Aspectos relevantes de la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

SENADO LXII Legislatura Fundación Senadora María Lavalle Urbina

ASPECTOS RELEVANTES DE LA INICIATIVA DE LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Antecedentes La democracia en el siglo XXI contempla como factores indispensables de inclusión, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por ello el gobierno federal planteó como tema prioritario en la agenda nacional, el impulso del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión en un escenario de competencia.

En tal virtud, el Poder Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, la cual fue aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas y, el 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma que tuvo como eje, modernizar al sector y detonar la competencia entre los actores participantes en beneficio de una mayor penetración de servicios con calidad en el mercado mexicano. ¿Dónde estamos?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, señaló en el 2012 que la imperfección del funcionamiento de este sector implicaba pérdidas mayores a los 129 mil millones de pesos1. De acuerdo a datos de la SCT2 en el 2012, la penetración de diversos servicios de telecomunicaciones en regiones urbanas alcanzaba 630 localidades, con índices de penetración del 77 por ciento en telefonía móvil, 55 por ciento en telefonía fija; 40 por ciento en computadoras y del 30 por ciento en internet.

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A manera de dimensionar el dato, es oportuno mencionar que esta cifra rebasa el presupuesto aprobado para un año de operaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, -de acuerdo al PEF 2014-, cuyo monto para el sector alcanza los 118 mil millones de pesos. Ver. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2014.pdf

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Ver. http://www.sct.gob.mx/index.php?id=116&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8985&cHash=9eb2e9dcce

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En materia de telecomunicaciones se registró que al menos hay dos operadores en el 98 por ciento de las localidades urbanas; 93 por ciento de las suburbanas, 84 en las mixtas y así va disminuyendo hasta caer al 8 por ciento en las localidades de entre 50 y 500 habitantes, en donde precisamente está el reto de aumentar la oferta de proveedores de servicios.

Otro dato importante es que mientras en el 2010 el número de teléfonos inteligentes ascendía a 8.8 por ciento del total de líneas, en el 2013 elevaron su participación al 34.7 por ciento y se prevé alcance hacia el 2015 el 68 por ciento.

Cinco acciones del Gobierno Federal

1. Incorporar en la Constitución el derecho de acceso a la banda ancha y a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s).

2. Dotar de leyes que pongan al día la competencia en el sector.

3. Afianzar la rectoría del Estado en el ramo.

4. Detonar la inversión en infraestructura con fines de incrementar la cobertura y penetración de servicios en más localidades.

5. Licitar al menos dos nuevas cadenas de televisión abierta. La Convocatoria Pública ya se encuentra en el portal del IFETEL desde el pasado 9 de marzo de 20143 y se publicó días antes en el DOF4 el 7/03/14.

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http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/03/COMUNICADO-IFT-06-03-14.pdf http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5335259&fecha=07/03/2014

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Aspectos relevantes de la Iniciativa

Las telecomunicaciones son un instrumento habilitador para desarrollar diversas actividades en una sociedad, lo mismo de carácter, empresarial, educativo, social y hasta político. Con ello se puede combatir la exclusión social, el desempleo y la desigualdad en el uso de diferentes servicios.

Con las reformas secundarias se pretende que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, tenga claras sus facultades para regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las telecomunicaciones, recursos orbitales, comunicación vía satélite, así como los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión; además de los derechos de los usuarios de estos servicios y asegurar la libre competencia del sector.

Al respecto se brinda certeza al órgano constitucional autónomo respecto de sus atribuciones en materia de regulación, promoción y supervisión de la competencia y desarrollo eficiente del sector.

El Pleno del IFT será el órgano máximo de decisiones y su Presidente será el representante legal. Cabe destacar que se dividen perfectamente la Unidad de Investigación respecto del actor emisor de resoluciones.

Un aspecto fundamental es que por fin se termina la “doble ventanilla” pues sólo el IFT tendrá competencias antes y después de los trámites a los que haya lugar.

Aclara la iniciativa que la opinión que en su caso realice el Poder Ejecutivo Federal a las resoluciones del IFT se orientará a que se atienda a más segmentos de la población.

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De tal manera que, la SCT sólo emitirá una opinión técnica no vinculante respecto a las prórrogas, concesiones y medidas de continuidad de los prestadores de servicios; establecerá políticas de cobertura social y universal y, realizará acciones orientadas a garantizar acceso universal al servicio de banda ancha de Internet en edificios públicos, entre otros.

La Secretaría de Gobernación, SEGOB, intervendrá en materia de tiempos del Estado y de aquellos actores que soliciten uso de la cadena nacional, emitir boletines, a fin de verificar que los servicios de radiodifusión y contenidos audiovisuales se apeguen a lo establecido en la Ley. La Secretaría de Hacienda opinará sobre las contraprestaciones por el otorgamiento o prórroga de concesiones.

Las secretarías de Salud y de Educación Pública conservarán sus atribuciones en la materia. Mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor deberá promover y difundir los derechos de los usuarios.

El IFT deberá colaborar con los poderes del Estado así como con los órganos constitucionales autónomos cuando así lo soliciten.

Se prevé la integración del Consejo Consultivo de con 15 expertos designados por los comisionados.

Habrá una Contraloría Interna que realizará actividades de fiscalización y será designado/removido sólo por la Cámara de Diputados.

Antes de emitir nuevas reglas el IFT estará obligado a presentar una manifestación de impacto regulatorio, lo cual es una oportunidad para que los interesados presenten opiniones.

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Una acción de gobierno que no puede esperar es incrementar el acceso de la población a la Sociedad de la Información y el Conocimiento es un mandato de la presente administración, para ello, se requiere el uso eficiente del espectro radioeléctrico en un ambiente de plena competencia, atendiendo a la neutralidad del servicio, esto es, ofrecer más y mejores servicios con un menor consumo del radioespectro.

