Revista Comunicación & Ciudadanía 5

CONTENIDO 2

EDITORIAL

ENERO-JUNIO 2012

TEMA MONOGRÁFICO Deliberación, comunicación y participación 6

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social del periodista y medios de comunicación en la realización y publicación del documental Baby sicarios, producido por el Canal Cuatro de España Semillero de Niñez y Derechos

Comunicación, educación y conexiones culturales Anelice Ribetto / Valter Filé

Localizando el compromiso público Dr. Ricardo Blaug

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

Deliberando en la plaza: una reflexión sobre los límites de la democracia a la luz del movimiento de los indignados en España Jorge Resina de la Fuente El diálogo político juvenil.

Cómo los medios y la sofisticación influyen en la conversación política Carlos Muñiz La opción deliberativa y la profundización de la democracia en Colombia Juan Esteban Ugarriza

otras voces 

Estudio de caso. Falta de responsabilidad

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Los diálogos de la libertad de expresión: fundamentos filosóficos dentro del derecho internacional de los derechos humanos Francisco R. Barbosa Delgado Las víctimas en los medios de comunicación Semillero de Investigación en Comunicación y Derechos Humanos Participación política: comunidad LGBTI en la Web 2.0 Semillero de Investigación en Comunicación y Derechos Humanos

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reseñas

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convocatoria

COLABORAN EN ESTE NÚMERO: Laura María Ayala (Colombia) Diana Marcela Ariza (Colombia) Ricardo Blaug (Estados Unidos) Francisco Barbosa Delgado (Colombia) Luz Victoria Lozano (Colombia) DIRECTORA: Ricardo Andrés Monsalve (Colombia) Luz Amalia Camacho Velásquez Carlos Muñiz (México) EDITORA GENERAL: Paola Vargas Ramos (Colombia) Victoria E. González M. Analice Ribeto (Brasil) Jorge Resina (España) COMITÉ CIENTÍFICO Catalina Ruiz Vergara (Colombia) Sergio Caggiano Instituto de Altos Estudios Sociales IDAES (Argentina) Daniel Sacristán (Colombia) Juan Esteban Ugarriza (Colombia) Emilssen De Cancino Universidad Externado de Colombia (Colombia)

Marcelo Gómez

COMITÉ DE ÁRBITROS Mary Correa Jaramillo Alejandro Grimson Pontificia Universidad Bolivariana de Instituto de Altos Estudios Sociales IDAES (Argentina) Medellín Guillermo Orozco G. Victoria E. González (Colombia) Asociación Latinomanericana de Investigadores Universidad Externado de Colombia de la Comunicación (México) Diego Mazorra Enrique Pastor Universidad Externado de Colombia Universidad de Murcia (España) Silvia Montaña Vanina Papalini Universidad Externado de Colombia Universidad de Quilmes (Argentina)

CONICET – Centro de Estudios Avanzados Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Rossana Reguillo

Universidad Jesuíta de Guadalajara ITESO (México)

Jairo Rivera

Universidad Externado de Colombia (Colombia)

Juan Camilo Rodríguez

Universidad Externado de Colombia (Colombia)

Hernando Rojas

Universidad de Wisconsin (Estados Unidos)

Carlos Valderrama IESCO Universidad Central (Colombia) Lucero Zamudio

Universidad Externado de Colombia (Colombia)

Margarita M. Orozco (Colombia) Universidad Externado de Colombia Rocío Rueda Ortiz Universidad Pedagógica Nacional Hernando Rojas Universidad de Wisconsin / Universidad Externado de Colombia DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Orlando Valencia S. ILUSTRACIÓN Víctor Manuel Barrera CORRECCIÓN DE ESTILO Departamento de Publicaciones Universidad Externado de Colombia IMPRESIÓN Nomos Impresores FECHA DE ENTREGA DE ARTÍCULOS ARBITRADOS 3 de septiembre de 2011.

Facultad de Comunicación Social - Periodismo Calle 12 N° 1-17 Este Tels.: 341-9900, 342-0288, ext. 1455 web: www.uexternado.edu.co/comunicacionyciudadania e-mail: comyciudadania@uexternado.edu.co Bogotá, D.C., Colombia © Enero-Julio de 2012. © Prohibida la reproducción parcial o total de los materiales de esta revista sin autorización escrita de los editores.

Las opiniones expresadas por los articulistas son de su responsabilidad y no corresponden necesariamente al pensamiento de la revista Comunicación & Ciudadanía ni a los principios de la Universidad Externado de Colombia.

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Editorial

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E

l número 5 de la Revista Comunicación y Ciudadanía que hoy nos convoca tiene como monográfico el tema Deliberación, comunicación y participación. Elegimos este tema, entendido como una manera de conectar a los ciudadanos con la vida pública, incrementar el sentido común para la acción y confrontar a las personas en un manejo adecuado de los conflictos mediante el enfrentamiento de tensiones y de puntos de vista opuestos. También queremos explorar la creación de espacios y oportunidades para que las personas tomen decisiones de conjunto sobre los asuntos que les preocupan y desde la instauración de estructuras institucionales que permitan que la ciudadanía asuma un verdadero rol activo.

Con base en estos preceptos ponemos a consideración de nuestros lectores los siguientes artículos: Deliberando en la plaza: una reflexión sobre los límites de la democracia a la luz del movimiento de los indignados en España, de Jorge Resina de la Fuente, escrito en el cual el autor pretende acercarse a este fenómeno social e indagar sobre las causas y la naturaleza de sus acciones, partiendo de una reflexión sobre la democracia existente, sobre la representación y sobre la función mediadora de la opinión pública.

Tenemos también la propuesta Comunicación, Educación y Conexiones Culturales de Anelice Ribetto, quien habla de su experiencia a partir de discutir y repensar la participación de los estudiantes-trabajadores en el universo académico teniendo como plataforma las redes sociales.

Igualmente encontramos a Ricardo Blaug, quien en su escrito Localizando el compromiso público explora tres ámbitos distintos de dicho compromiso con sus fortalezas, sus debilidades y su capacidad de comprometer activamente al público: la entrega real de servicios, el entorno de los objetivos de servicio y la promulgación de la responsabilidad pública.

En cuarto lugar tenemos el artículo de Carlos Muñiz El diálogo político juvenil. Cómo los medios y la sofisticación influyen en la conversación política, en el cual el autor realiza una encuesta a estudiantes de bachillerato de la Zona Metropolitana de Monterrey, México, para evaluar la correlación entre su consumo mediático y la conversación política desarrollada.

Cerramos este aparte monográfico con el título La opción deliberativa y la profundización de la democracia en Colombia, de Juan Esteban Ugarriza, quien comienza su texto describiendo el contexto histórico-político en el que se desarrollar una discusión latinoamericana sobre política deliberativa. Posteriormente, describe el caso colombiano teniendo en cuenta el conflicto armado como condición excepcional bajo la cual los modelos deliberativos no han sido aún puestos a prueba; y en la parte final, explica que el debate deliberativo en Colombia y la región aporta al conocimiento de la comunidad académica y contribuye a resolver los desafíos políticos locales.

En la sección Otras voces encontramos tres artículos producto de los trabajos realizados por los Semilleros de Investigación en Niñez y Derechos, Derechos Humanos y Comunicación y política. El primero, titulado Falta de Responsabilidad Social del periodista y medios de comunicación en la realización y publicación del documental “Baby sicarios” producido por el Canal Cuatro de España; el segundo, Los diálogos de la libertad de expresión: fundamentos filosóficos dentro del Derecho Internaional de los Derechos Humanos; el tercero, Víctimas en los medios de Comunicación y el cuarto, Participación política: comunidad Lgtbi en la web 2.0. Finalmente, tenemos nuestra sección habitual de reseñas de las más importantes publicaciones de la Universidad Externado de Colombia.

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MONOGRáFICO

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Comunicación, educación y conexiones culturales

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Anelice Ribetto dedu/ffp/uerj

Doctora en Educación, Profesora Adjunta de la Faculdade de Formação de Professores de la Universidade do Estado de Rio de Janeiro.

Correo-e: anelatina@gmail.com

Valter Filé im/ufrrj

Doctor en Educación, Profesor Adjunto del Instituto Multidisciplinar de la Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Correo-e: valterfile@gmail.com

CAMILA MIRA Traducción

Resumen

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Discutir y repensar la participación de los estudiantes-trabajadores en el universo académico estimuló la creación de un espacio que pudiese acoger las particularidades y las dificultades que vienen sufriendo a lo largo de estos años, cuando la universidad no era pensada para ellos. Así nació el Grupo de pesquisas Educação, sociedade do conhecimento e conexões culturais, a partir de investigadores y estudiantes del Instituto Multidisciplinar/ufrrj – Nova Iguaçu - y de la Faculdade de Formação de Professores/uerj – São Gonçalo, Rio de Janeiro. Hoy integran la red investigadores de otras dos universidades públicas brasileñas y de dos universidades públicas argentinas.

Una de las grandes dificultades de los alumnos trabajadores para participar de un grupo de investigación son los horarios establecidos para el funcionamiento de la mayoría de éstos. Para intentar enfrentar esa dificultad, nuestro grupo organizó sus actividades en una red social, en Internet.

Palabras clave: Comunicación; Red social; Educación; Conexiones culturales.

Deliberación, Comunicación y Participación

Abstract To discuss and reconsider the participation of student-workers in the academic world has stimulated the creation of a space that could welcome the characteristics and to accommodate the difficulties that such student has been suffering over the years, when the university was not invended for them.

Thus it was born the research group Education, knowledge society and cultural connections, from the Instituto Multidiciplinar / ufrrj - Nova Iguaçu - and the Faculdade de Formação de Professores / uerj - São Gonçalo, Rio de Janeiro researchers and students. Today they are integrated to the Brazilian public network and public universities in Argentina. One of the great difficulties of students and workers to join a research group are the scheduled times for running the most of them. To try to face this difficulty, our group has organized its activities in a social network, the Internet.

Keywords: Communication; Social Networking; Education; Cultural Connections.

L

a intención del grupo es que su producción de conocimiento contribuya a nuevas maneras de hacer, de decir, de pensar y de experimentar en educación. Conocimientos que puedan interactuar con otros procesos educativos –en la formación de profesores y en otros contextos– en reflexiones, prácticas y saberes, alimentando procesos y relaciones sociales más democráticas, que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, pues entendemos que todavía vivimos en una sociedad generadora de injusticias que acaban transformando diferencias en desigualdades y generando procesos de subalternización. Por lo tanto, es nuestro compromiso ofrecer otras alternativas de participación a quienes desean ingresar en un grupo de investigaciones pero que no pueden hacerlo por falta de horarios que no choquen con sus tiempos de trabajo y los excluya de la condición de investigadores porque no tienen ese tiempo, hegemónicamente, pedido por las universidades.

La apertura de nuevos campos de las universidades públicas brasileñas, por sí sola, no garantiza que la ampliación del acceso signifique la continuidad de los que entran, principalmente los que entran con la condición de trabajadores. La experiencia de las universidades públicas con trabajadores es poca. Sus currículos, sus dinámicas y prácticas de enseñanza, investigación y extensión, desconocen o no atienden el hecho de que existe otra población frecuentando esta universidad, diferente de aquella para la cual, supuestamente, fue creada. Así mismo, con esa otra población invadiendo sus campos, una de las pocas alteraciones en las condiciones de acogida es la del horario, que se amplía a nocturno, aunque, también en ese período, todo conspire contra la falta de transporte, después de determinadas horas; la violencia y los constantes problemas para estudiantes salir y volver entre determinadas horas; el cansancio después de una jornada de trabajo, y el hecho de que la mayoría de las demás actividades que integran su formación –estadio, prácticas de investigación,

seminarios, congresos y grupos de investigación– acontecen durante el día.

Como si no bastase, esos estudiantes encontrarán un modelo hegemónico de universidad pública, adverso y monocultural, pues se fundamenta en lo que se suponen conocimientos necesarios (ya consagrados como tales) para una “formación de calidad”. Un modelo que se basa en una ciencia en la que sus conocimientos se instituyen con auto-suficiencia y, por lo tanto, no precisan de nada más. Hacen parte –o representan– un tipo de pensamiento, designado por Boaventura de Souza Santos (y otros) como Pensamiento abisal (2000). Tal pensamiento se da como si el conocimiento social estuviese dividido en dos universos distintos: el universo “de este lado de la línea y el universo del otro lado de la línea. La división es tal”, dice el autor, “que el otro lado de la línea desaparece como realidad, de hacer inexistente, y es producida como inexistente”. Continúa diciendo que tal pensamiento genera la imposibilidad de la co-presencia de los dos lados de la línea.

En el caso de la universidad pública brasileña, esa dificultad se insinúa con la imposibilidad de la co-existencia de la dinámica académica –su cotidianidad, sus exigencias, su burocracia– con la presencia de alumnos trabajadores, que tengan una formación diferente de aquella dada a las elites del país, de aquellos que tienen identificaciones culturales distintas o que son identificados por el peso de su condición histórica de ciudadanos de segunda categoría, como es el caso de negros e indígenas. Las materias y las tareas académicas tienden a ser ofrecidas sin consideración con los alumnos o, lo que es peor, invisibilizándolos a través de sus dificultades, transformándolos, nuevamente, en aquellos que no tendrían condiciones de frecuentar aquella institución y aprovechar su calidad. Así, la universidad pública y las personas que necesitan de ella para intentar superar los procesos de desigualdad, son, de nuevo, acusados de sus

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fracasos, e invitados a asumir una esencialidad de la falta, de la falla. Nuevamente, se amplían las desigualdades sociales, las injusticias cognitivas.

Boaventura de Souza Santos continúa sugiriendo que el conocimiento y el derecho moderno son lugares privilegiados de actuación de ese pensamiento abisal, pues, aunque sean distintas y operen de forma diferenciada, son interdependientes. Cada una crea un subsistema de distinciones visibles e invisibles de tal forma que las invisibles se transforman en el fundamento de las visibles.

En el caso de la universidad pública brasileña, en su modelo hegemónico, los pobres, los negros, los indígenas son los fundamentos de sus acciones aunque no en su cotidianidad compleja, ambigua, paradojal y, a veces, contradictoria... a veces, son considerados solo como temas de investigación. Y aquí nos servimos de la sombra de lo jurídico (o por lo menos de estructuras burocráticas y llenas de tradiciones en las que, muchas veces, una recomendación de un órgano administrativo se transforma en obligatoriedad, ley, reglamento). En esos casos, muchas veces no cuestionamos si existe justicia en la legalidad o si esta dicotomía central deja de lado todo un territorio social donde ella sería impensable como principio organizador, o sea, el territorio sin ley, fuera de la ley, el territorio de lo ilegal o de lo legal e ilegal de acuerdo con derechos no oficialmente reconocidos (Santos, op.cit).

Nos interesa, sin embargo, pensar en qué medida las desigualdades sociales y las injusticias cognitivas pueden ser entendidas, no por su conversión en faltas y fallas individuales, lo que lleva a algunos individuos identificados en esta situación con comportamientos que van desde aprovechar la situación para acceder a algunos beneficios secundarios, victimización y otras distorsiones. ¿Será entonces que podemos asumir tales desigualdades e injusticias como principio determinador de nuestras acciones, de nuestras inversiones, de nuestros proyectos educativos?

Caminar hacia la superación de las injusticias cognitivas sería reconocer que nuestros conocimientos disciplinares no son suficientes. Es preciso reconocer aquello que Boaventura (op. cit) llama ecología de los saberes, afirmándola a partir de la idea de que el conocimiento es interconocimiento. Es una ecología, porque se basa en el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos heterogéneos (siendo uno de ellos la ciencia moderna) y en interacciones sustentables y dinámicas entre ellos. El autor, tratando de la ecología de los saberes, dice:

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Na ecologia de saberes cruzam-se conhecimentos e, portanto, também ignorâncias. Não existe uma

unidade de conhecimento, como não existe uma unidade de ignorância. As formas de ignorância são tão heterogéneas e interdependentes quanto as formas de conhecimento. Dada esta interdependência, a aprendizagem de certos conhecimentos pode envolver o esquecimento de outros e, em última instância, a ignorância destes. Por outras palavras, na ecologia de saberes, a ignorância não é necessariamente um estado original ou ponto de partida. Pode ser um ponto de chegada. Pode ser o resultado do esquecimento ou desaprendizagem implícitos num processo de aprendizagem recíproca. Assim, num processo de aprendizagem conduzido por uma ecologia de saberes, é crucial a comparação entre o conhecimento que está a ser aprendido e o conhecimento que nesse processo é esquecido e desaprendido. A ignorância só é uma forma desqualificada de ser e de fazer quando o que se aprende vale mais do que o que se esquece.

A utopia do interconhecimento é aprender outros conhecimentos sem esquecer os próprios. É esta a tecnologia de prudência que subjaz à ecologia de saberes. Ela convida a uma reflexão mais profunda sobre a diferença entre a ciência como conhecimento monopolista e a ciência como parte de uma ecologia de saberes (Op. cit.: 25).

Y, muchas veces, nuestra inquebrantable obstinación por transmitir la verdad de la ciencia, aquello que salvará nuestros alumnos, vamos, en la misma medida, ampliando nuestra ignorancia sobre las cuestiones –sociales, culturales, económicas– que se interponen entre nosotros (nuestra materia) y ellos. Entonces ahí, lado a lado, dos ignorancias. Mas, debemos poder decir cuál es la única ignorancia degradante y que debe ser superada, distinguiendo el que sabe de aquel que no sabe (y, muchas veces, el marcado como único ignorante es cristalizado en esa situación, inventado como aquel que nunca sabrá. ¿Nosotros o ellos?).

Así, como parte de la búsqueda por el reconocimiento de una ecología de saberes que incluya los saberes y no saberes de todas las personas envueltas en los procesos de creación de conocimientos –estudiantes y profesores– las dificultades existentes para aprovechar todas las posibilidades de comunicación, de interacción, de enseñanza y aprendizaje, nos interesan los saberes producidos por las tecnologías. Pero la noción de tecnología no puede ser reducida a los aparatos y los medios. A la noción de tecnología se vinculan tecnologías no tan nuevas, como la escritura verbal, y las víctimas que todavía produce entre aquellos que no pertenecen a su economía; se vinculan a esa noción, también, los lenguajes y sus interpretaciones, las prácticas culturales con sus conexio-

Deliberación, Comunicación y Participación

nes –hibridaciones– y diferentes modos y formas de habitar los mismos tiempos y usar aquello que está disponible. Dentro de esta perspectiva, nos preguntamos: ¿cómo lidiar con las tic sabiendo las diferentes formas de pensar y habitar el mundo? ¿Solo un recurso, una herramienta u otras posibilidades cognitivas? ¿Cómo enfrentar el hecho de que las diferencias son relacionales y no esenciales? ¿Cómo pensar en las diferencias contextuales, relacionales, culturales ya no para superarlas a través de la unilateralidad, sino para entenderlas en un proceso de alteridad? ¿Cómo salir del confort de nuestros discursos de lo ya sabido y enmarañarnos por la selva de desafíos, asumiéndolos como una de las más importantes referencias para nuestra actuación? ¿Será posible eso?

En términos cognitivos y culturales la era de la información corresponde a un período complejo e interesante, pero de sentidos ambivalentes.

Tienden a substituir las pirámides de relaciones de autoridad y de saberes jerarquizados, por redes de relaciones cooperativas y de saberes inter-activos. “Fueron las nuevas tecnologías que liberaron las fuerzas creadoras de redes y descentralización” (Castells, 2003: 365).

Las formas emergentes de organización social se apoyan en el uso intenso del conocimiento y de las variables culturales. Fue la expansión de la Internet, como vehículo de circulación de la información, lo que proporcionó a la sociedad esa intensa utilización. No obstante, potenció, también, preocupantes fenómenos de info-exclusión.

El conocimiento producido por procesos de comunicación, interactividad y colaboración, y la información son variables decisivas de la actual estructura social.

Mientras la escuela –como proyecto del Estado moderno– todavía está identificada como la institución que distribuye el saber a partir de la transmisión de informaciones y conocimientos considerados fundamentales para la formación de los sujetos, la sociedad se transforma y demanda otras posibilidades de pensar el conocimiento, la formación, considerando la velocidad en que estas transformaciones ocurren. Esa escuela no se encuentra más en el centro de la agenda de las personas, pues, es una más de las agencias posibles para la búsqueda de información, de producción de conocimientos. La cultura digital, es decir aquella que se presenta como resultados de las interacciones socio-técnicas con las tic, trabaja no solo en

la oferta de informaciones, sino, también, en la ampliación de capacidades cognitivas, supuestamente, a partir del acceso a las tecnologías de la inteligencia (Lèvy, 1998).

La comunicación electrónica refuerza el ejercicio de la ciudadanía al aproximar al ciudadano de la información, al posibilitar la ampliación de las posibilidades de comunicación, de movilización y de interacción. El conocimiento potenciado por las tic contribuye cada vez más a la inserción del conocimiento en la ciudadanía y de la ciudadanía en el conocimiento. Prolonga las formas de participación política y estimula la comunicación horizontal entre los ciudadanos. Pero, por otro lado, el conocimiento, los accesos que las tic potencian todavía están reservados a una elite relativamente pequeña que dispone de acceso y uso cotidianamente en condiciones razonables de estructura de equipamientos y calidad de la conexión.

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Discutiendo los intereses de investigación fuimos percibiendo que no tendríamos ninguna posibilidad de entrar en este terreno desafiante a no ser por la propia exposición de nuestras trayectorias e itinerarios de formación Éstas y otras cuestiones pasaron a hacer parte de nuestras preocupaciones, porque entendemos que son problemas que enfrentamos y que pueden estar en el centro de nuestras acciones pedagógicas y políticas.

De esta forma, preocupados por la imposibilidad presentada por muchos estudiantes, de frecuentar grupos de investigación porque la mayoría de estos grupos funciona en horas de la tarde, resolvimos crear un grupo de investigación que funcionara, prioritariamente, en la Internet.

Así nació el Grupo de investigación Educação, sociedade do conhecimento e conexões culturais.

La idea es que los estudiantes puedan participar a su tiempo, y, paralelamente, ampliar nuestras condiciones de enseñar-aprender, de producir y hacer circular conocimientos teniendo como conocimientos fundamentales la comunicación, la interactividad, la solidaridad y la producción cooperativa. Esto rompe con, por lo menos, dos fuertes presupuestos en la forma hegemónica de concebir los espacios escolares: uno, el espacio y el tiempo únicos como requisitos para el encuentro pedagógico, y, otro, la priorización de la producción individual del conocimiento, demandada a los estudiantes. En las redes, los conocimientos van circulando y siendo creados en tiempos y espacios diversos y la autoría es difícil de ser adjudicada a una persona. En este sentido, una de las cuestiones más encarecidas del proceso pedagógico, como es la evaluación –históricamente entendida como mecanismo de control–, debe, necesariamente, ser resignificada.

Ejemplo de lo anterior fue una discusión apuntada en uno de nuestros tres encuentros anuales presenciales en el que algunos miembros expresaron su preocupación con el hecho de que las personas estaban poniendo, en un espacio reservado para la investigación académica, fotografías, imágenes, músicas, videos y charlas consideradas personales1, lo que podría desvirtuar –a los ojos de quien pasease por la red– el objetivo del grupo y restar seriedad a la investigación. Esta preocupación, lejos de ser rápidamente explicada y ahogada, nos brindó la posibilidad de abrir una discusión sobre ¿En la red, todo vale?2

Esa pregunta trae una serie de interrogantes que atraviesan la discusión metodológica y epistemológica de los llamados Estudios de lo Cotidiano que intentan poner como posibilidad –en el propio campo de la investigación académica– el tejido de otros conocimientos y saberes que deben ser legitimados epistemológicamente y que necesitan aparecer para ser discutidos.

El Grupo de Investigación Educação, sociedade do conhecimento e conexões culturais se instituye como otro grupo de personas envueltas en los estudios de lo cotidiano. Sus miembros se articulan por el interés de investigar los diferentes contextos educativos y los afectos producidos por las tecnologías de la información y la comunicación, así como las formas de decir, a partir de las prácticas culturales. Estamos interesados no solo en la discusión de esos contextos, afectos y prácticas, sino también, en las formas como los narramos.

Discutiendo los intereses de investigación fuimos percibiendo que no tendríamos ninguna posibilidad de entrar en este terreno desafiante a no ser por la propia exposición de nuestras trayectorias e itinerarios de formación.

Una de las primeras actividades del grupo en la red fue abrir un foro en el que pudiésemos escribir y leer nuestras propias narrativas de formación3. Así fueron surgiendo historias que, de una manera u otra, remitían a diferentes cuestiones que, todavía, estamos conversando... una de esas cuestiones fue el hecho de que muchos miembros del grupo se sentían expuestos no solamente a través del contenido de lo narrado, sino, también, en la forma como eso era escrito y, principalmente, leído. ¿Qué cosas erradas la mirada de los otros encontrarían en mi historia?

Por otro lado, la mayoría de las historias traían un dato que nos interesa pensar: los miembros de este grupo constituyen la primera generación de personas de sus familias que llegan a la universidad, a una universidad pública y narran una trayectoria de lucha, que puede ser entendida como concretización en los micro-espacios cotidianos de algunas políticas públicas que fueron 2009forum.

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1 http://pesccc.ning.com/photo.

2 http://pesccc.ning.com/notes/Documentosdarede-

3 http://pesccc.ning.com/notes/Documentosdarede2009forum.

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pensadas en los macro-espacios discursivos. Otra cuestión, relacionada, tal vez, con las cuestiones anteriores, puede ser entendida al mirar el panel de fotografías de los miembros del grupo: ¿de qué color es ese panel?4.

Nuestro grupo tiene como uno de los focos el estudio de las injusticias cognitivas –considerando, principalmente, las injusticias impuestas a grupos, muchas veces, por su origen social, étnico-racial y demás. Tales injusticias terminan transformando diferencias en desigualdades y generando procesos de subalternización. Para actuar sobre tales injusticias, nos interesan los estudios de los diferentes procesos de producción de conocimientos, las formas de aprendizaje colaborativo proporcionadas por las tic, los diferentes lenguajes y procesos comunicacionales, los encuentros y relaciones en las diferencias y los juegos de alteridad.

La intención es que la producción grupal 4 http://pesccc.ning.com/profiles/members/.

de conocimientos contribuya con nuevas maneras de hacer, nuevas formas de narrar, de pensar y de experimentar la educación. Conocimientos que puedan interactuar con los múltiples procesos educativos –en la formación de profesores y en otros contextos–, reflexiones, prácticas y saberes que alimentan procesos y relaciones sociales más democráticas, que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y feliz.

En ese desafío estamos...

bibliogrAfÍa Castells, Manuel (1999). A era da informação – economia, sociedade e cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Lévy, Pierre (1998). A Inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Editora Loyola.

Santos, Boaventura de Souza (2000). A crítica da Razão indolente – contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez.

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Localizando el compromiso público

Dr. Ricardo Blaug Catedrático en Democracia y Teoría Política. Director del Centro para el Estudio de la Democracia, Universidad de Westminster, Departamento de Política y Relaciones Internacionales. www.blaug.net.

Correo-e. r.blaug@westminster.ac.uk.

SILVIA MONTAÑA Traducción

Resumen

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Los esfuerzos por incrementar el compromiso público en la gobernabilidad y el suministro de servicios públicos son generalizados aunque la confusión permanece, así como sus propósitos, utilidad y ámbito.

Este artículo se basa en la teoría democrática para diagnosticar las fallas recurrentes del compromiso público. En particular busca comprender la aparente falta de interés público en dichas iniciativas. El artículo comienza con una clarificación de por qué buscamos el compromiso público y cómo estas razones deberían influenciar la selección de métodos. Luego examina el creciente impacto de la teoría y la práctica deliberativa en el diseño y localización de iniciativas de compromiso. Tres ámbitos distintos para el compromiso público son entonces explorados, sus fortalezas y debilidades analizadas y su capacidad de comprometer activamente al público evaluado. Estos son: la entrega real de servicios, el entorno de los objetivos de servicio y la promulgación de la responsabilidad pública. El artículo sostiene que el compromiso público con iniciativas de gobernabilidad democrática aumenta claramente cuando una mezcla creativa de métodos participativos más tradicionales y más deliberativos son utilizados y cuando los ámbitos de su utilización son cuidadosamente delineados. Este cuidado, en efecto con las interacciones de la ciudadanía con su gobierno, es visto como necesario para la democracia representativa para ser legitimado y efectivo y es aquí ofrecido como una réplica de aquellos que no abandonarían el compromiso público sobre las bases engañosas de la inutilidad o la pereza de la ciudadanía.

Palabras clave: Democracia; Gobernabilidad; Deliberación; Desconexión; Público.

Deliberación, Comunicación y Participación

P

ocas veces en la historia de la democracia ha habido un acuerdo generalizado de que, en las democracias liberales, el compromiso ciudadano debe ser incrementado. Gracias a los gobiernos europeos, las comunidades que formulan políticas, las disciplinas académicas y la sociedad civil, el “giro participativo” en la democracia es mucho más evidente. Ya sea motivados por las preocupaciones sobre la falta de compromiso ciudadano, los déficit democráticos o los insensibles servicios públicos, estamos inundados de iniciativas para comprometer al público a través de los jurados ciudadanos, grupos focales, encuestas de satisfacción, consultas públicas, membresías y la cooptación de los gobiernos locales. La fascinación de la elite actual por comprometer nuevamente al público ha sido fuertemente influenciada por desarrollos académicos en la democracia deliberativa y la experimentación práctica en la toma de decisiones pública y cooperativa.

Se podría decir, sin embargo, que pocas iniciativas de compromiso triunfaron en sus objetivos. Algunas luchan por mantenerse a flote con métodos inapropiados de participación, consulta y deliberación, mientras que otras oponen las demandas públicas poco realistas a restricciones presupuestales y administrativas. Muchas más son maniobras cínicas, meras pretensiones de consulta pública con poca intención de acción subsecuente. No obstante, la causa más común de falla y ciertamente la más citada por sus críticos, es el aparente desinterés de la ciudadanía. Esto es atribuido de forma diversa a un cansancio por la consulta o a la simple pereza (Bale et al, 2006; McHugh, 2006). La apatía pública o la retirada ciudadana es un problema antiguo en la historia de la democracia y clásicamente toma la forma de dos acusaciones distintas que compiten entre sí (De Luca, 1995). Puede ser que la apatía se deba a la falla del gobierno para proveer instituciones adecuadas de participación o al “hecho” de que los ciudadanos comunes no posean ni la voluntad ni la habilidad para participar efectivamente. Cuando las iniciativas para comprometer al público fracasan, los proponentes de ambas posiciones creen tener la razón y se afianzan aún más en sus enfoques. De este modo enfrentamos el peligro de que los actuales intentos de compromiso público, asaltados como están de confusiones conceptuales significativas, vayan a sucumbir al cinismo, la recriminación mutua, capturados por intereses especiales y el agotamiento general de todos los lados. Las iniciativas mal ejecutadas para comprometer a los ciudadanos y a los usuarios de servicios pueden así tener el efecto paradójico de aumentar el desgano ciudadano.

Se podría decir, sin embargo, que pocas iniciativas de compromiso triunfaron en sus objetivos [...] No obstante, la causa más común de falla y ciertamente la más citada por sus críticos, es el aparente desinterés de la ciudadanía Este artículo se basa en la historia de la teoría democrática para diagnosticar las fallas recurrentes en las políticas de compromiso público. Busca aclarar la confusión entre los administradores públicos sobre los propósitos reales del compromiso público para examinar cómo esos propósitos son alcanzados de una mejor manera y explorar ámbitos en los que dicho compromiso puede ocurrir y en realidad ocurre. Para aquellos que culpan al gobierno de la apatía de los ciudadanos, esto nos conduce hacia la reforma institucional. Para aquellos que culpan al público, se materializa en demostraciones empíricas de pereza ciudadana y propone métodos y ámbitos apropiados para la deliberación que pueden resultar en incrementos significativos en la motivación pública para comprometerse. Aunque muchos intentos de compromiso público no funcionan, este artículo argumenta que el creciente intercambio entre la teoría deliberativa y la experimentación práctica constituye el equivalente de un profundo desafío, no solo a la provisión existente de servicio público sino también a la actual estructura de la democracia representativa liberal. Antes de que nos demos por vencidos al compromiso público, entonces, deberíamos invocar a John Dewey y sugerir que “la solución a los problemas de la democracia es más democracia”. Es esto o arriesgarnos a perderlo todo.

El propósito y los métodos del compromiso público Los servicios públicos han sido criticados de manera diversa por su inefectividad crónica, sujetos a los rigores de la Nueva Administración Pública y amenazados por la progresiva privatización. Aun así ellos permanecen insensibles a la necesidad del usuario. El “giro participativo” hacia el compromiso público en los servicios públicos es todo lo que nos queda como mecanismo de reforma. No sabemos lo que es “bueno” para otros –o en lenguaje moderno, las necesidades de servicio de los usuarios– y así debemos interactuar con ellos para averiguarlo. Nuestros servicios

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carecen de legitimidad, responsabilidad y sensibilidad, y entonces debemos comprometer a los ciudadanos en su diseño, suministro y evaluación.

De este modo debemos hacer democracia no porque sepamos sino porque no sabemos.

En consecuencia, las motivaciones para incrementar el compromiso público son de dos tipos. Primero, dicho compromiso revela las necesidades de los usuarios y los efectos de los servicios sobre ellos. En otras palabras, éste provee retroalimentación sobre la efectividad de las políticas y su implementación. Segundo, el compromiso da legitimidad: la habilidad de defender decisiones y prácticas con “buenas razones”. Ya sea en la argumentación con el fisco en el análisis del gasto o en las páginas de la prensa, la forma más poderosa de legitimidad es democrática– justamente se deriva del compromiso público. Entonces buscamos, quizá paradójicamente, incrementar el compromiso público con el fin de fortalecer la mano de la administración (Coleman & Gotze, 2001). Los administradores deberían de este modo usarlo tanto para dirigir como para legitimar sus acciones.

Cuando los administradores públicos no tienen claro por qué están promoviendo el compromiso en un área particular de su servicio, sigue siendo difícil para ellos ingeniarse cómo hacerlo mejor. Así por ejemplo, llenar la vacante de un usuario de servicio en un consejo de administración, en la creencia de que “representará” la opinión del usuario, no será suficiente. De manera similar, la legitimidad democrática no puede ser ganada meramente al circular cuestionarios de retroalimentación para que los usuarios de servicio los completen. La respuesta al porqué de la pregunta informa de este modo la cuestión posterior de cómo puede ser alcanzado mejor el compromiso público. Cuando se trata del compromiso público, el propósito determina el método. En consecuencia, como exploraremos más adelante, la confusión respecto al propósito conduce a la selección incorrecta de métodos, los cuales a su vez ocasionan la falta de compromiso.

Por supuesto cuando nos preguntamos cómo ganar el compromiso del público inmediatamente tropezamos con una de las objeciones más comunes a la democracia: la acusación de que es poco realista, imposible e impráctica. Así por ejemplo, a finales del siglo xvii, Lord Sidney le replicó a John Locke con profunda indignación: “¿Qué? ¿Nos va a poner a encuestar a toda la nación?”. Actualmente, podemos responder: Bueno… sí. Aún hoy, continuamos asumiendo que no todos los ciudadanos pueden participar en la gobernanza, y en el área de la reforma del

servicio público, y solo recientemente hemos comenzado a considerar un abanico más amplio de métodos para hacer del compromiso algo más realista y práctico.

Cuando la pregunta sobre los métodos prácticos del compromiso público surgió, pareció que todos los problemas iban a ser dirigidos con encuestas a los clientes, grupos focales o jurados ciudadanos. Ahora, sin embargo, la investigación en gobernanza participativa puede proveer una mejor comprensión de la amplia variedad de técnicas, foros públicos y micropúblicos disponibles. Las investigaciones de Gaventa y Fung inspeccionan los tipos muy diferentes de micropúblicos y muestran los métodos relativos a cada uno (Goetz & Gaventa, 2001; Fung, 2003). Los jurados ciudadanos entonces emergen como un medio efectivo de validar las decisiones de la administración y de este modo en la provisión de legitimidad, mientras que estos no son tan efectivos al proveer retroalimentación en el impacto de las políticas –donde los grupos focales pueden ajustarse mejor. Los métodos prácticos para la participación pueden ser comprendidos en tanto yacen en una escala de intensidad (Arnstein, 1969). De este modo, ellos van desde el simple suministro de información siguiendo con la consulta pública luego el actuar en asociación con la ciudadanía y finalmente con el apoyo a iniciativas propias e independientes de los ciudadanos. El preguntar por qué deberíamos incrementar la participación nos conduce a seleccionar del menú de métodos prácticos disponibles que responden a la pregunta de cómo hacerlo mejor.

Cuando usamos dichos métodos para descubrir las necesidades de los usuarios de servicios, podemos recurrir a los recientes desarrollos en investigación social científica y particularmente a los avances en democracia deliberativa (Dryzeck, 202; Elster, 1998). En general, el problema de las necesidades o en realidad de las preferencias es que ellas no son estáticas, son con frecuencia sin forma e igualmente no informadas. Así que, por ejemplo, preguntar a los ciudadanos acerca del incremento de patrullas de fuerza policial resulta en un rotundo “sí”. Ahora, si se muestra, a estos mismos ciudadanos los límites presupuestales sobre estas patrullas, entonces ellos empezarán a “refinar” sus respuestas (Luskin, Fishkin & Jowell, 2002). Permitir a los ciudadanos deliberar acerca de su temor al crimen resultará en un refinamiento más pronunciado. Aun más, surgen inconsistencias en las preferencias así que, por ejemplo, mientras las cifras del crimen disminuyen, el miedo al crimen aumenta (Horner, Lekhi & Blaug, 2006). No podemos por lo tanto asumir

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que las preferencias públicas son siempre racionales, consistentes, informadas o estáticas. En realidad, esta es una fuente clásica de irritación con la democracia, presentada de manera sucinta en el comentario de Schumpeter (1966) cuando afirma que posiblemente no podemos basar el gobierno en la “estupidez bovina de las masas”.

En cuanto a la aparente irracionalidad de las preferencias públicas, la investigación reciente en democracia deliberativa muestra que está precisamente en discusión que descubrimos y formamos nuestras necesidades. La conciencia humana puede incluso ser en su misma esencia, deliberativa por naturaleza –con el fin de tomar decisiones, nos comprometemos en lo equivalente a un proceso de debate interno (Morson & Emerson, 1990). Si vamos a consultar y comprometer al público en la gobernabilidad, entonces debemos proveer foros en los cuales las preferencias puedan ser formadas y refinadas en deliberación con otros y a la luz de información precisa. Solo entonces podemos ganar conocimiento de las necesidades del usuario y disponer de servicios que les respondan. Por esta razón es que tantos diseños prácticos de Fung son deliberativos.

Deberíamos aquí reconocer que cuando los administradores de servicios públicos no quieren saber acerca del impacto de sus servicios, tienen poco interés en las necesidades de los usuarios o no tienen capacidad institucional para responder a ellas. Ellos no deberían preguntar. En realidad uno de los grandes peligros de la democracia ha sido siempre la acción autoritaria que pretende ser democrática (Ober, 1989).

Desafortunadamente, algunas iniciativas de gobernabilidad participativa han sido equivalentes a poco menos que a dar el visto bueno y a una manipulación cínica. Así, por ejemplo, la reciente consulta sobre el poder nuclear en el Reino Unido fue pronto desenmascarada tanto por grupos de campaña como por las cortes, como una farsa –con el suministro de información tendenciosa y una decisión para proceder que ya había sido tomada. Un ejemplo más es el que ofrece la consulta sobre la tercera pista del Aero-

puerto Heathrow de Londres, donde 18 meses de investigación y planeación son seguidos por 12 semanas de consulta pública que de algún modo debe reunir evidencia científica para prevenir su desarrollo. Estas iniciativas cínicas tienen como resultado más cinismo; particularmente entre ciudadanos que desconfían crecientemente en sus oficiales elegidos y rebatirían las acusaciones de “la estupidez bovina de las masas” con gritos del engaño de la elite. La gobernanza participativa es socavada significativamente cuando un sistema de planificación centrado en involucrar a la comunidad es ampliamente percibido como si de él se hubieran apoderado intereses institucionales y/o corporativos y cuando las consultas públicas no lo son en realidad (vea por ejemplo, cpre, 2008 a; 2008b). En realidad, con tres de cuatro ciudadanos que reportan (incluso antes de los más recientes escándalos en gastos) su desconfianza en que los políticos digan la verdad (ipsos/mori, 2008), uno está tentado a preguntar si el cinismo público y la fatiga de la consulta es ya tan avanzada que los actuales intentos para asegurar el compromiso público equivalen a muy pocos y aplicados muy tarde.

Estas preocupaciones parecen plausibles cuando consideramos la actual profundidad de la falta de compromiso ciudadano. Es un hecho empírico que ahora existe una brecha extraordinaria entre el número de ciudadanos llamando a una mayor participación y aquellos que realmente desean participar (McHugh, 2006). Esta separación hace es eco de las preocupaciones actuales sobre la caída en la votación –con ciudadanos que reportan ampliamente que su voto “no hace la diferencia” y que no existe “una escogencia real” y con la percepción de que los ciudadanos carecen de medios por los cuales asegurar un redireccionamiento adecuado debido a las fallas de los servicios públicos. Por ejemplo, en el Servicio Nacional de Salud, solo el 56% de aquellos que creen que tienen fundamentos para quejarse se molestan en hacerlo y de aquellos que lo hacen un sorprendente 68% consideraron que el proceso de queja fue inútil.

En cuanto a la aparente irracionalidad de las preferencias públicas, la investigación reciente en democracia deliberativa muestra que está precisamente en discusión que descubrimos y formamos nuestras necesidades. La conciencia humana puede incluso ser en su misma esencia, deliberativa por naturaleza

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Sin embargo, no es el cinismo público el que nos previene de participar en el suministro, diseño y evaluación de servicios públicos. En realidad, históricamente los ciudadanos están motivados a participar con frecuencia precisamente por su desconfianza en el gobierno. No podemos entonces citar el cinismo popular como una causa de baja participación y en cambio debemos mirar en otro lado para explicar la brecha a la que se refiere McHugh entre las demandas populares de compromiso y la voluntad real de hacerlo.

En particular debemos reconocer que la democracia es más bien más compleja de lo que comúnmente se ha supuesto. No hace mucho imaginamos que la democracia liberal constituyó el fin de todo un conflicto ideológico (Fukuyama, 1989). Habiendo derrotado el fascismo y el comunismo, la democracia practicada como en Occidente parecía ser una forma tan estable como discernible. Las elecciones libres y justas, la protección de los derechos civiles,

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una prensa libre, fueron deseadas por todos los individuos pensantes. Ahora por supuesto hemos sido sorprendidos por nuestra complacencia y hemos vuelto a ser conscientes de nuevo de otras culturas y otras formas de democracia.

En efecto, aquellos que estudian la historia de la democracia cuestionan la historia usual en la que nuestras iluminadas elites gradualmente le devolvieron el poder al pueblo, le extendieron la franquicia y dieron una participación institucional y formas constitucionales (Keane, 2009). En cambio, cuando miramos atrás, lo que aparece es un desastre. La democracia ahora resulta que no es otorgada a la gente pero es en cambio arrebatada de las elites en una constante lucha por el poder (Ranciere, 2006). Lo que tenemos hoy puede ser por lo tanto concebido como el más mínimo compromiso público posible para que las elites gobernantes se salieran con la suya. La Ley de Reforma de 1832, por ejemplo, es frecuentemente vista como la que se desempeñó un papel importante como punto de partida del celo revolucionario que se apoderó de Europa en 1848.

Aun así, después de la ley, solo 653.000 personas de una población total de 14 millones, habían votado. Todos ellos, hombres propietarios.

