partidos políticos, democracia interna y representatividad ciudadana
mesa de partidos políticos, democracia interna y representatividad ciudadana Coordinación Juan-Pablo Calderón Patiño Participantes Lorenzo Córdova Vianello
Josué Escobedo Camilli
Carlos Enrique García Sauceda
David Gaxiola
Juan Carlos Vázquez López
Fernando Vázquez Rigada
Relatoría
Eduardo Bueno León
Sergio Tovar Alvarado
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reflexiones con rumbo
relatoría Eduardo Bueno León Sergio Tovar Alvarado
Contexto El objetivo de esta mesa fue responder a las siguientes preguntas: ¿los partidos políticos actuales son representativos de la sociedad?, ¿en materia de profundización de la democracia, el actual sistema de partidos es un lastre o un motor?, ¿qué se requiere para tener un sólido sistema de partidos que le sirva a la ciudadanía y a la democracia?
El debate • En primer término la mesa estableció la necesidad de fortalecer a los partidos políticos, a partir de la instrumentación de los siguientes objetivos: − Fortalecer la democracia interna, fomentando la formación de cuadros en ambos géneros y ampliar los controles para evitar el nepotismo en el sistema de representación política. − Transparencia. − Rendición de cuentas. − Flexibilizar la creación de partidos políticos locales. • Además, se estuvo de acuerdo con la necesidad de integrar una agenda a partir de las siguientes propuestas: − Establecer mecanismos de sanciones para los políticos que no cumplan adecuadamente con la responsabilidad para la que fueron electos, en cualquiera de los tres órdenes de gobierno. − Fortalecer la capacidad y el sentido de Estado en los partidos políticos, para asegurar el predominio del poder público sobre el privado. − Los partidos políticos no deben ser expresión de poderes fácticos.
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− Reivindicar la necesidad democrática de reconocer proyectos políticos diferenciados en un contexto plural y en búsqueda de alternativas. − Reconocer la importancia para la vida democrática de los movimientos contestatarios, identificando en ellos demandas democráticas y culturales. − Que los partidos políticos fortalezcan la gobernabilidad democrática y sean capaces de responder a la formulación de políticas públicas, en respuesta a los anhelos y demandas ciudadanas cotidianas. − Explorar nuevas fórmulas para elegir a los miembros del Consejo General del ife, destacando la creación de iniciativas ciudadanas en la materia, mismas que aprobará la Cámara de Diputados. − Mayor regulación de las fuentes de recursos económicos, tanto públicas como privadas, buscando evitar una plutocracia en las estructuras electorales y de representación política. − Revisar la relación con los medios de comunicación para garantizar una mayor inclusión, defensa de la libertad y mecanismos abiertos al debate público, no únicamente en tiempos electorales. − Diferenciar entre un proceso de institucionalización democrática de formas de corporativización tradicionales que secuestran o bloquean los procesos de participación política.
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partidos políticos, salir del laberinto Juan-Pablo Calderón Patiño
A contracorriente de los países en donde tienen su origen los partidos políticos, en México han sido una peculiaridad desde el inicio de su proceso democrático, que nació como bandera contra el porfirismo y la reelección, hasta la conocida alternancia del régimen posrevolucionario en las puertas del siglo xxi. La democracia moderna exige organización y capacidad para articular los diversos intereses de una sociedad. Con el crecimiento demográfico en los estados, se inició una suerte de comunidad política que necesitaba un mínimo de orden, coordinación y articulación en la tarea política. En esa búsqueda de ser un intermediario entre la ciudadanía y el poder se configuran los partidos políticos, como instrumentos para el arribo de los poderes que resguardan a los diversos mecanismos de la democracia representativa. El origen más preciso de los partidos políticos es el parlamento. Maurice Duverger, célebre politólogo francés y uno de los pioneros del estudio de los partidos políticos, centra en los grupos políticos del parlamento el primer pivote para fundamentar tres vertientes de partidos políticos: partidos parlamentarios, partidos extraparlamentarios y partidos antiparlamentarios. Max Weber anuncia: “los partidos (…) son en su mínima esencia organizaciones libremente creadas y que apuntan a un reclutamiento (…) su fin es siempre la búsqueda de votos para elecciones a cargos políticos”. El sentido de libertad de asociación, como derecho humano para interceder en la formación de la voluntad estatal y la capacidad de iniciar una “cruzada permanente” en el escenario político que rebasara el simple período electoral, es pieza clave para entender la vida partidaria y en especial en el devenir del siglo xx, la creación del sistema de partidos y sus diversas clasificaciones. Como grandes estructuras partidarias, los partidos de masas nacían como bases políticas permanentes con burocracia propia, sus alcances eran cuantitativos. En contraposición, la figura que Duverger ilustra es la de partido de cuadros. Entre ambas, resume Gianfranco Pasquino, que lo que los partidos de masas ofrecen en cantidad, los segundos lo ofrecen en valor cualitativo.
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El debate de los partidos políticos La correlación del debate de partidos va de la mano con cuestionamientos como: ¿en verdad basta su existencia para legitimar la democracia? ¿Qué calidad democrática buscan los mexicanos? ¿Qué hacen los partidos fuera del periodo de elecciones? ¿Han sido genuinos representantes de una sociedad heterogénea como la mexicana? ¿Son los únicos conductos para el desarrollo democrático mexicano? Ninguna de las interrogantes expuestas en el párrafo anterior podría esquivar que el éxito (o fracaso) de los partidos políticos está directamente relacionado con el andamiaje del régimen político. En esa pista es donde en un marco de estado de derecho, con reglas y sanciones, buscan el poder, pero también se descubre su otro ejercicio, como bien escribiera Diego Valadés en El control del poder. México, como rara avis no ha dado casilleros a la ciencia política en su sistema de partidos. Su particularismo viene de la estructura moderna y posrevolucionaria que nació de la figura del Partido Nacional Revolucionario (pnr), el posterior Partido de la Revolución Mexicana (prm) y hoy todavía Partido Revolucionario Institucional (pri). El mérito histórico de esa formación fue institucionalizar el conflicto político con los suyos y nada más. Toda disidencia, cooptación o castigo a los otros, era permitido y necesario, siempre y cuando sirviera para afianzar la gobernabilidad, o bien para amortiguar el autoritarismo político al régimen. Como sintetizaba Jesús Reyes Heroles en su dicho: “lo que resiste, apoya”. En buena medida, el “gran partido histórico” inició su vida de partido político en el 2000, ya huérfano de la Presidencia de la República. El partido que había nacido en el poder para mantener el poder, perdió en la Presidencia su mayor apoyo pero no su existencia. En el otro polo, dentro de una formación histórica cercana a una democracia cristiana, el Partido Acción Nacional (pan) nació casi en la soledad de algunos notables y de gente que se sentía lacerada por el pri. Su fuerza electoral se sembró a lo largo de décadas, no por una oferta de campaña o un programa —como enfatizaría Cosío Villegas—, sino por el hastío de la población de los errores de un pri incapaz de saber cómo renovarse y actualizar su base política e identidades; además, en un país que migró de ser rural a uno más urbano, educado y con una elevada clase media. Esa incapacidad de actualización y de reconciliación en todas las corrientes internas del pri posibilitó el nacimiento del Partido de la Revolución Democrática (prd), como convergencia entre sectores de la izquierda histórica mexicana con grupos reformistas que no encontraron eco en la dirigencia nacional priísta. El prd rompió el plan acuñado por varios priístas y panistas, de un modelo bipartidista a semejanza del modelo estadounidense. Una valoración macro es que ante el fin de la hegemonía del partido histórico, que aún vive y goza de altas preferencias (a contraposición del derrumbamiento una vez que pierden el poder de partidos con alta densidad histórica como se ejemplifica en Europa Oriental), el pluralismo en cualquier orden o poder, se ha agotado en reformas electorales descuidando la otra razón política de la legitimidad de un partido: el poder.
