabal, nos hiciera sentir orgullosos y renovadamente comprometidos. Regocijados nos hicieron sentir con su presencia y apoyo, el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier; la presidenta del Consejo Nacional de Drogas, Mabel Féliz, y el gobernador de la provincia Espaillat, Aníbal Camacho. A los procuradores generales adjuntos, procuradores generales de Cortes y procuradores fiscales, alcaides de cárceles y encargados de CCRs; funcionarios de la Procuraduría y empleados del Ministerio Público a nivel nacional; a todos y todas, gracias por su gesto de apoyo y solidaridad.
Doctor Radhamés Jiménez Peña Procurador General de la República Ministerio Público
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A LA PUERTA DE UNA NUEVA ERA CONSTITUCIONAL La República Dominicana se encuentra a la puerta de lo que deberá ser su más importante reforma constitucional. Desde su fundación el 27 de Febrero de 1844 y su primera Constitución, la de San Cristóbal del 6 de Noviembre precedida por el manifiesto trinitario del 16 de enero de ese mismo año, la nación ha visto 37 modificaciones constitucionales, hechas por 14 gobiernos, habiendo sido la última la del 25 de julio de 2002. A la luz de sus tantas modificaciones, algunas propias del estado de anarquía y de oprobio que vivió la nación en el pasado, parecería que con la Carta Sustantiva de los dominicanos, políticamente, se ha estado jugando. Salvo tres reformas constitucionales, en especial la Constitución del gobierno de Juan Bosch de 1963, han incluido lacónicamente un preámbulo, concepto que como bien lo ha explicado el presidente Leonel Fernández, es la antesala para definir una serie de valores y principios sobre la dominicanidad y el estado social de derechos y aspiraciones del pueblo y la nación dominicana. De ahí, que el presidente Fernández haya expresado: “Una reforma que establezca en un preámbulo cuáles son los valores supremos que distinguen la nación dominicana; que indique con precisión quiénes son dominicanos; que consigne los símbolos patrios al principio del texto y no al final. Una reforma que incorpore garantías al ejercicio pleno de los derechos fundamentales; que consagre el derecho de tutela o derecho de amparo; el defensor del pueblo, el referéndum y la iniciativa ciudadana en la presentación de leyes. Creemos en una reforma que revise el artículo 55 de la actual Constitución, que organice los Poderes del Estado, que incorpore los derechos sociales, culturales y ambientales; que garantice la equidad de género y proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Creemos en una reforma constitucional que consagre definitivamente en la República Dominicana, un Estado democrático social de derecho, fundado en la soberanía del pueblo, la libertad individual, la solidaridad y la justicia social”. Luego tenemos que el proyecto de ley de reforma constitucional en poder del Congreso plantea en sus tres primeros puntos: 1) Adoptar un preámbulo constitucional que sintetice, con sentido pedagógico, los valores que identifican un Estado social, democrático y constitucional de derecho, como la libertad individual, la protección social y la paz, ratificando la tradición libertaria y democrática de nuestros próceres y prohombres. 2) Ratificar la soberanía del pueblo como fuente de todos los poderes del Estado, ejercida mediante representación o en las formas directas que se organizarán en el nuevo texto; desglosar sus expresiones fundamentales, como: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y, fundamentalmente, la unidad de la nación y su sujeción a la Constitu-
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Ministerio Público
ción, como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico. 3) Adoptar de forma expresa la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo y la separación de poderes; que propugne por valores como la democracia, la libertad, la justicia, la seguridad jurídica, la igualdad, el pluralismo, la participación y la solidaridad. Dicho proyecto, que deberá ser debatido y aprobado mediante la Asamblea Revisora y que ya ha sido objeto de discusión en diferentes foros, propone una serie de reformas para el Poder Judicial, entre ellas la ampliación del Consejo Nacional de la Magistratura, la creación de una Cámara Constitucional y la limitación en el tiempo de duración y edad de los miembros del pleno de la Suprema Corte de Justicia. En cuanto al Ministerio Público, ya su máximo representante, Radhamés Jiménez Peña, con anterioridad se encargó de proponer que una reforma a la Constitución incluya un control en la designación del Procurador General de la República mediante una ratificación por parte del Senado, similar a la que se realiza en el caso de los embajadores, señalando que sería como un mecanismo de blindaje institucional para que ese funcionario, aún cuando sea “un hombre de la confianza política del Presidente de la República”, posea la idoneidad necesaria para el cargo a desempeñar y que no pueda ser objeto de presiones indebidas tendentes a su destitución. El proyecto de reformas en poder del Congreso resuelve en gran parte esas inquietudes y consagra el Consejo Nacional de Procuradores como un órgano de gobierno del Ministerio Público. Los asambleístas deben tomarle las palabras al Presidente, cuando en la pieza señala que la Constitución tiene contradicciones en lo relativo a quiénes son dominicanos, cuando en su artículo 11 dice que lo son “todas las personas que nacieron en el territorio de la República”, olvidando de ese modo que en Estados Unidos y otros países existe una gran comunidad de dominicanos y de hijos de dominicanos que nacen fuera del territorio que no pueden ser discriminados. La iniciativa presidencial marca un precedente; el proyecto busca también enderezar entuertos históricos de la Carta Magna, que otorgan poderes “excesivos” al jefe del Estado como ocurre con el artículo 55 de la Constitución y algunas leyes. De manera, que estamos en los albores de una nueva era constitucional, la cual promete superar todos los atrasos anteriores, consagrar principios y valores universales y apuntalarnos de forma activa y dinámica hacia un acabado ejercicio de nación, nuevas metas, y los objetivos del milenio.
ÉXITO EN JORNADA POR LA CONSTITUCION DE COMISIONADO DE JUSTICIA Y ESCUELA NACIONAL DEL MP Actividad “Justicia y Reforma Constitucional” tiene lugar los miércoles en el auditorio de la Procuraduría
Mesa principal del acto inaugural de la jornada, integrada por Servio Tulio Castaños, Víctor Suárez (diputado), Octavio Líster, Lino Vásquez, Francisco Domínguez Brito y Eduardo Jorge Prats.
El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia y la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) desarrollan desde el primer miércoles de octubre, un programa de análisis y discusión sobre el proyecto de reforma constitucional que cursa en el Congreso, y que es una propuesta del presidente de la Republica, Leonel Fernández Reyna, a los fines de adaptar esa carta de leyes sustantivas a las aspiraciones y los nuevos tiempos que vive la nación dominicana.
La actividad denominada “Jornada por la Constitución: Justicia y Reforma Constitucional”, se lleva a cabo todos los miércoles en horario de la tarde en el auditorio de la Procuraduría General de la República, sito en la segunda planta del nuevo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Actores judiciales y expertos constitu-
cionales participan del programa con el que, además del análisis y el debate, se busca presentar propuestas sobre el proyecto de reforma a la Constitución que actualmente pasa por la fase de los foros públicos previo a su conocimiento y aprobación por una Asamblea Revisora.
Disertación de Jorge Prats
En la primera actividad, celebrada el miércoles 8 de octubre, expuso el experto constitucional Eduardo Jorge Prats, con una conferencia titulada “El Poder Judicial en la Propuesta de Reforma Constitucional”, donde abogó porque la reforma a la Carta Magna fortalezca la independencia, eficiencia y rol garantista del Poder Judicial. Destacó como positivo la ampliación de la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y la consa-
Eduardo Jorge Prats.
gración del poder disciplinario para ese organismo de alzada constitucional y judicial. Con relación a la justicia, consideró que la reforma debe incluir además, el Ministerio Público
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poder disciplinario sobre los integrantes del Poder Judicial, de los tribunales Superior Electoral y Superior Administrativo, así como la creación de una jurisdicción contenciosa-administrativa separada de la jurisdicción judicial ordinaria.
En su discurso de apertura, Lino Vásquez Samuel, comisionado de Justicia, dijo estar en la disposición de colaborar con el Congreso Nacional en la difusión de la reforma constitucional, y mostrar a la ciudadanía que se construye la Carta Magna que necesita el pueblo dominicano para seguir fortaleciendo el progreso institucional, social y económico. Dijo, además, que la propuesta de una reforma constitucional integral como la auspiciada por el presidente Leonel Fernández, constituye un buen punto de partida para iniciar una discusión profunda en la búsqueda de un consenso social que dé legitimidad a los contenidos sustanciales que pretenden ser reformados.
Al frente de la actividad figuraron también, Octavio Líster, director nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), en representación del procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; el director de la ENMP, Ramón Núñez; el senador por Santiago y ex-procurador Francisco Domínguez Brito; el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán; el presidente del Colegio de Abogados, Fernando Pérez Vólquez, y Manuel Peña Conce, jurista
ganización y las relaciones entre los poderes públicos y fijan los grandes principios del derecho público de un Estado. El Estado dominicano nació en la vida jurídica el 6 de Noviembre de 1844, cuando se proclama la Constitución dominicana en la ciudad de San Cristóbal.
Desde entonces, la Constitución dominicana ha sufrido 37 modificaciones o reformas.
A continuación las fechas de las modificaciones:
Lino Vásquez Samuel
miembro de la directiva de la Mesa de Decanos.
Igualmente, asistieron representantes del Ministerio Público, abogados, estudiantes de Derecho y ciudadanos interesados en el tema. Durante una segunda entrega del programa moderado por el director de la ENMP y celebrada el miércoles 15 de octubre, participaron como comentaristas, el procurador fiscal del Distrito Nacional , Alejandro Moscoso Segarra; el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Juan Amado Cedano, y Manuel Acosta Castillo, presidente de la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera.
Primera Constitucion
La Constitución: es el conjunto de reglas fundamentales que rigen la or-
Magistrados y personalidades que participaron en la actividad.
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Ministerio Público
1) 27 de febrero 1857 2) 16 de diciembre 1854 3) 19 de febrero 1858 (Constituyente) 4) 14 de noviembre 1865 (Constituyente) 5) 27 de septiembre 1866 6) 26 de abril 1868 7) 14 de septiembre 1872 8) 14 de marzo 1874 (Constituyente) 9) 09 de marzo 1875 10) 31 de marzo 1876 11) 07 de mayo 1877 12) 11 de mayo 1878 13) 11 de febrero 1879 14) 17 de mayo 1880 15) 23 de noviembre 1881 16) 15 de noviembre 1887 17) 12 de junio 1896 18) 14 de junio 1907 19) 22 de febrero 1908 (Constituyente) 20) 13 de junio 1924 (Constituyente) 21) 15 de junio 1927 22) 09 de enero 1929 23) 20 de junio 1929 24) 10 de enero 1932 25) 09 de junio 1934 26) 10 de enero 1947 27) 01 de diciembre 1955 28) 07 de noviembre 1959 29) 28 de junio 1960 30) 02 de diciembre 1960 31) 29 de diciembre 1961 32) 16 de septiembre 1962 33) 29 de abril 1963 (Constituyente) 34) 09 de agosto 1965 35) 28 de noviembre 1966 36) 14 de agosto 1994 37) 25 de julio 2002
Por segundo año Procuraduría logra mayor puntaje en estudio de transparencia de Participación Ciudadana Los 93 puntos superan los que obtuvo en el informe anterior La Procuraduría General de la Republica logró, por segundo año consecutivo, el mayor puntaje en el estudio de Participación Ciudadana para evaluar el grado de transparencia de las entidades del sector público. Al tiempo de repetir como la institución más transparente superó su propio índice de liderazgo, según los resultados de la investigación sobre la implementación del Gobierno Electrónico, realizada por el movimiento cívico que representa en República Dominicana a Transparencia Internacional
El estudio fue realizado el pasado mes de septiembre y se inscribe en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Apoyo a las Instituciones Públicas para el Acceso a la Información y Rendición de Cuentas”.
Instituciones Evaluadas
Entre 23 organismos del gobierno central y 14 ayuntamientos que poseen portales electrónicos, y evaluados en el ranking de transparencia, la Procuraduría General de la República, institución rectora del Ministerio Público y el Sistema
Penitenciario, ocupó el primer lugar con 93 puntos, seguida por la Secretaría de Salud Pública con 74, Suprema Corte de Justicia con 71, Dirección General de Impuestos Internos con 68, y las secretarías de Relaciones Exteriores y Turismo con 67 y 64, respectivamente. El monitoreo permite evaluar en qué grado las instituciones públicas están aplicando realmente las directrices de la Ley 200-04 en los portales estatales. Este estudio tuvo como base los artículos 5 y 24 de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, que establece que todos los organismos públicos centralizados y descentralizados, y los municipios, están obligados a garantizar el acceso directo de la ciudadanía a la información pública del Estado, a través de la informatización y la incorporación a un sistema de comunicación por Internet, o a cualquier sistema similar que en el futuro se establezca. A la vez, establece el alcance del gobierno electrónico, su efectividad, funcionalidad y el nivel de utilidad para la ciudadana.
Ministerio Público
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Gladys Checo de Almonte, asitente del procurador en el Área Financiera y Administrativa.
Luis Paulino, director de Tecnología de la Información.
Gladys Sánchez, secretaria general.
Berenice Barinas, directora Oficina de Acceso a la Información.
Sandra Santana, encargada de Compras.
transparencia sea exitosa? . “Y eso es precisamente lo que se ha hecho en la Procuraduría: Hacer de la transparencia una práctica exitosa en beneficio del ciudadano”, precisa.
to de valores que influyen cotidianamente en los comportamientos de los actores organizacionales de todos los niveles.
El compromiso Una labor coordinada por varias dependencias de la Procuraduría ha hecho posible tener disponible en la página Web de la institución, de forma permanente y actualizada, toda la información financiera para evaluar nuestra gestión. Permitiendo la realización de la más sana expresión del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Se destacan entre esas dependencias la Dirección Administrativa y Financiera, la Dirección de Tecnologías de la Información y la Oficina de Acceso a la Información Pública, a cuya cabeza están Gladys Checo de Almonte, Luis Paulino Marte y Berenice Barinas, respectivamente, a quienes la visión institucional y el compromiso con una gestión transparente, los inspira y los une.
Rodolfo Vergara, tratadista internacional en materia de transparencia, señala con acierto que la cuestión es ¿qué debe hacerse para conseguir que la ejecución y la puesta en práctica de la
Expone que para hacer que una institución sea transparente es necesario lograr que las prácticas de transparencia se plasmen tanto en las rutinas y procedimientos, como en el conjun-
RANKING DE TRANSPARENCIA
Los instrumentos de evaluación de acceso a la información pública nos permiten analizar profundamente los aspectos claves para desarrollar con más exactitud y eficacia una máxima y completa transparencia en nuestras instituciones públicas. Esto es así, porque nos proporciona criterios y metodologías mundialmente aceptadas a los fines de identificar los avances y retrocesos, así como las debilidades y fortalezas.
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Ministerio Público
Nueva cultura
El éxito de la Procuraduría se debe precisamente a esto. Basada en una nueva cultura organizacional que ha permitido la transparencia apoyada en innovaciones tecnológicas y procedimientos claros y funcionales. Comprometidos en dar fiel cumplimiento a la Ley General de Acceso a la Información Pública y a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, la pregunta clave fue: cómo transparentar. No hubo dudas, la tecnología tenía que jugar un papel fundamental.
Al tiempo de implantar un nuevo diseño organizacional en la Dirección Ad-
ministrativa y Financiera que permitió lograr un alto nivel de integración con todos los actores del proceso, así como un mayor flujo de informaciones, se colocaron a disposición de la ciudadanía tres herramientas fundamentales: un Portal de Transparencia, un sistema automatizado de compras y contrataciones “ProCompraNet” y el Observatorio Digital. Estas herramientas tecnológicas permiten mostrar a la ciudadanía, de forma permanente y actualizada, cómo la institución está ejecutando los fondos públicos en el ejercicio de sus funciones sociales. La clave ha sido voluntad, compromiso e integración. El Portal de Transparencia, administrado por la Oficina de Acceso a la Información Pública, cuenta con el apoyo de la Dirección Administrativa y Financiera, y la Dirección de Tecnologías de la Información. Esto
nos permite una consulta automatizada de la nómina, del inventario de existencia en almacen, inventario de activo fijo, cuentas por pagar a suplidores, las declaraciones juradas y las
La Oficina de Acceso a la Información de la Procuraduría ha sido tomada como modelo para otras instituciones públicas, y sirve de asesora en la implementación de las estructuras y sistemas necesarios para el ejercicio ciudadano del derecho fundamental de acceso a la información pública. Entre las instituciones asesoradas se encuentran, el Senado de la República, las superintendencias de Bancos, de Valores, y de Salud y Riesgos Laborales, Administración de Subsidios Sociales, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Oficina Nacional de Propiedad Intelectual.También las secretarías de Estado de la Juventud, Educación, Salud Pública, Fuerzas Armadas, Hacienda, Medio Ambiente, Trabajo, Obras Públicas, Turismo, Relaciones Exteriores. De igual manera, el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Dirección General de Contrataciones Públicas, Consejo Nacional de Drogas, el Consejo Nacional de Seguridad Social, el Instituto Agrario Dominicano, el Consejo Nacional de Competitividad, la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Dirección General de Presupuesto, entre otras.
compras y contrataciones a través del portal PROCOMPRANET.
El portal cuenta también con un foro de opinión de nuevos documentos, con información detallada sobre el presupuesto y su ejecución mensual, ingresos y egresos, la emisión de cheques y disponibilidad bancaria diaria. Además, proyectos, acuerdos y convenios, contribuciones a programas asistenciales, publicaciones oficiales, estadísticas, detalles de los servicios con indicación de trámites y tarifas, espacio para colocar sugerencias y denuncias, así como el marco legal, planes estratégicos e informes anuales de la institución. También nos permite colocar la solicitud de información pública en línea.
Por su lado, ProCompraNet, enlazado al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), surgió de la necesidad de que la Procuraduría pudiera transparentar todas las operaciones de compras que se venían realizando a través del Sistema Integrado, pero el mismo no podía estar disponible al público. Todas las acciones del Ministerio Público están dirigidas a la implantación de una cultura institucional, definida ésta como el sistema de valores, creencias y comportamientos que se consolidan y se comparten en el diario transcurrir de la institución. De tal manera que los estilos de dirección, las normas, los procedimientos, los medios que se usan y las actitudes de las personas, reflejan el conjunto de elementos que integran la cultura de Ministerio Público
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jora de los Servicios Públicos” a través de ProReforma, y bajo los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La Procuraduría está comprometida con un sueño. Es por eso que trabaja en pos de la consecución de los más altos criterios de eficacia y eficiencia organizacional, donde la transparencia no solamente es el norte, sino también el camino.
la Procuraduría General de la República. Y de esto se trata: de crear sistemas basados en principios.
Uno de esos principios es la transparencia. La Procuraduría constituye un modelo de transparencia y ejemplo en la implementación de la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) en la República Dominicana, basado en criterios fundamentales de procedimientos y organización.
Innovacion y servicios
El Gobierno Electrónico es la formulación de estrategias y la implementación de iniciativas para mejorar, transparentar y hacer más eficiente la gestión gubernamental a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Según el informe de Participación Ciudadana, los portales gubernamentales en su implementación de gobierno electrónico están mayormente en la etapa II, es decir, tienen informaciones y cierta interactividad para consultas de servicios y bases de datos. La Procuraduría General de la República se encuentra en el nivel III, la llamada fase transaccional que incluye provisión de transacciones electrónicas al ciudadano por parte del servicio, en forma alternativa a la atención presencial en las dependencias. De conformidad con el estudio,
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Ministerio Público
el
portal de la Procuraduría tiene una interfase limpia y fácil de visualizar con cualquier navegador. Es amigable tanto para los sistemas operativos como en cuanto al ancho de banda promedio de acceso requerido.
Los resultados de este monitoreo demuestran que las innovaciones tecnológicas llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República, en materia de transparencia y rendición de cuentas, están reportando sus frutos al colocarnos por segundo año consecutivo en la posición número uno a nivel nacional. No obstante a esto, en materia de implementación de gobierno electrónico aún tenemos un progreso que hacer: implementar la última fase de “e-gob”, la llamada fase IV.
Coherente con ese objetivo y con la superación progresiva, la Procuraduría pondrá a disposición de la ciudadanía el próximo mes, una pasarela de pagos automatizada que permitirá hacer desembolsos por los servicios prestados, vía Internet, con lo cual se colocará en la última fase de implantación de gobierno electrónico, según la cual el ciudadano no sólo interactúa con la institución, sino también que puede realizar transacciones y pagos en línea. Esta pasarela de pagos ha sido desarrollada dentro del “Proyecto de Me-
ProCompraNet es por tanto, el sistema de información e interacción de compras de la Procuraduría, está administrado por el Departamento de Compras y Contrataciones, ramal de la Dirección Administrativa y Financiera, cuenta con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la Información y la colaboración de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Permite involucrar a los proveedores en los procesos de compras y contrataciones, al hacer disponible no sólo los pliegos de las licitaciones, sino también todas las solicitudes de compras mediante un sistema automatizado que se actualiza día a día a las doce de la noche. ProCompraNet hace disponible en línea las informaciones documentales sobre todas las compras y contrataciones de la Procuraduría, así como una consulta automatizada de las mismas, por rangos de fechas, montos y proveedores.
La más reciente innovación tecnológica lo es el Observatorio Digital, administrado por la Dirección de Tecnologías de la Información, con recursos documentales de la Dirección Administrativa y Financiera y la colaboración de la Oficina de Acceso a la Información. El Observatorio se lanza como una propuesta que permite vizualizar todo lo concerniente a la transparencia institucional, no sólo de la Procuraduría, sino de todas las demás instituciones públicas que de manera voluntaria deseen ser partícipes de transparentar sus procesos. En el mismo se podrá consultar información relevante a las compras, los cheques emitidos, la nómina de personal, los contratos, los estados financieros, las auditorías y la declaración jurada de bienes.
Magistrado Jiménez Peña pondera resultados estudio de Participación Ciudadana Señala que informe es muestra de que la sociedad es testigo de sus acciones El magistrado Radhamés Jiménez Peña ponderó los resultados del informe de Participación Ciudadana (PC), que por segundo año consecutivo coloca a la Procuraduría General de la República como la institución pública más transparente del país, con 93 puntos porcentuales.
Sostuvo que los datos son una muestra de que la sociedad valora el trabajo que se viene desarrollando en el organismo rector del Ministerio Público, en beneficio de todos los sectores del país y de todos los usuarios e interesados en los servicios que la institución ofrece. Según el II Informe de Monitoreo de la Implementación del Gobierno Electrónico en la República Dominicana, realizado el pasado mes de septiembre por Participación Ciudadana, la Procuraduría obtuvo 93 puntos porcentuales entre 23 instituciones del Estado revaluadas en base a la opinión del público. El documento indica, además, que la Procuraduría tiene el portal que me-
jor cumple con las disposiciones requeridas por la Ley 200-04 de Acceso a la Información Pública. Jiménez Peña expresó que la institución que dirige trabaja para que la sociedad tenga la oportunidad de ser testigo de sus acciones. En ese orden, destacó que en la página electrónica de la institución se puede acceder al
observatorio digital, donde la población puede ver todas las acciones de la Procuraduría, así como el manejo de sus recursos.
Consideró que los funcionarios públicos deben estar permanentemente expuestos al escrutinio del pueblo, y que para ser valorados positivamente deben actuar de cara al sol.
Advierte a miembros del Ministerio Público El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, consideró que los miembros del Ministerio Público deben actuar conforme a un decálogo ético y de servicio a la sociedad, y advirtió que aquellos que no se ajusten a esos parámetros, que abarcan también cambios de procedimientos y modernidad, saldrán automáticamente de la institución. Anunció que en la reforma constitucional que sometió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional se contempla establecer la carrera del Ministerio Público con autonomía en diversos aspectos de su accionar. El magistrado Jiménez Peña emitió sus consideraciones en el programa
de televisión de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que coordina su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, que se transmite por CDN.
Aseguró que el Ministerio Público es un cuerpo que se debe a la sociedad, y que en tal sentido se prepara cada día para asimilar los procesos de cambio. Sostuvo que a ello responden los programas de evaluación institucional y de desempeños de todos los miembros que aspiran a ser de carrera. Aclaró que la situación de ahora es diferente a la de hace cinco años, y que los cambios comenzaron a partir de la gestión de Francisco Domínguez Brito, quien inició el proceso de pro-
fesionalización y capacitación de los miembros del Ministerio Público.
Informó que antes de Domínguez Brito, el Ministerio Público era un caos y sus funciones eran difusas porque no había coherencia ni criterios claros a la hora de ejecutar la acción de los representantes del Estado en el sistema judicial.
Afirmó que ha seguido el camino trazado por su antecesor, y que por eso, hoy el país exhibe fiscales y procuradores adjuntos con mayor nivel de preparación, fruto del nuevo modelo de gestión. Indicó que el Ministerio Público está fortalecido y actúa con transparencia, Ministerio Ministerio Público Público
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no sólo en la administración de justicia, sino además en el uso transparente de los recursos que son puestos a su disposición. “Hoy día podemos decir que nosotros hemos triplicado los fiscales de carrera que encontramos cuando fuimos designado procurador general de la República. Ya nosotros tenemos cerca de 300 fiscales de carrera en todo el país”. Señaló que cuando en la reforma se contemple la constitucionalidad de la Carrera del Ministerio Público, el desempeño judicial será mucho mejor porque habrán programas de capacitación para todos en la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP).
Indicó que los avances en materia de capacitación de la ENMP han sido tan significativos, que representantes judiciales de naciones como Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela vienen al país a conocer el método de enseñanza que se aplica.
Persecucion Penal
El magistrado Jiménez Peña dijo que
otra de las áreas en que trabaja la Procuraduría General de la República es en la profundización de las políticas de persecución penal, y afirmó que el índice de violencia desde el año 2005 ha estado disminuyendo.
Explicó que el índice de violencia ha disminuido de 27 a 19 casos por cada 100,000 habitantes, lo que evidencia una reducción de los casos, gracias al trabajo preventivo que desarrollan todas las instituciones públicas y de la sociedad civil. Jiménez Peña entiende que hay que seguir fortaleciendo el trabajo con la participación de todos los miembros y de la población.
