Con-ciencia electoral 3

Con-ciencia electoral

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Órgano Informativo Especializado de la FEPADE-Guerrero Marzo de 2011 No. 03

Por una cultura de la prevención 38 El voto del migrante internacional, un derecho y una responsabilidad pendiente

Ética, procuración e impartición de justicia

Contenido 16

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Editorial

6

Programa de Prevención del Delito Electoral

7

Concluye Programa de prevención del delito 2010-2011

11

Visita comisión de Diputados Federales a instituciones electorales de Guerrero

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Capacita el ITAIG al personal de la FEPADE

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La FEPADE como instrumento de acceso a la justicia electoral

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Vigilancia electoral y fortalecimiento de la democracia

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El voto del migrante internacional, un derecho y una responsabilidad pendiente

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Directorio Lic. Luis Alberto Montes Salmerón Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales Lic. Ma. Juana Guzmán Barrera Directora General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Ing. Víctor Hugo González Torres Subdirector General de Administración e Informática Lic. Soledad Ortiz Flores Subdirectora Jurídica y de Amparo Lic. Leonor E. Inzunza Ramírez Jefa del Departamento de Capacitación y Prevención del Delito

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Con-ciencia electoral, es una Revista de publicación trimestral de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero, Boulevard Vicente Guerrero No. 72, Col. Juan Álvarez, Chilpancingo, Gro. C.P. 39030, Tel: 01 747 47 1 03 52, 1 40 70 ó al 01 800 831 4276 (gratuito), E-mail:fepadegro@yahoo.com.mx Los artículos publicados en esta revista son responsabilidad de quien los escribe, Con-ciencia electoral es respetuosa de la libertad de expresión, tal como se establece en los artículos 6o y 7o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Año 1, No. 3, Enero-Marzo de 2011. Certificado de licitud de título en trámite, certificado de licitud de contenido en trámite, certificado de derechos de autor en trámite, registro ISSN en trámite.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

La impresión de Con-ciencia electoral se realizó en los talleres de MB Computadoras cuyo responsable es el Ing. José Luis Salgado Román, Cuauhtémoc No. 500, locales 13 y 14, Mza. 3, Fracc. Marroquín, C.P. 39640, Acapulco, Guerrero, México.

LCC. Obeth Hernández Hernández Jefe de la Unidad de Prensa y Difusión/ Diseño de revista Tiraje: 2,000 ejemplares

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Portada 34

38

¿Candidaturas independientes, son necesarias?

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Por una cultura de la prevención

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Las relaciones públicas y el uso de las redes sociales en el fortalecimiento de la democracia

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Ética, procuración e impartición de justicia

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Algunas precisiones sobre el acceso a radio y televisión en materia electoral

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Las faltas electorales

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Descubriendo Guerrero, Tehuacalco “Lugar de agua sagrada”

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63

Editorial

E

l ejercicio democrático ha transitado sin perturbaciones que causaran desasosiego o naufragios.

La nave llegó al puerto a salvo después de una travesía en un mar calmo no obstante los osados augurios y pronósticos de mal tiempo. Los ciudadanos guerrerenses en número de 1,229,137, un porcentaje que, aunque bajo aún, se antoja justo y equilibrado, para estos momentos, considerando las premoniciones de zozobra acudieron a cumplir con su obligación de elegir y ejercieron además, cumplidamente, su derecho a decidir el rumbo de nuestra patria chica. Nos debemos, todos, de sentir orgullosos de que la democracia habló con toda claridad y su voz señoreó en todo el ámbito guerrerense. Los veintiocho distritos electorales, sin más variantes que las que los propios votantes impusieron, dieron su fallo y los órganos rectores de la elección lo han confirmado. Si fuera verdad que existen todavía algunas dudas y recovecos por donde pudiera prolongarse la decisión final que ya correspondería a la jurisdicción electoral elucidar, tendríamos que aceptarlo como un necesario y mínimo aseo final del tinglado; pero hay que confiar en que la reflexión más serena conlleve a la aceptación definitiva del resultado. Tenemos un nuevo gobernante que, en la visión del triunfo, seguramente recogerá las expresiones de la voluntad popular como un mandato histórico que se traducirá, en los próximos casi cinco años de un gobierno de realizaciones y desarrollo, en una era de progreso que consolidará lo que hasta ahora se ha logrado hacer por el bien público de la entidad, por un gobernador que hasta el último momento trabajará para garantizarlo, y que será, además plataforma de lanzamiento para que Guerrero avance hacía las alturas que merece. Congratulémonos de la civilidad demostrada y veamos el futuro con la confianza de que el Estado de Derecho prevalecerá en todo momento y creceremos como pueblo y como ciudadanos. Hubo algunas voces que diferían de esta versión porque afirmaban que la elección no había terminado; esto es: que en virtud de las impugnaciones que estaban pendientes de resolverse por los Tribunales Electorales competentes, pudieron haber surgido complicaciones de última hora, pues faltaban muy pocos días para el cambio de la estafeta gubernativa. Pero estas inquietudes han quedado desvanecidas plenamente ante la resolución pronunciada por el Tribunal Estatal Electoral, validando de manera total la elección. En circunstancias tan especiales ya no es de esperarse que ocurra algo que diera un vuelco a lo que ya es, constitucionalmente, la realidad histórica de la contienda. Sin discusiones estériles, el candidato vencedor es el licenciado Ángel Heladio Aguirre Rivero y el Estado de Guerrero lo verá exaltarse a su elevada magistratura el inminente día uno de abril. Por ello insistimos de forma contundente: el pueblo guerrerense emitió su voto de la manera pacífica y ciudadana que el contador público Zeferino Torreblanca Galindo, nuestro todavía Gobernador, prometió, auspició y garantizó. Un Guerrero libre y soberano votó y determinó el porvenir. Así es, entonces, como contemplamos el futuro promisor que se avecina. Es deseable que la concordia no perdida, pero si puesta en suspenso durante el período electoral, se recobre entre los grupos y partidos políticos. Que los ciudadanos asumamos cada quien nuestra responsabilidad frente al reto de crear y recrear las mejores condiciones de vida para la comunidad; que el respeto a la Ley y a las Instituciones sea conducta que auspicie la permanente vigencia de la democracia. En la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, el índice de resultados favorece a la misma tendencia de paz y concordia que se espera y se desea, pues las incidencias que pudieron haberse transformado en conductas previstas y sancionadas por el articulado punitivo electoral del Código Penal de la Entidad, quedó en menos denuncias de las que se esperaban por hechos que no trastocaron jamás la paz y la estabilidad de esos días cálidos y llenos de emoción ciudadana. En el evento del día treinta de enero se reflejaron en las urnas tanto las expresiones volitivas de los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, como en general las de todo un pueblo empeñado en mostrar su capacidad de ser, de reconstituirse asimismo en el esfuerzo y la tarea democrática que nos llevará a mejores estadíos y hará avanzar a Guerrero por la ruta del desarrollo sustentable y a los guerrerenses en la del trabajo fecundo y creador. Esta Revista que hoy tiene usted en sus manos, apreciable lector, dará buena cuenta de lo que suceda, tanto en la investigación y en los análisis de nuestros colaboradores, en el acontecer diario de la Entidad, que será pacífico y productivo. Más aún que se incrementa a partir de hoy su contenido con una sección cultural que reflejará lo que en ese ámbito tiene de riquezas nuestro joven y pujante Estado. Por ello, insistimos en la invitación siempre abierta y cordial para que los que saben y quieren hacerlo nos aporten sus ideas, propuestas, análisis, investigaciones, estudios en la materia electoral. Ésta es y será su casa y siempre los estaremos esperando.

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Programa de Prevenci贸n del Delito Electoral 2010-2011

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a Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía guerrerense, durante el proceso electoral de Gobernador del Estado 20102011, implementó el “Programa de Capacitación Para la Prevención del Delito Electoral”, en el que se tuvo como meta capacitar a la mayoría de los municipios de la entidad y a los diferentes sectores sociales que la componen.

Dentro de dicho programa se implementó la capacitación técnica-jurídica e interactiva, en donde se atendió, lo mismo a servidores públicos, partidos políticos, funcionarios electorales, estudiantes, organizaciones sociales y a la sociedad en general.

La capacitación comprendió: la exposición de un resumen sobre los delitos electorales, la presentación de la obra de teatro “Demos Libertad al Preso” y finalmente una ronda de preguntas y respuestas para satisfacer las dudas que pudieran tener los asistentes a la capacitación.

Recepción de denuncias La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, durante el proceso electoral atendió el programa de prevención del delito electoral y a la vez la recepción de denuncias, de las cuales se trabaja sobre su

Durante la visita a los municipios se entregó a los asistentes material impreso que incluía trípticos, volantes, carteles y manuales de delitos electorales.

Como se observa en el mapa de Guerrero, se recorrió de abril de 2010 a enero de 2011, un total de 56 municipios; en la mayoría de los lugares se trabajó coordinadamente con las autoridades municipales, quienes nos apoyaron en la difusión y convocatoria de los eventos Se logró capacitar un total de 16,065 personas, en los meses de abril de 2010 a enero de 2011, con un total de 245 capacitaciones que se ofrecieron a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, organizaciones sociales, partidos políticos, funcionarios electorales, instituciones educativas y sociedad en general.

El personal de la FEPADE durante el proceso electoral realizó funciones de capacitadores, de Servidores Públicos, partidos políticos, organizaciones sociales y sociedad en general.

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integración.

Las estrategias implementadas para brindar mejor servicio a la ciudadanía fueron: denuncias de manera personal, por teléfono y por correo electrónico, con guardias de 24 horas lo que causó una gran respuesta y aceptación.

Antes, durante y después del Proceso Electoral de Gobernador del Estado 2010-2011, los diferentes actores políticos y de la sociedad en general acudieron a las instalaciones de la FEPADE o en las diferentes agencias del Ministerio Público del Fuero Común y Federal para presentar sus denuncias, de lo cual dieron fe los medios de comunicación

El Agente del Ministerio Público de la FEPADE, acude a todos los lugares donde se presenten denuncias sobre posibles delitos electorales, sin importar la distancia o las condiciones de trabajo.

El personal de la FEPADE, antes, durante y después del Proceso Electoral para elegir al Gobernador del Estado, realiza las diligencias necesarias para llegar a laverdad de la investigación.

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Otra estrategia implementada fue la coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado y la FEPADE de la Procuraduría General de la República, quienes dispusieron a todos los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común y Federal adscritos en los diferentes distritos judiciales y delegaciones federales en el Estado, quienes recibieron las denuncias sobre posibles delitos electorales, realizaron las primeras diligencias y las remitieron a la FEPADE Guerrero para darles seguimiento, con esto la ciudadanía no tuvo la necesidad de acudir hasta las instalaciones de la FEPADE Guerrero ubicadas en la capital Chilpancingo de los Bravo, porque las autoridades encargadas de la procuración de justicia estuvieron pendientes y recepcionaron todas las quejas y denuncias dentro del proceso electoral 2010-2011 para elegir al Gobernador del Estado.

El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Luis Alberto Montes Salmerón, informó que durante todo el proceso electoral la FEPADE, directamente o a través de las dependencias coordinadas recibió 210 denuncias hasta el día 23 de marzo de 2011.

Montes Salmerón, explicó que los delitos más 10

denunciados fueron los siguientes: 74 por proselitismo electoral, existiendo prohibición legal para ello, 58 por coacción del voto; 30 por compra del voto; 22 por amenazas telefónicas; 6 por recoger credenciales; 3 por traslado de votantes; 4 por propaganda en lugares y días no permitidos; 4 por daño a propaganda; 1 por uso indebido de bienes; 2 por uso de credenciales falsas; 3 por robo de boletas; 1 por robo de propaganda y 2 por quejas contra funcionarios electorales.

De igual forma, informó que la incidencia de denuncias por la comisión de los posibles delitos electorales se desglosa regionalmente de la manera siguiente: Centro 75; Acapulco 63; Costa Chica 23; Norte 17; Costa Grande 14; Montaña 13 y Tierra Caliente 5.

Finalmente el Fiscal manifestó su gratitud hacia la ciudadanía guerrerense, por haber tomado esta elección con responsabilidad, al no permitir que terceros influyeran a la hora de decidir quien sería su Gobernador, aplaudió el hecho de que los guerreases no se dejaron intimidar por los anuncios de violencia que se escucharon antes y durante la jornada electoral, lo cual dio como resultado una eficaz y pacífica elección. CCE Con-ciencia Electoral

Con develaci贸n de placa de la obra de teatro y exposici贸n fotogr谩fica de la FEPADE

Concluye Programa de Prevenci贸n del Delito 2010-2011

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a Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero, concluyó el 11 de enero del presente año, de forma exitosa, el Programa de Prevención del Delito Electoral 2010-2011, con la última presentación de la puesta en escena “Demos Libertad al Preso” y la inauguración de una exposición fotográfica en el auditorio del Instituto Guerrerense de la Cultura, ante los representantes de la Comisión de Gobierno de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, quienes fueron los padrinos de la develación de la placa conmemorativa e invitados de las diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Después de 45 minutos de disfrutar la obra de teatro, los espectadores pudieron apreciar de forma divertida pero pedagógica cómo se deben prevenir y denunciar los delitos electorales, Luis Alberto Montes Salmerón Fiscal Electoral en compañía del Diputado Efraín Ramos Ramírez, representante de la Comisión de Gobierno del H. Congreso del Estado, Claudia Segovia Téllez, titular de la Contraloría Social en el Gobierno del Estado, Alberto Buendía Madrigal representante de la FEPADE-PGR y Fernando Xochihua San Martín Magistrado del Tribunal Electoral, develaron la placa conmemorativa por las 101 representaciones,

además de entregar reconocimientos a los Agentes del Ministerio Público Especializados en Delitos Electorales de la FEPADE Guerrero y de la PGR, así como al personal de la Contraloría General del Estado con quienes se coordinó la capacitación en la entidad guerrerense.

Posteriormente el Fiscal Montes Salmerón en compañía de sus invitados, inauguraron la exposición fotográfica montada con el trabajo que realizó, tanto la FEPADE-PGR como la FEPADE Guerrero, durante la capacitación para la prevención del delito electoral en 2010 y parte de 2011.

El Diputado Efraín Ramos Ramírez representante de la Comisión de Gobierno del H. Congreso del Estado, reconoció el esfuerzo que realizó la FEPADE Guerrero para implementar el Programa de capacitación, por haber llegado a todos los municipios para inculcarle a la ciudadanía la cultura de la prevención y denuncia de los delitos electorales, además de que con este tipo de acciones se inhibe a los servidores públicos a que cometan ilícitos que los pudiera señalar como posibles delincuentes electorales. CCE

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Finalmente el Fiscal agradeció todo el apoyo brindado por las diferentes esferas gubernamentales de los tres niveles de gobierno, quienes pusieron todo de su parte para mantenerse al margen de la elección, respetando la decisión de la ciudadanía de elegir libremente a su gobernador.

