Regulación y consumidores: costos ocultos
La concepción que cada uno tiene sobre el individuo y la sociedad y la relación de éstos con los poderes públicos es determinante al momento de evaluar la necesidad o no de la regulación. En el caso de la protección de los consumidores, actualmente se encuentran en tramitación más de cincuenta proyectos que les afectan. ¿Son tantos los problemas del consumo que hay que solucionar? ¿Es necesaria tanta regulación e intervención? En la medida que creemos en la libertad de los individuos, somos capaces de atribuirles la responsabilidad por los actos que realizan, hayan sido éstos o no influidos por circunstancias externas. Si pensamos que dicha libertad en la práctica no es tal, necesariamente debemos restarle responsabilidad a sus actos y exigir la intervención de un poder superior (por lo general el Estado), para que solucione sus problemas y dificultades, creados a partir de esa falta de libertad. No podemos desconocer que hay situaciones extremas en que no existe libertad y, en ese caso, nos encontraremos ante vicios del consentimiento que pueden ser subsanados jurídicamente. En la medida que vamos tratando a las personas como seres influenciables e incapaces de asumir las consecuencias de sus actuaciones, abrimos el espacio para que se regule de mayor forma cada uno de los ámbitos en los cuales participamos. La consecuencia de ello es un encarecimiento de las relaciones y productos (más regulación, más costos), una disminución de la libertad de los individuos y una sensación de que no importa si tomamos malas decisiones, ya que no asumiremos las consecuencias porque si estamos en problemas, nuestro padre Estado los resolverá por nosotros. Al haber en las relaciones de consumo una desigualdad entre los participantes (especialmente en cuanto a la información), debe existir una regulación mínima que haga posible disminuir dicha brecha para que el consumidor tome sus decisiones de manera informada, de modo que luego no haya excusa sobre su desconocimiento real de la situación. Además, deben establecerse normas sobre responsabilidad de los proveedores y sanciones para los casos de abuso. En consecuencia, el consumidor es responsable de sus decisiones de consumo y, en la medida que se desconozca dicha realidad, será imposible obtener soluciones eficientes y que, realmente, lo beneficien en vez de perjudicarlo de forma encubierta.
Andrea Barros I. Investigadora Área Legislativa Fundación Jaime Guzmán