Los cambios
Al insistir en el aspecto compromiso y responsabilidad, dijo que los miembros del Ministerio Público deben saber que serán supervisados para garantizar la idoneidad de sus conductas. Explicó que dentro de la integridad institucional creará mecanismos que
establezcan reglas claras sobre el desempeño. Se creará una unidad para darle seguimiento a cada uno de los que pertenezcan a la Procuraduría General de la República. Indicó que también habrá un supervisor general para todos los fiscales, que tendrá como principal función monitorear sus acciones.
El nuevo modelo y los índices de criminalidad
El magistrado Jiménez Peña afirmó que también el índice de reincidencia delictiva ha disminuido, gracias a los programas que se aplican a los internos en los centros de reclusión a través del Nuevo Modelo Penitenciario.
Indicó que actualmente se ha reducido a 2.7 la reincidencia de los ex internos que han sido condenados por la comisión de delitos y crímenes.
Comparó el país con otras naciones donde el 30 y 70% de los internos que han logrado su libertad vuelven a delinquir, porque no existen programas de reinserción social como los que se aplican en muchos de los centros penitenciarios nacionales.
Jackeline Walter recibe su placa de empleada estrella
Rodeada de sus compañeras de trabajo, Jackeline Walter, auxiliar administrativa I, recibe de manos de Gladys Checo de Almonte, asistente del procurador en las áreas administrativa y financiera, la placa que la acredita como la empleada estrella del mes. Acompañándola, figuran Rosalía Morales, Dimerci Ávila, Sandra Santana, Xiomara Bourdierd, Ana Suárez, Dani Nina, Ruth Rosa, Sonia Berroa y Daysi Mateo.
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Ministerio Público
Vicepresidente FINJUS dice Ministerio Público ha logrado avanzar de manera significativa
Destaca trabajo de la Escuela Nacional del Ministerio Público, el Nuevo Modelo Penitenciario y la instalación de las Fiscalías Barriales Elogia fiscalías barriales
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, valoró como positivos los avances logrados por el Ministerio Público en los últimos años, tanto en su institucionalización como en su aporte a la sociedad, tras precisar que este organismo dejó de ser la cenicienta del sistema de justicia dominicano.
Identificó como un gran logro, la implementación del Estatuto del Ministerio Público, así como el desarrollo de una serie de programas penitenciarios, de fiscalías barriales, oficinas de atención a la víctima, Justicia Siglo XXI, y la creación de la escuela de capacitación para los fiscales, entre otros, como acciones que “han catapultado a esa institución”.
Dijo creer que el Ministerio Público de hoy es una institución que ha venido dando pasos certeros, “obviamente, hay algunos ajustes que habrá que seguir afinando en todo lo que será este proceso, pero hemos avanzado”. Sostuvo que todo lo alcanzado por el procurador general Radhamés Jiménez Peña y pasadas autoridades del Ministerio Público, puede ser mejorado a favor de la sociedad.
“Evidentemente que el Ministerio Público está dejando de ser la cenicienta del sistema de justicia. Yo creo que han venido implementándose una serie de programas y una serie de modelos a lo interno del Ministerio Público, que sin lugar a dudas han catapultado a esa institución”, precisó. Calificó de positiva la iniciativa del magistrado Jiménez Peña en el sentido de encaminar al Ministerio Público como un verdadero representante de la sociedad.
Afirmó que uno de los pasos más trascendentales del Ministerio Público ha sido la creación de las fiscalías barriales, “porque veíamos a una sociedad que tenía que acudir a sus representantes en el sistema de justicia, y hemos visto que por primera vez, es el propio Ministerio Público que acude a la sociedad, y yo creo que ese es un mensaje que ha contribuido de manera sustancial al fortalecimiento de esta institución, en honor a la verdad”.
Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) Servio Tulio Castaños
“Y yo creo que se va en ese camino, en honor a la verdad, sobre todo si tú lees la propuesta que la Procuraduría, en una eventual reforma a la Constitución, sometió y que fue considerada inclusive por la comisión de juristas que elaboró el ante proyecto de reforma constitucional en más de un 80%”, indicó. Las consideraciones de Castaños Guzmán fueron ofrecidas en el programa de televisión Ministerio Público TV, que se transmite los domingos por Telecentro, Canal 13, en la sección entrevista central que conduce Amado José Rosa y Laura Serrata. Insistió en que se ha hecho mucho en poco tiempo, y que sólo se debe mirar lo que es el Nuevo Modelo Penitenciario en comparación con el viejo modelo. “Tú, chocar con lo que había sido una cultura autoritaria respecto a cuál debía de ser, o debió haber sido las condiciones de nuestros internos en las cárceles”, indicó.
Entiende, además, que el principal soporte del Ministerio Público es la escuela que dirige Ramón Núñez, donde se capacita a todo el personal, y a la vez son evaluados.
“La base que contribuye a la solidez del Ministerio Público es esa escuela. Y hemos visto la seriedad de los programas que se están implementando; ya los programas de capacitación de la ENMP no solamente se limitan al ámbito nacional, nosotros hemos visto que se han formado ministerios públicos de Colombia, Costa Rica, Venezuela, Panamá, y yo creo que eso debe ser motivo para que nosotros como dominicanos estemos satisfechos”, manifestó Castaños Guzmán. Estimó que la escuela está haciendo una labor “espectacular, y quiera Dios que los miembros del Ministerio Público, es decir, nuestros fiscales, nuestros procuradores de cortes, la sepan aprovechar”. “Es decir, que nosotros, Fundación Institucionalidad y Justicia, estamos sumamente satisfechos con el trabajo que se está haciendo ahí”, precisó. Ministerio Público
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Alejandrina Germán y Roxanna Reyes se reúnen Acuerdan acciones por la seguridad y la calidad de vida de las mujeres dominicanas La Procuraduría General Adjunta para Asuntos de la Mujer y la Secretaría de Estado de la Mujer retomaron conversaciones con miras al establecimiento de una alianza estratégica orientada a la adopción de políticas y acciones que beneficien el crecimiento, la seguridad y la calidad de vida de las mujeres dominicanas. Para tal efecto, la procuradora para Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes, giró una visita a la titular de la indicada cartera, Alejandrina Germán, durante la cual se comprometieron a mantener los contactos y dar seguimiento a la iniciativa, a los fines de garantizar resultados concretos y satisfactorios. Alejandrina Germán saludó la iniciativa y mostró su preocupación por el alto índice de mujeres asesinadas por sus maridos, ex parejas y hombres despechados.
Abogó por la creación de mecanismos y reforzamiento de los existentes para enfrentar ese fenómeno que dijo, refleja la prevalencia de una cultura machista y de lo indefensa que sigue siendo la mujer dominicana con respecto a su relación conflictividad con su sexo opuesto. Destacó que los desenlaces frecuentemente trágicos en que se ven envueltas muchas mujeres jóvenes, además de las víctimas, generan desamparos mayormente entre la población infantil.
A su juicio hay que adoptar un plan para controlar y disminuir esa espiral que atribuyó a la prevalencia de una cultura igualmente subdesarrollista, que debe ser combatida con educación, y también con medidas coercitivas que les hagan entender a las parejas, sobre todo al hombre, que la vida humana es el primero de todos los derechos, y debe ser respetada y preservada por encima de todo. Durante la animada conversación de
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Roxanna Reyes, procuradora adjunta para Asuntos de la Mujer, y Alejandrina Germán, secretaria de Estado de la Mujer.
una hora, ambas funcionarias coincidieron en la necesidad de acercamiento entre las dos instituciones, de asumir tareas por la preservación de la familia y la disminución de la violencia intrafamiliar y de género. La magistrada Roxanna Reyes expresó que la Procuraduría General de la República viene concentrando esfuerzos para hacer frente a la violencia de género, y citó entre ellos la creación de más de 14 unidades a nivel nacional, para tratar las agresiones a las mujeres, y la campaña de corte hemisférica “Pégale a la Pared”, en la que participan artistas nacionales e internacionales como Juan Luis Guerra y Gilberto Santa Rosa. Ambas funcionarias se comprometieron a trabajar en el reforzamiento de políticas que tiendan a reducir el número de feminicidios. De manera preeliminar y concreta acordaron: •
Revisión de los acuerdos interins-
• •
•
titucionales existentes.
Establecer programas conjuntos entre la Procuraduría General para Asuntos de la Mujer y la SEM.
Sensibilización y coordinación de psicólogos con médicos y operadores del sistema de justicia que sirvan de multiplicadores en diferentes lugares del país, pero principalmente a las personas que acuden a las Unidades de Atención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género.
Acciones puntuales conjuntas para hacer más efectivo el trabajo de protección a las víctimas de delitos y violencia de género.
En la reunión, celebrada en el despacho de Alejandrina Germán, participaron Leodil Núñez, fiscal adjunta de la Procuraduría General para Asuntos de la Mujer; Clara Luna, directora de Defensoría de la Mujer, y Germán Santiago, director de Publicaciones de la Procuraduría General de la República.
INSPIRADO EN LA TERAPIA OCUPACIONAL
Proyecto Penitenciario
Salcedo
Un modelo con méritos propios que reclama ser apoyado y reproducido Unos 136 internos (as) se ocupan en aprender con el ejemplo, la educación y el trabajo
El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda; el procurador Radhamés Jiménez y Julieta Tejada, directora de relaciones públicas y protocolo de la Procuraduría, entre otros, en un recorrido por una plantación de plátano cultivada por internos del centro penitenciario de Salcedo.
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alcedo parece transformar todo lo que toca.
Ahora le ha “tocado” a las cárceles dominicanas, cuyo sistema tradicional está siendo transformado por la Procuraduria General de la República, en lo que ha sido denominado Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
En el caso de Salcedo, la siempre pujante capital de la provincia Hermanas Mirabal, se trata de un proyecto único inspirado en una modalidad de terapia educacional y productiva que desde la cárcel pública “Juana Núñez”, perteneciente al sistema tradicional, se ha expandido como la verdolaga y generado ramificaciones productivas a otras áreas, tal cual lo es la Finca La Esperanza, de 300 tareas que estaban abandonadas y que ahora se observan plantadas de plátano, yuca, maíz y hortalizas que generan beneficios a toda la población.
En esta zona de la comunidad de Los Limones, en Villa Tapia, así como en otras áreas ocupacionales, los internos e internas cultivan y desarrollan habilidades y conocimientos en los campos educativos, técnicos, artesanales y agropecuarios.
Entre los oficios técnicos que aprenden y desarrollan parte de los 136 internos e internas del recinto, entre ellos once mujeres, están la fabricación de ataúdes, inversores, calzados, ebanistería, sillas y butacas. Trabajan por igual en granjas de gallinas ponedoras, cultivos de hidropónicos, cafetería, invernadero, panadería, informática, artes culinarios, pintura y cursos diversos impartidos por instituciones como el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). En el aspecto puramente educativo trabajan la Secretaría de Educación y Centros Apec de Educación a Distancia (CENAPEC) con programas de alfabetización y cursos de formación básica y conclusión del bachillerato.
Desde Vista al Valle
El nuevo Modelo Penitenciario, que ya beneficia a unas 10 cárceles dominicanas, comenzó a impactar desde el
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Pintura de las tres heroínas de Ojos de Agua.
La leyenda de las hermanas Mirabal además de enaltecer parece eclipsar la gran historia de Salcedo, la esencialmente hospitalaria provincia cibaeña que desde el nordeste comunica con sus iguales: La Vega, Duarte y Espaillat, y que se sigue proyectando como uno de los baluartes de la agropecuaria dominicana. Todo es sonrisa y generosidad cuando se arriba a Salcedo, o en su defecto, a cualquiera otra comunidad de la provincia que ahora precisamente lleva el nombre de las tres heroínas, quienes en un fatídico 25 de noviembre de 1960, junto a su chofer Rufino de la Cruz“, prefirieron ofrendarse por sus tres amores: el de sus esposos, el de su dignidad y el de la patria”. Se destacan entre ellas Tenares, Villa Tapia y Ojos de Agua, esta última cuna de las Mirabal. nordeste a través del recinto Vista al Valle de San Francisco de Macorís, un modelo dentro del “macro modelo”, en cuya zona hoy comienza a sobresalir Salcedo, que como forma de no quedarse atrás y emularse, ha creado su propia modalidad, que ya está siendo
considerado como otro camino a seguir, al parecer bajo el apotegma poético de “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar; al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar…”
Se puede decir, que Salcedo es una suerte de empresa autogestionaria que brilla a la luz de esfuerzos colectivos y participativos a los que se han integrado casi todas las instituciones comunitarias de la renovada provincia. Precisamente, como forma de observar la experiencia y compartir con los protagonistas (internos e internas), la Procuraduría General de la República desarrolló en la zona una convivencia cuya convocatoria reunió a las autoridades provinciales, del Ministerio Público, de Interior y Policía, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes compartieron con los reclusos, personal penitenciario y gente de las comunidades en donde tiene lugar el proyecto.
Jaime David Fernández Mirabal y Radhamés Jiménez Peña degustan artículos de panadería preparado por los internos.
Concurrida Asistencia
Resumen de las palabras de Radhamés Jiménez
Con entusiasmo participaron el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier; Jaime David Fernández Mirabal, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la presidente del Consejo Nacional de Drogas, Mabel Féliz; el procurador fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra; el director de la Escuela Nacional Penitenciaria, Roberto Santana; el director de Prisiones, general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y los representantes del Ministerio Público de todas las provincias del Cibao, entre ellos, naturalmente Hermanas Mirabal y Duarte.
Sobre el proyecto
La jornada-convivencia realizada el pasado sábado 27 de septiembre, se dividió en dos partes y tuvo lugar en sus escenarios fundamentales, cuales fueron el centro penitenciario propiamente dicho, y la Finca la Esperanza. En el centro, sede del CCR, hubo un acto formal de presentación y explicación de lo que se trata, y en la parte agrícola, bajo casas de campaña, se desarrolló un taller interactivo, precedido de un almuerzo preparado en base a productos cultivados por los propios internos e internas. En el acto ceremonial hablaron el magistrado Jiménez Peña, el gobernador Vinicio González y la directora del centro, Martha Reyes.
“ Con este esfuerzo del día de hoy, fundamentalmente, el objetivo es convertir el Modelo Salcedo en el paradigma y en el ejemplo a seguir por todos y cada uno de los Centros Penitenciarios de República Dominicana; hoy tenemos aquí a los directores de todos los centros penitenciarios del país, ustedes tienen un reto y van a tener el acompañamiento de la Procuraduría General de la República; vamos a establecer un calendario crítico con una evaluación permanente por parte de un equipo multidisciplinario que va constantemente a monitorear los resultados en todos y cada uno de los centros” . Sobre el director general de Prisiones: “Tenemos una herramienta, hoy la Dirección General de Prisiones cuenta con una persona que es un abanderado y uno de los pioneros de la instalación del nuevo Modelo Penitenciario en República Dominicana, el mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y creo que esto nos va a facilitar las metas que nos tracemos; yo creo que en un tiempo quizás record vendremos aquí y podemos decir al país que ya el Modelo Salcedo es una realidad en todos y cada uno de los centros penitenciarios de República Dominicana, para orgullo de todos nosotros y para orgullo del país”. Sobre Jaime David Fernández Mirabal “Decía cuando estábamos allá en el centro y quiero repetirlo ahora, que hoy nos habíamos ganado un gran aliado, el mejor de su clase, porque lo conozco, porque sé que cuando Jaime David asume una causa, la asume de corazón, con el mayor de los compromisos. Ministerio Público
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A Jaime David Fernández Mirabal, principal inspirador del proyecto le tocó ofrecer parte de las explicaciones, señalando que se trata de una iniciativa no excluyente que asimila a todos y todas que de manera institucional quieran aportar, y en el que trabajan profesionales de medicina y la conducta, además de sociólogos, maestros y abogados, y que se sigue amparando en una Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción, como manda la Ley 224 sobre régimen penitenciario.
Otras personalidades presentes fueron el fiscal de Salcedo, Gustavo González; Aníbal Camacho, gobernador de la provincia Espaillat; Feliz Álvarez y José Santos Sirí, procurador de la Corte de Apelación de Puerto Plata y fiscal de La Vega, respectivamente, y Onofre Rojas, quien es nativo de Salcedo. Asistieron los procuradores generales adjuntos Idelfonso Reyes, Pedro Féliz Montes de Oca, Germán Daniel Miranda Villalona, Moisés Ferrer Landrón, Maura Martínez Paulino, Ramón Arís-
Un interno al cuidado de la granja de pollos.
tides Madera Arias, Marisol Tobal, Henry Cerda y Víctor Robustiano Peña.
También Gladys Checo de Almonte, asistente administrativa y financiera del procurador; Gladys Sánchez, secretaria general; Henry Garrido, inspector general de prisiones; Luis Paulino, director de Tecnología de la Información; Justo Vásquez, director de Esta-
La provincia Hermanas Mirabal, conocida anteriormente como provincia Salcedo, es una de las demarcaciones centrales del Cibao. Fue creada el 3 de marzo de 1952, pero entró en vigencia el 16 de agosto de 1952. Fue la 22da. provincia, junto con la Sánchez Ramírez, en ser creada en el país. Su nombre fue cambiado al actual en noviembre de 2007. El territorio de la provincia pertenecía, desde la primera Constitución del país, a la provincia de La Vega. Con la creación en 1885 de la Provincia Espaillat, la mayor parte del actual territorio pasó a la nueva provincia, excepto la parte sur, donde La Jagua (actualmente Villa Tapia) siguió perteneciendo a La Vega. En 1891, el Congreso Nacional le dio el nombre de Salcedo en honor a Francisco Antonio (Tito) Salcedo, héroe de la Batalla de Belle. Salcedo fue elevado a común (municipio) de la provincia Espaillat en 1896 cuando se creó el Distrito Pacificador (actual provincia Duarte). La Ley No. 3208 del 3 de marzo de 1952 creó la provincia Salcedo con parte del territorio de la provincia Espaillat y compuesta por los municipios Salcedo y Tenares. Entraría en vigencia el 16 de agosto del mismo año. Por medio de la misma ley, la sección La Jagua fue segregada de la provincia La Vega, y fue elevada a la categoría de distrito municipal de la nueva provincia con el nombre de Villa Tapia. El nombre de la provincia fue cambiado de Salcedo a 0.9% del territorio nacional; solamente el Distrito Nacional tiene menor superficie. Limita al norte y oeste con la provincia Espaillat, al este con la provincia Duarte y al sur con la provincia La Vega.
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dísticas; Apolinar Morales, subdirector administrativo; Ana Suárez, encargada de Presupuesto; Dilenia Cruz, encargada de Control Interno; Marisela Vargas, directora de Ingeniería; Ana Cruz, encargada de Contabilidad; Ángel Pérez Feliz, encargado de Nómina; Rosa Flores, encargada de Desarrollo; Fernando Quiroz, encargado de Prensa; Ramón Reyes, productor del Programa Ministerio Público; Luis Navarro, encargado de Infraestructura, y Julieta Tejada, de Relaciones Públicas, quien hizo de maestra de ceremonia.
Entre los procuradores fiscales presentes, además del de Salcedo, fueron vistos, Francisco Mejía Jiménez de Villa Altagracia, Faustino Apolinario de San Cristóbal, Abraham Ortiz de San Pedro de Macorís y Juan de Dios Rosario Santos de San Francisco de Macorís. Asistieron además, las encargadas de los CCRs que funcionan en las diferentes provincias, entre ellas, Patricia Lagombra del CCR Najayo Mujeres, Erickson Bobadilla del CCR Rafey Hombres, Yenny Hernández de Puerto Plata, así como Marino Antonio Popoter de Mao y Adolfo de Jesús Serrata del CCR de Elías Piña.
Además, estuvieron presentes José Altagracia Bautista del CCR de Monte Plata, Keysi Torres de Dajabón, Frania Navarro del CCR de Haras Nacionales y la licenciada Ibelca Villanueva, supervisora de toda la región norte de los Centros de Corrección y Rehabilitación.
Secretario de Interior y Policía quedó impresionado con avances del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria implementado en el país
Franklin Almeyda y Radhamés Jiménez Peña observan a un interno en plena faena, en un invernadero.
El secretario de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda Rancier, dijo que quedó impresionado con los avances logrados en los centros penitenciarios de Salcedo y San Francisco de Macorís, tras observar los trabajos que se desarrollan en esos recintos dentro del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
El doctor Franklin Almeyda produjo sus declaraciones al participar en una convivencia penitenciaria, donde el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, presentó un novedoso proyecto de producción agrícola e industrial implementado en el centro de reclusión de Salcedo, el cual será extendido a los 36 recintos del país. El secretario de Interior y Policía dijo
que se sumará a los esfuerzos de aplicar el nuevo modelo penitenciario en el país como parte del Plan de Seguridad Democrática. Dijo que enlazarán la labor de Barrio Seguro con los centros penitenciarios, bajo el entendido de que las personas que ingresan allí provienen mayoritariamente de los barrios. El doctor Almeyda dijo que procuran unir esfuerzos para prevenir hechos delictivos en los barrios, y para la rehabilitación de los infractores en los centros penitenciarios.
Al acto asistieron todos los directores de los centros de reclusión del país, bajo la coordinación del director y supervisor de Prisiones, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez y Henry Garrido. También, de Roberto San-
tana, director de la Escuela Nacional Penitenciaria.
Internos penitenciarios de Salcedo trabajan en la producción de más de 300 tareas de plántanos, yuca y berenjena, en una finca donde se aplica alta tecnología. En las instalaciones del centro ya opera un invernadero donde se cosechan productos de ciclos cortos como ajíes y tomates. El recinto de Salcedo alberga 136 internos, de los cuales 125 son hombres y 11 mujeres. Con la puesta en funcionamiento del referido proyecto los internos tendrán la posibilidad de participar en la denominada “terapia ocupacional”, y así regresar a la sociedad con una mentalidad diferente a la que tenían cuando entraron al sistema penitenciario. Ministerio Público
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Martha Reyes Directora recinto Juana Núñez, CCR Salcedo martinareyes12@hotmail.com
Historia, Desarrollo y Realidad de Salcedo en materia de Terapia Ocupacional Penitenciaria
En la provincia Hermanas Mirabal desde los años 90 se está trabajando en un amplio programa de reinserción socio laboral, dentro del cual la Unidad de Salud Mental Comunitaria crea el programa de Apoyo Carcelario, que el 6 de octubre del año 2006 se convierte en el Consejo Provincial para la Reforma Carcelaria y la Reinserción Sociolaboral de la Provincia Hermanas Mirabal. El consejo integra tanto las representaciones locales del sector público como numerosas instancias de la sociedad civil de nuestra provincia. El mismo está encabezado por nuestro gobernador provincial, en el entendido que el problema carcelario no es un problema solamente de las autoridades propias del sector, sino un problema y una responsabilidad de toda nuestra sociedad.. El consejo surge con el objetivo general de mejorar la calidad de vida y favorecer la reinserción sociolaboral de las internas e internos de la cárcel a través de la aplicación de la Reforma del Sistema Penitenciario a nivel local, en el marco de una amplia participación social, dentro del Plan Provincial de Desarrollo. De manera específica, además de un trabajo permanente de monitoreo del proceso de pre-educación, se han implementado diferentes proyectos de carácter productivo con el objetivo fundamental de preparar a los internos e internas para su reinserción social. El trabajo, el pertenecer a un grupo productivo, el generar ingresos mínimos para las necesidades de sus familias y propias promueve un mayor sentido de responsabilidad y, sobre todo, el descubrimiento de una dignidad de hombres y mujeres de bien. Una propuesta, un proyecto, lo que estamos implementando que se fundamenta en un modelo social de carácter incluyente, donde el hecho de haber cometido un delito no debe constituirse en un estigma de por vida, afectando a las familias e impidiendo una inserción social productiva y provechosa para toda la colectividad. Esta propuesta cuenta con un equipo técnico multidisciplinario compuesto por médico, psicólogas/os, psiquiatra, odontóloga, trabajador social, enfermera, educadores, ase-
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Franklin Almeyda, Mabel Féliz, Jaime David Fernández y Radhamés Jiménez observan butacas hechas por los internos. En la imágen de abajo, internos tomando clases.
sora jurídica, encargado de talleres, coordinador deportivo, secretaria y digitador. Es importante señalar que existe la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción, como establece la Ley 224-84 en su artículo 20, que se ocupa de discutir todo lo relativo al proceso de reeducación de los (as) internos/as, la cual se reúne semanalmente. Actualmente contamos con una población de 136 internos e internas, de los cuales 125 pertenecen al sexo masculino y 11 al sexo femenino, de estos, 63 son condenados y 73 preventivos, el 48.5% (66) se encuentran involucrados en alguna actividad productiva por lo cual reciben un justo pago en el marco de las normas establecidas.
Dirección General de
Prisiones Desde dentro y hacia fuera, pensando
y trabajando por la condición humana, la vida y una nueva sociedad Luisa Matos
Encargada de Comunicaciones luisamatos30@hotmail.com Desde su llegada, por segunda oportunidad al cargo de director de Prisiones, el mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez ha sentado sus esfuerzos en hacer consenso con los actores que conforman el sistema penitenciario. Pérez Sánchez retornó a prisiones luego de diez años de ausencia, teniendo como norte el buen funcionamiento, la pulcritud de sus actuaciones y mejores condiciones en los centros de reclusión, a partir de la creación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
Los primeros pasos de Pérez Sánchez fueron poner en orden la casa, y para esto ha sido necesario empezar con una revolución institucional que va desde el más insignificante de los detalles hasta la mayúscula de las situaciones. La primera etapa de la presente gestión de la dirección de Prisiones abarca el contacto directo con el personal de todas las áreas de esa institución.
Junto a su equipo de trabajo, tuvo contacto con todos y cada uno de los encargados de áreas y los empleados. Uno de los primeros encuentros en materializarse fue con el personal del área de salud, seguido por los encargados de seguridad, alcaides y demás personal que forman parte del sistema penitenciario.
El director de Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, cuando era entrevistado al momento de recibir un lote de colchones para internos, por parte de la empresa Peynado Muebles, cuyo administrador, Martín Paniagua Jiménez, figura a su lado.
En todos estos encuentros el incumbete escuchó las necesidades del personal, las carencias en cuanto a medicamentos, armamento, vehículos y material gastable. En estas secciones de trabajo que abarcaron días enteros y que incluyeron cursos talleres, el mayor general Pérez Sánchez aprovechó para trazar los lineamientos que en lo adelante regirán el quehacer del personal que labora para la Dirección General de Prisiones.