Una comprensión más completa de la historia muestra que la naturaleza de la democracia, y por ende también de la participación, depende de la perspectiva propia. Elites y ciudadanos de hecho dieron una mirada a un objeto que parecía muy distinto para cada cual. Es la divergencia de perspectiva la que comienza a explicar por qué la gente quiere un compromiso público, aunque a renglón seguido se afirme que no desee comprometerse.

Las elites gobernantes buscan formas institucionales estables de participación que sean compatibles con los complejos imperativos administrativos. Por ello, la democracia aparece como una serie de formas institucionales dentro de las cuales ellas deben funcionar. En contra de esto, los ciudadanos situados fuera de las estructuras de gobernabilidad, ven la participación como una respuesta a la injusticia, como una forma de resistencia o como una experiencia personal o interpersonal (Wolin, 1994; Pizzorno, 1970; Blaug, 2002).

La historia de la democracia es de este modo y en parte, un estallido constante o erupción de energía participativa.

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Una reciente investigación académica ha mostrado que esto ha ocurrido en movimientos de protesta, rebeliones de esclavos e incluso comunidades piratas (Linebaugh & Rediker, 2000).

Estas experiencias de práctica participativa son suprimidas de la historia, cooptadas y parcialmente institucionalizadas. Aun así, la naturaleza muy personal, empoderante y efímera de estas experiencias contrasta crudamente con las formas de compromiso público ordenadas, administradas y en realidad despolitizadas, generalmente ofrecidas por las elites gobernantes.

Una de las razones por las cuales los ciudadanos no están dispuestos a participar es porque nuestra democracia liberal no ofrece instituciones atractivas y eficaces a través de las cuales puedan experimentar la deliberación. No hay ningún lugar para que la gente hable y ningún lugar para que el hablar haga la diferencia. Como vamos a ver, las instituciones participativas pueden –particularmente en un foro deliberativo en el que se empoderan los ciudadanos– ofrecer debate, emoción y acción significativa. Aun así lo que se ofrece normalmente es “la invitación a espacios” para la simple administración. Una vez que aprehendamos estas dos perspectivas bien distintas sobre la participación, podremos diagnosticar más adecuadamente la falta de compromiso público y además explorar métodos y ámbitos en los cuales el público quiera realmente participar.

Cuando buscamos incrementar el compromiso en servicios públicos y comprender por qué algunas iniciativas atraen el interés de los ciudadanos mientras que otras no, es útil diferenciar tres ámbitos en los que la participación ha sido, o está siendo, usada. Por ejemplo podemos distinguir entre iniciativas que buscan participación en la entrega real de servicios, aquellas interesadas en la participación en el entorno de objetivos de servicio y aquellas concernientes a asuntos de responsabilidad pública. En cada uno hay gradaciones de intensidad y en cada uno podemos observar los efectos de las perspectivas divergentes sobre la participación explorada anteriormente.

Ámbito 1: Entrega de servicios Al comienzo de este reciente giro participativo de la democracia, la mayoría de iniciativas en compromiso público buscaron la participación directa de los ciudadanos en la ejecución real de servicios. Aquí el intento consistía en traer su conocimiento particular y local –como usuarios de servicio– para soportar en gran parte preocupaciones operativas. Dichas iniciativas fueron con frecuencia motivadas por el deseo, de parte de los

proveedores, tanto de ganar conocimiento en los efectos de sus servicios como de legitimar sus actividades existentes. Ello llevó a que los usuarios de servicio fueran invitados a ocupar sillas en los consejos administrativos –en ocasiones acompañados por un asesor jurídico– en la celebración de reuniones públicas y en el montón de encuestas y cuestionarios diseñados para revelar las necesidades de los usuarios y los niveles de satisfacción con los servicios. Las iniciativas para incrementar el compromiso público en la entrega real de servicios ha generado y continúa generando algunos ejemplos marcadamente intensos como la participación arrendataria –e incluso la operación– de asociaciones de vivienda, las asociaciones de entrega de servicios, la contratación externa de servicios por cuerpos voluntarios. El sostenimiento del presupuesto participativo ha sido particularmente importante en el desarrollo de esta área y aún brinda uno de los mejores ejemplos de compromiso público. El proyecto In Control, en el Reino Unido, donde por ejemplo usuarios discapacitados controlan sus propios presupuestos y seleccionan los servicios que requieren, es ejemplar aquí. Este programa comprende 105 autoridades locales, de 2.000 usuarios de servicios y maneja un presupuesto de 20 millones de libras esterlinas.

Dos problemas particulares surgen cuando intentamos aumentar el compromiso público en la entrega de servicios; sin embargo, éstos han servido para limitar su efectividad y disminuir las expectativas públicas sobre su éxito. El primero se refiere a las dificultades encontradas cuando la experiencia profesional del proveedor es obstaculizada inapropiadamente por la participación pública, o donde esta experiencia no puede ser fácilmente aprendida por los participantes (Andras & Charlton, 2002). Los alcances de reemplazar la experiencia profesional con la de ciudadanos amateur han limitado esta forma de compromiso y han sido una fuente recurrente de disputa entre los administradores públicos (ver por ejemplo, Dzur, 2002; Esquith, 1990). Las tensiones entre los que son caracterizados como imperativos de la burocracia y la democracia han proporcionado de este modo a los pesimistas una vara fácil con la cual golpear a aquellos que buscan aumentar el compromiso público. Esta vara es particularmente efectiva cuando limitamos la participación a un simple lugar: el funcionamiento real de los servicios.

El segundo problema con la participación en el área de la entrega de servicios ha sido y continúa siendo el aplicado desinterés de los mismos ciudadanos. Los consejos de las fundaciones hospitalarias han luchado, por ejemplo, para atraer

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a miembros públicos (Klein, 2004; McHugh, 2006: 550), y la Corporación de Vivienda ha enfrentado problemas similares con el reclutamiento de su propio consejo administrativo. De este modo es correcto afirmar que cuando se trata de asuntos operativos, el público no quiere participar (Chisholm et al, 2007). A decir verdad, al faltar bien la vocación personal o los salarios profesionales no es de extrañar que muy pocos estén dispuestos a participar en los consejos administrativos, asistir a reuniones públicas o llenar cuestionarios. La brecha de McHugh entre la deseada gobernanza participativa y el molestarse por participar uno mismo podría entonces deberse a la pereza pero no a la manera y al lugar en los cuales la participación es usualmente ofrecida. El tedio administrativo, la fatiga en la consulta y el asentarse entre las áridas jerarquías burocráticas, no son tan atractivos para la mayoría (Carr, 2004).

Esto sumado a las motivaciones con frecuencia cínicas y confusas para involucrar en primer lugar a los ciudadanos así como la falla repetida para responder a esta participación de parte de los proveedores de servicios, es suficiente para desalentar totalmente a la mayoría de la gente. Aquí entonces el público evita la participación en la entrega real de servicios y en gran parte se asume que esto sea una tarea para profesionales (Lowry, 2000).

Aun con estas limitaciones, sin embargo, parece haber un ámbito considerable para incrementar la participación directa en asuntos operativos. Tal vez el ejemplo más contundente de este tipo de participación es proporcionada por el deber de jurados, que involucra directamente a los ciudadanos en la toma de decisiones en las cortes criminales. El deber de jurados compromete al público en asuntos operativos, es deliberativo y puede ser visto como aquel hacer una diferencia apreciable en los resultados. No es por lo tanto sorprendente que de aquellos ciudadanos que han asumido el deber de jurados un 85% afirme que estaría dispuesto a hacerlo de nuevo (Home Office, 2004). Ciertamente, el valor anexado a esta institución es muy destacado por su larga y distinguida historia, pero este porcentaje tan alto habla poderosamente en contra del argumento de la pereza ciudadana. Finalmente, los números extraordinarios de ciudadanos que hacen trabajo voluntario sugieren que el compromiso directo en el suministro real de servicios constituye un lugar floreciente para incrementar la participación pública (Green et al. 2004).

Aun cuando sin darnos cuenta imaginamos que la entrega real de servicios es el único lugar para involucrar al público, también encontramos algunas de las respuestas más histéricas

para incrementar el compromiso público. Bale, Taggart y Webb critican así la llamada hecha por Power Inquiry en busca de más participación al acusarla de apoyar el reemplazo total de la toma de decisiones representativa con un público tonto. Esto es, por supuesto, un argumento que se multiplica rápidamente, junto con las frases de “no te sientes en esa silla, porque si todos se sentaran morirían aplastados”. Así que llevado a los extremos, the Inquiry se interpreta como “populista” y como apoyo a “la norma de la turba”.

Aun así una vez más el funcionamiento real de los servicios es solamente un lugar para la participación y hemos notado cómo en general falla para comprometer al público. Más preocupaciones consideradas como las del énfasis de McHugh en distinguir entre el debate público y la toma de decisiones políticas (McHugh, 2005: 4,17), y el reclamo de Habermas para la concepción de democracia como tener dos pistas: formación de la opinión y construcción de políticas (Habermas, 1996; Squires, 2002) articulan las limitaciones de la participación popular en la gobernanza operativa; sin embargo, se las arreglan para abstenerse de desembuchar la vieja carga elitista de que un poquito más de participación equivaldría a que los internos tomen por asalto el sanatorio.

En términos de la brecha de McHugh entre querer más participación y no estar dispuesto a participar, debemos reconocer entonces el papel desempeñado por la clase de participación que en general está en oferta, la falta de pago o los impactos ostensibles de la participación, la ausencia de instituciones en las cuales la participación puede ocurrir y el simple hecho de que los ciudadanos nunca hayan tenido dichas experiencias.

Antes de que pasemos a etiquetar a la ciudadanía como perezosa deberíamos considerar estas lagunas y mostrar que el compromiso público puede suceder también en otros ámbitos.

Ámbito 2: Resultados de servicios Un ámbito muy diferente para la participación está emergiendo en las agendas de reforma de servicios públicos, siendo éste un compromiso público en construcción de criterios evaluativos, metas en políticas y resultados en servicios. El escenario deliberativo y público de expectativas de desempeño para servicios públicos constituye un área importante de experimentación de la gobernabilidad participativa (Hanberger, 2006: 4) y es particularmente avanzado en los recientes debates alrededor del “valor público” (Moore, 1995) y comisionamiento (Blaugh & Lekhi, 2007). Si los servicios públicos

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son genuinamente sensibles a las necesidades locales, atraer al público en determinar esas necesidades parecería ser de suma importancia.

De hecho el examen de este ámbito para el compromiso revela no solamente qué tan poco los ciudadanos están involucrados en el entorno de los criterios evaluativos para sus propios servicios públicos, sino también una vez más la determinación con la cual los proveedores de servicio se adhieren a su propias interpretaciones de las necesidades locales aun cuando se busca participación. Tradicionalmente determinar el propósito y los fines apropiados de servicios públicos ha sido el objetivo de una administración basada en experiencia y evidencia. Los servicios son de este modo diseñados para producir ciertos resultados: sean éstos un número de camas de hospitales, cupos para las escuelas de primaria o canecas desocupadas. El desempeño de servicios es entonces evaluado por la eficiencia y efectividad con la cual éste provee dichas metas.

Reciente experimentación sobre el compromiso público ha buscado involucrar a la gente en el escenario de las metas de servicio que reflejan más precisamente las necesidades locales.

Una vez más los ejemplos yacen a lo largo de la “escala” de la intensidad, pero deben incluir el uso dado por la localidad de Lewishgman de Londres de un panel ciudadano de 1.000 residentes que consideró los problemas locales y tomó evidencia de testigos expertos y consejos sobre las necesidades locales. La participación musulmana, evangélica y de grupos ateos en diseñar su exhibición del arte renacentista y medieval son también ejemplares. Aquí el compromiso público se ha movido más allá de la mera medición de la satisfacción del usuario con servicios y hacia los escenarios reales de metas de servicio. Dichas iniciativas en general caracterizan los foros deliberativos, la provisión de buena información y participación que tiene un impacto apreciable. De este modo ellos incrementan la comprensión mutua entre administradores y participantes y mejoran tanto la legitimidad como la receptividad del servicio provisto.

Comprometer al público en el escenario de los criterios evaluadores es un elemento central también en la emergencia de concepciones de “valor público”. Esta aproximación ve los servicios como un valor público floreciente cuando las organizaciones se concentran en sus propios y distintos objetivos locales, formula y autoriza esos objetivos en el debate público y entonces los usa como estándares evaluadores. Así, por ejemplo, el Servicio para el Derecho de los Niños dirigido por el concejo del municipio de Newham ha desarrollado un número de formas incluyendo gru-

pos de planeación y un Parlamento de Juventud para involucrar a los niños y jóvenes en determinar las necesidades locales y diseñar servicios que los satisfagan. De igual modo, un pfi (Iniciativa de Financiación Privada) en vivienda social en Camden comprometió a grupos residentes en la especificación de medidas que determinarían el pago del servicio contratista.

Este último ejemplo suscita dos problemas que emergen cuando buscamos el compromiso en el escenario de metas de servicio. Primero, debemos notar la tendencia por acelerar más el movimiento de reglamentar resultados –usualmente estipulados por los administradores– a resultados de servicios informados públicamente. En segundo lugar, donde los servicios están cada vez más subcontratados a organizaciones voluntarias y privadas, nos enfrentamos al requerimiento de que los comisionados públicos de servicio de algún modo incorporen un elemento democrático en los servicios para los cuales ellos están contratando. Analicemos cada uno de ellos.

Aun con estas limitaciones, sin embargo, parece haber un ámbito considerable para incrementar la participación directa en asuntos operativos.

Tal vez el ejemplo más contundente de este tipo de participación es proporcionada por el deber de jurados, que involucra directamente a los ciudadanos en la toma de decisiones en las cortes criminales El impulso por una mayor receptividad de los servicios públicos ha conducido a una creciente atención a los resultados –metas específicas y efectos– más que a una producción numérica.

Un ejemplo de esta distinción podría ser la producción del número de personas que tomaron un curso educacional contra el resultado de qué tanto aprendieron. Podría ser otro el número de personas servidas por una unidad de rehabilitación contra la drogadicción versus el número de quienes dejaron de usar drogas. El movimiento de producción a resultados está alimentado actualmente por los intentos de realizar un suministro de servicios integrados para reducir problemas

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complejos, como exclusión social y reincidencia criminal. Además deberíamos notar que lo que la gente valora acerca de un servicio público en general toma la forma de resultados. De este modo ellos están más preocupados de los efectos, resultados y logros de los servicios públicos que por la producción.

Aun así, como lo señalan Kelly, Muers y Mulgan (2002), es mucho más fácil estipular la producción que lo que significa entregar notas promisorias que comprometen un servicio a tener un efecto particular y real. Una producción como el número de camas de hospitales es así inmediatamente entregable de una forma que no lo es el número de “individuos curados”. El problema aquí es parcialmente uno de causación compleja ya que no es claro cómo un resultado surge o incluso cómo los problemas particulares se manifiestan en la sociedad en primer lugar. Además de todo, entregar resultados como “cohesión de la comunidad” y una “población más saludable” son difíciles de cuantificar, presupuestar sobre las competencias de un número diferente de proveedores de servicios y de este modo demandan una considerable coordinación. Finalmente, la intransigencia institucional para el compromiso público en el escenario de resultados de servicio es reflejado en los hallazgos de una reciente encuesta de proveedores de servicio pct (Terapia Post Ciclo) donde los gerentes manifestaron bajas expectativas en cuanto a que el compromiso público haría demasiada diferencia en sus decisiones existentes. Solo el 20% de los foros de pacientes usuarios de pct los vio como altamente influenciables y el 60% de los encuestados citaron “la falta de comprensión del público” como una barrera a su participación efectiva (Chisholm et al, 2007).

Sin embargo, Kelly, Muers y Mulgan sostienen que el compromiso público en el escenario de resultados de servicio permite oportunidades significativas en el diseño de servicios que reflejen más adecuadamente preferencias públicas y necesidades locales.

Donde la reforma de servicio público busca adquirir de proveedores voluntarios y privados, el papel de cuerpo público se vuelve en aquel como comisionado o alcahuete. Dejando a un lado la cuestión de si la privatización es o no deseable el gobierno contrata cada vez más con actores privados con el fin de entregar los servicios. Mientras esto suscita importantes problemas acerca de la disponibilidad de la información abierta –y quizás incluso las exacerbe, ya que ahora la información debe fluir no solamente desde los cuerpos públicos sino desde los privados (Cameron, 2004). También requiere que la receptividad a las

necesidades locales sea de algún modo construida en contratos de servicio (McCrudden, 2004).

Para ser compatible con el compromiso público en el escenario de los resultados de servicio, los contratos deben permitir entonces la flexibilidad adicional requerida para acomodarse a las demandas y necesidades cambiantes de aquellos cuyas voces son buscadas. Aun así, los altos riesgos políticos asociados con la falla de servicios hacen de la flexibilidad algo muy difícil de incorporar y estipular en un contrato. En efecto, hay una poderosa tendencia contraria por parte de los cuerpos públicos para micro-administrar contratistas en formas que sirvan para limitar la flexibilidad y la innovación y a su vez una tendencia similar de parte de los contratistas para controlar cuidadosamente los riesgos asociados con el suministro del servicio.

El compromiso público en la comisión de servicios necesita de este modo no solamente una reorientación hacia resultados sino además la escritura de contratos que permitan una sensibilidad creativa para los resultados cambiantes. En términos contractuales, flexibilidad y riesgo cuestan dinero. Así, para nada es claro que la agenda de privatización y compromiso público sean compatibles o que serán adecuadamente subvencionados. Tampoco deberíamos fallar al notar que la sigilosa privatización está ahora siendo pedida para entregar un nivel de receptividad que han evadido enteramente las agencias públicas en el pasado. Sin embargo, una vez más las cuestiones de flexibilidad y costo son aquí un asunto de la intensidad del compromiso público. Es claramente posible que al menos parte de los servicios se reorienten hacia la producción para alcanzar más compromiso público en la determinación de estos resultados y para intentar una flexibilidad contractual. Como siempre, una pequeña ganancia en participación constituye un buen comienzo.

Ámbito 3: Responsabilidad pública Un tercer lugar donde la participación puede ser deliberativa, comprometida y efectiva es en el área de responsabilidad pública. En nuestra democracia, la responsabilidad pública es generalmente limitada a las elecciones pero la reciente experimentación está comenzando a expandir su evidente poder- tanto real como simbólico– a otras áreas de la gobernanza.

La responsabilidad pública es un asunto complejo pero siempre denota un parecido familiar entre prácticas que involucran escrutinio y sanción (Rubin, 2006: 53; Newell, 2004: 59).

El escrutinio implica examen y evaluación de

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decisiones representativas por un público informado. De este modo, suscita problemas inevitables respecto a la apertura de la información y la transparencia de procedimientos. La sanción implica acción empoderada, un acuerdo público para aceptar o rechazar la explicación dada por un funcionario oficial y una rígida demostración de poder popular. Así por ejemplo la responsabilidad electoral constituye un momento de profunda clarificación porque aquí la gente hace valer activamente su última soberanía sobre el gobierno (Dunn, 1999; Przeworski, Stokes & Manin, 1999; Dowdle, 2006: 3, 12). En una sociedad liberal, la responsabilidad puede extenderse también a los mercados, los medios y la esfera pública. De este modo, la responsabilidad pública es multifacética y de capas múltiples. Opera horizontal y verticalmente (Przeworski, 1999: 19; Dowdle, 2006: 17; Goetz & Gaventa, 2001: 7), puede ser informal (Scott, 2004; Morgan 2004: 245; Cameron, 2004: 61) y/o formalizada de varias maneras en una matriz de instituciones y mecanismos (Przeworski, 1999: 10; Dowdle, 2006: 4; Cameron, 2004: 60). En todas las sociedades democráticas, sin embargo, es un sitio crucial de lucha política y un momento simbólico importante de reconocimiento. Como tal, debería constituir un lugar donde el compromiso público ocurre regularmente.

De hecho, recientes problemas de alto perfil con la responsabilidad pública (como aquellos en el Reino Unido de los trenes Railtrack, la Oficina de Antecedentes Criminales y la guerra en Irak) han mostrado otra vez que las instituciones del gobierno y las corporaciones se obstinan en no responder y en efecto generalmente se salen con la suya. Ellas han servido así para estimular demandas por una responsabilidad pública mayor (Dowdle, 2006: 10). Estas demandas de nuevo subrayan la importancia del escrutinio público y de la información abierta (Cameron, 2004: 59; Anechiarico, Jacobs & Jackall, 1996). En esto, las asociaciones de la sociedad civil son muy ayudadas por los desarrollos en las tecnologías de la información, las cuales no solo hacen que generalmente la información sea más disponible para el escrutinio sino que además permiten la formación instantánea de comunidades (Cameron, 2004: 66; Graham, 2002: 5).

Donde las organizaciones y los ciudadanos están armados de conocimiento, han jugado un papel importante en desarrollar una plataforma de nuevos “sistemas de revelación” al requerir que las corporaciones y los gobiernos compartan información y sean transparentes en sus procedimientos (Graham, 2002). Por ejemplo, después

del descubrimiento de que 98.000 norteamericanos murieron cada año por errores médicos, el Instituto de Medicina recomendó que los hospitales fueran obligados a publicar las tasas de error usando la Internet para hacerlo.

La responsabilidad pública de este modo suscita preocupaciones inevitables acerca de la calidad del conocimiento disponible a los participantes y por implicación, la calidad de sus posteriores juicios. Donde la sanción sigue al escrutinio, el conocimiento lo es todo. Los riesgos son particularmente altos en un área de protesta política contemporánea, donde la acción directa masiva, las redes sociales y la multitud en Internet ahora amenaza a los gobiernos y a las corporaciones con formas nuevas y virulentas de atención pública. La experimentación con la gobernanza participativa toma la forma aquí de foros deliberativos, inspeccionando y sancionando la actuación administrativa. Las innovaciones contemporáneas de políticas, como las iniciativas conducidas por los ciudadanos para arreglar audiencias públicas e inspeccionar servicios públicos (Hanberger, 2006: 3), constituye de este modo un lugar distintivo para el compromiso público, aquí en la responsabilidad de los titulares de las oficinas por ciudadanos informados y empoderados.

Las innovaciones en responsabilidad pública permanecen, en su mayor parte, subvaloradas, y éstas se dedican más al escrutinio que a la sanción. Por lo tanto, están ampliamente enfocadas en problemas de la información abierta, la transparencia procedimental y la revelación pública.

Por ejemplo, el Departamento Australiano de Finanzas ha llevado a cabo en su marco de trabajo de Reporte y Actuación Administrativa en Victoria, un foco sobre el reporte público de resultados de políticas explícitamente para informar al escrutinio público (Cameron, 2004: 61). De igual modo, la Iniciativa Global de Reportes lista las muchas compañías que ahora reportan públicamente su “actuación social, ambiental y económica” (www.globalreporting.org). Aun formas más intensas de responsabilidad pública han ido más allá de la transparencia informativa y han buscado el uso de foros deliberativos en los cuales los ciudadanos puedan ganar información, deliberar y algunas veces incluso decidir. Estos foros han sido usados con gran diversidad para reconectar a los ciudadanos y a los funcionarios públicos de una manera directa en general en capacidad de consejería o consultoría. Ejemplos incluyen los ciudadanos jurados y paneles, el parlamento del pueblo, las audiencias públicas y las juntas de supervisión, foros de apelación y Encuestas de Opinión Deliberativa (Fishkin, 1992).

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Aunque no están en general empoderados para entregar sanción, estos micropúblicos claramente constituyen ejemplos de alta intensidad del compromiso y pueden ser usados para aumentar la retroalimentación de políticas y para proveer (o negar) legitimidad. Ellos pueden ser cuidadosamente estructurados para asegurar que sean representativos tanto de los intereses grupales e individuales como de la demografía. Los micropúblicos pueden ser ajustados para asegurar una representación adecuada de los grupos de difícil alcance (Burnheim, 1985) y para compensar por la clase intransigente, la raza y el sesgo de género en la selección de funcionarios. Lo último parece particularmente bien dirigido por recientes innovaciones en el uso de selección aleatoria (Carson & Hart, 2005; Mc Cormick; 2006: 2). Frecuentemente, al seguir los debates sobre los métodos de decisión semejantes a aquellos desarrollados por American Speaks, aquellos micropúblicos están combinando más nuevas tecnologías de la información con técnicas de facilitación grupal.

El Proyecto Ágora Virtual, por ejemplo, permite la deliberación colectiva en línea (http:⁄/virtualagora.org). Fung (2003: 355) describe micropúblicos que son empoderados para actuar y entregar sanción como la forma máxima de compromiso público. Su principal ejemplo es de nuevo el programa de presupuesto participativo en Porto Alegre, donde la responsabilidad pública es directa y se debió a un consejo deliberativo empoderado.

Muchas organizaciones tienen, en su corazón, una asamblea autónoma para la cual todos los funcionarios son responsables, incluyendo Consumers International, The Womens League of Voters, The National Framework for Tenants Participation Groups, Friends of Earth International y The Sierra Club. Los ciudadanos hechos y derechos o las asambleas constituyentes se sientan ahora en British Columbia, Bolivia, Nueva Gales del Sur, Australia, donde están empoderados de manera muy diversa para hacer legislación y conducir el cambio constitucional.

Dos innovaciones en particular sugieren maneras en las cuales las formas participativas de responsabilidad podrían ser empoderadas para entregar tanto escrutinio público y sanción: las Revisiones Públicas (Hanberger, 2006: 16) y las Auditorías Ciudadanas (McCandless, 2002). Las Auditorías Públicas desarrolladas por la Alianza de Responsabilidad Pública están destinadas a proporcionar evaluaciones públicas del desempeño institucional. Evaluaciones ex post han tenido lugar además en instituciones paralelas organizadas por los ciudadanos para expresar un juicio público en el desempeño que les incumbe. Así,

por ejemplo, una variedad de audiencias y juicios de prueba se han pronunciado sobre problemas como la legalidad de la Guerra de Vietnam, la brutalidad de la policía y los crímenes contra la humanidad (Kenyon, 2004). Sin embargo, poderes faltantes de sanción, como evaluaciones retrospectivas, comparten el poder simbólico de las comisiones de verdad y reconciliación. De este modo ellos suponen una participación pública para dar cuenta de una apertura de información y una emisión de quejas ex post (Parlevliet, 1999).

Aun así, mientras las comisiones de verdad y reconciliación parecen derivar su efectividad precisamente de su falta de poder para sancionar –aquí al remover las consecuencias de la revelación– los métodos participativos de responsabilidad pública parecen particularmente prometedores en entregar una experiencia de compromiso público que realmente surte efecto.

Como ya se anotó, la mayoría de las evaluaciones ex post de desempeño institucional adolecen de ser subvaloradas particularmente cuando se refiere a los poderes de sanción. Incluso así, curiosamente el garrote provisto por los mecanismos participativos de responsabilidad pública no es acerca de la sanción en absoluto. De hecho, los foros empoderados adecuadamente también han sido relativamente modestos en este aspecto, en su mayor parte exigiendo poco más que un muy público destape. Entonces el poder de estos mecanismos parece ser ampliamente simbólico –aunque no menos importante por serlo– pues ofrecen un desempeño público de soberanía popular más que sanciones punitivas sustantivas. Incluso donde el poder de sanción es mínimo, ellas sirven para disuadir efectivamente los abusos de poder.

Esto en cambio sugiere que lo que está faltando en la experimentación contemporánea con el compromiso público respecto a la responsabilidad no es tanto el poder de sanción como el poder de exigir respuestas (McCandless, 2002: 133) Los foros completamente empoderados serían caracterizados de este modo no por la severidad de sus sanciones sino por su capacidad de hacer comparecer testigos e insistir en la revelación. En esto los mecanismos de participación para responsabilidad difieren marcadamente de las comisiones de verdad y reconciliación donde los testigos no necesitan responder las preguntas.

En las repúblicas antiguas de Atenas y Roma, los ciudadanos hicieron extensivo el uso de mecanismos participativos para la responsabilidad pública y pasaron siglos ajustando sus constituciones para corregirlos (Elster, 1999; McCormick, 2001). En cada ciudad la responsabilidad pública muchas veces tomó la forma

Deliberación, Comunicación y Participación

de un “populismo feroz” con funcionarios públicos que fueron requeridos para informar sobre sus acciones ante las asambleas populares al final de su periodo oficial. Estos eventos eran poderosas demostraciones simbólicas de escrutinio público y sanción. En parte teatrales y en parte genuinas las evaluaciones ex post operaban para hacer participar y educar a la ciudadanía con el fin de incrementar la sensibilidad de los detentores de los puestos públicos y para enervar la gobernanza participativa.

En toda nuestra conversación de compromiso público, no hicimos uso de los mecanismos directos a prueba de tiempo para la responsabilidad pública y ellos generalmente se han extraviado del voto como pieza central tanto de la participación democrática y la responsabilidad. En las democracias liberales existe una “total exclusión de la ciudadanía en general de la censura, la acusación y los procedimientos de remoción dirigidos a los funcionarios públicos sospechosos” (McCormick, 2006: 155; McCandless, 2002: 11). Entre los variados efectos de los mecanismos participativos por responsabilidad, tanto reales como simbólicos, se encuentra su habilidad de revelar qué tan lejos hemos ido con la información abierta y el empoderamiento ciudadano si nuestras buenas intenciones participativas quieren significar algo. Los mecanismos deliberativos para la responsabilidad pública constituyen de este modo un lugar importante para el compromiso, uno donde la participación puede surtir efecto realmente y donde hay más probabilidad de que los ciudadanos quieran comprometerse. Íbamos a encontrar formas de hacer participar al público en el escenario de los resultados de servicio y en el desarrollo de criterios de evaluación, podríamos combinar nuestros segundo y tercer escenarios para el compromiso público y mantener los proveedores de servicios para dar cuenta, en público, de su desempeño en contra de estos criterios. Una vez más, mezclar y hacer coincidir es mejor que pensar que una sola estrategia puede cumplirlo todo. Si realmente quisiéramos aumentar el compromiso público tendríamos mayor cuidado para establecer justamente por qué, en una situación particular, intentamos hacerlo y entonces seleccionar de una amplia variedad de métodos prácticos disponibles cuáles pueden ser estimulantes y efectivos. Reconocer que hay muchos métodos y muchos ámbitos para la participación es seguramente un paso importante hacia el desarrollo de instituciones que permitan el compromiso público más que limitarlo estimulando inadvertidamente apatía y luego señalando

la apatía como una razón para dejar de comprometer al público.

Conclusión La actual agenda de compromiso público puede tomar cualquier camino. Si podemos encontrar ámbitos y métodos apropiados para comprometer el público, entonces podemos proveer gobiernos democráticos con un “sistema de bases” (Boyte, 2007). Sin embargo, si nuestra inhabilidad para superar la falta de compromiso público resulta en que esta agenda está siendo abandonada, contemplamos nuestra falla de democratizar la sociedad civil y apuntalar adecuadamente nuestras instituciones representativas dejándolas suspendidas en el aire. Los logros democráticos de un pasado distante entonces nos parecerán cada vez más extraños y arriesgamos su ser por estar casualmente perdidos.

Podría ser también que somos más individualistas que nuestros ancestros pero también somos menos deferenciales e indulgentes con la incompetencia de la élite. Dados los muchos problemas que enfrentamos no podemos diagnosticar meramente la apatía política como pereza y debemos mirar en otros lugares –en teoría democrática e historia– por una explicación más adecuada. Cuando se busca incrementar el compromiso público hemos notado la necesidad de clarificar el propósito. Decidir si el compromiso es o no primeramente por retroalimentación sobre la dirección de servicio y calidad o por legitimidad, ayuda a la selección correcta y mezcla de foros deliberativos, encuestas y métodos de consulta.

También hemos notado la importancia de deliberación pública e información abierta que permite que las necesidades locales sean tanto aclaradas como descubiertas. Finalmente, hemos revisado posibles escenarios en los cuales el compromiso público puede, y está siendo, significativamente creciente: el diseño y entrega de servicios; el escenario de resultados y criterios evaluativos, y los métodos de responsabilidad pública que proporcionan escrutinio y sanción públicas.

Los muchos ámbitos y métodos prácticos por incrementar el compromiso público, sus diferentes grados de intensidad y sus evidentes limitaciones sugieren que la vieja acusación elitista y la bola de nieve del “gobierno de la turba” no puedan ser sostenidas. La demostración de la brecha de McHugh entre querer más participación y estar realmente dispuesto a participar no prueba nada en absoluto. Es el equivalente científico social de usar un reloj del sol para mostrar que el sol gira alrededor de la tierra. Ciertamente uno puede medir esa brecha, pero como el reloj de sol,

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uno está calibrando una ilusión. Como hemos visto, comprometer creativamente a los ciudadanos en una variedad de lugares a una variedad de fines, con una variedad de formas y con una variedad de intensidades contribuye en gran medida a cerrar esa brecha.

Ya sea que optemos por más o menos compromiso público podemos ciertamente esperar que la democracia continúe ejerciendo presión en el gobierno de la elite con una nueva participación, más virulenta y formas virtuales. De este modo debemos encontrar nuevos ámbitos para el compromiso público o enfrentar una participación de una clase totalmente diferente y cada vez más desesperada. 

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Deliberando en la plaza: una reflexión sobre los límites de la democracia a la luz del movimiento de los indignados en España ENERO-JUNIO 2012

Revista Comunicación y Ciudadanía 5

Jorge Resina de la Fuente

Jorge Resina de la Fuente es candidato a doctor en Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Ejerce como Personal Docente e Investigador (PDI) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la misma universidad, dentro del programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación de España. Entre sus últimas publicaciones está Opinión pública y democracia deliberativa en la sociedad red (2010), escrita con Víctor Sampedro para la Revista de historia Ayer.

Correo-e: jresina@cps.ucm.es

Resumen El 15 de mayo de 2011, miles de personas salían a las calles en España. El movimiento de los indignados, como después se le denominó, visibilizaba una expresión de malestar contra el sistema en tiempos de profunda crisis del capitalismo en el ámbito mundial. Este artículo pretende acercarse a este fenómeno e indagar en las causas y en la naturaleza de sus acciones. Para ello, se parte de una reflexión sobre la democracia realmente existente, sobre la representación y sobre la función mediadora de la opinión pública, para concluir con un análisis de la dinámica del 15M y de sus horizontes de futuro.

Palabras clave: Sistema político español; Democracia deliberativa; Opinión Pública; Acción Colección; Ciberparticipación.

Abstract

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On May 15th, 2011, thousands of people took streets in Spain. Indignant movement, as after it has been called, does visible an expression of discomfort against the system in times of deep global crisis of capitalism. This article aims to approach this phenomenon and investigate the causes and nature of their actions. For this, we start with a reflection about actually existing democracy, representation and public opinion, concluding with an analysis about the dynamics of 15M and its future horizons.

Keywords: Spanish Political System; Deliberative Democracy; Public Opinion; Colective Action; Ciberpolitics.

Deliberación, Comunicación y Participación

Introducción

D

esde el levantamiento zapatista del primero de enero de 1994 en el sudeste mexicano hasta la acampada de los indignados españoles del 15 de mayo de 2011 persiste un hilo de continuidad que da sentido a un movimiento mundial, fragmentado y no siempre coherente pero con un nexo común: la expresión de un creciente malestar con el sistema económico capitalista y con el modelo de democracia liberal/ representativa que, prácticamente, se encuentra generalizado por todo lugar1.

Entre medias de ambos fenómenos, durante esta década y media larga, se han sucedido distintos y muy diferentes levantamientos y expresiones de disconformidad. Hechos como los acontecidos en Seattle (1999), Génova (2001), Bolivia (2003) o los más recientes de Grecia, Chile y el mundo árabe2, por muy variopintos que puedan parecer, son muestra de ello. La crisis financiera global ha sido el detonante de la actual eclosión de protesta social pero, en ningún caso, puede considerarse como el único motivo.

En este contexto, este artículo se pregunta sobre la causa y el fundamento del movimiento del 15M y tiene como principal objetivo plantear una reflexión teórica en torno a los indignados, de tal forma que permita enmarcarlo en un debate sobre la calidad de la democracia contemporánea y, más en concreto, sobre su desarrollo en España.

Para tal fin, se propone una aproximación al fenómeno en la que, por un lado, se analicen algunos de los rasgos que provocaron la movilización y en la que, por el otro, se caracterice la acción política de los indignados.

1 Sobre estas conexiones transnacionales ha teorizado Sidney Tarrow, uno de los principales estudiosos de los movimientos sociales contemporáneos, quien considera que estas redes son reflejo de movimientos episódicos y, a veces contradictorios, pero con un fuerte y visible impacto (Tarrow, 2005). Para el caso más concreto de España, Jaime Pastor ha dado continuidad a esta línea argumentativa (Pastor, 2007: 39-52). Una serie de hitos como la celebración de lo que se han denominado “contracumbres”, las reuniones del Foro Social Mundial, la creación de medios de información en red, como Indymedia, o la concentración en torno a demandas comunes, como el rechazo a la guerra de Irak, la creación de una tasa que grave las transacciones financieras o la protesta frente a Tratados de Libre Comercio (Tlc), dan elementos de unión a estos movimientos.

2 Con respecto al mundo árabe, las movilizaciones encuentran diversas causas, al tiempo que son distintos y muy variados los actores que han participado en las movilizaciones pero, sin duda, estas contestaciones pueden inscribirse, de algún modo, en el mismo sentido de rechazo mundial a un sistema que cuenta con Estados Unidos como Hegemón y con el sistema capitalista como modo de producción predominante.

Como hipótesis de partida se afirma que más allá de las demandas específicas que contiene el 15M, este movimiento es una expresión de insatisfacción hacia la democracia representativa, de un lado, y un ejercicio de deliberación ciudadana y experimentación democrática, por el otro. La acampada que durante días ocupó la plaza de Sol en Madrid, así como otras de las principales calles de todo el país, es una muestra de este intento por plantear una regeneración de algunos aspectos esenciales del actual sistema político y económico.

El artículo se estructura en dos partes. Una primera, más teórica, en la que se plantea el debate entre los distintos modelos de democracia y la función de la opinión pública como instancia mediadora entre la sociedad y lo que podría denominarse como “establishment político”. Y una segunda, donde se analizan las causas más concretas que generaron las condiciones para la movilización de los indignados y la dinámica del movimiento como experiencia deliberativa. Para terminar, se expondrá una breve conclusión que cerrará la reflexión.

La(s) democracia(s) como debate Distintas concepciones para distintos modelos Cuando hoy hablamos de democracia damos por supuesto que estamos hablando de democracia representativa. Esta concepción se ha impuesto y se ha generalizado, se asume como la posible y la realmente existente, la deseable y como aquella a la que puede aspirarse sin dramáticas consecuencias. Dicha fórmula democrática tiene, según Manin (1995), cuatro sencillas reglas que la caracterizan: 1) los gobernantes son elegidos por los gobernados en elecciones periódicas; 2) los gobernantes electos mantienen cierta autonomía respecto a los electores; 3) la decisión de los gobernantes debe ser tomada después de una previa discusión, y 4) existe un espacio, denominado opinión pública, donde cabe la libre expresión de los gobernados fuera del control de los gobernantes. De momento, dejamos estos rasgos aquí planteados, aunque más adelante volveremos a ellos.

Esta “naturalización” de la democracia como democracia representativa conlleva una asunción, ya inconsciente, que cierra el debate.

Una posición que aniquila la posibilidad de plantear otras opciones de democracia, lo que termina por etiquetar a éstas como intentos totalitarios o como propuestas arriesgadas para la propia estabilidad democrática, de tal forma que opera a

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modo de círculo vicioso: si se cuestiona la representación, se cuestiona la democracia. Un conflicto generado por esta visión exclusivista.

Sin embargo, tradicionalmente, se han caracterizado al menos dos grandes modalidades democráticas: la ya mencionada representativa y la directa3. En esta última, los ciudadanos tienen derecho al ejercicio directo de sus potestades políticas al ser miembros de la polis –hoy el Estado. ¿Cómo logró entonces imponerse la primera concepción sobre la segunda? El argumento principal sostiene que en grandes territorios (es decir, en Estados) la aplicación de una democracia directa sería inviable por motivos de tamaño. De esta forma se comienza a desequilibrar la balanza. La generalización del Estado como modelo de organización del poder impulsó la representación como forma de gobierno. Bobbio señala al respecto cómo de la visión de Madison, uno de los padres fundadores de Estados Unidos y de la democracia representativa, surge

…la firme opinión de que existe un vínculo necesario entre el Estado representativo (o república) y las dimensiones del territorio, y que por tanto la única forma de gobierno no autocrática posible en un gran Estado sea el gobierno representativo, que es una forma de gobierno democrático, corregido, moderado o limitado, y en cuanto tal hecho, compatible con un territorio muy vasto y con una población numerosa (Bobbio, 1989: 211).

Resulta paradójico y revelador descubrir cómo para los iniciadores de la democracia moderna la fórmula representativa, denominada “república” o “gobierno representativo”, se opone expresamente a la democracia. Como afirma Manin (1995: 14), “tanto para Siéyès como para Madison, el gobierno representativo no es una modalidad de la democracia”. En este sentido, la democracia es entendida como algo del pasado, asociado a la polis griega, una realidad antigua para unos tiempos nuevos. El “gobierno representativo”, por su parte, es expresión de un novísimo modelo de toma de decisiones y de organización política de la sociedad, superior incluso a la propia democracia.

Detrás de esta concepción se encuentran los orígenes de la arquitectura ideológica liberal que funge como contraparte política del sistema económico capitalista, que camina indisolublemente ligada a la consolidación de los Estados

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3 Obviamente, los debates históricos sobre la democracia han sido más y mayores que lo que exponemos aquí. Por razones de espacio y de oportunidad, proponemos una síntesis centrada en el debate principal sobre la democracia directa y la representativa.

desde el siglo xvii y que se sostiene teóricamente con las aportaciones contractuales de Bodin, Hobbes y Locke. Aunque sin entrar más en esta discusión, sí se señala aquí la figura de Rousseau, quien mantiene cierta fisura con sus contemporáneos, al abrir en la época moderna una vía para la pervivencia de la democracia directa, en la que la voluntad general es la voluntad de todos y en la que ésta solo puede expresarse directamente, sin intermediación, a través de la asamblea. Sin embargo, Rousseau no deja de dialogar con su tiempo, algo que ha generado una controversia sobre el alcance de su planteamiento en los estudios de teoría política, ya que se encuentra instalado en los marcos del debate liberal: como él mismo afirmó, la democracia directa solo puede darse en pequeños territorios4.

Casi de forma paulatina, la democracia directa se ha caracterizado por a) el gobierno directo de todos los miembros de la comunidad a través de la asamblea; b) el gobierno del pueblo mediante delegados sometidos a mandato imperativo y, por tanto, con capacidad de revocarlos en todo momento, y c) el sometimiento a referéndum de todas las decisiones (Bobbio, 1989: 217). Cuando hoy se habla de democracia directa, suele hacerse referencia a este último rasgo, incluso como una fórmula compatible con la democracia representativa. Por ejemplo, en la Constitución española se prevé un refrendo popular para algunos aspectos relacionados con la propia reforma constitucional5.

Esta discusión centra su foco de atención en entender la democracia como un mecanismo de toma de decisiones, como un procedimiento que, sin embargo, poco dice sobre lo sustantivo de la misma, sobre la calidad de su contenido. Es aquí donde entra a jugar un importante papel una tercera modalidad: la democracia deliberativa.

La opinión pública y su mediación en las relaciones Estado-sociedad Volvamos ahora a los rasgos de Manin (1995) que antes enumerábamos y que caracterizan la democracia representativa. De forma bastante clara puede afirmarse que los elementos 1) y 2) se dan en la mayoría de las democracias representativas actuales. Por lo general, hay elecciones periódicas, libres e iguales, y los elegidos no están sometidos al “chantaje” directo de quienes les votaron. Si bien, no deja de ser una aseveración con matices, ya que, por un lado, los procesos electo4 Como así matizó el autor en Consideraciones sobre el Gobierno de Polonia y su proyecto de reforma.