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Los partidos han perdido de vista cualquier escenario nacional que se dé, no por ellos mismos sino por la naturaleza del votante. La nostalgia del carro completo con la que gobernaba el pri, la creyeron para sí mismos todos los institutos, sin darse cuenta que la naturaleza del régimen operó para el sistema de partido hegemónico y no para el pluralismo con un congreso dividido y donde el ganador de hoy puede ser el perdedor de mañana. Los partidos han dejado de ser las primeras escuelas de políticos profesionales y con vocación. En aras de un pragmatismo y con las fronteras ideológicas casi evaporadas, se ha pervertido la mística por la cosa pública, y en la batalla por el poder y en el poder, la capacidad para diferenciarse entre sí. Hoy la derecha reluce los programas de la izquierda y ésta busca una palomita adoptando posiciones de derecha. El centro ideológico, tan único como el hoyo de la dona, es una quimera. Preguntar hoy: ¿cuál es la doctrina de tal o cuál partido? Es una pregunta que se responde con silencio. Incluso en los partidos miembros de la Internacional Socialista o la Internacional Demócrata Cristiana. En el caso del pri, el último refugio fue el “liberalismo social” con Carlos Salinas de Gortari. Hoy en día, el intento de hacerlo un partido socialdemócrata (enorme reto en la latitud mexicana, pero con la célula de redistribución de la riqueza y fortalecimiento de la cohesión social) parece naufragar privilegiando el limbo. En esa discusión, los partidos dejaron la lucha por programas de gobierno provocando la mayor crisis en la spotización del mensaje. En aras de la mercadotecnia política, descifrar las respuestas a los grandes problemas ha sido tan corto y hueco como el mensaje de una cascada de spots. Esto ha ocasionado el alejamiento de la confianza en la manera de hacer política. En ese sentido, la improvisación, la carencia de ideas y congruencia política son sinónimos de inamovilidad, la misma que ha visto pasar cinco legislaturas en el Congreso y dos sexenios sin un cambio en el ápice del régimen político, en donde ninguna fuerza política se basta para gobernar. La cuota de impunidad ha sido el peor drama para la credibilidad de los partidos. Si la facción era peyorativa en el inicio del partido político por no tener intereses de la comunidad sino de un pequeño grupo que los impulsaba a cualquier cosa, esa sedición interna parece que cobra vida al interior del frágil edificio de la democracia interna partidaria. Enviar a personas que tienen cuotas pendientes con la justicia a las curules u otra posición de poder, ha sido una norma para cualquier político. El pacto de la democracia mexicana debe estar sembrado en un nuevo régimen político de inclusión, no en el de la impunidad donde “te tapo a ti, para que tú tapes mis abusos”. El abuso de esta nefasta práctica ha cimentado el camino de la crisis de los partidos, llevando a la vox populi: ¡todos son iguales! La iniciativa ciudadana y la consulta popular son dos nuevos instrumentos que nacieron de la última reforma política para tratar de oxigenar los mecanismos de crisis de la política; no obstante, pocos se han detenido a observar que las dos nuevas herramientas nacen a partir de que los partidos se han dedicado exclusivamente a la guerra electoral, descuidando su obligación de ser agentes de gobernabilidad democrática los 365 días del año. La iniciativa ciudadana no tendría razón de ser, si los legisladores hicieran su trabajo. Prólogo de ello sería
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que los futuros legisladores, como hombres de partido, presentaran agendas legislativas que complementarían con el programa de acción de su instituto político. La creación de esa agenda programable y real sería un primer peldaño para profesionalizar la labor legislativa. Profesionalizaría el sentido general de la política y en sentido particular la causa que se busca defender. La incongruencia entre lo que hacen y dicen los políticos tiene también una carga de ilegitimidad entre lo que proponen y votan entre las Cámaras. En ese trecho, como el poema de Vicente Huidobro, el ciudadano es del olvido, y se acrecienta la brecha entre gobernados y gobernantes. Ese déficit político se muestra en la incapacidad del acuerdo político que edifica. La pobreza en cuadros arribistas ha denostado esa vocación de la política tanto al interior del Legislativo como en la relación con el Ejecutivo. Inflación de acuerdos para el momento y pobreza en los acuerdos claves para gobernar y saber edificar legislación de altura, que prevea y consolide el fortalecimiento del Estado. No hay democracia sin partidos políticos, decía con razón Hans Kelsen. Impregnarle legitimidad en la responsabilidad de propuesta, rendición de cuentas y gestión, es la siguiente prueba de los partidos. Es reconciliarse con los movimientos sociales y peticiones del ciudadano para no ser el archipiélago inconexo que hoy se vive en México. Dirán algunos que está abierta la puerta para las candidaturas independientes; otros responden ¿independientes de quién? ¿De la renuncia a aceptar militancias con sus posibilidades y riesgos? ¿Del infortunio de hacer política asesinando a células vivas de la misión política, como son los partidos políticos en el deber ser? O bien, del falso debate de la ciudadanización en el que se proclama ser ciudadano y a la larga, se termina afiliando a partidos para el ascenso al poder. Para ejemplo, algunos de los primeros consejeros electorales terminaron siendo precandidatos presidenciales, secretarios de Estado o legisladores. El fracaso de la confianza en la política también ha transitado por el abuso de ese camino que es un espejismo. Como entrecruce a las candidaturas independientes nace una sentencia: los partidos políticos deben de recuperar su campo de visión nacional, del todo, pero a la vez de la adopción de causas sociales; lo mismo retomar los derechos de los diplomáticos, que perfilar un nuevo marco de protección a los jóvenes en su primer empleo. Lo electoral, sin importar el número, debe de tener la supremacía cualitativa de las razones para resolver problemas, asignatura que nos recuerda Jacques Delors de “la política como fusión de acción y principios.” La regionalización no es mala cuando la abraza una visión nacional, cuando articula esfuerzos y cuando una plataforma política nace de la inclusión de los actores, independientemente de si son o no miembros de los partidos. Hoy el peso del que pretende hacer política con matraca, cartel y porra pesa más sobre el ideólogo. Esa disparidad es un rompimiento difícil de reponer y por naturaleza excluye, margina y limita la manera de hacer política con ideas, no sólo con ejércitos masivos de lo electoral que buscan conservar el status quo. La ganancia de pocos en los partidos políticos es la derrota de muchos en la colectividad. Cambiar la ecuación —o al menos nivelarla— es un tema que debería transitar si de verdad se
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quiere una democracia operativa, no sinónimo de inmovilidad como lo han señalado diversas plumas. Encorvarse sólo en una democracia electoral, sin revisar el papel de los partidos políticos, es una necesidad si también se desea hablar de gobernabilidad democrática. Curiosamente, una salida que da mayor credibilidad es el hablar con decisión de una Ley de Partidos que evite sus rezagos, imponga derechos y obligaciones a la militancia, pero también a sus dirigencias. En la práctica esa orfandad la ha resuelto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (trife). Seguir sin una legislación en la materia pondrá en vilo a los institutos, más presas de poderes fácticos siendo franquicias, tan arregladas para vividores o para intereses alejados de la sociedad pero sin saciedad por el poder, lo que otros han denominado la invasión del espacio público por el interés privado y otros, la plutocracia en el poder; plutocracia que parece ser sinónimo de kakistocracia (el gobierno de los peores). El dilema de una Ley de Partidos tampoco exime el cuestionarse si la democracia mexicana sigue construyendo y construyendo leyes que a la vuelta de la esquina, son esquivadas y violadas. El caso más patético fue la violación constitucional de la Cámara de Diputados por su retraso de más de un año en la designación de tres consejeros al ife, vulnerando los elementos de confianza de la máxima autoridad electoral que había consolidado su confianza con el proceso de ciudadanización de la reforma política en 1996. ¿A que respondería una Ley de Partidos? De manera insoslayable al reto de todos los partidos que es el desarrollo de su democracia interna. Anticuerpos contra camarillas que secuestran el poder de la militancia, a dirigencias ineficientes que imposibilitan la emergencia de nuevos cuadros políticos. El reto es grande y más tratándose que este tema fue motivo del estudio clásico sobre “la ley de hierro de la oligarquía” de Robert Michels, que ilustra la apariencia del ensanchamiento de la participación militante o de comités electorales que siempre termina reducida en unos cuantos. Sin temor a equivocarse, el realismo demócrata produce una clase gobernante en las estructuras en el poder, eso es el ideal, que una Ley de Partidos sea el medio institucional para ser hacedora de clases dirigentes responsables y no una élite en el poder con los peores resabios autoritarios, con independencia de su sello ideológico. La discusión merece líneas aparte, pero sorprende que las dirigencias partidarias se nieguen de manera mínima a la simple discusión del tema. Hacerlo también es un imperativo para regular el Artículo 41 constitucional que habla de los partidos políticos como entidades del interés público. La insuficiencia del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (copife) exige cubrir con la creación de una ley por más riesgos haya de que “a la democracia no se le arriba por reglamento”.
Notas finales Si todo proceso político democrático y plural transita por los partidos políticos, en buena medida porque éstos son parte global, tanto temática como en la interlocución y tránsito de
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la sociedad hacia el poder, hay que preguntarse ¿se agotó el tiempo de los partidos políticos como agentes intermediarios entre gobierno y sociedad o se ha preferido a nuevas estructuras de influencia en la cosa pública? No, mientras no haya otra fórmula para acceder al poder por la vía civilizada y democrática. Lo que hay que fortalecer es su razón como mecanismos que participan en formular el interés y fortalecimiento del Estado, que involucra un proyecto nacional y una ruta mínima de todos los partidos, con independencia de su eje ideológico o programático. La crisis de las intermediaciones, como lo señala Borja, es una de las debilidades para creer en los institutos políticos. Recuperar el sentido comunitario y social de los partidos políticos o ambos, es condición mínima para evitar que demandas sociales se fragmenticen o balcanicen y sean imposibles encauzar en políticas públicas (como a muchos les gustaría). Una cosa es una intermediación individual y otra una intermediación social, grupal, comunitaria. Recuperar el activismo en influir en la agenda nacional los temas prioritarios de una sociedad heterodoxa, es un mandato para recuperar credibilidad, tema que no sólo debe de estar en periodos electorales. En el fondo, la crisis de los partidos es un objetivo de actores no democráticos que impiden el desarrollo de ciudadanía y de socializar demandas. Salir de ese círculo vicioso es responsabilidad del edificio y andamiaje que soporta no solo al partido sino al régimen democrático en su conjunto, incluyendo la discusión amplia que se debe de hacer de la frontera entre democracia representativa y democracia participativa; eje de rumbo en el siglo xxi en la democracia vinculada a nuevas tecnologías de la información e interacción entre gobernados y gobernantes. Alessandro Pizzorno establece cuatro razones que hacen que los partidos sigan existiendo: sirven para mantener el consenso; garantizan la coordinación del personal político; sondean las opiniones de los ciudadanos y los representan responsablemente y reducen el exceso de problemas que la administración del Estado debería enfrentar si todas las demandas de la sociedad le llegaran directamente. En un contexto de una nueva institucionalidad de transparencia, la rendición de cuentas es un mandato que se debe cumplir sin cortapisas. Si la salida del dinero privado para privilegiar el dinero del contribuyente es la norma en el financiamiento de los partidos, con más razón se deben explicar los montos con la advertencia de reducir drásticamente el costo electoral, que descansa en viejas y oprobiosas cuotas de mercadería política. En la misma dirección es imposible dejar de apuntar que los partidos no pueden dejar de ser actores electorales vacíos y sin ejes mínimos programáticos que los diferencien entre sí, pero también que enriquezcan las visiones nacionales para los diversos problemas estructurales y coyunturales de la nación. Si los partidos cierran su válvula como espacios abiertos a la capilaridad y desarrollo social, mucho habrá perdido la verdadera República y mucho se habrá afianzado el terreno cruel de la simulación democrática.
