Financiar la defensa nacional El debate acerca de cómo financiamos nuestras Fuerzas Armadas no sólo es legítimo, sino también necesario. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se invierten recursos que pertenecen a todos y, además, bajo qué criterios de eficiencia y control se deciden las inversiones en defensa. Si bien el actual sistema de financiamiento no se condice con los niveles de transparencia que se exigen a las autoridades, no puede dejar de considerarse que los aspectos político-estratégicos involucrados y la propia política de disuasión de la defensa nacional fundamentan la necesidad de algún nivel de reserva. Este bajo nivel de transparencia y la exclusión del Congreso en la toma de decisiones, claramente refuerzan la percepción negativa que se ha querido dar a la Ley Reservada del Cobre. El sistema de financiamiento que viene funcionando desde 1958, sin duda, es perfectible e incluso puede ser legitimado a partir de la apertura de su debate. Sin embargo, proponer la derogación de la ley reservada como única medida no parece adecuado, ya que no resuelve como se llevarán a cabo los futuros procesos de adquisición de armas y deja la seguridad nacional entregada, prácticamente, a su propia suerte. Es de esperar que la iniciativa anunciada por el Ejecutivo considere una revisión integral del sistema y tome como base las ventajas que el actual sistema entrega al desarrollo de la defensa, sumando las modificaciones que lo perfeccionen. La principal ventaja de la ley del cobre es la estabilidad y garantía que entrega a los recursos destinados a la defensa nacional, pues a través de ella se asegura un monto mínimo de ingresos a cada una de las ramas. Este es un punto relevante, pues la inversión en seguridad nacional es una materia que no puede ni debe quedar expuesta a la mera voluntad política ni a los vaivenes que ella suele enfrentar. Es preciso resguardar el desarrollo de políticas continuas y eficientes en el marco de la defensa, pues aunque ésta sea un bien público, los beneficios de contar con buenas inversiones difícilmente son percibidos en tiempos de paz y, por lo tanto, son más susceptibles de ser cuestionadas. Otra ventaja es que los recursos obtenidos por la ley del cobre permiten una mejor planificación a largo plazo de las inversiones, lo que se asocia especialmente con las necesidades de mantención y modernización de los sistemas de armas. A ellas se debieran sumar criterios de flexibilidad, ausentes en la actual legislación. Por ejemplo, la distribución anual rígida en tres tercios de los recursos dificulta a las instituciones de la defensa generar planes coordinados de compra y/o renovación del material bélico que beneficien alternadamente a una más que a las otras dos. Asimismo, se debe fortalecer la transparencia, la existencia de controles de inversión y gasto y el rol del Congreso Nacional, al menos como partícipe de la información, de modo que se fomente la legitimación pública de las inversiones realizadas y la aceptación social de la necesidad de destinarle recursos suficientes,
frente a otras necesidades sociales que se perciben más urgentes: el clásico dilema de comprar un tanque versus construir un hospital. En definitiva, asegurando estos principios y características podrán mantenerse las virtudes del actual sistema de financiamiento, pero incorporando los objetivos que exige la democracia moderna y sin perjudicar el desarrollo de la defensa y seguridad nacionales. Carolina Infante Dulcic Fundación Jaime Guzmán E.