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EL FALLIDO NEGOCIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
La pandemia dejó ver los problemas del sistema de justicia y de la infraestructura de las prisiones, ya que hubo que liberar reos para evitar contagios por el hacinamiento. En años anteriores, ya se ha intentado dar solución con la participación de empresas privadas, pero resultó un negocio que no floreció debido a que necesita coordinación con el gobierno y la sociedad. POR DIANA ZAVALA
FOTO PORTADA: BERNARDO MONTOYA / REUTERS
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os contagios del COVID-19 llegaron a los penales mexicanos en mayo. Desde entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha llevado un seguimiento, a través de sus redes sociales, de la gravedad de la enfermedad en los Centros de Reclusión Social federales y estatales. Hasta el 29 de junio, había registrados 652 casos positivos acumulados y 103 fallecimientos. El mayor número de personas privadas de la libertad y contagiadas está en Puebla, con 192 en el último corte del organismo. En segundo lugar se encuentra Jalisco, con 101; y en tercero, la Ciudad de México, con 75. Sin embargo, las cifras pueden ser mayores. María Sirvent, directora ejecutiva de Documenta, una organización civil que busca el fortalecimiento del sistema de justicia, afirma que existe un subregistro de los casos. Ante la situación, los gobiernos de la capital del país, del Estado de México y de Oaxaca aplicaron dos esquemas: libertad anticipada y libertad LA SOBREPOBLACIÓN condicional. La primera estrategia fue impulsada DE LAS PRISIONES HA CONTRIBUIDO A LA por la Ley de Amnistía, publicada en el Diario PROPAGACIÓN DEL Oficial de la Federación (DOF) el 23 de abril de CORONAVIRUS, POR LO QUE SE TUVO QUE 2020. “Es una preliberación que está autorizada LIBERAR A PARTE DE LA POBLACIÓN por ley, y están consideradas 800 personas. Ya se PENITENCIARIA. han ido preliberando alrededor de 250. No son delitos graves y estaban por cumplir su sentencia”, explicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno
FOTO: ULISES RUIZ / AFP
de la Ciudad de México, en una conferencia de prensa. El objetivo fue reducir la sobrepoblación en algunos centros penitenciarios, lo que provocaba un mayor riesgo de contagio de COVID-19. Sin embargo, el problema ha existido durante décadas. “La pandemia vino a exponer lo peor del sistema penitenciario, (...) con cárceles que tienen problema de infraestructura y, más que eso, de hacinamiento. Tienes un sistema penitenciario totalmente olvidado por la federación”, dice Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización civil Reinserta, enfocada en romper círculos de delincuencia y violencia trabajando con el sistema penitenciario.
LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENITENCIARIO A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL ES DEFICIENTE. EN ALGUNOS SITIOS SE CARECE HASTA DE AGUA POTABLE.
PENALES ABARROTADOS En México, hasta 2018, había registrados 309 centros de reclusión social en los estados, de los cuales 255 son para adultos y 54 para adolescentes. Ese año había FOTO: JESÚS ALMAZÁN
176,819 personas prisioneras, de las que 34.6% permanecían privadas de la libertad sin tener sentencia. En la actualidad, según información de Niño de Rivera, la cifra asciende a 47%. Datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2019, realizado por la CNDH en centros penitenciarios estatales, indican que la mayoría de los sitios cuentan con algún grado de hacinamiento. Los penales en los que se presenta esta situación con mayor gravedad se encuentran en Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas. La mayoría de las prisiones aloja a más gente de la que está diseñada para acoger. “La tasa nacional más baja se registró en 2016, un periodo en el cual la sobrepoblación de las prisiones estatales llegó a 110%. Sin embargo, de 2011 a 2015, el promedio histórico de la tasa de sobrepoblación a nivel nacional superó el 120%, cifra considerada por el Consejo Europeo como sobrepoblación crítica”, señala el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. Y hay otros problemas de infraestructura que agravan la situación de contagios de coronavirus, como el escaso acceso al agua. “Todas esas medidas de higiene y limpieza que se deben respetar para prevenir y controlar la enfermedad se vuelven muy difíciles de implementar en este marco, además de otros aspectos, como la preparación de comida. Prácticamente, el espacio o la infraestructura penitenciaria no está ayudando de ninguna forma a prevenir la enfermedad en los lugares de detención” dice a Obras Carole Pittet, coordinadora de Protección de la Delegación Regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). POR
SOBREPOBLACIÓN CONFIRMADOS
PERSONAS PRISIONERAS EN 2018
SIN SENTENCIA
61,179
176,819
SOSPECHOSOS
DEFUNCIONES
250
200
150
100 FUENTE: INEGI. 50
CASOS DE CONTAGIO ACUMULADOS
652
SOSPECHOSOS
250
FUENTE: CNDH AL 29 DE JUNIO.