Se trazaron las pautas, se puso claro que las viejas prácticas de cobrar por ofrecer servicios a los internos estaban prohibidas en las instituciones penitenciarias, y fue enfático en señalar que no se tolerarían maltratos a los internos, así como el acceso de objetos y sustancias que estuvieran prohibidas por la Ley 224-84. A las necesidades presentadas en estos encuentros se les ha ido dando respuesta en la medida en que se ha Ministerio Público
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comprobado la veracidad de las solicitudes, así como han estado disponibles y al alcance los materiales que han requerido los encargados de las diferentes áreas.
Encuentros con jueces
En lo que respecta a los encuentros que ha venido sosteniendo el director de Prisiones con personalidades e instituciones externas al Ministerio Público, podemos citar entre las más importantes, el realizado con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, y los sostenidos con los jueces de instrucción del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, así como con los de Ejecución de la Pena. Estos encuentros se realizaron los días 11 y 18 del pasado mes de septiembre en el edificio de la SCJ, los palacios de justicia del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo En estas visitas de contacto, Pérez Sánchez procuró poner al tanto a los magistrados sobre el “Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria” que se implementa en el país.
El director de Prisiones explicó los aspectos más relevantes de este modelo, manifestando a los jueces la necesidad de trabajar en conjunto para que fuera una realidad, a nivel nacional, el modelo que la Procuraduría General de la República instaura en las instituciones penitenciarias. De su lado, los jueces aprovecharon la oportunidad para revelar los principales problemas que enfrentan al momento de impartir justicia.
Pérez Sánchez y los magistrados se pusieron de acuerdo en la necesidad de que existiera una comunicación permanente entre ambos, y quedó establecido que en lo adelante esta comunicación se hará a través del servicio de Internet, al igual que a través del doctor Carlos Guerrero, consultor jurídico de Prisiones.
Encuentro con la Iglesia
Los días transcurren entre afanes, entradas y salidas del director general de Prisiones, y en ellas un nuevo encuen-
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Alcaides y encargados de CCR’s quienes asistieron al encuentro con el director de Prisiones.
tro se efectúa. En esta oportunidad con fray Arístides Jiménez Richardson, director ejecutivo del Patronato Penitenciario. En esta reunión el funcionario también presentó su nuevo esquema de trabajo basado en el “Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria”.
El representante de la Iglesia Católica aprovechó la reunión para informar sobre la realización en el país de un encuentro de representantes de diócesis de toda Latinoamérica, que se llevará a cabo en el próximo mes de noviembre.
De inmediato, la Dirección de Prisiones y de la Pastoral Penitenciaria se cruzaron informaciones sobre actividades y planes de trabajo para el futuro.
Encuentro con Legisladores
En la búsqueda de consenso en el aspecto financiero, el director general de Prisiones visitó el bloque de senadores del partido oficialista, a solicitud del senador Prims Pujals. A los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, el general Pérez Sánchez también presentó las expectativas que tiene la Procuraduría General de la República y la Dirección de
Prisiones para humanizar, adecentar y ayudar a establecer un cambio a lo interno del sistema penitenciario, de forma tal, que las cárceles dejen de ser un cementerio de hombres y mujeres vivos, y pasen a ser un verdadero lugar de rehabilitación.
Los senadores participantes en el encuentro estuvieron de acuerdo con las explicaciones del mayor general Pérez Sánchez y manifestaron su respaldo a las iniciativas que se ejecutan, así como a la necesidad de que Prisiones pueda tener un mayor presupuesto para ejecutar dichos planes.
Encuentro con Roberto Salcedo
Con el alcalde del Distrito Nacional el director de Prisiones acordó dejar iniciado un plan piloto de clasificación de los desechos sólidos (reciclaje) de la basura desde las instituciones penitenciarias de La Victoria y Najayo. Según informó Roberto Salcedo, el ayuntamiento tiene en proyecto poner en ejecución el reciclaje de la basura por primera vez en el país, y dijo que empezar por las instituciones penitenciarias como una buena forma de educar a los internos para que éstos a su vez transmitan a sus familiares el novedoso método.
Oficina Representación Legal de Derechos de Víctima logra más de 20 sentencias condenatorias Tiene cientos de casos abiertos en los tribunales del DN y la provincia SD Modificación Código
Haber obtenido más de 20 sentencias condenatorias y tener cientos de casos abiertos en los tribunales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, es la carta de presentación de la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima, un proyecto puesto en marcha en noviembre del pasado año, por la Procuraduría General de la República para uso de las personas de escasos recursos que reclaman justicia. De esta forma, el Ministerio Público ha llevado tranquilidad a personas víctimas de violaciones sexuales, atracos o con algún pariente asesinado, quienes no pueden pagar los servicios de un abogado privado que los represente, afirmó la directora de la oficina, María Hernández.
“Gracias a esta oficina se rompió la tradición existente en el país, establecida en el Código Procesal Penal, de que sólo los imputados de un crimen tenían derecho a la asistencia legal”, dijo Hernández. Definió la Unidad de Atención a la Víctima, integrada en la actualidad por 16 abogados y un trabajador social, como un proyecto innovador que ha llenado un vacío existente en el Código Procesal Penal. “El procurador Radhamés Jiménez ha mostrado preocupación porque haya igualdad durante el proceso y que las víctimas sean tratadas como tal”.
Dijo que las sentencias condenatorias obtenidas contra agresores en casos penales han permitido que las víctimas se sientan representadas durante el proceso, y que sigan confiando en la administración de justicia. “Cuando las víctimas vienen aquí encuentran consuelo, una representación legal que la orienta y anima a se-
A juicio de la magistrada Hernández, varios artículos del Código Procesal deben ser modificados cuanto antes, principalmente el 151, a los fines de extender el término del proceso y la prisión preventiva de un año a dos. Explicó que muchos abogados se dedican a retrasar los procesos para que los expedientes “se caigan”, razón por la que es indispensable que se extiendan los procesos.
María Hernández, directora de la Oficina.
guir el camino de la justicia sin tener que pagar un centavo”, dijo.
Explicó que las personas que con mayor frecuencia acuden en busca de servicios son aquellas a quienes le han asesinado algún familiar, así como víctimas de robos, atracos, violencia intrafamiliar y abuso sexual.
Manifestó que esta situación ha sacado casos de la justicia y que delincuentes salgan beneficiados, dando paso a la impunidad.
“El código establece que el prevenido tiene derecho a tres abogados, mientras que a las víctimas sólo se le permite un defensor. Si un prevenido falta a la audiencia se aplaza el proceso, pero si es la víctima que no asiste la situación es diferente”, dijo la magistrada Hernández.
Servicio gratuito
“Las víctimas, que fueron dejadas un poco de lado en el Código Procesal Penal, merecen de la asistencia profesional y gratuita al igual que los imputados”, sostuvo Hernández.
Las víctimas de violencia, atracos y violaciones sexuales son asistidas de manera gratuita, siempre y cuando no puedan pagar los servicios de un abogado privado.
La unidad cuenta con el número de teléfono 809-686-6677, donde pueden solicitar la asistencia y orientaciones necesarias en horario de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Las víctimas son asistidas en presentación de querella y constitución en parte civil, acusación, medidas de coerción, revisión de medidas, cese de prisión preventiva, investigación de casos, audiencias preliminares, audiencia de fondo y autos de apertura a juicio, entre otros.
Exhortó a los ciudadanos que hayan sido afectados por la delincuencia y necesiten asistencia legal, acudir a sus instalaciones ubicadas en la calle Doctor Báez, número 16-altos, casi esquina César Nicolás Penson, en el sector de Gazcue.
Diariamente acuden a la Oficina Nacional de Representación Legal de la Víctima un promedio de ocho personas en procura de servicios.
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VICTIMAS Y TESTIGOS DOCUMENTO PRESENTADO EN LA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN IBERO AMERICANA DE MINISTERIOS PÚBLICOS (AIAMP)
ORIENTACIONES DE LA AIAMP EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE VICTIMAS Y TESTIGOS La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), reunida en Lima los días 1 y 2 de diciembre de 2005, acordó a través de su Comisión Técnica el diseño de un Plan de Trabajo para el período 2006 a 2010, en el que se definió como tema propuesto para el año 2007 “la protección de víctimas y testigos”. De conformidad con esta decisión se realizó en Madrid del 24 al 25 de octubre de 2007, luego de la XV Asamblea de la Asociación, un seminario denominado “Protección de víctimas y testigos. El papel del Ministerio Fiscal”, organizado por la Asociación, el Ministerio Público de España y la Fiscalía Nacional de Chile, con la co-organización de Eurosocial y la participación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), evento en el que participaron 80 fiscales procedentes de los distintos países iberoamericanos. Habida cuenta de la extraordinaria relevancia del tema objeto del seminario, se acordó que el estudio y tratamiento del papel del Ministerio Público respecto a la protección de estos dos intervinientes en el proceso penal, no se agotaría con el desarrollo del seminario sino que, conforme al Plan de Trabajo Bianual presentado por el Presidente en la Asamblea, fuera este tema el primer objeto de tratamiento en las comisiones de trabajo previstas en el
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Ministerio Público
Art. 21 de los estatutos aprobados en la Asamblea de Madrid. Las comisiones se constituyeron separadamente;
la primera para abordar la protección de las víctimas, y la segunda para afrontar la protección de los testigos.
Cada una de ellas se integró por ocho miembros propuestos por los fiscales generales, procedentes de distintos países, procurando así la mayor pluralidad posible y con la participación de ONUDD en la comisión que realizó el estudio respecto a los testigos.
El resultado de las comisiones que finalizaron su trabajo en una reunión celebrada del 16 al 18 de junio de 2008 en Santiago de Chile, se presenta en dos formatos y capítulos diferentes pero con un mismo objetivo, cual es la adopción por la Asociación de un compromiso interno y público respecto a las orientaciones que deben perfilar la actuación tuitiva de los fiscales iberoamericanos respecto a ambos sujetos o actores del proceso, indudablemente merecedores de nuestra protección.
Partiendo que los objetivos de la protección de víctimas y testigos no son exactamente coincidentes y que en relación a la protección de testigos se han elaborado ya completísimos documentos por parte de la ONUDD, las orientaciones diseñadas en uno y otro documento presentan características diferentes. Con todo, los dos documentos tienen por finalidad orientar las decisiones de los ministerios públicos iberoamericanos en relación con su organización interna y su actividad para alcanzar una meta que se resume en el fortalecimiento de los derechos de víctimas y testigos. La idea es que dentro de nuestras posibilidades de actuación como fiscales, contribuyamos a que los derechos universalmente reconocidos a víctimas y testigos sean reales y efectivos. Por ello, el contenido de estos dos documentos presentan recomendaciones muy concretas dirigidas esencialmente a los fiscales generales, para que promuevan dentro de las instituciones que dirigen las condiciones para que la protección merecida por las víctimas y los testigos pueda ser prestada en la forma indicada. La AIAMP es consciente de que la promoción de una efectiva mejora en el tratamiento de las víctimas y los testigos no se agota con el tratamiento que puedan proporcionar las Fisca-
reparación a las víctimas se ha convertido en todos los ordenamientos en una cuestión de interés general, no privativa o exclusiva de las víctimas, sino que concierne a toda la sociedad. No se olvida que las desiguales opciones legislativas obligan a soluciones bien diferenciadas, sin obviar el hecho de que en todos los Estados subyace una realidad común: la víctima de un delito que se encuentra con un sistema de administración de justicia ante el que expone un interés subjetivo reconocido, no una mera expectativa. lías, sino que se trata de una responsabilidad transversal que involucra a otras instituciones. En este sentido, el compromiso de la Asociación será difundir estas orientaciones, que además recogen los principios plasmados en las Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas vulnerables. Con el apoyo de Eurosocial, una vez que estos documentos hayan sido aprobados, su contenido será editado y remitido a las principales redes que trabajan en la administración de justicia en el ámbito iberoamericano, con el fin de que puedan ser asumidas en lo que les atañe, y completadas con las obligaciones que concretamente les puedan corresponder a los colectivos implicados en el tratamiento de estos sujetos.
CAPITULO PRIMERO
Tratamiento de las víctimas Consideraciones previas Este trabajo supone cooperar en un objetivo común a través de un lenguaje compartido, aún cuando se parta de realidades bien diversas y de opciones legislativas y organizativas distintas, fundadas en la soberanía de los diferentes Estados para conformar sus sistemas jurídicos y sus organizaciones de servicio al ciudadano. Esto no obstante, una comunidad de cultura nos lleva a explotar una diversidad de experiencias para mejorar las distintas soluciones que se plantean nuestros ministerios públicos de cara a brindar adecuada protección a las víctimas del delito. La protección y la
Se declara la intención de que las políticas de cooperación hacia los más desfavorecidos incidan en el hecho de facilitarles el acceso a unos estándares mínimos bajo un criterio de bienes escasos, mayor rentabilidad y mayor economía en el apoyo que pueda darse. Se recuerda asimismo, la importancia y vigencia de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985, la cual contiene principios básicos sobre el concepto de víctimas, su acceso a la justicia y a un trato justo, su resarcimiento e indemnización y su asistencia.
1. Delimitación del concepto de víctima
Los sistemas jurídicos y las estructuras en las que actúa el Ministerio Público no pueden conformarse con asumir un concepto restringido de víctima que se limite a contemplar como tal al sujeto pasivo de una conducta delictiva. La realidad del delito genera la existencia de víctimas directas e indirectas, pasando a serlo cualquier afectado por su comisión. En definitiva, víctima es cualquier persona que ha sufrido menoscabo en sus derechos como consecuencia de un delito.
Ello tiene varias consecuencias:
1. La existencia de varias clases de víctimas supone distintos tipos de riesgo y necesidad de protección, lo que deMinisterio Público
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servicios de asistencia sanitaria y no sanitaria, organizaciones no gubernamentales, etc.) y la propia de los miembros del Ministerio Público, a fin de que todos estos dispensen un tratamiento homogéneo a las víctimas en cualquier lugar del territorio.
G) Establecer un mecanismo de información y estadística que registre la actuación del Ministerio Público en este sentido, a fin de conocer la intervención que se esté llevando a cabo, su evolución y ciertos indicadores que permitan evaluar la incidencia y calidad de esa intervención. H) Según el papel que el Ministerio Público tiene en la investigación, dentro de los distintos sistemas procesales se plantea la necesidad de que los equipos de atención a las víctimas sean multidisciplinares, con una implantación acorde a las necesidades y posibilidades económicas de cada sistema.
termina que tengan un papel distinto tanto en la fase de investigación como durante la tramitación del proceso, con expectativas diferenciadas ante el Ministerio Público, que debe adaptar su intervención y su relación con ellas a esas diferencias.
El Ministerio Público aborda su relación con las víctimas bajo un principio de discriminación positiva, fundada en el grado de vulnerabilidad; esa vulnerabilidad viene esencialmente determinada por el tipo de delito, la relación de la víctima con el agresor, la disponibilidad para acceder a medios de ayuda y asistencia, y el perfil psicológico, anímico, económico y social de la víctima. Con esos parámetros, el Ministerio Público adecuará la forma e intensidad de su intervención. 2.- Los ministerios públicos, según su propio marco legislativo sustantivo y procesal, así como en el ámbito de las funciones que institucionalmente se les encomiendan, deben promover la creación de mecanismos de atención a las víctimas que permitan, como
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mínimo, responder a los siguientes requisitos:
A) Tener un diagnóstico sobre el grado de asistencia y protección que la víctima necesita. B) Sentar unas bases de comunicación con ella para recibir y trasladarle los mensajes que se refieren en apartados posteriores.
C) En el marco de las atribuciones funcionales que legalmente correspondan al Ministerio Público, hacer más eficaz la intervención de la víctima en el proceso, la del propio fiscal y la posibilidad de reparar los efectos del delito.
D) Establecer mecanismos de comunicación con los diferentes interlocutores que en cada estructura nacional se implican en la atención a las víctimas, a fin de conocer su actividad y colaborar en que ésta sea más eficaz.
E) Fijar sencillos protocolos de actuación que informen la intervención de otros interlocutores (policías,
I) La estructura de atención debe cuidar el hecho de no perturbar ni la objetividad ni la imparcialidad de la institución a través de la alteración de la puridad del testimonio de la víctima dentro del procedimiento. En tal sentido, sería recomendable que los servicios de atención a las víctimas se encuentren a cargo de oficinas o dependencias estatales no directamente vinculadas al Ministerio Público, o –en aquellos ordenamientos en que sí están integrados en la Fiscalía- no mantengan relación de jerarquía o dependencia respecto al fiscal actuante en el proceso.
2. Sistemas de información a las víctimas: el derecho a la información como principio y su articulación efectiva. El Ministerio Público debe velar porque la víctima sea informada de manera inteligible acerca de los siguientes extremos: 1.- Su condición de víctima.
2.- Sus derechos como víctima, así como la manera en que puede hacerlos efectivos.
3.- El papel que el Ministerio Público juega como institución y dentro del proceso para que esos derechos sean
efectivos. El papel que puedan jugar a tales fines otras instituciones u organizaciones.
4.- Las vías que tiene para formular denuncia o las consecuencias de no formalizarla, así como el papel que podrá desempeñar en los distintos procesos judiciales.
5.- El marco de seguridad y de asistencia de que puede disponer, en función de sus necesidades concretas. Cada sistema otorga una posición distinta al Ministerio Público para definir el momento en que se produce el primer contacto con la víctima. Por regla general, ese primer encuentro está llamado a producirse en cualquiera de las siguientes ubicaciones: • • • • • •
Centros policiales. Centros sanitarios. Centros donde se desarrolla la administración de justicia. Organizaciones no gubernamentales Centros educativos En cualesquiera instituciones públicas o privadas que conocen o pueden conocer hechos de esta naturaleza.
Sea cual sea la realidad de cada Estado, el Ministerio Público debe velar porque el conocimiento y la información sean efectivos, para lo cual, en su caso, impulsará la elaboración de protocolos de actuación con los diferentes interlocutores, según proceda. Cada Estado debe disponer, de esta forma, adaptada a su sistema jurídico y a sus posibilidades materiales, de una auténtica red de información y asistencia. La información que se facilite en los establecimientos referidos se amoldará esencialmente a los parámetros antes citados. En el caso de que las personas ubicadas en dichos centros tengan obligación de poner en conocimiento de las autoridades la noticia del hecho presuntamente delictivo, así se lo harán saber a la víctima.
Sin dejar a un lado las necesidades procesales que el Ministerio Público puede tener en su relación con la víctima como objeto del procedimiento, la naturaleza de la información que se
le facilite primeramente a ésta debe hacer el mayor hincapié en el hecho de que se considere primordialmente sujeto de derechos, teniendo especialmente presente que el Ministerio Público, en su calidad de representante de los intereses generales, es también, en el proceso penal, representante de la sociedad como víctima genérica de todo hecho delictivo. 3. Seguridad de las víctimas: protocolos de actuación e instrumentos de seguridad
Salvo en casos excepcionales en que el sistema adscribe al Ministerio Público medios personales y materiales en tal sentido, no le corresponde la dispensa directa de un entorno de seguridad a la víctima. El Ministerio Público puede llegar a detectar las condiciones del entorno de la víctima y hacer que otras instituciones del Estado le dispensen esa seguridad, lo que será prioritario en su actuación. En cualquier caso, el Ministerio Público debe estar dotado de legitimación procesal o autoridad para instar de los órganos de la administración de justicia o de la Policía la puesta en
marcha de mecanismos de seguridad.
Procesalmente, se considera útil la articulación de medidas cautelares o de seguridad durante el transcurso del proceso o después que éste finalice con la declaración del hecho delictivo y la responsabilidad de su autor.
Adaptadas a la realidad de cada Estado y sus posibilidades de hacerlas efectivas, se proponen medidas que prohíban la comunicación del imputado y su entorno con la víctima, restrinjan la presencia de entornos hostiles en un círculo de seguridad u obliguen a conocer la localización de las personas peligrosas. La tecnología puede ofrecer hoy posibilidades de coste limitado para el control efectivo de estas medidas, lo que podría ser, en su caso, objeto de programas de apoyo institucional a brindar por entidades ad hoc. En cualquier caso, la Policía debe tener puntual conocimiento de la existencia de la medida para su control o para propiciar una respuesta rápida y eficaz ante su eventual quebrantamiento.
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de justicia y para que no se produzca un proceso de revictimización que entorpezca la recuperación.
El estatuto de la víctima durante el proceso se concreta en los siguientes postulados: a) Tiene derecho a ser oída y a participar en la fase de investigación, proporcionando pruebas e informando de las consecuencias del delito en términos respetuosos con su dignidad e intimidad. Para adaptarse a las realidades de cada caso, los Estados deben crear redes de ayuda fundadas en organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, con las cuales los ministerios públicos pueden llegar a suscribir los correspondientes protocolos de colaboración que guíen su actuación.
El Ministerio Público está obligado a llevar a cabo su actuación de forma que no comprometa innecesariamente la seguridad de la víctima, para lo cual valorará el alto contenido que tienen su intimidad e identidad. Quienes se hallan encargados de gestionar y ejecutar las políticas de comunicación del Ministerio Público serán expresamente instruidos sobre la necesidad de equilibrar adecuadamente ambos valores. En cualquier caso, en este tipo de actuaciones debe entenderse que la intimidad y la seguridad de la víctima están encomendadas al Ministerio Público, que debe velar por su preservación. 4. Formación de operadores en materia de protección de víctimas: ámbitos en los que debe incidir la labor de formación y especialización de la misma. El Ministerio Público tiene como obligación la formación de cuanto personal trabaja en sus sedes y oficinas para que conozcan los siguientes extremos: • •
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Sistema legal de protección de víctimas.
Red asistencial y de seguridad ajena a la propia institución. Ministerio Público
•
Habilidades de trato mínimas con las víctimas.
Desde la premisa de que el Ministerio Público está obligado a informar y a tratar con la víctima evitando ser un motivo más de victimización, se describirá un código de mínimos que será adecuadamente difundido entre sus miembros, revisándose su cumplimiento efectivo. Fuera de este ámbito, la formación de otros protagonistas implicados no es competencia propia del Ministerio Público, no obstante, debe darse una adecuada concertación y cooperación con ellos para formar y mejorar sus servicios, fundamentalmente a través de la instrucción de formadores y la colaboración en la redacción de los textos a divulgar. 5. Rol de la víctima durante el proceso: estatuto de la víctima y pautas de actuación.
A los efectos que aquí se contemplan, se entiende por proceso el conjunto de actuaciones que se desarrollan desde que llega la noticia del hecho que define a la víctima como tal, hasta que se terminan de ejecutar las consecuencias jurídicas del eventual delito. Se comprenden, por tanto, las fases de investigación, enjuiciamiento y ejecución. La víctima tiene derecho a vivir el ciclo del proceso en un clima sin presión para que pueda ejercitar los derechos que surgen de la nueva situación, responder adecuadamente a sus obligaciones para la mejor administración
Debe extremarse el cuidado para que la víctima no coincida con el agresor cuando ambos se encuentren en cualesquiera dependencia a la espera de la práctica de cualquier actuación.
La investigación no debe alterar la seguridad de la víctima y a lo largo de la misma debe valorarse la posible práctica de actuaciones de prueba anticipada para que, con garantía para todas las partes, se evite que el proceso, en su desarrollo, se convierta en causa de victimización secundaria o suponga un factor de presión sobre la víctima que le pueda llevar a abandonar el libre ejercicio de sus derechos. La víctima tiene derecho a ser informada del curso de la investigación en términos que no entorpezcan la eficacia y fin de la misma. Con independencia del sistema vigente en cada Estado, no debe descartarse la posibilidad de que la víctima tenga vías para aportar nuevos medios de conocimiento.
b) Con independencia del sistema vigente en cada Estado, la víctima tiene derecho a conocer el curso de las actuaciones, accediendo a las informaciones y resoluciones procesales y, en general, a todo aquello que pueda referirse a la protección de su seguridad e intereses. c) La víctima tiene derecho a entender el contenido del proceso según sus condiciones personales de lengua y cultura, para lo cual en cada caso se utilizará con ella una comunicación ajustada a tales parámetros, renunciando a conceptos jurídicos innecesarios. El Ministerio Público asume el uso de
un lenguaje alternativo para su comunicación con las víctimas discapacitadas, para lo cual concertará con las organizaciones públicas o privadas que están involucradas en la integración de estos colectivos la capacitación y recíproca asistencia.
d) La víctima tiene derecho a intervenir en el proceso en la forma que cada legislación determine, sin que ello suponga un coste que no pueda asumir o que ese coste impida esa intervención, suponiendo por tanto un factor de impunidad.
Dentro del respeto a las garantías procesales de todas las partes, se iniciará el estudio sobre el uso de aquellas tecnologías asumibles por cada Estado y que faciliten la disponibilidad de la intervención de la víctima al menor coste y con la menor onerosidad.
Allí donde pueda ser necesario, se fijará como objetivo posible de las políticas de cooperación, la creación de redes que coadyuven en ello. e) La intervención de la víctima en el proceso no puede suponer un riesgo para su seguridad personal ni para su familia. La publicidad del proceso debe convivir con la reserva y confidencialidad necesarias a tales fines, con un control interno de los medios de investigación y del propio proceso para evitar fugas de datos. f) La existencia de sistemas procesales diversos hace que en este momento no se puedan predicar, de una manera uniforme, principios comunes para abordar la intervención de la víctima en el momento mismo del juicio. Allí donde tal intervención se dé, ésta, acatando las garantías procesales de todas las partes, se llevará a cabo de forma respetuosa con la víctima para evitar consecuencias victimizantes o que tal momento provoque que la misma pueda incluso abdicar de sus derechos para evitar la presión del momento. g) También cabe predicar un rol de obligaciones para la víctima. La víctima tiene la opción de denunciar los hechos desde un marco de libertad de elección. Una vez que el proceso tiene inicio y en un entorno de garantías
y un clima favorable, la víctima está obligada a ser veraz y a colaborar con el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de sus responsables.
6. Compensación de las víctimas: elementos a compensar, mecanismos de compensación y sistemas jurídicos.
Conviven en el área sistemas procesales diversos y marcos bien distintos en cuanto a las funciones que se les encomiendan a los ministerios públicos en esta materia.