5 Artículos 167 y 168 de la Constitución española.

Deliberación, Comunicación y Participación

rales son antecedidos por unas campañas políticas asimétricas6 (lo que relativiza la igualdad de condiciones entre contrincantes) y, por otro, aunque los candidatos elegidos no sufren el “chantaje” directo de los electores, sí se ven obligados a negociar sus decisiones con importantes grupos de presión que tienen intereses involucrados7.

En cuanto al rasgo 3), puede decirse que el Parlamento es el ente de discusión por excelencia dentro de los tres poderes clásicos del Estado que identifica Montesquieu. Aunque, de nuevo, en la realidad de la Cámara tal característica pierde nitidez. Los debates parlamentarios suelen convertirse en una sucesión de monólogos y gran parte de las decisiones son tomadas por el grupo mayoritario de la cámara (en sistema parlamentaristas, por lo general –aunque no siempre–, el partido de gobierno) o, a lo sumo, con el apoyo de algunos de sus socios. El nivel de iniciativas aprobadas por consenso entre todos los grupos parlamentarios o las propuestas de grupos minoritarios aprobadas en el Parlamento son residuales8.

El punto 4) es el que más nos interesa aquí.

El esquema liberal hace una distinción conceptual entre Estado y sociedad. A su vez, dentro de esta última, se distingue entre esfera privada y esfera pública. La primera responde a la vida privada de los ciudadanos, a una esfera que se caracteriza en negativo, como no-pública, y que hace referencia a cuestiones particulares; la segunda, a lo público, a aquello que afecta a todos y que, por tanto, está sujeto a debate. De la esfera pública nace la opinión pública como instancia mediadora entre la sociedad y el Estado.

Dahl (1990) plantea este esquema como poliarquía, de forma que el dinamismo de los ciudadanos de la sociedad –siempre que el Estado 6 A modo de ejemplo en España puede señalarse cómo estas prácticas asimétricas son puestas en escena con actos tales como la celebración de debates electorales con solo dos de los candidatos a la Presidencia del Gobierno (Pp y Psoe) en medios públicos y privados, sin que la Junta Central Electoral intervenga como mecanismo corrector.

Hecho que refuerza el bipartidismo y castiga la pluralidad del sistema de partidos.

7 Estas presiones pueden identificarse, de forma más o menos nítida, dependiendo del sector. En el caso español, por ejemplo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) se ha caracterizado por emitir declaraciones en las que se interpela de forma clara a los distintos partidos políticos, amenazando con medidas de castigo en caso de no ver atendidos sus intereses, con el efecto de inestabilidad económica que eso generaría.

8 Un ejemplo de cómo funciona el parlamentarismo español puede seguirse en: Calvet Crespo, J. (2003): “Gobiernos minoritarios, pactos parlamentarios y producción legislativa en España” en Política y Sociedad, Vol. 40, Nº2, pp. 84-104.

Resulta paradójico y revelador descubrir cómo para los iniciadores de la democracia moderna la fórmula representativa, denominada “república” o “gobierno representativo”, se opone expresamente a la democracia garantice una serie de condiciones de libertad de expresión, de asociación y de competición– se concreta como input para la caja negra del sistema político, donde el gobierno deberá gestionar y dar respuesta en forma de output que retorne a la sociedad. Un mecanismo sencillo, en el que la opinión pública ocupa el importante papel de ser esa área de expresión ciudadana frente al poder gubernamental, instalado en el Estado.

Como antes se señalaba, el esquema liberal parte de una concepción contractualista que tiene como centro al sujeto individual que pacta con otros como él para poder vivir en sociedad de forma libre (Locke), segura (Hobbes) e igual (Bodin).

La poliarquía (Dahl) pretende garantizar estas condiciones a través de un sistema que limite los excesos de poder frente al ciudadano. Sin embargo, como describe Bobbio (1993: 2),

Lo que ha sucedido en los Estados democráticos es lo opuesto totalmente: los grupos, grandes organizaciones, asociaciones de la más diversa naturaleza, sindicatos de las más heterogéneas profesiones y partidos de las más diferentes ideologías se han convertido cada vez más en sujetos políticamente relevantes, mientras que los individuos lo han hecho cada vez menos.

Este modelo se convierte en una ficción en la que lo político se escinde de lo social y se transforma en un espacio autorreferenciado, al igual que ocurre con el Estado, de forma que la sociedad queda despolitizada y pierde capacidad decisoria9. Esta división se agrava si se tiene en cuenta que la instancia mediadora –la opinión pública– termina por funcionar más como un elemento de persuasión del espacio de lo político hacia lo social que a la inversa.

Bourdieu (2003) lleva esto hasta al extremo y afirma incluso que la opinión pública no existe, ya que las encuestas que la sostienen tienen implícitas una serie de asunciones que distorsio9 A este esquema habría que incluir la perspectiva de Mills sobre la teoría de las elites para comprender el alcance de la influencia del poder económico sobre el político y para entender, desde una óptica marxista, el Estado como instrumento de clase.

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nan la realidad. Para el sociólogo francés, ni todo el mundo puede tener una opinión, ni todas las opiniones tienen el mismo peso, ni las preguntas que se plantean en los cuestionarios son inocentes. La opinión pública responde a un intento del bloque de poder por generar hegemonía sobre la sociedad, en el sentido dado por Gramsci, por el que todo ejercicio de la fuerza va acompañado por un discurso cuyo fin es legitimar la fuerza del que la ejerce; se puede decir incluso que lo propio de toda relación de fuerza es el hecho de que solo ejerce toda su fuerza en la medida en que se disimula como tal (Bourdieu, 2003: 222).

En esta línea, Sampedro (2000) amplía la crítica de Bourdieu y plantea la opinión pública como producto del ejercicio de los medios de comunicación, del resultado de las distintas elecciones y de la publicación de sondeos. En ese sentido, pueden distinguirse dos tipos de opinión pública: la agregada, que responde al modelo de opinión pública entendida como el sumatorio de opiniones individuales al que hace referencia Bourdieu; y la discursiva, que más que un resultado es un proceso colectivo en el que los ciudadanos ejercitan la deliberación (Sampedro y Resina, 2010: 144).

En las actuales democracias de audiencia la opinión pública agregada se ha convertido en la principal mediadora mientras que los espacios de deliberación ciudadana han quedado restringidos, habida cuenta del rol que realmente desempeñan los medios de comunicación, que hoy se integran dentro de grandes holding empresariales, responden a intereses privados, y que más que cuarto poder se han transformado en una suerte de suprapoder que sostiene la democracia bajo tutela, al tejer un entramado ideológico que da por sentado el consenso. Esta arquitectura responde a una lógica sistémica en tanto que

El poder de los medios de comunicación juega un importante rol en registrar y transmitir la opinión pública. Este sistema mediático ha crecido bajo el amparo del Estado moderno, está basado en una particular concentración del poder, típica de este Estado, lo cual podría no ser la mejor manera de organizar democráticamente la deliberación pública o, al menos, la vía exclusiva (Bohman, 2007: 353)

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Sobre todo si se tiene en cuenta que la mejor organización de la esfera pública “es la compuesta por un ‘público de públicos’ antes que una esfera pública formada por un solo campo en la que se unifica a todos los participantes” (Bohman, 2007: 354), una idea que enlaza mejor con el sentido otorgado por la opinión pública de carácter discursivo.

De alguna forma, la irrupción de Internet

actualiza este panorama e introduce nuevos elementos que, en principio, podrían acercar a este escenario. El fenómeno de la autocomunicación de masas señalado por Castells (2009), por el que los ciudadanos pueden ejercer de emisor y de receptor sin necesidad de estar sujetos a las mediaciones de los grandes medios de comunicación, abre espacios a lógicas de contrapoder. Si bien los logros conseguidos hasta ahora deben ser analizados con cautela puesto que, aunque es cierto que la red ha permitido avances significativos en el contacto entre nodos, sus límites también están ahí. Este “ciberescepticismo” parte de la consideración de que Internet no resuelve aún muchas de las diferencias offline, al reproducir los mismos discursos de los mass media (Sunstein, 2001) e, incluso, al generar un nuevo fenómeno, el de los “ciberguetos” (Galston, 2003), donde los ciudadanos solo interactuarían con quien tienen afinidad ideológica, sin mayor comunicación con otros públicos discrepantes.

El momento de la indignación El ciclo de movilizaciones y los síntomas de una crisis de representación Hasta aquí se ha planteado una reflexión sobre algunos de los rasgos que caracterizan las actuales democracias de corte occidental (entre ellas España), sobre las limitaciones de la representación y sobre la naturaleza de la opinión pública. Como se ha intentado exponer, la democracia representativa y el esquema liberal de las relaciones entre la sociedad y el Estado constituyen un modelo con notables déficits en la realidad10. Producto de esta distancia entre lo ideal y lo que, finalmente, se da en lo cotidiano surgen expresiones de malestar. La ruptura de la igualdad provoca un sistema con pro10 La división entre el Estado y la sociedad no es armónica. De alguna forma, y en términos más marxistas, desde un punto de vista político, el Estado y la organización de la sociedad no son dos cosas distintas. De tal forma que el Estado es la organización de la sociedad.

Deliberación, Comunicación y Participación

blemas de afección al mismo.

El movimiento del 15M tiene una parte importante de sus raíces en ello.

Es probable que sin una situación de crisis política y económica como la que azotó a España en 2011 no se hubiera producido el levantamiento de miles de “indignados” por todo el país. De algún modo, los problemas económicos sirvieron como chispa para las movilizaciones, aunque también es cierto que sin un tejido social previo tampoco habría sido posible el movimiento, como a continuación se expondrá. La Spanish revolution11 –como así se la denominó en varias redes de Internet– ha contado con nuevos actores (en su mayoría jóvenes y desempleados, aunque no solo) pero también ha dado continuidad a otra serie de colectivos sociales cuya acción venía de tiempo atrás.

Seguramente, el ciclo de movilizaciones en España comenzó el 13 de marzo de 2004 cuando miles de personas salieron a la calle para protestar por la gestión informativa del atentado del 11 de marzo de ese año por el gobierno saliente del Partido Popular, a tan solo un día de las elecciones generales. Esa acción supone un hito en tanto que responde a la primera acción masiva y espontánea de ciudadanos que consiguen coordinarse a través de las nuevas tecnologías (en este caso, los teléfonos móviles) sin mayores estructuras ni liderazgos. Significa además una demanda por querer conocer la verdad, con lo que la opinión pública queda al descubierto y los manifestantes desbordan los habituales y opacos cauces de comunicación con el poder. A partir de entonces la “calle” ha estado presente y diferentes movimientos han dado continuidad a acciones disruptivas.

Al igual que el 13 de marzo, el 15M es una expresión de rechazo a un modelo de democracia con límites estructurales. Como se plantea al comienzo de este artículo, diferentes muestras de malestar ya sea en forma de movilizaciones, paros o marchas, en lugares geográficos muy dispares, pueden responder a un mismo origen. Las formas concretas varían, las demandas específicas se distinguen pero el fondo conduce siempre al mismo punto.

11 Especialmente en Twitter, donde logró convertirse en Trend Topic mundial.

En el caso concreto del 15M, la situación económica del país empujó la respuesta social: una tasa de paro de más del 20%, una desigualdad creciente (el índice de Gini retrocedió a niveles de 1995) y una generalizada precarización laboral, con la tasa de temporalidad en el empleo más alta de Europa, generaron las condiciones estructurales necesarias. A ello se suman otros factores como los vinculados al modelo productivo, donde España “tocó techo” con su patrón de crecimiento basado principalmente en la construcción, o como la generalización de hipotecas basuras, impulsadas por unos tipos de interés en mínimos históricos. Además, está la percepción, cada vez más extendida, de que existen importantes grados de corrupción a todos los niveles (especialmente el local), de que se permite la evasión fiscal y de que las rentas más altas y las grandes empresas no contribuyen de forma proporcional.

Pero este malestar no solo responde a aspectos meramente económicos, sino también a otros de índole política, como la demanda de una reforma constitucional que actualice algunos de los principios contenidos en la Carta Magna de 1978, la introducción de nuevos mecanismos participativos o la modificación del sistema electoral. Más en concreto, este último punto ha tenido una especial relevancia al interior del 15M. De hecho, uno de los principales lemas del movimiento ha sido “que no, que no, que no nos representan”; por ello, creemos necesario hacer aquí un breve análisis, algo más detallado, sobre algunos de los límites de la representación en la democracia española.

El vigente sistema electoral español, en la línea de lo que ocurrió en otros países europeos tras la ii Guerra Mundial, se caracteriza por ser un modelo de “parlamentarismo racionalizado”, lo que implica una serie de “correcciones” a la total proporcionalidad. De forma que varios son los elementos que atenúan lo realmente votado por los ciudadanos en beneficio (según sus defensores) de una mayor estabilidad del sistema y de un modelo que favorezca la gobernabilidad del partido en el gobierno, gracias a su apoyo parlamentario: 1. La sobrerrepresentación de las pequeñas circunscripciones, al establecer la Constitución de 1978 el mínimo de dos diputados para cada provincia, en virtud de un principio territorial que rompe el principio de un hombre, un voto.

2. El efecto mayoritario producido en estas pequeñas (y medianas) circunscripciones, en las que los terceros partidos tienen casi imposible obtener representación, debido a la ley electoral (ley D´Hondt).

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3. Las Cámaras reducidas, rasgo que acentúa la exclusión de fuerzas políticas más allá de los dos grandes partidos.

4. La barrera electoral del 3% exigida en la circunscripción para obtener representación.

Junto a estos rasgos hay también que señalar otros dos efectos que se producen dentro del sistema electoral español: 1. El hecho de que los electores voten a listas cerradas y bloqueadas conduce a un reforzamiento de las cúpulas de los partidos. Formaciones que, contrario a lo que establece la Constitución, en muchos casos, tienen un escaso funcionamiento democrático. De forma que las decisiones internas se toman de arriba abajo por lo que Michels (1996) denominó como “cogollos” de poder. El presidente del partido suele ser el presidente del grupo parlamentario y, en su caso, el presidente de gobierno. Lo que conduce a un modelo fuertemente personalista.

2. La cobertura mediática es escandalosamente desigual. De forma que los partidos con más recursos (con capacidad de poner en marcha las mayores campañas electorales y utilizar con una mayor dimensión las cuestiones de marketing electoral) serán, además, los que

más espacio ocupen en los medios de comunicación.

En consecuencia, estos rasgos han conducido a España a un modelo bipartidista de facto, ya ni siquiera atenuado por los partidos de corte regionalista (según se ha podido observar en las elecciones de 2008) y en la que los terceros partidos nacionales tienden a derrumbarse (ayer, cds; hoy, iu) con escasas probabilidades de nuevas apariciones (con notables excepciones como la de upyd, cuya permanencia en el tiempo –a un plazo largo– aún está por determinar).

Si en porcentaje de votos, los dos principales partidos (psoe y pp) suman el 83,77%; en escaños, alcanzan casi diez puntos más, el 92,28%. Esta prima se produce como efecto de la antes mencionada sobrerrepresentación de las pequeñas circunscripciones y de la ley electoral. Si bien es cierto que esta prima se ha reducido (así en 1977, las dos principales formaciones, ucd y psoe sumaban el 63,76% de los votos y el 81,14 de los escaños en el Congreso de los Diputados), se habría visto compensada con el incremento de la brecha informativa previa a las elecciones, en la que estos dos partidos ocupaban páginas y páginas frente a meras referencias en el resto de los casos.

En todo caso, un sistema proporcional puro, con distrito único y sin barreras electorales, habría alterado sensiblemente los resultados:

Partido

Escaños en las elecciones de 2008

Escaños en un sistema proporcional

Efecto

Psoe

169

153/154

+16/17

Pp

154

139/140

+15/16

Iu

3

13/14

-10

Ciu

10

11/12

-1

Pnv

6

4/5

+2/3

Erc

3

4

-1

Bng

2

2/3

=

Cc

2

2

=

Upyd

1

4/5

-3

Na-Bai

1

0/1

+1

Resto

0

20 (a repartir entre otras formaciones)

-20

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta Central Electoral. http://www.juntaelectoralcentral.es

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Esta sería una eventual forma de nuevo reparto. Pero habría más posibilidades. Así, por ejemplo, el jueves 13 de marzo de 2008, en el diario El País se sugería un nuevo sistema electoral, en el que la composición de las Cámaras se elevaría hasta 420 diputados y al primer reparto tradicional de escaños (los actuales 350) se sumaría un segundo reparto (de 30 escaños, en la que España funcionaría como una sola circunscripción, se aplicaría la ley D´Hondt, y en la que los principales beneficiados serían los partidos nacionales que no pudieron obtener escaños en las circunscripciones) y otro tercero (de 40 escaños, en la que España funcionaría de nuevo como una sola circunscripción y se emplearía la Ley D´Hondt sobre los votos de toda España elevados al cuadrado, lo que beneficiaría a los partidos mayoritarios).

La deliberación como medio y como fin El movimiento de los indignados responde, por tanto, a un espíritu por reformar cuestiones importantes de la democracia representativa, toda vez que la representación ha dejado de ser tal y que la brecha entre representantes y representados se acrecienta. Pero no solo se trata de una demanda por cambiar algunos aspectos de la representación, sino que también puede considerarse una crítica al tradicional esquema liberal y a la identidad entre democracia y democracia representativa a la que se hacía referencia al comienzo. El 15M reivindica la introducción de formas de democracia directa pero, sobre todo, plantea prácticas de deliberación ciudadana en las cuales, de algún modo, la opinión pública agregada se compense con una opinión pública discursiva, producto de un ejercicio colectivo.

La democracia deliberativa arrastra “una concepción anti elitista (…) [que] no toma las preferencias de los individuos como dadas” (Gargarella, 1995: 78), rasgo que abre un horizonte más igualitario y que equilibra la tradicional estructura jerárquica de las democracias actuales.

Como señala Habermas (1994), las estructuras de mercado –propias de la versión liberal representativa– son sustituidas por estructuras comunicativas donde las instituciones “sirven simplemente para implementar los resultados de la deliberación” (Cohen, 2007: 137). En este esquema, el Parlamento adquiere especial importancia, convirtiéndose en un espacio más dinámico, sujeto a la discusión previa, mientras que el poder del Ejecutivo pierde competencias y restringe su papel a la ya tradicional demanda zapatista de “mandar obedeciendo”.

Según Cohen (2007), existen cinco rasgos principales que caracterizan a una democracia como deliberativa. A continuación se pretende hacer una enumeración de los mismos y plantear su asociación con los hechos que han ocurrido –y que siguen presentes, ocurriendo, en gerundio– a partir del 15 de mayo en territorio español.

Una democracia deliberativa es una asociación en marcha e independiente, cuyos miembros confían en que perdure durante un futuro indefinido.

El movimiento 15M nació como algo dinámico y espontáneo, no está asociado a ningún partido político e, incluso, desde el comienzo se ha marcado una distancia con cualquiera de ellos, de hecho la frase “somos apartidistas” ha sido una de las más repetidas12. Puede considerarse una unión de movimientos sociales pero también de personas individuales que decidieron sumarse a las acampadas y a las movilizaciones.

Los medios de comunicación de masas13 intentaron, en más de una ocasión, caracterizar el fenómeno como un acontecimiento esporádico y electoral (las primeras acciones comenzaron días antes de las elecciones autonómicas y locales en España, celebradas el 22 de mayo de 2011); sin embargo, meses después, los indignados continúan presentes en la calle14 y el movimiento no pone límites en su horizonte ni establece como tal una estrategia electoral como perspectiva final. Se trata, más bien, de una acción a largo plazo que introduzca nuevos marcos cognitivos de ciudadanía.

Los miembros comparten (y es de común conocimiento que comparten) la concepción de que los términos apropiados de la asociación ofrecen un marco para, o son el resultado de, su deliberación. Es decir, comparten el compromiso de coordinar sus actividades dentro de las instituciones que hacen posible la deliberación, y de acatar las normas a las que lleguen por medio de la deliberación. Para ellos, la deliberación libre entre iguales es la base de la legitimidad.

Probablemente, el aspecto que más ha sorprendido del 15M ha sido su capacidad de 12 A pesar de ello, algunos medios de extrema derecha española, como Intereconomía, se han esforzado por intentar demostrar lo contrario y por distorsionar los hechos, aunque para ello se tuviera que recurrir incluso a montajes. Al respecto, véase el vídeo: http://www.youtube.com/ watch?v=Py9NwyHmD9E 13 Entiéndase por ello los medios privados comerciales y los medios públicos estatales o autonómicos, medios que, de forma general, analizaron el fenómeno del 15M en clave exclusivamente electoral.

14 Como así se demostró el 15 de octubre de 2011, con más de 200.000 personas movilizadas solo en Madrid.

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El balanceo se inclinó en esta ocasión hacia el lado que demanda una mayor participación y una regeneración de los principios que rigen las democracias. Como se ha señalado, no es solo una cuestión de hacer cumplir las reglas de la democracia representativa sino de incluir también aspectos esenciales de las democracias directa y deliberativa

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auto-organización y su destreza para formar comisiones que se encarguen del buen desarrollo del trabajo efectuado previamente en las asambleas.

Todo el mundo que acuda a una asamblea puede participar. Igualmente, cualquier persona interesada en sumarse a alguna de las comisiones tiene las puertas abiertas para su entrada. Toda opinión expresada con respeto y dentro de la dinámica del debate es tomada en cuenta y las decisiones finales son aceptadas por consenso.

En relación con esto último, uno de los problemas más repetidos durante el curso de las asambleas ha sido la organización del tiempo y los límites para alcanzar todas las decisiones por consenso. Para afrontarlo, se ha impulsado cierta mesura en las intervenciones, en ocasiones limitándolas, y se ha introducido la figura del dinamizador. Con respecto al consenso, de algún modo, se ha atenuado y se intenta alcanzar los acuerdos por amplia mayoría a no ser que alguien “esté radicalmente en contra”.

Una democracia deliberativa es una asociación pluralista. Los miembros difieren respecto de las preferencias, convicciones e ideales vinculados a la conducción de sus vidas. Aunque comparten un compromiso con la resolución deliberativa de los problemas de elección colectiva, tienen fines divergentes, y no creen que sea obligatorio algún grupo específico de preferencias, convicciones o ideales.

El origen de los participantes en el movimiento del 15M es diverso. Como antes se apuntaba, una parte de los ciudadanos que se sumaron a las movilizaciones nunca antes había participado en actividades de tal índole, mientras que otra tiene un largo recorrido en acciones de tipo disruptivo. Tampoco existe una ideología clara y definida, se caracteriza más bien por ser un sumatorio, donde las demandas son muchas y diversas, donde cada miembro tiene su propia

filiación, pero donde hay un objetivo común y un compromiso colectivo de participación en el proceso de deliberación y donde las grandes reivindicaciones pasan por ser grandes conceptos fuerza de transformación del sistema: reforma del sistema electoral, introducción de impuestos a las rentas más altas, reformulación de las hipotecas o regeneración de la vida política y de los hábitos de los representantes.

Dado que los miembros de una asociación democrática consideran los procedimientos deliberativos como la fuente de la legitimidad, es importante para ellos que los términos de su asociación no solo sean el resultado de sus deliberaciones, sino también que se presenten como tales. Para ellos es preferible tener unas instituciones en las que resulta evidente la conexión entre deliberación y resultados a otras en las que dicha conexión no está tan clara.

Antes se hacía referencia al lema “que no, que no, que no nos representan” con el que el movimiento de los indignados ha encabezado muchas de sus movilizaciones. Una de las cuestiones cruciales es la pérdida de legitimidad de las instituciones españolas debido al descrédito que ha generado su propio operar rutinario, hechos como la creciente distancia entre las decisiones políticas y las opiniones ciudadanas, los clientelismos o ciertos casos de corrupción (sobre todo, a nivel local) han conducido a esa desafección generalizada que, en tiempos de crisis económica, ha empujado a miles de ciudadanos a la calle para protestar contra un sistema del que se sienten cada vez más excluidos o, al menos, estafados. En ese sentido, se da un impulso por reivindicar el espacio público y la influencia de la opinión pública sobre todo el tejido institucional.

Los miembros se reconocen mutuamente con capacidades deliberativas, es decir, las capacidades que se requieren para entrar en el intercambio público de razones y para actuar según el resultado de dicho razonamiento público.

Otro de las cualidades más significativas de la dinámica del movimiento ha sido el alto nivel de respeto con que se han desarrollado las asambleas, las marchas o el trabajo de las comisiones. La apertura ha sido amplia y se ha permitido la participación de cualquier persona sin plantear fronteras más allá del propio respeto a todo participante y a los procedimientos de democracia deliberativa. En los días de mayor auge de la céntrica plaza de Sol de Madrid podía verse dialogar en la calle a muy distintos sectores y sensibilidades, una suerte de abanico multicolor que dota, sin duda, de vitalidad la práctica democrática.

Deliberación, Comunicación y Participación

De igual forma, las decisiones finales de las asambleas han sido respetadas con un considerable grado de compromiso y cuando en alguna movilización se ha intentado recurrir a la violencia o desmarcarse del carácter pacífico y de resistencia del movimiento, los propios participantes han sido los primeros en reprender a aquellos que no respondían a los medios y los fines del movimiento.

Conclusión La democracia es algo más que un procedimiento y unas reglas formales: se trata también de una forma de comprender el movimiento de la sociedad y de plantear una utopía en el horizonte… Los zapatistas, los grupos altermundistas, las protestas en Grecia, Chile o España responden, de algún modo, a esta lógica de movilización en red con dimensión transnacional. Son brotes que surgen casi siempre de forma espontánea e inesperada, que plantean una demanda global que, en ocasiones incluso, se presenta como una enmienda a la totalidad del sistema.

La comprensión de la democracia como única y exclusivamente democracia representativa está en cuestión. Como se ha relatado, los principios de la representación no se cumplen y eso genera una creciente desafección. La distancia entre la sociedad y la política se ha ensanchado y la brecha parece hoy un precipicio sin fondo. El esquema liberal emerge como una ficción en un sistema, el capitalista, donde cada vez más la economía también lo es: la base productiva de los años cincuenta ha sido sustituida por otra completamente financiarizada donde los flujos financieros van y vienen en un gran casino como el del mercado de capitales, donde la especulación y la apuesta absorbe todo –incluidos bienes básicos, alimentos o recursos naturales no renovables.

Todo este proceso genera un desgaste del contrato social y cuestiona algunos de los principios básicos de la sociedad, lo que provoca que, a veces, la salida sea la irrupción de movimientos sociales –como el caso del 15M– pero que, en otras ocasiones, estemos frente a la emergencia de otro tipo de grupos anti-sistema de carácter xenófobo, ultra-nacionalista o violento.

Por suerte, el balanceo se inclinó en esta ocasión hacia el lado que demanda una mayor participación y una regeneración de los principios que rigen las democracias. Como se ha señalado, no es solo una cuestión de hacer cumplir las reglas de la democracia representativa sino de incluir también aspectos esenciales de las democracias directa y deliberativa.

El 15M es una respuesta que surge frente al déficit democrático generalizado, es un proyecto en marcha que se inspira en la idea de deliberación ciudadana como mecanismo de renovación del contrato social. Los indignados pretenden recuperar el sentido de la vida en común y la importancia de construir un espacio público donde el debate tenga protagonismo y capacidad decisoria sobre el destino colectivo.

En definitiva, es la reivindicación por una democracia real, ya. 

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El diálogo político juvenil.

Cómo los medios y la sofisticación influyen en la conversación política *

Revista Comunicación y Ciudadanía 5

Carlos Muñiz Doctor en comunicación de la Universidad de Salamanca (2007) y profesor titular de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México en el Nivel I. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de los efectos mediáticos y el estudio de la representación de las minorías en los medios.

Correo-e: carmunizmuriel@gmail.com; carlos.munizmr@uanl.edu.mx *Este estudio forma parte del proyecto de investigación financiado por la Secretaría de Educación Pública, promep, como Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo (ptc) durante 2010 y 2011 (Clave promep/103.5/10/3889) y por el Programa de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica (paicyt) de la uanl (Clave CS453-10).

Resumen

36

El logro de una democracia sólida requiere de una ciudadanía informada y sofisticada, capaz de defender eficazmente sus derechos. Para su obtención, la conversación política se presenta como una variable clave, pues mediante la interactuación, las personas pueden obtener nuevo conocimiento y mejorar el poseído. En este contexto, es importante determinar qué factores contribuyen a generar procesos de discusión política. Para ello, se realizó una encuesta a estudiantes de bachillerato de la Zona Metropolitana de Monterrey, México, para evaluar la correlación entre su consumo mediático y la conversación política desarrollada. Además, se evaluó el efecto producido por la sofisticación política presente en los participantes en el incremento del nivel de discusión política. Se observa un efecto positivo de las variables estudiadas, incrementándose la conversación entre los estudiantes más sofisticados y que accedían a los medios para obtener información política.

Palabras clave: Conversación política; Sofisticación política; Consumo mediático; Actitudes políticas; Población juvenil.

Deliberación, Comunicación y Participación

Abstract The success of a solid democracy needs of a informed and sophisticated citizenship, with the possibility for defending effectively ita rights. Political conversation appears as a key variable to obtaining it, because across interaction, people can get new knowledge and improve the owned one. In this context, it is important to determine the factors that help to gain processes of political discussion. In order to evaluate the correlation between media use and political conversation, a survey was developed on students of High Schools of Monterrey’s Metropolitan Zone, Mexico. Besides, the effect of political sophistication maintained by participants into the level of political discussion was evaluated. A positive impact of studied variables was observed, increasing the conversation between the more sophisticated students and those who use media in order to get political information.

Keywords: Political Conversation; Political Sophistication; Media Use; Political Attitude; Juvenile Population.

Introducción

U

na democracia sólida requiere instituciones estables y un sistema político asentado que permita la alternancia en el poder entre las diferentes opciones políticas, a través de la celebración de elecciones libres y justas. Si bien es cierto que la conquista de estos factores es necesaria para lograr el anhelo de un sistema plenamente democrático, no deja de serlo también que no son por sí mismos suficientes. Se requiere disponer de una sociedad civil activa y participativa, que tenga la capacidad de ir más allá de las más básicas actividades de participación en democracia, como por ejemplo constituye el voto (Aguilera, 2011).

Es decir, superar la que se ha denominado “democracia electoral” que carece de una sociedad verdaderamente participativa (Buendía y Somuano, 2003; Huerta y García, 2008). Es necesario que se involucren en otra serie de mecanismos de participación social que ayuden a fortalecer el sistema y que promuevan el control de la actividad de los representantes políticos, como es el asociacionismo o la militancia en organizaciones políticas. Sin embargo, esta participación no se produce por sí sola, debe ser promovida por las instituciones gubernamentales y requiere de ciertas condiciones innatas al propio individuo. En este sentido, la participación política tiende a aumentar en la medida en que el conocimiento ciudadano sobre el sistema político es más alto (Buendía y Somuano, 2003; Prior, 2005; Huerta y García, 2008) y se generan procesos de intercambio del mismo a través del diálogo (Rojas, 2008).

En su trabajo, Kim, Wyatt y Katz (1999) mencionan que una verdadera democracia conlleva no solo un proceso de adquisición de información, sino también la generación de mecanismos de discusión voluntaria y libre acerca de los asuntos públicos. Es decir, la información adquirida por los ciudadanos a través de los medios ha de

ser transformada en ideas y opiniones mediante la conversación sobre política y el intercambio entre los individuos, que ha sido denominada como discusión mediática, contribuyendo así a la generación de una verdadera democracia deliberativa, con una sociedad más activa, comprometida e informada (Rojas, Shah, Cho, Schmierbach, Keum y Gil de Zúñiga, 2005). Para que este proceso se produzca, es clave el trabajo en las etapas iniciales de la formación ciudadana, como la que se localiza entre los niños o los jóvenes en la etapa de la pubertad. Se asume que estas personas, que se encuentran en una etapa formativa y aún son preciudadanos (Huerta y García, 2008), carecen de orientaciones políticas estables y sufren un aprendizaje político más discontinuo que los adultos.

Ello debido a que no cuentan con la experiencia y sofisticación que ofrece la relación con el sistema y mundo político y de la conciencia que ello genera (Skipworth, 2009). Esta situación deriva en la posibilidad de que en este estrato social se produzca una relación más fuerte con los diferentes actores socializadores para obtener información sobre política, entre los que se encuentran los medios de comunicación. Esta falta de sofisticación les puede hacer carecer de los mecanismos necesarios para procesar la información, y decidir si aceptan o rechazan los mensajes proporcionados por los medios (ídem).

Por ello, se vislumbran como actores socializadores clave las personas que les rodean –como la familia, los amigos o los profesores– , quienes a través de los mecanismos de conversación o discusión interpersonal se sitúan como uno de los factores claves en el desarrollo de una socialización política efectiva entre los jóvenes pre-ciudadanos, como lo mencionan Rodríguez y Muñiz (2009).

Estos autores, a partir de una muestra de estudiantes de primaria de la Zona Metropolitana de Monterrey, México, determinaron las claras relaciones que en el proceso de socialización política

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juega el tipo de escuela, la conversación política y el consumo mediático. Además, detectaron cómo la intención de participación política aumentaba entre los jóvenes con mayor sentimiento de eficacia política, que más consumían noticias de los medios y que desarrollaban un hábito regular de conversación política con sus padres. Los resultados de este estudio y de otros realizados en México (Huerta y García, 2008), apuntan hacia una conclusión optimista acerca de la cultura política de los jóvenes, a los que se percibe como políticamente sofisticados en un nivel aceptable. Teniendo en cuenta estos apuntes, se desarrolló un estudio que buscaba conocer el papel jugado por los medios de comunicación y la sofisticación política en el desarrollo de prácticas conversacionales políticas, y en la temática de las mismas, entre los jóvenes estudiantes de bachillerato en la Zona Metropolitana de Monterrey, México.

Revisión de literatura La naturaleza de la conversación política

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Las prácticas comunicativas realizadas por los ciudadanos tendentes a la obtención de información política no se circunscriben al consumo mediático, es decir, a la exposición genérica a los diferentes medios de comunicación, o a la enfocada a ciertos programas o contenidos transmitidos por los mismos. También se generan, en mayor o menor medida, procesos de comunicación interpersonal a través de la conversación con otros actores, que pueden llevar a la generación de cambios en las actitudes políticas ciudadanas. La conversación política constituye uno de los componentes básicos de la cultura política, e implica un comportamiento motivado y consecuente por parte del individuo (Cho, Shah, McLeod, McLeod, Scholl y Gotlieb, 2009). Incluso algunos autores, como Kim et al (1999: 362), señalan que “la comunicación interpersonal se mantiene como un bloque constructivo fundamental de la democracia”. Este especial papel que la comunicación interpersonal juega, ha llevado a una abundante investigación acerca de la contribución de la conversación al desarrollo del proceso democrático (Moy y Gastil, 2006). En este sentido, la democracia deliberativa implica un proceso mediante el cual los ciudadanos no solo adquieren información sobre los asuntos públicos sino que además participan libre y voluntariamente en procesos de conversación, representada en este caso por la deliberación, acerca de los mismos, forman opiniones y participan en el proceso político.

Aunque la conversación política se desarrolla en el ámbito de la esfera privada, su desarrollo necesita de la información sobre los asuntos que le llega desde la esfera pública y a su vez redunda en esta esfera, a través del impacto en la generación de una opinión pública y la influencia en las preferencias de voto y participación de los ciudadanos.

A través de ella no solo se puede obtener nueva información, sino que también se puede procesar, reconsiderar y clarificar la ya existente de una manera más oportuna. Es decir, las personas tienen la capacidad de vincular sus ideas, opiniones y experiencias con el mundo exterior representado por otras personas (Kim et al, 1999), de forma voluntaria y sin una agenda preestablecida que constriña o limite la discusión y la argumentación.

Su desarrollo redundará en la esfera privada del propio ciudadano, quien mejorará la calidad de sus opiniones, a ser más consistentes, claras y mejor elaboradas (Rojas, 2008), pero también en la esfera pública, en tanto que mejorará la calidad de la política y disminuirá la tendencia hacia la alienación política (Kim et al, 1999).

Sin embargo, como mencionan Moy y Gastil (2006), no todos los ejercicios de conversación contribuyen con igual peso a la generación de juicios políticos en los ciudadanos. Mientras la conversación social se realiza normalmente con personas que cuentan con una opinión similar y no busca resolver un problema concreto, la conversación política tiene lugar cara a cara, se produce con personas con puntos de vista, valores y bagaje diferentes y tiene por objetivo resolver problemas concretos. En este terreno surge la conversación deliberativa, que se basa en la confrontación de puntos de vista sobre ciertos asuntos que pueden ser conflictivos, con el uso de argumentos claros y comprensión mutua que estimula el pensamiento crítico de los participantes (Gastil y Dillard, 1999). Por ello, Moy y Gastil (2006: 445) la definen como “un proceso inclusivo de resolución de problemas que provee oportunidades a los ciudadanos para enriquecer sus juicios significativos sobre los asuntos públicos”. Se observa, por tanto, que la deliberación constituye un ejercicio mucho más elaborado de discusión personal, que conlleva la comunicación política. Al respecto se pronuncian Rojas et al (2005), quienes señalan que dentro de la discusión o comunicación interpersonal existen etapas, en función del nivel de implicación política desarrollada en cada una de ellas. Se trata, por tanto, de un continuo que incluye la conversación casual, el diálogo y, por último, la deliberación. Así, mientras que la conversación casual es un ejercicio más informal donde es posible, aunque no necesario, que se

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intercambien ideas sobre política, el diálogo implica un nivel intermedio que tiene algún grado de reflexión sobre los temas abordados.

Frente a estos dos ámbitos de menor implicación, la deliberación es un proceso más regulado y formal, que constituye la etapa final y más elaborada dentro de la conversación política. Por ello, según Rojas et al (2005), las diferencias entre estas tres representaciones de la discusión política vienen derivadas del grado de estructuración o formalidad política que se desarrolla en cada una de ellas y en la búsqueda explícita para generar un ambiente deliberativo que posibilite una toma de decisiones más efectiva. En cualquier caso, sea en un nivel u otro, la conversación política, en tanto que acción comunicativa interpersonal, puede abarcar un amplio abanico de tópicos, tales como la sanidad, la economía o la inseguridad (Kim et al, 1999). Sin embargo, no todos esos temas ocupan un lugar predominante en las diferentes esferas de conversación mantenidas por los individuos.

Así, los autores proponen que existen asuntos de carácter público que suelen ser abordados en el diálogo político (political talk), mientras que otros se circunscriben a la esfera privada e íntima de las personas (personal talk). Es obvio que en ambos ámbitos de discusión se pueden plantear asuntos de corte político, aunque el grado de elaboración y los objetivos buscados con la misma no sean similares, como puede ocurrir entre la conversación casual de corte más personal o la deliberación desarrollado en un ámbito más público y elevado (Kim et al, 1999; Rojas et al, 2005).

Dentro de los estudios sobre conversación política se ha detectado que es crucial la influencia de las redes de conversación mantenidas por los individuos, pues éstas contribuyen a mejorar el compromiso político, la complejidad cognitiva, la eficacia política o el compromiso con la comunidad de los ciudadanos (Rojas, 2008).

Ello debido a que la discusión interpersonal sobre asuntos políticos permite a las personas

tener contacto con distintas perspectivas, quizá contrarias a las suyas propias, y la oportunidad de deliberar sobre asuntos con otros individuos (Shah, Cho, Eveland y Kwak, 2005). El tamaño de estas redes de conversación y la frecuencia con que las personas participan en procesos de discusión política, constituyen factores claves para el desarrollo de una sofisticación política adecuada (Huerta y García, 2008).

También se ha apuntado el impacto positivo generado por la heterogeneidad de redes, en tanto que puede contribuir a acrecentar la acción política de los ciudadanos (Moy y Gastil, 2006), aunque autores como Rojas (2008) señalan que este alcance no es tan claro. En cualquier caso, la interacción entre individuos se presenta como un factor

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clave para el desarrollo de sociedades civiles sanas y activas en las democracias actuales. Ello, independientemente del nivel en que se genere esta discusión, ya sea pura conversación casual, un diálogo más elaborado o incluso la deliberación política en su estadio más elevado (Rojas et al, 2005).

Se asume que junto a la conversación con quienes tienen ideas similares –que tenderá a confirmar las ideas previas–, el desarrollo de una oportuna sofisticación política también requiere de la relación con quienes piensan de forma diferente. Se establece así un diálogo público que representa la esencia de la democracia deliberativa, en tanto que promueve el aumento del conocimiento, la complejidad cognitiva y la integración social (Rojas, 2006). Pero incluso cuando solo se generan procesos de conversación con personas con la misma opinión, su impacto es fuerte en las decisiones electorales de los individuos relativas al voto (Moy y Gastil, 2006). No en vano hay que tener en cuenta que la conversación con personas cercanas por motivos familiares, ideológicos o de amistad genera mayor placer, al confirmar las ideas propias y reafirmarlas de cara a su toma de decisiones. Más allá del estudio de las redes de conversación, Moy y Gastil (2006) apuntan a la necesidad del análisis de la naturaleza de las conversaciones que desarrollan los individuos.

La relación entre el consumo mediático para la búsqueda de información política y la calidad de la conversación política puede ser moderada por ciertas variables cognitivas, que generan mejores o peores resultados en función de la capacitación del individuo

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A pesar del rol fundamental que el diálogo público tiene para el desarrollo de democracias más sólidas, los datos existentes al respecto de la conversación política entre los jóvenes de México no abonan el optimismo. Según la Encuesta de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (encup, 2008), el grado de conversación política desarrollada por los entrevistados de entre 18 y 30 años con personas cercanas –como familiares, amigos o compañeros de trabajo–, se sitúa en un promedio de 0,75 (de = 0,87) sobre un máximo de 5. Ello deja de manifiesto el escaso desarrollo de

prácticas deliberativas o incluso conversaciones casuales sobre política que se generan en este segmento de la población mexicana. Otros estudios, como los de Alejandre y Ramos (2009), Monsivais (2005) o el de Corduneanu y Muñiz (2011), confirman estos resultados. En ellos se refleja el bajo uso que se realiza de las prácticas conversacionales para obtener información política. En el caso del estudio de Monsivais (2005), realizado entre jóvenes de 12 a 29 años de Baja California Sur (México), la conversación política con amigos era baja, indicando únicamente el 22% de los hombres y el 20,9% de mujeres hacerlo de forma regular o mucho. Por su parte, Alejandre y Ramos (2009), haciéndose eco de los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud de 2005, apuntan cómo más del 55% de la población juvenil mexicana no habla nada con sus padres sobre política.

Unos resultados que no son privativos de este segmento de la población, como pone de manifiesto el trabajo de Corduneanu y Muñiz (2011), quienes detectaron que únicamente el 0,8% de una muestra representativa de la población mexicana mayor de edad indicó conversar con amigos o familiares para informarse sobre política.

Sofisticación política y calidad de la democracia Dentro de los estudios del cambio de actitudes políticas de la ciudadanía, normalmente se ha analizado el papel que juega el consumo mediático, ya sea a través de la exposición genérica a medios o la atención a contenidos particulares (Rojas, 2006). Sin embargo, las prácticas comunicativas no se circunscriben al consumo mediático, pues también los procesos de comunicación interpersonal a través de la conversación o la discusión política pueden conllevar la generación o cambios de las actitudes políticas ciudadanas.

Algunos estudios han detectado que el nivel en el que se hable con otras personas sobre política hace que aumente el interés, el sentimiento de eficacia política o la participación cívica y, especialmente, política (Rojas, 2006; Shah, Cho, Nah, Gotlieb, Hwang, Lee et al, 2007).