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partidos y representación política Lorenzo Córdova Vianello
Mayorías y democracia La democracia ha sido concebida como el régimen en el cual la toma de decisiones políticas pasa por el respaldo de las mayorías. La idea que subyace a la adopción de la regla de la mayoría como mecanismo para decidir, es que el mayor número de individuos que estará sometido a una decisión (los gobernados) estén de acuerdo con ella y, por ello, se encuentren en una situación de libertad entendida como autonomía. Esa idea se manifiesta en la máxima de Rousseau de que el fin perseguido por la democracia es que los individuos sometidos al vínculo político sigan siendo tan libres como lo eran en el estado de naturaleza, es decir, antes de que surgiera la sociedad y el Estado. La democracia persigue, para decirlo con Kelsen, la maximización del principio de libertad política que se traduce en que lo que los individuos están obligados a hacer (el contenido de la decisión política que, por su naturaleza es vinculante) coincida con lo que la mayoría de ellos quiere hacer. Por eso, ante la inviabilidad de la unanimidad, los regímenes democráticos han adoptado la regla de la mayoría para procesar las decisiones colectivas. Se trata de un mecanismo que permite garantizar la libertad de los más a costa de la libertad de los menos. Sin embargo, en las así llamadas democracias constitucionales, es decir, en los regímenes que son democráticos, pero que a la vez reconocen y garantizan los derechos fundamentales de todos los individuos, las mayorías (o sus representantes) no pueden decidir lo que quieran; toda decisión de las mayorías tiene límites impuestos, en primer lugar, por los derechos de las minorías. De otra manera se estaría frente a lo que Alexis de Tocqueville (pensador político del siglo xix), identificó como el mayor peligro que enfrentan los sistemas democráticos: degenerar en la tiranía de la minoría. Lo anterior revela por qué se es consecuente con los principios de la democracia, no es aceptable la formación de mayorías de manera artificial en los órganos de representación política. Si mediante fórmulas como la adopción de un sistema electoral determinado, o bien a través de mecanismos como las “cláusulas de gobernabilidad”, se induce la formación de una
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mayoría, podría estarse formando una determinada fracción parlamentaria mayoritaria que, en los hechos no refleje la voluntad de la mayoría de los gobernados. De ahí la importancia de subrayar, como lo ha hecho Michelangelo Bovero, que no toda representación política es democrática y que ese carácter lo adquiere solo, siempre y cuando, además de ser el resultado de una elección fundada en el sufragio universal y en el respeto irrestricto de los derechos políticos de los ciudadanos, el órgano representativo efectivamente refleja la composición política de la sociedad. Por eso, la adopción de mecanismos que distorsionan la calidad representativa de los parlamentos genera inevitablemente una merma de la calidad democrática del sistema político. Un ejemplo: en Gran Bretaña, en virtud de que el sistema electoral es en su integridad de mayoría relativa, en la elección de 2005, el Partido Laborista con 35% de los votos obtuvo 55% de los escaños. Nadie puede sostener que ese país no sea una democracia (es la más vieja expresión de ese sistema); sin embargo, en esas condiciones ¿realmente prevaleció la voluntad de la mayoría de los británicos? En virtud de lo anterior, resulta inevitable sostener que la calidad de su sistema representativo es en algún grado deficitaria. Cuando el pluralismo político se asienta en una sociedad y, en consecuencia, ningún partido obtiene la mayoría en el parlamento, la formación de mayorías se complica porque todas las decisiones, sin excepción, tienen que pasar por un proceso, en ocasiones muy complicado, de negociación y de acuerdo. Esos son los costos naturales de la democracia. Así ha ocurrido en México desde 1997 cuando ninguna fuerza política cuenta con una mayoría predefinida en la Cámara de Diputados y desde el año 2000 el escenario se extendió al Senado. Hoy, en el contexto de la discusión sobre la así llamada reforma política, diversos actores se han pronunciado por la necesidad de introducir mecanismos que induzcan artificialmente la formación de mayorías lo que, inevitablemente, se traduce en una merma del pluralismo. Si realmente se toma en serio la meta de generar una democracia de calidad hay que resistir esas tentaciones y apostar por la única vía democrática para generar mayorías en un contexto de gran competitividad política: la permanente búsqueda del consenso mediante el acuerdo y la negociación entre las partes.
El sistema de partidos En la actualidad los partidos no gozan de buena fama pública; es algo que los diversos estudios de cultura política han venido constatando reiteradamente. Es más, en América Latina —y en México se sigue esa tendencia— su descrédito se ha acentuando aceleradamente en la última década, al grado de colocarlos (por cierto, junto con los parlamentos) en los peores niveles de confianza y aprecio ciudadano. A ello ha contribuido, sin duda, su difundido pragmatismo electorero, su vaciamiento ideológico y programático, y la falta de representatividad y democracia interna que los caracteriza. Pero también es cierto que ese descrédito ha venido construyéndose intencionalmente,
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entre otros, por los poderes mediáticos y por muchos falsos puristas que desde hace tiempo han venido planteándose como voceros o, peor aún, representantes de los intereses de la ciudadanía. Ese preocupante desencanto ha alimentado una serie de propuestas —tras las que se esconden no pocas pulsiones autoritarias— que plantean la reducción y depuración del sistema de partidos mediante el encarecimiento de los requisitos para su constitución y para el mantenimiento del registro de los ya existentes. Un ejemplo de lo anterior lo representa la iniciativa de reforma política que presentó el presidente Calderón, a fines de 2009, que planteó elevar el piso mínimo para conservar el registro de 2% de la votación, como actualmente ocurre, a 4%. La tendencia no es nueva y ya se ha materializado en varias reformas legislativas: en diciembre de 1993 se duplicaron los requisitos tanto por lo que hace al número de afiliados (pasando de 0.13% del padrón electoral al 0.26%), como al número de asambleas estatales o distritales necesarias para constituir un partido político (de 10 a 20 y de 100 a 200, respectivamente). Además, entonces se reservó el derecho exclusivo de constituir partidos a las agrupaciones políticas nacionales. La reforma de 2007, por su parte, si bien venturosamente eliminó esa prerrogativa exclusiva de las agrupaciones políticas nacionales y abrió la puerta para que cualquier organización de ciudadanos creara un partido, también agravó la constitución de los mismos al establecer que esa posibilidad podía ocurrir sólo cada seis años, de cara a las elecciones intermedias, y no cada tres años como había venido ocurriendo hasta entonces. Cabe decir, a contracorriente del sentido común, que la consolidación democrática pasa no por cerrar las puertas del sistema de partidos, sino por abrirlas de manera franca a nuevas alternativas que permitan una mejor expresión de la pluralidad y que, además, oxigenen y estimulen la competitividad política. El proceso de democratización en México comenzó hace 33 años con la introducción del registro condicionado, como una manera para facilitar que una serie de organizaciones políticas pudieran constituir partidos sin tener que atravesar por el gravoso y tortuoso procedimiento de obtención del registro convencional. La condición para su permanencia era la obtención de un mínimo de votación que refrendara su arraigo entre los ciudadanos. Esa figura, que se suprimió en 1986, pero que volvió a introducirse en 1990 y perduró hasta 1996, permitió que muchas nuevas organizaciones vinieran a enriquecer y dinamizar el sistema de partidos. Si lo que se quiere hoy es abrir los espacios de participación de los ciudadanos y potenciar sus derechos políticos (entre los que se encuentra, no se olvide, el de asociación), más que buscar falsas salidas como las candidaturas independientes, mismas que a la larga pueden acarrear más problemas que beneficios, valdría la pena explorar la posibilidad de reintroducir, la figura del registro condicionado, con el fin de potenciar la participación política, estimular el pluralismo (condición y expresión de la democracia) y así crear un contexto de exigencia a los partidos existentes para que se democraticen, se renueven y se vuelvan atractivos para los ciudadanos.
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Lo anterior bien podría combinarse con la exigencia de porcentajes de votación diferenciados para mantener el registro, para acceder a financiamiento público (o a determinadas modalidades de éste), y para acceder a la representación política. Insisto, democratizar el sistema de partidos sólo puede hacerse con una lógica incluyente y fortalecedora del pluralismo.
Pluralismo y proporcionalidad En días recientes ha habido una andanada de artículos en periódicos y revistas que se han dedicado a sacrificar en el altar de las mayorías al principio de proporcionalidad como criterio de integración del congreso y, con ello, abierta o veladamente, a la representación del pluralismo. Bajo el argumento de que los partidos pequeños adquieren un peso desproporcionado respecto de su fuerza electoral, los críticos del sistema proporcional abogan por los méritos de contar con mayorías predefinidas y sostienen, en consecuencia, la pertinencia de todos los mecanismos que la induzcan (o que de plano la creen artificialmente), como el sistema electoral de mayoría relativa, la segunda vuelta, la cláusula de gobernabilidad y la eliminación de cualquier tope a la sobrerrepresentación. Todos, sin excepción, la asumen como algo natural y sin duda deseable en las democracias, aunque ello sea a costa de algo que les resulta absolutamente prescindible e intrascendente, que la pluralidad política esté representada. Un argumento recurrente es que el actual sistema mixto de integración de las cámaras provoca que los partidos pequeños sean indispensables para formar mayorías y que ello los sobredimensiona en su peso político. Así, se dice que, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista de México (pvem) “con 7% de los votos tiene el mismo poder que el pan con 30%”.1 Más allá de la simplificación del caso, si las matemáticas no fallan, toda reforma constitucional, sin excepción, con los números actuales de integración del congreso requiere del apoyo del pan, con lo que el argumento resulta ser falaz, porque este partido y el pvem definitivamente no tienen el mismo poder. Además, racionalmente, aun con un sistema de mayoría relativa puro, puede darse el caso que el partido mayoritario no cuente, con todo, con la mayoría requerida para tomar decisiones y, por ello, dependa de la alianza con otros partidos (incluso muy pequeños) para lograrlo. En las democracias suele ocurrir que las mayorías tengan que construirse porque los electores con su voto no las generan a priori (incluso en el hoy santificado por muchos sistema de mayoría relativa). Pero de eso se trata precisamente la democracia, de que cuando los votos no las predeterminan, las mayorías se alcancen mediante los mecanismos de inclusión que le son típicos: la negociación, el consenso, el acuerdo político entre partes. Tal vez eso es lo que no les gusta a los detractores de la proporcionalidad y de la representación del pluralismo. Una sociedad democrática no es sólo la que reconoce el pluralismo existente en ella y le permite expresarse a través de múltiples formas de organización política, en primer lugar, de los partidos, sino la que contiene fórmulas para que esa diversidad ideológica y política se
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vea representada en los órganos de decisión colectiva, en primer lugar, el parlamento. Y esa representación, para ser efectivamente representativa —y por ello democrática—, supone que refleje, en la medida de lo posible, el peso efectivo que tienen las fuerzas políticas con un mínimo de relevancia entre la sociedad. ¿Esto complica la capacidad de gobierno? Indudablemente. Pero nadie ha dicho que la democracia sea un régimen sencillo de gobernar. La lógica de la democracia complica indudablemente la toma de decisiones. Pero su gran virtud, el objetivo declarado de esta forma de gobierno es su intención incluyente del mayor número posible de ciudadanos y de hacer que las decisiones que se adoptan reflejen efectivamente la voluntad de la mayoría de ellos. Inclusión frente a exclusión, en ello se sincretiza el valor democrático. Ello supone, evidentemente, que cuando los ciudadanos en las urnas no expresan una mayoría clara respecto de un partido político, esa mayoría tendrá que construirse en sede parlamentaria a través de acuerdos. Si hay congruencia con la lógica democrática, es algo inevitable. Sin embargo, no sólo no es algo imposible, sino que es algo muy frecuente en muchas democracias. Va un ejemplo que sorprenderá a muchos: el de México desde el año 2000. En esta década, caracterizada por la falta de mayorías preconfiguradas, se han procesado el mayor número de reformas constitucionales para un periodo similar desde 1917 y algunas de ellas de trascendental relevancia, como la que constitucionalizó la transparencia en 2007 o la trascendental reforma electoral de ese año.