El delito puede acarrear lesiones y secuelas físicas y psíquicas, daños materiales, gastos, pérdida de ingresos y daños morales que, fundamentalmente, afectan la intimidad personal o se traducen en procesos de ansiedad o de reducción del disfrute vital. Desde un concepto amplio de víctima, tales aspectos pueden afectar tanto a la víctima como a su entorno, no necesariamente unido a ella por lazos familiares. Sin embargo, hay una cierta disparidad sobre la forma y momento para el ejercicio de las acciones civil y penal, y en ocasiones, ni siquiera es competencia del Ministerio Público velar porque la reintegración se lleve a cabo en esos términos.
Con respecto a esa diversidad jurídica, sí cabe predicar que el Ministerio Público, con carácter general, puede asumir tareas concretas en determinados ámbitos: • •
La información a la víctima sobre las vías de reparación.
Propiciar acuerdos de reparación y de mediación, utilizando para potenciarlos las vías que prevé cada legislación, como, por ejemplo, suspensión de procedimientos, rebajas en la petición de pena o suspensión de condenas.
Sin que ello signifique posicionarse decisivamente por la mediación como modo de resolver el conflicto penal, se entiende que –en el caso de la protección de la víctima- puede resultar una vía que contemple adecuadamente sus aspiraciones de resarcimiento.
La existencia del delito y de unos ciu-
dadanos perjudicados por el mismo debe ser vista, cada vez más, como un déficit en el estado de protección social, que a todos debe dispensarse; sin embargo, no cabe quedarse en valorar todo hecho delictivo como un defectuoso servicio del Estado en su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos, sino que debe hacerse hincapié en la progresiva creación de mecanismos de solidaridad social para ir instaurando sistemas en que la contribución de todos ayude a desarrollar mecanismos de caja de compensación para brindar cierto grado de reparación a determinadas víctimas. Cada país, atendiendo a sus posibilidades presupuestarias y a su concreta sensibilidad, establece sus propias prioridades por las que el Estado desempeña una iniciativa propia en la compensación de la víctima. Se trata de medidas administrativas, en principio desligadas del proceso penal aunque con referencia en el mismo. El Ministerio Público debe tener puntual conocimiento de estas medidas, integrarlas, en su caso, en la información que debe facilitar a las víctimas y, finalmente, desempeñar un papel activo en los mecanismos por los que, aún en vía administrativa, se conceden estas indemnizaciones.
7. Especial referencia a las víctimas de los delitos de trata de personas
La trata de personas afecta tanto a mujeres como a hombres, tanto a mayores como a niños y adolescentes. La finalidad es la explotación de la persona. Supone la cosificación de la persona y la abolición de su libertad. La explotación se concreta fundamentalmente en la obtención de un beneficio a partir de su utilización sexual como mano de obra, e incluso su cuerpo como mercancía. El ámbito del área conoce cada vez más la problemática derivada del denominado “turismo sexual”. Se observan ciertas deficiencias legislativas, productoras de vacíos, en la definición delictiva de conductas referidas al tráfico ilegal de mano de obra y al empleo de menores a tal fin. Ministerio Público
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Debe deslindarse adecuadamente, con respeto a los principios de especialidad y proporcionalidad, el ilícito administrativo del ilícito penal. La víctima de estos delitos se caracteriza muchas veces por su resistencia al contacto con las instituciones, siendo remisa a confiarles tanto el hecho como su persecución, así como a implicarse en un proceso de recuperación personal dirigido institucionalmente. En muchas ocasiones, la víctima es extraída de su entorno, con serias dificultades de recolocación, ya que a ello se suma, en no pocas ocasiones, la existencia de situaciones de ilegalidad sobre su presencia en el país. La opción de retorno de las víctimas se ve, finalmente, obstaculizada tanto por motivos de seguridad en el mismo como por su mera ejecución material. El Ministerio Público debe asumir la presencia de estas víctimas en el proceso, valorando tanto su escasa predisposición a la colaboración como la fugacidad de su disponibilidad, por lo que debe articular oportunos mecanismos de prueba preconstituida con plenas garantías para todas las partes a fin de que la persecución penal de la conducta sea eficaz, la víctima no sea sometida a procesos de revictimización, y la propia dilación y reiteración de actuaciones suponga tanto un riesgo para su seguridad como un riesgo de ineficacia para el propio proceso. Es decisiva tanto la colaboración externa que se puede obtener de toda una estructura de organizaciones no gubernamentales como la institucional, de entidades como la Organización Internacional de Migraciones.
8.- Especial referencia a las víctimas de violencia familiar o doméstica
El Ministerio Público tiene que valorar, especialmente, los siguientes factores en la consideración de esta víctima: 1. El hecho de que se parta de una relación entre el agresor y la víctima es un factor que decisivamente tiñe todo el procedimiento y cuantas actuaciones y valoraciones se hagan. La
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PROTECCION DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS SEGUN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL El Estatuto de la Corte Penal Internacional contiene una serie de provisiones sobre los derechos y los intereses de las víctimas. El preámbulo del estatuto enmarca este tema al resaltar que “durante este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades inimaginables que golpean fuertemente la conciencia de la humanidad”. La CPI empezó con una fuerte base teórica, y también con el antecedente de la experiencia práctica del trabajo de los tribunales ad hoc, para construir mecanismos apropiados de protección a víctimas y testigos y proveerlos de asistencia durante las, a veces, difíciles presentaciones que deberán realizar ante la CPI. Se han incluido en el estatuto de Roma medidas para la protección de víctimas y testigos, el derecho a la participación de víctimas en los procesos y a las reparaciones, medidas que actualmente están siendo implementadas por los diferentes órganos de la CPI. Por primera vez en la historia de las jurisdicciones penales internacionales, los derechos de las víctimas se ven expresados en el contexto de la responsabilidad penal individual. En muchos aspectos, el hecho de que exista actualmente un pequeño desacuerdo sobre estos temas particulares demuestra cuan lejos ha llegado el debate. Finalmente los Estados que cooperarán con la Corte deberán afirmar los derechos de las víctimas en sus ordenamientos internos.
víctima se sitúa en una especial relación de vulnerabilidad, pueden existir lazos emocionales muy fuertes con su agresor y, en no pocas ocasiones, una natural resistencia a hacer públicos los hechos acaecidos. A la hora de asumir los mecanismos de protección, se desenvuelven muchas veces de forma contradictoria respecto al estereotipado esquema que define las relaciones entre el agresor y la víctima.
2. Con prudencia ante cualesquiera excesos e instrumentalizaciones, el Ministerio Público, como los demás operadores, debe asumir una especial sensibilización tanto por el hecho de la extensión del problema, entroncado negativamente en la cultura de nuestras sociedades, como por el hecho de que en este tipo de delitos se
vuelve dificultoso medir el real riesgo para la seguridad de la víctima, el cual resulta imprevisible e incontrolable. Ello hace que el nivel de actuación del Ministerio Público y del aparato de justicia se torne inseguro.
Como medidas concretas se propone:
1. La sensibilización de todos los interlocutores a través del diseño de protocolos de actuación, fundamentalmente dirigidos a policía y asistentes sanitarios y no sanitarios. 2. El trabajo coordinado con las redes sociales ocupadas de la cuestión. 3. Adaptado a cada país y asumien-
do las dificultades ya apuntadas, la definición de indicadores que permitan a los fiscales y a los profesionales que con ellos trabajan, detectar y valorar el riesgo, así como su eventual extensión a otros miembros del entorno.
4. Evitar cualquier demora en el trámite desde que el hecho acontece hasta que se comienzan a ejecutar las competencias del Ministerio Público, ya que en pocos delitos como en éste esa demora destruye las posibilidades de actuación, de investigación procesal y aumentan sin control los riesgos sobre la víctima.
5. La audiencia de la víctima cobra especial importancia tanto para que tenga inequívoca constancia de la trascendencia y consecuencias del proceso como para que valore la idoneidad de la batería de medidas cautelares de protección que se le puedan dispensar. 6. Es importante mantener un control estadístico vinculado a la identidad de las personas que protagonizan estos hechos. Se trata de episodios en los que la reiteración supone un elemento esencial para valorar tanto la trascendencia de las conductas como la situación de riesgo. Es ésta un área en la que pueden materializarse políticas de colaboración para dotar de estructuras estables a los Estados más desfavorecidos.
9) Especial referencia a los niños y adolescentes como víctimas
Los niños y adolescentes son víctimas definidas por la más alta vulnerabilidad, la cual viene dada tanto por su propia condición como por el hecho de que en muchas ocasiones es su propio entorno el que acoge la producción del delito. Tales circunstancias llevan precisamente a una alta cifra de impunidad. El eventual entorno en el que se gesta esta delincuencia ejerce un férreo control sobre la víctima, impedida para percibir la realidad del delito,
colaborar en su denuncia o descubrimiento, y moverse con cierta libertad durante el proceso de investigación y represión. Además, en muchas ocasiones, las medidas de tratamiento y reparación suponen la separación de un entorno que, a pesar del delito, ha venido siendo el natural del sujeto, por lo que la reparación supondría una desubicación y la construcción de un entorno de acogida completamente nuevo. En materia de víctimas menores de edad, deben tenerse muy especialmente en cuenta las directrices contenidas en el documento “Justicia para los Niños Víctimas y Testigos de Delitos”, adoptadas por la Oficina para los Derechos del Niño (Canadá, 2003). La participación del menor en el proceso se caracteriza por varios factores:
1. La desacreditación de la víctima como tal, ya que es un mundo de adultos el que enjuicia el hecho con riesgo de caer en el fácil recurso de justificar los hechos por la inventiva o la pretendida instrumentalización de la víctima. Este proceso acaba produciendo una revictimización y, en cierta medida, una destrucción o deterioro del sujeto. 2. La propia instrumentalización del menor víctima por personas de su entorno, lo que, finalmente, lleva a una auténtica desacreditación de la víctima.
3. Toda la participación del menor debe abordarse desde una premisa de máximas cautelas, con salvaguarda de su identidad, imagen e intimidad. El
ineludible testimonio del menor y su necesaria contradicción para hacerlo servir como prueba debe ejecutarse evitando cualquier riesgo de victimización secundaria, para lo cual deberían darse las siguientes cautelas: - Acompañamiento del menor por persona vinculada familiarmente idónea para ello o, en su caso, profesional cualificado. - Explicación clara y en términos idóneos a su circunstancia, sobre la necesidad de la actuación.
- Dirección del interrogatorio por profesional especialmente entrenado en el tratamiento con menores. - Evitación de cualquier visualización o enfrentamiento material con cualesquiera otras personas implicadas en el procedimiento, especialmente el imputado. - Adecuación de las circunstancias de lugar y tiempo de la diligencia para evitar cualquier entorno hostil.
- Utilización del menor bajo un principio de excepcionalidad, procurando que sea un mínimo de veces (con tendencia hacia la vez única) aquél en que el menor sea interlocutor de cualesquiera actuaciones de investigación o procesales. Los procedimientos en los que estén implicados menores deben estar afectados por términos de celeridad para que el menor no tenga que soportar la pendencia y la tensión que ello supone, pudiendo iniciarse cuanto antes las actuaciones de reintegración personal y psicológica. 4. El hecho de que el menor se vea involucrado como víctima en una Ministerio Público
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conducta delictiva puede suponer la necesidad de poner en marcha otras instituciones jurídicas a través de procesos judiciales, debe procurarse que ello se lleve a cabo con la mayor concentración posible, evitando radicalmente que pueda tener cualquier percepción de un peregrinaje jurisdiccional o una idea de pendencia, con la consiguiente inseguridad y angustia. Merece un especial tratamiento el caso del menor víctima de la delincuencia que ejecutan otros menores. Para el menor supone un sentimiento de angustia añadido el que otros pares le hayan hecho objeto de una actuación delictiva, estando muchas veces abocado a mantener un cierto nivel de contacto o relación con ellos o a moverse en entornos coincidentes con los de los autores de la conducta.
Por otra parte, el procedimiento que aborda el tratamiento del menor delincuente tiende a hacer especial hincapié en el hecho de que este menor no es tanto un delincuente como un sujeto necesitado de protección a través de la reforma, pudiendo quedar en un segundo plano el abordaje de la víctima, a quien el sistema no parece contemplar como objeto prioritario. Además, el abanico de medidas que se contemplan suele ocuparse más de la actuación sobre el delincuente que sobre la víctima. Las decisiones del Ministerio Público no pueden perder de vista que la víctima menor también es en estos procesos un titular de derechos situado en el mismo nivel que el menor delincuente.
En aquellos casos en que la baja edad del menor delincuente haga que escape del sistema de reforma y quede exclusivamente encomendado al sistema de protección, el Ministerio Público, habitualmente legitimado en los sistemas de protección de menores, debe tener en cada sistema un papel que le permita velar en la misma medida por la actuación y tratamiento adecuados sobre agresor y víctima. Hay un tipo de menor que merece especial atención en este área territorial, el que se podría llamar “menor sicario”. Se trata de un menor instru-
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mentalizado por mayores para hacerle brazo ejecutor de comportamientos criminales, llegando a una auténtica cosificación de la persona. El Ministerio Público debe estar especialmente atento a la valoración de estos comportamientos para que, sin perjuicio de dilucidar la eventual actuación del derecho sancionador de menores y adolescentes que traiga causa de conductas penalmente relevantes, se valore como prioritaria la necesidad de desprogramar y rehabilitar al menor. Esto tiene su consecuencia en varios aspectos: - Abordar el proceso con el apoyo de profesionales especialistas.
- Aplicar parámetros de celeridad que alivien cuanto antes los niveles de angustia. - Separar drásticamente al menor de su entorno delincuencial de adultos para iniciar cuanto antes el proceso de descontaminación. - Evitar que esa contaminación pueda darse mediante la aparición en su proceso de los adultos que intenten instrumentarle para su particular beneficio y, dentro de lo posible, que el menor pueda ser igualmente utilizado en la investigación o en el proceso que se sigue contra esos sujetos.
10. Especial referencia a las víctimas extranjeras
La víctima extranjera está afectada, en principio, por un plus de vulnerabilidad por varios factores:
- Al hallarse fuera de su entorno, tiene un déficit de información sobre los pasos a dar, además de que el mero hecho
de su desubicación aumenta el factor angustia ante el encuentro con lo ocasional y excepcional que es el delito.
- Cuando su presencia en el país va unida a un factor de temporalidad o coyunturalidad, se complica su disponibilidad en relación con el proceso, lo que puede hacer crítica sus posibilidades de ser fuente de información en la fase de investigación, intervenir eficazmente en el proceso como medio de prueba y ejercitar los derechos que como víctima le puedan corresponder. - Cuando a las circunstancias anteriores se une cualquier aspecto de ilegalidad administrativa en relación con la presencia del extranjero en el país, aumenta el riesgo de impunidad por un expreso deseo de la víctima de no relacionarse con el aparato oficial del Estado.
Ante tales premisas, los Ministerios Públicos deben llevar a cabo actuaciones en el siguiente sentido: 1. La información debe ser especialmente eficaz para salvar las barreras idiomáticas y de falta de comprensión de un ámbito social y de cultura diferentes.
2. La red de información debe adecuarse a las circunstancias de movimiento y presencia de los extranjeros, haciendo que la misma esté disponible en ellos. A título de ejemplo, se hace referencia a los lugares de entrada y salida, estaciones de transporte, centros de acogida o internamiento, etc. 3. Los países del entorno, bajo un
principio de solidaridad, protección del nacional y reciprocidad, deberían establecer unas reglas mínimas de asistencia a víctimas y vías de colaboración entre Ministerios Públicos o a través de las estructuras que en cada uno estén especializadas en atención a víctimas. 4. La intervención de la víctima en el proceso debe estar caracterizada por los siguientes factores: - Celeridad en la evacuación de trámites.
- Plasmación de actuaciones bajo criterios que procesalmente puedan hacerlas valer como prueba anticipada.
- Agilización de mecanismos de cooperación internacional con el uso de tecnologías que, bajo las debidas garantías, permitan incluso la actuación remota de la víctima. - Habilitación de oficinas en países extranjeros que puedan actuar como corresponsalía, utilizando cualesquiera redes disponibles, ello a fin de que se facilite la recogida de manifestaciones de cualquier naturaleza en el Estado de residencia del nacional.
- Procedimientos acelerados para la recuperación y transferencia de propiedades que sean consideradas como vestigios relacionados con el delito. 5. La legislación que regula la presencia y los derechos de los extranjeros en cada Estado debe contemplar adecuadamente la pendencia de procesos criminales en los que el extranjero pueda aparecer como víctima, adoptando medidas que establezcan el adecuado equilibrio entre la posibilidad de retardar la salida del sujeto del territorio nacional, y la evitación de situaciones de fraude que tiendan a prolongar indebidamente esa estancia sobre la base de un acontecimiento de esta naturaleza.
11.- Especial referencia a las víctimas indígenas La presencia de ciudadanos de esta condición en una parte importante de los Estados representados, hace necesario valorar su situación como eventuales víctimas en situación de
vulnerabilidad. Bajo un principio de reconocimiento de la igualdad y del hecho diferencial, el tratamiento que debe dispensarse a estos ciudadanos como víctimas debe responder a unos patrones mínimos:
1. La existencia de un Estado soberano que ejerce el imperio de la ley con universalidad e igualdad para el conjunto de la ciudadanía no se entorpece, sino que se realiza más eficazmente a través del respeto a los usos y costumbres de este sector de la ciudadanía.
2. Es aconsejable, si no imprescindible, la existencia de consultores técnicos que evalúen en cada caso el mejor encaje de la realidad acaecida con los parámetros culturales de la etnia, tanto para valorar la trascendencia del hecho como las expectativas de los sujetos implicados en el mismo.
3. El lenguaje no puede ser nunca un obstáculo, por lo que no sólo se ofrecerá una traducción que permita la comunicación entre los interlocutores, sino que ésta será capaz de colocar a la víctima en idónea capacidad de comprender el ámbito jurídico especializado ante el que se encuentre. 4. Sin menoscabo de los principios fundamentales ni de los derechos de todas las partes, la aplicación de medidas de protección, composición y cualesquiera otras que, al amparo de la condición de víctima deban articularse en el proceso, se acomodarán en lo posible a los criterios de cultura, valorando cómo las estructuras sociales de estas comunidades pueden llegar a acoger las herramientas de la legislación del Estado o aplicando incluso el derecho indígena cuando la legislación del Estado da pie para ello,
5. En los procesos mixtos, donde se entremezclan sujetos indígenas con no indígenas, debe cuidarse especialmente que no se dé ningún trato discriminatorio en beneficio de ninguna de las partes.
12.- Víctimas de terrorismo, de escenarios bélicos, de violencia social y asimilados.
Aun cuando el concepto al que se hace referencia no es uniforme, se
lleva a cabo un tratamiento conjunto en atención a los elementos comunes que, en cuanto a tratamiento de víctimas, cabe apreciar.
Las premisas de las que se parte son las siguientes: 1. La cuestión no afecta a todos los Estados reunidos, sin perjuicio de que las experiencias previas de los demás pueden aportar criterios de experiencia para el tratamiento común o particular.
2. Este tipo de acontecimientos no se desarrolla en un marco exclusivamente jurídico, sino que, así que se producen, su dimensión política e histórica hace que todos los poderes del Estado se posicionen para abordar hechos concretos. Fruto de ello es que el papel del Ministerio Público puede ser redefinido coyunturalmente. 3. No obstante lo anterior, sí es dable pensar que cualquiera de esos eventos puede reconducirse en alguna medida al menoscabo de bienes jurídicos penalmente protegibles, ejecutado a través de acciones perfectamente asimiladas a tipos penales. Abstrayéndose de otras valoraciones, el concepto víctima se mantiene aproximadamente en los mismos términos que en la delincuencia general. Cabe responder con los siguientes criterios:
1. El estado de vulnerabilidad de la víctima suele ser alto por mor de la potencia y peligrosidad con que suelen actuar los autores de las conductas criminales y la existencia de tramas organizadas en las que la impunidad pasa por la abolición directa de la posible reacción de la víctima. Ello hace que el elemento seguridad cobre en estos casos una importancia inusitada, lo que ha de tener consecuencias procesales durante la fase de investigación y de enjuiciamiento.
2. Los criterios de solución del conflicto, cualesquiera que sean las posiciones de los Estados, no debe pasar por una transacción con los derechos de las víctimas como sujetos pasivos de un delito y dueñas de unas expectativas, que exclusivamente les corresponden a ellas. Ministerio Público
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menor del interés público, sino que permitan a la víctima moverse con plena libertad y garantía en la defensa de sus intereses e intenciones primordiales, libre de cualquier estado de coacción y libre el sistema de que la propia víctima lo pueda instrumentalizar de manera abyecta, haciendo objeto de mercadería el derecho penal y su aplicación. - La víctima debe ser informada con absoluta claridad de las consecuencias que puede tener tanto para ella como para las demás partes el asumir una solución de esta naturaleza, sobre todo en cuanto a la posible abdicación de ciertos derechos, la cesación de expectativas o la imposibilidad de acudir a ciertas vías procesales.
CAPITULO SEGUNDO Tratamiento de los testigos Justificación Consideraciones previas
3. En estos supuestos está especialmente justificado que los Estados asuman un papel propio que se superponga al de los eventuales autores de los hechos para, con criterios de igualdad y objetividad, asumir las eventuales reparaciones a que sean acreedoras las víctimas en la medida presupuestariamente posible, sin perjuicio de su derecho de repetición. Es ésta un área en la que se considera prioritario el posible apoyo de entidades internacionales de cooperación en aquellos marcos de insuficiencia de medios por parte del Estado.
13.- Medidas alternativas al proceso
Es premisa el valorar que los sistemas procesales son diversos en cuanto a la utilización de estas medidas como alternativas al seguimiento de un proceso penal de investigación y eventual castigo de la conducta, con pleno agotamiento del proceso en todas sus fases. La existencia de medidas alternativas sólo tiene razón de ser si se baraja la posible aplicación de criterios de oportunidad y de disponibilidad de la acción, y se valora que las
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Ministerio Público
conductas delictivas son susceptibles de categorizarse diferenciando distintas posibilidades de actuar en este sentido.
También es premisa asumir, como no podría ser de otra manera, la soberanía de cada Estado para admitir o no esta posibilidad y fijar sus límites. Ante la eventualidad de la decisión, no cabe perder de vista que la contemplación de la víctima y sus intereses es un factor esencial a tener en cuenta a la hora de adoptar sistemas de mediación, conciliación o similares.
Como reglas mínimas que se establezcan al regular un sistema de esta naturaleza y en lo que al tratamiento de las víctimas se refiere, se proponen las siguientes:
- El fin primordial es la mayor, mejor y más rápida reintegración de la víctima en la situación anterior al momento de sufrir el delito.
- Los delitos sobre los que se pueda aplicar este proceso deben contemplar, no sólo la afectación mayor o
Todos los países de Iberoamérica han ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional;
La protección de los testigos constituye una herramienta fundamental para la efectiva persecución penal del delito, prevista en el artículo 25 de dicho instrumento internacional;
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su calidad de custodia de la Convención y sus Protocolos, promovió la creación de una Ley Modelo sobre Protección de Testigos, versión para América Latina, en cuya elaboración participaron representantes de varios Ministerios Públicos de la región y que fuera presentada oficialmente en la XV Asamblea General de la AIAMP celebrada en Madrid, España, en octubre de 2007. Siendo la Ley Modelo un instrumento orientador que fija los estándares mínimos en materia de protección de testigos, conforme al Plan Bianual de la AIAMP que fuera aprobado en la XV Asamblea General de Madrid, un grupo de expertos internacionales representantes de los Ministerios Públicos de Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua y Uruguay, y de la ONUDD, se reunieron en
Santiago de Chile entre los días 16 y 18 de junio de 2008 con el objetivo de elaborar un documento que contenga reglas prácticas para la aplicación de los contenidos de esta ley. La metodología utilizada se fundó en el intercambio de experiencias de los Ministerios Públicos representados en esta comisión, quienes identificaron los siguientes ámbitos de desarrollo de la protección de testigos: 1. 2. 3. 4.
Ámbito legislativo Ámbito político – institucional Ámbito técnico – operativo Ámbito de cooperación interinstitucional 5. Ámbito de cooperación internacional 6. Ámbito de recursos humanos 7. Ámbito financiero
Fundamento en lo anterior, esta comisión de expertos internacionales somete a consideración de los/las representantes de Ministerios Públicos miembros de la AIAMP el siguiente conjunto de reglas: 1. Ámbito legislativo.-
En el ámbito legislativo, los/las representantes de los Ministerios Públicos miembros de la AIAMP deberán: •
Adoptar las medidas tendientes a promover la incorporación al sistema legal de una Ley de Protección de Testigos, que contenga como estándares mínimos los establecidos en la “Ley Modelo sobre Protección de Testigos”, versión para América Latina;
•
•
Procurar que la dirección y administración del “Programa de Protección de Testigos”, previstas en la ley, sea de competencia de los Ministerios Públicos; Dar seguimiento durante las etapas de formación del texto legal hasta su promulgación, el que una vez aprobado, deberá ser debidamente reglamentado.
3. Ámbito técnico – operativo En el ámbito técnico-operativo, los/las representantes de los Ministerios Públicos miembros de la AIAMP deberán: En el campo de la seguridad: •
2. Ámbito político – institucional
En el ámbito político-institucional, los/las representantes de los Ministerios Públicos miembros de la AIAMP deberán: •
•
•
•
Garantizar, en ausencia de norma legal de carácter nacional, las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de los testigos en situación de riesgo. Para estos efectos, dictará las normas pertinentes para la implementación de un “Programa de Protección de Testigos”; Elaborar, administrar y ejecutar el programa y las medidas de “Protección de Testigos” en su calidad de autoridad competente; Fomentar acuerdos inter-institucionales con entidades públicas o de otra naturaleza si así lo requiere para el cumplimiento de los objetivos del programa; y,
Privilegiar la utilización de pruebas distintas a la testimonial, cuando su finalidad sea la de ratificar hechos cuya fuerza probatoria pueda sustituir la del testimonio.
•
Solicitar ante otros organismos la implementación de medidas preventivas con el objetivo de minimizar el riesgo de los testigos mientras se evalúa la admisión del candidato al programa. Estas medidas podrán consistir en rondas policiales, vigilancia y monitoreo u otras que se consideren pertinentes; y, Adoptar por conducto del programa de protección, medidas excepcionales consistentes en protección inmediata y protección condicionada.