Por ejemplo, Huerta y García (2008) detectaron en su trabajo sobre la socialización política de los jóvenes estudiantes de Nuevo León en México un importante impacto de la comunicación interpersonal en el nivel de sofisticación política.

Pero también se ha detectado que las personas que presentan niveles más altos en los indicadores de sofisticación política, y por tanto cuentan con una mejor formación y experiencia en este terreno, normalmente suelen ser los que invierten más tiempo en reflexionar y discutir con

Deliberación, Comunicación y Participación

otros sobre los asuntos de importancia (Gastil y Dillard, 1999). Por tanto, la conversación contribuye al expertise político de los individuos, por lo que sería de esperar que también se produzca un proceso recíproco en el que el nivel de sofisticación impacte en el desarrollo de mayores o menores niveles de conversación.

En su definición de sofisticación política, Luskin (1987: 860) parte de la idea de la existencia de un sistema de creencias personales que los individuos generan con sus experiencias y recepción de información sobre política. En la medida en que este sistema sea amplio o limitado, también lo será su grado de sofisticación. Por ello, define la sofisticación como el “número, diversidad y organización (tanto interna como inter-esquemática) de los esquemas políticos de una persona”. Esta clara unión entre conocimiento y sofisticación ha llevado a que los estudios posteriores, como el de Zaller (1992) o de Rhee y Cappella (1997), hayan utilizado el nivel de conocimiento o de información política como indicador de la sofisticación. Más recientemente, de Vreese, Boomgaarden y Semetko (2011: 183) la han definido como “un compromiso intelectual o cognitivo del individuo con los asuntos públicos”, haciéndose eco del trabajo de Zaller (1992). Sin embargo, otros autores han propuesto que se debe ir más allá de la concepción tradicional que tiende a identificar el conocimiento político con la sofisticación. Así lo señalaron Guo y Moy (1998), quienes proponen que se debe centrar la atención también en el interés político, mezclando la vertiente cognitiva que conlleva la adquisición y procesamiento de la información y la elaboración cognitiva, con el componente afectivo hacia la política.

La relación entre el consumo mediático para la búsqueda de información política y la calidad de la conversación política puede ser moderada por ciertas variables cognitivas (Moy y Gastil, 2006), que generan mejores o peores resultados en función de la capacitación del individuo. En este sentido, el nivel de sofisticación política o experiencia presente en las personas puede jugar este papel explicativo. Contar con individuos altamente sofisticados es crucial para el buen desarrollo de una democracia, en tanto que éstos serán capaces de ejercer de una manera más eficiente y eficaz los derechos que como ciudadanos les corresponden y podrán llevar a cabo discusiones más productivas. Normalmente, los expertos en política buscan patrones para comprender los acontecimientos y dedican más tiempo para analizarlos, cuentan con más conocimiento al usar más los medios para obtener información y aprenden más rápidamente lo que

en ellos se transmite, realizan reflexiones más profundas sobre los acontecimientos y tienen mayor conciencia de sí mismos (ídem). Todo ello les lleva a desarrollar procesos conversacionales más efectivos y fructíferos, debido a que cuentan con estructuras de conocimiento mentales más amplias y mejor organizadas e integradas (Jackson, 2011). Además de que disponen de un conocimiento más completo y exacto (Rhee y Cappella, 1997) que les permite utilizar más y mejores recursos cognitivos para, por ejemplo, realizar una conversación o tomar una decisión, como el voto o cualquier otra expresión de participación política. Por ello, no es raro que se haya asociado la existencia de altos niveles de sofisticación política con la presencia de una democracia completa (Huerta y García, 2008).

La discusión como filtro de la participación política La búsqueda de información para conocer el contexto político y las reglas de juego en que se vive, tanto desde los medios de comunicación como a través de la comunicación interpersonal, es “una palanca básica para la participación eficaz” (Crespo, 2007: 253). Ello pone de manifiesto el importante papel que juega la conversación en el aumento del compromiso político de los ciudadanos (Gastil y Dillard, 1999). Así, quienes consumen más los medios para informarse sobre política y desarrollan estrategias de conversación política, son también aquellos que presentan una más intensa participación cívica y política (Kim et al, 1999; Moy y Gastil, 2006). Un diálogo mediático que, en palabras de Rojas et al (2005: 97), implica aquellos “esfuerzos de diálogo cívico estructurado alrededor de los contenidos mediáticos”.

Pero, el rol jugado por ambos factores –consumo y conversación– en la consecución del compromiso ciudadano no es igual, sino que más bien será la conversación la que servirá como puente mediador entre consumo de medios y actitudes políticas (Cho et al, 2009). Esta es la tesis planteada por McLeod, Scheufele y Moy (1999), quienes en su trabajo detectaron que, aunque la influencia de los medios de comunicación en la participación es fuerte, ésta es sin embargo indirecta pues requiere de la mediación ejercida por la discusión y la reflexión acerca de los problemas públicos. Un resultado ampliamente demostrado en estudios posteriores (Shah et al, 2005; Shah et al, 2007; Rojas, 2006). En cualquier caso, para que este proceso se lleve a cabo es necesario que los ciudadanos cuenten con cierto conocimiento político, que

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tengan una sofisticación que les permita discernir sus intereses, evaluar alternativas para los problemas públicos y votar de acuerdo con sus valores y principios (Moy y Gastil, 2006).

Esta noción de la mediación comunicativa fue propuesta por McLeod et al. (1999) a través de un modelo o-s-o-r para explicar la participación política, denominado Modelo de Mediación Comunicativa (Communication Mediation Model) (para una extensión ver Rojas, 2006). En este sentido, se propone que las orientaciones iniciales del individuo (O1) preceden el consumo mediático y vehiculan las situaciones comunicativas. Los autores señalan entre estas orientaciones aspectos como el interés hacia la política o las redes interpersonales dentro de la comunidad, que guían la manera como los individuos obtienes información sobre política, bien desde los medios o a través de la conversación con otras personas (S).

Una vez recibido el estímulo, se generan orientaciones (O2) que median la relación entre la comunicación y la participación (R). Este modelo ha sido ampliamente estudiado en trabajos posteriores, como el de Shah et al (2005) y el posterior realizado por Shah (ídem) hasta derivar en un Modelo de Mediación Comunicativa Ciudadana. En él se entiende que ambas prácticas comunicativas, consumo mediático y discusión interpersonal, no son factores que compitan sino que más bien se complementan para generar mayor participación cívica (Shah et al, 2005). Por su parte, Cho et a. (2009) incorporan el razonamiento como una nueva “R” al modelo, que queda definido como o-s-r-o-r. Pero este razonamiento, más allá de un proceso mental personal, también puede conllevar un proceso de razonamiento interpersonal a través de la discusión.

Como se indicó al inicio del artículo, la participación ciudadana requiere de instituciones que la canalicen, es decir, de una infraestructura necesaria que el ciudadano normalmente obtiene a través de la pertenencia a la comunidad. Sin embargo, ello no es suficiente para que se genere una participación de calidad, a no ser que se provea a esos ciudadanos del conocimiento necesario para tomar sus decisiones de forma clara y razonada. Es aquí donde los medios y la comunicación interpersonal juegan un rol crucial, pues les ofrecen el conocimiento y los incentivos necesarios para que hagan uso de las oportunidades de participación que el sistema les ofrece (McLeod et al, 1999). Ambos mecanismos comunicativos van, por tanto, de la mano, y es muy probable que exista entre ellos una causalidad recíproca, en los términos expresados por Norris en su propuesta de círculo virtuoso. Sin embargo, al menos a partir

de la propuesta de la mediación comunicativa antes expuesta, se entiende que el consumo precede a la conversación. Dentro de ese consumo, la atención a temas específicos de los medios como, por ejemplo, los programas sobre política, es el hábito que mejor funciona como predictor del aprendizaje (Huerta y García, 2008; Kim et al, 1999). Aunque la exposición genérica a medios de comunicación de ámbito general también contribuye al conocimiento, se ha detectado que su impacto en las actitudes políticas es menor (Cho et al, 2009; Prior, 2005; Rhee y Cappella, 1997; Rojas, 2006). Los estudios realizados al respecto de esta relación muestran cómo quienes más utilizan los medios para obtener información, sobre todo en prensa y programas de noticias políticas, son los que generan más comunicación interpersonal (Cho et al, 2009; Kim et al, 1999; Shah et al, 2007). Tomando como base para el estudio estos precedentes, la presente investigación se planteó responder a las siguientes preguntas: PI1: ¿Qué variables explican el nivel de conversación política interpersonal mantenida por los estudiantes participantes en el estudio?

PI2: ¿Qué factores explican mejor la conversación política: el consumo mediático o la sofisticación política de los participantes?

PI3: ¿Qué modelo explica mejor las temáticas de la conversación política de los participantes, tanto aquella que tiene que ver con el ámbito político como la del ámbito personal?

Método seguido Participantes en el estudio Para realizar el estudio, se seleccionó una muestra representativa de la población de estudiantes inscritos a la fecha del estudio en las preparatorias de la zona metropolitana de Monterrey, en México. Según los datos facilitados por la Secretaría de Educación Pública en septiembre de 2010, se contaba con un total de 28.785 estudiantes matriculados en último año de bachillerato, población sobre la que se realizó el estudio.

De ellos, el 58,22% estudiaban en preparatorias públicas, mientras que el 41,78% asistía a planteles privados. Aplicando un nivel de confianza del 95%, un error muestral máximo del 4%, se calculó un tamaño de muestra de 1.029 estudiantes. Sin embargo, tan solo contestaron completamente el cuestionario aplicado 907 sujetos, detectándose por tanto una tasa de no respuesta del 11,86%. A fin dar ofrecer unos resultados del estudio más consistentes, se consideró necesario reducir la muestra obtenida para acomodarla a

Deliberación, Comunicación y Participación

un segmento de edad concreto, situado entre los 15 y los 18 años. Atendiendo a la naturaleza del estudio, se decidió eliminar los valores extremos en la parte superior de la muestra, que llegaba hasta los 41 años, pues mantenerlos introduciría sesgos al ser personas con un bagaje y cultura política más asentada y experimentada que el grueso de la muestra. También se excluyeron los menores a 15 años, por no estar inmersos en últimos cursos del bachillerato, población a la que se quería estudiar.

Tomando en cuenta estas condiciones, finalmente se contó con una muestra de 836 estudiantes de bachillerato de la Zona Metropolitana de Monterrey. El 57,3% de los participantes en el estudio eran mujeres, con una media de edad de 16,64 años (de = 0,67), en un rango que oscilaba entre 15 y los 18 años. La selección de esta muestra se realizó de forma aleatoria por etapas: primero se sortearon preparatorias de la ciudad atendiendo al estrato (públicas/privadas), y dentro de ellas se seleccionaron salones aplicando a todos los alumnos presentes en ellos el cuestionario elaborado. En todo caso, se dio la oportunidad de no participar a aquellos alumnos que así lo desearan. El estudio se realizó en 11 preparatorias públicas y 12 privadas, participando un 58,6% de estudiantes de planteles públicos frente a un 41,4% de instituciones privadas, muy similar a los datos de la población general antes señalados. Se asignó como mínimo una preparatoria pública y otra privada a cada municipio estudiado, repartiendo las demás entre las localidades atendiendo al número de alumnos existentes en cada núcleo urbano.

Cuestionario Para la realización del estudio, se utilizaron algunas escalas aportadas en trabajos previos por otros investigadores, en algunos casos modificadas ligeramente por los autores de este estudio. En concreto, el cuestionario incorporó las siguientes variables:

Variables independientes Exposición de medios: se midió el grado de exposición diferenciada a varios medios de comunicación, con una escala Likert de 5 puntos, que oscilaba entre nada (1) y bastante (5). En concreto, se evaluó el consumo de televisión (m = 3,91; de = 1,04), la lectura de prensa escrita (m = 2,49; de = 0,96) y de prensa digital (m = 2,75; de = 1,31), el grado de seguimiento de la radio (m = 2,89; de = 1,144) y de navegación por internet (m = 4,35; de = 0,98), así como la lectura de revistas de información general (m = 2,57; de = 1,06).

Atención a programas sobre política: se evaluó el grado de atención a los diferentes programas de los medios de comunicación, con una escala Likert de 5 puntos, que oscilaba entre nada (1) y bastante (5). Así, se midió qué tanto atienden a las noticias de política internacional, nacional o local en la televisión y la prensa. También se evaluó el grado de atención a programas de política, tanto tradicionales (p. e. Tercer grado1) como de sátira (p. e. El mañanero2), cuánto navegaban por webs de política, blogs, etc. en internet y escuchaban la radio para informarse de política. Se evaluó la consistencia interna de la escala, obteniéndose un buen resultado (M = 2,11; de = 0,67; α = 0,84), lo que permitió generar un único indicador de atención a programas de política que tuviera unidimensionalidad y fiabilidad.

Atención a programas de entretenimiento: se elaboró una escala, compuesta de siete ítems que pretendía medir, mediante escalas de Likert de 5 puntos que oscilaban entre nada (1) y bastante (5), el grado de consumo de programas de entretenimiento. En concreto, se les preguntó por su atención a programas de entretenimiento en la televisión (realities, programas de humor, etc.), a telenovelas de la televisión, a series de televisión y a películas que emiten en la televisión. También se les preguntó el grado de audición de programas de radio comercial de música y cuánto navegaban por internet para simplemente entretenerte, chatear, descargar música, etc. Se evaluó la consistencia interna de la escala, detectándose que se mejoraba la consistencia al eliminar los reactivos relativos al consumo de telenovelas y periódicos deportivos (M = 3,53; de = 0,77; α = 0,76).

Sofisticación política: para el cálculo del indicador relativo a la sofisticación política de los participantes, se tomó como referencia la propuesta de de Vreese, Boomgaarden y Semetko (2011). De esta manera, se entiende que el indicador debe sumar al grado de interés demostrado hacia la política, el conocimiento sobre los acontecimientos o aspectos políticos del país, ofreciendo el sobre de peso3. El interés en la política se midió mediante una escala Likert de 5 puntos que oscilaba entre nada (1) y bastante (5), aplicada a cuatro ítems sobre el interés general 1 Programa de debate político de Televisa presentado por Leopoldo Gómez González y que cuenta con la presencia de otros periodistas que participan como contertulios.

2 Programa emitido en forotv desde el 16 de febrero de 2010, presentado por Víctor Trujillo, quien caracterizado como el payaso “Brozo”, comenta las noticias nacionales e internacionales de actualidad, incluidas las de política.

3 En concreto, la fórmula aplicada fue la siguiente: ((interés político × ½) + conocimiento político)/2.

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de los participantes en la política local o municipal, a nivel del Estado, la Nacional o Federal y, finalmente, la internacional (m = 2,73; de = 0,87; α = 0,84). Para medir el conocimiento político se siguió el modelo de Vreese y Elenbaas (2008), evaluando de forma correcta (1) o incorrecta (0) la respuesta a 18 preguntas sobre la política mexicana y obteniendo el promedio de todas las respuestas (m = 7,49; de = 2,85; α = 0,68)4. El nuevo indicador de sofisticación política quedó constituido con un rango teórico de variación entre 0,25 puntos como mínimo y 10.25 como máximo y, por tanto, con una media teórica de 5,25 puntos. Los resultados descriptivos realizados arrojaron un nivel promedio de sofisticación de 4,43 (de = 1,49), por tanto inferior a la media teórica o ideal de la muestra estudiada.

Variables dependientes Conversación política interpersonal: se evaluó con una escala tipo Likert de 5 puntos la intensidad de la conversación sobre política realizada por los participantes con amigos, familiares, compañeros de trabajo y/o clase, profesores y maestros, sacerdotes o líderes espirituales y, finalmente, con vecinos u otras personas de la calle. Para completar esta escala, se tomaron dos ítems utilizados en su estudio por Shah et al (2007), para medir el grado en que los encuestados conversaban sobre política con personas con las que coinciden en ideas po4 Con el objetivo de poder hacer comparaciones con otros indicadores del estudio, que se miden con escalas de 5 puntos, se adaptó la escala obtenida, multiplicándola por 4 y sumándole 1.

líticas, pero también con personas con ideas distintas a las suyas. Se evaluó la consistencia interna de la escala, obteniéndose un buen resultado (m = 1,97; de = 0,68; α = 0,84). A partir de este dato, se construyó un único indicador de conversación sobre política.

Temáticas de la conversación política: tomando como referencia el estudio de Kim et al (1999), se preguntó a los participantes qué tanto conversaban, en una escala de Likert de 5 puntos, sobre aspectos como “lo que el Presidente, Gobierno Federal o Congreso hacen y acuerdan”, “la evolución de la economía mexicana” o “acerca de lo que ocurre en la escuela y la educación” (Ver Tabla 1). Para detectar si los reactivos se agrupaban en los mismos factores encontrados por Kim et al (1999) en su estudio, se realizó un análisis factorial, de componentes principales con rotación ortogonal varimax, que arrojó los dos mismos factores que explicaban en conjunto el 57,35% de la varianza (kmo = 0,853, p < 0,001). El primer grupo quedó establecido por las preguntas relativas a los temas del ámbito político (political talk), con una consistencia interna alta (m = 2,34; de = 0,89; α = 0,81). El segundo factor quedó conformado por cinco reactivos (m = 3,30; de = 0,85; α = 0,75) que medían la conversación sobre aspectos del ámbito personal (personal talk). Frente al nombre dado originalmente por los autores a ambos factores, en el presente estudio se decidió adaptar la definición vinculada al ámbito en el que se concentraban las temáticas preguntadas a los participantes.

Procedimiento

Tabla 1. Análisis factorial de las temáticas de la conversación política Componente 1 Sobre lo que el Gobernador del Estado o Alcalde hacen y acuerdan

.838

Sobre lo que el Presidente Gobierno Federal o Congreso hacen y acuerdan

.836

Sobre la evolución de la economía mexicana

.726

Acerca de lo que ocurre en países extranjeros

.641

Sobre lo que ocurre en tu vida personal y familiar

.824

Sobre lo que ocurre en el deporte, la televisión, la música o el cine

.733

Acerca de lo que ocurre en la escuela y la educación

.414

.617

Sobre de la situación de crimen y violencia en la sociedad

.471

.601

Sobre la religión y tus creencias religiosas

44

2

.468

Autovalores

2.83

2.33

Varianza explicada

31.42

25.94

Varianza total explicada

57.36

Deliberación, Comunicación y Participación

El cuestionario fue auto-aplicado, debiendo el equipo de trabajo del proyecto únicamente aplicar el instrumento en cada una de las clases de las preparatorias seleccionadas. El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de enero y febrero de 2011 y consistió en la explicación a los sujetos participantes de los objetivos del estudio y la aplicación de los cuestionarios. El tiempo para contestar el cuestionario fue de aproximadamente 30 minutos, tras los cuales se invitó a los estudiantes a pedir los resultados del estudio y se les dio las gracias por su participación. Los estudiantes participantes en el estudio colaboraron en la aplicación y grabación de los datos obtenidos, siendo los resultados capturados y procesados con el paquete estadístico spss v. 19.0. Como paso previo al trabajo de campo, se realizó una prueba piloto con cuatro preparatorias, dos privadas y dos públicas, a fin de testar las escalas a utilizar y asegurar que las preguntas sean legibles, claras y que proporcionen la información que se desea obtener. Se contó con una muestra de 152 alumnos.

La prueba piloto, realizada en el mes de octubre de 2010, arrojó buenos resultados para todas las escalas, con excepción de la relativa a atención a programas de entretenimiento, que fue revisada para mejorar su medición.

Análisis de resultados Factores explicativos de la conversación política Con el objetivo de responder a la primera de las preguntas de investigación realizadas, se evaluó qué variables explicaban el nivel de con-

versación política interpersonal desarrollada por los estudiantes participantes en el estudio. Un análisis descriptivo de los datos reveló que el nivel de diálogo político mantenido por los participantes en el estudio era más bien bajo (m = 1,97, de = 0,68), al constituir solo un 9,6% el grupo de aquellos que reconocen conversar al menos algo sobre política con otras personas en pláticas cara a cara. Para detectar los factores explicativos de este comportamiento, se realizó una regresión lineal múltiple, jerárquica o por bloques, utilizando la conversación política como variable dependiente o criterio (véanse datos en la Tabla 2). Con esta técnica, que permite introducir las variables independientes en la ecuación en diferentes momentos, es posible generar modelos explicativos distintos y detectar las variaciones en el efecto generado por las diferentes variables predictoras en la criterio analizada. En primer lugar se utilizaron como variables de control las relativas a los aspectos socio-políticos (modelo 1), donde se incluyeron las variables de sexo, edad y sofisticación política; después se utilizaron las relativas a la exposición a los diferentes medios de comunicación (modelo 2) y en el último modelo se introdujeron los reactivos sobre atención a contenidos mediáticos específicos, tanto a los políticos como a los de entretenimiento (modelo 3). Todas estas variables cumplieron el supuesto de independencia respecto de la variable dependiente, atendiendo al valor del test de DurbinWatson que fue de 1.91, y por tanto superior al 1,5 e inferior al 2,5, límites mínimo y máximo permitidos (Cea D’Ancona, 2002).

El primer modelo o bloque consiguió ex-

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Tabla 2. Variables explicativas de las temáticas del diálogo político Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Variables socio-políticas Sexo del encuestado

-.013

.000

.079**

Edad del encuestado

.011

.014

.024

Sofisticación política

.381***

.285***

.144***

Exposición a televisión

-.099**

-.105**

Exposición a periódicos

.172***

.080*

Exposición a prensa digital

.167***

.095**

Exposición a radio

.004

-.013

Exposición a revistas

.076*

.006

Exposición a Internet

-.016

.014

Exposición mediática

Atención a contenidos Atención a política

.465***

Atención a entretenimiento

-.072

Δ R2

.146

R2

.087

.130 .354

Nota: N = 793. La variable sexo del encuestado se recodificó como dummy, donde 1 significaba ser mujer. *p < .05; **p < .01; ***p < .001

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plicar el 14,6% de la varianza, que en este caso representa la conversación política de los participantes. Principalmente se debió a la variable relativa a la sofisticación política del encuestado, única que en este paso fue estadísticamente significativa. Es decir, la mayor sofisticación detectada en los estudiantes contribuía a que éstos desarrollaran más prácticas conversacionales con otras personas (β = 0,381, p < 0,001). Al introducir en el modelo las variables de exposición mediática, se generó un 8,7% de aumento en la varianza explicada, mucho menor a lo explicado por el anterior grupo a pesar de evaluarse seis estrategias de exposición mediáticas diferentes. Se detectó que en especial la exposición a la prensa, tanto digital (β = 0,167, p < 0,001) como, sobre todo, en papel (β = 0,172, p < 0,001) y el consumo de revistas (β = 0,076, p < 0,05) eran las que ayudaban a generar mayores niveles de discusión política. Sin embargo, la exposición a la televisión también contribuía, pero en este caso a que los alumnos desarrollaran menores niveles de conversación (β = -0,099, p < 0,01), alejándolos en cierta manera de la discusión sobre acontecimientos públicos.

Aunque la incorporación de la exposición mediática en la ecuación moderaba el efecto de la sofisticación, no consiguió que su impacto dejara de ser el más fuerte de entre los detectados (β = 0,285, p < 0,001).

Finalmente, el modelo tercero se generó a partir de la incorporación a la ecuación de las variables que medían el grado de atención de los participantes a programas concretos de los medios de comunicación, y no solo la exposición genérica a los mismos. Ambos reactivos, el relativo a la atención a contenidos de política y el de atención a contenidos de entretenimiento, contribuyeron a aumentar un 13% de la varianza total. Ello indica la especial importancia de ambos comportamientos, pues constituyen el segundo grupo con mayor poder explicativo. Mientras que la atención a contenidos de entretenimiento no mostraba un impacto sobre la conversación política, la atención a contenidos de política lograba hacer que ésta aumentara (β = 0,465, p < 0,001). De esta manera, el desarrollo de la estrategia conducente a un uso instrumental de los medios para la obtención de información política se convierte en el mejor

Deliberación, Comunicación y Participación

y mayor predictor del desarrollo de prácticas deliberativas entre los jóvenes estudiados. Además, esta variable moderó la influencia de las restantes de forma diferenciada. Así, mientras que las variables que explicaban positivamente la plática de corte político veían reducido su grado de influencia, la relativa a la exposición a la televisión veían incrementar su efecto negativo en dicho hábito (ver datos en la Tabla 2). Es decir, aquellos que tienen un alto grado de sofisticación política, que tienden a consumir contenidos en los medios sobre política, que leen prensa digital o en papel y que ven en menor medida la televisión, son también los que con mayor probabilidad desarrollan prácticas conversacionales con los demás.

Ámbitos temáticos de la conversación política En la siguiente fase del estudio se buscó conocer qué modelo era el que mejor explicaba las temáticas abordadas por los estudiantes participantes en sus conversaciones sobre política, si bien abarcaban temas del ámbito político, o más bien asuntos del ámbito personal. Se observa una clara diferencia entre los temas sobre los que dicen conversar los participantes, obteniendo la conversación sobre asuntos del contexto puramente político una puntuación promedio inferior (m = 2,34, de = 0,89) a aquella sobre asuntos del ámbito personal, privado o íntimo (m = 3,30, de = 0,85), donde el nivel de conversación es mayor.

Un resultado que se hace especialmente visible al analizar los datos porcentuales, pues mientras únicamente el 26,7% dice hablar al menos “algo” sobre aspectos del ámbito político, el 72,1% afirma tratar en el mismo nivel en la escala los temas del contexto personal en sus conversaciones. Por tanto, aunque en general se observa un panorama de baja conversación, ésta se detecta en especial en el contexto de los asuntos políticos que afectan a la esfera pública, pues los que se desarrollan en la espera privada o personal de los participantes eran en mayor medida planteados en sus discusiones diarias. Ambas puntuaciones correlacionaron de forma estadísticamente significativa (r = 0,563, p < 0,001), lo que confirma una estrategia discursiva de los jóvenes analizados que, aunque se centre más en la temática personal que en la política dura, mantiene ambas.

Sería de esperar que aquellas personas que más se informan de política por los diversos medios de comunicación y contenidos ofrecidos en los mismos, y que además cuenten con una mayor sofisticación política, dispongan de la capacidad de ampliar su repertorio temático en sus conversaciones con los demás. Para comprobar si esto

ocurría o no en la muestra analizada, se realizaron sendas regresiones lineales múltiples, con los dos indicadores sobre temáticas de la conversación como variables dependientes o criterio (véanse datos en la Tabla 3). Tanto en el caso de las temáticas del ámbito político como en el de las temáticas del ámbito personal las variables utilizadas en la regresión cumplieron el supuesto de independencia respecto de la variable dependiente, atendiendo al valor del test de Durbin-Watson. En el caso de la conversación de índole político fue de d = 1,90 y en la de ámbito personal de d = 1,74, dentro de los límites permitidos (Cea D’Ancona, 2002).

Como se puede observar en los datos aportados en la Tabla 3, la conversación sobre asuntos relativos al ámbito político por parte de los encuestados venía explicada por un número menor de variables que la utilización de asuntos del ámbito personal. Un resultado que parece confirmar la idea de que los temas de política no son recurrentes en la discusión interpersonal diaria de la mayoría de los ciudadanos, como tampoco entre los preciudadanos estudiados.

Al adentrarse en el análisis de la conversación desarrollada sobre temáticas de ámbito puramente político, se observa un patrón similar al que se encontró en la explicación del mayor o menor grado de conversación política. En el primer modelo es la sofisticación política la que explica la conversación sobre asuntos del ámbito político (β = 0,444, p < 0,001). Sin embargo, en el segundo bloque se observa que su influencia disminuye debido a la incorporación de la exposición a medios, aunque sigue manteniéndose en el primer nivel.

En este momento comienza a explicar también la exposición a revistas (β = 0,110, p < 0,001) y a la prensa digital (β = 0,111, p < 0,001) o en papel (β = 0,123, p < 0,001). Sin embargo, la inclusión de la atención a contenidos de los medios en el tercer bloque genera cambios sustanciales en la ecuación, que consigue llegar a explicar el 36,5% del debate particular sobre estas temáticas políticas. Así, mientras las variables de exposición a prensa y revistas desaparecen de la ecuación final, la influencia negativa de la exposición a televisión aparece (β = -.107, p < 0,01), explicando en este caso un menor nivel de discusión sobre asuntos del ámbito político. La sofisticación política se mantiene como un fuerte predictor, aunque se visualiza la atención a contenidos políticos como el mayor factor explicativo de este tipo de comunicación interpersonal de los participantes (β = 0,405, p < 0,001) (ver Tabla 3). Se observa, por tanto, un efecto de la atención sobre las variables de exposición mediática, moderando el aumento de la influencia negativa de la televisión

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y mediando el impacto positivo de la exposición a medios escritos.

En cuanto a la conversación sobre temas políticos pero del ámbito personal, se observa un patrón diferente en cuanto a las variables explicativas de su práctica. En un primer momento, la sofisticación política de los participantes se convierte en la variable explicativa clave (β = 0,313, p < 0,001), si bien el género representado en este caso por el hecho de ser mujer también consigue impactar en el desarrollo de este tipo de expresión comunicativa, aunque sea en un nivel menor (β = 0,113, p < 0,001). Ambos reactivos fueron los que contribuyeron más a la ecuación final, con un 10,2% total de la varianza. Entre las variables mediáticas, la exposición a periódicos (β = 0,098, p < 0,05) y sobre todo al internet (β = 0,145, p < 0,001) jugaron un papel clave en el desarrollo de este tipo de conversaciones entre los jóvenes estudiados. Además, su incorporación moderaba el peso de las variables socio-políticas, haciendo que su impacto en general disminuyera.

Finalmente, en el modelo tercero se incor-

poraron las variables sobre atención a contenidos mediáticos concretos, que contribuyeron a explicar el 6,2% de la varianza total que quedó determinar por un 20,8% final. Así pues, aquellos que más atendían a contenidos sobre entretenimiento (β = 0,254, p < 0,001) y a contenidos políticos (β = 0,177, p < 0,001) eran los que menos conversaban sobre temáticas políticas de índole personal. Estas variables moderaron el impacto de la sofisticación política y la exposición a internet haciendo que éstas disminuyeran, el efecto del género aumentó y el de los periódicos, desapareció. Nuevamente, la exposición a la televisión emerge como variable explicativa, en este caso de manera negativa (β = -0,195, p < 0,001) indicando que quienes más la consumían en menor medida hablaban sobre aspectos políticos de ámbito personal. Por tanto, se puede concluir que las mujeres con sofisticación política, que se exponen a internet y consumen contenidos concretos de entretenimiento y política, pero que no hacen uso genérico de la televisión, son quienes más hablan en su esfera sobre temáticas políticas de ámbito personal.

Discusión y conclusiones

Tabla 3. Variables explicativas de las temáticas de la conversación política Temáticas de la conversación política Ámbito político Modelo 1

Modelo 2

Ámbito personal Modelo 3

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Variables socio-políticas Género del encuestado

-.061

-.059

.007

.113***

.107**

.127***

Edad del encuestado

.050

.052

.062*

-.010

-.002

.004

Sofisticación política

.444***

.362***

.232***

.313***

.249***

.172***

Exposición a televisión

-.063

-.107**

-.066

-.195***

Exposición a periódicos

.123***

.041

.098*

.055

Exposición a prensa digital

.111***

.045

.002

-.038

Exposición a radio

.015

-.018

.017

-.047

Exposición a revistas

.110***

.045

.088*

.050

Exposición a Internet

.003

.015

.145***

.112***

Exposición mediática

Atención a contenidos Atención a política

.405***

.177***

Atención a entretenimiento

.024

.254***

Δ R2 R

2

48

.208

.056

.100 .365

.102

.044

.062 .208

Nota: N = 793. La variable género del encuestado se recodificó como dummy, donde 1 significaba ser mujer. *p < .05; **p < .01; ***p < .001

Deliberación, Comunicación y Participación

Los resultados del estudio abren interesantes vías de discusión acerca del desarrollo de las prácticas conversacionales entre los jóvenes estudiantes analizados. Respondiendo a la primera de las preguntas, que planteaba conocer qué variables explican el nivel de conversación política interpersonal mantenida por los estudiantes participantes en el estudio, se ha detectado que el consumo mediático juega un importante papel predictivo en la consecución de estas prácticas.

Pero no tiene el mismo peso el consumo mediático genérico, que conlleva un uso más ritualista de medios como la televisión, frente al consumo a programas concretos, que implica atención a ciertos contenidos de esos medios. Este segundo uso, de corte más instrumental, es el que genera mayores niveles de conversación política, en tanto que con él se busca información acerca de los acontecimientos públicos que ocurren nacional o internacionalmente. De hecho, la sofisticación política presente en los estudiantes participantes explicaba en mayor medida la conversación que la simple exposición a medios, incluso la desarrollada a algunos considerados tradicionalmente precursores del conocimiento político, como puede ser la prensa.

Por tanto, se observa un claro patrón que define a aquellas personas que más se informan y mayores niveles de conocimiento e interés mantienen hacia la política como los que también tienen una mayor probabilidad de conversar con otras personas sobre esos asuntos. Y, siguiendo el modelo de medicación comunicativa (McLeod et al, 1997), quizá también los que presenten más rasgos de participación política y cívica. Aunque este era un objetivo no estudiado por el presente estudio, no sería raro esperar que estas personas presenten comportamientos de mayor implicación en el sistema político mediante mecanismos de participación que vayan más allá del tradicional voto en los procesos electorales (Aguilera, 2011).

En todo caso, es algo que deberá ser abordado en estudios posteriores a fin de determinar si lo detectado en estudios previos realizados en contextos geográficos y temporales diferentes (Cho et al, 2009; Shah et al, 2005, 2007), también se presenta en el contexto mexicano actual.

Más allá de la simple descripción de las variables en mayor o menor medida explicativas de la conversación, también es interesante analizar las relaciones que se producen entre ellas para generar el caldo de cultivo que posibilite la presencia de una ciudadanía deliberativa. Los resultados del estudio muestran al respecto un interesante impacto de la atención a los contenidos políticos, que tiene la capacidad de moderar el efecto de los

restantes factores del modelo, si bien en un sentido bien diferente en función de cuáles sean estos factores. Así, el hecho de que la sofisticación y la exposición a medios escritos, como la prensa digital, la prensa tradicional y las revistas, disminuyan su poder explicativo sobre la conversación política, indica la capacidad de la atención para subsumir los restantes procesos. Es decir, a la vista de los datos parece que es más importante la obtención de la información, que debe ser además un hábito cotidiano, que el simple almacenamiento de datos y el desarrollo de niveles de agrado o gusto por la política para poder contar con ciudadanos suficientemente participativos, al menos en lo que al desarrollo de procesos dialógicos se trata. Por tanto, y respondiendo a la segunda pregunta de investigación, el consumo mediático, en especial la atención a sus contenidos sobre política, explican mejor la conversación política que los niveles de sofisticación mantenidos por los participantes.

Obviamente, es muy posible que, salvo entre los ciudadanos sofisticados, el nivel de atención a este tipo de programas de los medios sea más bien bajo, imposibilitándose así tanto el aprendizaje como el intercambio de ideas y propuestas con los demás. Ello parece demostrarse cuando se observa que la atención a los contenidos mediáticos sobre política generaba el aumento del impacto negativo de la exposición a la televisión en el desarrollo de conversación política.

Un resultado que se mueve, por tanto, entre la movilización y el malestar mediático, corrientes teóricas que todavía siguen debatiendo en el estudio del efecto mediático sobre las actitudes políticas (Corduneanu y Muñiz, 2011; Rojas, 2006). Este tipo de resultados abre un necesario camino de estudio acerca de los contenidos que los medios de comunicación están presentando y cómo la política es representada en ellos. Una investigación que debe afrontar tanto las temáticas sobre política abordadas en esos contenidos políticos, como el tratamiento que estos asuntos están recibiendo.

Ello atendiendo a los diferentes efectos sobre la opinión pública que desde los estudios acerca del framing político se han detectado en función de la cobertura estratégica o temática realizada de la política en los medios (de Vreese et al, 2011).

En su trabajo, Rojas et al (2005) plasman que una de las debilidades metodológicas de los estudios sobre el impacto del consumo mediático en las actitudes o prácticas políticas, es la dificultad para evaluar causalidad de esta relación a partir de los datos provenientes de encuestas transversales. Los resultados del presente estudio no dejan de adolecer de este problema, pues aunque se ha evaluado el impacto del consumo mediático

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y de la sofisticación política en la comunicación interpersonal desarrollada por los participantes, no puede concluirse que esta relación sea causal.

Se necesitarán otros estudios, en este caso de corte experimental o, al menos, con un diseño longitudinal, para determinar su poder explicativo sobre la conversación. Además, estos estudios deberán abordar una posible causalidad inversa a las relaciones planteadas en este estudio. Y es que, si bien la sofisticación mantenida por los ciudadanos puede explicar su nivel de conversación política, también es posible una relación causal revertida.

Así lo demuestran estudios previos, que asumen que la discusión o la conversación acrecienta la sofisticación política de las personas (Cho et al, 2009; Huerta y García, 2008), ya que gracias a ella se introducen “puntos de vista conflictivos, ventajas y desventajas morales y prácticas, y estimula el pensamiento crítico” (Gastil y Dillard, 1999: 5). Es, en cualquier caso, una limitación metodológica que podrá ser superada mediante la realización de estudios panel que, a través de aplicaciones longitudinales, logren detectar los cambios operados por la relación entre variables actitudinales y comunicativas para las mismas personas en diferentes momentos.

Este resultado conecta con la segunda de las preguntas de investigación planteadas, que buscaba conocer qué factores explican mejor la conversación política: el consumo mediático o la sofisticación política de los participantes. Los resultados del estudio muestran patrones diferenciados, que es posible que sean debidos al enfoque diferente que en uno y otro tipo de diálogo se hace de la política. De tal manera que, aunque el nivel de sofisticación, la exposición a televisión y la atención a contenidos políticos en los medios se presentan como variables explicativas en ambos modelos, el resto de factores varían en su presencia en función de la temática política estudiada.

En general, se observa la atención a contenidos mediáticos sobre política y la sofisticación como factores que contribuyen a acrecentar la conversación política en ambos campos temáticos. Factores necesarios, pues el mantenimiento de una conversación adecuada requiere de la posesión de información actualizada y conocimiento sobre el sistema que ambos factores proporcionan.

Además, y de forma similar a los resultados antes expuestos, la exposición a la televisión se convierte en el factor que en mayor medida imposibilita la generación de conversación política, independientemente de la temática abordada en la misma. Unos resultados que vuelven a situar el estudio en un punto intermedio entre los paradigmas teóricos sobre la movilización y el malestar mediático

Deliberación, Comunicación y Participación

propuestos para explicar la relación entre medios y actitudes políticas.

Entrando a cada uno de los ámbitos temáticos de la conversación estudiados, bien sea sobre temáticas de política pura o de la política circunscrita a la esfera personal del ciudadano, se observaron resultados interesantes. Así, en el debate sobre las actuaciones de los gobernantes del propio país o de los foráneos y acerca de la evolución económica del país, se observa cómo influyen en mayor medida los procesos de adquisición de información mediante la exposición a los diferentes medios de comunicación. Sin embargo, es la atención a noticias y programas sobre política el canal que en mayor medida deriva en la generación de conversación política, consiguiendo discriminar entre los alumnos en función de sus patrones de conversación sobre la política nacional o internacional. Mientras que los sujetos sofisticados e informados –a la postre el grupo minoritario teniendo en cuenta los resultados obtenidos–, generan más este tipo de prácticas conversacionales, los que se alejan de este tipo de información y sin embargo reciben estímulos a través de la exposición genérica a la televisión –por deducción lógica el grupo dominante– , eludirán en sus conversaciones este tipo de temáticas.

Sin embargo, el diálogo sobre temáticas que, aun siendo políticas, se centran en la esfera privada del ciudadano tiende a ser mayor entre los participantes. Aspectos como la situación de la educación, la religión o el crimen y violencia en la sociedad son los que dominan en esta temática de conversación. En este caso, no son tanto las variables de exposición mediática las que consiguen explicar el desarrollo de este hábito, sino más bien las de atención a los diferentes contenidos de los medios. Surge aquí de manera interesante el impacto positivo que la atención a contenidos políticos tiene en el incremento de esta conversación, pero también el consumo de programas de entretenimiento de los medios. Se abre así un abanico mayor de posibles participantes en este tipo de procesos de comunicación interpersonal, con el enriquecimiento mutuo que esto puede aparejar. El hecho de que la sofisticación se mantenga como una variable explicativa clave, permite que el diálogo se establezca entre personas con diferentes niveles de formación y conocimiento político, pues tradicionalmente la atención a contenidos de política y entretenimiento en los medios se ha planteado como un punto de ruptura entre grupos con mayor o menor conocimiento político (Rojas, 2006). Sería recomendable ahondar en esta vía de análisis, en tanto este resultado parece

aportar evidencia acerca de la contribución que la heterogeneidad de las redes, no tanto en el ámbito ideológico sino en el formativo, pueden tener sobre el desarrollo de procesos deliberativos más amplio en la sociedad. 

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Deliberaciรณn, Comunicaciรณn y Participaciรณn

Revista semestral de los estudiantes del ร nfasis de Periodismo Distribuciรณn gratuita

www.uexternado.edu.co/comunicacionsocial

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Revista Comunicación y Ciudadanía 5

La opción deliberativa y la profundización de la democracia en Colombia Juan Esteban Ugarriza

Instituto de Ciencia Política, Universidad de Berna.

Correo-e: ugarriza@alumni.unc.edu

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Deliberación, Comunicación y Participación

Resumen

¿Por qué discutir en Colombia el modelo de democracia deliberativa? Una respuesta preliminar a esta pregunta, desde el punto de vista académico, sería la necesidad de poner a prueba los supuestos teóricos deliberativos en un contexto diferente al Euroatlántico, en donde se han originado. Desde esta perspectiva, Colombia ofrece una oportunidad de explorar si la política deliberativa debe ser confinada a sociedades occidentales post-industriales, o si hay espacio para su promoción en otros espacios. Pero, ¿qué hace a Latinoamérica, y a Colombia, tan diferentes? Las singularidades históricas de la construcción de la democracia en la región, la desigualdad socioeconómica estructural de sus países, y recientes antecedentes de violencia social y política ponen en cuestión si el modelo deliberativo es el apropiado en esta parte del mundo*. Sin embargo, existe una respuesta aún más provocadora a nuestra pregunta inicial. Al menos desde la teoría, la política deliberativa podría contribuir a solucionar los problemas de inestabilidad política que amenazan con detener el proceso de apertura y consolidación de la democracia regional. Tal sugerencia demanda abrir una discusión aterrizada sobre cómo luciría una democracia deliberativa latinoamericana, y cómo ayudaría a navegar los desafíos que presentan las crisis institucionales y la violencia.

La siguiente sección describe el contexto histórico-político en el que habría que desarrollar una discusión latinoamericana sobre política deliberativa. Luego, el artículo se concentra en describir en particular el caso colombiano, agregando una breve discusión sobre el conflicto armado como condición excepcional bajo la cual los modelos deliberativos no han sido aún puestos a prueba. La sección final argumenta cómo el debate deliberativo en Colombia y la región no solo aporta al conocimiento de la comunidad académica, sino que además puede contribuir a resolver los desafíos políticos locales.

Palabras clave: Democracia; Consolidación; Conflicto; Deliberación.

* La cultura también puede ser esgrimida como otro punto de diferenciación entre Latinoamérica y Europa, o Estados Unidos, donde la teoría deliberativa se asentó primero. Sin embargo, no hay mucha información empírica que permita un análisis sistemático sobre exactamente cómo la cultura afecta la deliberación, más allá de algunos supuestos normativos.