Durante la última presentación de la obra de teatro “Demos Libertad al Preso”, celebrada en el auditorio del Insituto Guerrerense de la Cultura, los asistentes pudieron apreciar en un mensaje claro y contundente la forma de prevenir y fomentar la cultura de la denuncia de los delitos electorales.

Al término de la presentación el Fiscal Luis Alberto Montes Salmerón, en compañia del Diputado local Efraín Ramos Ramírez, Alberto Buendía Madrigal representante de la FEPADE- PGR, Claudia Segovia Téllez Titular de la Contraloría Social y Fernando Xochihua San Martín Magistrado Electoral, develaron la placa conmemorativa de las 101 representaciones de la obra de teatro “Demos Libertad al Preso”

Durante el último evento se entregó reconocimientos a los Agentes del Ministerio Público Especializados en Delitos Electorales de las Fiscalías Local y Federal, así como al personal de la Contraloría General del Estado, por su destacada participación como capacitadores dentro del Programa de Prevención del Delito Electoral 2010-2011.

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Luis Alberto Montes Salmerón Fiscal Electoral, Alberto Buendía Madrigal representante de la FEPADE- PGR, el Diputado Efraín Ramos Ramírez y Fernando Xochihua San Martín Magistrado Electoral, durante el corte del listón inaugural de la exposición fotográfica montada por las Fiscalías de Guerrero y de la PGR en torno a la capacitación realizada durante el proceso electoral de Gobernador del Estado.

Momentos en que Luis Alberto Montes Salmerón Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero, explica a los asistentes a la exposición cada una de las fotografías montadas.

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Electoral

* Previo a la jornada electoral para elegir al Gobernador de Guerrero en enero de 2011 y con el propósito de conocer el trabajo que se realizó para atender dicha elección.

Visita Comisión de Diputados Federales a las instituciones electorales de Guerrero * Además los acompañó José Luis Vargas Valdez, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.

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os Diputados Federales Sonia Mendoza Díaz, Laura Arizmendi Campos y Arturo Portillo, integrantes de la “Comisión Especial Encargada de Vigilar el Correcto Uso de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en los Procesos Electorales”, se reunieron con autoridades gubernamentales y electorales de Guerrero para garantizar la limpieza del proceso electoral y conocer el trabajo que se realizó antes y durante la jornada electoral, en donde acudió también como invitado especial José Luis Vargas Valdez, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.

El primer encuentro fue con el Secretario General de Gobierno, Israel Soberanis Nogueda quien afirmó que el Gobierno del Estado recomendó a sus colaboradores no hacer uso de los recursos públicos para favorecer a ninguno de los aspirantes a la gubernatura.

Después se realizó una rueda de prensa en donde José Luis Vargas Valdez, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, puntualizó la importancia de las reuniones con las autoridades del Estado, tanto del gobierno como electorales, ya que derivó en la firma de los acuerdos necesarios que garantizó que ningún servidor público o partido político incurriera en el uso de los programas sociales o recursos públicos a favor de algún candidato.

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Posteriormente inició el recorrido para visitar a las instituciones electorales con sede en Chilpancingo, comenzando con los Consejeros del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), quienes los recibieron en la sala de plenos de dicho instituto y además explicaron a los legisladores y al titular de la FEPADE-PGR, el trabajo que se estaba realizando en ese momento en torno a la organización de la elección de Gobernador del Estado.

En su estadía en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, los recibió el Magistrado Presidente Jesús Villanueva Vega, quien les manifestó que estaban preparados para recibir las impugnaciones derivadas del Proceso Electoral de Gobernador del Estado.

En las instalaciones de la FEPADE Guerrero, pudieron apreciar una exposición que realizó Luis Alberto Montes Salmerón, Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado, sobre el Programa de Prevención del Delito Electoral, en donde se trabajó con la FEPADE-PGR y la Contraloría General del Estado.

Finalmente, tanto el Fiscal de la FEPADE-PGR como los Diputados Federales, agradecieron las atenciones recibidas por parte de los titulares de las Instituciones Electorales y del Gobierno del Estado de Guerrero. CCE

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Momentos en que los Diputados Federales y el Fiscal de la FEPADE-PGR se reunieron con el Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero., posteriormente se realizó una rueda de prensa con medios de comunicación de circulación estatal y nacional.

Los Fiscales electorales y los Diputados Federales en su visita a las Instalaciones del IEEG donde fueron recibidos por el Consejero Presidente César Gustavo Ramos Castro y demás Consejeros Electorales. En la Sala de Sesiones se les explicó a los visitantes todo el trabajo que se realizó previo a la jornada electoral de 2011.

En el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, los Diputados Federales integrantes de la referida Comisión del Congreso de la Unión, fueron atendidos por los Magistrados Jesús Villanueva Vega, Regino Hernández Trujillo e Isaías Sánchez Nájera.

A su llegada a la FEPADE Guerrero, el Fiscal Electoral de la PGR y los Legisladores Federales, fueron recibidos por todo el personal que labora en ésta Fiscalía, posterioemente Luis ALberto Montes Salmerón, expuso el trabajo que se realizó en el Programa de Prevención del Delito Electoral 2010-2011.

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Capacita el ITAIG al personal de la FEPADE “Debemos estar a la altura de las exigencias de la sociedad guerrerense, en el sentido de que se deben transparentar nuestras acciones de trabajo y el uso de los recursos públicos. Cuando esto sucede, se le devuelve la confianza a las instituciones”.

Luis Alberto Montes Salmerón, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales

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on el propósito de brindar un mejor servicio y estar más cerca de la ciudadanía en general, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en coordinación con las autoridades del Instituto de Transparencia de la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG) capacitó a su personal en materia de transparencia de la información.

El Consejero Presidente del ITAIG, Ernesto Araujo Carranza, agradeció la invitación realizada por el Fiscal electoral, lo cual demuestra la preocupación de la FEPADE para manejarse de forma transparente en la calidad del servicio a la ciudadanía.

El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Luis Alberto Montes Salmerón, manifestó la necesidad de la FEPADE de estar acorde a los nuevos tiempos que exigen, ser transparentes en el uso de los recursos públicos y en el trabajo que se realiza cotidianamente en esta Fiscalía, para esto es necesario que el personal que labora en la institución, esté capacitado con los conocimientos referentes a la transparencia de la información pública.

Los Consejeros del ITAIG Ernesto Araujo Carranza, María Antonia Cárcamo Cortez y Marcos

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Ignacio Cueva González, expusieron de manera explícita los puntos que se engloban en la información en su carácter pública, reservada y confidencial.

El personal de la FEPADE expuso sus dudas para que fueran resueltas por los expertos en la materia de transparencia en el Estado de Guerrero, en especial los asuntos tan delicados e importantes como son las averiguaciones previas.

Dentro de los acuerdos tomados en la reunión se estableció que se elaboraría un catálogo de puntos que de acuerdo con el trabajo de la FEPADE son considerados como delicados y entran como información reservada o confidencial.

Otro punto que se trató fue el de integrar un comité interno que resuelva las solicitudes en un tiempo no mayor a 15 días hábiles.

El punto número tres es una próxima reunión con los titulares del ITAIG para la firma de un convenio de colaboración, en donde se invitará a que se sumen instituciones como el Instituto Electoral del Estado de Guerrero y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.

CCE

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El Fiscal Luis Alberto Montes Salmerón da la bienvenida a los integrantes del ITAIG, a quienes les agredeció que hayan aceptado brindar la capacitación al personal de la FEPADE.

El consejero Presidente Ernesto Araujo Carranza, agradece al Fiscal electoral la invitación a impartir el curso al personal de la FEPADE.

La Consejera María Antonia Cárcamo Cortez, durante la explicación de los temas de transparencia y acceso a la información pública.

El Consejero Marcos Ignacio Cueva González, expuso el tema de la información confidencial y los formatos de solicitud.

Los servidores públicos de la FEPADE fueron capacitados en materia de transparencia y acceso a la información pública por parte del ITAIG.

El personal de la FEPADE se muestra atento a la exposición de los Consejeros del ITAIG.

La ciudadanía saldrá beneficiada con la transparencia de información de las instituciones.

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La FEPADE como instrumento de acceso a la justicia electoral José Ángel Domíngez Ordóñez1

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a justicia debe aplicarse a ciudadanos en igualdad de circunstancias, en la forma en que Aristóteles2 la postuló, por lo que este tema está íntimamente relacionado con la equidad y va más allá de la su concepción como virtud.

Desde esta perspectiva, la función estatal de impartir justicia a colectividad social, conlleva a la responsabilidad del Estado de juzgar a dos individuos en litigio por el solo hecho de ser ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles, en igualdad total.

Es por ello que diversos

autores en la materia3 defienden el que esta dualidad equidad-justicia conlleva a que la aplicación de la justicia no puede ni debe reproducir o magnificar las desigualdades económicas, culturales, étnicas y de oportunidad4 que dominan buena parte de las sociedades latinoamericanas. Si se comparte la convicción de que hay una “justicia” de la justicia, es fundamental que las desigualdades no incidan en la oportunidad ni en la calidad de la justicia.

La justicia, la democracia así como los derechos humanos tienen

como pilares básicos la libertad, la igualdad y la equidad garantizados en el estado de derecho, en donde se sustituye la violencia por el derecho y se garantiza el que todos los ciudadanos puedan acceder a la justicia con total libertad, igualdad y equidad. Así que no se tiene la necesidad de utilizar la violencia para hacer valer los derechos.

Existe entonces un derecho constitucional jurídico que establece el pleno respeto a las leyes establecidas y reconocidas por la sociedad, y comprende que cuando los ciudadanos

1

Dr. En Desarrollo Regional, Universidad Auntónoma de Guerrero.

2

Con mayor desarrollo en la Ética a Nicomaco, en la que se liga con la figura del juez: “ Y a veces se da a los jueces el nombre de mediadores, como si estuviéramos seguros de haber encontrado la

justicia una vez que hemos hallado el justo medio. Lo justo, pues, es un medio, puesto que el mismo juez lo es.” Libra V, Capítulo, 1132,20.

3

4

MÉNDEZ, Juan et. alt., The Rule of Law and the Underpriviliged in Latin America, Notre Dame Editors, Notre Dame, Indiana, 1999.

Banco Interamericano de Desarrollo América Latina frente a la desigualdad, Washington, D. C., 1998, capítulos 1, 2 y 3.

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agotan todas las instancias o vías de obtener justicia debido a que alguien está negándoles sus derechos o privándoles de algún bien o servicio que les debe ser administrado5, se está violando su derecho humano de acceso a la justicia.

En este contexto el Estado tiene la obligación de garantizar comicios en donde se garantice la igualdad, libertad y equidad de los participantes y se respete la decisión de cada uno al emitir su sufragio (figura 1). De acuerdo con Ojeda6 esto crea confianza en la ciudadanía y por consecuencia un número mayor saldrá a ejercer su derecho al voto y entre más votos sean sufragados en la elección de alguna autoridad, el gobernante electo gozara de una mayor legitimidad, debido a que un mayor número de ciudadanos le dio su respaldo.

del abuso sistemático de los grupos de poder político, económico etc., la sociedad civil en esta entidad del sur se ha organizado generando procesos de cambio y participación que resultan alentadores.

Ha sido así como ante la importancia del respeto a las leyes y el acceso a la justicia en los procesos políticos democráticos, México ha creado en materia de jurisprudencia electoral, un organismo que se encargará del área de procuración de la justicia penal electoral, cuyo objetivo sería prevenir y sancionar los delitos electorales, por lo cual a nivel federal se dio la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), en esta dinámica se dio la creación de este organismo en la entidades federativas.

Es importante resaltar que al igual que otras dependencias como el Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Estatal Electoral de Guerrero (IEEG), el Tribunal Estatal Electoral (TEE), etc., la FEPADE tiene la encomienda de dar certeza a la ciudadanía que las elecciones de autoridades se llevan a cabo de manera igualitaria, transparente, justa y equitativa, que la decisión de la mayoría es respetada, con el fin de que la población tenga la seguridad que su derecho al voto está respaldado por organismos independientes que en caso de incurrirse en alguna falta se aplicará la ley.

Figura 1. propiedad de poderenmanosdelciudadano.blogspot.com

En el siglo pasado en América Latina se vivieron procesos políticos caracterizado por su falta de democracia y fundamentados en la violencia, y México no podía ser la excepción. En este panorama pudiera pensarse que Guerrero conocido como un estado “Bronco”, violento y sin ley, la garantía de procesos electorales democráticos sería una tarea difícil, sin embargo el desarrollo político de la entidad no ha sido limitado como lo señala Quintero7, quien advierte que ante la falta de acceso a la justicia y equidad, además

5

La visión de la FEPADE es dar certeza a los ciudadanos en general, que las violaciones a las leyes electorales serán sancionadas conforme a derecho7.

Cabe destacar que la FEPADE tiene facultades de procuración de justicia electoral, señaladas en el artículo 42, inciso IX de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero: “Implementar las acciones de prevención del delito electoral y establecer los vínculos de coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría

Díaz Elías, Prestigio y desprestigio del derecho, Aula Abierta Salvat, Pág. 4, http://blackboard.ucab.edu.ve/webapps/portal/frameset.jsp?tab=courses&url=/bin/common/course.pl?course_id=_1745_1,

agosto 2010.

6

Democracia y gobernabilidad, Ojeda Paullada Pedro, en Democracia y Gobernabilidad, Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional II, Coordinadores Valadés Diego y Gutiérrez Riva

Rodrigo, ISBN 968-36-9610-4, http//www.bibliojuridica.org/libros/1/93/pl93.htm.

7

Quintero Romero Dulce María, De la cultura de la resistencia a una cultura de la participación cívica, política y democrática en Guerrero, basada en los derechos humanos, Pág. 425, Tesis doctoral en

Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Guerrero, Unidad de Ciencias en Desarrollo Regional, Guerrero, México, Mayo 2008.

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Figura 2. Propiedad del Gobierno del Estado de Guerrero

General de la República”.

En el mes de junio del año 2010, la FEPADE en el estado de Guerrero, inició el programa de prevención del delito electoral 2010-2011, el cual cubrió las siete regiones del Estado (figura 2), y comprendió la capacitación a funcionarios de los tres niveles de gobierno, docentes de todos los niveles educativos y a la población en general.

La tarea a cargo de los Ministerios Públicos adscritos a la FEPADE Guerrero, comprendió de manera muy sencilla se les explicaba cuales acciones se consideran delitos electorales, reforzando dicha capacitación con la distribución de trípticos y folletos donde se puntualizaba la explicación de los funcionarios de la FEPADE Guerrero, además de la presentación de la obra de teatro “Demos Libertad al Preso”, donde de manera divertida se reforzaba una vez más lo expuesto por los Ministerios Públicos de la FEPADE Guerrero.

