Reforma Constitucional en materia de Anticorrupción

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REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Tiene como objetivo fortalecer el marco jurídico para el combate eficaz en contra de la corrupción de los servidores públicos y personas físicas o morales que se beneficien de ésta.  Faculta al Congreso para expedir la nueva Ley General de Responsabilidades y Combate a la Corrupción, la cual será aplicable a los funcionarios de los tres órdenes de gobierno;  Actualiza y reagrupa los tipos de responsabilidades;  Se especifican los casos en los que el servidor público será susceptible de juicio político;  La Ley determinará las sanciones penales en caso de enriquecimiento ilícito;  Establece las normas de conducta a las cuales deberán sujetarse los funcionarios públicos, así como las sanciones administrativas;  Se crear un órgano anticorrupción constitucionalmente autónomo, quien podrá atraer las investigaciones e imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales;  El titular del órgano anticorrupción será nombrado por la Cámara de Senadores –a propuesta de los grupos parlamentarios–, con mayoría constitucional. Durará siete años en el encargo y sólo podrá ser removido a través de un juicio político;  Los actos de corrupción no prescribirán en cinco años.

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Aspectos del dictamen en materia de Anticorrupción Reforma y adiciona al artículo 73 Faculta al Congreso e materia de combate a la corrupción para que los tribunales de lo contencioso-administrativo puedan conocer de las impugnaciones en contra de sanciones a los servidores públicos de la Federación, por responsabilidad administrativa, impuestas por autoridades distintas al órgano responsable de combatir la corrupción a nivel federal.

Faculta al Congreso para expedir la nueva Ley de Responsabilidades y Combate a la Corrupción, que será aplicada por los tres órdenes de gobierno.

Reforma al artículo 107 Para que toda resolución que ponga fin al procedimiento administrativo sancionador sea objeto de un juicio de amparo, ya sea por parte de autoridad federal o estatal.

Dicho juicio será ante Tribunales Colegiados de Circuito competente de conformidad a lo que señale la Ley correspondiente.

Reforma al artículo 109 Actualiza y reagrupa los tipos de responsabilidades en los que pueden incurrir los servidores públicos.

Señala que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será sancionada en los términos de la Ley penal aplicable y la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción.

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Se especifican los casos referentes a los servidores públicos sujetos de juicio político y en otro párrafo, se indica que las denuncias en materia de corrupción, se presentarán ante el órgano autónomo.

Agrega que esa Ley determinará las sanciones penales por causa de enriquecimiento ilícito, el cual se castigará con el decomiso y privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

El Congreso de la Ley expedirá la Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, su aplicación corresponderá a la Federación, Entidades Federativas y los Municipios.

Esta ley determinará las obligaciones de los servidores públicos a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones.

Las sanciones administrativas consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas que deberán tomar en consideración los daños y perjuicios patrimoniales causados. Se tomarán en cuenta los beneficios obtenidos derivados de los actos de corrupción.

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Reforma al artículo 113 Se crea un órgano anticorrupción con autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá las facultades de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción de los funcionarios públicos de la federación y de cualquier persona física o moral involucrada que se beneficie de los mismos.

Este órgano también podrá atraer investigaciones e imponer sanciones administrativas a servidores públicos de la Federación, por lo que las unidades de auditoría interna de los poderes u órganos públicos deberán informar al órgano responsable sobre los procedimientos de responsabilidades a su cargo.

Un aspecto importante es que el órgano anticorrupción por la

facultad de atracción podrá conocer aquellos hechos competencia de las entidades federativas y los municipios.

El titular será nombrado por la Cámara de Senadores a propuesta de los Grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes Deberá cumplir con los mismos requisitos que establece el Apartado A del artículo 102 de la constitución (excepto el de licenciado en derecho).

Durará en su encargo por un periodo de siete años improrrogable y sólo podrá ser removido a través de un juicio político.

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Principales atribuciones:  Desarrollar y difundir programas para la promoción de la ética,

la honestidad y la cultura de la legalidad en el servicio público;  Emitir recomendaciones a los órganos de los tres órdenes de

gobierno para prevenir las prácticas de corrupción;  Contará con un Consejo Consultivo, integrado por el Titular de

dicho órgano, quien lo presidirá; tres ciudadanos nombrados por la Cámara de Senadores, un represente del Poder Ejecutivo; un representante de la entidad de fiscalización superior de la Federación, y un representante del órgano garante a que se refiere el artículo 6 de la Constitución.

Las entidades federativas en términos de la ley, establecerán órganos de corrupción especializados con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. Su titular durará en su cargo 7 años improrrogables y será nombrado por cada Legislatura Local.

Las autoridades de la federación, entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal, incluyendo las unidades de auditoría interna, colaborarán y prestarán auxilio al órgano responsable, para instrumentar un registro nacional patrimonial de los servidores públicos, así como establecer las bases del sistema nacional de combate a la corrupción.

Reforma al artículo 114 La ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción –que deberá expedir el Congreso de la Unión–, fijará los criterios para la prescripción de las responsabilidades administrativas.

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El avance más importante consiste en que una vez que se califique un acto de corrupción, éste no prescribirá en 5 años.

Reforma al artículo 116

Los magistrados serán sujetos de las sanciones que se establezcan en la ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción (durarán en su cargo el tiempo que señalen las constitucionales locales).

Transitorios

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión tendrá 120 días, a

partir de la publicación de este decreto, para expedir la Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, incluyendo:

I. Requisitos para ser designado titular de las unidades de auditoría interna.

II. Bases y lineamientos (tres órdenes de gobierno) que deberán reunir los registros de servidores públicos.

III. Requisitos y condiciones para el nombramiento de los tres ciudadanos que conformarán parte del Consejo Consultivo.

Artículo Tercero. La designación del titular del órgano deberá realizarse en un plazo de 30 días posterior a la aprobación de la legislación que regule el funcionamiento y organización del órgano.

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Artículo Cuarto. Las entidades federativas tendrán 90 días para crear sus órganos especializados, contados a partir de la publicación de la ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción.

Artículo Sexto. En tanto se crea la nueva legislación se aplicará las leyes vigentes en materia responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos.

Artículo Séptimo. El Congreso de la Unión tendrá 1 año –a partir de la aprobación del presente decreto–, para adecuar las normas legales para dar cumplimiento a la reforma constitución en materia de anticorrupción.

Artículo Octavo. En tanto entra en vigor la reforma que otorga autonomía constitucional a la PRG y a las procuradurías estatales, se deberán crear fiscalías especializadas para investigar y perseguir los delitos de corrupción.

ANEXO ¿CÓMO FUNCIONARÍA EL ÓRGANO ANTICORRUPCIÓN? ÓRGANO Recibe denuncia o actúa de oficio

ASF, contralorías, PGR, ciudadanos, órganos locales anticorrupción, denuncias públicas en medios, etc.

• Valora elementos • Investiga

PGR, CNBV, SAT, procuradurías locales, PFP, etc. coadyuvan

Integra expediente

Turna a

PGR

Actos de corrupción: Soborno/ cohecho Extorsión Peculado/malversación Uso de información privilegiada Enriquecimiento ilícito Delitos vs. Administrac. Justicia Complementa expediente y aporta más elementos

Medidas precautorias: •Prisión preventiva •Arraigo •Congelamiento de cuentas

Supervisa actuación de MP Sanciona: •Multa (hasta por tres tantos) •Destituye •Inhabilita

Órdenes de aprehensión Al final rinde un informe

Sanción: •Confiscación •Prisión

Litiga en juicio

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