Democracias en consolidación en América Latina

L

a crisis de las democracias occidentales contemporáneas ha sido explicada en términos de un problema de legitimidad, generado por las contradicciones internas del modelo agregativo liberal, y por la desconexión entre esferas pública y administrativa-estatal en las sociedades post-industrializadas hiperespecializadas1. A partir de estas dos grandes críticas se han desarrollado diferentes modelos de democracia deliberativa, los cuales giran alrededor de la idea de que los sistemas políticos derivan su legitimidad de los procedimientos que siguen para la toma de decisiones2. Hoy existe el consenso académico de que

una democracia deliberativa es un sistema político organizado alrededor de debates conducentes a la toma de decisiones, en los que los participantes intervienen en condiciones de igualdad y libertad, intercambian de manera respetuosa argumentos dirigidos a proteger el bien común, y demuestran franca disposición a cambiar posiciones a la luz de los mejores argumentos3. Los énfasis dados por diferentes autores a cada uno de estos elementos han dado origen a diversos modelos deliberativos, que sin embargo comparten el este núcleo común.

Aun reconociendo la relevancia de estas perspectivas filosóficas, la discusión deliberativa en América Latina emerge dentro de un contex-

1 Existe un gran acervo de literatura desde los años ochenta en el que se discuten las falencias del modelo de democracia que gira en torno a la agregación de las preferencias individuales de los ciudadanos, particularmente por medio del voto. Para un recuento extenso sobre el problema de legitimidad de las democracias agregativas occidentales, ver Ugarriza (2009, 2012a).

constitucionalistas liberales, conciben la democracia deliberativa como un modelo que debe proteger las libertades y derechos básicos de los individuos, mientras Habermas describe un conjunto de reglas bajo las cuales aún las premisas liberales deberían idealmente estar sujetas a discusión. Trabajos posteriores de Habermas (1998, 2005) aceptan que el reconocimiento de derechos colectivos y del individuo sería el resultado esperable de una deliberación ideal.

2 Dos modelos paradigmáticos son los esbozados por Joshua Cohen (1989) y Jürgen Habermas (1996), cuya diferencia fundamental radica en el carácter sustancialista y liberal del primero, y meramente procedimental del segundo. Esto se traduce en que Cohen, al igual que muchos

3 Este consenso se puede rastrear fácilmente en las colecciones de textos editados por Benhabib (1996), Elster (1998), Macedo (1999) y Rosenberg (2007). Una discusión más reciente sobre este punto puede encontrarse en Bächtiger et al. (2010).

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to diferente. Aquí, el problema de legitimidad no solo redunda en insatisfacción ciudadana, sino que revive los fantasmas de la tentación autoritaria. De ahí que el debate deliberativo, en el caso latinoamericano, no solo resulta relevante para superar las limitaciones de la agregación de preferencias y reconectar la esfera pública con la política institucional, sino además para mantener el curso de los procesos de consolidación y profundización democrática iniciados a finales del siglo anterior.

Los procesos de transición desde esta segunda ola de regímenes autoritarios hacia la democracia marcaron el contexto político latinoamericano al final del siglo xx y principios del xxi. En todos los casos, los gobiernos no democráticos enfrentaron la creciente presión de los ciudadanos, que demandaban mayores libertades políticas, respeto por los derechos humanos y, con excepción de Chile, un cambio significativo en las ineficientes prácticas y políticas económicas

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Desde principios de los años cincuenta, y durante los sesenta, América Latina experimentó el surgimiento de regímenes autoritarios en un buen número de países, principalmente como respuesta al creciente descontento social y en ocasiones caos institucional. Tal turbulencia se diseminó en la región, a medida que las democracias fallaban en llenar las expectativas ciudadanas de prosperidad material. Esta ola de regímenes autoritarios se apoyó en las fuerzas militares de cada nación, las cuales se demostraron dispuestas a contribuir al restablecimiento del orden nacional, y en las masas empobrecidas listas a entregar su apoyo a cambio de medidas económicas populistas (O’Donnell, 1988). Algunos de los casos más notables son los regímenes no electos democráticamente en Colombia (1953-1958), Venezuela (1952-1958), y Argentina (1955-1958, y 19661973). Los regímenes de esta ola típicamente prometían mantenerse en el poder solo por el tiempo necesario para restaurar el orden social y económico, y tendían a no tener mayores pretensiones ideológicas. Aparte del caso colombiano, la ma-

yoría de democracias que sucedieron a estos gobiernos probaron ser ineficientes y políticamente frágiles, y pronto una segunda ola de autoritarismo se tomó a la región. De forma paralela, como respuesta a las dificultades económicas y clima de confrontación ideológica, pequeños grupos de guerrilla revolucionaria aparecieron a finales de los sesenta y principios de los setenta, lo que a su turno impulsó aún más el establecimiento de regímenes que defendían un discurso anticomunista.

La mayoría de los gobiernos de esta segunda ola fueron descritos como “burocráticoautoritarios”, y se caracterizaron por dos políticas distintivas: de un lado, la represión de las masas populares y grupos de izquierda, y de otro, la imposición de medidas de corte liberal dirigidas a modernizar y globalizar las estancadas economías nacionales. En muchos casos, como Argentina (1973-1983), Paraguay (1954-1989) y Brasil (1964-1989), la presión militar y policial tuvo éxito en extinguir la insurgencia armada, pero las políticas económicas tendieron a tener un rendimiento deficiente. El gobierno militar en Chile (1974-1990), sin embargo, logró estimular el crecimiento económico, aunque obligó a la sociedad a pagar un alto costo en términos de vidas sacrificadas y libertades reprimidas.

Debido a que el régimen militar de Perú (19681975) se inclinó por dictar medidas populistas y aun de naturaleza izquierdista, se le considera “burocrático-populista”. También como desviaciones de la norma, los gobiernos autoritarios en Bolivia (1971-1981) y algunos países centroamericanos tomaron una forma mejor descrita como “tradicionalista-oligárquica”, la cual no tenía mayor interés en la modernización, y se preocupaba más por el mantenimiento de las relaciones semi-feudales existentes entre campesinos y terratenientes. Colombia y Venezuela se mantuvieron al margen de esta segunda ola de autoritarismo en la región, dado que sendos acuerdos de coalición de elite bipartisanos fueron lo suficientemente fuertes como para mantener el poder político fuera del alcance tanto de la masas como de las fuerzas armadas (O’Donnell et al., 1988; Smith, 2009).

Los procesos de transición desde esta segunda ola de regímenes autoritarios hacia la democracia marcaron el contexto político latinoamericano al final del siglo xx y principios del xxi.

En todos los casos, los gobiernos no democráticos enfrentaron la creciente presión de los ciudadanos, que demandaban mayores libertades políticas, respeto por los derechos humanos y, con excepción de Chile, un cambio significativo en las ineficientes prácticas y políticas económicas. En

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algunos casos, como Argentina, los regímenes autoritarios colapsaron y fueron rápidamente reemplazados por gobiernos civiles. En otros, como Chile, Uruguay y Paraguay, mantuvieron el control de los procesos de democratización por años, ralentizando la instauración de democracias completas (Cárdenas, 2005). Aunque para finales de los años ochenta la mayoría de los regímenes autoritarios había entregado el poder a los civiles, o estaba en proceso de hacerlo, la sombra del poder militar amenazó las transiciones durante las décadas siguientes (Hunter, 1998; O’Donnell, 1997; Mani, 2011; Frantz y Ezrow, 2011).

Los imperfectos sistemas políticos latinoamericanos parecieron haber completado sus transiciones a la democracia al final del siglo xx, encarando ahora el desafío de la consolidación y la prevención de un retorno al reciente pasado no democrático. Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia abrazaron nuevos experimentos democráticos, mientras países como México, Venezuela y Colombia debieron enfrentar el agotamiento de modelos democráticos esencialmente electorales, viciados por décadas con mecanismos de exclusión, y dominados por un solo partido o coalición.

Habiendo sufrido un reciente pasado de regímenes elitistas, violencia y marginación, los ciudadanos latinoamericanos han logrado evadir las tentaciones de un regreso al autoritarismo puro a principios del siglo xxi. Sin embargo, han alcanzado un punto de desencanto relativo de la democracia, como consecuencia de las promesas incumplidas de prosperidad cívica y socio-económica, y de los problemas de corrupción e ineficiencia que impiden que las instituciones cumplan con su misión (Borón, 1998; pnud, 2004; Cameron, 2010). Este desencanto se ha manifestado en ocasiones por medio de masivas movilizaciones populares, que han presionado de manera exitosa el colapso de gobiernos enteros, y derrocado presidentes en Ecuador, Argentina y Venezuela (Iñigo, 2004; López, 2004; Massal, 2006).

Bajo estas consideraciones, ¿está la consolidación de la democracia regional en riesgo inminente?

Ciudadanos insatisfechos que acuden a medidas de fuerza están motivados en gran parte por sus demandas de instituciones más eficientes, transparentes y que cumplan socialmente (Morris y Blake, 2010; Levine y Molina, 2011). Dado que la estabilidad política de la región está en juego, aparece la necesidad de repensar la democracia más allá de restringidas reformas legales, con el fin de evitar alcanzar un punto de quiebre, o incluso de “desconsolidación” (Diamond, Plattner y Abente, 2008; Peeler, 2009).

¿Comparte Colombia este mismo diagnóstico? Teniendo en cuenta el contexto político descrito antes, las siguientes líneas están dedicadas a ilustrar cómo el país ha desarrollado su propio dilema democrático actual.

Un experimento pseudodeliberativo en Colombia Para entender el contexto político en el que surge el problema de la consolidación y profundización de la democracia en Colombia, resulta útil revisar la evolución del sistema político desde los mecanismos de representación a la democracia participativa, y las limitaciones de la formulación actual.

La representación política no nace con la democracia. Antes de la independencia, los territorios coloniales españoles de lo que se llegaría a ser Colombia contaban con cuerpos representativos conocidos como cabildos. Éstos se instalaron en un buen número de pueblos al menos desde el siglo XVI, con el objetivo de servir como una instancia menor de gobierno compuesta por mercaderes, burócratas y residentes designados por España, aunque la fuerza dominante eran los comerciantes comisionados por la corona, conocidos como encomenderos. Principalmente, los cabildos servían a los colonos como arena pública para desafiar las restricciones legales impuestas desde Madrid al libre desarrollo de actividades económicas en América, y elevar su voz en temas como la concesión de tierras y la fijación de precios del mercado. Por definición, nativos, indígenas y mestizos estaban excluidos de la representación política. Aunque estos cabildos tenían solo una autonomía limitada, y se circunscribían a la autoridad de los gobernadores nombrados por España, igual sirvieron para airear la inequidad estructural de derechos entre peninsulares y criollos. Esta desigualdad galvanizaría más adelante a la masa crítica de criollos que lanzaron su exitosa campaña militar para romper lazos con España (Bushnell, 1993; Palacios y Safford, 2001).

Para finales del siglo xviii, un amplio espectro de sectores sociales, incluyendo criollos y mestizos artesanos y campesinos, convocaron a la formación de asambleas populares en el albor de insurrecciones masivas en varias municipalidades.

Concentraciones de comunes, o comuneros, demandaban representación y/o autonomía frente al sistema político colonial, aunque los levantamientos pronto fueron aplastados, y las asambleas disueltas. Pocas décadas después, un nuevo período de turbulencia social, y pedidos de autonomía, desembocó en la formación de cabildos populares, y finalmente de mesas de gobierno indepen-

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diente liderado por las elites, conocidas como juntas, donde criollos y peninsulares estarían en pie de igualdad para decidir sobre la administración local. Este último experimento duró poco, dada la confrontación armada que estallaría entre los criollos independentistas y la corona española.

De esta forma, mecanismos de representación proto-democráticos funcionaron dentro de un sistema político monárquico y poco permeado por los valores liberales. Los antecedentes políticos representados en los cabildos y juntas condicionaron al régimen post-colonial a mantener una exclusión aparentemente “natural” de sectores políticos en los primeros días de la república.

En particular, el abolengo y los medios económicos sirvieron como criterio para el reconocimiento de derechos políticos, incluyendo el voto para la primera asamblea constitucional democrática en 1821.

Esta asamblea decidió implementar un sistema indirecto de participación para elegir representantes en los cuerpos legislativo y ejecutivo, restringiendo la participación a gran parte de la población.

Desde entonces, la evolución histórica del sistema político ha llevado a la ampliación de la base de representación, reconociendo ciudadanía y plenos derechos políticos a la mayoría de sectores sociales para finales del siglo xix, y para las mujeres a principios del xx. De manera paralela a este proceso de liberalización, las disputas políticas se concentraron en las visiones contrapuestas sobre el diseño institucional apropiado para el país. La animosidad entre los proponentes de un sistema unitario centralizado, y de quienes defendían un modelo descentralizado federalista rápidamente escaló en un conflicto violento, y una serie de guerras políticas plagó la nación durante todo el siglo xix y principios del xx. Ninguno de los resultados de tales confrontaciones consiguió una pacificación duradera. De hecho, la persistente animosidad política se canalizó en los partidos políticos Liberal y Conservador, que se encargaron de prolongar la confrontación violenta en el país

hasta los años cincuenta. El gobierno militar que emergió al final de ese período mantuvo a los partidos fuera del poder por seis años, tiempo en el cual se forjó el acuerdo de poder compartido conocido como el Frente Nacional.

Durante el primer siglo y medio de la república, el sistema político colombiano amplió la base de representación política, y la confrontación partidista lo llevó a mutar desde un modelo de democracia competitiva a uno de poder compartido, en el que la institucionalidad mostró algunas características que podrían considerarse germen de un sistema deliberativo. El “espíritu de acomodación” que caracteriza los sistemas no competitivos, o consociacionales, ha sido descrito en términos de disposición a un trato respetuoso, a la búsqueda del bien común y a la participación con equidad, por lo cual se le ha nivelado con el concepto mismo de deliberación (Lijphart, 1976)4.

La historia registra cómo las elites de los partidos Liberal y Conservador intentaron por décadas poner a un lado su mortal animosidad y compartir el poder nacional. Autores registran al menos seis de esos esfuerzos, uno de los cuales incluso planteaba la posibilidad de fusionar las colectividades en una sola agrupación política (Dix, 1980; Guillén, 1986). Todos, excepto uno, tuvieron una corta duración y cayeron víctimas del sectarismo político.

El acuerdo bipartisano de dieciséis años no solo puso fin a la violencia entre liberales y conservadores, sino que transformó una cultura política de elite caracterizada por la violencia en una competencia de baja intensidad. De manera retrospectiva, el pacto del Frente Nacional puede ser interpretado como un arreglo excluyente de la elite, que creó condiciones favorables para que movimientos radicales de oposición optaran por la vía armada (Corredor, 1992). Pero por otro lado, también trajo estabilidad política al país y minimizó apetitos autoritarios, haciendo de Co4 Sobre la descripción del “espíritu de acomodación” como deliberación, ver Steiner et al. (2004).

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lombia una excepción entre los gobiernos militares que emergieron por toda la región desde los años sesenta (Pécaut, 1988, 2003).

Robert H. Dix fue el primer autor que describió el Frente Nacional como un ejemplo de democracia consociacional, comparable con los casos descritos por la teoría de poder compartido desarrollada en Europa desde finales de los años sesenta. En su recuento, el caso colombiano presentaba al menos cuatro elementos típicamente consociacionales: gran coalición de gobierno, proporcionalidad de representación política, poderes de veto y autonomía segmentada en zonas de influencia de cada partido. Además, de forma notable, Dix habla de un “espíritu de cooperación” entre las elites, que emergió ante la obvia futilidad de la confrontación y se prolongó más allá de los dieciséis años pactados. De acuerdo a Dix y a Arend Lijphart, el “espíritu de cooperación” o “acomodación” ofrece una buena explicación para la emergencia de coaliciones políticas exitosas. De forma específica para Colombia, Jonathan Hartlyn lo reconoce como un factor importante, aunque considera que otros elementos explican mejor el éxito de la coalición del Frente Nacional, como la animadversión frente a ideas secesionistas, divisiones sociales y políticas entrecruzadas, experiencias previas de coalición, y la memoria reciente de la amarga devastación de las guerras sectarias (Hartlyn, 1988).

A medida que el conflicto sectario se desvanecía, los años del Frente Nacional coincidían con el crecimiento del malestar social y descontento político de aquellos excluidos del acuerdo.

La marginación política practicada por el acuerdo bipartidista motivó a un grupo de autores a afirmar que en el centro de la violencia en Colombia yacía la paradoja del desarrollo de una democracia sin participación (Grupo Social, 1981). Al cortarse el lazo político que une a los ciudadanos con la esfera administrativa, se abrieron paso nuevas formas de relacionamiento que siguen lógicas de mercado, tales como el clientelismo y la cooptación (Leal y Dávila, 1991; Martz, 1997; González, 2003). Además, por años, este malestar se manifestó también mediante vías violentas, en manos de grupos revolucionarios, y colectivos dedicados a la economía ilegal y el crimen. La proliferación de relaciones ciudadanas con las instituciones marcadas por la marginación, el clientelismo, la cooptación o el uso de la violencia configuran un riesgo de deslegitimización del Estado que no ha sido desactivado en tiempos recientes.

Como una manera de salir de la inestabilidad política, una Asamblea Nacional Constituyente fue encargada de hacer reforma integral al

La realidad, sin embargo, difiere en mucho de esas expectativas optimistas. A pesar de las recurrentes reformas institucionales, persisten problemas severos, tales como la crisis de representación de los partidos, corrupción, apatía ciudadana y débiles garantías formales para la oposición política sistema político y romper con el régimen bipartidista. La Constitución de 1991 proveyó a los ciudadanos de mayores garantías y herramientas de participación política, al establecer condiciones para la competición multipartidista, y promover mecanismos como iniciativas populares, referendos y veedurías (Vargas, 1994). Siguiendo los principios teóricos de la democracia participativa, un sistema más abierto y transparente debería haber abierto el camino hacia la pacificación definitiva del país, el desarrollo de una ciudadanía más comprometida y mayores niveles de eficiencia en la práctica de la administración pública (Barber, 1984; Avritzer, 2002; Nylen, 2003; Fung y Wright, 2003).

La realidad, sin embargo, difiere en mucho de esas expectativas optimistas. A pesar de las recurrentes reformas institucionales, persisten problemas severos, tales como la crisis de representación de los partidos, corrupción, apatía ciudadana y débiles garantías formales para la oposición política (Restrepo, 1994; Pizarro, 1996; Leal, 1996). Más allá, el refinamiento institucional ha dejado intacta una cultura política en la que importantes sectores de la sociedad aceptan las vías de hecho y la ilegalidad como formas legítimas, y donde elites locales han cooptado los partidos políticos para lucrarse con la administración del acceso a los bienes públicos5. Precisamente, la imperfección del sistema político actual en Colombia, permeado por la corrupción e ineficiencia institucional, y la acción de grupos ilegales de crimen organizado, ha abierto de nuevo el debate sobre cómo impedir que se trunque el camino hacia una democracia consolidada y profunda (pnud e idea, 2009; dnp, 2010).

El contexto político en Colombia sigue estando lejos de una situación ideal para la emer5 Una interesante diferenciación conceptual entre partidos políticos genuinamente representativos y maquinarias electorales privadas en América Latina puede encontrarse en Alcántara (2004).

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gencia de una democracia deliberativa. Sin embargo, la experiencia del Frente Nacional y la inercia ganada en el proceso de consolidación y profundización de la democracia hacen pensar que el giro deliberativo no es imposible. Sin embargo, además de la historia reciente, existe un segundo factor diferenciador del caso colombiano respecto al visualizado desde la teoría para la promoción de la política deliberativa: la violencia armada. ¿Qué tan pertinente es promover una democracia más profunda ante la necesidad urgente de la pacificación? Tal es la cuestión que se aborda a continuación.

Deliberación en un contexto de violencia Desde sus inicios, Colombia ha transitado una historia marcada por la violencia política, la insurgencia, las guerras civiles y el crimen organizado. Poco después de la independencia, las diferencias ideológicas de cómo la joven república debía configurarse y administrarse promovieron un ambiente político de tensión permanente, que pronto desembocó en episodios de violencia, y llevó al país en nueve ocasiones a guerras civiles entre 1830 y 1958, y a un inacabado conflicto armado que data al menos desde los años sesenta.

Pero, ¿existe una conexión entre la calidad de la democracia colombiana y la condición crónica de violencia, más específicamente con el ciclo actual?

Los precedentes históricos del país revelan la inclinación de muchos actores al uso de la violencia como medio para resolver disputas políticas y sociales. De forma sorprendente, los ciclos ininterrumpidos de violencia no han hecho colapsar las instituciones democráticas. Por el contrario, existe una compleja connivencia de un Estado de derecho defectuoso y el desafío presentado por grupos armados. La escala e impactos de la violencia no son menores. El conflicto colombiano, por ejemplo, fue descrito por el sipri6 en 2010 como un conflicto mayor, con más de mil muertes relacionados con los combates por año (Stepanova, 2010). De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, el país redujo sus niveles de homicidio por año de un promedio de 27 mil casos entre 2000 y 2004, a 18 mil en 2008. 27% del total serían explicados por el conflicto, mientras los casos restantes serían atribuidos a otros orígenes (pnud, 2003; undp, 2010). El prolongado conflicto ha causado una de las crisis humanitarias más grandes del mundo.

Entre 3,6 y 5,2 millones de personas permanecían desplazadas internamente en el país en 2010, lo cual represente entre el 7,8% y el 11,2% de la

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6 Stockholm International Peace Research Institute.

población.7 De acuerdo con el gobierno colombiano, civiles y soldados representan en conjunto el grupo humano más victimizado en el mundo por las minas antipersona, un arma preferida por los insurgentes, con más de seis mil heridos y muertos entre 2002 y 2008 (United Kingdom Foreign and Commonwealth Office, 2009). Además, la economía de guerra ha estimulado a rebeldes y crimen organizado a convertir el secuestro extorsivo en una de sus principales fuentes de ingreso, con 3.307 casos reportados entre 1996 y 2009 (Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, 2009).

El argumento de que no hay una conexión entre el problema de violencia y el déficit democrático en Colombia encuentra sustento en los datos que describen la economía de guerra.

Aunque el actual conflicto en Colombia tiene sus orígenes en los años sesenta, solo a partir de finales de los setenta los grupos armados crecieron, militar y económicamente, de forma significativa como para convertirse en una amenaza para la estabilidad institucional del país. Y la altas tasas de reclutamiento a partir de esos años coinciden con la consolidación de una poderosa industrial ilegal de producción y tráfico de drogas (Guáqueta, 2003). Colombia es el productor más grande de cocaína del mundo, con un 60-70% de la producción mundial entre 1999 y 2007, y un 55% de los cultivos de coca en 2007. Estas cifras han disminuido desde 2009 (unodc, 2008, 2010). De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, el análisis estadístico muestra una correlación directa entre la presencia de cultivos ilícitos en ciertas áreas rurales, y altas tasas de desplazamiento forzado y reclutamiento de grupos armados (unodc, 2005). Este tipo de análisis ha llevado a algunos académicos a afirmar que los moderados niveles de ingreso per cápita, la geografía poco accesible, y la presencia de recursos propensos al saqueo y tráfico han creado incentivos suficientes para la rebelión (Rubio, 1997, 2002; Sánchez y Núñez, 2001; Montenegro y Posada, 2001; Collier et al., 2004).

Sin embargo, las causas inmediatas para la violencia organizada, es decir la oportunidad financiera para la rebelión, solo explican parcialmente la prolongación del conflicto en el tiempo.

Las debilidades del sistema político para representar algunos sectores sociales, y su incapacidad para atender a sus demandas, son a su vez causas próximas/institucionales y sistémicas/estructurales.

7 Los intervalos reflejan las diferentes cifras manejadas por el gobierno colombiano y la ong especializada codhes. Para una discusión sobre las cifras, ver Internal Displacement Monitoring Center (2010).

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Desde el punto de vista institucional, un escenario de marginación política y represión, descrito antes en este artículo, contribuyó a la aparición de grupos insurgentes. Los actuales movimientos armados en Colombia se originaron al final de la última guerra civil, el período de diez años de violencia política conocido como La Violencia. La coalición bipartidista que le siguió, el Frente Nacional, consideraba a los grupos insurgentes solo como bandoleros carentes de naturaleza política (Sánchez y Merteens, 1983).

Solo en los años ochenta, observadores y académicos empezaron a reconocer públicamente la conexión entre el malestar social y el crecimiento de los movimientos insurrectos (Sánchez y Peñaranda, 1986; Corredor, 1992), preparando así el camino para una serie de discontinuos diálogos de paz entre el Estado y las guerrillas (Villamizar, 1997; Rettberg, 2006). Al final de la Guerra Fría, la nueva Constitución colombiana y reformas subsecuentes garantizaron mayores niveles de pluralismo y respeto a la divergencia, pero fueron insuficientes para promover acuerdos de paz con los grupos armados, o eliminar los problemas de corrupción e ineficiencia descritos antes.

Además de las causas institucionales, persisten causas estructurales que no han sido resultas por el actual sistema político, y que ayudan a explicar la permanencia del conflicto. Colombia continuaba siendo en la primera década del siglo xxi uno de los países más desiguales del mundo, donde alrededor del 60% del ingreso nacional estaba en manos del 20% de la población (World Bank, 2008). El desempleo y la pobreza aún persisten como condiciones crónicas.

Por un lado, la tasa de desocupados se estimaba en 12% en promedio entre 1996 y 2005, y 11% entre 2005 y 2008 (undp, 2010). Por otro, el porcentaje de colombianos viviendo bajo la línea de la pobreza se redujo apenas de 53% a 45% entre 2002 y 2009 (dane, 2010). A pesar de estas cifras, Colombia es considerado por el Banco Mundial un país

de ingreso medio-alto, y por las Naciones Unidas como un país de alto nivel en la escala de desarrollo humano, con un producto interno bruto per cápita de US$8.959 en 2010 (undp, 2010; World Bank, 2010).

Además de la evidente conexión entre la disponibilidad de recursos ilegales de financiación y la persistencia de grupos armados en el país, encontramos también sugerida una conexión entre debilidad de la democracia y violencia: la histórica desconexión del sistema político por parte de importantes sectores de la población colombiana –o su relacionamiento por vías ilegales y redes clientelistas-, y la incapacidad institucional para promover bienestar y seguridad material contribuyen a la continuación del conflicto. Es decir, la democracia colombiana aún tiene el reto de superar problemas de procedimiento y sustancia para contribuir a la superación de la violencia.

Los desafíos de la consolidación democrática y la superación de un conflicto prolongado, descritos anteriormente, son dos condiciones que hacen del contexto colombiano un escenario distante del ideal promovido por la teoría deliberativa.

El dilema enton-

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ces es de factibilidad y deseabilidad. ¿Es razonable esperar comportamientos altamente deliberativos bajo estas circunstancias? Y si lo fuera, ¿puede la democracia deliberativa ofrecer un escenario de mayor calidad en la participación política, y rendir mejores resultados sociales?

Aunque este artículo no responde definitivamente a estas dos preguntas, es necesario iniciar la discusión sobre estas dos cuestiones clave, con el fin de explorar una alternativa para el fortalecimiento de la institucionalidad colombiana y la pacificación política.

La opción deliberativa para Colombia La historia reciente latinoamericana señala la necesidad de consolidar la democracia en escenarios de relativa fragilidad, y condiciones sociales menos que ideales. El recuento anterior de las debilidades de la democracia colombiana, en particular, y su larga historia de violencia, podría indicar la falta de condiciones idóneas para aspirar a los altos estándares de la democracia deliberativa. Pero, ¿es así? La falta de desarrollo del país como comunidad política cohesionada alrededor de instituciones y los ciclos repetitivos de violencia pueden ser vistos como dos lados de un mismo problema: mientras el conflicto afecta la estabilidad política, la falta de un sistema democrático profundo genera a su vez condiciones para la violencia (Sánchez, 1991; Pécaut, 2003). Bajo esta misma lógica, una democracia defectuosa y un número de organizaciones violentas conspiran contra un contexto idealmente deliberativo, pero precisamente la exploración de las posibilidades deliberativas tiene el potencial de mejorar las condiciones políticas y el ambiente social.

Una ciudadanía más deliberativa debería idealmente forzar a un cambio positivo en las prácticas institucionales y, como consecuencia, reducir el impacto de algunos de los factores causales de la actual violencia

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La tesis de una democracia profunda como el camino hacia una sociedad más estable y pacífica ha sido traída recientemente a debate público.

Algunos académicos argumentan que la democracia se fortalecerá en la medida en que incremente sus niveles de eficiencia en la distribución de bienes y servicios sociales básicos, y asegure las libertades esenciales de los ciudadanos. Desde

esta perspectiva, profundizar la democracia significa erradicar las prácticas políticas corruptas y prevenir que los grupos armados ilegales y el crimen organizado afecten los procesos políticos (pnud e idea, 2009). Algunos otros trabajos enfatizan en la necesidad de que el sistema político gravite alrededor de una ciudadanía más comprometida, responsable y empoderada, la cual debería cuidar y promover sus propios derechos sociales y políticos (dnp, 2010). ¿Qué puede ofrecer la política deliberativa a una sociedad necesitada de profundizar su régimen político y poner fin a décadas de confrontación violenta? Una ciudadanía más deliberativa debería idealmente forzar a un cambio positivo en las prácticas institucionales y, como consecuencia, reducir el impacto de algunos de los factores causales de la actual violencia. La exploración empírica de la vía deliberativa en Colombia nos permitirá establecer si el país puede aspirar a tener una ciudadanía más fuerte, que potencialmente altere las actuales condiciones negativas. En el pasado reciente, las élites demostraron su disposición a cooperar en condiciones más o menos deliberativas, y tal espíritu se ha hecho presente aún en tiempos recientes. Pero promover una democracia de élites no es suficiente, y por ello es necesario llevar la exploración al terreno de la ciudadanía, particularmente aquella afectada de manera directa por los problemas de marginación y violencia antes mencionados. Un primer ejercicio en este sentido fue realizado por investigadores de la Universidad de Berna, con ex combatientes colombianos en proceso de reintegración. Apelando a un diseño cuasi experimental, fue posible analizar el desempeño deliberativo de ex guerrilleros y ex paramilitares que compartieron 28 mesas de discusión política. Los resultados muestran que, bajo condiciones apropiadas, es posible esperar comportamientos altamente deliberativos, incluso en contextos de profunda hostilidad y desacuerdo (Ugarriza, 2012b). Esta experiencia demuestra que temas claves en la superación del conflicto, como la reintegración y reconciliación política, pueden ir de la mano de un esfuerzo por fortalecer la participación ciudadana.

Una exploración sistemática de la opción deliberativa implica primero lograr un diagnóstico sobre qué tan cerca o lejos del ideal se encuentran las prácticas ciudadanas de diferentes grupos sociales y cuáles características culturales propias tendrían que incorporarse dentro de un modelo deliberativo ajustado a la realidad local. El pulso de la cultura política ciudadana deberá además ser contrastado con las prácticas de quienes ejercen el liderazgo político, con el fin de identificar ruptu-

Deliberación, Comunicación y Participación

ras y continuidades. Aquí deberemos responder a preguntas tales como si comportamientos más o menos deliberativos en foros institucionales, como juntas de acción comunal, concejos municipales o cuerpos parlamentarios, responden o no a la cultura política general, y cuáles son las condiciones que favorecen prácticas más deliberativas.

Lo que aquí se propone es embarcar al país en un esfuerzo por ir lentamente transformando la cultura política de la ciudadanía en Colombia y los procedimientos institucionales, en sí mismo un proyecto nacional de gran envergadura alrededor del cual se podrían integrar a la sociedad política comunidades y sectores marginados o conectados de manera viciada, y promover la pacificación del país y la resolución pacífica de disputas. Una democracia profunda, sin embargo, no promete necesariamente resultados de prosperidad material. De hecho, es objeto de debate intelectual si decisiones altamente deliberativas son o no instrumentalmente superiores a las de la democracia agregativa. Sin embargo, existe un consenso sobre el valor epistémico de transformar un sistema político en uno deliberativo, cuya ganancia en legitimidad tendría que redundar en estabilidad y paz. 

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Estudio de caso

Falta de responsabilidad social del periodista y medios de comunicación en la realización y publicación del documental Baby sicarios, producido por el Canal Cuatro de España ESTUDIANTE INVESTIGADORA:

Ana María Chambueta León Semillero de Niñez y Derechos

DOCENTE INVESTIGADORA: Diana M. Pedraza

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Otras voces

Resumen El pasado 23 de abril se publicó el documental Baby Sicarios realizado por el periodista David Beriain y producido por el canal Cuatro de España. En dicho documental se reconoce la identidad de varios menores de edad que supuestamente han violado la ley colombiana. El periodista y el medio de comunicación no tuvieron perspectiva de derechos con los niños, niñas y adolescentes que aparecen en el documental.

Palabras clave: Responsabilidad social del periodista; Perspectiva de derechos; Leyes nacionales e internacionales.

abstract On April 23 was published the documentary Baby Sicarios, that was made by the journalist David Beriain, and produced by the Canal Cuatro in Spain. In that documentary it recongnize the identity of several minors who have allegedly violated Colombian law. The journalist and the mass media didn’t have perspective on children’s and teenagers rights that appear in the documentary.

Los medios de comunicación son herramientas que informan y comunican de forma masiva. Las personas los utilizan para enterarse de sucesos que acontecen a su alrededor; son el canal por donde pasa todo tipo de información para que sea comunicada al público y éste la identifique. Cuando representan la realidad y en ella la niñez está involucrada, los medios no tienen una política editorial clara en la perspectiva de derechos. Esta afirmación surge después de haber hecho una investigación en un estudio de caso en el Semillero de Niñez y Derechos sobre el documental de Baby Sicarios, hecho que fue motivo de reflexión en el país, pues encontré que los realizadores de dicho documental no tuvieron en cuenta la normatividad vigente en Colombia, como es el Artículo 44 de la Constitución Nacional. Dicha norma dice: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y

1. Datos oficiales de la oficina de correos de los Estados Unidos (Us Post Office) tomados de la entrevista con Adam Ragusea en Boston Public Radio, septiembre 21, 2010 en relación con la exposición “Greetings from Boston: Vintage Poscards” en el Boston Public Library de septiembre de 2010 a marzo de 2011. http://radioboston.wbur. org/2010/09/21/greetings-from-boston (Consultado el 23 de septiembre de 2010). Dato de la Copa Mundo tomados de http://news.oneindia.in/2010/07/13/fifa-world-cup2010-finals-spain-holland-tv-audien.html (Consultado en enero 12 de 2011) y datos del Superbowl aparecidos en El Tiempo, domingo, febrero 6 de 2011, primera página.

trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”1.

Tampoco tuvieron en cuenta la Convención de los Derechos de la Niñez que ratifica en su artículo 16 que “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques”2.

Tampoco la Ley de Infancia y adolescencia, radicada por el Congreso Nacional en el año 2006, que en su artículo 47 denominado Responsabilidades especiales de los medios de comunicación dice: 1.

Promover, mediante la difusión de información, los derechos y libertades de los niños, las niñas y los adolescentes, así como su bienestar social y su salud física y mental.

2. El respeto por la libertad de expresión y el derecho a la información de los niños, las niñas y los adolescentes.

3. Adoptar políticas para la difusión de información sobre niños, niñas y adolescentes en las cuales se tenga presente el carácter prevalente de sus derechos.

1 Colombia, Congreso de la República. Constitución Política (1991).

2 Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

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Promover la divulgación de información que permita la localización de los padres o personas responsables de niños, niñas o adolescentes cuando por cualquier causa se encuentren separados de ellos, se hayan extraviado o sean solicitados por las autoridades competentes.

Abstenerse de transmitir mensajes discriminatorios contra la infancia y la adolescencia.

Abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones que atenten contra la integridad moral, psíquica o física de los menores, que inciten a la violencia, que hagan apología de hechos delictivos o contravenciones, o que contengan descripciones morbosas o pornográficas.

Abstenerse de transmitir por televisión publicidad de cigarrillos y alcohol en horarios catalogados como franja infantil por el organismo competente.

Abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o la de su familia si esta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia, será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Parágrafo. Los medios de comunicación serán responsables por la violación de las disposiciones previstas en este artículo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá hacerse parte en los procesos que por tales violaciones se adelanten contra los medios (subrayado fuera del texto)3.

Para el desarrollo de este estudio de caso, como ya se dijo, utilicé el documental Baby Sicarios, que publicó el Canal Cuatro de España el 23 de abril de 2010, conducido por el periodista David Beriain. Audiovisual que se realizó en la ciudad de Pereira, capital del Departamento de Risaralda, ciudad que ha sido estigmatizada por sus problemas de violencia y de prostitución juvenil.

Respecto a la producción del documental y observando como el periodista y la producción del programa desarrollaron este tema, me planteé la siguiente pregunta: ¿cuál es la responsabilidad social de los periodistas y de los medios de comunicación al emitir hechos en el que se vean involucrados menores de edad que han sido víctimas

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3 Colombia, Congreso de Colombia (2006). Código de la Ley de Infancia y Adolescencia.

o supuestos victimarios de actos delictivos, tomando como ejemplo específico el documental Baby Sicarios, realizado por el canal Cuatro de España?

Mi investigación tuvo elementos relevantes en el proceso metodológico: Primero fue necesario ubicar el problema a investigar, el cual hace referencia al momento de realizar el documental llamado Baby sicarios, se refleja que dicho canal hizo caso omiso a las leyes y autoridades colombianas al momento de desarrollar dicho documental. Esto se manifiesta en varios puntos: primero, que la Alcaldía de Pereira nunca tuvo conocimiento de que en su ciudad se estuviera realizando este tipo de registros documentales que incluyó entrevistas con autores materiales, con grupos de los barrios locales, con autoridades e incluso la ayuda de un centro de detención judicial para menores de edad que tiene la ciudad; segundo, que en el contenido del documental se muestran los rostros de varios menores de edad, en especial de uno quien, según los productores, pidió que le mostraran su rostro para localizar a su familia –bajo qué argumentos tomaron ellos esta decisión si el documental no iba a ser emitido en nuestro país–; tercero, no contaron con la autorización del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, icbf, autoridad nacional que protege a los niños y adolescentes para realizar este material audiovisual, y cuarto, no se rigieron bajo las leyes colombianas y en especial bajo la Ley de Infancia y Adolescencia.

Teniendo claro el problema que causó la publicación de este documental ante las leyes colombianas y en especial de las autoridades de Pereira, considero que es necesario que tanto las alcaldías locales como el gobierno nacional, se den cuenta y estén presentes cuando un medio extranjero se encuentre interesado en investigar un problema social nacional, aún más cuando son problemáticas que involucra a menores de edad. De esta manera, tanto el periodista como el medio de comunicación no incurrirían en violar las leyes internacionales y colombianas, como se observa en el contenido de este documental.

Es necesario sensibilizar a los periodistas y a los medios de comunicación para que investiguen con antelación las leyes locales en el tema de niñez, a las que se encuentra adscrito el país en el que van a realizar el informe periodístico.

Por esto resulta fundamental que las autoridades nacionales enfocadas al cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar considere generar un documento que enfoque una serie de requisitos que deben cum-

Otras voces

plir los periodistas y medios de comunicación para elaborar un informe periodístico sobre las problemáticas de la niñez colombiana.

La sociedad es corresponsable de que los derechos en la niñez se cumplan. Cuando nos referimos a sociedad incluimos a la ciudadanía, a las autoridades y por supuesto a los medios de comunicación que, al ser organismos reguladores de información, deben ser socialmente responsables con el contenido que le brindan a la comunidad, lo cual incluye respetar los derechos de las personas que participan en las entrevistas.

Como en este caso, el Canal Cuatro no tuvo perspectiva de derechos en la producción del material periodístico que estaban haciendo y mucho menos aceptaron que habían concurrido en un grave error. El objetivo de esta investigación fue proponer un documento para que los periodistas de los medios de comunicación que van a hacer informes audiovisuales en televisión internacional, se acojan a las leyes internacionales y del país en el que elaboraran dicho informe. Es necesario que este tipo de hechos no se vuelvan a presentar, no solo en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo.

Baby Sicarios no es el único caso de vulneración en el tratamiento noticioso hacia la niñez No es la primera que vez que un medio de comunicación extranjero se siente atraído por los problemas sociales de nuestro país. Los sicarios se han convertido en un problema social desde hace varios años, tuvo su mayor reconocimiento durante la época del narcotráfico con los carteles de Cali y de Medellín. Incluso esta actividad ha sido objeto de publicaciones literarias, como por ejemplo en La Virgen de los Sicarios (1994), de Fernando Vallejo, en la que narra la historia de un hombre mayor que después de 30 años, vuelve a su ciudad natal Medellín y establece una relación con un adolescente que trabaja como sicario; otro ejemplo es No nacimos pa’ semilla (1990), de Alonso Salazar, crónicas que relatan los hechos de las bandas juveniles en las comunas de Medellín; como último ejemplo tenemos a Rosario Tijeras (1999), de Jorge Franco, que muestra la historia de una joven mujer que por circunstancias de violencia que suceden a su alrededor decide convertirse en sicaria.

Es decir que los referentes que la sociedad conoce de esta actividad, se observan desde elementos ficticios como las obras anteriores y aún más cuando éstas se llevan a la pantalla del cine y de la televisión.

¿Cuál es la responsabilidad social de los periodistas y de los medios de comunicación al emitir hechos en el que se vean involucrados menores de edad que han sido víctimas o supuestos victimarios de actos delictivos, tomando como ejemplo específico el documental Baby Sicarios, realizado por el canal Cuatro de España?

El término sicario, desde el punto de vista jurídico, es definido por el Diccionario Jurídico Elemental (Cabanellas, 2003) como la persona que comete homicidio por precio convirtiéndose en un asesino asalariado; también resalta que sicarios se llama a los integrantes de los cuerpos represi­vos de las tiranías4.

En el libro Los comandos de la guerra, Jaramillo y Bedoya (1991) se describe específicamente el perfil de un sicario: una persona enmarcada en la “cultura de la muerte” que ha conducido la circunstancia de unos jóvenes que vivían un momento caracterizado por “yo no sé hacer nada” y que son llevados a otro momento de sus vidas en el que “solo saben matar”.

El mecanismo del sicariato opera con tres actores centrales: el contratante, quien es la persona que desea ajustar cuentas, pretendiéndolo hacer con el recurso de la justicia propia; el organizador, quien actúa en nombre del contratante, es el intermediario entre el contratante y el sicario, y el sicario, quien actúa directamente como asesino.

Según los mismos autores, las etapas que el sicario recorre son: primero, participar en las pandillas de los barrios; segundo, iniciar su vida delincuencial cobrando ‘peajes’ en las equinas del barrio, atormentando a sus mismos vecinos con armas corto punzantes; tercero, vivir una experiencia delictiva con el robo de elementos costosos como carros y objetos domésticos; cuarto, participar en luchas entre distintas pandillas por la obtención de un territorio; quinto, dotarse de armas más tecnificadas por los jefes de las pandillas; sexto, capacitarse en el uso de motos y carros; 4 Cabanellas de T orres, G., (2003). Diccionario Jurídico Elemental. Consultado el 25 de septiembre de 2010 de http://www.esnips.com/doc/7bb23e1f-2b6040ee-8f6b-442f82775aab/DICCIONARIO%20JURIDICO%20ELEMENTAL.%5BG.%20Cabanellas%5D.

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séptimo, realizar las primeras muertes por encargo, este es el paso al estado sicarial; si pasa de lo anterior al negocio de la mafia llegará a ser sicario profesional. A partir de esto, el autor concluye que la ‘profesionalización’ del sicario se da por el número de personas que asesina, esta es la garantía sobre su misma idoneidad.