Protección inmediata es aquella que se despliega antes de la evaluación de riesgo con el fin de proteger la vida e integridad del candidato a proteger. Protección condicionada es aquella en que el candidato a proteger condiciona su colaboración con la justicia siempre y cuando el programa le brinde protección. • • • • • • • •
Adoptar medidas ordinarias una vez que el candidato haya sido admitido al programa. Estas medidas podrán consistir en: Alejamiento de la zona de riesgo Incorporación en un lugar destinado por el programa y alejado de la zona de riesgo Seguridad en desplazamientos Caracterización Cambio de identidad Medidas protectivas especiales en las audiencias Reubicación integral nacional y/o en el exterior
En el campo de la asistencia:
Adoptar aquellas medidas complementarias a la protección necesarias para la atención de sus necesidades básicas. Estas medidas podrán consistir en: • Atención en salud • Asistencia legal • Alimentación • Vivienda Ministerio Público
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• • • •
Vestuario Educación Recreación Reactivación social
4. Ámbito de cooperación interinstitucional En el ámbito de la cooperación interinstitucional, los/las representantes de los Ministerios Públicos miembros de la AIAMP deberán: •
•
Promover la cooperación y coordinación con entidades públicas o de otra naturaleza, con el objetivo de asegurar la implementación de las medidas asistenciales que requieran los testigos protegidos a través de convenios u otros instrumentos; y, Asegurar que en la medida de lo posible, sea el propio programa quien ponga en práctica las medidas de seguridad u otras señaladas anteriormente, a fin de mantener bajo estricta reserva la identidad y la ubicación de los testigos y su participación procesal.
5. Ámbito de cooperación internacional.
En el ámbito de la cooperación internacional, los/las representantes de los Ministerios Públicos miembros de la AIAMP deberán: •
•
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Implementar legal y operativamente, haciendo uso de los mecanismos de asistencia judicial recíproca y otros previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en especial aquellos relacionados con la reubicación internacional de los testigos y la prestación de testimonio de testigos nacionales en país extranjero y testigos extranjeros en territorio nacional; Designar, si aún no lo han realizado, la autoridad central para la implementación de la convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, con el mandato específico de absolver todos aquellos requerimientos Ministerio Público
•
•
•
•
provenientes de países miembros solicitando la reubicación internacional de testigos y/o la realización de diligencias procesales que involucran la rendición de testimonio; Promover la organización y participar en actividades de carácter bilateral, regional e internacional encaminadas a fomentar el intercambio de mejores prácticas entre programas de protección de testigos;
Adoptar y utilizar los instrumentos legales modelo, guías y manuales preparados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en materia de protección de testigos, en su calidad de custodia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; Poner en marcha solicitudes conjuntas y diseño de estrategias regionales de búsqueda de recursos internacionales para el financiamiento de programas de cooperación técnica en materia de protección de testigos; y,
Trabajar en la armonización de sus procedimientos legales y operativos de protección de testigos.
•
•
•
•
•
•
6. Ámbito de recursos humanos •
En el ámbito de los recursos humanos, los representantes de los Ministerios Públicos miembros de la AIAMP deberán:
•
Adoptar criterios para la conformación del equipo humano encargado de la administración y operación del programa de protección de testigos;
Adoptar criterios para la selección, reclutamiento, promoción, evaluación, pago y separación de funcionarios encargados de la protección de los testigos;
Procurar que el equipo humano encargado de la protección y asistencia de testigos sea de carácter multidisciplinario, conformado preferentemente por las siguientes disciplinas: derecho, investigación, seguridad y custodia, asistencia social, salud, administración de proyectos, relaciones inter-institucionales, recursos humanos y financieros; Procurar en la medida de lo posible que el personal encargado de la protección de testigos refleje un equilibrio en cuanto al género y origen étnico; Incorporar preferentemente al programa al personal encargado de la seguridad física y custodia de los testigos protegidos;
Garantizar que la selección de funcionarios de protección de testigos se realice bajo estrictos procedimientos de control de confianza para su ingreso, permanencia y retiro, a fin de asegurar la confidencialidad del programa; Elaborar protocolos de evalua-
•
•
•
ción y promoción de personal encargados de la protección de testigos, así como el establecimiento de responsabilidades administrativa, civil y penal de aquellos funcionarios que por violación del principio de confidencialidad u otros deban ser separados del servicio de protección;
Asegurar en la medida de lo posible la estabilidad laboral, salarios competitivos y paquetes de incentivos de los funcionarios del programa, atendiendo al puesto en cuestión y al nivel y volumen de información de que dispongan; Fomentar y permitir la participación de funcionarios en actividades de capacitación y entrenamiento regulares, incluidas aquellas actividades que fomenten el intercambio de mejores prácticas profesionales con otros servicios de protección regionales o mundiales; y, Fijar reglas claras que permitan asegurar la confidencialidad de la información.
7. Ámbito financiero
En el ámbito financiero, los/las representantes de los Ministerios Públicos miembros de la AIAMP deberán: •
•
•
Solicitar se destinen en el presupuesto nacional los recursos específicos y adecuados al programa de protección que le permitan a éste lograr la autonomía necesaria y no estar sujeto a controles financieros que puedan limitar su independencia;
Procurar que el sistema de financiamiento sea lo suficientemente solvente para cumplir con sus funciones de protección de los testigos, tanto en la implementación como seguimiento de las medidas necesarias, así como en la contratación y capacitación de personal calificado. Velar porque se respete la facul-
•
•
tad de la autoridad competente para determinar dentro del presupuesto los gastos propios y establecer sus prioridades financieras;
Asegurar que los datos suministrados respecto de los gastos operativos reflejen tan sólo información de carácter general y no la relacionada con la identidad y/o ubicación del testigo; y,
Promover un régimen de contratación especial de bienes y servicios exentos de los procedimientos ordinarios de adquisición para la ágil ejecución del programa.
CAPITULO III ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO
1. La Secretaría General Permanente de la IAMP creará en la página web una sección que contendrá una serie de textos facilitados por los grupos de trabajo, así como este documento.
2. A través de la Secretaría General Permanente, los Ministerios Públicos se comprometen a incorporar al sitio web los documentos que puedan existir en sus legislaciones o instrucciones internas de instituciones relacionadas con la protección de víctimas y testigos. La secretaría se compromete a indexar los documentos a partir de un tesauro mínimo que facilite la búsqueda. 3. Cada uno de los países miembros se compromete a designar un punto de contacto cuyo nombre, cargo y forma de localización (obligatoriamente un correo electrónico, al menos), quien quedará reflejado en la página, con compromiso de actualización a través del administrador.
4. Con carácter previo a la próxima reunión de la AIAMP, se coordinará una encuesta por cada uno de los temas sobre víctimas y testigos, que permita valorar el estado de evolución y cumplimiento de las orientaciones propuestas en el documento. Las encuestas serán elaboradas por comisiones de trabajo, que con el apoyo de Eurosocial estarán forma-
das por tres personas por cada uno de las comisiones, preferentemente designadas de entre las que formaron parte de las comisiones de redacción y será remitida para su cumplimentación por instituciones o asociaciones de solvencia e independencia en cada país. El resultado de los cuestionarios será analizado y valorado por la comisión, la cual realizará un informe por cada uno de los sistemas nacionales evaluados que será comunicado simultáneamente a la Presidencia y Secretaría General de la AIAMP, y a la Autoridad del Ministerio Público en cada país. Se declara un principio general de publicidad, pero será la voluntad de la autoridad de cada Ministerio Público lo que determine la publicación o no de la misma de los resultados del cuestionario que le afecte directamente. Sin perjuicio de mayores desarrollos, la elaboración de la encuesta hará especial hincapié en los siguientes aspectos: •
• •
• •
Plasmaciones normativas de cualquier rango y eficacia, e implantación real de las mismas en todo o parte del territorio, siendo este último aspecto el esencial. Eventual detección de problemas impeditivos u obstaculizantes de una implantación real.
Exposición sobre algunos casos de recorrido vital de ciertos tipos de víctimas, testigos con referencia a casos concretos. Recomendaciones.
Eventuales propuestas de apoyo a través de mecanismos de solidaridad o fortalecimiento internacional.
5. Las comisiones de trabajo encargadas de este ejercicio de seguimiento y evaluación deben rendir cuenta en la próxima reunión de la AIAMP del estado de desarrollo de la cuestión. El resultado material de las encuestas será puesto a disposición de todas las autoridades nacionales, sin que eso presuponga que sea objeto de debate. Ministerio Público
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La Cultura del cAmbio en el personal penitenciario
Lisa Quirion, encargada de la Sección de Prisiones de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití
Por esta razón, hablaré solamente un poco sobre rehabilitación.
Pero en República Dominicana, ustedes conocen la importancia; ya es una lección aprendida por ustedes.
Esto sería como decimos en Canadá, predicar a los convertidos, es decir, llover sobre mojado.
Honorable, doctor Radhamés Jiménez Peña, magistrado procurador general de la República y ministro de justicia. Quisiera empezar disculpando mi español. Si pronuncio mal alguna palabra, por favor, búsquenla en su corazón y discúlpenme. Colegas y Amigos:
Soy Lisa Quirion, encargada de la Sección de Prisiones de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, MINUSTAH. Si me permiten, prefiero continuar hablando en inglés ahora con ayuda de un traductor.
Introducción:
La Escuela Nacional Penitenciaria me solicitó hablar sobre la importancia de la rehabilitación en las prisiones.
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A lo largo del camino, ellos me pidieron que hablara sobre otras muchas cosas.
Roberto me había pedido hablar un poco de mi experiencia. Lo haré así, pero dentro del contexto de lo que deseo hablarles. No porque yo quiero hablar de mí misma, sino porque quiero compartir con ustedes lecciones que he aprendido a lo largo del camino, que otros me han enseñado.
Sobre la importancia de la cultura del aprendizaje:
Por causa de la situación financiera de mi familia no pude ingresar a la universidad al concluir el bachillerato.
Hice un diplomado técnico de dos años sobre un programa de trabajo penitenciario en un colegio.
Empecé a trabajar inmediatamente después, a los 20 años; de ese modo, luego pude ingresar a los cursos de la universidad. Para los próximos 13 años, continúe trabajando, y en el 2003 recibí mi maestría en Criminología Aplicada.
Realicé un curso, y a veces dos cursos a la misma vez, mientras trabajaba. ¿Por qué les digo esto?
Porque para crecer, para ser mejor, uno tiene que abrazar la cultura del aprendizaje.
Hay un dicho: “Ser mejor no es ser mejor que cualquier otro, es ser mejor de lo que solíamos ser”. Cuando dejamos de aprender, empezamos a sentirnos confortables con nuestro estatus quo, cesamos de crecer. Y eso es malo para cualquier organización.
En las Naciones Unidas hay un portafolio entero dedicado a las mejores practicantes. Así que todos pueden aprender de los que otros han hecho.
Pero para que esto exista, todos debemos seguir aprendiendo; y enseñando; y aprendiendo.
Roberto Santana ha expuesto esta cultura. Eso muestra su propósito de seguir aprendiendo y ayudando a otros a aprender.
Sobre una cultura de cambio:
La segunda cosa que quiero que sepan sobre mí es el paso de la carrera que he tomado. Empecé a trabajar a la edad de 20 años, con infractores juveniles.
Dos años después ingresé al sistema penitenciario de Canadá como funcionaria de centros de corrección.
Durante los siguientes 16 años, me moví de Oficial de Proyecto Juvenil a Oficial de Proyecto, a manager de Proyecto, a directora (en las Áreas de Entrenamiento y de Seguridad). A una misión de Naciones Unidas en Burundi como funcionaria penitenciaria; a prisiones como manager y, finalmente, de regreso a las Naciones Unidas como jefa de la Unidad Penitenciaria en Haití. Mi madre se mantenía preguntándome durante todos estos años ¿Por qué yo no podía permanecer en un trabajo?
Lisa Quirion mientras ofrecía su testimonio a personal penitenciario y magistrados de la Procuraduría.
Pienso que ahora ella entiende por qué lo hago.
Es porque el cambio es bueno para usted. El cambio es bueno para la sociedad. Ustedes deben estar abiertos al cambio. Esta es una vieja hisctoria hina, una sobre el gran árbol de cedro y el joven árbol de bambú:
El gran árbol viejo pensó, que porque había estado ahí por siempre y porque era más grande y fuerte, nada podía tocarle. Un día, un gran viento lo rompió por la mitad mientras que el pequeño bambú se agitaba meramente en el viento.
No estoy diciendo con esto que no deberíamos resistir los cambios que versan sobre la miseria humana y la violación de los derechos humanos. Estoy hablando de cambios positivos. Cambios que giran sobre la mejoría de una situación.
un esfuerzo hacia lo mejor.
A nivel personal, es importante que las personas cambien, que prueben nuevos trabajos, que acrecenten su conocimiento y habilidades. Veo que la Republica Dominicana expone una cultura de cambio en lo relativo a sus prisiones.
Ustedes pueden ser emulados por sus esfuerzos para el cambio, para mejorar y para convertirse en una inspiración para esos que se esfuerzan para ser como ustedes.
Sobre la importancia de la rehabilitación en el sistema penitenciario, la meta de la rehabilitación es la seguridad. A la primera vista, esto puede parecer incongruente.
Les contaré otra historia. Pienso que todos amamos las buenas historias. Yo creo que esta es una buena:
Incluso los cambios positivos son difíciles. Cambiar nunca es fácil.
Impartí clases a aspirantes a oficiales de policía en Canadá acerca del sistema judicial – policía, tribunales y prisiones. Cuando llegamos a prisiones, esto causó una gran crisis.
Sobre un nivel institucional, es importante que la organización cambie para
Ellos decían: “Traigan de vuelta la pena de muerte’’, “Enciérrenlos y boten las llaves”.
Un matrimonio, un nuevo bebé, un nuevo maravilloso trabajo, son muchas cosas muy buenas, pero a veces difíciles para adaptarse.
Esos adolescentes no tenían una vida plena pero tenían opiniones muy fuertes.
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La mesa principal encabezada por el magistrado Jiménez Peña; Roberto Santana, de la ENAP, Lisa Quirion, Ibelca Villanueva y otras personalidades.
Ellos estaban específicamente en contra de las instituciones de mínima seguridad y contra la libertad condicionada. Así que les dije:
Ustedes tienen dos internos, la misma sentencia, los mismos antecedentes, iguales en todo. El primero lo encierran en su celda por 23 horas al día.
Él come la comida mala, no ve otras personas, sale por una hora de su celda solo.
Los estudiantes gritaron: “sí, así es como debe estar”. Así que dije “OK”
El segundo interno empieza en una prisión de máxima seguridad. Por su comportamiento, consiguió que le transfirieran a una de mediana seguridad.
Allí aprendió a leer y escribir. Asistía a programas de tratamiento. Luego consiguió la transferencia a una institución de mínima seguridad, donde aprendió un oficio comercial.
Continúo su educación y recibió excusas temporales para ir a la iglesia, hacer comida, comprar para vivir; y
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entró a alcohólicos anónimos.
Luego recibió la condicional y vivía en una prisión semi abierta.
Todos los días salía a trabajar, el mismo comercio que aprendió y retornaba en las noches a su prisión. Luego, recibió su libertad completa.
Los estudiantes dijeron: “Eso fue muy fácil para él, no pagó por su crimen”. Así que dije “OK”
Por casualidad, los dos adquieren su libertad el mismo día.
Apunté al estudiante que más hablaba: Hay un apartamento al cruzar el salón para ustedes que está vacante, los dos prisioneros libertados solicitan en alquiler el apartamento. Ahora díganme a quién de los dos prefieren como su nuevo vecino. Rejas, esposas, paredes, pueden todas romperse. Ellos no están en un método de seguridad suficiente de evidencia. Lo mejor es la inversión en personas, en la sociedad.
Que por el desarrollo en el deseo de los internos para el cambio y dándoles las herramientas para hacer estos cambios se está protegiendo la sociedad.
No estoy diciendo que respecto a los derechos humanos no es una buena razón para hacer cambios. Solo estoy diciendo que el público tiene que entender que es el mejor interés de la sociedad que apadrinamos tal actitud hacia los prisiones.
Por eso es que es importante el aprendizaje continuado y el cambio. No podemos esperar que los infractores lo hagan si usted no puede hacerlo por sí mismo. Estoy muy feliz de ver el maravilloso progreso que la República Dominicana ha hecho en el área de rehabilitación de prisioneros.
En tres años que llevan, ustedes están en un buen camino para el milagro.
MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidad para la Estabilización en Haití) Henry me pidió que les hablara sobre MINUSTAH en vista de que muchos de ustedes pueden desconocer lo que hacemos en Haití.
MINUSTAH es una misión de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Haití, que procura dar soporte al gobierno en la reforma de sus infraestructuras. Damos soporte. No dictamos ni con-
trolamos. Damos asistencia a varios actores, a la policía, al sistema judicial, a gobiernos y prisiones locales, entre muchos otros.
Vamos a hablar de prisiones, porque para eso estamos aquí.
Yo tengo una unidad de 22 puestos. Estoy yo, mi sub-oficial, dos asistentes administrativos, dos voluntarios de las Naciones Unidas (uno asignado a la salud y otro a presupuesto). Ellos asisten a la Unidad en las áreas. Tengo 16 oficiales penitenciarios, entre estos, uno asignado a entrenamiento y uno asignado al manejo de caso. El resto se extienden por cuatro regiones y 17 prisiones, incluyendo 2 en la Penitenciaría Nacional; la alberga la mitad de los internos en Haití. Ellos trabajan los siete días de la semana y están constantemente en la prisión para ayudar y dar soporte a la gerencia y al personal (staff).
Mi adjunto o segundo en mi mando y yo, proveemos asistencia para la administración y nos involucramos en una diversidad de casos.
Tenemos una multitud de excelentísimos compañeros internos. De igual modo, militares, policías de las Naciones Unidas, unidad de protección de menores, unidad de género, derechos humanos, asuntos civiles y judiciales, entre otros, quienes nos ayudan en nuestro trabajo. Yo amo mi trabajo.
que me agradaba y que trabajaríamos bien juntos.
Espero que ese sentimiento sea recíproco. Como saben, a veces, en el mantenimiento de la paz, uno necesita ponerse al frente de su contraparte nacional, para empujarlo hacia delante. A veces estás atrás y necesitas que te empujen. Con Celestin, es menos esfuerzo, él camina junto a mí, al lado mío.
Yo he aprendido mucho más, sino más de él que lo que él ha aprendido de mí. Él es sabio y compasivo. Su propósito es verdadero.
Yo le felicito por su trabajo y le deseo vigor para el futuro.
Conclusión
Me gustaría terminar dándoles las gracias a diversas personas quienes han sido canales en la cooperación entre Haití y R.D.
Señor ministro de justicia, doctor Radhamés Jiménez Peña, felicitaciones por el tremendo progreso en la reforma del área penal en estos tres años. Gracias por su aporte y excepcional hospitalidad y entusiasmo. Su asistencia en el área para esta colaboración es
apreciada tremendamente.
Su excelencia, Ian Worthington, embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Gracias por colocar a todos estos jugadores correctos juntos, y crear esta esperanza para Haití para la reforma del área penal. Roberto Santana, gracias por todo. Por su deseo de ayudar a los haitianos, por su deseo de mantener mejorando su sistema.
Quiero agradecer a mis superiores en Haití, por el aporte a los haitianos en su trabajo por reformar el sistema de prisión. Al representante especial del secretario general en Haití, señor Hedy Anabi, y su principal vice representante, mi jefe, señor Luis Carlos Dacosta.
Ellos tienen tiempo y tiempo demostrando su soporte en el área de reforma penal y sin su incondicional apoyo, no podríamos lograr todo lo que hacemos. De último, pero no menos importante, Henry y su equipo (Adriana, Nathaniel) y todos los otros que hicieron posible este confortable, placentero y simple maravilloso viaje. Muchas gracias por su atención, siempre con una sonrisa. Gracias.
Sobre la Dirección de la Administración Penitenciaria No podría hacer mi trabajo sino fuese por el trabajo sólido de mi compañero.
Estamos allí para asistir, así que si la asistencia se rehúsa, no podemos hacer nuestro trabajo. Estoy bendecida y agradecida de tener un compañero quien desea cambiar las cosas y mejorar las condiciones de las prisiones en Haití. Estoy hablando sobre el director de la administración penitenciaria en Haití, Señor Jean Roland Celestin. Supe, desde el principio que lo conocí,
Vista parcial del público que asistió a la conferencia.
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Personas con Privilegio de Jurisdicción ante el pleno de la suprema corte de justicia IDELFONSO REYES,
Procurador General Adjunto de la República, Encargado de la Jurisdicción Privilegiada ireyes@procuraduria.gov.do
La Jurisdicción Privilegiada: es la facultad que tiene el Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de conocer las causas penales o disciplinarias, con la finalidad de juzgar penal o disciplinariamente, en única instancia, a determinados altos funcionarios de la nación o a profesionales de diferentes áreas.
Cuando el privilegio se refiere a causas penales Nuestra Constitución en su Art.67 establece: “Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley en su numeral 1, conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Senadores, Diputados, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la República, Jueces y Procuradores Generales de las Cortes de Apelación, Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, Jueces del Tribunal Superior de Tierras, a los miembros del Cuerpo Diplomático, de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y los Jueces del Tribunal Contencioso-Tributario”. Este artículo establece la competencia de nuestro máximo Tribunal de Justicia, para el conocimiento y decisión cuando uno de los encartados goza de este privilegio, ya que lo establecido en leyes adje-
En los casos donde el honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha emitido una decisión definitiva, hemos obtenido ganancia de causa en más de un 95%, y ese porcentaje se ha logrado gracias al apoyo recibido de los Procuradores Generales de la República, como al esfuerzo continuo y dedicado de realizar una labor apegada a la ética y al derecho, tanto nacional como internacional, toda vez que en las causas penales o disciplinarias nos encontramos en una audiencia con la presencia de nuestro máximo tribunal de justicia, que con la sapiencia, prudencia y el tiempo, han sido merecedores del reconocimiento del pueblo dominicano, Iberoamérica y además.
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tivas es subsidiario y aplicable siempre que no sea contrario con los preceptos de nuestra Carta Sustantiva. En ese mismo orden, cuando la Suprema Corte de Justicia fue dividida en cámaras, mediante la Ley No. 156/97 que modificó la Ley Orgánica de la SCJ No. 25-91, para mantener la supremacía de la Constitución siempre que uno de los encartados goce de este privilegio, la Ley 156-97, en su Art. 8, establece: “La Segunda Cámara será competente para conocer y fallar los recursos de apelación en materia penal, atribuidos a la Suprema Corte de Justicia, siempre que no sean de los que conoce esta última como jurisdicción privilegiada”. En tal sentido los artículos 377 al 380 del Código Procesal Penal serán aplicables, siempre que se le dé cumplimiento al artículo 1ro. de dicho código, y que no sean contradictorios con la Ley 156-97, que es la que le otorga la competen-
Con referencia a los jueces, nuestra Constitución en su Art. 67 establece: “Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley en su numeral 5, ejercer la más alta autoridad disciplinaria sobre todos los miembros del Poder Judicial, pudiendo imponer hasta la suspensión o destitución, en la forma que determine la ley”. En este caso se aplican las leyes No. 821 del 21 de noviembre de 1927 (Organización Judicial y sus modificaciones) y la No. 327-98 (Carrera Judicial). Aunque en el Art.155 de la Resolución No.9422004 se establece la presencia del Ministerio Público, entiendo que esta resolución viola la separación de poderes, por ser designado en un asunto que no es de su competencia.
cia a la honorable Cámara Penal de la SCJ, por consiguiente al Art. 67 de la Constitución. Existe una vasta jurisprudencia referente al tema, pero con la vigencia del Código Procesal Penal existe una corriente más legalista que constitucionalista, y no toman el ejemplo de los países con el derecho anglosajón o con el derecho europeo, donde la primacía constitucional no es motivo de interpretación sino de aplicación. Así ha sido expresado en varias jurisprudencias del honorable pleno de nuestra SCJ, apegadas a la constitucionalización del proceso penal.