Referencia 1
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José Córdoba, Reforma, 11 de abril de 2010.
partidos políticos, democracia interna y representatividad ciudadana
de vuelta al asunto de los partidos Josué Escobedo Camilli
Lo afirmativo, la vida, subsiste a pesar de lo defectuoso; y de eso afirmativo se trata aquí. Hegel, Filosofía del derecho
Expongo aquí, brevemente, mi punto de vista acerca del sistema políticopartidario. Ante esto, por un lado, no sería deseable que este requisito contribuya a cometer usual cuando se tratan los asuntos de la vida pública, a saber: presuponer que preexiste claridad en aquello de lo que se está hablando; y por otro lado, además, tampoco se quiere —si me permite la expresión— “sobrepedagogizar” la exposición. En efecto, cuando se habla de partidos políticos se habla esencialmente de representar a la gente; lo cual —por mucho que se haya manoseado el término— no se refiere a otra cosa que a un sistema que, públicamente, transmite y retransmite la voluntad, o las voluntades. Por lo demás —a pesar de que esto pueda resultar demasiado académico para el gusto pseudopragmático—, es posible encontrar filológicamente otro indicio que permita mostrar aquello de lo que se está hablando: “representar” quiere decir “actualizar”, presentar algo, en este caso una voluntad; se trata pues, en último término, de traer a la presencia la tendencia de vida concreta. Porque esto es precisamente lo que —más que olvidarse— se descuida con frecuencia: que se habla —para decirlo con el Nietzsche de la Gaya ciencia— “de la salud, del crecimiento, del poder, de la vida”. En cuanto a lo que se acaba de representar, precisamente porque no se trata de generar controversia en este momento, ni de hacer proselitismo en favor de quien, por sí, ya se encuentra favorecido por las encuestas. Se trata de pronunciar algo en torno al sistema políticopartidario que se ha entrañado, a la luz del punto de vista que se ha insinuado un poco más arriba. Ciertamente —se dice como una confesión, no como una demostración— el autor se pronuncia en favor del sistema políticopartidario; y por lo pronto, sería difícil encontrar a alguien que no admita que poco a poco se ha sabido entrañar mejor este sistema, encarnarlo
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mejor, junto con su vocación democrática; pero debe reconocerse que, a pesar de ello, se ha perdido de vista lo esencial: aquello que se dio en llamar representatividad en la forma específica en que se esbozó. Es una pena —con todo lo que le duela a quien le tenga que doler— observar la crisis representativa en la que se está sumido; y frente a las afirmaciones mediáticas cotidianas de que todos los partidos tienen una postura que puede ser inteligible a priori, no se dejará de denunciar que, en semejantes afirmaciones, se esconden presuposiciones y generalizaciones parcialmente obscenas y, en parte, perezosas intelectualmente. Nadie puede sentirse plenamente representado por los partidos que actualmente componen el sistema político de México. Sin embargo, este no es un problema metodológico: lo que está mal no es la existencia de los partidos, sino el comportamiento y las decisiones concretas de los partidos; o bien —para decirlo con Kant— cuando un mecánico no logra reparar una máquina, ¡la culpa no es de la física en tanto cuerpo del saber científico, sino del mecánico, porque no puede repararla, porque no puede actualizar ese conocimiento! Se ha profundizado en otras partes acerca de este mismo punto y tales textos son públicamente accesibles; aquí únicamente se limitará el autor a concretar y concluir la invitación hecha. Porque este pequeño discurso —y con Foucault se entendió que las palabras pronunciadas también constituyen un discurso— no es otra cosa que una invitación; una conminación a revitalizar la vida pública, cuyas pretensiones generales se encuentran meramente insinuadas y casi suspiradas entre estas líneas. Por tanto, se le perdona al autor, que termine de transmitir esta invitación para retransmitir la voluntad, desde la confianza que se deposita en quienes reciben estas palabras y que lo haga desde el eco de las palabras de alguien más, para que este sea el espíritu de los tiempos actuales, de la actitud revolucionaria, desde la determinación institucional: Nos sentimos como irradiados por una nueva aurora; nuestro corazón rebosa agradecimiento, sorpresa, presentimiento, expectativa. Por fin el horizonte vuelve a aparecernos libre, suponiendo incluso que no sea luminoso, por fin nos es lícito volver a zarpar con nuestros barcos, a zarpar dispuestos a afrontar cualquier peligro; toda osadía del que conoce vuelve a estar permitida, el mar, nuestro mar vuelve a estar abierto ante nosotros, y quizá no haya habido nunca un mar tan abierto.1
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F. Nietzsche, Gaya ciencia, p. 343.
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repensar a los partidos políticos Carlos Enrique García
Repensar a los partidos políticos pareciera ser un imperativo categórico de los tiempos actuales. Quienes viven todos los días el incesante bombardeo de la opinión publicada, que se encarga todos los días de pintar a los partidos y a la llamada “partidocracia” como un cáncer social de mortal peligro, se ven obligados a hacerse algunas preguntas, con un afán honesto de entender si en su justa aspiración de vivir en el mejor de los mundos posibles y de gozar de niveles aceptables para la convivencia pacífica, existe algo que se pudiera hacer mejor para construir ese México con el que todos sueñan. ¿De verdad la “partidocracia” es tan mala como la pintan? ¿Es posible imaginar dentro del régimen democrático una forma más saludable para conquistar y administrar el poder? ¿Es posible lograr que las administraciones gubernamentales, cuando estén dedicadas a gobernar, lo hagan sin estar pensando en la elección que viene y piensen sólo en construir un mejor futuro para los ciudadanos? Sigue siendo válido insistir en gobernar legalmente con 20% de respaldo popular, (escenario frecuente si un candidato obtiene 40% de los votos, con 50% de participación). ¿Valdría la pena explorar maneras más creativas para lograr mayor estabilidad y transitar con menores vaivenes? Es frecuente que a los seres humanos y a las instituciones los rebase el tiempo, como si una inteligencia colectiva, como un ente que surge y supera a los individuos, obligue a la adaptación más que a la creación. La idea es que esto está pasando en estos tiempos. No es novedad que la forma de comunicarse haga de esta realidad, una nueva mediante el aporte y la interacción de percepciones que se cruzan, se sintetizan y se transmutan en algo que sólo conserva una lejana esencia de su origen. Por eso, hoy es muy difícil entender con criterios del presente, fenómenos del pasado, la esclavitud, los grandes imperios, las dictaduras, el oscurantismo, el Renacimiento. Han sido la cultura, el desarrollo del lenguaje y la interacción humana los que han permi-
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tido transitar de formas brutales a formas más civilizadas de convivencia en el dramático camino de encontrar mejores maneras de administrar la libertad y la convivencia. Hoy existe un extraordinario fenómeno comunicacional, hasta hace 25 años muy poco imaginable. Las nuevas formas de comunicación en redes, la comunicación viral y la velocidad de los mensajes con una casi absoluta falta de censura, hacen que muchos paradigmas se derrumben y que muchos pronósticos fallen, incluyendo las encuestas, que se mueven con la vertiginosa velocidad de los mensajes en el ciberespacio. Los partidos como máquinas verticalmente construidas, son incapaces de contener la velocidad de los mensajes que los ciudadanos intercambian entre sí y que se organizan al margen de los liderazgos formales. Una nueva forma de organización ha surgido. Ya no es vertical ni admite dogmas. Ya no quiere discursos ni orientaciones ideológicas. Es pragmática, critica, no es rígida, no es de gran profundidad y la mayoría de las veces, es de corta duración. Privilegia lo social, es voluntarista, es hipersegmentada y se autolimita en sus alcances y reglas. Conserva su identidad como comunidad e influye en las elecciones. Los partidos políticos y los candidatos han tratado de entenderlas, han surgido expertos en redes sociales, se arman equipos para manejar el Twitter y el Facebook, se promueve que haya más y más seguidores y se invierte gran energía en el tema, aun sin demostrarse el grado de influencia real en la eficacia electoral. Si alguna conclusión puede obtenerse de esta apretada reflexión es que los partidos políticos, sus anticuadas formas de comunicación entre los miembros y de autoadministran sus equilibrios internos, tendrán por fuerza que adaptarse a estas nuevas formas de comunicación, tomar sus atributos y prepararse para construir organizaciones híbridas, en las que la virtualidad permita por la ubicuidad que ofrece, lo que Luis Donaldo Colosio dijo alguna vez de manera aspiracional: “Todo el Partido, todo el tiempo, en todos lados”. Ahora que es posible lograr lo que Colosio quería, es tarea de los hombres de los tiempos actuales de pensar honesto, llenarlo de contenido, revalorar la política como una actividad noble, necesaria y encontrar mejores respuestas a los cuestionamientos de la época actual. Como soñar se vale, se aspira a que el México del futuro sea uno en el que ya no sean banderas políticas los odios, los agravios y ese dolor traumático que parece haberse apoderado de muchos como una enfermedad de la mente, que sólo hace ver el pasado como el enemigo al que hay que temer y que impide ver un futuro luminoso y esperanzador que está aguardando para ser construido.