Estas acciones, así como los anuncios publicitarios en los medios masivos de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, dieron difusión a la FEPADE, lo que coadyuvó a que el ciudadano tuviera conocimiento de la FEPADE y de los diferentes delitos electorales

resultado fundamental, implementar diversos mecanismos para que la ciudadanía sepa como presentar una demanda por algún delito electoral, ya sea por teléfono, vía correo electrónico, fax o bien de manera personal, reforzando con estas acciones la equidad en el acceso a la justicia electoral.

Podemos concluir que la justicia y la legalidad son características indisolubles de los sistemas democráticos y el estado de derecho en México, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es importante que el Gobierno apoye a los organismos que dan certidumbre a los procesos electorales, debido a que de esta manera los ciudadanos tendrán la certeza que los funcionarios fueron elegidos por la mayoría en un clima de libertad, igualdad y equidad.

Las herramientas fundamentales de este cambio social han sido el establecimiento de un Estado de Derecho justo, expedito y equitativo, así como el pleno respeto de los derechos humanos, de seguir este camino de fortalecer el Estado de derecho, el respeto pleno de los derechos humanos, seguramente veremos en nuestra región de América Latina, Estados cada día más democráticos, justos, equitativos, dando como resultado países más prósperos y desarrollados. CCE

Y es que la tarea de la FEPADE es proporcionar la seguridad de acceso a la justicia con equidad en el ámbito de los procesos políticos electorales, por lo que ha Con-ciencia Electoral

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Vigilancia electoral y fortalecimiento de la democracia Luis Alberto Montes Salmer贸n* Dulce Mar铆a Quintero Romero**

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l proceso de democratización de este país, sin duda ha tenido avances importantes que se manifestaron el pasado 30 de enero en Guerrero, no solo en cuanto a la participación y la apertura de la oferta política para los votantes, sino en la creación y consolidación de un sistema cada vez más fuerte de contrapesos en el sistema político mexicano.

Un elemento fundamental fue sin duda la fiscalización y vigilancia llevada a cabo por los propios partidos involucrados en la contienda, quienes promoviendo la igualdad de condiciones en el proceso se dieron a la tarea de participar en la vigilancia y seguimiento sobre el actuar de sus contendientes y de las propias dependencias gubernamentales, especialmente las responsables de la operación de programas sociales en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Y es que con una administración federal de origen panista, una administración que asume la gubernatura con el apoyo del PRD y administraciones municipales de distintos partidos, la vigilancia del gasto y el manejo de

los recursos durante el proceso electoral por parte de los partidos y las instancias gubernamentales pasó a ser un proceso interesante.

Especialmente por la conformación del mapa político muy diverso en Guerrero pues actualmente de los 81 municipios tenemos gobiernos municipales que fueron propuestos por distintos partidos políticos: Mártir de Cuilapan y Copalillo por Convergencia; Buenavista de Cuéllar, Cuajinicuilapa y Tlalchapa por el Partido Acción Nacional; Teloloapan por Alternativa Socialdemocrata; Quechultenango y Marquelia por el Partido Verde Ecologista; Coyuca de Benítez, Teloloapan y Xochistlahuaca por la coalición Convergencia- Partido del Trabajo; Acapulco, San Miguel Totolapan y Tixtla por la coalición PRI-Partido Verde Ecologista, además de otros 25 municipios encabezados por el Partido de la Revolución Democrática y otros 40 por el Partido Revolucionario Institucional como se observa en el mapa1.

Lo mismo ocurre con la integración del Congreso Estatal en donde los resultados de las votaciones

*Titular de la FEPADE Guerrero **Profesora Investigadora de la UCDR-UAG. Integrante del SNI

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uninominales distritales en el 2008 reflejaron las preferencias de los votantes hacia el PRI, PRD, PAN y la Coalición PRI-Partido Verde.

Esta integración plural del ejercicio público sin duda se repite en cada uno de los cabildos de los diversos rincones del Estado, en donde quienes han asumido el liderazgo o alguna representación han pasado a ser sujetos de la observación y cuidado por parte de sus contrincantes políticos (algunos con experiencia en el ejercicio de la administración). Esto fue sin duda un elemento importante en el cuidado para el manejo de los recursos públicos, pero sobre todo para tratar de garantizar de una función imparcial y correcta por parte de los servidores públicos.

En ello ha resultado fundamental no solo el trabajo desarrollado por los que participan de la vida política, sino también por aquellos organismos creados para investigar e instrumentar sanciones para quienes violenten las reglas del proceso electoral como lo muestran las 240 quejas presentadas por partidos políticos y coaliciones ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero; así como las 210 denuncias integradas por la FEPADE por posibles delitos electorales y deducidas de éstas 88 en contra de servidores públicos, durante la jornada electoral del 2011 en la entidad.

Servidores públicos bajo la lupa La legislación en Guerreo establece sanciones claras para los servidores públicos que desde su posición buscan intervenir en los procesos electorales a fin de favorecer a un partido o coalición, atendiendo sus simpatías o intereses políticos personales y descuidando la imparcialidad de su tarea.

La Constitución Política del Estado de Guerrero en su artículo 110 establece que el término de funcionario público comprende no sólo a quienes participan de la administración pública sino a todos aquellos representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, integrantes del Tribunal Electoral del Estado, Consejeros Electorales y demás servidores del Instituto Electoral del Estado de Guerrero; así como a los servidores, empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, como lo enmarca el artículo 108 de la Constitución Política Mexicana.

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Servidor Público es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal.

Con este referente de un amplio rango de quienes son servidores públicos, el Código Penal del Estado de Guerrero en su artículo 296 hace referencia a multas económicas de trescientos a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Estado (un monto que fluctúa entre los 17 mil 238 y los 28 mil 730 pesos), prisión de cuatro a seis años e inhabilitación para ocupar cargos dentro de la administración gubernamental hasta por cinco Con-ciencia Electoral

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años a quienes interfieran, obstaculicen o impidan el desarrollo normal de los procesos electorales.

Se puntualiza que esta interferencia comprende cuando los servidores públicos induzcan el voto o coaccionen a sus subordinados a favor de un partido político, condicione el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas a actos de autoridad a la emisión del sufragio en favor de un partido político, coalición o candidato, o a la afiliación a un determinado partido político; o bien aquel que transfiera, facilite o haga uso indebido de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su encargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un candidato, coalición o partido político, (sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado); o en otro caso al que preste, a través de sus subordinados, algún servicio a los partidos políticos, las coaliciones o sus candidatos, usando de manera ilegal el tiempo correspondiente a sus labores.

Este marco jurídico sin duda representa un avance importante para normar el actuar de los servidores públicos a fin de que éstos desde su posición busquen favorecer alguno de los partidos o candidatos que participan en los procesos sin embargo aún resta el trabajar en la promoción de la denuncia a través de la cual los ciudadanos acudan a las instancias para señalar a aquellos servidores que estén violando la ley.

Ello sin duda tiene que ver con un proceso de civilidad de los ciudadanos, donde ellos se muestren cada vez más interesados de participar de los asuntos públicos, no sólo con una participación abierta en los procesos, sino a través del activismo en la vigilancia en el actuar de sus representantes.1 Está pendiente trabajar con los propios funcionarios para que personalmente asuman con responsabilidad su tarea en el servicio público, como parte de una larga historia de participación política limitada y la presencia de un partido de Estado, toda vez que con anterioridad el servidor público entendía que su labor desde la representación en los cargos de elección popular o en la administración, debía servir a su partido, al amigo o a las circunstancias que lo habían colocado allí.

Con el proceso de apertura política y la incursión de otros partidos la situación cambió pero sólo en parte, pues los servidores públicos, ahora de diferentes orígenes partidistas siguen orientados hacia la defensa y compromiso a cierto grupo, sin considerar que su función debe estar encaminada al beneficio de todos los ciudadanos, considerando el compromiso virtuoso que debía representar el bien común, en donde lo fundamental es la teleología jurídica. 2 Este fue uno de los temas abordados en el Programa de Prevención del Delito Electoral 2010-2011 que la FEPADE Guerrero llevó a cabo en todo el Estado, en donde los servidores públicos de diferentes dependencias y gobiernos municipales conocieron las diversas acciones que pueden ser tipificadas como delitos y los mecanismos a los cuales pueden recurrir (como la solicitud de permiso sin goce de sueldo debidamente requisitado) a fin de poder disfrutar libremente de sus derechos políticos.

Se les orientó en torno a que cada uno de ellos era libre de tener simpatías y preferencias hacia distintos partidos políticos, pero que esto debía quedar el ámbito personal y por ningún motivo debía involucrase con las tareas o el actuar de su desempeño público.

Ello sin duda tuvo como resultado que gran parte de los asistentes considerara que

1

Wences Simón, Isabel, 2007. “Republicanismo cívico y sociedad civil”, en José María Sauca Cano e Isabel Wences.

Pérez Campos, Magali, 2006, “Estado, Sociedad, Bien Común y Derechos Humanos, en Participación Ciudadanía y Derechos Humanos, La Universidad por la vigencia efectiva de los derechos humanos, Universidad Católica Andrés Bello, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Caracas, págs. 17-35.

2

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algunas de las prácticas que podían hacerse de manera rutinaria deben evitarse no solamente por ser un delito, sino por la responsabilidad que les confería el servicio público.

La denuncia de los delitos por funcionarios públicos Como parte de estas acciones para la prevención del delito electoral la propia Fiscalía Especializada para Delitos Electorales en Guerrero durante los meses de junio a diciembre llevó a cabo una encuesta a 529 ciudadanos de distintas regiones del Estado, entre los que se encontraban funcionarios públicos, integrantes de partidos políticos y ciudadanos en general a fin de conocer la percepción que estos tenían de la propia FEPADE, su funcionamiento y aportación a los procesos democráticos de la entidad.

En las preguntas realizadas existen algunas relacionadas de la percepción que se tiene sobre el actuar de los servidores públicos como aquella que decía ¿Cuál consideran que es el delito electoral que más se comete en Guerrero? a lo que los encuestados respondieron: en primer lugar la compra de votos, con un 52%; en segundo lugar el condicionamiento de algún servicio público a cambio del voto por el candidato de algún partido político, con un 15%; en tercero la presión de los jefes a funcionarios públicos, con un 5%; en cuarto lugar la retención de credenciales de elector, con un 4% y en quinto la participación de los servidores públicos en actos de proselitismo con un 3%, el resto no respondió a la pregunta. (Gráfica 1)

Gráfica 1

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Otro tema importante en la encuesta fue sobre el seguimiento a estos delitos por lo que se preguntó: ¿Cuál de los delitos electorales crees que sea el más difícil de probar? a lo que un 29% se refirió a la compra de votos, el 26% mencionó la presión de los funcionarios públicos a sus subordinados, el 18% a la participación de los servidores públicos en actos de proselitismo de algún partido, el 17% al condicionamiento de recursos públicos, el 5% a la retención de la credencial de elector y otro 5% no contestó. (Gráfica 2)

Todo ello sin duda indica que existe aún mucho por trabajar en los procesos de denuncia, pero sobre todo en la prevención de los delitos que ha pasado a ser un punto medular de las acciones en el proceso electoral de enero de 2011 y para su accionar en los próximos años.

Y es que el trabajo de la Fiscalía resulta fundamental para salvaguardar el cumplimiento de la ley, pero especialmente en las actividades que esta instancia pueda hacer para el desarrollo político de Guerrero abone al fortalecimiento de la democracia a través de una participación más responsable de quienes participan en la vida política. CCE

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El voto del migrante internacional, un derecho y una responsabilidad pendiente 1

www.elmirador.org.gt

Ramiro Morales Hernรกndez

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L

as reformas a la Constitución Política de México en sus artículos 30, 32 y 37 efectuadas en el periodo del Presidente Ernesto Zedillo, fueron acciones de gobierno encaminadas a la atención de demandas provoto de emigrantes mexicanos, impulsadas como debate político nacional desde 1929, por grupos de organizados en Estados Unidos como : la Alianza Binacional por el Voto sin Fronteras, la Coalición por los Derechos Políticos de los Méxicanos en el Extranjero y el Comité de los Mexicanos en el Exterior. 2

La esencia del reclamo era la pertenencia y derechos políticos que tenían como mexicanos, sin embargo tuvieron que pasar un poco más de 68 años para que su postulación fuera escuchada y fue hasta 1997 cuando sus peticiones culminan con la reforma del artículo 37 constitucional, que por decreto se realizó el 20 de marzo de 1997 y entró en vigor un año después (20 de marzo de 1998), y plantea que: “ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad”.

Así, las leyes mexicanas reconocen la irrenunciabilidad de la nacionalidad de los mexicanos radicados en un país distinto y por ende su derecho a participar en las decisiones políticas de México.

Con esta innovación a la Constitución Política de México se sentaron las bases constitucionales para que los mexicanos residentes en el exterior gozarán el derecho a poder votar y ser votado para ocupar un puesto de elección popular en México.

El reclamo del derecho de participar en los procesos político-democráticos de México por los emigrantes internacionales se vio coronado en las elecciones presidenciales del 2006, proceso que permitió el ejercicio de la ciudadanía electoral como práctica transnacional puesto que por primera vez bajo los derechos constitucionales de la Carta Magna de México los mexicanos con doble nacionalidad radicados en Estados Unidos tuvieron la oportunidad de ejercer su voto.

No obstante, la experiencia que dejó el proceso electoral para la elección presidencial del 2006 abrió la discusión sobre los costos económicos que representó la captación de los votos de los emigrantes mexicanos localizados en el país vecino -debido a la baja votación emitida desde ese país- y el análisis de los problemas que propiciaron el limitado ejercicio del voto.

1

El Instituto Federal Electoral reportó que únicamente 32,621 mexicanos aprovecharon la enmienda al Sistema Electoral Mexicano para emitir su voto desde los Estados Unidos de Norteamérica, en las elecciones presidenciales de julio del 2006, lo que dio elementos a quienes desde una posición fatalista, criticaron el costo que representó cada voto emitido, olvidándose, como lo señala Moctezuma,3 de la valoración sustantiva y trascendental del reconocimiento de las prácticas del ejercicio de un derecho democrático que conlleva el voto ciudadano extraterritorial, así como de las implicaciones de relación social que tal hecho representa para el Estado Mexicano, ya que cualquier país que reconozca en sus leyes la residencia binacional, debe asumir el compromiso de nuevas relaciones sociales entre el propio Estado y sus connacionales residentes en otros países.

Lo anterior lleva a nuevos retos del Estado, puesto que mucho hay por analizar en términos del ejercicio ciudadano transnacional, en virtud de que más allá de la apertura que se ha dado en el ejercicio del voto, ahora hay que crear las condiciones estructurales que permitan el ejercicio democrático del mismo, ya que si bien en la elección presidencial del 2006 fue mínima la población que pudo emitir su voto, no hay que olvidar que en Estados Unidos, de acuerdo a datos de las propias instancias gubernamentales mexicanas, en el año 2006 radicaban más de 26 millones de población con ascendencia mexicana.