Cuando el privilegio se refiere a causas disciplinarias Con referencia a los jueces, nuestra Constitución en su Art. 67 establece: “Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley, en su numeral 5, ejercer la más alta autoridad disciplinaria sobre todos los miembros del Poder Judicial, pudiendo imponer hasta la suspensión o destitución en la forma que determine la ley”. En este caso se aplican las leyes No. 821 del 21 de noviembre de 1927 (Organización Judicial y sus modificaciones) y la No. 327-98 (Carrera Judicial). Aunque en el Art.155 de la Resolución No.942-2004 se establece la presencia del Ministerio Público, entiendo que esta resolución viola la separación de poderes, por ser designado en un asunto que no es de su competencia. Pero cuando se refiere a los demás profesionales, con excepción del Ministerio Público que en materia disciplinaria se rige por la Ley 78-03, la Ley No. 111 del 3 de noviembre de 1942 modificada por la Ley 3958 del 1954 sobre exequátur de profesionales, en su Art. 8 establece: “La Suprema Corte de Justicia, como Tribunal Disciplinario, en caso de mala
conducta notoria en el ejercicio de la profesión de un profesional a quien se le hubiere otorgado exequátur, en virtud de ésta o cualquier otra ley, podrá privarlo del mismo hasta por un año, y en caso de reincidencia hasta por cinco años”. Los sometimientos serán hechos por el Procurador General de la República, para los abogados o notarios. En ese mismo tenor la Ley No. 301, del Notariado Dominicano, en su Art. 8 establece: “Los Notarios serán juzgados disciplinariamente por la Suprema Corte de Justicia constituida en Cámara Disciplinaria, pudiendo aplicar como penas, multas que no excedan de RD$500.00 y suspensión temporal que no pase de dos años, o la destitución según la gravedad del caso. En materia disciplinaria, no tenemos un procedimiento para la misma, ya que se ha utilizado el “Procedimiento Sui Generis”, siendo nuestra jurisprudencia la que se ha encargado de suplirlo, y gracias a este Honorable Pleno, sus decisiones se corresponden a los estándares de América y Europa. Como hemos visto en los párrafos anteriores, tanto la ley sustantiva como las leyes adjetivas, les otorgan al Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia, el conocimiento y decisión en única instancia, tanto de las causas penales como disciplinarias, seguidas a personas con el referido privilegio. Me permito señalar, que en los últimos tres años he tenido el privilegio de representar a la Procuraduría General de la República por ante el honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia, tanto en los casos penales como en los disciplinarios, en los cuales han sido juzgados o se encuentran en la fase de instrucción del proceso, a senadores, diputados, secretarios de Estado, sub-secretarios de Estado, jueces, abogados y notarios, y en todos los casos he actuado con el criterio de que nuestra Carta Sustantiva es el estamento jurídico supremo, y que tanto los tratados como las leyes adjetivas serán aplicables en la medida en que no contravengan nuestra Constitución. En los casos donde el honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha emitido una decisión definitiva, hemos obtenido ganancia de causa en más de un 95%, y ese porcentaje se ha logrado gracias al apoyo recibido de los Procuradores Generales de la República, como al esfuerzo continuo y dedicado de realizar una labor apegada a la ética y al derecho, tanto nacional como internacional, toda vez que en las causas penales o disciplinarias nos encontramos en una audiencia con la presencia de nuestro máximo tribunal de justicia, que con la sapiencia, prudencia y el tiempo, han sido merecedores del reconocimiento del pueblo dominicano, Iberoamérica y además. Las partes son representadas por abogados que gozan de prestigio y admirados en toda la geografía nacional, y muchos de ellos de renombre internacional. El 19 de septiembre del presente año, fue introducida por el excelentísimo señor Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, la reforma a nuestra Ley Sustantiva; esperamos que en la misma sea fortalecida la figura del Ministerio Público, y que al Poder Judicial se le otorgue el poder que le consagra la Constitución, con la finalidad de dejarle a las futuras generaciones un sistema de justicia fuerte y más comprometido con los ideales de nuestros patricios. Ministerio Público
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Nuevo Modelo de Gestión de Servicios Públicos Gladys Sánchez Secretaria General gsanchez@procuraduría.gov.do
La Procuraduría General de la República se ha convertido en la primera institución del país que pone en marcha un Modelo de Gestión de Servicios Públicos, donde se ofrece a la ciudadanía los servicios de legalización de firmas, certificaciones generales de documentos, certificaciones de exequátur, incorporación de ONG, antecedentes judiciales, impedimentos de salida y control de alquileres y desahucios.
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Además, se ofrece información veraz y eficiente en el menor tiempo posible.
Pro- Reforma realizó una inversión de 906 mil euros, estos divididos en dos partidas, una parte fue utilizada en la compra de equipos y software, y otra utilizada en las remodelaciones físicas que incluyen Santo Domingo y Santiago.
El Nuevo Modelo de Gestión de Servicios Públicos se desarrolló con el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo (Pro- Reforma), el cual inició su ejecución a través del Secretariado Técnico de la Presidencia, entidades que aportaron al equipo técnico de la Procuraduría General de la República, las herramientas necesarias para la ejecución del referido programa. El modelo, que fue puesto en práctica en esta entidad representante del Ministerio Público, fue concebido para promover y apoyar la reforma y modernización del gobierno central, orientado siempre hacia un Estado inteligente, eficiente, moderno, transparente, solidario y previsor, siempre presto para servir al ciudadano. Para poner en funcionamiento este programa de parte del equipo de Pro-Reforma, se instaló un piloto en la Procuraduría General de la República; es por ello que dentro del proceso de desarrollo del nuevo modelo de gestión se realizaron diferentes actividades, entre las que se encuentran: •
Evaluación y selección de personal para integrar la Unidad de Atención al Ciudadano.
Además, se aseguró el compromiso de continuidad de la mejora del servicio, a través de la Resolución No. 008 del 26 de febrero de 2007, emitida por el Procuador General de la República, donde queda establecido que un porcentaje de los recursos generados por la tasa de concepto institucional, serán destinados al sostenimiento y mejora de los servicios.
Para el cumplimiento de este programa de servicio y atención al usuario, la Procuraduría General de la República firmó una carta compromiso como herramienta introducida a la gestión pública dominicana. En la carta compromiso se definen los servicios que provee cada institución y los estándares de calidad a los que ambas se comprometen; con esto se ponen los servicios a disposición de los ciudadanos a través de las unidades de atención a los usuarios y a los medios de comunicación nacional. Dentro de los objetivos a cumplir por la Procuraduría General de la República y que están contenidos en la carta compromiso se encuentran: -Difundir la información sobre los servicios ofrecidos por la institución. - Hacer público los compromisos de servicios y derechos de los ciudadanos.
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Integración del equipo Colmena, órgano responsable de la implementación del Modelo de Gestión de Servicios Públicos.
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Análisis y diseño de los procesos de cada servicio, incluyendo la automatización de estos. Además de la definición de los indicadores de gestión del servicio.
- Finalmente estimular la participación ciudadana en el proceso de optimización de los servicios, generando mayor transparencia y confianza en la administración pública.
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Se trabajó también en la instalación de una infraestructura tecnológica de apoyo a la gestión del servicio, donde están incluidos sistemas de gestión, de inteligencia de negocios, de quejas, reclamos y sugerencias, pasarela de pagos, de control de turnos y digitalización de documentos.
Con el Modelo de Gestión de Servicios, la Procuraduría General de la República se coloca a la vanguardia en lo referente a ofrecer un servicio de calidad al usuario y, por consiguiente, generar grandes beneficios a la ciudadanía, quienes han recibido esta iniciativa con beneplácito.
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Ministerio Público
- facilitar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la institución, como estímulo para aumentar los niveles de eficiencia y eficacia de la administración pública.
Procuraduría General de la República: marco jurídico, transformación y modernidad El Estado dominicano ha sido sometido en los últimos doce años a un proceso de adecuación en sus estructuras, para satisfacer las necesidades de una sociedad transformada por la modernidad que caracteriza al mundo actual. Uno de los órganos del Estado donde se ha reflejado con mayor profundidad ese proceso es en la Procuraduría General de la República, a despecho de lo ocurrido durante los primeros 150 años de su instauración, en los que se limitó a los aspectos básicos de su función. La transformación de la Procuraduría General de la República se inicia a partir del primer período de gobierno del Presidente Leonel Fernández (1996-2000), quien tomando como referencia la Reforma Constitucional de 1994, impulsó un proceso de transformación del sector justicia, que en sus primeros pasos se manifestó con la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y la designación de la Suprema Corte de Justicia, dotada de autonomía administrativa y presupuestaria, que designó a los demás jueces en el marco de un sistema de carrera. Esto reflejó la necesidad de que la Procuraduría se colocara al mismo nivel institucional de la SCJ, y trajo el surgimiento de una corriente impregnada de una filosofía inspirada en el respeto a la legalidad, a los derechos fundamentales de los ciudadanos, la transparencia y la eficiencia administrativa, que verdaderamente revolucionó el quehacer de la Procuraduría. Todo esto auspiciado por un cuerpo normativo integrado por varias leyes. El conjunto de procuradores adjuntos aquí presentes y nuestros antecesores en estos cargos, hemos sido testigos y forjadores de cambios estructurales internos que han dado un nuevo perfil a la institución, y en la actualidad abarca todos los aspectos de una Procuraduría moderna y adaptada a los requerimientos de la sociedad de hoy. Es importante destacar la transparencia con que la Procuraduría General de la República maneja en la actualidad sus asuntos administrativos y financieros, mediante un sistema de concursos que le ha merecido el reconocimiento de todos los actores relacionados con el sector público y de las instituciones no gubernamentales. Asimismo, la implementación de programas como el de la protección a las víctimas y testigos, la reforma penitenciaria que desarrolla un nuevo modelo penitenciario, el proceso
Ángel Castillo Tejada Procurador General Adjunto y Primer Sustituto del Procurador acastillo@procuraduria.gov.do aacastillo@gmail.com
Es importante destacar la transparencia con que la Procuraduría General de la República maneja en la actualidad sus asuntos administrativos y financieros, mediante un sistema de concursos que le ha merecido el reconocimiento de todos los actores relacionados con el sector público y de las instituciones no gubernamentales.
de formación y capacitación de recursos humanos, la protección y seguridad social de éstos, junto a una eficiente estructura de información y relaciones públicas, a través de los medios tradicionales y la página web de la institución. En esa transformación juegan un papel importante los múltiples acuerdos de cooperación interagencial en el plano local para acceder a recursos propios de otras instituciones, mientras que en el plano internacional le ha permitido posicionar al país en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), en la Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas (REMJA) y en la Cumbre de Ministros de Justicia de Iberoamérica. Todo lo anterior ha venido a potenciar la efectividad del Ministerio Público, órgano esencial de la PGR, en la función de investigar las infracciones y ejercer la acción penal pública dentro del respeto a los derechos de los procesados. En este proceso ha sido fundamental la cohesión y coordinación con que han operado todos los actores internos de la institución, quienes han mostrado una vasta madurez y una entrega digna de admiración, con el objetivo de lograr las metas trazadas para el desarrollo de la institución. Hoy todos nosotros podemos expresar nuestro orgullo de formar parte de una Procuraduría General de la República que ha evolucionado y que responde a las necesidades de una sociedad moderna. Ministerio Público
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Centro de Intervención Conductual para Hombres Onoriz Metz
Relacionista Fiscalía Distrito Nacional onorizmetz@hotmail.com Con la intención de ofrecer una asistencia integral al problema de la violencia ejercida hacia las mujeres y dar respuesta a todos los intervinientes en este mal social, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional inauguró el Centro de Intervención Conductual para Hombres.
El centro responde a la necesidad de referir y tratar a los más de 800 hombres denunciados mensualmente en la ciudad capital, en una instancia de carácter psicoeducativo, que desarrolle procesos de reflexión y sensibilización que faciliten el cambio de sus conductas, para que asuman sus responsabilidades en los procesos de intervención terapéutica y actúen apegado a principios de convivencia y respeto de su pareja. El programa de atención a los agresores que se aplicará en el centro corresponde a un modelo de intervención terapéutica ecológico, que tiene como objetivos que el hombre controle y detenga la conducta violenta, mejore la comunicación, acepte los nuevos roles de la mujer, revise creencias culturales que legitiman la violencia y fortalezca la capacidad de expresar sentimientos sin herir a los demás.
El licenciado Luis Vergés, director del centro, dijo que “la acción y labores van más allá de la intervención que modificará la conducta agresiva del hombre denunciado, ya que la vocación participativa de las organizaciones no gubernamentales que nos asesoran nos ha motivado a convocarlas para constituir un centro de estudio de la violencia, con el fin de analizar sus causales y sus soluciones”. También señaló que con esa iniciativa el país se coloca en un sitial estratégico dentro de las naciones más avanza-
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Ministerio Público
Luis Vergés, director del centro, junto a su equipo técnico, entre ellos, José Herrera, Olga Renvilles, Rocío Rodríguez, José Ortiz, Anyeli Mejía, Rosmery Salcedo y Consuelo Zúluga.
das que priorizan la asistencia profesional a los que manifiestan conductas violentas.
El Centro de Intervención Conductual para Hombres está localizado en el sector María Auxiliadora, y funcionará de manera coordinada con la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género que operan en las 14 fiscalías barriales existentes en la jurisdicción del Distrito Nacional. El centro está ubicado en la avenida 27 de febrero esquina calle Yolanda Guzmán. Tiene 400 metros cuadrados y funciona en horario de 8:00 de la mañana a las 8:00 de la noche.
Personal y áreas físicas
El centro tiene un director, cinco terapeutas, dos psicómetras, un coordinador de educación, un médico psiquiatra, dos trabajadores sociales, una secretaria, una recepcionista, un conserje y un empleado de seguridad.
Las áreas son: recepción, sala de espera, oficina del coordinador con mini-sala y área de escritorio de oficina secretarial, salón multiusos con
capacidad para 40 personas, sala de terapia grupal para 15 personas, dos consultorios o cubículos separados con privacidad para trabajo social y evaluación psicométrica, un espacio de suministro y almacenamiento, baños públicos y privados, y una cocina.
Luís Norberto Vergés Báez
Licenciado en psicología, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde también realizó una especialidad en psicología clínica. Además, hizo una maestría en terapia familiar en la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD). También posee especialidades en prevención integral, desarrollo humano, docencia universitaria y maltrato infantil. Ha laborado en Casa Abierta como psicólogo clínico y encargado del área de atención, en el Consejo Nacional de Drogas, en el Centro de Investigación y Ciencia de la UNCS, y ofrece consultas privadas en el Centro Profesional Psicólogos Unidos.
Fiscalía General de España reconoce al magistrado Radhamés Jiménez Peña El fiscal del Reino Unido de España, Cándido Conde-Pumpido, reconoció al procurador general de la República Dominicana, Radhamés Jiménez Peña, por los avances en profesionalidad, institucionalidad y modernización alcanzados por el Ministerio Público dominicano. Conde-Pumpido resaltó que el Ministerio Público dominicano ha sido en los dos años recién pasados, soporte para los fiscales de Iberoamérica, al abrir las puertas de su Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) para que reciban estudios continuados. El fiscal de España, quien es el presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), dijo que los fiscales generales de la región también han quedado sorprendidos por el novedoso y revolucionario modelo penitenciario que dirige el procurador Jiménez en el país. Manifestó que el nuevo sistema penitenciario dominicano ya es observado por la AIAMP para tomarlo como modelo para Iberoamérica.
Los magistrados Cándido Conde Pumpido y Radhamés Jiménez Peña conversan al momento del reconocimiento.
Con relación a la ENMP dijo que ha recibido a fiscales de El Salvador, Paraguay, Panamá y Venezuela.
El procurador Jiménez Peña viajó en este mes de octubre a España, donde confirmó una serie de acuerdos de colaboración entre la Fiscalía de esa nación y la Procuraduría dominicana.
Jiménez Peña ha logrado situar al Ministerio Público dominicano en los primeros lugares de Iberoamérica. Presidió la VII Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas (REMJA), funciones en la que le sustituyó el procurador general de los Estados Unidos, Michael Mukasey.
Ayuntamiento de SFM declara Visitante Distinguido al Procurador General de la República en reconocimiento a sus aportes a la provincia
El magistrado Radhamés Jiménez Peña recibe el pergamino de las autoridades municipales de San Francisco de Macorís, encabezadas por Félix Rodríguez Grullón y José Luis Rosario Roque, presidente del Consejo de Regidores y síndico de ese muncipio, respectivamente.
Ministerio Público
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Procuraduría Corte de Apelación
habla por el Ministerio Público en Puerto Plata Hace tres años que Puerto Plata tiene una Procuraduría General de Corte. El 30 de abril de 2005, el magistrado Félix Álvarez fue designado titular de ese órgano superior del Ministerio Público de la llamada Novia del Atlántico, y su radio de acción que integran el hoy Departamento Judicial de la jurisdicción. Desde su creación hasta la fecha, la Procuraduría General de la Corte de Apelación de Puerto Plata ha venido desarrollando una intensa labor por hacer del Ministerio Público un cuerpo confiable y respetado por todos los sectores y fuerzas vivas de la sociedad puertoplateña, hasta haber logrado ventilar 696 casos por ante la Corte de Apelación. Lo mismo se puede decir de los restantes órganos del Ministerio Público, los cuales trabajan con entusiasmo y compromiso, como por ejemplo, la Fiscalía de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, cuyo dinamismo la han llevado a intervenir en diez mil 239 casos en tan solo tres años, superada sólo, como es natural, por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial que lo ha hecho en 10, 690 procesos.
Estamos hablando de más de 20 mil casos en muchos de los cuales se han logrado sentencias condenatorias importantes.
Un caso singular
Dentro de la labor investigativa de litigación de casos de la Procuraduría de la Corte de Puerto Plata, está su lucha en contra de la corrupción administrativa, por medio de la cual ha logrado la condenación de un ex – juez de instrucción por el delito de solicitar soborno a una ciudadana. (Sentencia de la Suprema Corte de Justicia No. 932, de fecha 17 de agosto 2007), cuyo dispositivo dice:
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Ministerio Público
Félix Álvarez, procurador de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.
Primero: Declara con lugar el recurso de apelación del Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata contra la sentencia de la Corte de Apelación de ese Departamento Judicial del 22 de junio de 2006, cuyo dispositivo se copia en otro lugar de esta sentencia; Segundo: Revoca el ordinal segundo de la sentencia impugnada y en consecuencia declara a C. G. M. culpable de cohecho estando apoderado de un expediente criminal, y lo condena a la pena de degradación cívica y tres (3) años de reclusión; Tercero: Confirma en sus demás aspectos la sentencia recurrida; Cuarto: Condena a C. G. M. al pago de las costas.
relacionada con desfalcos de fondos municipales. Al respecto el magistrado Félix Álvarez opina lo siguiente: “El Ministerio Público debe investigar las denuncias sobre corrupción para que la ciudadanía sienta que estamos comprometidos con frenar la impunidad; que los funcionarios públicos (del poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipal) entiendan que no están por encima de la ley, y para que la población perciba que vivir en democracia implica respetar la ley y no abusar de ella enriqueciéndose ilícitamente”.
1. Creación de la Unidad Contra la Violencia de Género
(Firmados).-Hugo Álvarez Valencia.Julio Ibarra Ríos.- Víctor José Castellanos Estrella..
Un caso vigente
Para la comunidad de Puerto Plata, la presencia de la Procuraduría General de la Corte ha significado un paso de avance al sistema de justicia, ya que a partir de su creación se han obtenido otros logros importantes como los que se citan a continuación:
En los actuales momentos es ventilada una denuncia contra uno de los síndicos de la provincia de Puerto Plata
Por instrucciones del magistrado Radhamés Jiménez Peña , procurador
su logro. Este servicio ha generado ingresos importantes a la Procuraduría General de la República. En el pasado, para verificar y legalizar una firma notarial, había que viajar 75 kilómetros a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Desde la instalación del servicio hasta la fecha se han registrado 1, 456 actos.
Seguridad ciudadana
Fachada de la Unidad de Atención a Víctimas de Puerto Plata.
General de la República, Félix Álvarez fue encargado de coordinar la instalación de la Unidad Contra la Violencia Intrafamiliar y/o de Género. Esta dependencia de la Fiscalia de Puerto Plata está integrada por tres fiscales adjuntos, más un equipo multidisciplinario de sicólogos, trabajadores sociales, abogados asistentes, secretarios y policías. Desde su creación en marzo de 2008 hasta la fecha, esta unidad ha recibido 1,662 casos.
2. Servicio de Levantamientos de Ficha
Es uno de los servicios que ha causado mayor impacto positivo en la sociedad, sobre todo en los segmentos de la gente más pobre. Antes de que el Poder Ejecutivo dispusiera que el Ministerio Público se encargara de eliminar una cantidad importante de fichas policiales sobre ciudadanos, que en la mayoría de los casos fueron registradas violentando sus derechos elementales con escaso fundamento legal, la población gastaba de manera innecesaria recursos económicos para que le eliminaran una ficha policial, hasta la fecha se han tramitado 268 casos de levantamiento de fichas.
dadanas que se organizan. Previo a la instalación de este servicio las personas tenían que viajar 235 kilómetros a Santo Domingo para incorporar una ONG, con las consecuencias económicas y de seguridad personal que esto conllevaba; hasta la fecha se han tramitado 78 incorporaciones.
4. Servicio de Registro y Firma de Notarios
Los notarios y notarias de la provincia de Puerto Plata recibieron con júbilo la cristalización de su aspiración, de que los actos notariales se verificaran y registraran en Puerto Plata. El Colegio de Abogados seccional Puerto Plata participó tanto en la consecución del servicio como en el beneplácito de
El magistrado se refirió finalmente, a la seguridad ciudadana, y dijo que tienen en agenda coordinar nuevas acciones con todas las autoridades y la sociedad para fortalecer el Plan de Seguridad Democrática. Entre ellas, citó a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Gobernación Provincial, Marina de Guerra, Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), ayuntamientos, iglesias, organismos de derechos humanos, juntas de vecinos, empresarios, profesores y estudiantes. Definió como un objetivo 1-a enfrentar el narcotráfico, los robos y otras infracciones que crean desasosiego en la sociedad. “ A lo interno del Ministerio Público trabajamos para eficientizar nuestra labor; de manera que seamos más precisos en la tarea de dirigir la investigación, hacer un uso adecuado de la misma, planificando las labores que en diversas áreas se deben realizar”, puntualizó el procurador de la Corte de Apelación de Puerto Plata.
3. Servicio de Incorporación de ONGS
En tres años se han incorporado organizaciones no gubernamentales, que han significado ingresos a la Procuraduría General de República y seguridad jurídica a los ciudadanos y ciu-
Domingo Antonio Belliard, procurador general adjunto de la Corte de Apelación de Puerto Plata; Kary Rojas, secretaria auxiliar; Elsi Montán, secretaria; magistrado Félix Álvarez, María Pichardo, recepcionista, y Haniel Rodríguez, abogado.
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ENMP GRADÚA 112 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN La Escuela Nacional del Ministerio Público graduó a otros 112 profesionales, quienes integraron la novena, décima y décimo primera promoción del Programa Extraordinario de Formación (PEF), que incluye una especialidad en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. La ceremonia estuvo encabezada por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña; el jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín; el fiscal del Distrito Nacional, licenciado Alejandro Moscoso Segarra; el comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez, y el director de la ENMP, licenciado Ramón Núñez.
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Los graduandos son funcionarios de los distintos niveles del Ministerio Público, entre ellos, procuradores generales adjuntos, procuradores generales de cortes y adjuntos, procuradores fiscales y adjuntos, fiscalizadores, así como otros miembros provenientes de áreas especializadas. Los detalles del proceso de formación fueron ofrecidos por el director de la ENMP, quien destacó que los graduandos forman parte del proceso de institucionalización que experimenta la Procuraduría General de la República, que marcha hacia la instalación de la Carrera del Ministerio Público y la promoción de la capacitación. Dijo que los programas están dirigidos
a los representantes del Ministerio Público de todo el país, con la finalidad de que en los próximos meses se triplique el número de procuradores, fiscales y fiscalizadores capacitados. Luego de aprobado este programa de capacitación, los representantes del Ministerio Público deberán cursar un segundo programa extraordinario de carácter completivo, ambos requisitos previstos en la carrera e indispensables para ser considerado aspirante y adquirir el estatus del Ministerio Público de Carrera. En la actualidad más de 100 representantes del Ministerio Público forman parte de la carrera y se espera que el número aumente a 400.
La actividad, celebrada en la sede de la Procuraduría General de la República, estuvo encabezada además, por el general José Carrera Álvarez, en representación de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y Diómedes Olivares, en representación del presidente del Colegio de Abogados.
Reconocimientos
Durante el acto fueron reconocidos los estudiantes más destacados de las promociones novena, décima y décimo primera. Los premiados fueron los procuradores generales adjuntos Rodolfo Espiñeira y Moisés Ferrer, así como los fiscales adjuntos Evelyn Mercedes Escalante, Francia Socorro Calderón Collado, Ircania Ibelice Casado, Olga Dolores, Dina Llaverías, Yohanna Ysabel Bejarán y María del Carmen de León Santana.
El procurador Radhamés Jiménez entrega un reconocimiento a Rodolfo Espiñeira, director nacional del Ministerio Público, por ser estudiante destacado. Figura Ramón Núnez, director de la ENMP.
También, fue reconocido el fiscal paraguayo Roberto María Velázquez, uno de seis estudiantes extranjeros, tres
de Panamá y tres de Paraguay, que participaron en el Programa Extraordinario de Formación.
ENMP inicia XII edición del PEF Con mucho entusiasmo, la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) dio inicio el pasado mes de septiembre a la décima segunda edición del Programa Extraordinario de Formación (PEF 12). En esta versión participan 34 miembros del Ministerio Público de la República Dominicana, seleccionados en consideración de los resultados de sus evaluaciones generales, criterios de proporcionalidad territorial, méritos acumulados, equidad de género y la combinación de diferentes rangos jerárquicos en la institución. Participarán además, un miembro del Ministerio Público de El Salvador y uno de Panamá, que se inscribe dentro las relaciones de cooperación que mantiene la ENMP y la Procuraduría General de la República con la Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano (RECAMPI). El objetivo de este programa es contribuir al desarrollo de habilidades y
Integrantes de la décima segunda promoción.
competencias de los integrantes del Ministerio Público, así como aportar las herramientas prácticas necesarias de cara a una formación ajustada a las principales necesidades del ejercicio de la función que realizan.
La implementación de este programa está avalada con una especialidad en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad APEC (UNAPEC), en virtud de un convenio de cooperación suscrito el 3 de febrero de 2006. Ministerio Público
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Procuraduría e Interior y Policía coordinan acciones contra el crimen y la delincuencia La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Interior y Policía sostuvieron un encuentro con procuradores generales adjuntos y de cortes, fiscales, gobernadores provinciales y comandantes regionales de la Policía Nacional de todo el país, con el objetivo de establecer una sincronización en el accionar de cada una de esas entidades en aras de prevenir, perseguir y controlar la criminalidad y la delincuencia. El encuentro se produjo en el auditorio de la Procuraduría General de la República y estuvo encabezado por el máximo representante del Ministerio Público, doctor Radhamés Jiménez Peña; el secretario de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda Rancier, y el jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín.
En un hecho sin precedentes que busca llevar mayores niveles de seguridad a toda la población, las referidas instituciones se declararon en sesión permanente contra la delincuencia y el crimen organizado. Jiménez Peña, Almeyda Rancier y Guzmán Fermín afirmaron que si gobernadores, fiscales y policías trabajan unidos y focalizados en trabajos de prevención, “bajo ninguna circunstancia la delincuencia ganará la batalla a los organismos de seguridad del Estado”.
Las autoridades pasaron revista además, a distintos temas de interés para el buen desempeño de agentes del orden y fiscales, así como las funciones que deben desempeñar los gobernadores y subsecretarios de Interior y Policía para reforzar las acciones contra la criminalidad y la delincuencia. En el encuentro, Jiménez Peña dijo que la Procuraduría como organismo encargado de la política criminal ha estado coordinando con las demás referidas entidalades, aspectos claves
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Jiménez Peña habla durante el encuentro junto al jefe policial, Rafael Guillermo Guzmán Fermín; el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda; el gobernador de Santiago, José Izquierdo y César López.
relacionados con el Plan de Seguridad Democrática para aplicar un efectivo programa de prevención.
cualquier diferencia, tras resaltar que el objetivo es armonizar todos y cada uno de los trabajos”.