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partidos políticos, democracia interna y representatividad ciudadana
partidos políticos, democracia interna, representatividad ciudadana David Gaxiola
El mayor problema político de este momento, es la tensión que existe entre una clase política cada vez más alejada del interés público y de sus representados; una sociedad cada día más crítica de la política y del sistema de partidos y, unos grupos de poder legales (televisoras, partidos políticos, sindicatos, empresarios) e ilegales (crimen organizado) que han aprovechado esta situación, para incidir y decidir fácticamente por encima del interés público. En ese sentido, qué bueno que existan espacios como éste, para reflexionar sobre la legitimidad y representatividad de la política. Sólo así podrá defenderse, recuperarse y fortalecer lo público frente a lo privado. Cuando los jóvenes salen a la calle y su activismo y sus demandas adquieren relevancia internacional, es casi siempre, porque algo muy importante está sucediendo. Los académicos, analistas y el círculo rojo podrán discutir la representatividad o no, por ejemplo, del movimiento #YoSoy132; pero el punto fundamental, es que ese colectivo se ha convertido en un movimiento de opinión exitoso, que ha tenido la inteligencia de plasmar en un manifiesto, al menos cuatro temas que son compartidos por buena parte de la sociedad mexicana: • El sistema político y económico actual no responde a las demandas de los mexicanos. • En el marco de la libertad de expresión y del derecho a la información, hoy es indispensable abrir la televisión a la competencia. • Es indispensable poner fin a la impunidad. • La sociedad civil debe buscar unirse para exigir cuentas a la política. Como se ve, los temas son la política, los derechos, los grupos de poder y la solidaridad entre los ciudadanos. A continuación se abordará cada uno de ellos, y me circunscribiré desde luego, al tema de ésta mesa de trabajo:
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• Desde que uno de los grandes problemas es la crisis de la representación política por la falta de compromiso y responsabilidad de los políticos frente a los ciudadanos, lo recomendable sería tratar restituir la autoridad política sobre bases éticas y democráticas. El problema es que visto, desde la sociedad, los partidos en vez de abrir la política a los ciudadanos, lo que han hecho, prácticamente todos, es utilizar su status legal de instituciones que monopolizan la representación política, para impulsar candidaturas que no necesariamente responden a un proyecto político-ideológico determinado, sino más bien, a las ambiciones de los grupos e intereses que hay en cada uno de ellos. En este sentido y en la lógica de acercar la política a los ciudadanos, sería conveniente explorar algunas alternativas como: una ley de partidos políticos o la implementación de listas abiertas por partido, es decir, una en que los votantes puedan sufragar, no sólo por su partido, sino también por su candidato preferido dentro del mismo partido. Al mismo tiempo, ya que los reclamos más sonados en materia de democracia, ciudadanía y partidos políticos resultan de temas como: el dinero que se gasta en la política, de la abierta intromisión de los partidos en la designación de los consejeros electorales y de contar con una ley electoral diseñada, confeccionada, acomodada y aprobada por los mismos actores a quienes va a regir, valdría la pena revisar detenidamente estos asuntos. • Los poderes fácticos. El crimen organizado y en una lógica radicalmente distinta que no admite equiparación, las televisoras, han retado, intervenido y doblegado a las autoridades políticas (un ejemplo es el desplante de tv Azteca) eso es algo, que los ciudadanos no pueden permitir, ya que aquí y en cualquier parte del mundo, es nocivo para el interés público, para la seguridad de las personas y en última instancia, para la sana convivencia social. Esos poderes deben ser limitados. Los primeros con leyes que impidan prácticas monopólicas o de ventaja fiscal y, los segundos con intervenciones no exclusivamente con armas de fuego. • Si las personas siguen percibiendo que la colusión de las autoridades con el hampa sigue un curso ascendente, el miedo, el encono, la ansiedad y la desconfianza ganarán terreno en una “tierra, que pronto será de nadie”. La impunidad es un problema mayor que se tiene que combatir con todos los medios legales al alcance. El gobierno debe garantizar en todo momento la libertad y la seguridad de las personas. Finalmente, los ciudadanos a veces apáticos, a veces entusiasmados, a veces indignados, toman nota, identifican los problemas, perciben el abuso, salen a la calle. Votan o no votan pero igual protestan, exigen, participan y demandan soluciones. La gente se une y se seguirá uniendo.
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Por tanto, es mejor, actuar y prepararse para una nueva era que necesariamente demandará mejores canales de comunicación, acción y deliberación. Se espera, que todos tengan la oportunidad de participar en ese proceso.
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consideraciones hacia una democracia participativa Juan Carlos Vázquez López
Sin duda uno de los paradigmas que dominan la actualidad respecto de los Estados-Nación es que se enfrentan en mayor o menor medida a cambios importantes en la manera de concebirse a sí mismos y de vincularse entre sí. Es un hecho que al interior de los países con democracia formal, se experimenta una crisis en relación con cómo se concibe el poder y cómo se ejerce. Hasta ahora el modelo de democracia tradicional se ha basado en la existencia de partidos políticos y de procesos electorales, a través de los cuales se accede al gobierno. En México, en los últimos años se ha generalizado una creciente decepción sobre el papel de los partidos políticos. Por lo menos así lo constatan las encuestas de Consulta Mitofsky sobre la medición de la percepción sobre las instituciones mexicanas, donde los partidos políticos poseen la menor credibilidad entre los mexicanos. A esto hay que añadir el descontento sobre la forma en que ejercen el poder una vez que se convierten en gobierno. Por otro lado, de un par de décadas a la fecha ha ido emergiendo en muchos países la presencia de un nuevo actor social conocido como sociedad civil. México vio el surgimiento de la suya con los terremotos de 1985, esta sociedad civil, no es otra cosa que un síntoma del despertar ciudadano por reivindicar su papel en la historia, más allá de las instancias institucionales de intermediación social, que han sido creadas e impulsadas por la modernización. Surgidas de la gran masa de población que conforman los Estados-Nación, se han creado organizaciones sociales multifacéticas con el propósito de resolver gran variedad de problemas sociales que afectan la vida cotidiana de las personas comunes y corrientes. La mayoría de las veces, las agendas de estas organizaciones se construyen para atender problemas de naturaleza local, nacional. Así la sociedad civil organizada, también denominada tercer sector u organización no gubernamental, ha aparecido en escena como un poderoso actor social, cuya influencia es cada día mayor y que está incomodando, cuestionando, señalando, amplificando lo que pasa en su entorno; está haciendo reflexionar a los ya de por sí debilitados poderes tradicionales de los Estados-Nación.
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Esta situación ha venido a estimular la necesidad de los ciudadanos de volver a plantearse preguntas básicas como las siguientes: ¿cuál es el sentido y propósito de vivir en sociedad?, ¿cuáles son las formas y cuáles los fondos para la interacción en lo político y social?, ¿cómo y quiénes definen dichas formas y fondos? Ante estas preguntas estructurales, las instituciones modernas se convirtieron en un instrumento para ejercer el poder por parte de un grupo reducido de personas, mientras que la mayoría de los ciudadanos pasó a ser simple materia prima utilizable por dichos grupos, con el fin de obtener, ejercer y mantenerse en el poder político. La disfuncionalidad sistemática de este proceso histórico es cada vez más evidente. Se empieza a incrementar en México el número de personas inquietas, organizadas o no, que sin estar vinculadas con los poderes fácticos, desean tomar el control de su destino personal y el de la sociedad en la que viven. El ejemplo por excelencia en este proceso electoral es, sin lugar a dudas el grupo de jóvenes del movimiento #YoSoy132. La construcción de una ciudadanía participativa es una disciplina desconocida para una parte de nuestra sociedad y, por consiguiente, una práctica inexistente. Los jóvenes de México son un signo alentador, se puede constatar que en nuestro país, como en otros, está emergiendo una conciencia crítica, combativa y propositiva en la ciudadanía que está dispuesta a entrar organizadamente al rescate de su patrimonio social, jugando un papel más importante en las definiciones políticas, sociales y económicas con las cuales se construyen los pactos sociales y las reglas de convivencia social. Ante el debilitamiento del sistema mexicano, emerge como antídoto el deseo ciudadano de encontrarse consigo mismo, de organizarse y participar, no con el propósito de reconstruir escenarios pasados, sino con la intención de encontrar nuevas formas de interacción social que permitan alcanzar mejores condiciones de vida para todos, en lo individual y en lo colectivo. El papel central que los Estados modernos les han asignado a los ciudadanos es el ejercicio de la democracia electoral. Un ciudadano tiene el derecho de elegir gobernantes cada determinado tiempo; una vez ejercido éste, prácticamente no tiene ningún otro derecho político, hasta que conforme al calendario electoral, vuelva de nuevo a expresar su voluntad en las urnas. Mucho se ha hablado que las sociedades modernas son cada vez más complejas y que, por consiguiente, los consensos colectivos son más difíciles de lograr dentro de una sociedad. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, proclamada el 30 de diciembre de 1948, se ha generalizado a nivel mundial la conciencia de que cada persona tiene una serie de derechos que deben ser respetados. El hecho de vivir en y de la sociedad, independientemente del lugar que se tenga en ella, nos tendría que colocar en la condición de no poder exigir un derecho, si antes no se demuestra la disposición a cumplir la obligación correspondiente. En este sentido, propongo, como ya se ha dicho, una Declaración Universal de los Deberes Sociales, lo cual permitiría tener una visión integral de la agenda vital del ser humano social.
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La propuesta es poner a dialogar a la dimensi贸n de los derechos con la de los deberes, ello le permitir铆a a los pol铆ticos en conjunto con los ciudadanos determinar con claridad los ajustes y modificaciones necesarias del pacto social por venir en una sociedad, para asegurar que todos participen en la construcci贸n de mejores niveles sociales.