Por otra parte, Olga Gaitán (1990: 499) dice que “el surgimiento de las bandas criminales (denominadas estas como el inicio del joven sicario) se debe al narcotráfico, primero por la presencia de nuevos valores culturales de enriquecimiento económico fácil que es atraído por la población marginal de Colombia, y en segundo por la desestabilización institucional que el mismo narcotráfico ha producido en el ámbito de la administración de justicia. Por eso el narcotráfico irrumpe como un poder que trae sus propios valores y que pronto son asumidos por las comunidades más marginadas. Valores como el enriquecimiento ilícito, el poder económico como símbolo de todo prestigio y la violencia como medio de lograr lo que se quiere. Por tanto, se reconoce la necesidad de impulsar la educación, de volver a un sistema educativo que instaure el principio de responsabilidad individual”.

El perfil sicológico del sicario (Jaramillo y Bedoya, 1991) se caracteriza por el desapego a la vida, seguida de desconfianza ante la sociedad en general, emoción ante la violencia, conciencia de una vida efímera y corta, compensada por un interés inmediato: vivir poco pero bien. Después se caracteriza por una adicción y dependencia a la droga y al alcohol, afán de aventura, que viene motivado por el deseo de ganar dinero para salir de la pobreza, dificultad para amar y, por último, un fuerte sentido de venganza a través de la violencia con el fin de buscar un equilibrio emocional.

Los estímulos que llevan a que un joven se convierta en sicario han tenido como contexto la obtención fácil de dinero, lo que lleva al prestigio social y a la satisfacción de la participación en la sociedad de consumo, después por la experiencia y placer que le ocasiona disparar un arma, seguida por la misma sensación al matar a una persona.

Pero también se clasifican unos estímulos sociales

que llevan a la persona a ser sicario: en primera instancia están los medios de comunicación que son acogidos y aceptados, estimulan el sentido de la violencia y presentan la satisfacción brindada por un estilo de vida consumista; segundo por la banda o pandilla criminal que ofrece al sicario fama y prestigio, por el dominio o la posición que se llegue a tener en ella (ídem).

Todos estos parámetros y características de lo que es el sicariato y de quien es una persona sicaria, hacen entender la manera como los productores del documental Baby sicarios afrontaron este tema. Pero ellos lo hicieron desde el punto de vista de unos niños que llevan mucho tiempo siendo sicarios, lo cual es algo equivocado porque, según las referencias mencionadas, el sicario ha tenido una niñez y una juventud marcadas por problemas sociales, familiares y sobre todo económicos, tienen que pasar por muchos ámbitos, comenzando por una pandilla hasta llegar al punto de ser sicario, lo cual hace dudar del manejo que le dio el periodista a este documental.

El caso El pasado 23 de abril se publicó el documental Baby sicarios, realizado por David Beriain, periodista del programa de televisión Rec, producido por el Canal Cuatro de España.

El Canal Cuatro de España, que fue lanzado en noviembre de 2005, “es la cadena generalista y en abierto del Grupo Prisa, propietario además de la plataforma de televisión por satélite Digital+, del diario El País y de la cadena ser de radio”5; en Colombia el grupo Prisa es propietaria de Caracol Radio.

Dentro de su información corporativa, Canal Cuatro dice ser una televisión fresca y joven que ha contribuido a enriquecer el panorama audiovisual español con una oferta televisiva audaz, moderna y diferente. Combina el entretenimiento y el humor sin crispaciones con una información rigurosa y solvente, sin dejar de lado su compromiso con la sociedad. Se encuentra bajo la dirección de Juan Pedro Valentín.

5 Tomado de Área Corporativa de Cuatro. Consultado el 17 de septiembre de 2010 en http://www.cuatro.com/ area-corporativa/

Deliberación, Comunicación y Participación

Rec es el programa de este canal que se encarga de la ejecución del documental. Sus realizadores describen el programa como una propuesta innovadora en la que el espectador comparte con el periodista toda su investigación. Se emite una vez a la semana en la franja prime time de la televisión española en la que un reportero analiza un tema de actualidad, ya sea nacional e internacional. Según Juan Pedro Valentín, “el espectador vivirá junto al reportero las interioridades de su trabajo, incluso las conversaciones con sus jefes, los intentos fallidos por encontrar un dato o un entrevistado, las reacciones después de un testimonio impactante o una vivencia sorprendente”6.

David Beriain, quien conduce el documental Baby Sicarios, es reportero del programa Rec. Es un periodista nacido en el municipio de Artajona, España. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, especializado en Comunicación y conflictos armados por la Complutense de Madrid. Se ha caracterizado durante los últimos seis años por cubrir los principales conflictos del planeta como enviado especial a países como Afganistán, Colombia, Darfur, Cachemira, lo cual lo ha llevado a escribir un blog llamado “En pie de Guerra” de www.adn.es. Es reconocido por ser el periodista que pasó 10 días en los campamentos de las farc, que le sirvió para ganar el Premio José Manuel Porquet de periodismo digital y ser finalista en el Bayeux-Calvados, el más prestigioso del mundo para corresponsales de guerra7. Documental que también causó controversia en nuestro país, al mostrar un grupo armado agricultor, amante de la naturaleza y que respeta a sus guerrilleros.

Descripción del documental Para conceptualizar el tema, es necesario empezar definiendo qué es documental. Según Michael Rabiger, “es un escrutinio de la realización de la vida humana que refleja una fascinación y un respeto por la actualidad”8.

John Grierson, considerado el padre del documental, lo definió deliberadamente como “el tratamiento creativo de la realidad”; por otro lado, 6 Tomado de REC, Canal Cuatro de España. Consultado el 25 de septiembre de 2010 en http://www.cuatro.com/ rec/el-programa/ 7 Tomado de Reporteros REC, Canal Cuatro de España.

Consultado el 25 de septiembre de 2010 en http://www. cuatro.com/rec/los-reporteros/david-beriain 8 Rabiger, M., Dirección de documentales 3 edición. 2005.

Consultado el 10 de noviembre de 2010 en: http://www. scribd.com/doc/10962805/Direccion-de-DocumentalesMichael-Rabiger

Bill Nichols, teórico del cine documental, afirma que éste “responde a cuestiones sociales de las que estamos enterados de un modo consciente”9.

A partir de ello, la definición de Rabiger (1987) es la más acorde con este caso, al afirmar que “un documental es una construcción hecha a base de evidencias. Su objetivo es hacer vivir a los espectadores la experiencia por la que sus autores han pasado, mientras tratan de entender el significado de los acontecimientos concretos que se van sucediendo ante sus ojos. A diferencia del cine de entretenimiento, el documental se concentra en la riqueza y ambigüedad de la vida, tal como es realmente y de esta manera promocionar los valores individuales y humanos”.

Por esto el documental tiene como características relevantes que contribuyen al análisis de este estudio, las siguientes: el tratamiento de una problemática social conocida, la vivencia de personas con situaciones de violencia aparentemente reales, la elaboración de hechos ‘reales’ que dan pie a la credibilidad de los espectadores, que incluye la participación e intervención del periodista que conduce el documental.

En Baby sicarios, el periodista David Beriain presenta el contenido diciendo que “todos los niños que van a ver en este documento han crecido viendo la serie Sin tetas no hay paraíso. Se presenta a la correccional Marceliano Ossa, lugar en donde entrevista a varios jóvenes que dicen haber sido sicarios, aclara que se le autoriza hacer estas entrevistas con la única condición de que no se les muestre la cara a los jóvenes, como una cuestión de prudencia y de un pacto de silencio que han hecho los “sicarios”, pero nunca aclara que se les cubre el rostro a los jóvenes por la sencilla razón de que son menores de edad y que las leyes nacionales e internacionales prohíben divulgar la identidad de ellos, sin la autorización de sus padres y aún más si se trata de personas que son víctimas o victimarios de actos delictivos.

A las personas que entrevista en la correccional Marceliano Ossa, no se les cubre el rostro totalmente, se ven de perfil, es decir que se les alcanza a identificar, sin mencionar a los jóvenes que aparecen detrás de la entrevista, a quienes tampoco se les cubre el rostro.

El periodista crea un estereotipo10 de los jóvenes sicarios, dice que ellos lo son porque por lo general sus padres y hermanos mayores tam9 Nichols, B., El Video documental. Consultado el 10 de diciembre de 2010 en http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/jimenez_a_a/capitulo1.pdf 10 Entendida la palabra estereotipo como un concepto que hace referencia a la imagen mental y con pocos detalles de un grupo de personas que comparte cualidades y características. Tomado de Definición de estereotipo [en línea]. Consultado el 11 de noviembre de 2010 en http:// definicion.de/estereotipo/

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bién lo han sido y que sus madres y hermanas son prostitutas. Uno de los jóvenes, llamado Carlos Andrés, dice que la primera vez que mato tenía 10 años, que le enseñó Carlos Guerra que había sido la mano derecha de Pablo Escobar y que tenía una escuela de sicarios, a la que él entró cuando tenía 11 años.

Cronológicamente no hay ninguna relación con esto, ya que Pablo Escobar murió en el año 1993, época en la que muy seguramente no había nacido este joven, y cuando las autoridades aseguraron que los miembros del cartel de Medellín habían sido desmantelados.

Se le hace una entrevista a la señora Martha Inés Medina, directora del Centro Marceliano Ossa, quien dice que el 98% de los niños sicarios son de pobreza extrema, es decir que este factor está directamente relacionado con la delincuencia. El 90% son consumidores de sustancias psicoactivas y el 96% de los jóvenes proviene de familias disfuncionales, es decir que son jóvenes que nunca han sido amados, que han sido excluidos y maltratados, lo cual los hace personas frías y calculadores, quienes sienten el oficio del sicariato como un trabajo.

En seguida Beriain se traslada al barrio de Guadalito de la comuna 8 en el municipio de Dosquebradas, Risaralda; paradójicamente dice que los niños que viven allí se crían solos porque sus padres fueron a España en busca de mejores oportunidades, además menciona que este barrio es el mundo de las bandas y que estas son el criadero de los sicarios. Según el Diario del Otún, de Pereira, esta zona de Dosquebradas sí presenta vulnerabilidad en problemas de violencia y el uso de sustancias psicoactivas, pero la alcaldía municipal ha contribuido a generar programas de reinserción y de empleo para los jóvenes de esta zona, con el fin de que se dediquen a otras actividades diferentes a la violencia; programas que han dado resultados con la disminución porcentual del índice de violencia.

Después se entrevista a Germán Darío Saldarriaga, secretario de Gobierno de la ciudad de Pereira, quien menciona que “en esta ciudad abundan los niños sicarios porque un menor de 14 años ni siquiera es encerrado por haber asesinado, que además la ciudad tiene un grave problema de droga, ya que los narcotraficantes que no logran sacar la droga al exterior, la están dejando para el consumo local, lo cual incide en convertir adictos a niños desde los 10 años de edad, niños que están en las bandas y que son llamados a asesinar por el síndrome de abstinencia que les ocasiona la falta de consumo de sustancias psicoactivas”11.

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Consecutivamente se le hace una entrevista al Coronel de la Policía Nacional en Pereira, Hoover Alfredo Penilla, quien dice que para un pobre, ser sicario es un trabajo cualquiera porque no hay más oportunidades para trabajar12.

Se regresa al barrio de Guadalito, donde se entrevista a un niño de aproximadamente 8 años de edad, a quien le pregunta cómo es la vida en el barrio. El niño responde que más o menos, porque hay mucha violencia, cuenta como mataron a sus hermanos. A este niño en ningún momento se le cubre el rostro para proteger su identidad y tampoco a los niños que estaban a su alrededor.

Además entrevista a algunos jóvenes del barrio, que relatan por qué viven en el mundo del sicariato, todo el tiempo están con las armas en las manos y que por voluntad propia se tapan el rostro. En varias oportunidades hay niños entre los 6 y 10 años de edad a su alrededor, que escuchan lo que ellos dicen y a quienes tampoco se les cubre el rostro.

Una de las escenas más impactantes y que fue la que causó mayor revuelo entre las autoridades nacionales, fue en la entrevista a Felipe, un niño de 12 años de edad, a quien en ningún momento de la conversación se le cubre el rostro. El periodista explica que se permite porque el niño lleva 3 años sin ver a su mamá y quiere que por medio del documental ella lo vea. Además ratifica que es el “único niño que dio la cara” por el oficio que hacía. Se da a entender que es un acto de valentía sin considerar el peligro que esto puede significar, y en ningún momento se menciona que se permite mostrar la identidad del niño por autorización de alguien.

Lo que dijeron los medios de comunicación en Colombia Para afrontar el revolcón noticioso que causó la publicación de este documental fue necesario realizar un corpus13 de las noticias que se dieron durante estas fechas. Este corpus se llevó a cabo a partir de las noticias publicadas por el Diario del Otún, de la ciudad de Pereira, y del periódico El Tiempo, de circulación nacional, a partir de las fechas del 26 de abril hasta el 26 de mayo de 2010. Durante este mes, los dos periódicos dieron mayor relevancia y cubrimiento a este tema, además hasta esta última fecha se publicó la última noticia que informaba acerca del documental. Además se tuvo en cuenta el programa de la mañana de la emisora W radio de Caracol Radio, que entrevistó a Juan Pedro Valentín, director de 12 Ídem.

11 Ver documental Baby Sicarios.

13 Ver anexo.

Deliberación, Comunicación y Participación

informativos del canal Cuatro de España; Ángela María Villegas, periodista de Pereira, y Elvira Forero, directora del icbf.

Lo que se pudo resaltar de estas publicaciones son las declaraciones de los actores mencionados en la mayoría de las noticias, quienes son el alcalde (e) de Pereira; el Comandante de la policía de Risaralda; Ximena Norato, directora de Pandi (Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo Social y la Investigación), y la periodista Ángela María Villegas, quien dio a conocer el documental en nuestro país al argumentar el uso de testimonios falsos en el mismo.

Dentro de las características que se reiteran en las noticias publicadas en el rango de fechas mencionado, se encuentra en primera instancia el rechazo e indignación de las autoridades de Pereira al publicar dicho documental, afirmando que en esta ciudad sí hay problemas de sicariato pero que no hay que generalizar, por eso aseguran que los testimonios de los niños fueron forzados. El Comandante de la Policía dice que en sus registros no hay datos de menores de 12 años que hayan cometido delitos y que es verdad que hay adultos que utilizan a menores de edad para cometer actos delictivos, pero no hay niños sicarios menores de este rango de edad, como lo dicen en el documental.

Otro actor mencionado en las noticias es la representación de la Embajada de Colombia en España, organización que se desempeñó como canal entre estos dos países para esclarecer cómo se realizó y posteriormente se publicó este documental. La embajada dice que el documental viola “flagrantemente tanto la legislación española como la colombiana en materia de protección al menor”. La Embajada colombiana solicita al Canal Cuatro que retire inmediatamente el documental, y recuerda que las legislaciones de España y de Colombia prohíben tajantemente que se emitan imágenes en las que se pueda identificar a menores víctimas o autores de hechos delictivos; además de pedir su cooperación para esclarecer las denuncias realizadas por la Alcaldía de Pereira y la periodista Ángela María Villegas en el sentido de que el reportero David Beriain habría inducido a varios de los menores a “fantasear” y “falsear” algunos de sus testimonios. La queja ha sido enviada también a la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (fape) y al Defensor del Menor en la ciudad de Madrid.

Por su lado, la directora de la Agencia de Comunicaciones Pandi, Ximena Norato, rechazó el grave peligro al que fueron expuestos los niños y niñas colombianos entrevistados por el periodis-

ta David Beriain y pidió a las autoridades colombianas proteger la vida de estos niños.

La W radio, emisora de Caracol Radio, realizó el 3 de mayo de 2010 una entrevista con Juan Pedro Valentín, director de Canal Cuatro; con Ángela María Villegas, periodista de Pereira que denunció el hecho, y con Elvira Forero, directora del icbf.

Una de las escenas más impactantes y que fue la que causó mayor revuelo entre las autoridades nacionales, fue en la entrevista a Felipe, un niño de 12 años de edad, a quien en ningún momento de la conversación se le cubre el rostro Durante la entrevista, Juan Pedro Valentín reconoce que durante la edición del documental, consideraron cubrir el rosto del niño, pero que decidieron no hacerlo porque quería aparecer en el documental debido a que no sabía nada de sus familiares. Consideraron que este hecho no perjudicaría su identidad porque el documental no sería emitido en la televisión colombiana. De qué manera ellos consideraron que el niño ubicara a su familia en Colombia, si como ellos mismos dicen, el documental no iba a ser emitido en nuestro país. No admiten que el simple hecho de sacar un niño en televisión sea un delito, además de que se excusa diciendo que según la legislación colombiana a un menor de edad se le puede dar a conocer su identidad en televisión cuando no sabe del paradero de sus padres, pero no reconoce que la Ley de Infancia y Adolescencia ratifica que bajo ninguna circunstancia a un menor de edad se le puede reconocer su identidad cuando ha sido víctima o victimario de actos delictivos.

Además reconoce que en el documental se ven más niños, pero que como no se identifican, no tiene relevancia que también se le acuse de haber mostrado sus rostros.

En seguida, cuando entrevista a la periodista de Pereira Ángela María Villegas, quien entrevistó a las personas que aparecen en el documental, dice que en primera instancia, no hay como tal unos baby sicarios, ya que por lo menos de las tres primeras personas que entrevista, solo uno es menor de edad y que éste se encuentra próximo a cumplir su mayoría de edad; segundo, que se vea la identidad de un niño que dice haber sido testigo de la muerte de su hermano es igual de grave que la del otro niño al que no se le cubre el rostro

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para ubicar a sus familiares; en tercera instancia afirma que el supuesto periodista colombiano que acompaña todo el recorrido del documental, no es periodista. Ella hizo un reportaje que utiliza las mismas fuentes periodísticas que utilizó el periodista español, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que fue hecho, pero para que su reportaje fuera emitido en Pereira, se da cuenta de muchas de las falsedades que se mencionan en el documental español.

Por su lado, Elvira Forero, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf), en la misma entrevista dice que no solo en la legislación colombiana sino también en la española está prohibido mostrar a los menores de edad con su figura y que solamente se puede mostrar la identidad de un niño, niña o adolescente que ha participado en actos delictivos cuando es autorizado por sus padres o persona responsable de ellos o por el icbf, cuando es el caso de que son menores de edad que están privados de su libertad, la única autoridad para permitir este hecho es el mismo icbf o por lo menos un Defensor de Familia, permiso que no se tiene en cuenta para la elaboración del documental, y la legislación española muestra que a un menor de edad en proceso de protección no se le debe mostrar el rostro.

La conclusión que tengo de la entrevista realizada por la W radio es que ninguno de los periodistas colombianos, incluyendo los de esta emisora y la de la pereirana Ángela María Villegas, dice que no es cierto que en Colombia existan niños sicarios, ellos saben que es una realidad, el hecho es que este canal español no quiere reconocer que en el tratamiento noticioso vulneraron los derechos de varios menores de edad que han sido víctimas del sicariato o que han sido sicarios, y no solo los derechos, violaron también las leyes colombianas y las internacionales como en la Convención de los Derechos del Niño.

Responsabilidad del periodista y del medio de comunicación

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De qué manera la producción de este programa toma la decisión de mostrar el rostro de este menor de edad que dice haber sido sicario, supuestamente como un acto humanitario para que su mamá lo viera, si ni siquiera el documental iba a ser emitido en nuestro país.

La responsabilidad social del periodista y del medio de comunicación no tuvo perspectiva de derechos porque no se rigieron por las normas y leyes nacionales e internacionales, situando específicamente a la Ley de Infancia y Adolescencia que ratifica en el numeral 6 del artículo 47 que

“es responsabilidad de los medios abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones que atenten contra la integridad moral, psíquica o física de los menores, que inciten a la violencia, que hagan apología de hechos delictivos o contravenciones, o que contengan descripciones morbosas o pornográficas”, y respectivamente en el numeral 8 resalta que los medios de comunicación “deben abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifique o que pueda conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o la de su familia, si esta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia será necesaria la autorización de los padres, o en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”14.

El parágrafo del artículo prevé: “Los medios de comunicación serán responsables por la violación de las disposiciones previstas en este artículo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá hacerse parte en los procesos que por tales violaciones se adelanten contra los medios”15.

La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo número 44 ratifica que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, lo cual implica que bajo ninguna circunstancia una persona natural o jurídica puede atentar contra estos derechos. De igual forma la Convención sobre los Derechos de los niños y la Ley de Infancia y Adolescencia (Colombia, 2006) asegura jurídicamente que los menores de edad son sujetos de derechos y no objetos informativos, que todos los niños entre los 0 y 18 años prevalecen sobre el ambición noticiosa y que los periodistas y medios de comunicación deben ejercer una autorregulación al emitir este tipo de informaciones.

El Canal Cuatro de España tiene su propio código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, por el que tampoco se rigieron ya que dice que: “No se emitirán imágenes ni menciones identificativas de menores como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; No se mostrará a menores identificados consumiendo alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes; No se entrevistará a menores identificados en situaciones de crisis (fugados de su casa, que hayan intentado el suicidio, instrumentalizados por 14 Colombia, Congreso de Colombia. (2006) Código de la Ley de Infancia y Adolescencia.

15 Colombia, Congreso de Colombia. (2006) Código de la Ley de Infancia y Adolescencia.

Deliberación, Comunicación y Participación

adultos para el crimen, involucrados en la prostitución, con sus padres o familiares allegados implicados en procesos judiciales o recluidos en la cárcel, etc.)”16.

Por esto se deja en entredicho la responsabilidad que tuvo el periodista y medio de comunicación Canal Cuatro de España al producir y divulgar este documental. Como primera medida es necesario explicar qué es responsabilidad. Para ello, la periodista colombiana María Teresa Herrán dice que este término no solo implica una reflexión individual sino también una relación con los demás. En la medida en que una persona es responsable, se le puede pedir cuentas de sus actos y reparación si esos mismos actos llegaran a afectar a terceros. La reparación puede ser desde el aspecto moral, es decir reconociendo un error, o desde el aspecto jurídico si se ha violado un derecho de la persona como tal.

Además, es necesario argumentar que la responsabilidad social de cualquier medio de comunicación y de los periodistas encargados de investigar la información radica en que el contenido de dicha información sea verídica, objetiva y que no atente contra la identidad de ninguna persona, deben ser conscientes de que su información genera opinión y una forma de pensar en la comunidad que los lee, observa y escucha. Bajo esta concepción, el periodista Javier Darío Restrepo señala que “esta responsabilidad crece en la medida en que se aumenta la ya de por sí muy grande influencia que ejercen los medios no solamente en la opinión pública sino en las actitudes y aún en las conductas de la comunidad” (Rey y 16 Código de autorregulación en menores de edad, Canal Cuatro de España. Consultado el 4 de noviembre de 2010 en http://www.cuatro.com/autorregulación

Restrepo, 1996: 23).

María Teresa Herrán dice que es conducta ética elemental que el periodista responda ante la sociedad por su trabajo y sus consecuencias. Hecho que no se ha observado por parte del periodista David Beriain. Esa obligación nace del ejercicio de su libertad para informar, ya que el ejercicio de un derecho corresponde al de una responsabilidad.

Una de las recomendaciones que se hacen al asumir un trabajo periodístico es citado por Herrán al mencionar que “No hay que olvidarse de los niños (…) hay que ponerse en el lugar de la persona a la que está entrevistando, teniendo en cuenta que puede arruinar la vida de una persona al contribuir con su información a mandarla a la cárcel o a que hablen de ella en la comunidad. La empatía es la mejor aliada de la responsabilidad” (Herrán y Restrepo, 2000: 296).

Durante el contenido del documental también está en tela de juicio la ética periodística del periodista (valga la redundancia). Para ello, Antonio Cacua Prada (2000), presidente de la Organización de Asociaciones de Periodistas Iberoamericanos, o.a.p.i., la define como “algo de cada persona pero que su campo de desarrollo es social porque opera en el terreno de las costumbres. Por ello el ser periodista, es trabajar por la verdad, buscarla y aproximarse a ella, pasando sobre los prejuicios propios o ajenos, pensando en el bien común y no en el provecho personal”.

Queda claro que el periodista David Beriain, reconocido por sus reportajes internacionales, no fue responsable primero al permitir que se mostrara el rostro de varios menores de edad que viven en ámbitos de violencia y que han participado en ella, y segundo al no ser responsable al rectificar o reconocer que realmente hubo un gra-

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Es necesario que los medios de comunicación pongan en la mesa entre sus propios miembros los entes de autorregulación que tienen, y que por supuesto va de la mano de las leyes locales e internacionales

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ve error en la publicación de dicho documental.

Por otra parte, el medio de comunicación al ser el canal que emite el programa, es igual de responsable e incluso más, al no verificar el contenido del documental que iba a pasar, al permitir que este tipo de errores se hicieran y, aún más grave, al no reconocer que en realidad es un error que se mostrara la identidad de estos niños.

La función social de los medios de comunicación según Germán Rey se desprende de la relación medios-democracia que a su vez se refiere a la generación de condiciones para la elaboración social de consensos en medio del conflicto, la búsqueda de transparencia de las actuaciones de los elegidos, la complejización y no la pérdida de densidad de los problemas sociales y el reconocimiento del otro. Es decir que los medios de comunicación deben reconocer que ellos son actores que influyen en las decisiones y pensamientos de las personas y por ello su credibilidad en la comunidad se convierte en controlador de las diversas formas de poder. A esto agrega: “Los medios de comunicación no deben ser entendidos solamente como vehículos de transmisión de información, sino como creadores y recreadores de comprensiones de lo social, proveedores de horizontes de interpretación de lo cotidiano y puntos singulares de producción e intercambio de sentidos” (Rey y Restrepo, Op. cit.: 31). Con ello, Germán Rey quiere decir que los medios de comunicación en la sociedad moderna son escenarios de representación de lo social, intentan contextualizar y promover la comprensión de sus conflictos. Por ello es necesario que cada medio de comunicación sepa hasta dónde puede abordar una problemática social, no puede ocultarse en el poder que ellos mismos representan, irrumpiendo de manera arrogante varias esferas de la vida social.

Es necesario que los medios de comunicación pongan en la mesa entre sus propios miembros los entes de autorregulación que tienen, y que por supuesto va de la mano de las leyes locales e internacionales. El canal Cuatro tiene un código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia que es obligatorio para to-

dos los canales de televisión de países que hacen parte de la Comunidad Europea. Y en el que el Canal, tampoco reconoce que infringieron en dicho código.

Para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, es fundamental que en primera medida, el periodista y medio de comunicación que desee elaborar un material de reportaje periodístico enfocado a temas de niñez, primero se informe con las autoridades competentes acerca de la problemática social que quiere abordar y cómo la debe abordar. Después, esclarezca una serie de permisos o autorizaciones que debe por obligación y protocolo dar las autoridades, ya sea el icbf o un defensor de Familia, para permitir que el periodista o medio pueda realizar su trabajo de reportería. Tercero, que al finalizar el material, es decir que al terminar la edición de este, sea mostrado previamente a una autoridad, para que ella observe que en el tratamiento y representación no se vulneren los derechos de ninguno de los menores de edad, para que después sí sea emitido y divulgado a un público local e internacional.

Acciones por parte de las autoridades colombianas Cuando se conoció el caso, la primera autoridad competente que se hizo frente fue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que por medio del abogado Jaime Lombana (abogado del ex presidente Álvaro Uribe) instauró una demanda contra el Canal Cuatro, debido a que realizaron una evidente violación a las leyes colombianas que protegen al menor de edad. El proceso se puso a conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para que investigara y se supiera si durante la elaboración del documental se había concurrido en un delito contra los menores de edad que aparecen allí.

Por su lado, la Agencia Pandi, a cargo de la directora Ximena Norato, redactó una carta abierta dirigida al periodista David Beriain, en la que argumenta: “No entiendo cómo usted y quienes permitieron la transmisión del programa violaron sin la menor auto-regulación las normas básicas del periodismo mundial que se refieren a la protección de los niños y niñas que han sido víctimas, testigos y agentes de actos delictivos.

“Ni uno de los tres mandatos acató su reportaje que dejó en evidencia los rostros enteros, los perfiles de las caras, las voces, los sitios, los barrios, las casas de esos niños, niñas y jóvenes que usted llama sicarios. “ Así como usted lo relata “Nos han abierto sus vidas” la exposición sin censura y sin condolencia

Deliberación, Comunicación y Participación

de sus identidades puede costarles la vida, y usted lo sabe. Usted conoció la realidad que se puede llegar a vivir bajo las condiciones de extrema pobreza en la que muchos de nuestros niños y niñas viven. Condiciones que no convierten al 60% de la población de nuestro país en sicarios.

“Le ruego, por la vida de esos niños y niñas que inocentemente le concedieron su confianza, que elimine usted los rostros, modifique las voces y con ello repare un poco del daño hecho”17.

De igual forma, la Agencia Pandi redactó la demanda hacia la Subdirección General de Medios Audiovisuales de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de Madrid España, la cual realiza las siguientes peticiones: 1. Que en dentro del ámbito de su competencia inicie las actuaciones pertinentes que lleven a determinar si con la emisión del referido documental –el cual sigue aún hoy publicado en Internet– se han violado los derechos de los niños y niñas allí presentados.

2. Que en caso de que se determine que, efectivamente se vulneraron los derechos de los menores presentados, se impongan las sanciones del caso a los responsables y se conmine a los responsables a las indemnizaciones de los menores de edad previstas en las normas citadas.

3. Que en caso de que su despacho sea el competente para tomar una o algunas de las sanciones solicitadas, se remita esta denuncia a la autoridad que sea pertinente18.

Lo último que se supo de este caso, es que la demanda fue llevada al Ministerio Fiscal de España, la cual investigará y tomará las decisiones competentes a este caso. Hasta la fecha no se ha tenido conocimiento por parte de las autoridades colombianas, de la Agencia Pandi y mucho menos de los medios de comunicación nacional, el rumbo que haya tomado el caso del documental Baby Sicarios.

Conclusión Cuando comencé a realizar este estudio de caso en el marco de la propuesta temática del Semillero de Niñez y Derechos, la pregunta que me surgió fue: ¿Cuál es la responsabilidad social de 17 Periodismo aliando a la niñez y la investigación. Agencia pandi. (2010) Carta abierta a los medios de comunicación.

18 Periodismo aliando a la niñez y la investigación. Agencia pandi. (2010). Demanda hacia la Subdirección General de Medios Audiovisuales de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de Madrid España.

los periodistas y de los medios de comunicación al emitir hechos en el que se vean involucrados menores de edad que han sido víctimas o supuestos victimarios de actos delictivos, tomando como ejemplo específico el documental llamado Baby Sicarios, realizado por el canal Cuatro de España?

Después de haber analizado el documental, de haber revisado el material periodístico, teórico, y de realizar entrevistas, y respondiendo a esta pregunta concluyo que: ● Desde la Convención de los Derechos de los Niños y del Código de la Ley de Infancia y Adolescencia, damos cuenta de la sociedad como corresponsable de los delitos ocurridos en contra de los menores de edad. ● La responsabilidad social del periodista no se encamina solo a informar hechos reales, sino también a la protección de los derechos de sus fuentes periodísticas, que articulan y protagonizan cualquier información. Esta afirmación tiene mayor relevancia cuando los protagonistas de su información son niños, niñas y adolescentes. Lo cual quiere decir que el periodista David Beriain sí vulneró los derechos de estos menores de edad que frente a las cámaras aceptaron ser sicarios y al no cubrir la identidad de ellos en la posproducción, sin tener en cuenta las denuncias hechas por falsedad y calumnia frente a los testimonios del documental. ● Los medios de comunicación también son responsables de autorizar la producción y posterior emisión de documentos audiovisuales que enuncian graves problemáticas sociales de los menores de edad. Es cierto que existe la libertad y el derecho a la información, pero todo derecho implica una responsabilidad, la cual no se llevó a cabo por parte del Canal Cuatro de España.

Recomendaciones Al haber concluido este caso y como objetivo de esta investigación, es fundamental que la autoridad nacional en protección a los menores de edad, icbf, emita unos parámetros protocolarios por los que debe pasar un medio de comunicación nacional o extranjero, en la cual autoricen el cubrimiento de una problemática social en la que sus protagonistas sean los menores de edad, con el fin de que este tipo de casos no se vuelvan a presentar.

Se debe asegurar en primera instancia que el periodista demuestre un título que certifique su profesión. Después, que el medio de comunicación que respalda el trabajo del periodista,

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emita una carta de consentimiento a las autoridades locales de la ciudad en la que se realizaría el reportaje, para que primero conozca y tenga certeza de que un medio extranjero pretende visitar su ciudad para documentar acontecimientos o problemáticas en materia de niñez que caracterizan a dicha ciudad. Segundo, para que esta autoridad acondicione la ciudad en aspectos como seguridad, hospedaje, contactos y la colaboración de las personas indicadas según el tema que vaya a investigar. El documento dado por el canal extranjero de televisión debe mencionar detalladamente el objetivo de la investigación, a los menores de edad que pretende entrevistar, de qué manera va a impedir que ellos sean víctimas de la violación de su derecho a la intimidad y de su buen nombre. Dentro de ello las autoridades locales pueden colaborar informando al medio de comunicación, cómo debe adquirir el permiso correspondiente para poder entrevistar a alguno de estos niños, niñas o adolescentes, ya sea por la autorización previa de un padre o madre responsable, por un acudiente del menor de edad o si no existiera ninguno, obligatoriamente debe acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por último, decir cómo se mostraría el producto final, es decir por cuál medio, por televisión nacional, por cable, o por internet, ya que según el medio por el que se muestre el audiovisual se puede determinar el impacto que puede ocasionar para el público espectador.

Más allá de emitir un documento por las autoridades, la recomendación más importante es que tanto periodistas como medios de comunicación, primero conozcan las leyes, tanto internacionales como las del país en las que ejercen su periodismo; segundo, que en las escuelas de periodismo se incluya de manera más amplia la responsabilidad y ética que debe tener un profesional del periodismo para ser integral. De esta manera los medios de comunicación no incurrirían en los miles de casos en los que los niños, niñas y adolescentes se les vulneran sus derechos. 

Anexo Corpus noticioso de los periódicos El diario del Otún, de Pereira y El Tiempo, en las fechas del 26 de abril al 26 de mayo de 2010.

Documental Baby sicarios, Canal Cuatro de España.

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Revista semestral de los estudiantes de la Facultad de Comunicaci贸n Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia Distribuci贸n gratuita

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ENERO-JUNIO 2012

Los diálogos de la libertad de expresión: Fundamentos filosóficos dentro del derecho internacional de los derechos humanos*

Revista Comunicación y Ciudadanía 5

Francisco R. Barbosa Delgado

Profesor e investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, Doctor en Derecho Público de l’Université de Nantes (France) Mención: “Très Honorable”, Magister en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, Magister en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialización en Regulación y gestión de nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia, Abogado de la Universidad Sergio Arboleda.

Correo-e: francisco.barbosa@uexternado.edu.co * Este artículo fue publicado por la Revista de Derecho Comparado de la información de la Universidad Autónoma de Méjico- UNAM-, Enerojunio, 2011

Resumen

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El presente artículo presenta las relaciones que justifican filosóficamente la libertad de expresión. Éstos giran en la primera parte sobre la relación entre la libertad de expresión y la libertad e igualdad y en la segunda, se aborda su relación con la democracia. Con esto se pretende demostrar cómo estos vínculos sustentan esta libertad que se constituye en la base esencial de la existencia de una sociedad democrática.

Palabras clave: Libertad de expresión; Libertad; Igualdad; Democracia.

Deliberación, Comunicación y Participación

Introducción

L

a libertad de expresión ha sido abordada desde diversas perspectivas académicas. Es así como desde el punto de vista de la ciencia política, de la historia o de la filosofía se han establecido trabajos que la abordan. Algunos autores norteamericanos, como Carl Sunstein (1999) y Owen Fiss (1996: 12) han denunciado versiones liberales e individualistas de la libertad de expresión demostrando como el Estado debe intervenir en su protección.

Esta posición rechaza de plano la idea planteada por el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, quien indicó que la libertad de expresión era un mercado libre de ideas1. Para Rosanvallon y Pech (2006: 18), el estudio de la libertad de expresión debe plantearse desde la participación de la sociedad dentro de los debates públicos.

En ese orden de ideas, la libertad de expresión se configura como un producto de la respuesta revolucionaria contra el Estado monárquico en la medida en que su existencia se encuentra atada a la noción de democracia, libertad e igualdad que surgieron durante el siglo xix como elementos fundantes de las nuevas repúblicas y emblemas distintivos frente al antiguo régimen. En sus inicios estos principios fueron enmarcados en los diversos textos constitucionales fundadores de las repúblicas tanto en Europa como en América Latina.

En el siglo xx, la libertad de expresión produjo una relevante evolución en Europa y en América, por dos razones. La primera, la creación de tribunales o cortes constitucionales que tenían y aún tienen como función la de controlar la constitucionalidad de la ley, lo que permitió que la libertad de expresión fuese interpretada y reinterpretada por el juez constitucional de forma permanente.

En segundo lugar, por la copiosa jurisprudencia que sobre la libertad de expresión profirió la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que le otorgó un alcance y permitió entender el carácter dinámico de los derechos fundamentales, en especial la libertad de expresión que se enmarca en la primera enmienda de la Constitución americana y que se constituye en el bastión de la democracia de ese país, elemento retomado por las jurisdicciones internacionales de derechos humanos tanto en América como en Europa.

Con estos enormes avances constitucionales, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, se configuró un proceso de codificación en el derecho internacional que llevó a la construcción del concepto internacional de la libertad de ex1. Corte Suprema de Estados Unidos, sentencia, Abraham v Etats Unis (1919).

presión que se introdujo en el cuerpo de los instrumentos internacionales aprobados, unos en el marco de los órganos regionales y otros en el ámbito de Naciones Unidas. Entre los tratados que la incluyeron para el caso universal se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para el caso americano, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos. Mientras que para el caso europeo, la Convención Europea de Derechos Humanos en el marco de lo establecido en el Consejo de Europa.

El fundamento para la existencia de estos tratados fue el sustento democrático de los Estados parte en esos documentos.

En ese marco general tanto la jurisprudencia de la Corte idh como de la Corte edh establecieron que “la libertad de expresión es uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática, una de las condiciones primordiales de su progreso y realización”2. Estas expresiones no han sido exclusivas de la jurisprudencia, sino de algunos doctrinantes, organizaciones no gubernamentales y del derecho interno de los diferentes Estados.

En síntesis, la noción de libertad de expresión que se enunciará en este artículo parte de la base de la existencia de un diálogo cultural (Rosanvallon, 2006) y libre (Mill, 1986), en el cual existen dos dimensiones en el ejercicio de esta libertad de expresión: el de búsqueda y difusión de opiniones factuales veraces3 o de juicios de valor (Fíez-Picazo, 2003: 282). Teniendo en cuenta esta base conceptual en el presente artículo se muestran las relaciones que justifican filosóficamente la libertad de expresión. Estos giran en la primera parte sobre el vínculo entre la libertad de expresión y la libertad e igualdad y, en la segunda, se aborda su relación con la democracia. Con esto se pretende demostrar cómo estas relaciones sustentan esta libertad que se constituye en la base esencial de la existencia de una sociedad democrática.

La libertad de pensamiento y expresión y su relación con la libertad y la igualdad La libertad de pensamiento y expresión como parte integrante del catálogo axiológico valorativo de los derechos humanos ha tenido un vínculo con la democracia como lugar de encuentro y de construcción social. Este desarrollo se ha enmarcado en un primer lugar a través del prin2. tedh, Caso Handyside c. Royaume Uni, sentencia del 7 de diciembre de 1976, A, 24, G.A, No. 10 3. Sobre la veracidad como límite interno de la libertad de informar, destáquese el artículo de R. Uprimny, C. Botero, J-F. Jaramillo (2005: 19-20).

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La libertad de pensamiento y expresión se explica mediante los valores fundamentales que permiten su existencia: (i) elemento volitivo interno, como “el secreto del pensamiento” y (ii) de la expresión como elemento emancipador de la palabra, de la revelación al otro cipio de la libertad formulado a través de diferentes documentos fundadores de la República en el mundo occidental en el siglo xix4 y luego gracias a la institución del principio de igualdad consagrado en algunos documentos fundadores y desarrollados particularmente a mediados del siglo xx. Estos dos principios –libertad e igualdad– no se registran de forma aislada, sino, por el contrario, se encuentran ensamblados dentro de la libertad de expresión como se evidenciará a partir de las dos posturas teóricas: la estadounidense y la francesa.

La libertad de pensamiento y expresión se explica mediante los valores fundamentales que permiten su existencia: (i) elemento volitivo interno, como “el secreto del pensamiento”5 y (ii) de la expresión como elemento emancipador de la palabra, de la revelación al otro. El primero tiene que ver con el origen de pensamiento que se produce dentro del fuero interno, sin intervenciones de ninguna índole y, el segundo, es un elemento de exteriorización del pensamiento, de manifestación de la idea. Estas dos formas explican la noción de “libertad”.

En idéntico sentido, dentro de esta libertad se encuentra la igualdad como elemento natural para la aplicación de la libertad de pensamiento y expresión. Este principio se manifiesta en la libertad de pensamiento y expresión a través de las limitaciones que se le impone a la misma libertad. El conflicto que, a nuestro juicio, debe ser presentado como diálogo entre libertad e igualdad, es el eje central de las construcciones de proporcionalidades en diversos ámbitos, la libertad de expresión no es la excepción. La paradoja es evidente: gracias a la limitación de la libertad de pensamiento y expresión por virtud del derecho a la igualdad se respeta la libertad de pensamiento y expresión a todas las personas.

Para efectos de abordar la paradoja se de4. Entre ellos se destaca las Declaraciones francesas de derechos del hombre. Sobre este punto véase J. Fialaire y E. Mondielli (2005: 72-92).

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5. Expresión usada por el profesor G. Lebreton en su obra Libertés publiques et droits de l’homme (2009: 406).

sarrollarán dos aspectos: (i) la confrontación histórica entre dos modelos de pensamiento de la libertad de expresión fundada en distinciones institucionales y (ii) la confrontación histórica entre dos modelos de pensamiento fundada en distinciones materiales.

La primera confrontación se fundamenta en la forma de concebir la libertad de pensamiento y expresión en Francia y Estados Unidos, y su manera de entender su regulación y sus limitaciones. La libertad de pensamiento y expresión se incorpora en la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano como una reacción al espíritu monárquico y al nuevo imperio individualista que se formaba en los albores de las repúblicas.

El artículo 10 de la Declaración señala: “Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley”. Esta disposición materializa la desconfianza del ciudadano hacia el órgano ejecutivo por su inveterada costumbre de restringir las manifestaciones de expresión, opuestas al régimen de turno. Esta norma fue redactada para ponerle fin al control monárquico que existía de la expresión.

Como se observa, la desconfianza en Francia se dirige hacia el Ejecutivo.

Contrario a lo anterior, en el mundo anglosajón la libertad de pensamiento y expresión manifestó una desconfianza, no hacia el Ejecutivo, sino, por el contrario, hacia el Legislativo. En ese punto, la enmienda 1 de la Constitución de Estados Unidos plantea: “El Congreso no hará ninguna ley….. que restrinja la libertad de palabra o a la prensa”. Esta enmienda, que ha sido objeto de tantas reflexiones, plantea que el Congreso no puede restringir la libertad. La desconfianza hacia al Congreso, se deriva de la sospecha permanente que tenían los gobiernos monárquicos en el Reino Unido contra el parlamento que generó roces permanentes entre los dos órdenes de poder. Como señala sobre este punto el profesor Morange: “…El parlamentarismo se desarrolló en ese país por cuanto desde la Carta Magna de 1215, notablemente, y por los textos sucesivos, se limitaron de forma progresiva las prerrogativas del poder real. Los Constituyentes americanos tomaron en cuenta esta actitud” (Morange, 1993: 19). Para la Corte Suprema de Estados Unidos, utilizando una expresión de John Stuart Mill (1993: 19)6, la libertad de pensamiento y expresión se inserta dentro de un mercado de ideas.

Esta manera de concebir esta libertad se materia6. Este autor señaló que el ejercicio de la libertad de expresión es libre y, por ende, su limitación es una amenaza contra esa libertad.