Dijo que los gobernadores, fiscales y policías, así como subsecretarios de Interior y Policía, tendrán que trabajar de manera coordinada, pero respetando cada uno sus espacios.
Espera, además, que en el Congreso se puedan actualizar muchas legislaciones que se encuentran en su poder.
“Si trabajamos de manera coordinada y todos en una misma dirección, los resultados serán satisfactorios”, precisó.
Destacó que el encuentro tuvo como objetivo que cada actor sepa identificar su responsabilidad, y que la sociedad conozca que las acciones serán contundentes y transparentes contra toda manifestación delictiva. “Lograr un trabajo conjunto entre policías, fiscales y gobernadores, es una prioridad en la investigación criminal”, precisó.
Resaltó que el éxito del Programa Barrio Seguro, uno de los ejes del Plan de Seguridad Democrática, ha tenido como soporte la coordinación y unidad con dirigentes comunitarios.
Almeyda Rancier
En tanto que Almeyda Rancier explicó que con la reunión pretenden consensuar las actuaciones de fiscales, policías y gobernadores, para prevenir
De igual manera, el titular de Interior y Policía planteó la necesidad de celebrar una reunión similar con jueces, previo coordinación con el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Citó también el problema registrado por la gran cantidad de armas en poder de ciudadanos, situación, que dijo, ha causado la muerte de cientos de jóvenes.
Jefe PN
En tanto que el jefe policial, mayor general Guzmán Fermín, dijo que el encuentro es para dar respuestas a las demandas de la sociedad en cuanto a la reducción de la criminalidad.
Destacó que se trabajó en prevención, inteligencia e investigación, para enviar un mensaje claro “de que estamos en el camino correcto y así dar respuesta a los hechos delictivos”. Explicó que la Policía trabaja sin descanso para alcanzar una mayor eficiencia en la lucha contra la delincuencia.
Ministerio Público Laboral Inspección del trabajo e incidencia en la acusación La inspección del trabajo se encuentra establecida en el Código de Trabajo, Ley 16/92 y es implementado por la Secretaría de Estado de Trabajo, como órgano institucional del Estado dominicano, encargado de velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales, las condiciones de trabajo, la protección de los trabajadores, horarios de trabajos, salarios vigentes, seguridad, higiene y bienestar; teniendo la facultad de poner en conocimiento a la autoridad competente de las deficiencias y abusos cometidos en perjuicio de los trabajadores, así como de las formalidades documentales requeridas a las empresas por las normativas laborales. Los inspectores de trabajo, según el artículo 434 del Código de Trabajo, tienen la potestad de ingresar al centro de trabajo, sujeto a inspección, sin previa notificación: interrogar al empleador sobre las disposiciones legales, exigir la presentación de libros, registros, documentos y obtener copias; efectuar cualquier examen o investigación; requerir colocación de avisos; señalar plazos de subsanación de infracciones; realizar diligencias previas, para obtener información, pudiendo inclusive pedir el auxilio de la fuerza pública en los casos donde los representantes de la empresa o propietarios se negaren a permitirle el acceso a la misma, todo esto, siempre y cuando esté debidamente identificado y en el ejercicio de sus funciones. Luego de realizada la inspección y se comprueben violaciones a las leyes o reglamentos laborales, el inspector levanta un acta de infracción, amparado en el artículo 439 del C.T. en la que se constatan los hechos verificados, y debe contener: el nombre del inspector que las redacte; lugar, fecha hora y circunstancia de la infracción; nombre, profesión y domicilio del infractor o de su representante si lo hay; nombre, profesión y domicilio de los testigos, si los hay, los cuales deben ser mayores de quince años y saber leer y escribir. Las actas deben ser firmadas por el inspector actuante y por los testigos, si los hay, así como por el infractor o su representante, o se hará constar que no han querido o no han podido firmarlas; el hecho de que falten las firmas de los testigos y el representante, no es motivo para que el acta sea invalidada. El acta de infracción es remitida por la Dirección General de Trabajo, órgano de la Secretaría de Estado de Trabajo, a la Fiscalía Penal Laboral correspondiente, a la razón de existir una en el Distrito Nacional, con jurisdicción en la provincia Santo Domingo y otra en Santiago; en los distritos judiciales donde no existan las Fiscalías Penales Laborales, la persecución de estas infracciones les corresponderá a los fiscalizadores ordinarios de las jurisdicciones correspondientes.
Luisa María Ramírez Santana Fiscalizadora Penal Laboral Luisa_m_ramirez@hotmail.com
De la labor realizada por el inspector de trabajo al momento de levantar el acta de infracción, dependerá en cierta forma el éxito en la persecución de la violación por parte del fiscalizador y la posterior imposición de la multa. Esto es así, porque las actas levantadas por los inspectores de trabajo son la piedra angular de la acusación del Ministerio Público Laboral; si el acta adolece o contiene datos erróneos de la razón social, generales del propietario o representante, los artículos violados, los nombres de los trabajadores de la empresa afectados por la infracción, si los hubiere, en esos casos la persecución de la infracción no reunirá las condiciones de legalidad previstas en el Código de Trabajo, Código Procesal Penal y la Constitución de la República Dominicana. Las actas de infracción son la prueba por excelencia de la violación cometida y son las que dan potestad al Ministerio Público para apoderar al tribunal correspondiente; de los datos vertidos en las actas de infracción se elabora la acusación. No obstante ser un procedimiento especial, una simbiosis entre el Derecho Penal y el Derecho Laboral, en el Derecho Penal Laboral se deben seguir los principios procesales establecidos en el Código Procesal Penal, es decir, la legalidad del proceso, única persecución, igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, personalidad de la persecución, derecho de defensa, formulación precisa de cargos, legalidad de la prueba, etc., por lo que las actas de infracción deben seguir estos preceptos, pues en ellas se fundamenta la acusación del Ministerio Público para efectuar un juicio público, oral y contradictorio. De ahí se deriva la importancia de los inspectores, quienes deben ser conocedores no tan solo de la normativa laboral, sino también de la penal y procesal penal, implementando dichos conocimientos en la correcta recolección de la información, legalidad de la misma y la subsecuente redacción del acta de infracción con las formalidades intrínsecas estipuladas en el Código de Trabajo. Es necesario resaltar la labor mancomunada e interinstitucional realizada por la Secretaría de Trabajo y la Procuraduría General de la República representada por la Fiscalía Penal Laboral, en la formación, actualización y logística del cuerpo de inspectores de trabajo adscritos a la Dirección General de Trabajo, con la finalidad de que las infracciones a la normativa laboral sean perseguidas formalmente y los infractores sean sancionados por las violaciones cometidas con apego a la Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes dominicanas. Ministerio Público
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Procuraduría y Departamento
de la Familia de Puerto Rico renuevan acuerdo de trámites de pensiones de NNA La Procuraduría General de la República Dominicana y la Administración para el Sustento de Menores del Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico renovaron el convenio para el reconocimiento de la fijación, modificación y revisión de sentencias de alimentos en los casos de niños, niñas y adolescentes El acuerdo fue rubricado por el procurador general de la República Dominicana, doctor Radhamés Jiménez Peña, y el administrador del Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, licenciado Alfonso Ramos Torres.
El pacto contempla además, la ejecución de las referidas sentencias y la determinación de filiación, con el propósito de fijar órdenes alimentarias y de localización, conforme a lo establecido en las respectivas disposiciones legales de ambos países contratantes.
Asimismo, establece que los fines principales entre ambas jurisdicciones son el reconocimiento y la homologación de las órdenes de fijación, modificación, gestión de localización y revisión de alimentos en contra de una Persona No Custodia y contra quienes se ha presentado una reclamación de alimentos.
Marisol Tobal, Radhamés Jiménez Peña y Alfonso Ramos Torres, mientras firmaban la renovación del acuerdo.
También, incluye los procedimientos de imposición de medidas de cumplimiento para el aseguramiento de las órdenes de alimentos de menores beneficiarios, determinación de filiación conforme a los procedimientos legales aceptados por ambas partes, así como procedimientos de cobro y distribución de pagos de órdenes alimentarias. Durante la firma del acuerdo, realizada en la sede de la Procuraduría General de la República Dominicana, el magistrado Radhamés Jiménez es-
tuvo acompañado de la coordinadora nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, doctora Marisol Tobal.
El convenio, que busca garantizar los derechos de la niñez establecidos en el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 136-03, tiene una duración de tres años.
Alcances del acuerdo
Los alimentos incluyen los cuidados, servicios y productos encaminados a la satisfacción de las necesidades básicas de los niños, niñas o adolescentes, indispensables para su sustento y desarrollo.
Los beneficiarios son niños, niñas o adolescentes en edades comprendidas desde su alumbramiento hasta alcanzar la mayoría de edad, de acuerdo con la reglamentación y legislación aplicables en cada uno de los países contratantes. El senador Francisco Domínguez Brito junto Alfonso Ramos Torres y otras autoridades judiciales de Puerto Rico, quienes recientemente visitaron la República Dominicana, para la renovación del convenio.
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Ministerio Público
Las órdenes alimentarias corresponden a la sentencia emitida por una autoridad competente relacionada con los alimentos del menor beneficiario.
Procuradores fiscales coordinan plan contra el crimen para sus respectivas jurisdicciones Las Procuradurías Fiscales del Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago realizaron una reunión de trabajo, a fin de diseñar acciones conjuntas de prevención, investigación y persecución del delito. Las dependencias colaborarán entre sí en la creación y diseño de estrategias conjuntas de prevención, investigación y persecución de las infracciones a la ley penal, en especial la del crimen organizado y el narcotráfico, así como la protección adecuada del derecho de las víctimas y su representación legal.
Los procuradores fiscales, doctores Perfecto Acosta y Raúl Martínez de Santo Domingo y Santiago, respectivamente, y el licenciado Alejandro Moscoso Segarra, del Distrito Nacional, se reunieron en el despacho de este último, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Los tres fiscales acordaron además, unificar las acciones y estrategias empleadas de manera cotidiana en la persecución de los hechos delictivos generados en cada jurisdicción, con la finalidad de establecer criterios
uniformes en el enfrentamiento de la actividad delictual.
Igualmente, se comprometieron a formular parámetros de interpretación análogos de las disposiciones relativas a la actividad investigativa en la normativa procesal penal.
Las fiscalías trabajarán para estructurar una red de comunicación que permita recoger periódicamente datos estadísticos y otras informaciones de interés para el diseño e implementación de planes de política criminal, y a intercambiar dichos reportes de manera constante. Explicaron que para lograr esa red, cada fiscalía deberá crear un organismo coordinador encargado de recolectar la información, analizarla y distribuirla tanto a nivel interno como externo, entendiéndose que ésta tiene carácter confidencial y será del manejo exclusivo de las partes que suscriben el presente acuerdo y cualquier otra entidad que forme parte de la Procuraduría General de la República. Finalmente, las fiscalías junto a la Escuela Nacional del Ministerio Público
elaborarán programas especializados de capacitación adaptados a las necesidades específicas de cada una de las dependencias, debiendo tomar en cuenta los índices estadísticos y cualquier otro dato de relevancia aportados por las investigaciones que levanten cada una de ellas. Moscoso Segarra, Acosta y Martínez coincidieron en afirmar que con la coordinación conjunta de actuaciones se da cumplimiento al “principio de unidad de actuaciones”, como una de las directrices que inspiran el rol del Ministerio Público en el proceso penal moderno, en virtud del cual esta institución, como requirente de justicia ante los tribunales de la República y garante de la legalidad, es única para todo el territorio nacional, tal y como lo establece su estatuto orgánico. Indicaron que otro elemento que motivó la reunión es la tecnificación de los mecanismos puestos en práctica en la actualidad, para la comisión de las infracciones, lo que requiere que los organismos investigativos y de persecución aúnen esfuerzos tendentes a enfrentar de manera efectiva el incremento de la actividad criminal.
Los fiscales Raúl Martínez, de Santiago; Alejandro Moscoso Segarra, del Distrito Nacional y Perfecto Acosta de la provincia de Santo Domingo, al momento de ofrecer la rueda de prensa.
Ministerio Público
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Gradúan 500 internos del Centro Penitenciario de Najayo-Hombres, San Cristóbal En una actividad que refleja los cambios positivos que acusa hoy el sistema carcelario dominicano, 500 internos del recinto Najayo, San Cristóbal, que representan el 30% del total que cumple condena en ese recinto, se graduaron recientemente en educación básica y cursos técnicos de plomería, informática, panadería, productos químicos, de formación general e idiomas, durante un acto celebrado en las instalaciones de este centro de corrección, con la presencia de autoridades del sector educativo, Ministerio Público y la Dirección de Prisiones. Los internos fueron investidos en el marco de la décima tercera graduación del Centro de Formación Integral de la Pastoral Penitenciaria. Recibieron enseñanza por parte de los Centros APEC de Educación a Distancia (CENAPEC), logrando que 8 internos obtuvieran sus certificados de bachilleres, mientras que otros 30 fueron promovidos de cursos tanto en primaria como secundaria, para sumar 150 en los últimos años. En el acto fueron reconocidos por su esfuerzo y perseverancia los internos Francisco Vélez, Francisco de los Santos, José Abreu, Juan Amador, Heidi García, Luis Rodríguez, entre otros.
Mientras que en el renglón alto nivel académico fueron reconocidos los internos Luis Medina y Joselyn Santana, así como a 11 profesores que sirvieron de facilitadores con sus compañeros.
Todos los graduandos pertenecen al sistema tradicional, cuyos recintos están siendo condicionados para que oportunamente pasen a formar parte del nuevo Modelo Penitenciario que ya beneficia a unas diez cárceles de todo el país. El acto inició con la entonación del Himno Nacional a cargo del coro del recinto y la bendición de parte del padre Eduardo García. Encabezaron el acto el procurador
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El magistrado Idelfonso Reyes habla durante la graduación de los internos de Najayo, acompañado de otras autoridades y personalidades.
general adjunto, Idelfonso Reyes; el subdirector de Prisiones, Francisco Peña; el magistrado Francisco Angomás, juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal; Garibaldi Castellanos, alcaide del recinto; Ana Belkis Ávila y Belkis Santana, directoras académica y administrativa de CENAPEC, la hermana María Celina Mesens, directora del Centro de Formación Integral de la Pastoral Penitenciaria, entre otros.
La señora Ávila sostuvo que CENAPEC cree en la educación, y por tal razón, está presente en los recintos del país para llevar enseñanza.
Resaltó la voluntad de los internos en aprender para que al momento de obtener su libertad puedan ser hombres de bien para la sociedad. Destacó que CENAPEC ha atendido en
sus 36 años de existencia a más de 500 mil estudiantes en sus 23 centros. Mientras que Idelfonso Reyes, quien representó al magistrado procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, elogió el trabajo y dedicación de los internos, por invertir parte de su tiempo a los estudios.Aprovechó la ocasión para llamar a los demás internos a integrarse a los estudios para así mejorar sus condiciones de vida. Las palabras de gracias fueron pronunciadas por el interno Eligio Lora Cornielle, quien expresó que lo que ocurre hoy en Najayo es una muestra de que nunca es tarde para comenzar una nueva vida. Dijo que a nombre de sus compañeros, agradecía el apoyo ofrecido por las autoridades de brindarles la oportunidad de estudiar y capacitarse.
El presidente Leonel Fernández acompañado del vicepresidente Rafael Alburquerque, al momento de someter ante el Congreso Nacional el Proyecto de Reforma Constitucional. El documento fue recibido por el presidente de ese hemiciclo, Reinaldo Pared Pérez.
Foto : Danny Martinez
Lo actual y lo nuevo
del Proyecto de Reforma Constitucional sometido al Congreso por el Presidente Leonel Fernández - Ampliación del Consejo Nacional de la Magistratura - Consejo General de Procuradores: órgano de gobierno del Ministerio Público - Derechos Individuales y de Género: Acceso a la Información Ministerio Público
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El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, al momento de hacer su exposición. A su lado, el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque.
El proyecto de reforma constitucional sometido por el Presidente Leonel Fernández al Congreso Nacional, propone ampliar el Consejo Nacional de la Magistratura con la inclusión de tres miembros de las Cortes de Apelación, elegidos por el voto directo y secreto de sus similares; un abogado escogido por el Colegio de Abogados, y un ex juez de la Suprema Corte elegido por los ex jueces. Dichos miembros permanecerían en sus funciones cuatro años. En la actualidad, el Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por los presidentes de la República, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), del Senado, de la Cámara de Diputados, así como por otro miembro del pleno de la SCJ, y otros dos representantes de ambas cámaras legislativas. En su planteamiento, el Poder Ejecutivo propone fijar en 75 años la edad de retiro para los jueces de la SCJ, y elevar de 11 a 16 el mínimo de jueces que deben de integrar dicho tribunal.
El anteproyecto prevé la creación de una sala de garantías constitucionales, cuyos miembros serían seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura para un periodo de siete años. La Sala Constitucional debería comenzar sus funciones, según el artículo tercero transitorio, tres meses después de entrada en vigencia la nueva Constitución.
El proyecto contempla además, la creación como figura constitucional del Defensor del Pueblo, que aunque fue establecido mediante Ley en el año 2001, la elección de sus miembros permanece congelada en la Cámara de Diputados.
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Ministerio Público
Legisladores y dirigentes políticos de los diferentes partidos quienes asistieron a la ceremoria de sometimiento del Proyecto de Reforma Constitucional ante el Congreso Nacional.
CONSEJO DE PROCURADORES En otro orden, el anteproyecto de reforma constitucional establece el Consejo General de Procuradores como órgano de gobierno del Ministerio Público, el cual estará presidido por el Procurador General de la República. El artículo 161 sobre el Ministerio Público establece que ese consejo estará integrado además, por un procurador general adjunto, tres procuradores generales de Cortes de Apelación, dos procuradores fiscales y un fiscalizador. A excepción del Procurador General de la República, los miembros “serán elegidos por tres años entre sus pares”. Asimismo, el artículo 162 establece que el Ministerio Público ante la SCJ estará representando por el procurador general, personalmente, o por los adjuntos que la ley pueda crearle.
Para ser Procurador General de la República se requerirán las mismas condiciones que para ser juez de la SCJ.
Según el artículo 134 sobre la SCJ, para ser juez de ese organismo se requiere ser dominicano por nacimiento u origen, tener más de 35 años, hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, y ser licenciado o doctor en Derecho.
Además, haber ejercido por lo menos durante 12 años, la profesión de abogado, la enseñanza universitaria del Derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez de la Corte de Apelación, de Primera Instancia, de la Jurisdicción Inmobiliaria
o representante del Ministerio Público ante dichos tribunales.
Los períodos en que se hubiese ejercido la abogacía, la docencia y las funciones judiciales podrán acumularse.
Jurisdicción Contenciosa
Por otro lado, el anteproyecto establece en su artículo 152 sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que habrá un tribunal administrativo con jurisdicción nacional y asiento en el Distrito Nacional para conocer de los asuntos contenciosos-administrativos, el cual estará integrado por lo menos de cinco magistrados designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Estos magistrados se regirán por las mismas condiciones de inamovilidad y requisitos para su nombramiento que los jueces de la SCJ. Podrán dividirse en salas.
Dentro de sus funciones figuran, conocer los recursos contra decisiones de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia o que en esencia tenga ese carácter. Mientras, el artículo 154 indica que las decisiones del Tribunal Superior Administrativo no serán susceptibles de recurso de casación.
Asimismo, se señala que la administración pública estará representada ante ese tribunal por un Procurador General Administrativo o los abogados que la misma designe.
Ministerio Público
El Ministerio Público es un órgano del sistema de justicia que dirige la política del Estado contra el delito, ejerce la
discriminación por cualquier causa o intolerancia religiosa.
• La ley regulará los medios de comunicación social propiedad del Estado, a los fines de garantizar el acceso a dichos medios de los sectores sociales y políticos, respetando el pluralismo de la sociedad dominicana.
Monseñor Agripino Núñez Collado, César Pina Toribio, Liselot Marte, Milton Ray Guevara y Abel Rodríguez del Orbe, quienes junto a otros juristas redactaron el Proyecto de Reforma Constitucional.
Además del derecho a la información, el anteproyecto de Constitución redactado por una comisión nombrada por Fernández detalla y amplía los derechos individuales y de género.
acción pública, garantiza los derechos fundamentales y libertades ciudadanas que asiste a las víctimas y testigos y protege el interés público tutelado por la ley.
Aunque la actual Constitución garantiza en el artículo 100 “la igualdad de todos los dominicanos”, no se refiere a los derechos específicos de la mujer, sino sólo en caso de maternidad y matrimonio.
El Ministerio Público goza de autonomía funcional respecto al resto de los poderes del Estado, y ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, unidad de actuaciones, indivisibilidad, dependencia jerárquica, objetividad y responsabilidad. Está integrado por el Procurador General de la República, que lo dirige, y los procuradores generales adjuntos, entre otros.
Derechos Individuales, de Género y Acceso a la Información El secreto profesional de los periodistas, el acceso de los medios de comunicación a las fuentes y el derecho de la ciudadanía a la información están garantizadas en el Proyecto de Reforma Constitucional que presentó Fernández Reyna.
La propuesta, de 242 artículos y otros 13 transitorios, amplía los derechos individuales tanto económicos, sociales y en materia de medio ambiente de la población, e incluye como garantías constitucionales los derechos a informar y acceder a la información. La actual Constitución consagra el derecho de los medios de comunicación a tener acceso a las fuentes noticiosas, tanto públicas como privadas, y la libre expresión en el artículo 8, numerales 6 y 10. La pieza depositada por el presidente Fernández en el Congreso el pasado
18 de septiembre, propone un articulado compuesto por seis numerales para asegurar todo lo concerniente al derecho a la información.
Al indicar en el artículo 40 que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos”, la propuesta de Fernández define de la siguiente forma el derecho a la información: “Este derecho comprende el poder difundir, recibir y buscar o investigar todo tipo de información o mensaje por cualquier medio, canal o vía, sin que este ejercicio pueda lesionar el orden público, la seguridad nacional, otros derechos personales y las buenas costumbres”.
Con la meta de garantizar ese derecho a investigar, recibir y difundir información, el documento eleva a la categoría constitucional algunos aspectos del ejercicio periodístico, como el secreto profesional: • Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas. • El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista serán protegidos por la ley.
• Toda persona podrá ejercer el derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta perjudicada en sus intereses por informaciones difundidas. • Se prohíbe toda propaganda y difusión de toda información que tenga por objeto provocar desobediencia a las leyes, subvertir el orden democrático-constitucional o que sirva de apología o incitación al odio, xenofobia, terrorismo, pornografía infantil,
Derechos de Género
La pieza que Fernández sometió a discusión especifica en su artículo 29 numeral 4, que “la mujer y el hombre son iguales ante la ley”. Y para ello “se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género”.
Además, por primera vez, la propuesta eleva a categoría constitucional la participación femenina en los cargos de elección popular, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.
Protección al Consumidor
De ser aprobada la iniciativa del mandatario, la protección de las personas con algún tipo de discapacidad y su derecho a la integración social, económica y laboral estaría garantizada por primera vez en la Constitución de la República, según el artículo 47 de la pieza.
Pero además, el proyecto plantea el derecho de los consumidores, al garantizar que la población cuente con “información adecuada y objetiva sobre el contenido y característica de los productos y servicios que consumen”. Y aunque no se plantea la creación de una Procuraduría del Consumidor, el proyecto eleva a la categoría constitucional la figura del Defensor del Pueblo, que aún no está en funcionamiento. Ministerio Público
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OCTUBRE
Mes de la
RAZA
Es por igual el mes del Santo Rosario, en honor a la unidad de la familia
D
ía de la Raza es el nombre que reciben en la mayoría de los países hispanoamericanos las fiestas del 12 de octubre en conmemoración del avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber navegado más de dos meses al mando de Cristóbal Colón, a lo que posteriormente se denominaría América. En España también se celebra la Fiesta del Pilar y el Día de la Hispanidad. La denominación fue creada por el ex-ministro Faustino Rodríguez-San Pedro como presidente de la Unión Ibero-Americana que en 1913 pensó en una celebración que uniese a España e Iberoamérica, eligiendo para ello el día 12 de octubre. La fecha marca el nacimiento de una nueva identidad producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano y los colonizadores españoles. El Día de la Raza fue establecido en Argentina en 1917 por decreto del presidente Hipólito Yrigoyen, como reafirmación de la identidad hispanoamericana frente a los Estados Unidos y la Doctrina Monroe. Posteriormente la fecha fue instituida como fiesta nacional en varios países de Hispanoamérica: Venezuela, en 1921 por decreto presidencial de Juan Vicente Gómez, el presidente Hugo Chávez y el entonces ministro de Educación Superior, Samuel Moncada, (verdadero autor del cambio de la festividad) lo cambia a Día de la Resistencia Indígena en el año 2002. Chile, por decreto del 16 de agosto de 1923, en el año 2000 y en vista de la Ley Nº 19.668, recibe el nombre del Descubrimiento de Dos Mundos (aunque todavía se usa el antiguo) y se celebra como feriado el lunes más cercano al 12 de octubre.
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Ministerio Público
Por mi raza hablará el espíritu. Lema de la Universidad Nacional Autónoma de México creado por José Vasconcelos, difusor del concepto mestizo y sincrético de raza iberoamericana. México, oficialmente desde 1928 por iniciativa de José Vasconcelos, que alude a lo que él llamaba raza iberoamericana, con un significado de mestizaje y sincretismo cultural. Uruguay, donde se denomina Día de las Américas, diferente a la fiesta del mismo nombre que se celebra el 12 de abril. También se celebra oficialmente en Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú.