Es de señalar que México es un país en donde distintas determinantes socioeconómicas han motivado a su población a emigrar hacia los Estados Unidos, sobre todo la pobreza extrema,4 el desempleo, las diferencias salariales

Foto: Ramiro Morales. La pobreza provoca la emigración de los mexicanos

Doctor en Desarrollo Regional. Profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores del

Estado de Guerrero y Coordinador del Cuerpo Académico: 111-UAG, Procesos Poblacionales y Organizacionales en el Desarrollo Regional.

2

Imaz Cecilia, (2006), La Nación Mexicana Transfronteras. Impactos Sociopolíticos en México de la Emigración a Estados Unidos. UNAM. México.Pág.

216.

3

Moctezuma Miguel, (2010) La Transnacionalidad de los sujetos. Dimensiones, metodologías y prácticas convergentes de los migrantes mexicanos en

Estados Unidos. UAZ. México.

4

Distintos estudios se han realizado en México con la finalidad de explicar la emigración laboral de mexicanos, investigaciones que han demostrado que

la emigración se deriva de la pobreza en que vive más del 50% de la población mexicana.

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entre ambos países, etc., que aunado a que en el país del norte existe una demanda permanente de fuerza laboral inherente a la estructura económica “primermundista” que genera la atracción de la fuerza laboral mexicana, misma que al arribar a esa nación se inserta, sobre todo, en sectores de la industria manufacturera, agrícola, de servicios y la construcción.

El comportamiento migratorio se refleja en los datos del Consejo Nacional de Población de México (2008); los que señalan que la pérdida de población ha sido sistemática desde los años sesenta por lo que su efecto en la dinámica demográfica es cada vez más perceptible.5

www.jornada.com,mx

Fuente: BBVA Research con estimaciones de CONAPO a partir de Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 2000-2007.

En este contexto, se puede afirmar que los retos a enfrentar por los organismos encargados de promover y vigilar el voto democrático de los connacionales en Estados Unidos de América, son diversos, destacándose entre otros: 1. La conformación de estructuras administrativas que permitan poder ejercer el voto.

Es decir, se tienen que diseñar esquemas administrativo-operativos y oficinas de representación, en condados y ciudades donde se presenta la concentración de mexicanos, lo anterior en términos de facilitar la gestión y obtención de la credencial de elector, en los tiempos adecuados, para que los emigrantes puedan ejercer su voto.

5

El flujo neto anual (diferencia entre inmigración y emigración) se ha multiplicado en términos absolutos, en más de trece veces en las últimas tres décadas y media, al pasar de un promedio anual de 26 mil a 29 mil personas en los sesenta a más de 300 mil emigrantes por año en la década de los noventa, y a cerca de 400 mil en los primeros cuatro años del presente siglo. Lo anterior, ha dado lugar a la conformación de una comunidad de origen mexicano en los Estados Unidos de magnitud considerable la cual en 2003 ascendía a 26.7 millones y para el 2007 alcanzaba la suma de 30.3 millones de población con ascendencia mexicana.

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2. Diseñar y establecer programas de difusión sobre los derechos políticos que tienen en México.

rigen y tienen bajo su custodia los procesos democráticos de la praxis política en nuestro país.

Toda vez que, desde el proceso electoral presidencial del 2006, no ha sido diseñado un programa de educación dirigido a los emigrantes internacionales sobre la concientización de su derecho de voto y de su libre sufragio.

Es decir, los encargados responsables del cumplimiento de lo que establece el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales que entró en vigor el 16 de agosto de 1990, deberán asumir la responsabilidad de propiciar y vigilar el cumplimiento de la normativa de proteger el voto del mexicano transnacional. CCE

3. Impulsar programas sobre la normatividad que rige los procesos electorales en México.

www.webislam.com

Puesto que el hecho del reconocimiento de su nacionalidad, propicia que puedan afiliarse al partido político de su preferencia y ser “cobijados” por los cuerpos legales que

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¿Candidaturas independientes, son necesarias?

1

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Emilio Ramírez Moreno

El descrédito electoral y el desencanto ciudadano ha originado que surjan temas como el de las candidaturas independientes, cuya nota característica es que cualquier ciudadano puede participar como candidato a un puesto de elección popular, sin necesidad de ser postulado por un partido político.

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E

n nuestro país, en los últimos años se ha acrecentado la desconfianza de los ciudadanos hacia los partidos políticos. Así lo han revelado diversas encuestas realizadas por los medios de comunicación, y algunas instituciones públicas como la Secretaría de Gobernación, quien en el 2009 difundió una encuesta, la cual arrojó como resultado que sólo el 4% de la población confía en los partidos, el 9% está interesado en la política; mientras que el 66% considera que las elecciones no son limpias, el resto dice no interesarle.

La raquítica credibilidad de los ciudadanos en los partidos políticos es por la idea de que estos entes públicos se preocupan por sus propios intereses y no por las necesidades de la población.

El descrédito electoral se registra en momentos en que México se encuentra en una de las etapas de mayor competencia de partidos, en la que los ciudadanos se ven expuestos hasta la saciedad a una propaganda electoral caracterizada por la falta de propuestas y la simplificación de discursos. Las campañas se hacen notar por las descalificaciones personales entre los adversarios.

Este desencanto ciudadano ha originado que surjan temas como el de las candidaturas independientes, cuya nota característica es que cualquier ciudadano puede participar como candidato a un puesto de elección popular, sin necesidad de ser postulado por un partido político.

Las candidaturas independientes es un tema propuesto por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en su iniciativa de reforma política, dada a conocer el 15 de diciembre de 2009. Pero, ¿Qué tan necesarias son estas candidaturas independientes en México, para sostener que a través de ellas se pueda lograr mayor credibilidad a nuestro sistema político electoral? ¿En qué medida estas candidaturas pueden aportar al fortalecimiento de nuestra democracia?

De entrada, en mi opinión, las candidaturas independientes no son tan necesarias para lograr mayor credibilidad al sistema político ni para fortalecer nuestro sistema democrático, como trataré de demostrar en las líneas siguientes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, establece que una de las prerrogativas del ciudadano es poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley. Sin embargo, el Código Federal Con-ciencia Electoral

de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales, el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

El sistema actual impide que ciudadanos que cuentan con el respaldo de parte del electorado, pero que no forman parte de alguna plataforma partidista, cumplan su derecho de contender por un puesto de elección popular.

Ahora bien, resulta interesante citar en este trabajo el caso Castañeda, quien plantea ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el tema de las candidaturas independientes en México, por lo que considero importante señalar algunos antecedentes principales de este asunto.

En el 2004 Castañeda solicitó al Instituto Federal Electoral su registro como candidato independiente, para participar en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, la respuesta del Instituto fue que las candidaturas independientes no están previstas en la Ley, por tanto, le fue negado el registro.

En contra de esta determinación promovió amparo, pero fue decretado improcedente porque el artículo 73 de la Ley de Amparo establece como causal de improcedencia cuando se promueva en contra de actos electorales.

Castañeda impugnó esta resolución y solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción. Una vez aceptada esta pretensión, la máxima autoridad jurisdiccional del país resolvió confirmar la determinación de improcedencia del amparo.

Lo relevante de esta pequeña relatoría es que Castañeda agotó las instancias internas del país para acceder a la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y plantear ante ella que en México se viola su derecho político electoral, al no contemplarse las candidaturas independientes.

Cabe resaltar que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se desarrollaron dos puntos: a) La inexistencia en nuestro país de un medio de impugnación accesible y eficaz para atender la pretensión de Castañeda y b) La supuesta violación a su derecho político electoral de ser votado, al no establecerse en México las candidaturas independientes.

Por cuanto hace al primer punto, la Corte resolvió que Castañeda no tuvo la posibilidad de acceder a un medio de defensa eficaz que atendiera su pretensión de 35

la supuesta violación a su derecho político electoral de ser votado.

En efecto, en aquel tiempo, el Juicio para la protección de los Derechos Políticos del Ciudadano no era un medio de protección accesible y eficaz para su pretensión, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación había resuelto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no contaba con la facultad de decretar la inconstitucionalidad de leyes electorales.

Sin embargo, durante el juicio que se estaba tramitando en la Corte Interamericana, en México se realizó la reforma constitucional de 2007, estableciéndose en la Constitución que el referido Tribunal Electoral sí tiene facultad para inaplicar leyes que considere contrarias a la constitución para el caso concreto, por lo que quedó subsanada la omisión que señaló la Corte Interamericana en su resolución.

En relación al segundo punto, que es el que aquí nos interesa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no es requisito indispensable que un país establezca dentro de sus ordenamientos jurídicos la existencia de candidaturas independientes, para 36

considerar que cuenta con un sistema democrático que garantiza los derechos fundamentales. Es decir, un Estado puede legítimamente permitir o prohibir las candidaturas independientes, sin que ello sea una restricción al derecho político de ser votado.

Establece la Corte, que el derecho fundamental a ser votado puede coexistir con el hecho de que sea a través de los partidos políticos como un ciudadano pueda acceder a un cargo de elección popular, a través de la solicitud de registro como candidatos que realicen éstos. Pero, ¿por qué considero que las candidaturas independientes en México actualmente no son necesarias?.

En primer lugar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había establecido, ya para entonces, el criterio de que los partidos políticos tienen la obligación de contar con un funcionamiento democrático en su interior, es decir, se otorga importancia a los partidos políticos en el proceso de construcción de la democracia.

Otro referente, es que la legislación mexicana no establece un sistema cerrado de partidos, sino que contempla la posibilidad de constituir nuevos partidos que constituyan nuevas opciones que eventualmente postulen a los ciudadanos como candidatos.

Con-ciencia Electoral

Un aspecto también importante, es que los partidos políticos actualmente prevén la posibilidad de postular candidatos externos, esto es, que no necesariamente tienen que ser militantes del partido para poder ser postulados como candidatos. Es más, existen partidos que en sus propios documentos internos prevén una cuota para las candidaturas externas.

Todos estos puntos configuran un sistema en el cual no es necesaria la candidatura independiente, aunque posible y, en ese sentido, lo que hace la Corte Interamericana es reconocer o validar los criterios del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país.

Podríamos decir, que el conjunto de decisiones del Tribunal Electoral que ha venido abriendo la vida de los partidos políticos, ya sea al control por parte de las autoridades, como la exigencia de los procedimientos democráticos, y también ahora la exigencia de transparencia y de derecho de acceso a la información por parte de cualquier ciudadano; hacen posible que los partidos políticos puedan ser la vía exclusiva para presentar candidaturas, sin que ello constituya una restricción injustificada al derecho político de ser votado de los mexicanos

ciudadano que pretender ocupar un puesto de elección popular es político.

Las candidaturas independientes si bien se fundan en el igual derecho de todos los ciudadanos a convertirse en candidatos, en los hechos para ser candidato y llevar con éxito una campaña, se necesitan recursos y una serie de apoyos, que significa constituir un grupo de apoyo que es algo muy semejante a un partido político. Los candidatos independientes en el mundo, son personas que en realidad tienen la capacidad de desplegar una campaña electoral.

Conclusión En México válidamente se pueden permitir o prohibir las candidaturas independientes, sin que su prohibición constituya una violación al derecho fundamental de ser votado, porque la legislación Mexicana no establece un sistema cerrado de partidos; se prevé la posibilidad por parte de los partidos políticos de postular candidatos externos y, sobre todo, porque los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han establecido la obligación de los partidos políticos de contar con un funcionamiento democrático en su interior, es decir, se otorga importancia a los partidos políticos en el proceso de construcción de la democracia.

Objeciones en contra de las candidaturas independientes Estos elementos hacen posible que los partidos políticos puedan ser la vía exclusiva para presentar candidaturas, sin que ello constituya una restricción injustificada al derecho político de ser votado de los mexicanos. CCE

www.minrel.gov.cl

El hecho de que el sistema actual de partidos actualmente no funcione adecuadamente, no significa que por eso se les tenga que hacer a un lado. Además, el tema de las candidaturas independientes se ha generado a través de un falso dilema que contrapone a los políticos con los ciudadanos; pero, todo político es ciudadano y todo

La

Corte

Interamericana de Derechos Humanos Con-ciencia Electoral

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Portada

Por una cultura de la prevención Dra. Ma. Macarita Elizondo Gasperín

1

“Para prevenidos no www.photl.com

hay acasos” Baltasar Gracián

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Con-ciencia Electoral

www.ife.org.mx

O

í decir una vez que un ciudadano extravió su credencial de elector, sin darle mayor importancia, y que en virtud de la rapidez y sencillez del trámite de reposición, no reportó el extravío ante las autoridades competentes, sin embargo meses después llegaron a su domicilio diversos requerimientos de pago en virtud de un préstamo que fue solicitado a su nombre en una institución bancaria, y corrió el riesgo de perder el patrimonio de toda su vida por una deuda totalmente desconocida por él. ¿Qué sucedió? Pues que el sujeto que encontró la credencial de elector, hasta ese momento extraviada, cambió la fotografía y empezó a darle un uso inadecuado al documento oficial no reportado como perdido o robado.

Los datos emitidos por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) señalan2 que de enero a diciembre del año 2010 del total de averiguaciones previas iniciadas, el 20% estaban relacionadas con la probable comisión del delito de expedición ilícita de credenciales para votar; es decir, una quinta parte corresponde a esta conducta delictiva.

De la siguiente gráfica destaca que la incidencia en 2010 de este tipo penal se da en primer lugar en el Distrito Federal con el 24% del total nacional, seguido por su vecino el Estado de México con el 9%, y ya con menor porcentaje otros Estados como Sonora (7%), Jalisco (5%) y Puebla (5%) y como dato adicional el Estado de Guerrero con un 2%. Pero quiero ser sensible en cuanto a la incidencia en las dos Entidades con mayor número de denuncias iniciadas, ya que debemos tener en cuenta la gran actividad

1

Consejera Electoral del Instituto Federal Electoral

Con-ciencia Electoral

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www.elarsenal.net

para la organización de los procedimientos electorales y la emisión del sufragio universal.

Sobre el particular. No deja de llamar la atención la ocurrencia tan considerable que existe en el país, 2 de cada 10 mexicanos denunciados ante la FEPADE incurren en dicha conducta, pues es indudable que cuando se lleva a cabo la alteración de documentos oficiales o la emisión apócrifa de éstos, se siembra el desconcierto y la confusión en la sociedad; sin embargo estos casos son fácilmente detectables, debido a que la credencial de elector auténtica cuenta con estrictas medidas de seguridad y confiabilidad, como son, entre otros: las tramas de seguridad que tiene la fotografía en la credencial, la impresión de microlínea en el contorno de la fotografía con el nombre completo y fecha de cuando se realizó el trámite, la impresión digital de la firma del titular de la credencial ( Vid. www.ife.org.mx: *Credencial para votar*); por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la jurisprudencia 1a./J. 97/20013 que en el Registro Federal de Electores, tanto las listas nominales y las credenciales de elector con fotografía son documentos investidos de los principios de certeza, legalidad y objetividad, pues constituyen bases

Es necesario referir que cuando se tramita la reposición de la credencial para votar, por pérdida, extravío o robo no existe ninguna modificación de datos personales, datos neoelectorales, ni de domicilio, por lo tanto la credencial se debe generar con la misma información que se tiene en el padrón.

www.ife.org.mx

económica que se lleva a cabo en estas y la densidad poblacional que hay en ambas.