Deliberación, Comunicación y Participación

lizó en una decisión de 1897 de la Corte Suprema de Massachussets en la que asimila la libertad de expresión al derecho de propiedad al considerar constitucional la sanción que se le impuso a un predicador en Boston, por hacerlo en un parque público, sin pedir autorización a las fuerzas policivas, de la misma forma que es prohibido para el público entrar en una propiedad privada sin autorización7. Con posterioridad, en el año 1919, el juez Holmes recordó en el caso Abrams contra Estados Unidos que: “El mayor bien común deseado se produce por el libre intercambio de ideas –mercado de ideas– y el mayor test de verdad de una idea reside en su capacidad de imponerse en la competencia del mercado”8.

Esta forma de entender la libertad de expresión por parte de los americanos plantea otro debate en torno a la manera de pensar la libertad de pensamiento y expresión con respecto a los franceses. Es así, que entendiendo que ningún derecho es absoluto, la restricción de derechos en Estados Unidos no viene a través del legislador o del ejecutivo, pero si del órgano judicial.

Esta posible revisión está revestida de un acompañamiento de la sociedad a través de un jurado de ciudadanos (Rosanvallon, Op. cit.: 257). En Francia, se plantea una postura menos liberal, la libertad de expresión era restringida de forma absoluta por el parlamento, hasta la entrada en vigor del control de constitucionalidad adoptado por la Constitución de la quinta república9 y por la reforma de 1971.

La segunda dimensión se explica a partir de la tensión entre la forma de la confrontación histórica entre dos modelos de pensamiento fundada en distinciones materiales. Esta distinción se refiere particularmente a la confrontación entre la noción de libertad y la noción de igualdad dentro de la libertad de expresión. La noción libertad surge como consecuencia del espíritu individual de la revolución francesa. Esta noción que se materializó en múltiples documentos fundadores, fue puesta a prueba por la noción de igualdad que permitió la limitación de las libertades en aras del respeto más amplio de algunos derechos, entre ellos la libertad de expresión.

La construcción de Estados intervencionistas ante la constatación de la crisis del liberalismo, llevó a reformular las políticas abiertas hacia

8. Ídem: 267.

el cumplimiento de las libertades sin límites. Los Estados procedieron a establecer dimensiones colectivas de las libertades, permitiendo con ello el beneficio de un mayor número de miembros de la sociedad. En ese sentido, en el caso de la libertad de pensamiento y expresión se incluyeron normas en los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en las cuales, la libertad de pensamiento y expresión puede ser limitada en su ejercicio por “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”10.

Esta nueva concepción igualitaria tiende a acercar la libertad de pensamiento y expresión a la construcción de una sociedad democrática.

Esta aplicación de la igualdad conduce a que todos los ciudadanos se encuentren bien informados y, con ello, tomen decisiones en libertad. Con lo anterior se cumple la dimensión social de la libertad de pensamiento y expresión. Para el profesor Fiss (1996: 18-27), “una falta de intervención estatal se convierte en una forma de violación de la libertad de expresión por omisión que conduce a una grave distorsión del debate público, impide el autogobierno de la ciudadanía y viola el principio de igualdad ante la ley”.

Una ausencia de control o de límites de la libertad llevaría a desdibujar la libertad misma y aceptar que solo unos pocos tengan la posibilidad de tomar las decisiones en la sociedad. El proceso de civilización no puede pretender excluir posturas dentro de una sociedad. Esta discusión en torno a la limitación de la misma libertad –para evitar la violación del principio de igualdad o de no discriminación dentro de la misma, o en otras palabras, este enfrentamiento entre la dimensión individual y colectiva de la libertad de pensamiento y expresión–, permite contemplar que existen discursos que se deben proteger y otros que no. También permite pensar que hay expresiones que pueden ser limitadas o censuradas. No se puede aceptar una liberalidad absoluta de la expresión, sin tener en cuenta que hay expresiones que hieren la sociedad como podría ser el caso de una apología a la guerra, de actos de negación de la barbarie humana, de espectáculos que afecten la infancia o la adolescencia o de la misma pornografía infantil.

Una contradicción entre las dos dimensiones se materializa en diversos campos, por ejemplo, la tipificación de sanciones penales, civiles o administrativas para sancionar la responsabilidad por el ejercicio abusivo de la libertad de pensamiento y expresión.

Así pues, la libertad de expresión debe entenderse a través del vínculo entre la libertad y la

9. La Constitución de la 5ª República en Francia fue aprobada el 4 de octubre de 1958.

10. Esta expresión se encuentra en el artículo 13 de la cadh y en el artículo 10 de la cedh.

7. Cour Suprême des Etas-Unis, Commonwealth c Davis, 162 Mass 510, 39 N.E. 113 (1895) citado por Zoller, (2008: 260)

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igualdad. La libertad es la regla como principio de ejecutoria de la expresión. Empero, la igualdad fundamenta las restricciones, siempre y cuando ésta se vincule a una condición formal –existencia expresa de la ley– y a dos condiciones materiales: la necesidad y la proporcionalidad de la limitación conforme al respeto del derecho de los demás dentro de una sociedad democrática.

La libertad de pensamiento y expresión y su relación con la democracia La libertad de pensamiento y expresión es el fundamento de la democracia. En ese sentido puede afirmarse que su existencia se evaporaría, si la libertad de pensamiento y expresión no es respetada. Como se explicó en torno a los principios de libertad e igualdad en la libertad de pensamiento y expresión, la democracia participa de esa conjunción que no se reduce al campo interno del derecho, sino que irradia la sociedad. En ese orden de ideas, el Estado debe intervenir para promocionar esos bienes indiscutibles, como son la libertad y la igualdad. La igualdad debe ser considerada como un elemento de la expresión. En ese sentido la conjunción de estos elementos permite la construcción de una sociedad democrática, como clásicamente se ha explicado y como la jurisprudencia de las Cortes regionales de derechos humanos lo han recordado. En ese sentido, la Corte idh consideró la estrecha relación que existe entre democracia y libertad de expresión, al establecer que “la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente.

Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”11.

Para explicar ese vínculo entre la democracia y la libertad de pensamiento y expresión es necesario abordar dos formulaciones: (i) la noción del “debate de interés público” como elemento esencial en una democracia y (ii) la libertad de pensa-

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11. Corte idh, Caso Ricardo Canese c. Paraguay, sentencia del 31 de agosto de 2004, párr. 82; Caso Herrera Ulloa c. Costa Rica, sentencia del 2 de julio de 2004 párr.

112; y la Opinión Consultiva oc-5/85, párr. 70.

miento y expresión como condición de la existencia de otros derechos dentro de una democracia.

En cuanto al primer punto, debe indicarse que el debate público es la base de una sociedad democrática que se estructura en el intercambio de información que se produce entre el gobierno de turno y las personas. Una ausencia de ese intercambio produce un desequilibrio entre la construcción de los valores democráticos. Para la Corte idh el debate público abarca posturas solamente desde el punto de vista político, restringiendo aspectos privados que podrían confirmar un debate público en ciernes. La Corte idh en su opinión consultiva N° 5 indicó que el bien común dentro de la cadh es un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. En tal sentido, puede considerarse como un imperativo del bien común la organización de la vida social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana (…) el mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación

Deliberación, Comunicación y Participación

de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”12.

Contrario al sistema interamericano, el tedh ha ido más allá al considerar que el debate público no solo abarca posturas desde el punto de vista político13, sino que en igual sentido se formula un debate que incluye los mensajes comerciales o publicitarios. En ese sentido, la Corte, modificando una postura anterior14, consideró como lo recuerda el profesor Flauss (2008: 103), que los discursos comerciales o profesionales son 12. Corte idh, OC-5/85, “Colegiación obligatoria de periodistas” del 13, de noviembre de 1985 en http://www. corteidh.or.cr/ 13. Véase el primer capítulo del libro de Bjarne Melkevik, Rawls o Habermas: Un debate de filosofía del derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2006, págs. 43-64.

14. tedh, caso Thogeir Thogeirson c Islandia, sentencia del 25 de junio de 1992. En este caso el tribunal consideró que los mensajes publicitarios o profesionales no hacían parte de los debates públicos o generales.

parte del debate público cuando abordan aspectos como la salud pública15, medio ambiente16 o que comporte cualquier tema que aborde la libertad de expresión por su carácter de pilar dentro de una sociedad democrática. Posteriormente, el mismo profesor Flauss (ídem: 104), al hacer un seguimiento de las decisiones del tedh nos recuerda que el debate público no se limita a estos aspectos sino que puede involucrar incluso las expresiones de los directores de las multinacionales17 y la estrategia de una empresa privada, cuando ésta afecte intereses públicos18.

Como se observa, los debates públicos son esenciales para la existencia de la democracia. Éstos se enmarcan entre la libertad que se explicó en el acápite anterior y la igualdad en la medida en que en múltiples oportunidades es menester restringir esa libertad para proteger la igualdad y el principio de no discriminación que se inserta de forma subsidiaria dentro de la libertad de expresión. Esa tensión se justifica para evitar un sacrificio del “debate público” y con ello se rompa el equilibrio social que permite que el diálogo democrático se ponga en peligro sin el mencionado debate.

En cuanto al segundo aspecto, debe decirse que la libertad de pensamiento y expresión es la base esencial de la democracia por su existencia compleja, toda vez que no existe de forma aislada dentro del catálogo de derechos, sino como una condición de la existencia de otros derechos dentro de una democracia. En ese sentido, cabe recordar lo señalado por la Relatoría de libertad de expresión de la oea en su informe del 2008 que citando a la Com idh indicó que la “carencia de libertad de expresión es una causa que contribuye al irrespeto de los otros derechos humanos”19.

El tedh en algunos casos se ha referido a la vinculación de la libertad de expresión con otros 15. tedh, caso Hertel c Suiza, 31 de agosto de 1998, en http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=2 8865221&skin=hudoc-fr&action=request 16. tedh, caso Verein gegen Tierfabriken c Suiza, 28 junio de 2001, en http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp? sessionId=28865250&skin=hudoc-fr&action=request 17. tedh, caso Steel et Mores c Reino Unido, 15 de febrero de 2005, en http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.as p?sessionId=28865298&skin=hudoc-fr&action=request 18. tedh, caso Goodwin c. Reino Unido, 27 de marzo de 1996, en http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?ses sionId=28865305&skin=hudoc-fr&action=request 19. Com idh, Informe No. 38/97. Caso No. 10.548. Hugo Bustíos Saavedra. Perú del 16 de octubre de 1997. Párr.

72 en el Informe de la Relatoría sobre libertad de expresión de la cidh, 2008, p. 129 en http://www.cidh.oas.org/ relatoria/.

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La igualdad, la libertad y la democracia juegan un papel esencial en la existencia de la libertad de pensamiento y expresión.

Sus relaciones son intensas y estrechas y su interlocución, inevitable.

Bibliografía

derechos, por ejemplo en el caso del Partido Socialista y otras contra Turquía20 determinó que la libertad de opinión y de expresión implica una estrecha relación con el derecho de reunión. Esta postura ha sido reiterada en múltiples casos que tienen que ver con el derecho de asociación.

Esta relación de causalidad con otros derechos se presenta justamente porque en el ámbito de especificidad de los derechos distintos a la libertad de pensamiento y expresión, como el derecho de asociación, a la reunión, a la libertad religiosa, entre otros, la expresión es el medio esencial de su ejercicio. Como se ve, estas dos formulaciones explican el vínculo entre la democracia y el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y ubican a este derecho dentro de los fundamentos esenciales de la sociedad abierta21 que se construye a través de la deliberación colectiva.

Consideración final La igualdad, la libertad y la democracia juegan un papel esencial en la existencia de la libertad de pensamiento y expresión. Sus relaciones son intensas y estrechas y su interlocución, inevitable.

Esta conjunción de elementos permite entender por qué las cortes regionales de derechos humanos han insistido en la necesidad de promover la pluralidad, la tolerancia y el espíritu abierto en una sociedad democrática en la cual el respeto de la libertad de pensamiento y expresión es imprescindible. Por esta razón, en el presente artículo se establecieron de forma binaria los vínculos de estos elementos con la libertad de expresión, determinando su intrínseca determinación. Abordar estos debates nos permitió entender cómo se sustenta esta libertad, que se constituye en la base esencial de la existencia de una sociedad democrática. 

20. Cour edh, Caso Partido socialista y otros c Turquía, sentencia del 25 mayo, 1998 en http://cmiskp.echr.coe. int/tkp197/portal.asp?sessionId=28865873&skin=hud oc-fr&action=request. Véase igualmente, Sudre, Marguenaud, Andriantsimbazobina, Gouttenoire y levinet (2009: 647-669).

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21. Término utilizado por el filósofo Karl Popper en su libro La société ouverte et ses ennemis (2002).

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Las víctimas en los medios de comunicación Estudiantes investigadorEs:

Diana Ariza, Laura Ayala, Luz Victoria Lozano, Daniel Sacristán.

Docente investigadora: Victoria E. González M.

Semillero de Investigación en Comunicación y Derechos Humanos

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n Colombia hay un abismo entre el discurso sobre los derechos humanos y los hechos, así como la investigación se encuentra desarticulada de la práctica y la realidad nacional. Es necesario que el conocimiento producido desde los claustros universitarios salga a la luz pública, que la academia se consolide como un actor crítico y que desde una perspectiva de derechos humanos los comunicadores ayudemos a replantear el país que somos y el que queremos ser.

Por eso, como estudiantes de Comunicación Social–Periodismo de la Universidad Externado de Colombia buscamos devolver la mirada a las víctimas del conflicto para empoderarlas frente a sus victimarios, tradicionales protagonistas del discurso mediático.

La investigación que aquí nos convoca nace del interés de generar un debate acerca del tratamiento que se les da a las víctimas en los medios de comunicación. Esto nos permitirá, desde nuestro papel de comunicadores sociales, proponer una transformación en el discurso, para que los medios contribuyan desde el lenguaje a la reflexión sobre la necesidad de resarcirlas y promover su reconocimiento.

El interés se dirigió a las víctimas de guerra1 y el discurso construido en los editoriales del periódico El Tiempo. A partir de esta decisión se aplicaron, a seis textos del periódico en mención, las herramientas investigativas propias del análisis crítico del discurso, bajo la Perspectiva Histórica liderada por la investigadora austriaca Ruth Wodak. La elección, cuyo enfoque sigue la orientación filosófica de la teoría crítica, obedece a: ● Entender el discurso como una práctica social (Fairclough y Wodak, 1997) y como una manera de significar un ámbito de acción específico en el cual están incluidas situaciones, marcos institucionales y estructuras sociales determinadas. ● Dar relevancia al contexto, ya que le otorga sentido a los discursos solo en la medida en que se tiene en cuenta su utilización en una situación determinada. ● Reconocer la intertextualidad, ya que su metodología de análisis propone integrar toda la información posible de contexto al análisis y 1 Tomando como referente la definición propuesta por la organización Medios para la paz (2005), que dice: “aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro de su integridad personal o bienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, tales como combates, ataques, atentados terroristas, desplazamiento forzado y masacres, entre otros.

a la interpretación de las múltiples capas que conforman un texto hablado o escrito. ● Las prácticas discursivas se muestran en esta línea como elementos que pueden contribuir a producir y reproducir relaciones de poder desiguales entre clases sociales, mujeres y hombres y mayorías y minorías culturales o étnicas, mediante la forma como representan los objetos y sitúan a las personas (Fairclough y Wodak, 2000: 368).

Los editoriales elegidos fueron: Colombia de luto (27 de junio de 2007), El asesinato de los diputados (30 de noviembre de 2007), ¿Quién mata a los jóvenes? (18 de mayo de 2009), A extirpar este cáncer (19 de mayo de 2008), Estamos a tiempo (29 de julio de 1997), Apartadó: ¿Justicia, al fin? (28 de marzo de 2008).

La selección del corpus Para la conformación del corpus sobre el cual se aplicaron las herramientas metodológicas se tuvieron en cuenta dos consideraciones: 1. El concepto de “hecho noticioso”, entendido como asuntos de interés colectivo o hechos que causan conmoción nacional, tales como magnicidios, recrudecimiento de acciones bélicas, atentados terroristas y hechos que perturban de manera significativa el orden público (Bonilla, 1998).

2. Los actores a quienes se les atribuyen los hechos de violencia. Lo anterior nos lleva a buscar cierto “equilibrio” que permita elegir sucesos en los cuales estén implicados tres victimarios: paramilitares, guerrilla y ejército.

Esta directriz condujo la investigación a tres subtemas: masacres paramilitares, fenómeno “falsos positivos” y el asesinato de los diputados de Cali.

Sobre el medio y el género, se optó por el periódico El Tiempo, debido a su cobertura nacional y a la facilidad de acceso electrónico a números no actualizados. Elegimos el género editorial, dado que en él se manifiesta de forma más directa la ideología de un medio. La temporalidad está vinculada con el momento en el que aparecen los editoriales elegidos. Finalmente, el número de piezas periodísticas (seis, dos por cada subtema) se decidió por la necesidad de delimitar el análisis y estudiar en profundidad cada texto.

Nuestro objetivo general es identificar el tratamiento que dio el diario El Tiempo en seis de sus editoriales a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en los temas de: ma-

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Cada editorial se analizó dentro de una matriz específica, la cual buscaba identificar actores y acciones, dadas por los editoriales, en el conflicto armado colombiano, así como el reconocimiento del discurso de la publicación sacres paramilitares (Mapiripán y Apartadó), asesinato de los diputados del Valle del Cauca y “falsos positivos”.

En cuanto a los objetivos específicos, decidimos: ● Explorar el trasfondo histórico, político y social en el que se desarrollan los temas de las masacres paramilitares (Mapiripán y Apartadó), el asesinato de los diputados del Valle del Cauca y el fenómeno de “falsos positivos”. ● Identificar las teorías de rango medio que subyacen en el tratamiento que dio el periódico El Tiempo en seis de sus editoriales, a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en los temas elegidos. ● Identificar las macroteorías que subyacen en el tratamiento que dio el periódico El Tiempo en seis de sus editoriales a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en los temas elegidos.

Los elementos de análisis Cada editorial se analizó dentro de una matriz específica, la cual buscaba identificar actores y acciones, dadas por los editoriales, en el conflicto armado colombiano, así como el reconocimiento del discurso de la publicación. Cada editorial se desagregó en un análisis textual y otro contextual.

En lo textual:

● Lo narrativo: los actores, las acciones, los lugares. ● Lo estilístico: los tópicos, el uso de adjetivos dirigidos a personas, la despersonalización o ambigüedad de los sujetos. ● Lo ideológico: lo que se predica del sujeto; un modo de vida propuesto como válido; los modelos o soluciones sociales que los sujetos siguen y lo que se dice o se rechaza.

En lo contextual:

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● Información etnográfica del contexto específico: aquella que da cuenta del contexto en el que se producen y circulan los

discursos tales como declaraciones de prensa, editoriales y entrevistas. ● El trasfondo histórico: referido a los acontecimientos que en el largo plazo han antecedido a cada uno de los textos elegidos. ● Las teorías de rango medio: las posiciones explicativas de fenómenos que específicamente ocurren en Colombia. ● Las macroteorías: entendido el término desde la sociología como las grandes teorías explicativas que dan cuenta del conjunto de los fenómenos sociales.

Conclusiones del análisis crítico del discurso En lo textual En los editoriales aparecen con nombre propio los personajes de envergadura nacional destacados y conocidos previamente por la sociedad. Por ejemplo, figuran con nombre propio el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, los ministros del gobierno de turno, los comandantes de las fuerzas militares, el jefe paramilitar Carlos Castaño, la Fiscalía, las Autodefensas y las farc.

Son pocos los casos en los que los editoriales identifican a las víctimas y a los victimarios por su nombre. Los textos analizados despersonalizan la responsabilidad de las acciones y se limitan a mencionar grupos cuando se trata de la guerrilla o las autodefensas. Cuando se refieren a acciones violentas que vinculan a las fuerzas militares, en contraste, se nombran los posibles culpables y se deja libre de señalamiento a la entidad. De hecho, se defiende a las fuerzas militares.

Los editoriales están atravesados por un elemento en común: recurren a eufemismos, lugares comunes y frases populares que, en última instancia, cubren con un manto de ambigüedad los delitos cometidos por actores que a su vez son despersonalizados. El lenguaje empleado es aséptico y le resta gravedad y trascendencia a hechos como la desaparición forzada y el asesinato de civiles, que en el editorial ¿Quién mata a los jóvenes? es encubierto bajo la etiqueta de “falsos positivos”.

En los textos analizados se evidencia el uso del lenguaje como acción política y la reproducción del discurso oficialista. En definitiva, el uso de las palabras no es gratuito. Como lo dice el profesor estadounidense James Petras, “los grandes crímenes contra la mayor parte de la humanidad se justifican mediante una corrupción corrosiva del lenguaje y el pensamiento; una deliberada maquinación de eufemismos, falsedades y engaños conceptuales”.

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Quedan muchas preguntas por responder en los textos analizados, como cuáles son las circunstancias en las que se presentaron los actos violentos y exactamente quiénes son los victimarios. Esto denota una visión parcializada de los acontecimientos y una postura ambigua del periódico frente a las violaciones de los derechos humanos en el país.

Pese a que todos los editoriales rechazan los actos de violencia a los que se refieren, varía la severidad de dichos juicios dependiendo del grupo armado al que se le atribuyen. Esto es especialmente visible cuando quien ejecuta los actos contrarios al Derecho Internacional Humanitario son las fuerzas armadas del país. En estos casos no se señala como culpable al grupo sino a miembros específicos del cuerpo militar cuyo accionar está desligado con la institución a la que pertenecen.

En lo que concierne a los modelos sociales o soluciones que los sujetos siguen, las salidas propuestas están respaldadas siempre por las instituciones o los sujetos que las representan.

En lo contextual Teorías de rango medio Seguridad Democrática Se discrepa de la teoría de rango medio de la Seguridad Democrática, que pretende entender la situación de Colombia desde la óptica del terrorismo. Se encuentra un contrasentido en una política estatal que aunque niega la existencia de un conflicto armado en Colombia, está estructurada como un plan de guerra. Esta estrategia estatal busca recuperar el dominio de un territorio y reconquistar el monopolio de la fuerza en zonas dominadas por grupos al margen de la ley que, pese a no ser reconocidos por el oficialismo, han llegado a consolidarse como paraestados.

Narcotráfico La falta de reconocimiento del fenómeno del narcotráfico y sus actores en el discurso del diario El Tiempo no es acorde con la teoría de rango medio sostenida por el politólogo e investigador social Gustavo Duncan. Este autor identifica al narcotráfico como el factor determinante en la persistencia del conflicto colombiano: “el narcotráfico ha reforzado todo el legado de órdenes sociales basados en facciones clientelistas y en el uso de la violencia privada, como factor definitorio de la estructura de poder, en aquellos lugares, donde no existe un umbral mínimo de desarrollo político y económico” (Duncan: 2009).

Un callejón sin salida Una teoría de rango medio que subyace a los editoriales está esbozada en el capítulo primero de “El conflicto callejón con salida, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003 (indh)”, patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud). Según este informe, el conflicto armado colombiano es una guerra de perdedores: el proyecto revolucionario de la guerrilla naufragó y ha permanecido en la marginalidad, el Estado ha sido incapaz de resolver y prevenir nuevos enfrentamientos y la clase dirigente ha reducido la política a un festín, el conflicto a un asunto militar y la “otra Colombia” a un país secundario, violento y primitivo.

Pese a que todos los editoriales rechazan los actos de violencia a los que se refieren, varía la severidad de dichos juicios dependiendo del grupo armado al que se le atribuyen. Esto es especialmente visible cuando quien ejecuta los actos contrarios al Derecho Internacional Humanitario son las fuerzas armadas del país Según el indh, el Estado colombiano se mostró impotente frente a un conflicto de más de cuatro décadas y actuó con negligencia al abordar la lucha armada como un problema de orden público, una cuestión de bandolerismo, sin trasfondo social y político. Este documento concluye que en Colombia no existen las condiciones necesarias para que la insurgencia armada tenga éxito. Si bien la “otra Colombia” vive en zonas de colonización, abandonadas por el Estado, penetradas por la cultura de la ilegalidad, dominadas por los señores de la guerra y regidas por la ley de la selva, la existencia de una democracia –aunque sea de papel– es suficiente para impedir una revolución al estilo mexicano, cubano o nicaragüense.

En la misma línea que el informe elaborado por el indh y en contraposición a los argumentos esgrimidos por el periódico El Tiempo en sus editoriales, Peter Waldman (2006) asevera que en el país la principal tara para resolver el conflicto está en la inexistencia de un Estado fuerte, sólido, transparente y eficiente, capaz de ostentar el monopolio del ejercicio de la violencia.

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Juego de espejos Otra de las teorías de rango medio es el “juego de espejos o mímesis”, en la que se muestra cómo los grupos involucrados en el conflicto armado colombiano, emplean prácticas violentas similares de ataque y de defensa en la reafirmación de su existencia y en la consolidación de su poder local. Para los investigadores Fernán E. González, Ingrid J. Bolívar y Teófilo Vázquez (2003), “el proceso de simetrías o mímesis entre paramilitares y guerrilleros se revela con nitidez en el caso de las masacres, entendidas como un escenario cargado de significaciones, teniendo en cuenta la importancia de la mediación simbólica.

Internacionalización del conflicto armado Otra de las teorías de rango medio que se puede leer a la luz de los editoriales tiene que ver con la internacionalización del conflicto armado interno propuesta por Francisco Leal Buitrago (2006). Siguiendo a este autor, “si un conflicto armado se extiende al territorio de otro Estado, puede convertirse en internacional (o, según las circunstancias, tener carácter internacional al mismo tiempo que interno), esto, siempre y cuando otro Estado intervenga en el conflicto con tropas, o bien si alguno de los participantes en el conflicto armado interno actúa por cuenta de otro Estado”. Esto se refleja en la preocupación de los gobernantes de turno por enmarcar el conflicto interno en la guerra mundial contra el terrorismo para así obtener apoyo económico y militar de Estados Unidos.

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Carácter político del paramilitarismo Mauricio Romero (2003) sustenta en su libro Paramilitares y autodefensas 1982–2003 el carácter político de la acción paramilitar desde la década de los ochenta y deja atrás la idea del surgimiento y la consolidación paramilitar como un acto desesperado de autodefensa en ausencia de un Estado sólido.

Romero asegura que la polarización

de las elites locales frente a los negociaciones de paz con la guerrilla, la competencia del narcotráfico con la insurgencia y la fragmentación de Estado central fueron dinámicas que favorecieron la usurpación del monopolio local de la violencia por los defensores regionales del status quo que, en un clima de modernización política, se aliaron para truncar reformas estructurales.

Las autodefensas y los paramilitares, que en un inicio se distinguieron por su carácter defensivo y ofensivo, respectivamente, son los principales responsables del desplazamiento forzado de más de dos millones de colombianos y de, aproximadamente, dos terceras partes de las ejecuciones con autor identificado.

Sin embargo, sus acciones no fueron rechazadas por las elites de las zonas donde se asentaron y su presencia exacerbó el declive del Estado colombiano. Los empresarios de la coerción fueron legitimados y operaron en una zona gris, donde la línea entre lo legal y lo ilegal se diluyó.

Macroteorías El conflicto armado: Norbert Elías Tras analizar desde la perspectiva histórica el discurso de El Tiempo, se halló una macroteoría que permite caracterizar a Colombia. Según Norbert Elías, la civilización es un proceso que va desde la ausencia relativa de controles hasta la centralización del poder estatal que deriva en las sociedades contemporáneas en formas de autocontrol individuales.

“La amenaza que supone el hombre para el hombre se somete a una regulación estricta y se hace más calculable gracias a la constitución de monopolios de la violencia física… la violencia física se recluye en los cuarteles y no afecta al individuo más que en los casos extremos en épocas de guerra o de subversión social” (E lías, 2006).

Bajo la mirada de Elías, la sociedad colombiana, cuya historia ha estado atravesada por la violencia de forma constante y no coyuntural, no puede ser considerada como una nación civilizada. En las últimas seis décadas, el Estado ha fallado al conservar de facto el monopolio estable de la violencia física y el dominio sobre el territorio.

El surgimiento, la permanencia en el tiempo de guerrillas y grupos paramilitares, su expansión, legitimación y transformación de paraejércitos a paraestados en bastas zonas del país, dan cuenta de que el Estado colombiano no ostenta el monopolio de la violencia ni sus ciudadanos formas de autocontrol.

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Guerra civil: Kalyvas Contrario al discurso oficial del gobierno, en Colombia existe una guerra civil. Esto se deduce de la macroteoría de Stathis Kalyvas, quien caracteriza las condiciones específicas de este fenómeno, así: ● Un Estado que funciona de manera más o menos normal en regiones de fácil control. ● Un Estado ausente sin figuras representativas formales o informales en regiones apartadas. ● Un Estado opositor insurgente con toda la capacidad de desempeñar casi todas las funciones estatales (judiciales, administrativas, etc…) en regiones apartadas. ● Zonas intermedias con soberanía fragmentada.

Además, Kalyvas habla de un tercer actor involucrado en la guerra civil: la población. El civil es el sujeto de coacción al que se le pide fidelidad a algún bando de acción a modo de estrategia.

La supervivencia se convierte en eje fundamental de esa lealtad. Los editoriales mencionan actividades ilegales violentas ejecutadas por la guerrilla, los paramilitares y el ejército nacional. Estos hechos hacen evidentes las zonas intermedias con soberanía fragmentada que existen en el país, con presencia armada de grupos insurgentes y contrainsurgentes al margen de la ley; en estas regiones no hay una presencia sólida del Estado y la soberanía está en disputa, como en el caso del editorial Apartadó: justicia al fin en el que grupos guerrilleros y grupos paramilitares, apoyados por el ejército, se enfrentan por el control del territorio.

Esto también demuestra que los grupos armados, distintos al ejército oficial, tienen la capacidad de desempeñar las funciones estatales en los territorios periféricos que ocupan. En estas zonas, los paramilitares o la guerrilla cumplen funciones judiciales o administrativas.

Pero quizás de la conceptualización de Kalyvas el elemento que más claro podemos ver en los editoriales es cómo la población civil se vuelve un objetivo militar. Además los grupos armados buscan que los civiles tomen un bando para así dominar simbólicamente territorios estratégicos para la consecución de sus fines políticos.

Pese a que todos los editoriales hacen referencia al conflicto armado colombiano y a hechos desencadenados por los actores involucrados (el ejército, la guerrilla y los grupos paramilitares) ningún editorial aborda al narcotráfico. Según Kalyvas, este fenómeno es el que subyace a toda guerra civil, explicación que coincide con la situación colombiana y es invisibilizada en los editoriales, como ya se mencionó.

Esto también demuestra que los grupos armados, distintos al ejército oficial, tienen la capacidad de desempeñar las funciones estatales en los territorios periféricos que ocupan.

En estas zonas, los paramilitares o la guerrilla cumplen funciones judiciales o administrativas El estado moderno: Weber El análisis de los editoriales y su contexto también nos permitió concluir que el Estado colombiano está en construcción. Esto si tomamos en cuenta la definición del Estado moderno formulada por Max Weber (2002), según el cual el Estado debe poseer el monopolio de la coerción física. Es evidente que en Colombia más de un grupo armado ostenta la capacidad de control de la violencia en determinadas zonas, desarrollando así estados paralelos.

Creencia en la seguridad: Moncayo Víctor Manuel Moncayo (2004) describe en su libro El leviatán derrotado como la violencia monopolizada por el Estado también se debe sustentar en “aparatos ideológicos” que hagan parte de la violencia organizada que el Estado representa. Esto quiere decir que no solo basta con la presencia armada de las fuerzas militares para que el Estado ostente el monopolio de la fuerza coercitiva sino que esta presencia debe ir acompañada por la creencia de la población en la seguridad que respalda la presencia militar.

Moncayo señala que el gobierno nacional ha promovido una campaña de exacerbación autoritaria para impulsar su campaña de seguridad democrática, y con esto reconquistar el monopolio de la fuerza en el Estado. Sin embargo, en esta exacerbación eleva a carácter de terrorismo a cualquier critica que se presente en su contra (ídem).

Guerra difusa: González En relación con el tema de “falsos positivos”, la lógica amigo–enemigo de la que se habla en la macroteoría de Victoria González (2007) hace alusión a la “guerra difusa”, que se caracteriza por la desaparición de los límites de los conflictos bélicos, lo cual representa una extensión de la guerra en el tiempo y en el espacio. En ésta, como estrategia de ataque, desempeña un papel fundamental el miedo; por ende, todo ciudadano

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es un potencial enemigo, con más razón si tiene determinada nacionalidad o determinadas características físicas. El enemigo practica el terrorismo, una palabra con significado tan laxo que permite introducirse en cualquier discurso o contexto y usarse con total comodidad.

El terrorismo no tiene una cara definida ni una bandera y puede aparecer en cualquier lugar, lo cual lo hace mucho más peligroso y, por ende, autoriza a quienes se han propuesto la tarea salvadora de combatirlo a perseguirlo donde quiera que estén.

De otra parte, se asocia necesariamente a la “violencia contra civiles inocentes”, algo que por obvias razones genera el rechazo de los ciudadanos de bien que habitan en una sociedad democrática y los aboca a una clara posición en favor de los buenos y en contra de los malos. Así las

cosas, muchos conflictos pierden su estatus político y la violencia de los Estados y de los poderosos queda oculta (González, 2007).

Conclusiones La exploración realizada en esta investigación a través del análisis crítico del discurso con perspectiva histórica, nos permitió concluir que el tratamiento que se dio a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en los temas de masacres paramilitares (Mapiripán y Apartadó), asesinato de los diputados del Valle del Cauca y “falsos positivos” fue ambiguo, despersonalizado de los sujetos, afianzado en los prejuicios sociales y en la defensa de la institucionalidad.

También observamos que no se identifica a los responsables con un nombre propio, sino que usa un lenguaje aséptico y despolitizado –por el cons-

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tante uso de eufemismos y expresiones coloquiales– que resta gravedad a los sucesos y hace parte de una política de anestesia con el lenguaje que normaliza las situaciones y las descontextualiza.

Asimismo, encontramos un desconocimiento del trasfondo histórico, acciones que no recaen sobre un sujeto y revictimización de la población civil. La voz de las víctimas es anulada y, en los editoriales del diario El Tiempo se irrespeta su derecho a la memoria, la justicia, la verdad, la reparación y el reconocimiento. Es decir, las víctimas no son tomadas como interlocutoras válidas en este medio de comunicación.

Otra línea por la que se rigieron los editorales fue la del discurso nacionalista. El contenido tiene fuertes menciones de carácter moral, tradicional y marcada ideología conservadora, pues al poner a la Iglesia y las Fuerzas Militares como guías y cabezas de mando en situaciones de crisis social, mediadoras y actores válidos para la toma de decisiones, se está dando el mensaje de querer mantener el status quo.

Por último, la situación del país y actuación de los grupos señalados en los editoriales (guerrilla, paramilitares y militares) da cuenta de un panorama de guerra civil mas no uno de terrorismo. 

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Moncayo, Víctor Manuel. El Leviatán Derro-

No se identifica a los responsables con un nombre propio, sino que usa un lenguaje aséptico y despolitizado –por el constante uso de eufemismos y expresiones coloquiales– que resta gravedad a los sucesos y hace parte de una política de anestesia con el lenguaje que normaliza las situaciones y las descontextualiza tado (2004). Bogotá: Grupo Editorial Norma.

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Participación política: comunidad LGBTI en la Web 2.0 Estudiantes investigadorEs:

Catalina Ruiz Vergara, Ricardo Andrés Monsalve Arague.

Docente investigador:

Diego A. Mazorra C. Semillero de Investigación en Comunicación y Derechos Humanos

Resumen

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El texto da a conocer algunas características de los modos de participación política que han ido construyendo las personas pertenecientes a la comunidad lgbti en Colombia. Se analiza la relación entre comunicación, opinión y participación política de la comunidad lgbti, desde la percepción sobre la temática gay. Se utilizó el término gay, contrario a lgbti, no como un sinónimo, sino con la intención de abordar las percepciones de los colombianos sobre el tema que giran sobre esta palabra. El trabajo analiza algunos datos extraídos de la encuesta de la Investigación en Comunicación y Participación Política de la Universidad Externado de Colombia. Finalmente, a partir de las conclusiones, se dejará planteada una propuesta para que posteriores investigadores profundicen en un caso particular de la Web 2.0 dándole aplicación a la temática.

Palabras Clave: Participación política; Comunicación; Opinión; Participación política en Internet; Web 2.0; Género; Comunidad lgbti.

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Abstract The text unveils some characteristics of the modes of political participation that have been built of persons belonging to the lgbti community in Colombia. We analyze the relationship between communication, opinion and political participation of the lgbti community, from the viewpoint on the subject Gay. We used the term Gay, contrary to lgbti, not as a synonym, but with the intention of addressing the perceptions of Colombians on the subject that revolve around the word. The paper analyzes some data from the Survey of Research in Communication and Political Participation of the Universidad Externado de Colombia. Finally, based on the findings, it will put forward a proposal forsubsequent researchers delve into a particular case of giving Web 2.0 application to the subject.

Keywords: Politic participation; Comunication; Opinion; Internet Politic Participation; Web 2.0; Gender; lgbti Community.

Introducción

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l siguiente artículo es fruto del trabajo del Semillero de Investigación en Comunicación Política. En él se discuten los resultados descriptivos obtenidos de la encuesta en Comunicación y Participación Política 2010, dentro del marco del trabajo de investigación realizado por el Centro de Investigación en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia. La encuesta fue realizada en el año 2010, y se considera representativa para la población urbana colombiana. En ella se encuentran una serie de preguntas que permiten medir la relación entre comunicación, opinión y participación política de los colombianos sobre la población que se puede considerar bajo la categoría Lgbti. Del total de las preguntas se realizó una selección de las mismas, teniendo en cuenta cuáles se relacionan de manera más apropiada con la temática y finalidad de nuestra investigación. Estos son resultados de un proceso de investigación que plantea identificar las estructuras que configuran la percepción sobre esta comunidad desde la participación política tradicional y desde los medios que posibilita la Web 2.0.

En este texto nos hemos propuesto estructurar las relaciones conceptuales, llevadas a la práctica de participación política en relación con las temáticas que identifican a la comunidad Lgbti en Colombia desde la perspectiva conceptual de Pierre Bourdieu, teniendo en cuenta que dicha participación se desarrolla en el campo político tradicional y también en el de la Web 2.0. Este último se ha convertido a raíz de la aparición de Internet, en un ciberespacio que le abre paso “al activismo social nuevas herramientas de intervención política como las campañas virtuales, el correo electrónico, los grupos de discusión, foros, boletines, manifiestos on line, portales colectivos, sites de las organizaciones y agencias de información alternativa o contrainformación” (Lago, 2008: 105).

Además se tiene en cuenta que discusiones del pasado como la discriminación de la mujer frente al hombre, el machismo, el feminismo, son temáticas ya desarrolladas. Es por esto que se ve en la comunidad Lgbti1 de Colombia, específicamente en el escenario de la Web 2.0, el segundo objeto de estudio de esta investigación, para conocer las formas de participación política que han desarrollado en el escenario ya mencionado.

De acuerdo con lo anterior y para hacer más claro el direccionamiento de la investigación planteamos su desarrollo en dos etapas fundamentales: 1. ¿Qué formas de participación política tradicional y en la Web 2.0 han construido las personas con relación a las temáticas que identifican a la comunidad lgbti en Colombia?

Para responder esta orientación, se procederá a explicar los antecedentes conceptuales, para luego hacer una base de análisis de los datos arrojados por la encuesta realizada por la Universidad Externado de Colombia en el marco de la Investigación Comunicación y Participación Política Colombia 2010, que arroja resultados nacionales en las principales ciudades del país, con una batería de preguntas que dará el marco general para interpretar las relaciones entre comunicación, participación política y opinión sobre las comunidades lgbti.

2. ¿Qué modos de participación política tradicional y en Internet tienen las personas que se identifican como comunidad Lgbti en Colombia, observadas desde la encuesta de 1 lgbti será entendida en la presente investigación como las siglas que determinan el grupo de personas conformado por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.

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Comunicación y Participación Política de la Universidad Externado de Colombia?

Luego de haber analizado la parte teórica y los datos descriptivos de la encuesta, se dejará planteada una propuesta a partir de las conclusiones de la investigación, abriendo la posibilidad de darle continuidad y profundización a la temática con un caso o casos específicos que permitan darle aplicación a lo obtenido hasta este punto.

Relaciones entre comunicación, opinión y participación política desde la percepción LGBTI a partir de la encuesta de comunicación y política 2010 Del habitus y la participación política Para poder hablar de los habitus de participación política, es indispensable conocer en qué consiste el concepto y de qué manera será abordado en esta investigación. De acuerdo con el sociólogo francés Pierre Bourdieu, el habitus (siendo uno de los conceptos centrales de su obra) “hace referencia a la aptitud de los agentes a orientarse espontáneamente dentro del espacio social, a reaccionar adoptivamente a los eventos y a situaciones enfrentadas” (Moreno y Ramírez, 2003: 20).

El habitus hace referencia a la aptitud de los agentes a orientarse espontáneamente dentro del espacio social, a reaccionar adoptivamente a los eventos y a situaciones enfrentadas

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La participación política tiene estrecha relación con el habitus. Éste tiene dos niveles, que influyen directamente en las personas o grupos de personas que participan políticamente. El primer nivel se refiere a “las posiciones más viejas o más antiguas, y que son las más durables, siendo las que se creen más innatas, que dan los rasgos de la personalidad y no están directamente dirigidas por la experiencia social (…) El primario es el habitus más decisivo para la construcción de la personalidad” (ídem). Es decir que la participación política de las personas es antecedida por un nivel inicial que forma cada uno de sus caracteres. Es algo subjetivo, que define su accionar político en determinado momento, pues pese a que un grupo de perso-

nas decida participar en política por ideas, sentimientos, situaciones afines, etc., cada una va a tener un habitus primario propio.

Así mismo, el habitus secundario se relaciona aún más directamente con la participación política, pues va más direccionado a ese conjunto de disposiciones que cada persona o grupo de personas han adquirido y esto por supuesto afectará la manera de actuar, obrar, sentir, pensar y percibir de cierta manera. Son “el conjunto de disposiciones adquiridas con posterioridad, pero que son formadas gracias a la adquisición de nuevos capitales, como en el caso de los constituidos por el capital escolar, habitus familiares. Sobre la compleja base de estos dos habitus, se vendría a construir el habitus profesional y dependiendo de cada nuevo capital el habitus correspondiente. Por lo tanto, el habitus es una estructura terna, siempre en vía de reestructuración” (ídem).

Lo anterior se relaciona con el concepto de participación política, pues es importante conocer cómo la relevancia de cierto tipo de disposiciones en la formación personal innata y en la adquirida, afecta la formación del habitus de cada persona.

Para ello hay tener en cuenta a Eugenie Richard y Hernando Rojas (2010: 173), quienes definen la participación política como una “matriz de acción, de comportamientos individuales y de percepciones, basada en las experiencias pasadas de cada individuo”. La participación política se considera como una práctica del agente o de los agentes sociales, teniendo en cuenta que dicha acción participativa puede manifestarse a través de diferentes modalidades, las cuales estarán totalmente ligadas a los habitus que son los que determinan la necesidad o no de la participación por parte de los agentes sociales. Esta participación, de acuerdo con la investigación, está netamente encaminada a las modalidades participativas que las personas que se identifican o apoyan a la comunidad Lgbti tienen en el campo de la política en general y dentro del mismo campo o ambiente de la Web 2.0 que se desarrollará más adelante.