MUERTES
103
0 PUEBLA
JALISCO
CD. DE MÉXICO
CHIHUAHUA
FUENTE: CNDH AL 29 DE JUNIO.
“La pandemia no está afectando por la reclusión como tal. Afecta mucho más la impotencia de saber que no tienen control absoluto respecto al hacinamiento en el que viven y a las condiciones que los rodean. Por ejemplo, en la penitenciaría de la Ciudad de México quemaron vivo con agua caliente a un tipo que estaba tosiendo. Se ha generado una especie de paranoia”, añade Saskia Niño de Rivera. Estos problemas, que han existido siempre, van más allá: vulneran los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y contribuyen de manera negativa al sistema de seguridad del país. La falta de presupuesto –que se redujo en casi 1,000 millones de pesos de 2018 a 2019–, la sobreutilización de la cárcel como solución a los problemas de seguridad
CAMPECHE
y la poca importancia brindada al sector han contribuido a problemas como la autogobernanza y la ejecución de crímenes dentro de las prisiones. “Si no tenemos cárceles que funcionen, México no avanzará en materia de seguridad”, dice la titular de Reinserta, y agrega que 755 de las extorsiones telefónicas vienen de los penales, así como la orquestación de secuestros y otros delitos. El problema es histórico, pero en México se agravó durante la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, indica Alejandro Marambio Avaria, asesor regional en Sistemas Penitenciarios del CICR, delegación para Panamá y el Caribe. Durante este tiempo, creció la tasa de personas en prisión. “Luego te encuentras con el presupuesto, cuánto cuesta mantener un sistema DURANTE EL GOBIERNO DE penitenciario con tanta cantidad de personas. Eso FELIPE CALDERÓN SE IMPLEMENTÓ LA implica que el sistema se vuelva muy caro, y es ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA la primera razón por la que hay esta situación de GESTIONAR CÁRCELES malas condiciones”, destaca el experto. FEDERALES.
FOTO: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ / REUTERS POR
EL NEGOCIO FALLIDO Como solución, Felipe Calderón anunció durante su cuarto informe de gobierno que algunas prisiones federales serían construidas a través del esquema de Asociación Público Privada (APP), y que estas tendrían capacidad para 32,500 internos. El proyecto planeaba que las empresas construyeran y llevaran la administración de los centros de reclusión social, mientras que el Estado se hacía cargo de la seguridad y custodia. En las licitaciones, resultaron ganadoras seis compañías: ICA, Homex, Tradeco, Prodemex, Arendal y GIA, con contratos por 22 años. La propuesta esperaba tener resultados beneficiosos para ambas partes: el gobierno reduciría la inversión en este sector –se estimó que el costo diario de cada interno bajaría de 690 a 230 pesos–, se mejorarían las EL ESQUEMA APP condiciones de los penales y las empresas gaNO HA SIDO EXITOSO PARA EL SISTEMA narían contratos por 4,000 millones de pesos DE JUSTICIA NI PARA LAS EMPRESAS por cada centro penitenciario. PARTICIPANTES.
FOTO: RICARDO CASTELAN / REUTERS
Finalmente, se construyeron siete penales con este esquema, aunque cinco de ellos se completaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Son grandes centros con innovaciones y alta tecnología, y han solucionado, en parte, la sobrepoblación, pero los problemas más graves han continuado. “Las empresas donaron el lugar, el espacio físico en donde se construyeron estas prisiones, pero están edificadas en medio de la nada, en lugares poco accesibles para las familias, como el caso del Cefereso 16 de Morelos. Esto ha debilitado la visita de las familias, porque les cuesta mucho dinero y tiempo, y afecta al personal”, dice María Sirvent, de Documenta. Y agrega: “Otra cuestión es que se construyeron grandes prisiones en donde lo que pasa es que está muy bonita, hay grandes tecnologías, pero hay necesidad de meter internos, porque el gobierno le paga a la empresa haya personas privadas de la libertad o no. Entonces, la persona se vuelve como un negocio. Y el modelo que se implementa en la gran mayoría de las prisiones es muy violatorio de los derechos humanos, copiado de Estados Unidos, un modelo de aislamiento donde los internos están 23 horas al día en su celda y una hora afuera, en un panóptico”. Las empresas implicadas tampoco han obtenido grandes beneficios para sus negocios. Aunque los contratos son privados y las compañías no han dado información al respecto, dos de los penales no lograron
LAS PRISIONES NO ESTÁN HACINADAS POR EL SISTEMA PENITENCIARIO, SINO POR UNA FALLA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA EN GENERAL.
