TELEVISION DIGITAL EN CHILE: ¿AHORA SI QUE SI?
Después de muchas dilaciones y del incumplimiento de plazos que se había fijado a sí mismo, el Gobierno ha anunciado que dentro de marzo comunicará su decisión sobre la norma técnica aplicable a la televisión digital. Si bien no es la decisión más relevante en sustancia, sí tiene la importancia de ser el impulso procesal necesario para iniciar de una vez la migración desde la televisión analógica actual hacia la plataforma digital. En efecto, la opción por un determinado formato es importante en cuanto inicia el proceso, pero no es la decisión más relevante porque las tres principales normas: norteamericana, europea y japonesa, han tendido a flexibilizarse y a converger, y hoy todas entregan las opciones alternativas de transmitir en alta definición o de emitir simultáneamente varias señales por un mismo canal (multicasting), así como también todas ellas permiten la recepción por aparatos inalámbricos móviles. Lo crucial, en todo caso, es que al hacer su opción por una u otra norma técnica la autoridad tenga en mente el acceso universal y gratuito a la televisión abierta y los costos que la migración impone a los consumidores, así como la adaptabilidad del formato elegido a las innovaciones tecnológicas futuras. Esperemos que esta vez el gobierno sí cumpla con el plazo que se ha autoimpuesto. En este marco lo más relevante serán las decisiones de política pública que seguirán a la elección de la norma técnica, por ejemplo, la inevitable revisión de la regulación vigente sobre televisión, particularmente sobre el sistema de concesiones y el uso y distribución del ancho de banda de las actuales concesiones que tienen los canales de televisión abierta, así como del rol que cabe a los actores públicos y privados en el financiamiento de la industria de televisión y en la definición de sus contenidos. En este debate es donde puede generarse el ambiente para que algunos nostálgicos de la intervención estatal pongan en tela de juicio el modelo de televisión vigente en Chile desde el advenimiento de la democracia, caracterizado por la competencia entre varios canales privados y un canal público que no recibe subsidio estatal y con deber de autofinanciamiento, para plantear un cambio radical del modelo televisivo y particularmente del rol que le cabe a la televisora pública, que considere abrir el espacio televisivo a la difusión de contenidos decididos por grupos u organizaciones que reclaman para sí la representación de la diversidad del país. El riesgo de este escenario es que se termine cercenando la independencia de la televisora estatal respecto del gobierno y afectando su misión de informar de manera equilibrada y plural, y se avance en una especie de ley de cuotas televisiva, donde se suponga a ciertos grupos mayor capacidad que las audiencias para decidir qué es lo que éstas deben ver en televisión.
En suma, la discusión de política pública que seguirá a la decisión del gobierno sobre el formato que usará la televisión digital en Chile abre insospechadas alternativas: unas pueden tender a perfeccionar y dinamizar el mercado televisivo y otras a sepultarlo. Lo que es claro es que tras unas y otras se erigen concepciones muy diferentes, pero no sólo en torno a la definición de un modelo de televisión sino también en torno al viejo dilema que contrapone más libertad personal o más dirigismo estatal.
Jorge Jaraquemada Roblero Director Área Legislativa Fundación Jaime Guzmán E.