2

www.pgr.gob.mx

3

DELITOS ELECTORALES. LA CONDUCTA DEL CIUDADANO CONSISTENTE EN PROPORCIONAR, CON CONOCIMIENTO DE QUE ES FALSO, UN

NUEVO DOMICILIO A LA AUTORIDAD, LA CUAL OMITE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD, ACTUALIZA LA CONDICIÓN NECESARIA PARA QUE SE PRODUZCA LA ALTERACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 411 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Tesis de jurisprudencia 97/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil uno, por unanimidad de cuatro votos.

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Igualmente es tarea de la administración pública a través de los organismos competentes, fortalecer las políticas de prevención y combate de este delito, concientizando también al ciudadano en el hecho de que al acudir a los módulos del Instituto Federal Electoral a solicitar la emisión de la credencial de elector proporcionando datos o documentos falsos configura este delito con pena privativa de la libertad (Vid. artículo 41 del Código Penal Federal), aunado a ello hay que decir que existen mecanismos adecuados y de fácil acceso para que los individuos que hayan extraviado o les haya sido robada su credencial para votar puedan levantar su acta correspondiente, y de esta manera se proteja del inadecuado uso de sus documentos.

las denuncias correspondientes, de conformidad con los acuerdos que tiene firmados con FEPADE, pues una de sus principales obligaciones como autoridad electoral es la de garantizar al ciudadano un inobjetable proceso electoral mediante la adecuada emisión de credenciales de elector.

CCE

Un caso que me gustaría comentar es el de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ya que amplió la posibilidad, en su portal de “Ministerio Publico Virtual”, de reportar el extravío o robo de la credencial de elector mediante un procedimiento que no le lleva al ciudadano más de 15 minutos en su trámite (Vid. www. pgjdf.gob.mx).

El Instituto Federal Electoral, detecta de forma por demás rápida y eficiente aquellos casos de trámite de más de una credencial para votar y seguirá llevando a cabo

Con-ciencia Electoral

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Las relaciones pĂşblicas y el uso de las redes sociales en el fortalecimiento de la democracia

www.trecebits.com

Yuridia MarbĂĄn OregĂłn*

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Resumen l presente artículo científico surgió por la necesidad de buscar y proponer mediante las relaciones públicas, estrategias que resuelvan la falta de participación de los individuos en el fortalecimiento de la democracia en México; persuadir a las instituciones públicas encargadas de promover esta democracia, y reflexionen de lo necesario e importante del uso de las redes sociales como canales de comunicación y sus innumerables alcances.

E

Summmary The present scientific article arose by the need to look for and propose by means of the public relations, strategies that resolve the fault of participation of the individuals in the strengthening of the democracy in Mexico; persuade to the public institutions attendants to promote this democracy, and reflect of the necessary and important use of the social nets like channels of communication and his innumerable extents.

El objetivo toral que se persiguió en el presente artículo, versa en reflexionar que indubitablemente las relaciones públicas son importantes para establecer mayor participación democrática, pero se deben formular nuevas estrategias de políticas públicas, más acordes a las necesidades y exigencias de la sociedad en su conjunto y la influencia del entorno regional, nacional e internacional.

The toral objective that was persecuted in the present article, deals to reflect that clearly public relations are important to establish greater democratic participation, but it should formulate new strategies of public politics, more attuned to the needs and demands of the society as a whole and the Influence of regional environment, nationally and internationally.

Por tal razón, las instituciones encargadas de formar y vigilar los procesos electorales a nivel nacional y estatal no deben trabajar solas, sin lograr involucrar la participación de la sociedad para evolucionar juntos democráticamente; caminar por el rumbo y canales de comunicación óptimos para que los procesos electorales sean realmente transparentes, responsables y legales, que permitan despertar actitudes de simpatía y posteriormente de plena confianza hacia sus instituciones públicas; pero esto podrá lograrse a partir de la proyección de su imagen organizacional a través de la comunicación permanente con la sociedad, y alcanzar juntos la democracia.

For that reason, the institutions responsible for train and monitor the electoral processes at the national level and state should not be working alone, without achieving involve the participation of society to evolve together democratically; walking through the course and channels of communication optimal for that the electoral processes are truly transparent, accountable and legal, that allow to awakening attitudes of sympathy and subsequently of full confidence toward its public institutions; but this can be achieved from the projection of his image organizational through the permanent communication with the society, and achieve together the democracy.

A manera de conclusiones, se destacó que si las instituciones públicas no crean conciencia en transparentar sus procesos electorales, entiéndase en la transparencia en el manejo de los recursos económicos, objetivos, actividades propias, etc, y además su coherencia en sus acciones; no se logrará la participación de la sociedad y seguirá siendo fácil decir que la democracia en nuestro país es una utopía.

By way of conclusions, stressed if the institutions do not create awareness in transparent their electoral processes, understood in the transparency in the handling of the economic resources, objective, activities, etc, and further its consistency in their actions; its not achieved the participation of the society and will continue to be easy to say that democracy in our country is an utopia.

Palabras clave Relaciones públicas, comunicación organizacional, públicos internos, públicos externos, planeamiento estratégico, democracia, redes sociales, sondeocracia, ciberespacio, cibergobierno.

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Introducción El nuevo siglo XXI representa un cambio de directriz, en los ámbitos de las ciencias sociales y las ciencias aplicadas se necesita una efectiva comunicación a través de las relaciones públicas; sobre todo, en el entorno actual de la modernización y crisis económica, política y social. Por tal razón, no podemos quedarnos estoicos ante los divergentes cambios.

Hoy día, se puede apreciar la evolución de las relaciones públicas para adquirir o cohesionar las empresas a nivel mundial, como una forma para afrontar la globalización y lograr una mayor competitividad. Para estar inmersos en * de la primera generación en México, de la Maestría Internacional en Comunicación y Relaciones Públicas. Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia de la UAG.

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estos procesos de cambio, implica imprescindiblemente conocer el público de la organización, su segmentación, los canales y flujos de comunicación; mismos que hacen más útil y variable la vida de las organizaciones, es decir; si se construyen y manejan las relaciones públicas en todo momento y lugar de la organización, se construirá una imagen favorable y la participación de toda la ciudadanía.

Las relaciones públicas son unas de las palancas más poderosas para impulsar el desarrollo político, económico y social de una comunidad. El reconocimiento y el respeto a la personalidad del ser humano, el diálogo franco y sincero, la información amplia y sin cortapisas; son condiciones ineludibles para que la filosofía directriz de las relaciones públicas pueda fructificar y fortalecer a la democracia, cimiento sólido sobre el cual se puede construir un sistema o modelo válido de relaciones públicas.

Se considera a las Relaciones Públicas como un sistema pluridisciplinario clave para integrar a la organización empresarial y a sus públicos, mediante la aplicación de estrategias de comunicación que fomenten el intercambio de información en un mundo tan interconectado.

Para lograr una mejor comunicación con los públicos internos y externos, no basta con intentar la aplicación irreflexiva y apresurada de las estrategias de relaciones públicas, sino en reexaminar las necesidades de esta sociedad y estructurar un plan estratégico adecuado con la realidad nacional y el uso de las herramientas necesarias, que exigen la sociedad de la información.

El objetivo de este artículo es concientizar a los líderes de organizaciones públicas de lo imprescindible y útil que son las relaciones públicas y la fuerza que cobran con el uso de las redes sociales para fortalecer la democracia en México. Sobre el uso correcto, -sin dolo- de las múltiples herramientas que ofrece el internet.

Metodología La investigación que se desarrolla en el presente artículo tiene un carácter teórico, a fin de establecer una descripción y plataforma conceptual para reflexionar acerca de las relaciones públicas, a través de la caracterización de las mismas para resaltar la importancia y el uso que se puede hacer de las redes sociales como canales de comunicación y fortalecedoras de la democracia.

Por lo tanto, este trabajo analiza fuentes bibliográficas que ofrecen un panorama más amplio y diverso de las principales teorías y conceptos referidos a las relaciones públicas y su relación con el uso de las redes sociales.

Naturaleza de las relaciones públicas Con frecuencia, al hablar de la existencia de las relaciones públicas en la organización, varios 1 2

estudiosos afirman que éstas son la panacea para sanar la disfuncionalidad de una organización y sus públicos; si bien son imprescindibles, no es la única disciplina, pero sí la más importante y su finalidad radica en “… administrar los procesos de comunicación para lograr la credibilidad y confianza de los públicos hacia la organización”, como lo define la Confederación Iberoamericana de Relaciones Públicas (CIRP) (Citado por Aguadero, 1993:20) Al definir el término de relaciones públicas, nos encontramos ante una polisemia, ya que se le atribuyen diversas connotaciones, pero indubitablemente concuerdo en que “las relaciones públicas son una política organizacional que persigue la cohesión y el entendimiento entre la organización y sus públicos mediante la administración e integración de los procesos de comunicación con las acciones. Teniendo en cuenta que el destinatario o sujeto es el individuo”. 1 Partiendo de una recopilación de más de quinientas definiciones, elaborada por Rex Harlow (Profesor de Relaciones Públicas, fundador de la Public Relations Society of America), también podemos decir que “las relaciones públicas son una función directiva independiente, que permite establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutuas entre una organización y sus públicos. Implica la resolución de problemas, ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante la opinión pública. Define y destaca la responsabilidad de los directivos que deben servir el interés público. Ayuda a la dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios de forma efectiva, sirviendo como un sistema de alerta para ayudar a anticipar tendencias. Utiliza la investigación y técnicas de comunicación éticas como principales herramientas”.

La Asamblea Mundial de las Relaciones Públicas de 1978 2 definió esta disciplina como una “ciencia”: La práctica de las relaciones públicas consiste en el arte y la ciencia social de analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de las organizaciones y aplicar y

AGUADERO Fernández, Francisco. Comunicación Social Integrada. Un reto para la organización. Primera Edición. Edit. El Ateneo, España, 1993, Pág. 25.

WILCOX, D. y otros Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. Pearson Education. Madrid, 2001 Pág. 12

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evaluar planeamientos estratégicos de acción que sirven tanto a la organización como al público.

Parte integrante de las relaciones públicas es la comunicación, razón por la cual podemos destacar su importancia al afirmar que “ha sido la propia realidad la que ha ido imponiendo una nueva manera de concebir la comunicación, al considerarla como integrante de los activos intangibles de empresas e instituciones, como vector de competitividad y promotor de calidad, eficiencia y participación”.3 Y es motivo de análisis cuando Álvarez y Caballero4 señalan que es en los partidos políticos y las instituciones del gobierno donde más fácilmente se percibe la falta de comunicación y de participación interna, lo que se traduce en apatía y desmovilización de los miembros de las organizaciones. De tal manera, es imprescindible establecer las bases de las relaciones públicas en su función principal que es la comunicación. “Es común subestimar el recurso interno, privilegiando a públicos externos… creyendo que es posible construir buena imagen sin antes vigorizar la identidad de la empresa, reforzando así su cultura corporativa”5, para esto, primeramente las organizaciones encargadas de promover el fortalecimiento democrático y los partidos políticos se deben consolidarse internamente y posteriormente trabajar para lograr aceptable imagen, es decir; darse a conocer de manera externa y mejorar la participación de la sociedad -públicos externos–.

Si se siguen a pie juntillas el fin de las relaciones públicas que persigue “evitar o resolver los conflictos, intergrupales e intragrupales, entre la organización y sus públicos... manteniendo la cohesión…” 6, en los partidos políticos y otras instancias encargadas de fortalecer la democracia, se evitarían varios conflictos que en la actualidad se tiene por falta de conocimiento y aplicación de las relaciones públicas, entre ellos, el rumor, la falta de

identidad del público interno y palpablemente a través de los medios de comunicación; el externo. Para tal efecto, debemos construir o gestionar una imagen corporativa que genere confianza en estas instituciones y sus integrantes, de ahí que “…el profesional de las relaciones públicas tenga entre sus funciones prioritarias la de administrar los procesos de comunicación entre la organización y sus públicos”. 7 En este entorno, es tarea del especialista de relaciones públicas, lograr que las instituciones públicas y partidos políticos recobren su confianza en sus públicos, y que por medio de esta relaciones trabajen dentro de éstas para promover un comportamiento constructivo y basado en la conciencia social, para posteriormente convencer al público de que su organización es un ciudadano corporativo respetable y con vocación social democrática ya que como es bien sabido las instituciones son consideradas como un medio para el autodesarrollo de todos sus integrantes y al existir canales de comunicación dialogados entre todos los estamentos de la organización, y al estimular el aporte creativo de los subordinados, se consigue, el doble propósito de, en primer término elevar el índice de satisfacción del personal y, por tanto, de su rendimiento y, en segundo lugar, se estimula en sumo grado la creatividad de los recursos humanos que aportan sus ideas para la mayor productividad de la empresa.

La democracia El fortalecimiento de la democracia parte del supuesto teórico de que la ampliación y construcción de espacios públicos representan una alternativa para lograr un mejor equilibrio entre la siempre difícil coexistencia de la dimensión privada de las libertades civiles y la dimensión pública de los derechos de participación, permitiendo con ello la entrada de la sociedad.

Si consideramos a la democracia, como el conjunto de normas y relaciones que habilitan la participación de los ciudadanos en la resolución de los problemas públicos, nos podemos referir entonces a las formas de gobierno y a las relaciones entre el estado y la sociedad, y que se ha definido en ese sentido como gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo.

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La democracia está íntimamente ligada a los procesos electorales, a tal grado que el indicador fundamental de las sociedades democráticas es la realización de elecciones libres, transparentes y confiables tanto para las sociedades, los gobiernos y los actores políticos, éstos últimos, deben informar esos procesos limpios y promover a través de los medios de comunicación la participación de la ciudadanía, pero no sólo eso, sino satisfacer también sus necesidades y como bien dice García López8, “más allá de trasladar y delegar responsabilidades 3

VILLAFAÑE, Justo. Imagen Positiva. Gestión Estratégica de la imagen en las empresas. Edit. Pirámide, Madrid, 2000. ÁLVAREZ, T. y Caballero, M., “Vendedores de imagen”. Paidós. Barcelona, 1997. Pág. 106.

5 PIZZOLANTE, I. “El Poder de la Comunicación Estratégica”. AICE. Colombia, 2003. Pág. 322.

6 AGUADERO Fernández, Francisco. ob.cit, Pág. 22.

7 AGUADERO Fernández, Francisco. ob.cit, Pág. 131.

8 GARCÍA López, M., “Publicidad institucional: el estado anunciante”. Universidad de Málaga. España, 2001.

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y soluciones a la ciudadanía, las instituciones públicas deben reconvertirse en emisores sociales capaces de crear escenarios de comunicación participativos”.