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partidos políticos, democracia interna y representatividad ciudadana Fernando Vázquez Rigada
Parto de las premisas de que existe una profunda crisis de representación en el sistema político mexicano. Para resolver esta crisis se deben reformar los partidos políticos, pero no sólo a ellos. La crisis es más profunda y preocupante. Al lado del discurso político partidario, que marca una parte de la agenda política, ha surgido otro mensaje y agenda: la que se confecciona como resultado de la transición trunca y la alternancia fallida. El cambio pospuesto ha detonado el surgimiento de un nuevo tipo de militancia política: más libre, menos organizada, con una agenda menos definida pero con vasos comunicantes generados por una certeza común: la democracia mexicana no les sirve y la clase política no representa sus intereses. Esta organización política está al lado de la sociedad política, desconfía de ella y pretende generar un nuevo tipo de representación. El actor central de esta expresión es la víctima como figura central del nuevo tiempo mexicano. Es la víctima en un sentido doble: aquella que resulta del crimen, pero también de la exclusión. Son deudos y excluidos. La narrativa de estos movimientos habla de las historias del horror, de la impunidad que nutre al crimen, de la corrupción que oscurece a la función pública, de una economía que no compite, subyuga. Ambos saben que la cosa pública, la red pública, está pervertida pero no pretenden eliminarla: desean corregirla. No se busca el desmontaje de la democracia, sino de aquello que la pervierte. No se pretende suprimir la libertad sino liberarla. Para lograrlo, urge una tarea doble: • Crear un nuevo sistema de representación. • Tener mejores ciudadanos. El gran dilema político de la globalización reside en recuperar la confianza de los ciudadanos en la política. De España a Wall Street y del mundo árabe a Chile, el reclamo es el mismo: las
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decisiones públicas están dominadas por arreglos cupulares que no representan las aspiraciones, ni resuelven las necesidades de la sociedad. Los ciudadanos están votando con los pies. A sus ojos, la urna resulta insuficiente y más: es una trampa. La calle y la estridencia se abren como vías legítimas del cambio. En México no sólo pareciera que la alternancia fallida condujo a la posdemocracia sino peor: a la kakistrocracia, lo que Bovero ha llamado: “el gobierno de los peores”. Los incentivos de las instituciones invitan a la llegada de los menos preparados, de aquellos que no tienen prestigio que perder, de quienes no requieren preparación para ganar una elección. Pero al lado de esta deformación, está también la existencia de un país de muchos habitantes y pocos ciudadanos. Una nación que se queja pero aprueba, reniega pero vende su voto, se aflige pero cohecha. El mexicano es un habitante que se interrelaciona poco y que se involucra menos. Es un conjunto de ciudadanos de baja intensidad, para utilizar la expresión de O´Donnell. Generar un sistema de genuina representatividad ciudadana pasa pues, por dos coordenadas: un nuevo sistema de representación y la construcción de ciudadanía. Se vislumbran vías de salida. Se proponen seis. • Democratizar la democracia. México tiene una democracia, pero una que no ofrece los rendimientos que la sociedad demanda. Latinobarómetro revela, en cada edición, la certeza del mexicano de que su democracia está enferma. En lo económico, México es un país de diagnósticos impecables pero de tratamientos imposibles. En lo político, se ha generado un sistema en donde gobiernan los elegibles y no los deseables. Gobierna el carisma y no el talento. En lo social, hay un sistema de la víbora de la mar: en donde los de adelante corren mucho y dejan atrás —y afuera— a los demás. Se requieren reglas que redefinan los tres momentos del poder: su acceso, su ejercicio y la rendición de cuentas. Acceso. Generar incentivos para que gobiernen los mejores. Equidad en la contienda. Democratización de sindicatos. Ejercicio. Mayores controles ciudadanos, gobiernos profesionales, escrutinio público. En suma, eficiencia sin discrecionalidad. Rendición de cuentas. Ampliar los alcances de las leyes de transparencia, garantizar la división de poderes y la autonomía de organismos, profesionalización de la autoridad de fiscalización en los estados. • Expresión institucional al descontento social (Reforma del Estado). Cuando existe un desencanto en la democracia, una indignación con un sistema político y un malestar con el modelo económico, se requiere de una gran dosis de talento político para generar nuevos acuerdos de poder que favorezcan el surgimiento de nuevas reglas.
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Existe una urgencia nacional para hacer más eficiente a la democracia pero también, para hacer homogéneo el proceso de democratización. Hay dos retos, primero: pensar que la construcción de mayorías es la mayor urgencia del sistema es incorrecto. Hay que construir mayorías responsables. Segundo: se debe entender que lo nacional no se va a solucionar sin resolver lo local. Los temas que vinculen de manera más directa a la sociedad con sus representantes no son nuevos, aunque tampoco son menores. Reelección parlamentaria, ratificación del gabinete, presupuestos participativos, mayor calado a las denominadas acciones de clase, democratización de sindicatos, referéndums y plebiscitos, reforma hacendaria que transfiera derechos y obligaciones a los estados y municipios, son temas que hacen que se incremente la intensidad ciudadana en la política. • Menos partidos, más partidos, mejores partidos. México requiere menos partidos como los que se tienen actualmente. Más partidos vinculados directamente a la sociedad, y mejores partidos a través de la incorporación de las prácticas democráticas más adecuadas. Todo ello se debería inscribir, por un lado, en una nueva reforma electoral y, por otro, en la promulgación de una ley de partidos. Algunos temas: la incorporación de las mejores prácticas democráticas, transparencia en el uso de recursos y regulación del soft money, genuina representación ciudadana, revisar las reglas de coaliciones para que se depure la arena política, castigar con mayor dureza las violaciones a los topes de campaña, incentivos para que se generen más partidos de manera espontánea, incluso de carácter local o regional. • Los fines y los medios: Liberar a la libertad de expresión. No se conoce alguna sociedad democrática sin medios de comunicación eficientes. Los fines requieren medios. De manera similar a los partidos, México necesita tener no sólo más medios, sino medios diferentes. El incremento en la competencia en los temas de los medios favorece a la pluralidad de la información. Hay que estimularla. Pero el Estado tiene la obligación de garantizar a los ciudadanos derechos que actualmente o no se cumplen, o se encuentran restringidos. Eso se logrará a través de una ley de medios. Una ley no para censurar, sino para democratizar y garantizar el ejercicio de las premisas constitucionales en materia de información y de libertad de expresión. • La construcción del ciudadano. Los partidos deben ser los medios de participación pero no los únicos. Existe una gama de derechos que deben desarrollarse para construir ciudadanía. Van desde la educación hasta la expresión cultural, pero van sobre todo, de la mano del desarrollo de una nueva ola de derechos, tales como garantizar la identidad cultural, el acceso a la justicia, procesos de generación de
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conocimiento vitalicios, incentivos a la participación política, protección de información genética, patrimonio ambiental mínimo, etcétera. • El dinero. La gran reforma estructural pendiente en México pasa por el control del dinero. Gabriel García Márquez reflexionó que la peor adicción es al dinero fácil. En México, el dinero no sólo envicia, también pervierte. Abrir el camino de la reelección sin cerrar el del dinero público en las elecciones es un camino al abismo. Pretender democratizar los medios sin romper la cultura del convenio es una ilusión. Crear ciudadanía sin destruir la lógica de programas sociales clientelares es imposible. Reformar la educación sin democratizar la vida sindical es una ingenuidad. La gran reforma estructural es la del dinero. • Entre la reforma y la anarquía. A México le urge una nueva representatividad y le urgen ciudadanos. Requiere mayorías y demanda, responsabilidad, necesita mucho más compromiso y mucho menos retórica. Un oxígeno fresco recorre la República gracias a la participación independiente. El movimiento #YoSoy132 ha roto con la república del spot. Los Diálogos por la Paz rompieron el monólogo adormecedor de los partidos. Cuando en una sociedad se incuba una noción de cambio, encauzarla requiere una gran dosis de talento político, de respeto, de tolerancia mutua. Cuando esa noción florece, las naciones se encuentran a la entrada de dos caminos: el de la reforma o el de la anarquía.
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mesa de poder judicial Coordinación Raúl Cervantes Andrade Participantes Fabián Aguinaco Bravo
Néstor de Buen Lozano
César Jáuregui Robles
José Gabriel Neira Sosa
Relatoría
Raúl Cervantes Andrade
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relatoría Raúl Cervantes Andrade
Contexto Los participantes de la mesa discutieron sobre distintas reformas que deben darse al orden jurídico nacional en torno a mejorar la impartición de justicia en México. El debate Se expusieron y se discutieron los siguientes temas: • Se propuso incluir dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en aras de evitar la corrupción y mejorar la eficacia de sus resoluciones, a través de su sustitución por Jueces de lo Social, tal y como sucede en España, como figura jurisdiccional autónoma e independiente del Poder Ejecutivo. • Habría que agregar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al Poder Judicial de la Federación para garantizar la economía procesal en la materia, hacer más eficientes los recursos federales y ampliar el ámbito de protección en materia de derechos humanos. • Se debe plantear un análisis de las reformas propuestas a la Ley de Amparo, para garantizar su eficacia. • Se propuso sacar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. • Habría que diseñar una normatividad sistemática que garantice el debido ejercicio del poder público, a través de la inclusión de reglas claras y precisas para el acceso, ejercicio, equilibrio y fiscalización del poder. • Se requiere llevar a cabo una separación del Tribunal Constitucional del resto de los órganos que estudian cuestiones de mera legalidad. • Se tendría que plantear la armonización de las reformas legales y constitucionales que se realizan con miras de lograr un objetivo concreto.
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Las conclusiones • Lograr la integralidad de la estructura del Poder Judicial de la Federación. • Perfeccionar al Consejo de la Judicatura Federal a través de su independencia y autonomía. • Armonizar la interpretación, creación, aplicación y protección de los derechos de las personas. • Vincular el Plan Nacional de Desarrollo al Poder Judicial y al Poder Legislativo.
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reflexiones en torno a la posible inclusión del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa al poder judicial de la federación Raúl Cervantes Andrade
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal contencioso-administrativo dotado de plena autonomía para dirimir controversias suscitadas entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a servidores públicos por responsabilidades administrativas determinadas por la ley.1 Dicho tribunal, resuelve sobre la legalidad de los actos administrativos, decretos, acuerdos de carácter general e incluso reglamentos emitidos por el Poder Ejecutivo, mas no lleva a cabo un control de constitucionalidad, pues dicha atribución se encuentra reservada a los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación. De conformidad con los Artículos 94, párrafo viii de la Carta Magna, y 192 de la Ley de Amparo, el Tribunal en cuestión se encuentra obligado a aplicar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la inconstitucionalidad de leyes aplicables a los casos concretos que le sean presentados, y de acuerdo con las tesis de jurisprudencia registradas con los números 38/2002, 89/2004, 54/2005 y 150/2005, el Tribunal tiene la obligación de analizar la legalidad de los actos impugnados a la luz de la jurisprudencia de la corte, y en caso de ser procedente, inhabilitar la norma declarada inconstitucional. Además, después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se establece en el Artículo 1º, párrafo iii que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” En sentido, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resolver sobre la legalidad de los actos administrativos sometidos a su consideración, debe verificar que dichos actos se hayan apegado a la legalidad, así como considerar la jurisprudencia de la Suprema Corte en torno a la constitucionalidad de la norma en la que se fundamenta, respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos previstos por la Constitución y tratados internacionales.