Entonces es necesario conocer en primer lugar de manera general ciertos factores formadores del habitus para la participación política en general, antes de abordar directamente los tipos de participación política en la Web 2.0, pues el habitus es el que permite determinar el perfil de los encuestados y las características relevantes, como el carácter de su formación escolar, su consumo mediático, etcétera y cómo puede influir esto en su participación política.

La formación del habitus fue analizada en la encuesta a partir de ciertos tipos de actividades realizadas por los encuestados. Dichos factores

Deliberación, Comunicación y Participación

obedecen a la formación del habitus secundario previamente expuesto. Entre los principales se destaca el nivel educativo, en donde predomina la secundaria completa equivalente al 32,8% representativo de 349 encuestados. El promedio general está entre la secundaria incompleta y la secundaria completa. Adicional a esto, la actividad principal de los encuestados tiene una alta tendencia a estar encaminada al trabajo, pues el 50,1% realizan esta actividad, seguida de un 24,8% que se dedican a los oficios del hogar. También se analizó la conformación del hogar de los encuestados en donde la respuesta más frecuente fue la de la persona encuestada y dos personas más, equivalentes a la pareja y un hijo.

40 35 30 25 20

Además se consideró relevante conocer el nivel de consumo mediático por parte de los encuestados, pues el tipo de noticias evidencia preferencias y significancia ante ciertas temáticas, entre las que se incluye la política y las temáticas Lgbti. El 21,1% de los encuestados consume noticias internacionales, el 34% sobre la ciudad, el 30,9% sobre orden público, el 25,9% sobre política nacional y el 23,4% sobre medio ambiente. Allí se destaca que el 47,2% de los encuestados no le ponen ningún tipo de atención a noticias sobre la comunidad gay, lo que marca una tendencia muy baja de atención a estas temáticas, situación similar a las noticias del mundo empresarial (Gráfico 1).

Serie 1 34

30,9 25,9

21,1

15 10

23,4 14,6 8,9

5 0 Noticias internacionales

Sobre su ciudad

Orden público

Gráfico 1.

Particularmente para las temáticas gay, empleadas en este texto no como un sinónimo, sino con la intención metodológica de abordar las percepciones de los colombianos que giran sobre el término Lgbti, es de destacar que de 1.064 encuestados, el 24,92% apoyan al matrimonio gay y están en contra de este en un 75,08%. La percepción que tienen los encuestados sobre la comunidad Lgbti se midió a través de ciertos adjetivos en una escala de 0 a 5, donde 0 es equivalente a que dichos adjetivos no los describe y 5 a que los adjetivos los describe muy bien. Para el adjetivo de inteligentes se obtuvo un promedio de 2,62 en la escala. Para la opción de bien intencionados el promedio es de 2,35 y para la opción de confiables el promedio es 2,24. Esto permite inferir que los encuestados no tienen un estereotipo establecido de lo que determina o define a los gay, término que para una mejor comprensión por parte de los encuestados al momento de responder las preguntas abarca el gran concepto de los Lgbti.

Así mismo se emplea una escala de 0 a 5, en donde 0 es en total desacuerdo y 5 en total acuerdo para la opción: Donde sería conveniente para

Política Nacional

Medio ambiente

Sobre la comunidad gay

Mundo empresarial

el país que estas personas: no se le permitiera ser candidatos presidenciales. El promedio es de 2,29 en la escala y 380 personas están en total desacuerdo y 304 están de acuerdo; lo que determina que hay una tendencia no muy significativa de brindarles la oportunidad de participar políticamente como candidatos a la presidencia, a las personas que se identifican o apoyan a la comunidad Lgbti.

La participación política general también está relacionada con el nivel de importancia de las formas de obtener información y noticias en medios de comunicación por parte de los encuestados. La televisión es considerada por el 68,8% de los encuestados como el medio más importante y el 7,4% de este porcentaje le presta atención a temáticas gay o Lgbti. Está seguida de la radio con un 36,7%, del cual solo 6,1% le presta mucha atención a temáticas Lgbti o gay. Por su parte la prensa escrita ocupa el tercer lugar en importancia para obtener información y noticias, con un 28,6%. De este porcentaje tan solo el 5,1% le presta mucha atención a los temas gay. Finalmente está Internet, con un 27,3% en importancia.

Del porcentaje anterior, el 5,3% le presta mucha atención a estas temáticas (Gráfico 2).

101

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Revista Comunicación y Ciudadanía 5

100 80 90 70 60 50 40 30 20

7,4

6,1 68,8 36,7

10

5,1

5,3

Atención noticias

28,6

27,3

Medio más importante

Prensa

Internet

0 TV importante

Radio

Gráfico 2.

La participación política y la comunicación

102

Para la investigación también fue importante tener en cuenta la forma como se gesta la participación política a partir de las relaciones interpersonales y comunicativas de los encuestados en diferentes ámbitos de su cotidianidad.

Consideramos que el hecho de comentar y tratar temáticas como la política, o lo relacionado con lo lgbti afecta directa o indirectamente sus formas y niveles de participación.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que, para fines de este trabajo, el concepto de la participación política será entendido en primer lugar como “las formas de gobierno, los mecanismos y los procedimientos orientados a establecer un orden y a organizar la convivencia” (Henao, 2009: 1.412). Y también a partir de la participación, entendida como una práctica del agente o de los agentes sociales teniendo en cuenta que dicha acción participativa puede manifestarse a través de diferentes modalidades, las cuales estarán totalmente ligadas a los habitus que son los que determinan la necesidad o no de la participación por parte de los agentes.

A su vez y teniendo en cuenta lo anterior, la participación política se entiende como una “matriz de acción, de comportamientos individuales y de percepciones, basada en las experiencias pasadas de cada individuo”, lo que la relaciona directamente con lo planteado en el apartado anterior, en donde especificamos la construcción del habitus secundario según Bourdieu (Richard y Rojas, Op. cit.: 173). Entonces, si la participación se considera también como una práctica del agente o de los agentes sociales, en este caso serán las personas que se identifican o apoyan a la comunidad lgbti las que se manifestarán a través de diferentes modalidades ligadas a los habitus.

En primer lugar los ligan los vínculos afectivos, en los cuales está la supremacía de la amistad y el afecto, que son dos factores que generan lazos que los unen en pro de prácticas y por consiguiente de habitus. “La amistad es el punto de partida para su constitución como sujetos sociales, mientras que en otros casos los vínculos afectivos surgen a partir del proceso de organización y de las experiencias colectivas vividas (habitus secundario). En cualquiera de los dos casos la amistad constituye un lazo muy fuerte que liga” (…) a las personas que se identifican o apoyan a la comunidad lgbti, (…) si bien no juega el mismo papel en todos los colectivos, dentro de los cuales el proceso de vinculación se produce a partir de otros elementos que dan lugar a la configuración de vínculos sociales” (Henao, Op. cit.: 1.418).

Los vínculos sociales están definidos a partir de la condición social compartida por parte de los agentes sociales. Entre las principales condiciones se destacan: “ser joven, estudiante, mujer, hombre, homosexual, trabajador, afrodescendiente o perteneciente a un sector y estrato socioeconómico de la ciudad dado, son condiciones a partir de las cuales se produce la asociación” (ídem). Esta asociación por factores y condiciones comunes son las que permiten que haya una reunión de elementos para generar habitus similares entre los agentes, de acuerdo con lo planteado en la pregunta de investigación.

Teniendo en cuenta que los vínculos afectivos y los vínculos sociales son aquellos que median en la construcción de las formas de participación, es fundamental recurrir a la parte de la Encuesta de Participación Política 2010, en donde se trata todo este tipo de interrelaciones comunicativas que dan lugar a formas de participación política y es oportuno jugar con la interrelación de diferentes variables que permitan conocer dichas formas participativas dependiendo de los tipos y escenarios de participación.

Deliberación, Comunicación y Participación

Si se traslada a escenarios específicos de relaciones interpersonales ligado directamente a la atención prestada a noticas gay o lgbti, encontramos que en la encuesta 130 personas no comentaron con miembros de su familia sobre temas de política y no les prestan atención a noticias sobre temas gay. Tan solo 95 les prestan mucha atención. Por su parte 322 personas que no comentaron con nadie de su trabajo sobre temas de política en el último mes no les prestan atención a noticias sobre temas gay. Solo 95 les prestan mucha atención. En el escenario de su vecindario, 352 personas que no comentaron con nadie sobre temas de política en el último mes no le prestan atención a este tipo de noticias. Solo 95 personas les prestan mucha atención. Finalmente de 238 personas que no comentaron con ninguno de sus amigos sobre temas de política en el último mes, no les prestan atención a temas gay. De estas personas, 95 les prestan mucha atención.

Ahora bien, si trasladamos la atención prestada a temáticas gay y la comparamos con cierto tipo de afirmaciones que hacen referencia a formas particulares de participación, encontramos que para la opción de no estoy de acuerdo con los demás, prefiero seguirles la corriente que discutir sobre ello: 28 personas que estuvieron en total desacuerdo

con la afirmación, les prestan atención a temáticas gay; 27 personas que están en total acuerdo les prestan mucha atención. También para la afirmación Tiendo a expresar mi opinión, solamente en torno a amigos o demás gente en la que confío: 29 personas que estuvieron en total desacuerdo con la afirmación, les prestan atención a temáticas gay y 35 en total acuerdo les prestan mucha atención.

Por otra parte, consideramos importante conocer la relación entre la atención a temáticas lgbti con el consumo mediático y las formas de participación en actividades que involucren a la política. Allí se pudo evidenciar que el 9,2% de los encuestados que consideran a la televisión como el medio más importante para informarse asisten a las manifestaciones políticas. De ese porcentaje el 1,4% de los que asisten le dan mucha importancia al matrimonio gay. El 55,8% de los encuestados no asisten y de este porcentaje el 10,3% le dan mucha importancia a las temáticas lgbti. De igual manera el 4,6% de los encuestados que consideran a la televisión como el medio más importante para consumir información asisten a las manifestaciones. 0,3% de los que asisten le dan mucha importancia al matrimonio gay. Del total de los encuestados, el 60,5% no asiste, del cual el 11,4% le dan mucha importancia (Gráfico 3).

80 11,4

70 10,3

60 50 40

60,5 30

55,8

20 10

Importancia del matrimonio gay

1,4 9,2

0

0,3

Medio de comunicación Televisión

4,6

Sí asiste a No asiste a Sí asisten a manifestaciones manifestaciones una protesta políticas políticas social o política

No asisten a una protesta social o política

Gráfico 3

103

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Finalmente, para complementar el análisis previo, se describió el tipo de atención que les dan a temáticas lgbti los encuestados que participan en cierto tipo de organizaciones con algún grado de relación política. Se encontró que para la opción de sindicato, el 1,7% de los 1.064 encuestados es miembro activo y solo el 0,3% les presta mucha atención a temáticas gay. El 2% es miembro no activo y el 0,2% de este porcentaje les presta mucha atención. El 96,3% de los encuestados no es miembro y tan solo el 0,5% les presta mucha atención.

Para la opción de pertenecer a un grupo de mujeres, el 1,8% del total de encuestados es miembro activo, del cual el 0,3% les presta mucho atención a las temáticas lgbti. El 1,9% es miembro no activo y les presta mucha atención un 0,1%. El 96,3% no es miembro y les presta atención un 0,7%. Por último, para la opción de los encuestados que pertenecen a un partido o movimiento político, el 2% de los encuestados es miembro activo y el 0,3% les presta mucha atención a los temas relacionados con lo lgbti. El 3,3% es miembro no activo y les presta atención un 0,4%. El 94,7% no es miembro y de este porcentaje el 8,3% les presta mucha atención a las temáticas gay.

Participación política en internet

104

Como ya se había mencionado, el escenario de participación política en el que se pretendía hacer el mayor énfasis de la investigación es el de la Web 2.0. Hay que tener en cuenta que en este tipo de escenario existe la posibilidad de interacción que se logra a partir de las diferentes aplicaciones en la Web. Dicha interacción permite compartir información y se ve ejemplificado en

ciertos servicios Web, aplicaciones, servicios de redes sociales, alojamientos de video, etc.

La Web 2.0 se caracteriza porque sus usuarios pueden interactuar entre sí y pueden a la vez hacer intercambios de contenido. Vale la pena resaltar que técnicamente no obedece a ningún tipo de actualización de las especificaciones de la Web 1.0, tan solo obedece a un cambio tanto de los desarrolladores de Web como de los usuarios finales que utilizan la 2.0, que en este caso son las personas que se identifican o apoyan a la comunidad Lgbti de acuerdo con la Encuesta de Comunicación y Participación Política 2010.

La Web 2.0 permite la participación activa de los usuarios, a través de opciones que les permiten tener voz dentro de la Web, como más adelante lo evidenciaremos en la relación con la encuesta. No obstante, las personas tienen la posibilidad de administrar sus propios contenidos, opinar sobre otros, enviar y recibir información debido a que cuenta con una estructura más dinámica y utiliza formatos de carácter más moderno lo que posibilita hacer uso de más funciones.2 Para la participación política, Internet estimula el creciente control privado, lo que limita de manera directa la posibilidad de una democracia real. La capacidad de que los ciudadanos se autogobiernen de acuerdo con sus gustos ahora es más factible a través de la selección por Internet, la escogencia televisiva y las diferentes opciones de comunicación. Sin embargo, “en un sistema que cuenta con sólidos foros públicos y con intermediarios del interés general, el autoaislamiento resulta más difícil, y los individuos 2 Tomado de http://sociedadinformacion.fundacion. telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ ES&id=2009100116300061&activo=4.do?elem=2146

Deliberación, Comunicación y Participación

tienen contacto, de forma frecuente, con opiniones y materiales que no habrían elegido de ante mano” (Sustein, 2003: 59).

De acuerdo con el concepto de habitus secundario visto antes, en donde se resalta la importancia de los vínculos sociales como motor de las formas de participación, es oportuno aclarar que los usuarios de Internet (Web 2.0) para esta investigación son considerados como “multitudes inteligentes que están formadas por personas capaces de actuar conjuntamente aunque no se conozcan” (Rheingold, 2004: 18).

Tomando en cuenta lo anterior y de acuerdo con la Encuesta de Comunicación y Participación Política 2010, respecto al uso de Internet y a la atención prestada a temáticas gay, el 14,4% de quienes usan Internet consideran que los medios de comunicación influyen en la opinión general sobre el matrimonio gay.

Por su parte, el 5,5% de quienes usan Internet consideran que los medios influyen en su propia opinión sobre el matrimonio gay.

Las redes sociales son un medio actual de participación de todo tipo. En efecto son consideradas como “las nuevas formas sociales de la última década del siglo xx que se desarrollaron gracias a que Internet permitía una comunicación social entre colectivos. Las nuevas formas sociales de comienzos del siglo xxi afianzarán notablemente el poder de las redes sociales” (ídem: 24).

Para los fines de la investigación se analizó cómo es la participación política en ellas y su relación

con las temáticas lgbti, a partir de la vinculación de los encuestados a redes sociales en línea como Facebook, My Space, Hi5, Target o Twitter. El 6,2% que está vinculado a redes sociales, les presta mucha atención a temáticas gay, el 23,5% del total de los encuestados no les presta ninguna atención. Y el 4,5% de los que no están vinculados a redes sociales les prestan mucha atención a los temas lgbti. El 17,5% no les presta atención.

En cuanto a los usos que se les da a las redes sociales, se consideró relevante el tipo de actividades participativas a través de la Web 2.0 y que estuvieran relacionadas con las temáticas lgbti. De acuerdo con esto, el 1,4% que Nunca envía fotos o videos a sus contactos, le da mucha importancia a la temática gay. 5,7% que envía frecuentemente fotos o videos a sus contactos, les da mucha importancia a estos temas. El 2% que Nunca expresa sus opiniones sobre temas de actualidad, le da mucha importancia a lo lgbti.

4,6% que frecuentemente expresa sus opiniones, les da mucha importancia los temas gay.

Además el 0,3% que Nunca se mantiene en contacto con su familia y amigos a través de los medios de la web 2.0, les da mucha importancia a estos temas. El 6,9% que se mantiene frecuentemente en contacto, le da mucha importancia a la temática gay. Es de resaltar que el 2% que Nunca moviliza sus contactos en torno a causas sociales o políticas, les da mucha importancia. 1,5% que moviliza sus a sus contactos, le da mucha importancia a la temática gay (Gráfico 4).

8 7 6

1,5

5 4

5,7

6,6 6,9

3 5,2 2 1

Frecuentemente 2 1,4 0,3

0 Envía fotos o videos a sus contactos

Gráfico 4

Expresa sus opiniones sobre temas de actualidad

Se mantiene Movilizan sus en contacto contactos en con su familia torno a causas y amigos sociales o políticas

Nunca

105

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Revista Comunicación y Ciudadanía 5

Pero la participación en Internet no solo se da a través de redes sociales, también a través de otro tipo de actividades en diferentes aplicaciones presentes en la Web 2.0. En el caso del uso del correo electrónico para mantenerse en contacto con familiares y amigos, el 23,2% de las que lo usan frecuentemente, no le ponen atención a las temáticas gay. Tan solo un 7,3% les importa las temáticas lgbti. Por su parte, quienes usan el correo electrónico para comentar temas políticos o de actualidad, un 2,2% de las que lo usan frecuentemente, no le ponen atención a lo lgbti, hay un 2,9% que le importa. Para la

actividad de comentar noticias o columnas de opinión que aparezcan los medios de prensa en línea, al 1,6% de las que usan frecuentemente, no les ponen atención a las temáticas gay: solo al 1,9% sí les importa. En el caso de los encuestados que participan en foros de discusión en línea, al 0,7% de las que lo usan así y de manera frecuente, no les ponen atención a estos tópicos. Al 0,7% sí les importa. Y finalmente para aquellos que visitan blogs de carácter político, el 0,5% de las que lo usan frecuentemente, no les ponen atención a estos asuntos; al 1,4% les importa estas temáticas (Gráfico 5).

35

Sí importancia sobre temáticas gay

30 25

No importancia sobre temáticas gay

7,3

20 15 23,2 10 5

2,9

0 E-mail familia amigos

1,9 1,6

0,7

2,2 E-mail comentarios sobre temas políticos

Comenta noticias o columnas de opinión

Participa en foros de discusión

0,7

1,4 0,6

Visita blogs de carácter político

Gráfico 5

106

Adicional a esto y tomando en cuenta el desarrollo tecnológico, otro canal de consumo de Internet y vía de comunicación para la participación de todo tipo son los celulares inteligentes o smartphones. Consideramos analizar cómo es el consumo desde este tipo de tecnología de acuerdo con las actividades que se realizan desde allá y si hay acciones que involucren las temáticas Lgbti.

De acuerdo con la encuesta, el 9,4% que nunca envía o recibe correos electrónicos a través del celular, le da mucha importancia a la temática gay.

Un reducido 0,1% que envía o recibe frecuentemente, le da mucha importancia. A su vez un 9,3% que nunca moviliza sus contactos en torno a causas sociales o políticas por medio del celular, le da mucha importancia a la temática gay. De los que movilizan a sus contactos a través de este medio nadie le da importancia (0%).

Conclusiones Es importante tener en cuenta que las conclusiones serán consideradas como herramientas de correlación para posibles aplicaciones futuras de esta investigación. Para este efecto, servirán como guía para ampliar la temática y serán un soporte en caso de que posteriormente se dé la posibilidad de contrastar los modos de participación política apreciados en la encuesta, con el escenario de la Web 2.0 de una institución que opere allí3.

3 Un posible escenario podría ser la Fundación Radio Diversia, la cual se identifica plenamente con la comunidad Lgbti y, a su vez, emplea la Web 2.0 como plataforma para ser emisora radial virtual y portal de aplicativos como chat, buzón de correo y acceso directo a redes sociales, a través de los cuales se da la participación política.

Deliberación, Comunicación y Participación

Dando alcance a lo anterior, las siguientes conclusiones además permiten definir el habitus específico de las personas que participan políticamente y están interesadas en las temáticas gay, siendo también elementos de orientación para la continuidad de la investigación: En primer lugar, hay que tener en cuenta que aquellos encuestados que no participan políticamente poco les interesa el tema gay. Por el contrario, a aquellos a los que les interesan las temáticas lgbti tienen consumos mediáticos como el Internet (Web 2.0) y el desarrollo de sus relaciones interpersonales está relacionado con contenidos o temáticas enfocados a la política.

Así mismo, es relevante considerar que hay un mayor interés en las noticias de otro tipo como las de orden público y sobre la ciudad, en comparación con las relacionadas con temáticas gay o lgbti a las que no se les presta mucha atención.

Esto conduce directamente a hablar de los medios a través de los cuales se realiza el consumo de los diferentes tipos de noticias. Allí se encontró a la televisión como el medio más importante para obtener información. Además se pudo apreciar que quienes consumen este medio son los que más atención les ponen a temáticas gay, por encima de otros medios considerados en la encuesta, como prensa, radio e Internet, de los cuales los dos últimos aplican para analizar las formas de participación política que se puede dar a través de estos medios desde la plataforma Web 2.0, en el caso de la Fundación Radio Diversia.

(Ver nota al pie N° 3).

De acuerdo con la encuesta, se puede decir que la opinión general y personal sobre los gay no se ve ampliamente afectada por los medios de comunicación, lo que quiere decir que lo mediático no está formando un estereotipo o estereotipos determinados sobre las personas que se identifican como lgbti. Esto abre la posibilidad a pensar que otro tipo de relaciones sociales como las de tipo interpersonal directo, sean las que construyan la opinión sobre estas temáticas y a la vez per-

mite preguntarse qué nivel de impacto puede tener una institución en la Web 2.0 si los medios de comunicación, incluido Internet, no tienen tanta trascendencia en estos temas.

Sin embargo, pese a que hay una tendencia clara en la que los encuestados toman a la política como tema de discusión con sus círculos sociales, no siempre quienes tratan aspectos políticos son los que le prestan mayor atención a las temáticas gay. Esto se evidencia en los niveles de participación en eventos o manifestaciones políticas tradicionales, pues los encuestados que asisten a ellos no les dan relevancia a los temas lgbti. Además, en prácticas como la de pertenecer a un partido político, se evidenció que los temas gay son mayormente atendidos por aquellos que no están activos en este tipo de movimientos.

Adicional a esto, se encontró que hay un bajo porcentaje que les presta atención a las temáticas Lgbti a partir del uso de las redes sociales.

Se hace evidente el hecho de que la no atención a estas temáticas predomine tanto en las personas que usan las redes sociales, como en las que no hacen uso de ellas. Siendo esto así, ¿qué tan efectivo y positivo puede resultar para una institución en la Web 2.0 (Radio Diversia) buscar participación política orientada a temáticas lgbti, si no se obtiene un impacto significativo?

Así mismo y de acuerdo con las actividades que se contemplaron en la encuesta como aquellas que se pueden realizar en Internet, se evidenció que para acciones cotidianas como la de enviar correos electrónicos, comentar noticias online o comentar temas políticos de actualidad, hay un mayor interés por las temáticas que solo relacionan a la política o que son canales de participación política, pero al momento de hablar de temas lgbti y su relación con las actividades realizadas en Internet se evidencia un bajo interés por la temática gay.

Además, en el caso particular de los celulares, especialmente smartphones como canal de participación política y comunicación a través de Internet, de acuerdo con los bajos porcenta-

Sin embargo, pese a que hay una tendencia clara en la que los encuestados toman a la política como tema de discusión con sus círculos sociales, no siempre quienes tratan aspectos políticos son los que le prestan mayor atención a las temáticas gay. Esto se evidencia en los niveles de participación en eventos o manifestaciones políticas tradicionales, pues los encuestados que asisten a ellos no les dan relevancia a los temas lgbti.

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jes arrojados por la encuesta, se comprende que no representan un canal significativo tanto para las formas de participación política como para la atención y relevancia dada a las temáticas Lgbti desde Internet. Para instituciones en la Web 2.0 que buscan participar políticamente orientadas a temáticas gay, es momento de evaluar si realmente hay un problema cuando se pasa del escenario de real al virtual y si sigue siendo más efectivo participar políticamente con temáticas lgbti de manera tradicional que de manera virtual.

De acuerdo con la correlación de las variables de la encuesta, para determinar la relación entre participación política, opinión y comunicación respecto a la percepción de una muestra significativa de la población colombiana sobre la temática gay-lgbti, se evidencia como gran conclusión que en algunos casos esta temática puede estar en proceso de conversión a ser un tema político, como se ve en las relaciones interpersonales de los encuestados que tocan temas políticos y le dan importancia a lo lgbti. Sin embargo, se aprecia una tendencia mucho mayor a que la participación política tradicional y especialmente la que se da a través de la Web 2.0 tenga porcentajes realmente bajos.

Participar políticamente, entonces, no hace parte de las prioridades de los encuestados y para aquel bajo porcentaje que sí lo es, no siempre se les da importancia a los temas lgbti. Específicamente, las temáticas gay no trascienden en todos los círculos de participación política, de opinión y comunicación de los encuestados. Es un tema que carece de relevancia y que evidentemente, de acuerdo con los resultados previamente expuestos, prefiere ser reemplazado por las personas para tratar otro tipo de temáticas en escenarios de participación política tradicional y de participación en la Web 2.0. 

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RESEñAS

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Reseña

Revista Comunicación y Ciudadanía 5

Desarrollo y subdesarrollo del derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo Xix. Autor: Robert C. Means (trad. de Alberto Supelano) ISBN/ISSN: 978-958-710-719-7 / Año: 2011 Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 396 pp.

PVP$ 50.000

E

l libro del profesor Robert Charles Means, Desarrollo y subdesarrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo xix, trata un tema poco estudiado en el país y en América Latina: la relación entre el subdesarrollo económico y jurídico, y el desarrollo de las sociedades comerciales y de las normas legales que reglamentan sus actividades.

Además, desde una óptica poco común en nuestro medio, la del Derecho comparado, entre las normas de los países que siguen la tradición del Derecho civil y las de los que siguen la tradición del Derecho anglo-sajón.

El Estado posmoderno Autor: Jacques Chevallier (trad. de Oswaldo Pérez) ISBN/ISSN: 978-958-710-734-0 / Año: 2011 Características: 14 x 21 cm., tapa rústica, 448 pp.

PVP: $ 57.000

P

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arece que las sociedades contemporáneas conocieran, al principio de este siglo xxi, una transformación profunda de sus principios de organización. Se podría pensar que se ha entrado en una nueva era, en la cual la arquitectura social, en su totalidad, estaría en curso de redefinirse al precio de fuertes conmociones: la sociedad “moderna”, cuyos contornos se trazaron en Occidente antes de ser propagados a escala planetaria, tiende a dar paso a una sociedad nueva, que, aunque arraigada en la modernidad, presenta unas características diferentes, por lo tanto “posmoderna”. Los cambios que afectan al Estado son solo uno de los aspectos de esta transformación y, como tales, son indisociables de los movimientos de fondo que agitan “lo social”. El ingreso del Estado en la era de la posmodernidad se traduce en el cuestionamiento de sus atributos clásicos, sin que sea posible trazar los contornos de otro modelo: el Estado posmoderno se caracteriza por la incertidumbre, la complejidad y la indeterminación. Para analizarlo, es posible percibir una serie de aspectos que simbolizan la marca, el indicio, la señal tangible de esta nueva indeterminación: la reconfiguración del Estado (capítulo primero) y las transformaciones de la concepción del Derecho (capítulo segundo) conllevan un movimiento más profundo de redefinición del vínculo político (capítulo tercero).

Reseñas

La ineficacia de pleno derecho en los negocios jurídicos Autor: Fernando Alarcón Rojas ISBN/ISSN: 978-958-710-697-8 / Año: 2011 Características: 14 x 21 cm., 294 pp. tapa rústica.

PVP $ 37.000

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Qué es la ineficacia de pleno derecho y cuáles son sus consecuencias? ¿Cuál es su origen? ¿Tiene antecedentes en algún otro ordenamiento jurídico? ¿Es una creación y una figura exclusiva del Derecho mercantil colombiano? ¿Es un fenómeno previsto por el Código Civil de Colombia? ¿Se trata simplemente de una modalidad de inexistencia del negocio jurídico? ¿En qué se diferencia con la nulidad absoluta, con la nulidad de pleno derecho, con la nulidad parcial o con la ineficacia por no producción de los efectos finales? Estos son las principales cuestiones que el autor aborda en este interesante estudio con la pretensión de explicar la génesis, el desarrollo y la caracterización de este fenómeno jurídico, conocido de nombre pero desconocido en lo demás.

Lecciones sobre Europa Autor: Bernardo Vela Orbegozo (coord.)

ISBN/ISSN: 978-958-710-698-5 / Año: 2011 Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 316 pp.

PVP: $ 40.000

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os profesores de la Cátedra Europa de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia nos reunimos en varias sesiones de trabajo para definir los temas que, en nuestro criterio, y de acuerdo con nuestras posibilidades académicas, debían hacer parte del programa de un curso que, además, debía impartirse de manera conjunta entre nuestros estudiantes. Tras la experiencia de tres años, los profesores de esta Cátedra decidimos escribir las conferencias de clase y, de esta manera, cada uno de nosotros fue proponiendo, a manera de ensayo, trabajos escritos sobre los diversos temas del programa. El grupo definió, entonces, un método para afinar y decantar esos textos: cada uno de los ensayos debió ser sometido a debate entre colegas y, adicionalmente, debió recoger en su versión definitiva las sugerencias y críticas que se suscitaban en esos debates. Los ensayos que componen las Lecciones sobre Europa hacen una aproximación al tema correspondiente en el programa de la Cátedra y, como lo podrán constatar nuestros lectores, la riqueza del mismo está en la propuesta desde diversas perspectivas disciplinarias. En este sentido, esta obra no ofrece un producto unitario y sistemático, como un tratado, sino una compilación de diversos tópicos que resultan sobresalientes y oportunos para el estudio de la región europea, que no solo de la Unión Europea.

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Las mipymes familiares colombianas y sus desafíos de perdurabilidad Autor: Johann Enrique Gómez Pulga y José Vargas Caicedo ISBN/ISSN: 978-958-710-707-4 / Año: 2011 Características: 14 x 21 cm., tapa rústica, 146 pp.

PVP: $ 20.000

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partir de una muestra de 466 empresas colombianas, los autores analizan los factores que afectan la perdurabilidad de las pequeñas y medianas empresas de carácter familiar, incluyendo las prácticas de gestión y de gobierno corporativo. Este libro es el producto de la línea de investigación en Empresas de Familia y Gobierno Corporativo, adscrita al Observatorio de Entorno de los Negocios de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Con esta investigación se espera aportar a la comprensión de la empresa familiar en el contexto de países en desarrollo. Estos hallazgos serán de gran utilidad para los gerentes y familias empresarias interesados en mejorar la competitividad de sus organizaciones, manteniendo un ambiente de armonía y eficiencia.

El riesgo de opinar Autor: Diego Alejandro Aristizábal (Redactor) ISBN/ISSN: 978-958-710-741-8 / Año: 2011 Características: Colección Encuentro internacional de periodismo N.º 2, 14 x 21 cm., tapa rústica, 200 pp. PVP: $ 26.000

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ste libro recoge las memorias del 2.º Encuentro Internacional de Periodismo y Actualidad, realizado en el marco de la xxiii Feria Internacional del Libro de Bogotá, y organizado por la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia y la Cámara Colombiana del Libro, y que tuvo como tema central de discusión El riesgo de opinar. Expertos internacionales, académicos y periodistas nacionales reflexionaron sobre la responsabilidad y el riesgo que implica opinar en la era de las comunicaciones instantáneas y en un momento como el presente en el que la confluencia de innumerables puntos de vista en la red, espontáneos, sin censura ni edición, compiten con la opinión especializada de periodistas profesionales y medios reconocidos. Este escenario, abierto e indiscriminado, es un nuevo reto para la opinión calificada y de rigor que se disputa la atención de los cibernautas con la diatriba, la calumnia o la desinformación. Esta memoria les permitirá a sus lectores precisar cuáles son las amenazas y privilegios de este presente interactivo en el que se produce la información día tras día.

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Reseñas

Sociabilidad, religión y política en la definición de la Nación.

Colombia 1820-1886 Autor: Gilberto Loaiza Cano ISBN/ISSN: 978-958-710-673-2 / Año: 2011 Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 470 pp.

Colección Bicentenario del Centro de Estudios en Historia.PVP: $ 60.000

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urante el siglo xix en Colombia y otros países hispanoamericanos la expansión de las formas de sociabilidad estuvo íntimamente relacionada con las disputas por el control hegemónico del espacio público. Los principales agentes de las prácticas asociativas fueron las elites liberales, la iglesia Católica con sus aliados conservadores, y los sectores populares liderados por grupos de artesanos. Esos agentes imprimieron un matiz político-religioso en el conflicto por la definición del Estado-nación. Este libro, versión parcial de una tesis de doctorado que recibió la mención summa cum laude en 2006, es un examen exhaustivo de la evolución de las principales formas de sociabilidad desde los inicios republicanos (1820) hasta la instauración del proyecto de república católica, mejor conocido como la Regeneración (1886).

Vivir en el Centro Histórico de Bogotá. Patrimonio construido y actores urbanos Autores: Thierry Lulle, Amparo De Urbina, Carlos A. Moreno, Juan F. Pinilla, Laura Llinás, óscar A. Alfonso, María Clara van der Hammen, Gina P. Sierra, Dolly C. Palacio y Luis A. Forero ISBN/ISSN: 978-958-710-732-6 / Año: 2011 Características: 28 x 21 cm., tapa rústica, 194 pp.

Coedición con Colciencias. PVP: 102.000

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pesar de un fuerte arraigo de muchos de los habitantes del Centro Histórico de Bogotá, no siempre tienen ellos claro que viven en un lugar clasificado por la administración pública como patrimonio. En cambio sí saben que sus propias inversiones en este mismo lugar, tanto las económicas como las simbólicas, las físicas como las afectivas, construyen patrimonio. Sin lugar a dudas, esta dinámica muy local, a escala micro, contribuye ampliamente a una dinámica colectiva y social, más estructural y a escala macro. Así mismo, la conservación del patrimonio no pasa tanto por normas que se refieren estrictamente a lo construido sino por la regulación de las interacciones entre los actores en presencia en el centro, el histórico y el más amplio. De tal forma que la preocupación de construir un “patrimonio vivo” llevaría, por un lado, a tratar de evitar que siga la salida de una población tradicional y de pocos recursos gracias a la consolidación de una oferta de vivienda social en el Centro Histórico mismo, y, por el otro, de propiciar unas reglas de incentivos de conservación y no mantener normas restrictivas. Estas re-

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flexiones y sugerencias son algunas de las que derivan de un trabajo investigativo cuyos resultados son presentados en este libro. La investigación: “El patrimonio de uso residencial en el Centro Histórico de Bogotá. Prácticas de los habitantes y políticas públicas” ha sido realizada en el marco de un convenio entre la Universidad Externado de Colombia y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias). En este trabajo se combinaron enfoques de tipo cuantitativo y cualitativo con el fin de entender mejor la compleja situación actual del Centro Histórico con respecto al estado físico de las viviendas, así como las dinámicas sociales,

económicas, culturales, normativas y políticas vividas por los actores de este sector peculiar de la metrópoli bogotana, en especial sus habitantes.

Esta obra reúne contribuciones de Thierry Lulle, Amparo De Urbina, Carlos Moreno, Óscar Alfonso, Juan Felipe Pinilla, Laura Llinás, María Clara van der Hammen, Gina Sierra, Luis Alejandro Forero y Dolly Cristina Palacio, la mayoría de ellos como integrantes del grupo de investigación “Procesos sociales, territorios y medio ambiente” del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social (cids), adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia.

En torno al Estado de derecho Historia, política y teoría Autor: Brian Z. Tamanaha. Alberto Supelano [Trad.]

ISBN/ISSN: 978-958-710-750-0 / Año: 2012 Características: 11 x 16,5 cm., tapa rústica, 366 pp. . PVP: 37.000

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l Estado de derecho es hoy el ideal político más importante, pero hay mucha confusión sobre su significado y su funcionamiento. Este libro explora la historia, la política y la teoría del ideal del Estado de derecho, empezando por las ideas griegas y romanas clásicas, revisa en detalle las contribuciones medievales y muestra el papel que cumple en la teoría y en los sistemas políticos liberales. El autor resume las preocupaciones de los conservadores occidentales por el declive del Estado de derecho y señala algunas razones por las cuales la izquierda radical ha promovido ese declive.

Luego presenta dos versiones teóricas del Estado de derecho y examina sus fortalezas y debilidades.

El libro también analiza el Estado de derecho a nivel global y concluye respondiendo la pregunta de si es un bien humano universal.

Eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción en la intimidad Autor: Miguel Enrique Rojas Gómez ISBN/ISSN: 978-958-710-723-4 / Año: 2011 Características: Tesis Doctorales n.º 1, 14 x 21 cm., tapa rústica, 322 pp. PVP: $ 41.000

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sta obra ofrece una percepción novedosa de la regla de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, a partir de un estudio profundo en torno al objetivo constitucional de preservar el derecho fundamental a la intimidad.

Así, tras examinar el fundamento de la tutela constitucional a la intimidad, se propone un método adecuado para delimitar el ámbito de protección, y a partir del análisis detallado de los canales de acceso a material probatorio por medio de incursiones en la intimidad, se separa el material probatorio de

Reseñas

la actividad invasiva realizada para conseguirlo y del empleo que pueda tener. Soportado en dicho análisis, el autor cuestiona la exclusión indiscriminada de la prueba obtenida por medio de intervenciones ilegítimas en la intimidad, y propone examinar en cada hipótesis la compatibilidad de la exclusión probatoria con la inmunidad que la Constitución pretende asegurar al área íntima.

Tesis del primer Externado 1886-1895 Autor: Juan Camilo Rodríguez (Comp.)

ISBN/ISSN: 978-958-710-746-3 / Año: 2011 Características: 17 x 24 cm., tapa fina, 1,352 pp.

PVP: $ 45.000

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hora el Externado pone a disposición de los analistas de la educación superior un esfuerzo exitoso de formación profesional y científica. La experiencia del primer Externado deja ver cómo lo difundido en el salón de clase daba resultados de excelencia en el trabajo de sus estudiantes. Los profesores investigaban y fomentaban la investigación entre sus alumnos; leían, escribían y promovían la lectura y la escritura de los jóvenes. Tenían ocupaciones por fuera de la universidad y eran ejemplo y guía para el ejercicio profesional de sus estudiantes. Estaban atentos a lo que sucedía en el entorno y discutían la vida política, social y cultural en los pasillos, el café y las páginas de los periódicos.

Europa: ¿un marco de oportunidades? Quinta jornada Cátedra jean Monnet en Colombia Autor: Eric Tremolada Álvarez (editor) ISBN/ISSN: 978-958-710-692-X / Año: 2011 Características: 14 x 21 cm., tapa rústica, 185 pp.

PVP: $ 35.000

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l pretexto títulado Europa: ¿un marco de oportunidades?

Quinta jornada Cátedra jean Monnet en Colombia, en cuatro capítulos recoge trece ensayos que análizan diversos aspectos de la relación de Colombia con un socio esencial como lo es la Unión Europea. Encontraremos, en primer lugar, una sección con tres artículos dedicados a la inserción comercial de Colombia. En el segundo capítulo se tratan las oportunidades que —en el actual contexto de crisis económica mundial— puede aprovechar Colombia en el marco de sus asociación con Europa, además se cuestiona el Acuerdo Multipartes con los países andinos. En el tercer capítulo recoge los análisis de los que ya vigentes Acuerdos de Asociación de la Unión Europea con México y Chile, balances que vienen acompañados de un estudio sobre el pilar comercial del acuerdo con Centroamérica, tambien firmado en la pasada Cumbre de Madrid. La sección final se centra en el acuerdo comercial Unión Europea-Colombia desde la óptica de los gremios más representativos del país y la Asociación de Cámaras Europeas.

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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

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esde hace aproximadamente tres años la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia se encuentra comprometida en el proceso de elaboración de una revista de alto nivel científico y de carácter monográfico, complementado con secciones fijas. A la fecha han circulado cuatro números; el primero de ellos tuvo como eje temático “Comunicación y participación política”; el segundo, “Comunicación y movilización social”; el tercero, “Tecnicidades” y el cuarto, “Deliberación”. El tema que en esta ocasión nos convoca es “Comunicación y

Discurso”, por lo cual, hemos elaborado un mapa de los contenidos que esperamos explorar:

Los interesados en esta convocatoria pueden enviar artículos que contengan resultados de investigación, reflexiones teóricas, revisiones temáticas y estudios de caso, el día 15 de septiembre de 2012.

La revista científica Comunicación y Ciudadanía de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Externado de Colombia es una publicación semestral que busca contribuir al debate sobre la ciudadanía desde la perspectiva comunicacional académica e investigativa. Esta publicación, abierta a la participación de profesores locales y extranjeros que quieran reflexionar acerca de la ciudadanía, tratará un tema diferente cada semestre.

La revista recibirá todo tipo de trabajos, dando preferencia a los documentos inéditos. Los documentos deben tener una extensión máxima de 20 páginas a espacio y medio en letra Times New Roman.

Se deberá entregar en CD o vía electrónica a la casilla de correo: comyciudadania@uexternado.edu.co Cada artículo deberá estar encabezado por el título y el nombre completo del autor. Se deberá incluir un resumen en castellano y un abstract que no supere las 200 palabras. Igualmente 5 palabras clave, también en castellano y cinco en inglés.

Contendrá título, nombre de autor o autores, un pequeño currículum de cada uno de los autores (en el cual deben figurar título profesional, pertenencia institucional, cargo académico y dirección electrónica).

Todas las páginas deberán estar numeradas, incluyendo la bibliografía, gráficos y cuadros. Las notas y referencias críticas deberán ir a pie de página y respetar las normas APA para la publicación de artículos científicos.

El uso de pies de página se debe reservar exclusivamente para notas aclaratorias o explicativas. En cuanto a las normas de citación, las referencias deben aparecer en el texto, entre un paréntesis que incluya el apellido del autor, el año de publicación y las páginas citadas. La bibliografía deberá figurar al final de cada artículo y se

debe presentar de la siguiente forma: apellido y nombre del autor, año de publicación, título del libro en cursiva, ciudad y editorial. Los capítulos de obras colectivas deben incluir: apellido y nombre del autor, año de publicación, título del capítulo entre comillas, título del libro en cursiva, ciudad, editorial y páginas del capítulo. Los artículos de revistas deben incluir: apellido y nombre del autor, año de publicación, título del artículo entre comillas, nombre de la revista en cursiva, volumen, número y páginas del artículo.

Los artículos seleccionados serán evaluados por dos miembros del Comité Académico Internacional o por especialistas pertenecientes al área temática de la colaboración, los que actuarán como árbitros. La evaluación se hará de forma anónima, utilizando la modalidad de doble ciego. Este proceso tarda 2 meses, aproximadamente. Una vez se conozca el resultado de la evaluación se pondrán de presente al autor las observaciones remitidas. Luego de atendidas las observaciones de los árbitros si para el autor son pertinentes, el Comité Editorial dará su concepto final.

Al remitir su contribución, el autor debe manifestar con claridad: i) que está de acuerdo con la política editorial de la revista Comunicación y Ciudadanía de la Universidad Externado de Colombia; ii) que su artículo es inédito; y iii) que el documento no se encuentra en proceso de evaluación en otra revista u órganos editoriales.

La revista se reserva los derechos de autor y la reproducción de los documentos en otros medios impresos y/o electrónicos debe estar autorizada por el Editor.

Los artículos publicados en la Revista serán enviados en medio magnético a las diferentes bases de datos y sistemas de indexación para la divulgación de su contenido. Los artículos también se pueden consultar en la página web:

Discurso y Memoria Análisis Crítico del Discurso Discurso político Discurso de los medios

www.uexternado.edu.co/comunicacionyciudadania

y en las bases de datos del Social Science Research Network (SSRN), Dialnet y el Open Journal System (OJS) .

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