Si la democracia, según Aristóteles, es el “gobierno de muchos”, es necesario que la mayoría del pueblo haga aportaciones. Y es precisamente aquí donde hay mucho que trabajar, ya que el pueblo no hace aportaciones porque se ha creado apatía por la política, causada por esta especie de sensación de lejanía, porque los individuos sienten que sus gobernantes actúan en función de sus intereses particulares y esto genera desconfianza y, a la larga, desinterés. Aquí invariablemente, los medios de comunicación juegan un papel importante a través de lo que muchos han llamado videopolítica y el marketing político y para conocer si sus acciones han tenido efectos se puede apoyar de la sondeocracia, que no es otra cosa que medir el pulso de los ciudadanos, y esto a su vez, se puede hacer a través de las redes sociales, ya que son un espacio público y urbano que

Una de las herramientas de comunicación para el fortalecimiento de la democracia en México es el ciberespacio, ya que puede ser un instrumento para afrontar el problema representado por el crecimiento de los niveles de abstencionismo electoral que se manifiesta en las sociedades democráticas con registros de intensidad variable, por razones múltiples que obedecen a problemáticas específicas, se ha traducido en la erosión de la credibilidad de las organizaciones públicas, lo que supone riesgos de ingobernabilidad que contrastan con la proliferación de espacios públicos y que se pueden crear desde las redes sociales, mismas que constituyen la realidad virtual; esta herramienta de comunicación e información, interactiva y universal construida por sus usuarios, sin precedente alguno en la historia de la humanidad nos ofrece promesas positivas para la construcción prospectiva, colectiva, eminentemente pública de un futuro democrático mejor.

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Para que las instituciones públicas encargadas de fortalecer la democracia en México cumpla su objetivo, debe tener en cuenta que si no considera importante su comunicación organizacional, entendida como el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización y entre ésta y los diferentes públicos que tiene en su entorno.”9 no podrá avanzar.

permite la libre expresión de la opinión y permean el dialogo de doble vía con las diferentes audiencias las 24 horas del día.

Por tal razón, las organizaciones públicas deben de echar mano de las relaciones públicas, mismas que han tenido que dar un giro de ciento ochenta grados en sus formatos de expresión. Y uno de estos formatos es el cibergobierno, entendido como el concepto referido a los códigos de conducta establecidos por los usuarios de la red, aplicables a los múltiples procesos de interacción, es por eso que estas instituciones gubernamentales pueden hacer propaganda electrónica.

Siguiendo estas acepciones implica que cada individuo integrante de la sociedad tenga la responsabilidad de formar parte sustantiva de los cambios políticos, social y económico.

1. Las redes sociales, estrategia en organizaciones gubernamentales 9

De acuerdo con Fernández Collado, estos mensajes circulan en varios niveles y de diversas maneras.

Pueden transmitirse, a través de canales interpersonales o de medios de comunicación más o menos sofisticados; pueden ser verbales o no verbales, utilizar la estructura formal de la organización o las redes informales, viajar horizontal o verticalmente en la pirámide jerárquica, darse dentro de la organización o incluso rebasar los límites. Todas estas variables en su conjunto se denomina comunicación organizacional.

La búsqueda perenne de nuevos espacios de participación encuentra en la aparición del ciberespacio, resultado de la revolución tecnológica de la información y la comunicación producto del talento, ingenio y creatividad humana, un innovador espacio público electrónico virtual.

El acceso a esas redes sociales, los partidos políticos registrados en México están tratando de tener un mayor acceso a los sitios web oficiales en materia electoral para la realización de debates públicos y la publicación de diferentes tipos de información, se debe concretar el acceso de los partidos políticos a las páginas oficiales de Internet de los institutos electorales para que sean parte integradora de la democracia, sobre todo persuadir al sector juvenil de que la democracia es parte fundamental del desarrollo de todo país.

FERNÁNDEZ Collado, Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. Edit. Trillas, México, 2002. Pág. 12.

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Las instituciones públicas como el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales deben comunicar sus acciones en pro del fortalecimiento de la democracia, y como bien lo dice Héctor Feole, Director de Comunicaciones y Gestión del Conocimiento del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE): “Hoy la gente se da cuenta cuando un fin es solidario y cuando no lo es”. Feole destaca

vez leen menos los periódicos impresos, acceden a la red y se enteran a través del medio que quieren, de lo que les interesa”.

Conclusiones Los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones sociales deben mediar entre los individuos y los poderes del Estado, y a su vez generar instancias de participación en los problemas que los incumben. Se constituyen entonces en canales para participar en la toma de decisiones y promover la democratización.

Esas organizaciones intermedias deberían abrirse a la participación de sus miembros, descentralizar sus instancias de decisión, combinar el ejercicio de la democracia representativa con las de democracia directa.

lo positivo de la concientización de las organizaciones gubernamentales y los partidos políticos, que deben ser coherentes con lo que dicen y lo que hacen, ser transparentes y no perderse en la esencia de sus atribuciones.

Los jóvenes, porción más copiosa en la población de la República Mexicana, son el sector de la sociedad que menos vota y quienes menos creen que existen instituciones públicas como el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que se encargan de vigilar, procurar y transparentar los procesos electorales, de regular las acciones de los partidos políticos y la participación de la sociedad. Por tal razón, a través de las plataformas como youtube, twitter y facebook, entre otras, se pueden llevar a cabo planes estratégicos de relaciones públicas para informar las acciones de estas instituciones públicas, esto en la necesidad de que los partidos políticos

Resulta necesario también generar nuevos ámbitos de expresión de opiniones y decisión de los individuos como el medio de comunicación más usado en la actualidad: el internet.

Aunque estas redes sociales si son mal utilizadas pueden ser una arma de doble filo, una arma blanca para destruir a la democracia, que lejos de fortalecerla, los partidos políticos desacrediten a sus adversarios y se vuelva nido de una guerra sucia con descalificaciones sin sentido y generadoras de confusión, por tal razón deben de trazarse estratégicamente todas las acciones.

En los últimos años, se ha expandido globalmente la idea de que las empresas deben ayudar a encontrar soluciones a toda una serie de problemas sociales. Esta labor de asistencia no sólo mejora la calidad de vida, sino que crea una fuente de apoyo público a la empresa. Por su parte, la ciudadanía corporativa, refuerza su reputación y su capacidad de comercializar bienes y servicios.

Es difícil que se avecine la legislación del uso del internet porque precisamente esa es una de sus características que lo hacen importante, ya que es el único medio de comunicación donde se hace efectiva y real la libertad de expresión.

del país ya utilizan estas redes sociales para impulsar sus propuestas electorales.

Como bien lo afirma en declaraciones públicas, José Martínez Vilchis, presidente de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) “los jóvenes se enteran fundamentalmente de información a través de la red, cada Con-ciencia Electoral

Para entender a las relaciones públicas, debemos conocer -antes de proyectar estrategias- el marco en el cual se van a aplicar o el escenario donde se practican, y me refiero a la organización u organizaciones, motivos de contextualización, primero; conocer de qué tipo de organización es; por su giro (producto o servicio); por su sector (público o privado), es decir; conocer su naturaleza y estructura de la misma. Para entender la practicidad de las relaciones públicas, en este trabajo, la unidad de estudio, son las organizaciones públicas que se encargan de fortalecer la democracia. CCE 47

Ética, procuración e impartición de justicia Dr. Eber Omar Betanzos Torres *

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scribir sobre la ética es una tarea verdaderamente difícil. No existen fórmulas definitivas sobre cómo llegar a ella, a pesar de que no se trata de un tema desconocido para ninguna persona; al contrario, se refiere a un tópico de todos los días, si bien más comúnmente aludido respecto a su carencia: verbigracia, es contrario a la ética que un funcionario público no realice las actividades para las cuales se le paga con recursos del pueblo, o que establezca cuotas adicionales a las marcadas en la ley para realizar un acto al que está legalmente obligado o para dejar de hacerlo.

Interiorizando este punto con más detalle, se distinguen varios niveles de ética en esa concepción general, pues una cosa es la visión de justicia –o de injusticia- en la interacción con otros seres humanos y, otra la resultante de la relación que se teje en la estructura estatal, con nosotros mismos o con el medio ambiente. Sin embargo, considero que existe un punto de consenso radicado en que indudablemente hay un sentido natural de ética, que es trascendente y rebasa los paradigmas ideológicos; aunque no deja de afectarse por el tamiz de la historia y de las circunstancias.

Cabe tener en cuenta que la tradición clásica -siguiendo en buena medida a Aristóteles- ha entendido que el objeto material de la ética son los actos humanos, que se realizan libremente y que se dirigen al fin último del hombre, al bien supremo propio, en orden a la dignidad de su ser. En este sentido, la ética alimenta el sentido de las normas, expresando juicios sobre lo que es bueno o malo, y proporcionando los motivos de estos juicios, es decir, el por qué ello es así.

Partiendo de esta base, cabe señalar que en estas líneas no se busca demostrar la importancia de la formación ética de los funcionarios y de la formulación de códigos de ética en los que se recojan las normas deontológicas fundamentales que rigen la función pública. Ello es un presupuesto para este trabajo, en razón de que la ética se estima siempre presente en el hombre, en menor o mayor grado irradiando naturalmente a sus manifestaciones, como lo es la vida pública.

Tampoco se realiza un análisis filosófico de la ética que aborde las posturas de grandes filósofos como Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Kant, Rawls, Levinas, Dworking, por mencionar a algunos de ellos. En este sentido, únicamente se plantearán algunas reflexiones sobre este tópico.

Tómese en cuenta el cambio del paradigma clásico sobre la ética, que va de la idea del bien supremo o último del hombre a las actividades de la sociedad política, pareciendo que el desarrollo ético personal se relaciona directamente, y a la inversa, con condiciones sociales y políticas previstas por un Estado determinado, basado en un catalogo axiológico con valoraciones absolutas.

Por tanto, en la exploración del tema, para efectos de este estudio, distinguiré particularmente dos visiones: la de la ética trascendente –que se analiza desde la metafísica y que consiste en conservar el ser de cada cosa-, que considero es parte del fin del hombre; y la ética comunitaria, es decir la de los hombres en sociedad –en ocasiones recogida en normas jurídicas-, y que también se dirige a complementar la realización personal del ser humano. No obstante, la primera fungirá como punto de referencia a tener siempre presente y la segunda brindará la materia de aplicación de los contenidos.

Cabe comentar que por orden normativo entiendo el conjunto de reglas de conducta que aplican los seres humanos para normar sus acciones. Cuando estas tienen fuerza de observancia obligatoria, sancionada por alguna autoridad, constituyen el derecho positivo, mismo que es aplicado, ya en forma de interpretación del texto normativo o de su integración al orden jurídico.

Resalto el hecho de que en ambas visiones hay un elemento común, dirigido a la consecución del bienestar del

* Estudió las carreras de abogacía (ELD), teología (ULSA), filoso a (UP) -actualmente concluye la carrera de economía (UNAM)-; las maestrías de estudios humanís cos (ITESM), polí cas públicas (FLACSO), teoría crí ca (Ins tuto 17) y un doctorado en derechos humanos (UNED-CNDH). En el Poder Judicial de la Federación ha fungido como oficial auxiliar, asesor de mando superior, secretario privado del Ministro Presidente y Secretario Técnico de la Presidencia de la SCJN. En el Poder Ejecu vo Federal ha sido coordinador de asesores y Director General de Polí ca Criminal de la FEPADE. Es profesor de É ca y deontología jurídica en la ELD y de Argumentación jurídica en el INACIPE. Es autor del libro Discordia Cons tucional: Benito Juárez y la Cons tución de 1857, coautor del Código de É ca del Poder Judicial de la Federación al alcance de todos, además de 3 libros colec vos. Ha publicado 35 ar! culos en revistas y periódicos nacionales y extranjeros.

Es parte del programa de intercambio académico Interna onal Visitor Leadership Program del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica.

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hombre, ya en su trascendencia en la dignidad o ya en la felicidad del bien común en general–cualquiera que sea la definición de éste- subyacente en cualquier orden jurídico.

Siguiendo a Aristóteles la reflexión sobre la ética o su carencia debe considerar qué acciones se aplican, qué especie de medio es y cuáles son los extremos entre los cuales es convenido. En este sentido, conviene recordar a autores como Rodolfo Luis Vigo y Manuel Atienza, quienes exponen razones para justificar la elaboración de normas éticas de conducta que recojan catálogos axiológicos, mismas que se condensan en las siguientes ideas: a) Resolver dudas sobre el comportamiento de los funcionarios; b) Avalar determinados comportamientos de los funcionarios, para que estos no se muestren como arbitrarios; c) Distinguir entre conductas apropiadas e inapropiadas, según se ajusten o no a los parámetros axiológicos que constituyen el modelo del buen o mejor funcionario; d) Potenciar la legitimidad de los funcionarios públicos, al explicitar la preocupación para delinear comportamientos que la sociedad reclama y apoya; e) Fortalecer a las voluntades débiles o desorientadas, dotándolas de una orientación definida. f)

El pragmatismo que impregna nuestra cultura y forma de vida: importa que las cosas funcionen, que resuelvan problemas;

g) La complejidad creciente de las profesiones, que afecta no solamente a cuestiones técnicas sino también éticas; h) La desorientación que la complejidad de la sociedad contemporánea y el cambio acelerado generan que se cuestione ¿qué significa ser un buen funcionario público?

Al referirse al actuar del hombre la ética se orienta a una causa final más amplia, que es, en mi propuesta: el buen servicio público en general. Por tal motivo la perspectiva de análisis debe ser amplia, integrando a la conducta humana en general, desde la visión de que ello es producto de un ejercicio racional por la que se decide hacer o no hacer; es decir: decidir.

Los comentarios que se han asentado previamente nos llevan al punto siguiente: el reconocer un entramado ético presente en el hombre como parte de su dignidad humana y que ello tiene conexión con su vida diaria, en todas sus manifestaciones, incluyendo por supuesto la faceta jurídica. Por ello, resulta lógico afirmar que existe una ética inserta en las estructuras normativas –que son creación humana-.

De este modo, al respecto un aspecto importante radica en tomar en cuenta que la cuestión de justicia es una materia de débito, en donde uno tendrá la razón del derecho y otro no, analizando los hechos que se presenten ante los órganos procuradores de justicia –en su caso- y estos a los impartidores de justicia, o directamente ante estos últimos.

No se desconoce que ante ello se tienen al menos dos grandes perspectivas- al tratar con un caso específico: la de la justicia que brota por sí misma en el caso concreto y la que marcan las normas, mediante supuestos normativos adaptados matemáticamente a la conducta. El actuar ético abarca tanto a las partes ciudadanas, como a la autoridad pública, y ello se traduce en un actuar de justicia personal y hacia los demás resolviendo objetivamente la controversia.

Sentado lo anterior y centrándonos en las instituciones de justicia existentes en un Estado, cabe preguntarse cuáles son las verdades más generales que los funcionarios pueden conocer desde una visión racional, que se traducen en un actuar ético.