Al efecto se incorpora la figura de “Título Secundario del Espectro” para ofrecer servicios alternativos a los originarios del Título, siempre y cuando se proteja de interferencias a los servicios originales.

Se establecen las cuatro vertientes del espectro a saber…

1. Determinado para uso comercial, social, privado y público.

2. Protegido a nivel mundial y regional para asuntos de seguridad humana y de transporte 3. Libre para uso por el público en general 4. Reservado aquel en planificación. Conforme al Programa Anual de Uso y Aprovechamiento del Espectro.

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Se establece un régimen de concesiones que no implica concesión del espectro radioeléctrico sino permiso para la prestación del servicio.

Cabe mencionar que no coexistirán más las figuras de prórroga y refrendo, sólo existirá la PRÓRROGA y el IFT determinará el interés público, en su caso por recuperar el uso de ese espectro.

Se atenderá a la siguiente clasificación del espectro: ÚNICA.Bajo cuatro modalidades. 1) Para todo tipo de servicios con fines comerciales; 2) Para servicio público de la APF en los tres órdenes de gobierno, inclusive con los órganos autónomos y los poderes de la Unión sin fines de lucro; 3) Para servicios de comunicación privada y, 4) Para uso social para transmitir conocimientos, cultura y usos y costumbres de los pueblos originarios, sin fines de lucro.

En materia de interconexión y de interoperabilidad se prevé que los concesionarios adoptarán diseños de arquitectura abierta a fin de facilitar el trabajo entre los distintos prestadores del servicio.

Desaparecen los cargos por servicios de larga distancia y las áreas de servicio local en virtud de aquellos mismos concesionarios han propuesto la viabilidad de una tarifa única pues los protocolos de IP funcionan independientemente de las distancias.

Como dato, vale mencionar que hoy en día existen 397 áreas de servicio local.

En materia de interconexión se cierra el paso a las acciones de carácter discriminatorio y se frenan las tarifas abusivas pues no podrán rebasarse los límites que al respecto fije el IFT. La tendencia mundial es que el órgano regulador determina que los pagos netos entre concesionarios por terminación de llamadas debe ser CERO, esto es, no se cobraría por la terminación del tráfico entre redes. Sin embargo, este modelo denominado “Bill & Keep” sólo debe operar en un periodo de transición hasta que el mercado tome su cauce natural, mientras tanto continuarán los cobros asimétricos hacia los agentes preponderantes.

Se incorpora una figura denominada USUARIO VISITANTE, esto es que los ciudadanos independientemente del concesionario contratado, podrá realizar llamadas y servicios de mensajería fuera de su área de cobertura, en aras de mejorar la calidad del servicio.

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Los altos costos de infraestructura en el sector provocaron que sólo se ofrezcan servicios en zonas rentables, lo que impacta en la expansión del servicio a más mexicanos, en el costo de quienes sí lo reciben y desde luego en la calidad del mismo, generando efectos en sentido contrario a la competencia.

Un dato interesante es la política de la “neutralidad de las redes” esto es, los concesionarios no deberán limitar, degradar, restringir o discriminar el acceso a cualquier servicio por utilizar cualquier clase de instrumentos o dispositivos que pudiesen ocupar bandas mayores del espectro.

En materia de libertad de expresión y derecho a la información, se establece que en tanto lo que se transmite en radio y televisión es de interés público, corresponde al Estado vigilar el cumplimiento de sus funciones sociales.

De tal forma que cada canal de multiprogramación autorizado a los concesionarios ya sea con carácter comercial, social o público, del espectro radioeléctrico deberá atender a las mismas disposiciones y reglas en materia de contenidos, publicidad, producción nacional, defensor de audiencia, tiempos del Estado, encadenamientos y sanciones aplicables.

Se reconocen los derechos de las audiencias para recibir contenidos con pluralidad ideológica; en diferentes géneros; que priorice la información; el ejercicio de réplica; así como la conservación en la calidad de audio y video.

Se institucionaliza la figura del Defensor de Audiencias, que será el responsable de recibir y procesar las observaciones y quejas; todos sin excepción alguna de los concesionarios deberán contemplar un Defensor de Audiencias.

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Se fijan reglas que guiarán la actuación del IFT en materia de regulación de agentes preponderantes, por lo que, la preponderancia aplica EXCLUSIVAMENTE, a partir de la observación de un porcentaje de participación en ciertas variables, entonces el concepto es de APLICACIÓN AUTOMÁTICA. En materia de propiedad cruzada, la tendencia es a eliminar barreras cuantitativas y generales para acceder o incrementar participaciones en más de un medio de comunicación.

Habrá un Registro Público de Concesiones y se crea el Sistema Nacional de Información de Infraestructura que servirá para la toma de decisiones del Estado.

Por lo que respecta a la colaboración del IFT con autoridades de seguridad y justicia para la intervención de comunicaciones y localización geográfica de móviles en supuestos de delincuencia organizada y otros.

Sin embargo es FUNDAMENTAL recordar que en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el 5 de marzo de 2014 en el DOF se establece en los artículos 252 así como del 291 al 303 5 los actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de Control, entre ellos, la intervención de comunicaciones y las modalidades que ello implica, contemplando inclusive en su momento, la destrucción de los registros.

Hay un reconocimiento de los medios públicos de radiodifusión para alcanzar la consolidación democrática del país, es decir, promover la libertad de expresión en su dimensión colectiva para fomentar la inclusión y fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural.

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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334903&fecha=05/03/2014

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