En España, esa fecha también se celebró como Fiesta de la Raza entre 1918 (mediante una ley del 15 de
junio de 1918, declarada por el gobierno de Antonio Maura durante el reinado de Alfonso XIII) y 1958, año en que mediante un decreto se cambia su denominación oficial por la de Fiesta de la Hispanidad, confirmada en 1981 (en 1940, una orden ministerial había cambiado la denominación a Día de la Raza). En la actualidad es la fiesta nacional española, si bien con la denominación de Fiesta Nacional de España (según Ley 18/1987, del 7 de octubre, que establece el día de la Fiesta Nacional de España en el 12 de Octubre). En la ciudad de Zaragoza, España, la festividad coincide con la Fiesta del Pilar, en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la ciudad. En los Estados Unidos la celebración similar es conocida como Día de Colón (en inglés Columbus Day), si bien con un carácter de celebración de la
comunidad italo-americana, mientras que en Uruguay el equivalente del Día de la Raza —si bien inicialmente tuvo un sentido panamericanista— es el Día de las Américas, celebrado desde 1915.
Día de la resistencia indígena
Concomitante con el Día de la Raza se celebra el Día de la Resistencia Indígena, festividad oficial en Venezuela, que se celebra en otras naciones de América Latina que coinciden con el Día de la Fiesta Nacional en España. La festividad originalmente conmemoraba el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, decretada en tiempos del dictador Juan Vicente Gómez como festividad nacional. Pero este hecho no era del agrado de algunos indígenas, que consideran que la conquista y los conquistadores ocasionaron un genocidio sobre los pueblos originarios de América. El nuevo día de la resistencia indígena conmemora así la resistencia de los nativos americanos contra los conquistadores. Fue decretada de tal modo por Hugo Chávez y sancionada por la Asamblea Nacional de Venezuela como festividad el 9 de agosto de 2003, aunque con un evidente conflicto entre los activistas ecológicos y movimientos indígenas del gobierno bolivariano, debido al derribo de una estatua de Cristóbal Colón al año siguiente del decreto. Ministerio Público
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La Isabela:
Primer poblamiento europeo en el Nuevo Mundo
Antigua Villa Isabela.
L
a Isabela fue fundada el 6 de enero de 1494, por Cristóbal Colón durante el transcurso de su segundo viaje, tras haber conocido la destrucción, por los caribes, de un primer asentamiento, el llamado Fuerte de la Navidad. Este último fue un fuerte construido con los restos del naufragio de la Santa María en la costa noroccidental de la isla de La Española, donde Colón había dejado treinta y nueve hombres al mando del cordobés Diego de Arana. Su destrucción en 1493 por los aborígenes de la isla, comandados por el cacique Caonabo, llevó al Almirante a preferir establecerse en otro lugar de la misma costa, pero muchas millas al Este. Aquel fue el origen de La Isabela que se compuso de unas doscientas casas de madera, que fueron construidas en unos cuatro días. Según Josep Maria Cruxent Roura, arqueólogo catalán, también habían
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edificaciones de piedra, entre las cuales se encontraban: la torre del observatorio, la segunda casa de Cristóbal Colón, la iglesia, entre otros. Su primer alcalde, nombrado por Colón y ratificado por los Reyes Católicos, fue Antonio de Torres.
Padre Bernardo Boyl.- Religioso cuya celebridad proviene de su intervención en el segundo viaje de Colón. De su vida se conocen tan sólo algunos períodos aislados. Valenciano o catalán, probablemente de Tarragona, debió nacer a mediados del siglo XV, de familia noble, y llevó algún tiempo vida de caballero, próximo a la Corte, siendo secretario del rey y comisario en una expedición a Cerdeña en 1479.
...fundada el 6 de enero de 1494, por Cristóbal Colón, durante el transcurso de su segundo viaje, tras haber conocido la destrucción, por los caribes, de un primer asentamiento, el llamado Fuerte de la Navidad. Este último fue un fuerte construido con los restos del naufragio de la Santa María en la costa noroccidental de la isla de La Española”.
“El 5 de agosto del año 1496, el adelantado Bartolomé Colón, hermano del almirante Cristóbal Colón, fundó en la margen oriental del río Ozama la nueva ciudad, a la que se nombró originalmente como Villa Nueva Isabela, y que luego adquiriría el nombre de Santo Domingo”.
Santo Domingo: Ciudad Primada de América TRASLADO DE LA VILLA
Dos años después, impulsados por la creencia de que los vientos que llegaban a esas costas producían enfermedades, se decidió trasladar la villa a la costa sur de la Isla. Y es así que el 5 de agosto del año 1496, el adelantado Bartolomé Colón, hermano del almirante Cristóbal Colón, fundó en la margen oriental del río Ozama, la nueva ciudad, a la que se nombró originalmente como Villa Nueva Isabela, y que luego adquiriría el nombre de Santo Domingo. Los historiadores no se han puesto de acuerdo en el origen del nombre de la ciudad. Una de las versiones más aceptada es la del hijo menor del almirante, Hernando Colón, quien en la biografía que escribió de su padre dice que el nombre de la ciudad fue dado en honor a su abuelo, cuyo nombre era Dominicus Colón. Pocos años después, en el 1502, el gobernador de la isla, don fray Nicolás de
En diciembre de 1492 llegan los españoles a esta isla llamada por sus pobladores Quisqueya. Los españoles la bautizaron”La Española“. A finales de 1493 fundaron La Isabela, una ciudad al norte de la isla con la cual comienza el proceso de transculturación que caracteriza al dominicano. La resistencia que hubo en la isla fue grande, hubo miles de muertos y el enfrentamiento en el Santo Cerro produjo más de cinco mil bajas en la población indígena. De esa batalla surgió la adoración a Nuestra Señora de Las Mercedes que es hoy patrona de los dominicanos. En 1498 regresó Colón de una incursión a Cuba y Jamaica y se encontró que Roldán, que había sido alcalde mayor de La Isabela, se había rebelado y se retiró al oeste de la isla junto a sus seguidores. Este suceso impuso cambios en la isla por parte de los reyes que implantaron el modelo de las encomiendas y repartimientos, e impusieron la autoridad de un gobernador que respondiera directamente a la corona. El primer gobernador fue Francisco Bobadilla de 1500 a 1502, y luego lo sustituyó Nicolás de Ovando desde 1502 a 1509 cuando fue sustituido por Diego Colón, hijo del almirante. El sistema de encomiendas se establece legalmente en 1503. Esta práctica inspirada en el feudalismo, fue esencialmente esclavista, consistía en dar indios a funcionarios de la colonia para que trabajen como servidumbre a cambio de formación religiosa. A la larga, esto provocó la disminución de los indígenas quienes ya para 1560 habían desaparecido a causa del maltrato. Otra mano de obra vino a sustituirlos: los negros esclavos. Ministerio Público
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Catedaral Primada de América, en su edificación antigua.
Ovando reconstruye la ciudad de Santo Domingo en la margen occidental del río Ozama, esta vez el traslado se originó a la destrucción de toda la villa por un terrible huracán y a la aparición de una plaga de hormigas. La ciudad de Santo Domingo recibe del rey español Fernando de Castilla, el 7 de diciembre del año 1508, el blasón de Ciudad Primada de Indias, sirviendo ésta como modelo para la edificación de otras ciudades coloniales en América, construyéndose en ella las edificaciones más relevantes de la Colonia, dentro de las que podemos citar la Fortaleza Ozama, la que se convirtió en la primera edificación militar del Nuevo Mundo; el Hospital San Nicolás de Bari, primero de Las Américas. Ya para el año de 1521 la ciudad había iniciado la construcción de la que sería la primera catedral de Las Américas, a la cual le otorgaron el título de Catedral Metropolitana y Primada de las Indias, convirtiéndose en el centro de la Cristiandad de todo el hemisferio. En el 1538 se fundó la primera universidad de América con el nombre de Santo Tomás de Aquino, hecho que acompañado de una gran actividad intelectual dio principio a que Santo Domingo fuera conocida como la Atenas del Nuevo Mundo, convirtiéndose en un dinámico centro cultural y en la cuna de todas las expediciones que se llevaron a cabo en el Continente Americano. Santo Domingo fue la más importante ciudad de la colonia española en el Nuevo Mundo, y luego de la Independencia Nacional, el 27 de Febrero del año 1844, pasó a ser la capital de la nueva Re-
Vista aérea de la ciudad de Santo Domingo y la Zona Colonial.
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Para el estadounidense Samuel Guy Inman el “Día de la Raza” es celebrado no para conmemorar el descubrimiento del continente, sino para exaltar, como en una reunión de familia, la consanguinidad de toda la América Hispana con las madres patrias: España y Portugal. Y así es en realidad. Ya el dominicano Pedro Henríquez decía: “Generosa inspiración la que ha creado esta festividad del Día de la Raza, donde confirmamos, año tras año, la fe en los grandes destinos de los pueblos que forman la comunidad hispánica”. Para nosotros que nunca sentimos el orgullo del color de la piel, la raza está constituida por el habla y la fe, que son espíritus...” pública Dominicana y asiento de su gobierno, según reza en el artículo No. 6 de la Constitución de ese año. El 8 de enero de 1936 fue cambiado su nombre, de una manera ilegal, por el de Ciudad Trujillo, según la ley No. 1067 votada por el Congreso de la República, motivada por apetencias personales del presidente dictatorial de ese entonces, Rafael Leonidas Trujillo Molina, siendo restituido nuevamente luego del ajusticiamiento de éste, en el año 1961, y adquiriendo el título de Cuna de América. El área donde fue edificada la ciudad de Santo Domingo en el año 1502 es llamada Zona Colonial y conserva muchas de sus construcciones en buen estado, gracias a los trabajos de mantenimiento y restauración que diferentes gobiernos dominicanos han realizado. Motivados por las riquezas históricas y arquitectónicas que se pueden apreciar en la Zona Colonial, en el año de 1992, la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura -UNESCO-) la declaró “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.
Una sola raza: la humana, la cósmica
Fue el mexicano José Vasconcelos quien de manera textual nos habló por primea vez de “raza cósmica”, concepto que en el marco del mestizaje han defendido otros intelectuales como el venezolano Arturo Uslar Pietri, el colombiano Gabriel García Márquez y el dominicano Pedro Henríquez Ureña. Es una tesis que a su estilo asumió y difundió incluso el fallecido santo padre Juan Pablo Segundo, en su peregrinación por el mundo. La tesis central de Vasconcelos “La Raza Cósmica” publicada en 1925 buscaba demostrar cómo las distintas etnias tienden a mezclarse cada vez más, hasta formar un nuevo tipo humano, compuesto con la selección de cada uno de los pueblos existentes. Se publicó en la época en que prevalecía en el mundo científico la doctrina darwinista de la selección natural que salva a los aptos, condena a los débiles; doctrina que, llevada al terreno social por Gobineau, dio origen a la teoría del ario puro, defendida por los ingleses, llevada a imposición aberrante por el nazismo. La de Vasconcelos podría ser considerada la obra fundacional de la tesis de la cultura mestiza en América Latina. Lo nuevo de ella no es la simple reivindicación del mestizaje biológico, supuesto fundamento de virtudes nacionales, como es el caso, por ejemplo, de Nicolás Palacios, ensayista chileno de comienzos del siglo XX que escribió en 1904 “La raza chilena”, donde sostuvo que en Chile se había constituido una raza excepcional por el mestizaje de españoles de origen germánico con una raza india, ambas razas viriles, valientes, sobrias y con indudables virtudes militares. Contra esta teoría surgieron en Francia biólogos como Leclerc du Sablon y Noüy, que interpretan la evolución en forma diversa del darwinismo, acaso opuesta al darwinismo. Y se da el caso hoy de que aún darwinistas distinguidos viejos sostenedores del espencerianismo, que desdeñaban a las razas de color y a las mestizas, militan hoy en asocia-
ciones internacionales que, como la Unesco, proclaman la necesidad de abolir toda discriminación racial y de educar a todos los hombres en la igualdad, lo que no es otra cosa que la vieja doctrina católica que afirmó la actitud del indio para los sacramentos y por lo mismo su derecho de casarse con blanca o con amarilla. La legitimidad de los mestizajes y con ello las bases de una fusión interracial reconocida por el Derecho, es hoy reconocido por la doctrina científica y política. Si a esto se añade que las comunicaciones modernas tienden a suprimir las barreras geográficas y que la educación generalizada contribuirá a elevar el nivel económico de todos los hombres, se comprenderá que lentamente irán desapareciendo los obstáculos para la fusión acelerada de los seres humanos sin importar el color de su pigmentación.
Pedro Henríquez Ureña
José Vasconcelos
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Ángela Contreras Albuez La autora es abogada y escritora Angeles0044@hotmail.com
AMERICA, SANTO DOMINGO Y SUS PRIMACIAS
Ninguna nación americana, más que la dominicana, puede mostrar con orgullo y con sobrado valor cultural e histórico, el galardón de haber sido la primera ciudad del Nuevo Mundo y la llamada primera civilización de América. Tras los primeros pobladores españoles establecidos en la isla en la mítica villa Isabela, los pobladores históricos como han sido llamados, llegados en el segundo viaje de Cristóbal Colon en 1493, el nuestro se convirtió en un territorio primado. Aquí se oficio la primera misa, a cargo del padre Bernardo Boil en la propia Isabela; de aquí partieron con sus huestes civilizadoras los grandes conquistadores de México, Cuba, Perú y otras tierras americanas. De ahí, que las figuras de Cortes, Velazquez y Pizarro, estén históricamente asociadas; lo están en términos de muerte y exterminio, y por igual, de heroísmo y proeza. Fuimos nosotros el asiento de la primera catedral, del primer ayuntamiento y de la primera universidad del Nuevo Mundo. En todo fuimos los primeros, desde lo más pequeño a lo más grande y desde lo más simple a lo más complejo. Así como fuimos el primer poblamiento europeo y la ciudad primada de América, fuimos también los transeuntes de la primera calle, los ocupantes de la primera casa, el primer vecino, el dueño del primer comercio, y posiblemente, antes de la llegada de los primeros frailes, fuimos los privilegiados bendecidos por el evangelizador, aquel que como Bartolomé de Las Casas y Antón de Montesinos, ante la espada, prefirió la cruz y la unió a su palabra de paz, unión y amor en Cristo, para defender al nativo y al indefenso. Pienso que la nuestra es una nación escogida por Dios, algo así como una gran iniciada, cuya historia, cultura y raza cósmica, forman todas juntas, nuestra gran primacía¨, nuestro gran legado cultural e histórico. Ni las pestes, las locuras, las malicias, las guerras, las leyendas negras, las ocupaciones haitianas, los malos augurios y las maldiciones, la falta del situado, las precariedades económicas, la España Boba y las devastaciones, nada, ninguna amenaza y materialización diabólica y fatídica a lo largo de estos cinco siglos, han podido contra nuestra grandeza cultural e histórica.
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América no fue un continente soñado. Fue sencilla y elocuentemente una sorpresa fascinante para el europeo que lo descubrió, tras el grito de ¡tierra!, lanzado por Rodrigo de Triana, aquel histórico 12 de Octubre de 1492. Ninguna mentalidad de genio o de vencedor de los mares, ora Marco Polo, ora Américo Vespucio, ora Cristóbal Colón, detrás de la soñada Cipango, se imaginó siquiera que de este lado del atlántico, desafiando bruma y tempestad, podía encontrarse un mundo desconocido de las dimensiones de nuestra América con sus “civilizaciones aborígenes” y dos enormes masas triangulares unidas por el istmo de su parte céntrica, que se extienden y regodean desde las regiones árticas hasta el Círculo Polar Antártico, con una longitud total de unos 18 mil kilómetros y una superficie cuatro veces superior a la de Europa! Antes que Colón pensara siquiera emprender su empresa hacia la India en busca de la especia que escaseaba en Europa, y su sueño velado del Dorado, América era en realidad un Continente, el gran mundo desconocido, con una extensión vasta de 42 millones de kilómetros cuadrados, aislado en función de la vida civilista de los viejos mundos comunicados y en constante desarrollo, pero en fin y de hecho un Continente de poblaciones múltiples y diversas, que como el Inca se alzaba orondo en la Cordillera de los Andes… como el Maya de la gran cultura y como el nativo de la América del Norte, el Apache o el Piel Roja, para el cual, en su defensa heroica de la tierra que lo vio nacer, ¨cualquier día sigue siendo bueno para morir. Como los Caribe y Tainos, víctimas de una total extinción en Las Antillas, bajo el código impune y secreto de una supuesta pureza de sangre. Pero si ancha e inmensa es esta América en poblaciones muchas y variadas, incomparable lo fue en relación con otros continentes, en todo lo que tiene que ver con su madre naturaleza. Ninguna nación americana, más que la dominicana, puede mostrar con orgullo y con sobrado valor cultural e histórico, el galardón de haber sido la primera ciudad del Nuevo Mundo y la llamada primera civilización de América.
Un Servicio Público Centrado en Valores
Rossanna Dalmasí de González Directora de Gestión Humana rdalmasi@procuraduria.gov.do
A diario escuchamos las quejas de diferentes sectores de la sociedad, sobre la pérdida de valores en el accionar de los individuos que la conforman. La problemática no solo se refiere a la carencia de principios; se trata de algo peor que eso; se habla de una transmutación de valores. Lo que antes era despreciado por mundano o inmoral, ahora se considera como el ingrediente indispensable para alcanzar la verdadera felicidad. En aquellas sociedades donde el comportamiento de sus ciudadanos no esté fundamentado en principios éticos y morales, se hace sumamente difícil la convivencia armónica y organizada. Un Estado donde el accionar de sus servidores públicos no refleje una vocación de servicio, honestidad y respeto, no logra mantener la confianza de sus ciudadanos, propiciando un ambiente de caos e ingobernabilidad. Educar en valores implica crear las condiciones que generen procesos de aprendizaje que permitan integrar valores a nuestras conductas, rechazar antivalores y elaborar patrones personales de valores. La Procuraduría General de la República, como institución de servicio dentro del sector justicia, consciente del delicado rol que tiene asignado y correspondiendo a su política de promoción de valores, ha elaborado los documentos Código de Comportamiento Ético del Ministerio Público y la ¨Cultura Institucional¨, los cuales fueron producto de amplias jornadas de reflexión del personal directivo de la institución, con la asesoría de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El Código de Comportamiento Ético define cada uno de los principios en que se deben sustentar las acciones de sus in-
En aquellas sociedades donde el comportamiento de sus ciudadanos no esté fundamentado en principios éticos y morales, se hace sumamente difícil la convivencia armónica y organizada. Un Estado donde el accionar de sus servidores públicos no refleje una vocación de servicio, honestidad y respeto, no logra mantener la confianza de sus ciudadanos, propiciando un ambiente de caos e ingobernabilidad.
tegrantes, así como aquellas actuaciones que le están prohibidas. En la Cultura Organizacional se encuentran dichos principios traducidos en el accionar, con miras a facilitar su apropiación y compromiso. Estos documentos, junto a los sistema de Consecuencias y de Gestión Institucional, conforman el Sistema de Integridad Institucional de la Procuraduría General de la República, que se implementan desde principios del año 2007, dentro de sus programas de fortalecimiento y transparencia institucional. Resulta, pues, un gran reto para la Dirección de Gestión Humana, la delicada y comprometedora tarea de promover y facilitar la apropiación de los principios éticos institucionales, reto que asumimos con valentía, conscientes del compromiso que tenemos con la formación y el desarrollo de nuestro capital humano, a fin de brindar el mejor servicio a nuestra sociedad. Ministerio Público
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Procurador instruye al supervisor de fiscales a investigar denuncia en La Vega
Advierte que actuará sin contemplación contra narcotraficantes El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, dispuso que el supervisor nacional de fiscales, magistrado Henry Cerda, se traslade a La Vega para investigar la denuncia del senador Euclides Sánchez de que miembros del Ministerio Público han favorecido a narcotraficantes con acciones u omisiones. Jiménez Peña pidió a Cerda que consulte a todos los sectores que sean necesarios a los fines de obtener una versión apegada a la realidad en esa provincia. Advirtió que de comprobarse la denuncia del legislador vegano dispondrá sanciones ejemplarizadoras dentro de la institución que dirige, que incluye la separación del Ministerio Público y el sometimiento a la justicia ordinaria.
Dijo que tan pronto el magistrado Cerda concluya las investigaciones, le deberá rendir un informe con las recomendaciones de lugar. El magistrado Cerda inició de inmediato las investigaciones. Jiménez Peña exhortó a los fiscales del país a que se esfuercen cada vez más por hacer conciencia de la necesidad de asumir un compromiso con los valores ético-morales, alentando la búsqueda del interés común por encima del individual, asumiendo que “tenemos sobre nuestros hombros” una de las más delicadas responsabilidades a la que funcionario público alguno deba responder: defender los intereses de una sociedad cada vez más vulnerable.
Entiende que no puede haber mayor riqueza en el mundo que el sentido del honor y la satisfacción del deber cumplido, bajo el entendido de que un fiscal sin valores éticos se convierte en cómplice del fraude, la corrupción y las injusticias, haciendo de la profesión un oficio perverso y nocivo.
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El magistrado Radhamés Jiménez Peña juramenta a Henry Cerda como inspector nacional de fiscales.
Sobre narcotráfico En el mismo tenor, el magistrado Jiménez Peña advirtió que actuará sin contemplación en caso de que miembros del Ministerio Público se presten a participar en connivencia con el narcotráfico o cualquier otro crimen. Dijo que tiene el compromiso como autoridad de luchar contra todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, y principalmente contra el narcotráfico, al que calificó como un crimen de lesa humanidad. Insistió en que no tolerará ningún asomo de inconducta ni de actitud complaciente con el narcotráfico, por considerarlo un crimen de lesa humanidad que daña a toda la sociedad, principalmente a su juventud.
El magistrado Henry Cerda fue designado como procurador general adjunto mediante decreto del Poder Ejecutivo, y como supervisor nacional de fiscales por el procurador Jiménez Peña
Moisés Ferrer Anuncia persecución contra fraude eléctrico Advierte que defraudadores deben prepararse para responder en la Justicia La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico anunció que el Ministerio Público perseguirá activamente y procesará judicialmente a las personas y sectores que se dediquen a defraudar a las empresas distribuidoras de electricidad. El magistrado Moisés Ferrer Landrón, titular de dicha procuraduría, sostuvo que en la persecución de ese tipo de delito no habrá ninguna distinción y que los involucrados serán perseguidos sin importar quién haya realizado el hecho delictivo.
Dijo que el Estado dominicano tiene que pagar por concepto de subsidio al sector eléctrico alrededor de US$1,200,000.00 anuales, de los cuales un alto porcentaje corresponde al fraude de energía eléctrica que a diario realizan los usuarios del servicio, incluyendo a grandes empresas.
“Advertimos a todas las personas que cometen fraudes eléctricos en el país, que el Ministerio Público le dará cabal seguimiento para someterlo a la acción de la justicia,” expresó Ferrer, previo a la apertura de los entrenamientos denominados “Procesamiento de Casos”, dirigidos a 25 técnicos de la Superintendencia de Electricidad que trabajarán en la persecución del fraude eléctrico y el levantamiento de las actas de fraude. Manifestó que la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico continuará capacitando a los miembros de ese sector para que se vayan perfeccionando adecuadamente y puedan perseguir el fraude respetando los derechos fundamentales de los imputados.
En torno a los consumidores que le llega la factura eléctrica alterada, les exhortó a dirigirse a la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico para de inmediato, en coordinación con la Superintendencia de Elec-
El magistrado Moisés Ferrer coordina una sesión de trabajo durante el curso de entranamiento a 25 técnicos del sector eléctrico.
tricidad, proceder a verificar dicho medidor y si es necesario enviarlo a la Dirección General de Normas y Sistemas (DIGENOR), quien se encargará de determinar si los medidores han sido manipulados. Ferrer dijo que una vez verificada la existencia de algún fraude, el informe pericial deberá ser enviado al Ministerio Público, quien lo utilizará como medio de prueba en el proceso.
Dijo que durante el proceso de entrenamiento serán capacitados, además, personal de las distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeeste, las cuales procederán a identificar la zona donde se
presume se están cometiendo fraudes eléctricos en su condición de víctima de este tipo penal.
Ferrer Landrón indicó que la jornada de capacitación tiene como objetivo identificar las acciones que son consideradas como infracciones, contempladas en la Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la Ley 186-07. La actividad incluye el taller investigación preliminar, impartido por las magistradas adjuntas Wendy González y Mirna Ortiz, quienes forman parte del equipo de capacitación de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Ministerio Público
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Historia de los VTPs Y el Nuevo Modelo Penitenciario
En la parte superior César Pina Toribio entrega la caperta de formación a uno de los miembros del primer grupo del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria, antecendente de los VTPs; y en la parte inferior una vista parcial de dichos agentes.
El nuevo Modelo Penitenciario que con rotundo éxito se desarrolla hoy en las cárceles dominicanas, tiene su antecedente en el año 2000, durante el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, cuando la gestión que encabezó en la Procuraduría General de la Republica el doctor César Pina Toribio, inició un proyecto piloto con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), luego de la firma de un acuerdo para impulsar un proceso de capacitación de un Cuerpo de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario. El convenio firmado por Pina Toribio y el entonces rector de la UNPHU, doctor Mariano Defilló Ricart, establecía que el personal sería capacitado para asumir las funciones de seguridad, supervisión, custodia y rehabilitación de reclusos de las diferentes prisiones, tomando como punto de partida la cárcel modelo de Najayo, San Cristóbal. La iniciativa involucraría a diferentes sectores de la sociedad, tanto del sector público como privado e incluiría un Patronato Nacional Penitenciario. La Procuraduría debía aportar los recursos y la UNPHU sus instalaciones
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académicas para la capacitación de los agentes.
En el proceso participó activamente el hoy mayor general y director de Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, quien ostentaba a la sazón el mismo cargo con rango de general de la Policía Nacional.
El proyecto arrancó a finales de marzo del año 2000 con un primer grupo de agentes integrados por 140 jóvenes de ambos sexos, bachilleres debidamente seleccionados, algunos incluso con formación técnica y profesional. El director del cuerpo lo era el coronel del Ejército Nacional, Iván de Jesús Candelier Tejada.
Durante el acto de presentación en el campus II de la UNPHU, César Pina Toribio agradeció a las autoridades de la UNPHU, la generosidad de ofrecer su recinto para el entrenamiento de los miembros del Cuerpo de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario, destacando que su creación formaba parte de la política de Reforma y Modernización que a todos los niveles de la sociedad dominicana se llevaba a cabo en el país. Hablaron también Defillo Ricart, Pérez Sánchez, y Candelier Tejada, quien se encargo de presentar en formación al primer grupo.
Teléfonos y correos de Procuradurías de Cortes y Fiscales
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