En los sistemas jurídicos como los nuestros de raíces romano canónicas, la experiencia derivada del ejercicio de la función pública de procuración e impartición de justicia permite a cualquier persona involucrado en

Partiendo de lo expuesto anteriormente, se propone en este texto hacer algunas reflexiones sobre los principios rectores de la ética de los servidores públicos y su concreción en la conducta cotidiana. Para ello se sugiere tener por sentado que la ética aplicará a las acciones humanas que nos llevan al acto de decidir, en virtud de la razón o movidos por la pasión. Así también a tener en cuenta que la ética es un medio que abona a la corrección de nuestros actos -tanto desde el punto de vista de cumplimiento a la ley como de convicción personal- y; precisamente por este último contraste se dan extremos de debate entre el juicio ético personal y el juicio normativo que marca que ante la configuración de una hipótesis de jurídica se produce una consecuencia.

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estas tareas representando al Estado, tomar en cuenta dos verdades morales fundamentales: 1) El deber principal es analizar los asuntos desde la perspectiva del Derecho; 2) Los funcionarios deben desempeñar su función, en forma diligente y responsable.

Como se observa ello se trata de dos principios rectores que derivan de una de las instituciones fundamentales de la sociedad –formadas de común acuerdo a través de la formación de un parámetro esencial de conducta revestido de orden jurídico-, como es el sistema de impartición y procuración de justicia. Estas directrices forman parte de la metafísica natural del espíritu de los funcionarios a cargo de estas tareas ya que forman parte de su dignidad humana que puede diferenciar entre el bien y el mal, distinguiendo aún en las visiones particulares de cada uno, un bien trascendente.

No se desconoce la concurrencia de las pasiones humanas, por lo que ello implica que la conducta personal pueda mantenerse alerta de elementos que pueden viciar su comportamiento, ya sea provenientes del sistema social, de las partes en los procesos sometidos a su potestad y sí mismo.

Estos tres deberes morales corresponden a los principios cardinales de la ética de los funcionarios públicos señalados en el orden jurídico mexicano, recogidos incluso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero, se relaciona con el principio de la independencia; el segundo, al de la imparcialidad; y el tercero, al de la objetividad.

La independencia consistirá en procurar e impartir justicia desde la perspectiva del Derecho y no a partir de relaciones de poder o juegos de intereses extraños a aquél. La imparcialidad consiste en decidir el curso de las investigaciones desde la perspectiva del Derecho, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los indiciados y la objetividad, que consiste en analizar los asuntos desde la perspectiva del Derecho, por las razones que se suministren en el expediente y no por las que deriven de su modo personal de pensar o de sentir.

Sobre este camino, el Poder Judicial de la Federación ha dado un primer paso importante, al elaborar y promover un Código de Ética del Poder Judicial de la Federación aprobado en Agosto de 2004 por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de diciembre de 2004.

Sin embargo, creo que cuerpos legales como estos Con-ciencia Electoral

no sólo deben obedecer a una política pública resultado de temáticas inscritas en la agenda pública y de gobierno, sino a la lógica de que dentro de las personas que trabajan en las instituciones públicas, todos ellos con mayor o menor intensidad, han experimentado en algún momento la satisfacción de saberse coparticipes de la delicada tarea de justicia que realizan y, en la consecución de esa labor cotidiana, han fortalecido su responsabilidad con los valores éticos que ejercen en su natural libertad humana. De este modo, la ética normativa fungirá como un impulsor de las naturales inclinaciones de ética, justicia y equidad.

También considero que este esfuerzo no debe ser exclusivo de las instancias judiciales, sino también de procuración de justicia. No obsta lo anterior para indicar que en estos principios generales (independencia, imparcialidad y objetividad) se abarcan aquellos señalados adicionalmente por la Constitución, en el caso de la procuración de justicia, como son la certeza -a través del apego a las disposiciones legales que rigen el ejercicio de sus funciones para contribuir a dotar a la sociedad de certidumbre y seguridad respecto de la actuación que habrán de tener los servidores públicos-, la legalidad - por medio del fiel cumplimiento y respeto de leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que rigen la operación de la Institución, toda vez que constituyen los límites de la actuación de la autoridad frente a la sociedad- y el profesionalismo –desempeñando sus actividades con dedicación, capacidad, esmero y honestidad-.

Estos principios rectores de la ética, a los que nos referimos nos conducen a los principios que rigen la carrera de procuración de justicia en México, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y primero de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En lo que respecta a la Procuraduría General de la República, mediante Acuerdo número A/217/05 se expidió el Código de Conducta de la Procuraduría General de la 51

República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2005, con lo que se buscó plasmar los contenidos éticos en un documento de observancia general para los funcionarios de esta institución.

Quiero enfatizar que mi posición en torno a la ética no es juridicista. Esto es, no busco sostener que las normas éticas derivan de las normas jurídicas positivas. Lo que afirmo, es que si en una Constitución Política se establecen los principios directrices de la procuración de justicia y éstos tienen un auténtico contenido moral, dichos principios deben considerarse, asimismo, como rectores del comportamiento ético de los funcionarios de cualquier nivel de gobierno y, en consecuencia, como pautas generales para la asunción de un Código de Ética que rija la conducta de los funcionarios públicos, al nivel de principios jurídicos coercitivos pero que son efectivos con base en la convicción personal de sus contenidos.

En este sentido, ninguna persona responsable, que cuente con una formación ética básica, aceptaría desempeñar la delicada función de ministerio público o de juez, si, por una parte, en la Ley Fundamental (o, en su caso, en las leyes que de ésta deriven) no se contuvieran los principios fundamentales que les posibilitaran para actuar de conformidad con los principios básicos de la Deontología Judicial; y si, por otra parte, en las propias leyes no se establecieran mecanismos idóneos que garantizaran la observancia de tales principios.

De este modo, cualquier persona que trabaja en el Estado debe decidir responsablemente si debe o no aspirar a un lugar en la institución, partiendo de su convencimiento con el código de conducta modelo que en ella espera encontrar y que se adecue a su propia visión.

También podría pensarse que un código de conducta, basado en principios constitucionales sería absolutamente inútil, pues aquél tendría el carácter de una especie de ley orgánica de carácter incoercible. Esta objeción no la considero válida. En efecto, hay normas de comportamiento cuya inobservancia, no es jurídicamente constitutiva de una infracción administrativa, pero que por su alto contenido moral, deben ser recogidas en un Código de Ética; piénsese, por ejemplo en el deber de estudiar a profundidad los problemas jurídicos que se plantean; o en el deber de no delegar en los subalternos determinadas funciones. En estos casos y en otros muchos análogos, la mejor forma de superar las deficiencias en el servicio de la función que se nos ha encomendado, por el incumplimiento de dicho tipo de normas, es inculcar en los servidores públicos el sentido de responsabilidad profesional. Ésta es, según se ha visto, una de las finalidades de un catálogo de normas de comportamiento.

Se afirma también que un Código de Ética cuyos 52

preceptos estén dirigidos al ámbito volitivo interno de los funcionarios, con una finalidad eminentemente formativa tiene más eficacia que las normas jurídicas contenidas en una ley orgánica.

Ahora bien, de ello se derivan dos perspectivas referentes al contenido ético del ejercicio profesional: a) como una serie de principios rectores del ejercicio profesional público, constituyen la base de las normas jurídicas que deben organizar, regular y garantizar el adecuado desempeño de los funcionarios; y b) como principios éticos, constituyen los patrones morales que, por su contenido y generalidad, son el sustento de las normas deontológicas de la función que se desempeña.

Tómese en cuenta además que una de las cualidades inherentes al ser humano es la de trascender, sin renunciar a su individualidad, en el desarrollo y evolución de las instituciones sociales en las que de manera armónica, debería trabajar, para lleva a feliz término el contenido de éstas. La ética representa un camino hacia esta meta.

Habrá que considerar, como Santo Tomás, que existe una división ética personal, que abarca las acciones que hace el individuo como tal, y una dimensión social, como colaboración de la sociedad política en orden al bien común, lo que no quiere decir que las acciones tengan una doble moralidad, sino que se trata de dos objetos formalmente diversos. La ética personal es el plano subjetivo dirigido a la felicidad y en la ética política la dimensión común, si bien están íntimamente vinculadas. A fin de cuentas los hombres buscan vivir bien y, al ser entes sociales, buscan vivir bien juntos.

No puede perderse de vista que las ideas reflejadas en un documento como éste, de muy poco o nada servirán si no se traducen en la práctica cotidiana, por lo que es especialmente importante tener presente que los actos contrarios a un actuar ético trascenderán a la vida personal afectando a la colectividad; por tanto, tenemos junto a nosotros una responsabilidad ética insoslayable.

Ello exige que al lado de las construcciones teóricas, los servidores públicos conozcan con amplitud y profundidad los principios éticos que rigen su actividad y los lleven, metafóricamente, a que encarnen en ellos -a partir de la dignidad humana- y se conviertan en rectores de su vida al servicio de todos los mexicanos.

Por último, considero que sigue vigente para los seres humanos en sociedad, en el ejercicio de los principios de la ética, vivir en sí, libremente, las virtudes que proclamó, como principios supremos del Derecho, el gran jurista romano Ulpiano del vivir honestamente, dar a cada quien lo suyo y no dañar a nadie. CCE Con-ciencia Electoral

Algunas precisiones sobre el acceso a radio y televisi贸n en materia electoral Alejandro Olvera Acevedo

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omo es de conocimiento prácticamente generalizado, con la reforma constitucional y legal en materia electoral de 2007 y 2008, fue instituido un nuevo régimen de comunicación entre los partidos políticos y la ciudadanía. Régimen que implica, por una parte, que la transmisión de los mensajes en radio y televisión de los partidos políticos y de las autoridades electorales, bien sea durante el procedimiento electoral o fuera de éste, será a través del tiempo del Estado, mismo que es administrado exclusivamente por el Instituto Federal Electoral, según se establece en el artículo 41, párrafo segundo, base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En congruencia con ello, fueron establecidas una serie de prohibiciones, para diversos sujetos. Por lo que se refiere a los partidos políticos, se les impone, en todo momento, el deber de abstenerse de contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempo en cualquier modalidad de radio y televisión. Asimismo, se establece que ninguna persona, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos.

Adicionalmente, se estableció el deber de suspender la difusión en los medios de comunicación social, de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, a partir del inicio de las campañas, locales o federales, hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral: hechas las excepciones tales como las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Ahora bien, uno de los efectos de particular relevancia de este nuevo régimen de comunicación política, puede apreciarse a partir del inicio de las precampañas, sea respecto de elecciones federales o de las entidades federativas, toda vez que, como parte de las atribuciones del Instituto Federal Electoral en la materia, según se establece en el inciso a) de la base III, del artículo 41 constitucional: a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado; En su calidad de administrador único del tiempo del Estado para fines electorales, el Instituto Federal Electoral distribuirá entre los partidos políticos nacionales y locales, entre las autoridades electorales federales y de las entidades federativas, según corresponda, así como para cumplir 1

sus propios fines, los cuarenta y ocho minutos que están a su disposición en cada una de las estaciones de radio y canales de televisión. Para tal efecto se establece la pauta (orden de transmisión) correspondiente, que es remitida a cada una de las estaciones y canales transmisores.

Tratándose de procedimientos electorales de las entidades federativas, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, conforme a lo previsto en el párrafo 5 del artículo 62 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la coadyuvancia de las autoridades federales en la materia, elaborará el catálogo y mapa de cobertura de todas las estaciones de radio y canales de televisión. Con base en tal catálogo, el Consejo General hará del conocimiento público las emisoras que participarán en la cobertura de las elecciones que se lleven a cabo en mes o año distinto al de la jornada electoral federal.

El caso del procedimiento electoral 2010-2011 en el Estado de Guerrero corresponde precisamente a uno con jornada electoral no coincidentes con la federal. En el caso concreto, el referido Comité de Radio y Televisión, en su quinta sesión ordinaria realizada el treinta y uno de mayo de dos mil diez, aprobó el “catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del proceso electoral para la elección de Gobernador dos mil diez-dos mil once del estado de Guerrero, para dar cumplimiento al artículo 62, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”. También fue aprobado el acuerdo ACRT/032/2010, por el que se aprobó el modelo de pauta y las pautas específicas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos. Los mismos fueron dados a conocer mediante acuerdo CG176/2010, del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

En los precitados acuerdos emitidos por el Comité de Radio y Televisión, así como en otros emitidos respecto de diversos procedimientos electorales en otras entidades federativas, había sido considerado, para el cumplimiento

Maestro en Derecho. Profesor de Derecho Electoral y de Derecho Procesal Electoral, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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del deber de las estaciones de radio y canales de televisión con relación a la transmisión de los promocionales de partidos políticos y autoridades electorales, si la emisora contaba o no con los elementos técnicos para insertar los referidos promocionales, durante la transmisión de la programación del canal respectivo. 2 De esta forma, si contaba con tales elementos, se establecía la pauta específica, es decir, el orden de transmisión concreto respecto de los promocionales de partidos políticos y autoridades electorales, según correspondiera, en tal emisora. En caso contrario, cuando no contaba con los referidos elementos técnicos, no se pautaba la transmisión de los promocionales y por lo tanto, tal emisora no participaba en la cobertura del respectivo procedimiento electoral.3 Esta situación permisiva tuvo tal vez su manifestación más notoria con la emisión del Acuerdo del Comité de Radio y Televisión ACRT/034/2010, “por el que se Aprueba el Catálogo de Estaciones de Radio y Canales de Televisión que Participarán en la Cobertura del Proceso Estatal Electoral dos mil diez-dos mil once en el Estado de Baja California Sur… ”, en cuyo considerando 38, el citado Comité estimó la existencia de emisoras que se encontraban “materialmente imposibilitadas para transmitir promocionales concernientes al proceso electoral estatal… en el Estado de Baja California Sur, toda vez que en este momento no cuentan con la infraestructura técnica que le permita realizar transmisiones de carácter local”.

presentaron nuevas reflexiones respecto de la situación, que pueden observarse en el acuerdo ACRT/041/2010 del Comité de Radio y Televisión.

Tal acuerdo fue emitido para aprobar el catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del procedimiento electoral dos mil once en el Estado de Coahuila. En los considerandos se estableció, entre otros aspectos, que: 1.- Cada estación de radio y canal de televisión tiene el deber de transmitir los mensajes de las autoridades electorales y de los partidos políticos en el tiempo que administra el Instituto Federal Electoral con independencia del tipo de programación y la forma en la que la transmitan.

2.- Que el Instituto Federal Electoral bajo ninguna circunstancia podrá establecer excepciones o condiciones a los mandatos constitucionales y legales relativos a la transmisión de los tiempos del Estado en materia electoral y, 3.- Dado que el Instituto Federal Electoral no está facultado expresamente por ninguna de las normas

Más adelante, en la parte final del párrafo quinto del considerando 41, se estableció: “En otras palabras, las estaciones retransmisoras están exentas de recibir pautas de la autoridad para procesos electorales locales, como acontece en la especie desde que inició este modelo de comunicación electoral”.

