Chaitén, las promesas y la conveniencia política
La erupción del volcán Chaitén dejó en evidencia la falta de conectividad que existe en esa zona del sur de nuestro país. La historia se remonta hace más de veinte años cuando se suspendió la construcción del tramo de la carretera Austral que uniría los poblados de Chaitén y Hornopirén. Esta decisión se habría debido al alto costo de construcción que involucraba el tramo en cuestión, según dijeron las autoridades de la época. Corría 1986.
Años después, los gobiernos que se sucedieron prometieron hacer efectiva la conectividad, pero, lamentablemente, aún persiste como una promesa incumplida. Las razones no han faltado: condiciones geográficas naturales, falta de disponibilidad de recursos, dificultades para lograr acuerdos respecto de los tramos necesarios de expropiar y otras tantas más ocurrentes.
Lo concreto es que esta semana, tras los difíciles momentos que los habitantes de esas latitudes han vivido con la erupción del volcán Chaitén que los ha obligado a abandonar sus casas, tierras y animales, la Dirección de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, revivió la promesa de consolidar la conectividad terrestre de la zona por territorio nacional. El organismo anunció el inicio de la construcción para noviembre del 2009 -curiosamente sólo a un mes de las elecciones parlamentarias y presidencialesde los primeros cinco kilómetros de este camino que, en total, tendrá apenas 33,8 kilómetros. Según la información disponible, esta obra alcanzaría un costo de, aproximadamente, 46 mil millones de pesos.
¿Cómo se explica esto? Pues bien, es bastante sencillo. Lo que sucede es que desde hace años los chilenos nos hemos ido acostumbrando a ver que las decisiones se toman considerando el lucimiento político de las autoridades por sobre cualquier otro factor. En efecto, en materia de caminos, cuando los privados no tienen interés en invertir, éstos sólo se construyen donde hay un caudal interesante de votos. Para desgracia de Chaitén, en esta comuna sureña viven 7.255 habitantes, de los cuales sólo votan 4.723,
los que en ningún caso justifican que se priorice este objetivo por sobre los restantes intereses, políticamente más atractivos, que imperan en la zona.
El gobierno de Lagos entendió la lógica de la subsidiariedad: durante su administración se realizaron importantes obras públicas a nivel nacional, las que, en su mayoría, correspondieron a concesiones a privados interesados en invertir en dicho sector. Fuimos muchos los que pensamos que esta política gubernamental traería beneficios para todo el país y no tan sólo para unos pocos. Se suponía que el interés privado de invertir donde era rentable dejaría recursos fiscales disponibles para realizar obras de quizás escaso lucimiento público, pero de gran utilidad para los intereses geopolíticos de Chile. Sin embargo, fuimos también muchos los que pecamos de ingenuos puesto que se nos olvidó que algunos de los que llegan al poder no basan sus decisiones necesariamente en el interés nacional; muy por el contrario, las toman considerando sus propios intereses y, sobre todo, los de la coalición gobernante.
Así las cosas, y tras los lamentables sucesos que han hecho visible a los habitantes de Chaitén y sus vecinos, la situación parece resuelta como por arte de magia. Las dificultades que hasta hace un mes existían para concretar el tramo en cuestión, que incluían las bases, trazado de ruta y estudios de ingeniería, estarían solucionados. Al parecer esta vez la autoridad sí tendrá la suficiente voluntad para cumplir la promesa – pues los hechos le dieron la exposición comunicacional que necesitaba - y ahora si que no se dejará amedrentar por aquellos particulares que tienen diversos intereses en la zona y que piensan que el progreso es incompatible con la preservación de la naturaleza.
Ya no hay más excusas. Se han resuelto los requisitos técnicos, existen (y siempre han existido) todas las herramientas jurídicas para solucionar los temas relativos a las expropiaciones y hay disponibilidad de recursos. Además, el caso ha adquirido gran notoriedad pública, lo que constituye un gran incentivo para las autoridades políticas que son las que, en definitiva, tienen la última palabra.
Beatriz Corbo A.