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Se habla de que este Tribunal no sólo tiene como herramienta lo dispuesto por la ley, sino que además debe respetar lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus jurisprudencias y, al mismo tiempo, garantizar el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos por mandato constitucional. Los asuntos que son sometidos a su jurisdicción implican el reclamo de los ciudadanos a que se les respeten, además de sus garantías constitucionales de legalidad y certeza jurídica, los derechos humanos y garantías individuales reconocidas a su favor por la Carta Magna y tratados internacionales. A manera de ejemplificar lo que se plantea, pueden señalarse las cuestiones tributarias o fiscales, que además de que representan la mayoría de los asuntos resueltos por el multicitado Tribunal, se trata de asuntos que involucran el cumplimiento de una obligación ciudadana, y el ejercicio de derechos de los contribuyentes. Lo anterior es así, debido a que si bien es cierto que la Carta Magna y demás códigos fiscales y otras leyes aplicables a la materia establecen cargas a los contribuyentes, también lo es que existen garantías individuales y derechos humanos reconocidos a favor de éstos, las cuales no deben ser ignoradas por las autoridades administrativas encargadas de hacer valer la ley. El derecho tributario ha evolucionado de tal forma, que los derechos del contribuyente están garantizados no sólo por la Carga Magna e instrumentos internacionales, sino que también se ha aprobado una ley especializada denominada Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Algunos de los derechos del contribuyente son el derecho a la información, a la legalidad, a la certeza jurídica, a la protección de datos personales e información tributaria, al respeto, a la igualdad y a la intimidad personal y familiar, derechos que deben ser respetados y garantizados por el Tribunal al emitir sus fallos, sin embargo, se encuentra limitado a verificar la legalidad de los actos y a inhabilitar sólo aquellas normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El derecho fiscal o tributario implica una de las bases más importantes del Estado para garantizar el debido respeto y ejercicio de los derechos humanos y garantías individuales previstas por la Constitución Federal a favor de sus ciudadanos, pues a través de la recaudación, es que se obtienen los recursos necesarios para la constitución de programas sociales, instituciones públicas y demás elementos estatales necesarios para la eficacia en el ejercicio de dichos derechos. Si se incluyera al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el Poder Judicial de la Federación, se estaría evolucionando en la instrumentación de medios efectivos para el ejercicio de los derechos humanos y garantías individuales reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se estarían ampliando las vías para que los ciudadanos hagan valer sus derechos humanos y se estaría brindando una mayor certeza jurídica a los gobernados, pues se necesitarían menos recursos legales y económicos para gozar de dichos derechos, y se generaría mayor eficacia del ejercicio del mandato del tribunal. De esta forma se estaría ante la posibilidad de sumar la estructura con la que actualmente cuenta el tribunal que nos ocupa al Poder Judicial de la Federación y fusionarla para llevar a cabo un mejor ejercicio de las atribuciones de éste, además, reconocer a las salas del Tribunal
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como autoridades jurisdiccionales de última instancia en materia administrativa, implicaría que los jueces de Distrito y demás autoridades del Poder Judicial de la Federación que resuelven asuntos en la materia, puedan destinarse a otros asuntos y con ello, permitir que los recursos legales en materia administrativa sean sumarios y más eficientes.
Nota 1 Artículo 73, fracción xxix de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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juicio de amparo Fabián Aguinaco Bravo
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto actual, establece la procedencia del juicio de amparo y declara como objeto de tutela los derechos humanos de las personas. En efecto, el Artículo 103, fracción i constitucional, establece que:
Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: i. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado sea parte.
Conforme con el dictamen de las Comisiones Unidad de Justicia; de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores al Congreso de Unión , por el que se expide la Ley de Amparo, la intención de la reforma es “ampliar el objeto del juicio de amparo, integrando a su ámbito de protección a los derechos fundamentales contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Bajo el orden de ideas anterior, el juicio de amparo procede para reclamar violaciones a los derechos humanos de primera generación (la vida, la libertad personal y otras libertades, como la de igualdad, seguridad jurídica, debido proceso y la propiedad, entre otros) que exigen una abstención del Estado; y de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales, entre otros: seguridad social, al trabajo, a formar sindicatos, a un nivel de vida adecuado, a la salud física y mental), los cuales exigen una prestación efectiva del Estado. Sin embargo, enfrenta dificultades —desde su procedencia misma— tratándose de los demás derechos de segunda, tercera o cuarta generación (derechos de los pueblos, a un medio ambiente saludable, a la paz, a la calidad de vida); es decir, de los casos en donde la acción tiene un contenido prestacional y alcanza no sólo a la autoridad judicial y a la administrativa que opera las leyes, sino también a los órganos facultados para la producción normativa, cuyos resultados tienen efectos respecto de un número indeterminado de sujetos.
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Por ello se sugiere que al reformarse la Ley de Amparo no se incluya una regla que defina lo que ha de entenderse por “ derecho humano reconocido”. Se considera que debe ser la jurisprudencia de los tribunales federales la que paulatinamente conforme este concepto. De otro modo existe el riesgo de que la noción lo restrinja, a tal grado que obstaculice el avance logrado con la reforma constitucional. En torno a la referencia a “tratados internacionales de los que México sea parte”, sería conveniente que la Ley de Amparo remitiera a la Ley sobre la Celebración de Tratados1 y a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,2 en donde se define el término de manera amplia.3 La propuesta coincide con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J 10/2007.4 Esto permite incluir bajo el término “tratados” los instrumentos internacionales que no reúnen propiamente los requisito de los tratados, tales como las cartas de derechos universales y regionales y los pactos internacionales sobre derechos civiles, económicos y sociales. Los jueces operadores del juicio de amparo, salvo casos excepcionales, no conocen ni dan consideración alguna a los criterios interpretativos sentados por organismos internacionales en esta materia. Ante esa realidad, es recomendable que en la Ley de Amparo se establezca para los tribunales de amparo la facultad de acudir a los criterios sentados por los organismos internacionales sobre derechos humanos, incluidos sus tribunales. De manera semejante podría establecerse la obligación de las partes a dar los datos de identificación de los criterios de órganos internacionales de defensa de derechos humanos que invoquen, tal como ocurre actualmente respecto de la jurisprudencia nacional.5 El Artículo 107, fracción i, constitucional reformado, señala que:
… el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Ante el establecimiento de este derecho sugiero insertar de manera enunciativa en la Ley de Amparo los parámetros a tomar en cuenta para identificar cuándo se está ante un interés legítimo, cuál es una especial situación de una persona agraviada frente al orden jurídico y cómo se da la afectación a la esfera jurídica de la persona, para que adquiera el interés legitimo que le permitirá acudir al amparo. Esta reflexión se hace por cuanto a que la inclusión de parámetros como punto de partida —enunciativos, no restrictivos— podría contribuir a una mayor certeza en la etapa inicial, en cuanto a la aplicación de estos conceptos. La certeza operaría no sólo en favor de las partes, sino también de los juzgadores, lo cual redundaría en obtener seguridad jurídica. La reforma constitucional establece, en el Artículo 103, fracción I, que a través de juicios de amparo pueden reclamarse omisiones. Por su parte, el Artículo 107, fracción viii, dispone:
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El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitara al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citara en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.
De esta reforma se observa que el Órgano Revisor de la Constitución se refiere a “omisiones en juicio” y a “omisiones de autoridad administrativa”. Ante esto, se considera que la Ley de Amparo debe adecuarse para esclarecer los efectos de la sentencia de amparo cuando se acuda al juicio con motivo de actos de omisión. Tal esclarecimiento es necesario, atendiendo a que, con independencia de los supuestos de declaratoria general de inconstitucionalidad, sigue privando el principio de relatividad de la sentencia, y la omisión pudiera involucrar la realización de actos de alcance mayor a los exclusivos de los demandantes, máxime que se permite la promoción del juicio por quien represente un interés legítimo de carácter colectivo. Se propone, que el amparo sólo proteja al quejoso, y que en la sentencia se establezca la norma individualizada que deberá aplicarse apara resolver el caso concreto de éste, mientras dure la omisión.
Procedimiento de reformas constitucionales, relatividad, declaratoria general, jurisprudencia y plenos de circuito • Improcedencia del amparo en contra de la reforma constitucional. Siendo el amparo un juicio de control constitucional cuya finalidad es lograr el respeto de normas constitucionales y de derechos humanos, se considera que sí debe proceder a efecto de revisar el procedimiento de reformas en protección y acatamiento al actual Artículo 135 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, desde luego, en el aspecto material, si la reforma vulnera o elimina un derecho humano, como la vida. Lo anterior en virtud de que, si bien el constituyente tiene amplia libertad en la libre configuración del ordenamiento constitucional respecto a su contenido, debe respetar los límites impuestos en la propia Constitución respecto al procedimiento ordenado para su reforma. • Relatividad. El texto constitucional reformado deja de aludir a “individuos particulares”, sustituyendo el concepto por el de “quejosos”, con lo cual se involucra tanto a individuos particulares como a las personas morales o sociales que lo hu-
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bieren promovido, así como a los titulares de intereses legítimos individuales o colectivos que tengan ese carácter. Igualmente sustituye el termino “queja” por el de “demanda”. Además, la reforma constitucional contiene un importante cambio que permitirá que la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma legal tenga la característica de generalidad y quede expulsada del sistema jurídico si no es reformada por el Poder Legislativo en los términos establecidos en al Constitución. La declaratoria en los juicios de amparo en que se determine la inconstitucionalidad de una norma redundará en la posibilidad de que exista un beneficio general a los gobernados sin necesidad de que acudan al juicio de amparo. Ante esto, es recomendable incluir en la ley reglamentaria un sistema que produzca soluciones mas rápidas en los asuntos en que se haya impugnado o se impugne un norma que es objeto de la declaratoria de inconstitucionalidad. Por tanto, se propone que cuando se promuevan juicios de amparo respecto de una misma norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, ordene suspender el dictado de sentencias, a fin de que se emita una resolución que analice los cuestionamientos planteados por las partes y emita la declaratoria general de inconstitucionalidad de la norma, en caso de proceder, en los términos dispuestos en la Constitución. En este supuesto, en los asuntos no resueltos se determinará, mediante acuerdo, que la norma no deberá ser aplicada y, por tanto, que los actos en que se haya aplicado la misma deberán declararse insubsistentes, debiéndose restituir a los quejosos en los términos de la Ley de Amparo, requiriéndose a las autoridades para que cumplan con la concesión de amparo. Se considera importante establecer que cuando de la revisión de las cuestiones planteadas se considere que la norma es constitucional, se dará vista a la parte quejosa por un término de 15 días para que manifieste y acredite si en el caso existe algún tema no resuelto por la jurisprudencia correspondiente, a fin de que se continúe con el trámite del juicio; en caso contrario, el asunto se declarará sin material y se procederá a su archivo. Esta consecuencia podría aplicarse incluso tratándose de normas tributarias, ya que lo que la reforma constitucional establece es la no aplicación de la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas en esta materia, prohibición que no alcanza el caso contrario. • Jurisprudencia. Se propone establecer la obligatoriedad de la jurisprudencia para todas las autoridades, incluyendo las administrativas. Lo anterior porque en la actualidad los criterios jurisprudenciales ya les son obligatorios en la medida en que, de no respetarlos, se generará en virtud del juicio respectivo la nulidad o invalidez de su actuación.