Tal vez como un efecto, tanto de la emisión del acuerdo por el que se aprobó el Catálogo de emisoras para cubrir el procedimiento electoral en Baja California Sur, de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación SUPRAP-100/2010, promovido para controvertirlo; de la emisión del acuerdo ACRT/034/2010 por el Comité y del Acuerdo CG275/2010 por el Consejo General, así como de la sentencia en los recursos de apelación SUP-RAP-139/2010 y SUP-RAP-146/2010 promovidos para impugnar el citado acuerdo del Consejo General; así como de la modificación en la integración del Comité de Radio y Televisión, se 2

Particularmente era el caso de canales de televisión que por las prácticas comerciales de los titulares de las concesiones tenían la calidad de repetidoras de la programación generada por alguna de las

empresas televisoras nacionales, desde otras entidades, sobre todo del Distrito Federal y que argüían no contar con los elementos técnicos para “bloquear” la señal de origen e insertar los contenidos de los promocionales de partidos políticos o autoridades electorales que se pautaran; e inclusive, sostenían que tal situación no les permitía, en su caso, impedir la transmisión de diversa publicidad no permitida en el territorio de la Entidad Federativa en la que se desarrollaba el procedimiento electoral local.

3

Así sucedió, por ejemplo, respecto del procedimiento electoral 2010-2011 en el Estado de Guerrero, según se estableció en el correspondiente catálogo de estaciones y Acuerdo ACRT/032/2010,

relacionados con el Acuerdo CG176/2010, aprobado por el Consejo General, respecto de las emisoras XHIGN-TV, canal 11 de Iguala y XHIXG-TV, canal 2 de Ixtapa- Zihuatanejo, repetidoras de XHGC-TV Canal 5; XHOMT-TV canal 2 de Ometepec y XHTGG-TV canal 2 de Tecpan de Galeana, repetidoras de XEW-TV Canal de las Estrellas; XHDU-TV canal 5 de Zihuatanejo, repetidora de XHDF-TV Azteca

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aplicables a la materia para establecer límites, excepciones o eximentes al deber constitucional de todas las emisoras de radio y canales de televisión de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos y de las autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas, actuar de otro modo contrario, sería conculcar del orden constitucional.

En congruencia con ello, el Comité aprobó el Catálogo respectivo, incluyendo a las emisoras que informaron que no contaban con la capacidad técnica que les permitiera insertar contenidos en la programación que retransmiten, y les otorgó un plazo razonable que se considera no debe exceder al día del inicio de las campañas electorales en el estado de Coahuila, es decir, al día dieciséis de mayo de dos mil once, a efecto de que cuenten con los elementos técnicos que les permitan difundir los promocionales pautados para la etapa de campañas del proceso local de Coahuila, para dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales inherentes a los títulos de concesión con que operan.

El acuerdo ACRT/041/2010 del Comité de Radio y Televisión fue impugnado mediante los respectivos recursos de apelación identificados con las claves SUPRAP-204/2010 y SUP-RAP-205/2010, promovidos, respectivamente, por Televisión Azteca, S.A. de C.V., Televimex, S.A. de C.V. y Radio Televisora de México Norte S.A. de C.V. Al resolver los citados recursos de apelación 4 en

sesión de veinticuatro de diciembre de dos mil diez, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, por unanimidad de votos, confirmar el mencionado acuerdo del Comité de Radio y Televisión, con lo que, también en el ámbito jurisdiccional, ha sido considerado como jurídicamente correcto el criterio contenido en el mismo. Del tema que nos ocupa, destaca en la sentencia que: 1.- De la interpretación gramatical de la Base III del párrafo segundo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es factible afirmar jurídicamente, que el derecho de los partidos políticos al uso de los medios de comunicación social –radio y televisión- para la difusión de su propaganda, así como el de la autoridad electoral federal y local para la transmisión de sus mensajes se ejerce “en cada estación de radio y canal de televisión”, lo que fue reiterado por el legislador ordinario en los artículos 55, 57, 58 62, 64, 65 y 66, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 2.- Se corrobora con ello la intención del legislador, en torno a que el deber de poner a disposición de la autoridad electoral federal tiempo del Estado, se actualiza en los términos precisados, independientemente de la forma en que operen las emisoras y se deja en claro que no hay exclusión por cuestiones que incumban a la clase de concesión o permiso, al carácter de la estación, tipo de programación o capacidad técnica de bloqueo; por lo que deben transmitir en el tiempo que corresponde al Estado, los mensajes que ordene el Instituto Federal Electoral con motivo de los comicios federales y locales, fuera de dichos periodos, así como de las autoridades electorales en esos ámbitos territoriales.

Con estas y otras precisiones normativas establecidas en las sentencias referidas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado el criterio aplicable, en adelante y en todo tiempo, respecto de esta parte del “nuevo modelo de comunicación política” en México. De ahí su relevancia. CCE

13 y, XHIXZ-TV canal 10 de Zihuatanejo, repetidora de XHIMT, Azteca 7.

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Los citados recursos de apelación guardan relación en atención a su temática, con los diversos SUP-RAP-211/2010 y sus acumulados, resueltos en la misma sesión pública de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Las faltas

electorales Víctor De la Paz Adame *

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n principio debemos precisar que el Derecho Administrativo Sancionador Electoral (DASE) y el Derecho Penal, forman parte del Derecho sancionador constitucional, es decir, son parte del ius puniendi del Estado, que se constituye en la potestad de suspender o limitar el disfrute de algún derecho, bienes o libertad de las personas; en este sentido se ha considerado que en el DASE, como disciplina novedosa, son aplicables principios del Derecho punitivo.

En este sentido, para conceptualizar las faltas o infracciones electorales debemos distinguir dos elementos básicos que las integran, ellos son: a. un supuesto de hecho, que se actualiza en la vía de los hechos cuando se cumplen aquellos elementos que integran el tipo ilícito, y b. una consecuencia jurídica, es decir la imposición de una sanción al sujeto activo de la conducta trascendental, para lo cual se atiende a determinadas reglas procesales.

Las faltas electorales, en sentido amplio, son aquellas conductas, por acción o por omisión, tipificadas en la ley, dirigidas a los sujetos políticos: partidos, servidores públicos,

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ciudadanos ministros de culto, agrupaciones políticas, observadores electorales, entre otros, las cuales contravienen las normas relativas al ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

En sentido estricto están constituidas por aquellas conductas que vulneran el sistema electoral, que “posen una gravedad mínima y que por esta razón no tienen una sanción privativa, limitativa o restrictiva de la libertad, correspondiendo a una autoridad administrativas la investigación e imposición de sanciones”.

Algunos principios aplicables al DASE “Nullum crime, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta”, principio de legalidad y tipicidad, que posee tres implicaciones: a. que la conducta sancionable se encuentre prevista en una ley; b. que esta ley debe ser escrita y anterior al hecho; c. dichas normas sólo deben admitir una interpretación exacta y estricta, sin embargo en este último caso se nos habla de “cobertura de la potestad sancionadora…”, donde la ley admite un margen de apreciación a la autoridad administrativa; y de “cobertura 57

conducta, esto obliga a “armonizar los ilícitos penales y administrativos”, a efecto de evitar esta posibilidad, nuestro caso por ejemplo a demás de los ilícitos electorales, el Código Penal Federal establece un capítulo de Delitos Electorales, circunstancia que se refleja en la mayoría de los ordenamientos en las entidades federativas.

Principio de culpabilidad, tienen que ver con la atribuibilidad e imputabilidad del sujeto de la sanción, es decir, que el sujeto responsable posea capacidad síquica para comprender la ilicitud de su conducta, que le sea exigible una conducta diferente y no se encuentre en alguno de los supuestos de exclusión de responsabilidad.

El principio de proporcionalidad, nos dicta una necesaria correspondencia entre la falta y la sanción, que se traduce en la individualización de la pena, considerando los elementos objetivos, subjetivos y normativos en los que se circunscribe la conducta ilícita, como son el dolo, imprudencia, calidad específica del sujeto activo, sus circunstancias económicas, entre otros. legal” para graduar o especificar las conductas típicas en ordenamientos secundarios como los reglamentos.

De igual forma el principio de rretroactividad de la ley que en nuestra Carta Magna se encuentra previsto en el imperativo 14, lo que quiere decir que toda ley que se promulgue rige en lo futuro sin que pueda tener efectos en hechos anteriores a esta, pero si puede obrar en beneficio de los gobernados tratándose de hechos pasados.

También son aplicables en el DASE diversos instrumentos del derecho internacional público que tienen que ver con el reconocimiento de derechos de carácter sustantivo de la persona.

Principio de protección de bienes jurídicos, atiende a la tipificación de conductas bajo consideraciones de gravedad y afectación de bienes jurídicos, de esta manera si el quebranto se considera leve será trascendente para el DASE, en cambio, de considerarse grave constituirá un delito electoral.

Non bis in ídem, este principio significa la imposibilidad material de juzgar dos veces a un sujeto por la misma

*Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales, FEPADE Guerrero.

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Principio de legalidad en materia procesal, en México, la Constitución Política federal establece en su artículo 41 base V que el principio de legalidad es rector de la función electoral, lo que se traduce en un primer momento en que la autoridad debe ajustarse estrictamente a las facultades que le han sido conferidas, y que debe fundar y motivar sus actuaciones.

Presunción de inocencia, principio que prevé que la actividad sancionadora debe estar precedida necesariamente, por la debida comprobación de la actualización de una hipótesis normativa de hecho, así como datos suficientes para presumir la responsabilidad del sujeto; se traduce en la carga de la prueba que opera sobre la parte que formula la imputación y opera a favor del imputado para liberarle de la carga de demostrar necesariamente su inocencia.

a la instrucción, en la que se comprueba la existencia de los elementos del ilícito, la culpabilidad del agente activo y finalmente se determina el grado de participación.

En una segunda etapa se llega a la sanción específica, se notifica al imputado de los hechos que se le atribuyen, el sujeto que formuló la queja o denuncia y los elementos probatorios de cargo, se le otorga el derecho de defensa; posteriormente el desahogo de pruebas y formulación de alegatos y concluye con la resolución administrativa. CCE

Principios aplicables al ámbito administrativo en materia de faltas electorales.

Se nos habla de dos fases o etapas de las que se compone el procedimiento sancionador electoral; la primera fase correspondiente

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Segmento cultural

Descubriendo Guerrero

Descubriendo Guerrero, es una nueva sección en la revista “Con-ciencia Electoral” que pretende mostrar a la sociedad mexicana, los usos, costumbres, tradiciones, lugares turísticos, culturales e históricos de nuestra entidad guerrerense, con el único objetivo de que conozcan más sobre la cultura de Guerrero y su gente. Ante esta situación, a partir de este número, se publicará en esta sección información referente a los rubros antes mencionados, esperando que sea de su completo agrado e interés.

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T

ehuacalco es una zona arqueológica con una extensión de 80 hectáreas que fue localizada en 1991 pero los trabajos de excavación se iniciaron en 2006 y concluyeron en 2008, encabezados por el Arqueólogo del INAH Miguel Pérez Negrete.

Para mayor referencia, Tehuacalco está ubicada al sur de la región centro del estado de Guerrero, entre el municipio de Chilpancingo de los Bravo y los límites del municipio de Juan R. Escudero, cerca de la ciudad de Tierra Colorada, está rodeada por las comunidades de La Haciendita, El Potrero y Garrapatas. Para arribar a esta zona arqueológica es posible llegar tanto por la carretera federal MéxicoAcapulco como por la autopista del Sol. La región en la que se localiza ha sido denominada como El Yopitzingo. Fue ocupada por la cultura Yope un grupo social que es un enigma porque se eclipsó, y existen dos hipótesis sobre él:

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que fueron bárbaros semisedentarios, o que constituyeron una cultura más refinada.

Sin embargo, a pesar de lo dicho por Fray Bernandino de Sahagún y por algunos investigadores, resulta difícil creer que un grupo de bárbaros semisedentarios haya podido edificar un sitio con las características de Tehuacalco.

Tehuacalco, —cuya palabra proviene del náhuatl relacionada con el vocablo tehuacalli, se refiere a las pozas o pequeñas oquedades prehispánicas que fueron creadas por el hombre en las piedras con fines rituales— brinda cuatro formas de recorrido: el de monumentos prehispánicos, el de los petrograbados, el del paisaje ritual con los cerros, y el relativo a la flora y fauna del lugar. Estructuras piramidales, petrograbados y cuevas de culto al Sol, son algunos de los elementos arqueoastronómicos que reúne la Zona Arqueológica de Tehuacalco, en Guerrero.

Se estima que las primeras ocupaciones tuvieron lugar hacia el año 400 de nuestra era, mientras que su auge sucedió hacia los periodos Epiclásico y Posclásico Temprano (650 – 1100 d.C.), cuando la concentración poblacional llegó a abarcar cerca Fotos: Obeth Hernández Hernández, INAH, www.tourbyvan.com, www.guerrero.gob.mx, www.historiaymitos.blogspot.com 61

de 80 hectáreas, de las cuales 12 correspondían al área cívico-ceremonial, integrada por varias estructuras piramidales y palaciegas que rodean una plaza central. Se calcula que el auge del asentamiento en la zona arqueológica puede fecharse entre los siglos XIII y XVI. La extensión aproximada del sitio es de 12 hectáreas. Tiene 15 estructuras de piedra; sobresalen un juego-ritual de pelota de 150 metros de largo, tres edificios de regular tamaño y un basamento piramidal, denominado Estructura Cinco, que mide más de 20 metros de altura y en el que todavía se pueden ver restos de escalinatas muy anchas.

La arquitectura de los edificios posee 2 elementos particularmente singulares. Por un lado las construcciones tienen forma de prisma rectangular y, por el otro, la cimentación fue elaborada con cantos rodados de hasta 2 metros y medio de diámetro.

Algunas de estas rocas fueron labradas con figuras que aluden al ciclo del planeta Venus, así como a otros fenómenos astronómicos y a varios rituales acuáticos.

Las colosales piedras han provocado la creación de un mito que afirma que un gigante llamado Tehua las obtuvo en las cercanías, las utilizó para construir sus casas y, al terminar, dejó plasmadas sus huellas, a manera de firma, frente a la Estructura Cinco. Los petroglifos representan las huellas de unos pies humanos.

Sobre la etimología de Tehuacalco existen 3 versiones: la primera afirma que significa “En el lugar de la caja de piedra”; la segunda “El lugar donde se labraban las piedras de laja”; y la tercera “La casa del gigante Tehua”. Sin embargo, sea cual sea el origen del nombre, lo curioso es que cada una destaca alguna característica de la zona arqueológica.

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Quien visite Tehuacalco podrá atestiguar el proceso de salvamento, restauración e investigación, y disfrutará caminando junto a las huellas del gigante Tehua.

La zona de Tehuacalco cuenta con área de juego de pelota, de gobierno y pirámides.

También tendrá una zona administrativa, centro de investigación, cafetería, venta de souvernirs y museo. CCE

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