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La corrupción más allá de la ley En la última encuesta con que Transparencia Internacional mide la percepción de corrupción, Chile se ubica en el puesto 22 entre 180 países; sin embargo, retrocedió dos puestos y aumentó su índice de corrupción respecto de mediciones anteriores, lo que llama a reflexionar sobre lo que se está haciendo en esta materia.

Existen avances importantes, como la reforma constitucional que consagró los principios de transparencia y probidad y garantizó el conocimiento de todas las decisiones del sector público, a lo que se suma el pronto despacho desde el Congreso de la ley sobre acceso a la información pública. También destaca la aprobación de la Convención de la ONU contra la Corrupción y la obligación para autoridades públicas de declarar su patrimonio.

Pero la corrupción requiere mucho más para ser erradicada. En efecto, la probidad es esencial para la construcción de la verdad y credibilidad de una sociedad, donde la formación moral y ética de las personas que son parte de ella, incide en los valores que la orientan y en el bien común que persigue.

Siendo así, los hechos de corrupción son señal de un desvío en dichos elementos, lo que alarma por el quiebre que ello produce en las relaciones internas del país. La corrupción lleva a perder la confianza y si no es bien enfrentada, también implica una pérdida de credibilidad y una disminución en la valoración de la verdad.

Poco importan las normas para detener la corrupción si éstas no son aplicadas a todo evento y si las autoridades respectivas no buscan establecer la verdad de todos los casos, ya que sin esta premisa, se llega a un punto donde se pierde la fe en la necesidad de combatir este flagelo. Resulta indispensable, entonces, que las medidas para fortalecer la probidad se basen en la formación moral y ética de las personas, consolidando los principios de verdad y credibilidad como ejes del ejercicio del poder.

Por lo demás, la gobernabilidad se sustenta en la práctica de virtudes cuya ausencia afecta la posibilidad de construir sociedades democráticas y legítimas. Precisamente, la corrupción es un síntoma que expresa la falta de virtud. Para atacarla y asegurar la gobernabilidad, se necesita de herramientas institucionales, pero también de virtudes morales. Las primeras, sin las segundas, son sólo papel.

Hoy Chile mantiene el desafío de atacar la corrupción. Las leyes dan un marco de acción, pero se debe dar énfasis a las medidas formadoras de las personas, de los ciudadanos, del servicio público, de la democracia. Este es uno de los pasos más urgentes para terminar con los hechos que nos están llevando a ser un país desconfiado, que pierde sus valores esenciales y que, tarde o temprano, socavará irremediablemente la gobernabilidad por la que tanto se nos reconoce.

Carolina Infante D. Área Legislativa Fundación Jaime Guzmán E.