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EL SISTEMA DE construirse por inconvenientes con el crimen JUSTICIA NO ABONA A QUE SE PUEDA organizado y otras dos de las empresas involuHACER BUEN USO cradas intentaron vender su participación. DE LAS CÁRCELES CONSTRUIDAS POR EL Para Sirvent, estos indicadores muestran que SECTOR PRIVADO. el esquema y el tamaño de las prisiones no son la respuesta adecuada a los problemas. Las cárceles no están hacinadas por culpa del sistema penitenciario, sino por el sistema de justicia en general, y las APP no han funcionado por el trasfondo no adecuado en el que fueron concebidas. “La legislación de la obra pública es deficiente para promover la buena gobernanza en la materia. Por una parte, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se enfoca, principalmente, en los procesos de contratación/adjudicación de las obras, sin poner la atención deseable en la planeación, el monitoreo de la ejecución de las obras o su operación (para la FOTO: RICARDO CASTELAN / REUTERS
cual no se establecen reglas en la ley). En este sentido, resalta que no se asegura la objetividad de los diagnósticos de infraestructura. Es decir, existe la posibilidad de que se decida construir obras que no responden a necesidades reales”, indica el informe de ‘Privatización del Sistema Penitenciario en México’, de Documenta. Además, existe opacidad en el uso de recursos y responsabilidades de los funcionarios encargados de la construcción de infraestructura, finaliza este análisis.
LA SOLUCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA CARCELARIA
SE DEBERÍAN INVERTIR MÁS RECURSOS EN MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PENALES ESTATALES Y MUNICIPALES, LUGARES EN DONDE SE ENFRENTAN A LA CARENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS.
“¿Cuánto del PIB se puede usar en sistemas penitenciarios? Si no tienes la capacidad económica para mantener centros penitenciarios, no puede ser una buena alternativa construir más”, dice Alejandro Marambio Avaria, del CICR. “No hay que olvidar que una cárcel que no está bien gestionada, que no tiene los recursos necesarios, también se puede volver rápidamente fuente de riesgos en términos de seguridad, no solo en el lugar, sino de seguridad pública”, añade Carole Pittet. La solución sería reformar el sistema penal y darle la importancia debida a la reinserción social, dejando de usar las prisiones como herramienta de castigo, ya que no ayuda a la seguridad del país. Las personas privadas de su libertad se enfrentan a dos consecuencias, comenta Saskia Niño de Rivera: en primer lugar, las
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LAS CÁRCELES DEBEN personas culpables crean grupos delictivos en CONSTRUIRSE DE el interior y continúan cometiendo delitos; y las ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS inocentes desarrollan un resentimiento social que DE LA REGIÓN Y EL TIPO DE DELITO después las puede impulsar a cometer crímenes. DE LA MAYORÍA DE PERSONAS PRIVADAS En cuanto a las cárceles federales construidas DE LA LIBERTAD. y administradas con el modelo APP, se podría realizar una mejora si se garantizaran la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Para ello, se deberían invertir más recursos en mejorar la infraestructura de los penales estatales y municipales, lugares que se enfrentan a carencias de servicios básicos y en donde existen los mayores problemas de hacinamiento, apunta María Sirvent, de Documenta. En este sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha establecido Estándares de Infraestructura Carcelaria, como resultado del análisis y visitas a centros de reclusión social de la región. FOTO: RICARDO CASTELAN / REUTERS
Aunque Alejandro Marambio Avaria considera que las prisiones deben ser edificadas de acuerdo con las características de cada población, “lo importante es tener claro el tipo de perfil del centro penitenciario que necesitamos”. “No son necesarias cárceles con grandes torres y grandes rejas, si la mayor parte de la población penitenciaria requiere mediana seguridad. Y sin embargo, hay muy pocos centros penitenciarios pensados desde ese punto. Esto solo hace más difícil la gestión y el tratamiento penitenciario, lo que fortalece carreras criminales”, agrega el especialista. Actualmente, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Puebla tiene la propuesta de edificar cinco centros de reclusión social en el estado, ya que ayudaría a que la entidad se posicionara en los primeros 10 puestos de valuación de penales a nivel nacional (actualmente se encuentra en el 21). Por lo menos uno de ellos debería ser femenil, ya que la CNDH realizó la recomendación de construir una cárcel con esta tipología. La edificación contribuiría a la reactivación del sector de la construcción después de la pandemia, dice Héctor Sánchez, presidente de la Cámara en el estado. “Es una posibilidad de estar activos en estos momentos tan complicados, de estar construyendo en la especialidad que se requiere en el tema de justicia”, indica. Sin embargo, las organizaciones especializadas plantean que primero se haga una reforma del sistema, para que estos centros sean el último recurso en la impartición de justicia.
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