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• Plenos de circuito. La reforma constitucional establece la creación de “Plenos de Circuito”, cuya función consistirá en resolver las contradicciones de tesis o criterios de los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación. A efecto de adecuar la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a la reforma constitucional, se propone lo siguiente: • Estructura orgánica. Los Plenos de Circuito serán órganos permanentes y especializados en materias: administrativas, penal, civil, laboral y común.6 Se deberán instalar Plenos de Circuito en número proporcional a los tribunales colegiados de circuito, cuyos criterios se pondrán bajo su jurisdicción, pudiendo por ende un Pleno de Circuito analizar criterios de tribunales colegiados de más de un circuito.7 El criterio inicial, entre otros, pudiera ser la carga de trabajo en cuanto a contradicciones que un determinado grupo de tribunales presente. Los Plenos de Circuito se integrarán por cinco magistrados que durarán en su cargo tres años, y se irán reemplazando sucesiva y paulatinamente. Habrá un presidente por cada pleno, quien durará en el cargo un año. Los magistrados integrantes de un Pleno de Circuito serán nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal, de entre los magistrados de circuito ratificados que integren el tribunal colegiado.
Notas 1 Artículo 2, fracción I. 2 Artículo 2, apartado 1 inciso a). México suscribió esta convención (tratado). 3 La Ley establece: “Tratado”. el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derechos Internacionales Públicos, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos. La Convención de Viena dispone: Para los efectos de la presente Convención: “se entiende por ‘tratado’ un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único en dos o mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.”
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“Tratados internacionales. Admiten diversas denominaciones, independientemente de su contenido.” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época. Segunda sala. Febrero de 2007, p. 738. Registro 173146 en IUS. 5 Artículo 196 de Ley de Amparo. 6 En ciertos circuitos es probable que por la carga cuantitativa y cualitativa (dificultades a resolver) las especializaciones pudieran abarcar más de una materia. 7 En principio la división de plenos será por circuito, sin embargo hay algunos donde sólo existe un Tribunal Colegiado de Circuito: Baja California Sur (26), Campeche (31) Colima (32), Tlaxcala (28), Zacatecas (23). En otros circuitos hay 2 tribunales: Aguascalientes (23), Hidalgo (29), Nayarit (24). Circuitos como Nuevo León (4) con 11 tribunales, Jalisco (15) con 15 tribunales, Estado de México (2) con 17 tribunales y Distrito Federal (1) con 60 tribunales (56 convencionales y 4 auxiliares). Por esta razón se propone que en circuitos con reducido número de órganos se conformen regiones que los agrupen. En los circuitos con mayor incidencia de tribunales, la competencia se establece por materias especializadas (penal, administrativa, civil y trabajo) dada la complejidad de los casos. 4
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poder judicial Néstor de Buen Lozano
Una primera observación atendería a que no es lógico mencionar únicamente al Poder Judicial como instrumento para resolver conflictos. En concepto del autor y, dada su actividad profesional, parece indispensable tratar el tema de la mal llamada justicia laboral. Es obvio que el procedimiento laboral culmina con la participación de jueces de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, esta circunstancia no altera lo sustancial de los juicios laborales que tienen características que no es posible pasar por alto. El primer problema que suscitan las juntas de conciliación y arbitraje deriva de su absoluta dependencia de los poderes administrativos, particularmente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que ejerce un control absoluto sobre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de manera que ésta se convierte en un instrumento al servicio de los intereses de la propia Secretaría, que en la experiencia mexicana son coincidentes con los intereses empresariales. La integración tripartita de los tribunales de trabajo no modifica lo anterior, ya que es sabido que los representantes de los trabajadores, supuestamente electos en asambleas especiales, en realidad pertenecen a los organismos sindicales que integran el corporativismo, es decir, la vinculación estrecha de esas organizaciones con el gobierno, de tal manera que se constituyen en instrumentos para favorecer las causas que al gobierno interesan. La consecuencia de ello es que las juntas no son tribunales que despierten confianza en los trabajadores. Inclusive se les atribuyen funciones administrativas que tienen importancia especial, como es el registro de los sindicatos, de sus directivas y las tomas de nota de las mismas, sin las cuales los sindicatos no pueden actuar por falta de representación cuando el Estado no ha cumplido la función de tomar nota de las elecciones y acreditarlo a través del oficio respectivo. Es evidente que esto viola el principio de libertad sindical previsto en la Constitución, en el Artículo 123, fracción vi, que establece la libertad sindical, pero además violentan el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo que prohíbe la intervención del Estado
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en los actos que son propios de los sindicatos, como es la designación de sus representantes, si se cumplen los términos establecidos en los estatutos que las autoridades administrativas no pueden calificar, ya que en todo caso sólo se permitiría fiscalizar jurisdiccionalmente aquellos conflictos en los cuales presuntamente se haya violado el estatuto sindical. Constituye una necesidad absoluta que debe ser resuelta a la brevedad posible el que se independicen los tribunales de trabajo de las decisiones de los poderes ejecutivos. Deben crearse, en lugar de las juntas de conciliación y arbitraje, juzgados de lo social que dependan del Poder Judicial y no de los ejecutivos. En este sentido, sería necesario proveer la formación de tribunales laborales de segunda instancia, cuyas resoluciones serían, a su vez, materia de juicios de amparo que pueden ser de amparo indirecto tratándose de temas procesales o de amparo directo tratándose de las resoluciones finales. Por lo mismo, debe atribuirse a los Tribunales de Trabajo la posibilidad de someter sus resoluciones a tribunales de segunda instancia. Es evidente que cuando se establecieron las juntas de conciliación y arbitraje, la pretensión era evitar la pérdida del tiempo que suponía la tramitación de una segunda instancia, pero ese resultado no se ha conseguido. Inclusive, a partir del concepto de salarios vencidos que en ocasiones convierte a los juicios laborales en causa de quiebra de muchas empresas, reservando para la primera y la segunda instancia la producción de los salarios vencidos, sin arrastrar a los procedimientos de amparo esa posibilidad, salvo que el amparo se conceda para efectos, lo que evidentemente reabre el proceso ordinario. No hay que olvidar en la reforma de la jurisdicción laboral el tema de la evidente corrupción de los tribunales de trabajo determinada por la falta de honestidad de sus funcionarios o por la influencia de los organismos administrativos que se hacen cargo de nombrar a los presidentes de las juntas que se convierten, por lo mismo, en sus empleados. Estoy de acuerdo con la conclusión alcanzada por el licenciado Fabián Aguinaco (que participó en la misma mesa) en el sentido de que se tiene por costumbre poner en primer plano las consecuencias y no las causas de los procedimientos jurisdiccionales y se apoya también la tesis de César Jáuregui, quien en una frase muy lograda, expresó que en materia judicial todo está permitido y particularmente lo prohibido. No se olvida la práctica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de provocar la ausencia de los representantes obreros o patronales para desintegrar las juntas e impedir la celebración de audiencias que podrían ser incómodas para el litigante que promueva esa desintegración. No hay oposición a que en materia laboral los procesos sean esencialmente orales, siempre y cuando las partes tengan la oportunidad de conservar copia de las actuaciones, pero sí se cree en la necesidad de revisar a fondo las reglas procesales que en ocasiones no cumplen con los fines de aplicación de la ley o de la jurisprudencia, en su caso. Por otra parte, debe reformarse la Ley Federal del Trabajo en cuanto a los requisitos que deben cumplir los contratos colectivos de trabajo. En los términos de la ley, es suficiente que sean firmados por triplicado por los representantes del sindicato y del patrón, y que se
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depositen ante la junta competente, sin que en ningún caso se requiera la conformidad de los trabajadores supuestamente representados por el sindicato firmante. La falta de aceptación de los trabajadores es la causa que provoca la celebración de contratos de protección que se han convertido en un instrumento patronal notoriamente inconveniente. Inclusive, se reformó el Artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo para impedir que se dé trámite a un emplazamiento a huelga hecho por un sindicato representativo para la firma de un contrato colectivo de trabajo, cuando ya existe uno depositado y desde luego que ignorado por los trabajadores, ante la junta respectiva. El problema que enfrentan los tribunales de trabajo es, además, el de la notable corrupción de algunos de sus funcionarios que se manifiestan de muchas maneras diferentes. Ese es un tema difícil de probar, pero fácil de hacerlo posible. Para ello ha contribuido el tripartismo que caracteriza a las juntas de conciliación y arbitraje, el cual deriva del notable corporativismo que padecen los sindicatos. Lo anterior no significa que se considere que los tribunales civiles no padecen la misma enfermedad, ya que lamentablemente la corrupción también puede invadirlos. Lo penoso es que esa corrupción esté originada muchas veces en el poder político y, por lo mismo, en la ley que provoca las oportunidades para que la corrupción se manifieste. Un buen ejemplo se produce con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que de manera tan alejada a sus verdaderos fines, dispone la fijación de esos salarios teniendo en consideración no las necesidades de los trabajadores y sus familias, sino del Estado frente al riesgo de la inflación. La presencia de representantes obreros en la integración de dicha comisión no resuelve el problema, ya que esos representantes lo son de centrales sindicales corporativas que hacen lo que el Estado les indica.
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reflexiones sobre el consejo de la judicatura federal César Jáuregui Robles
El Consejo de la Judicatura Federal inició funciones en 1995, como un órgano constitucional que tiene bajo su cargo la administración, vigilancia y disciplina, así como un aspecto fundamental: la carrera judicial de los servidores públicos que prestan sus servicios dentro del Poder Judicial de la Federación; con excepción del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando el consejo inició funciones, se contaban con 305 órganos jurisdiccionales. Al día de hoy, ese número se ha acrecentado de manera considerable, puesto que se cuenta con 709 órganos jurisdiccionales distribuidos de la siguiente manera: 231 Tribunales Colegiados, 91 Tribunales Unitarios de Circuito, 377 Juzgados de Distrito, siete juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones y tres juzgados especializados en ejecución de penas. En este sentido, el crecimiento del Poder Judicial ha sido exponencial y ello obliga, desde luego, a adecuar el servicio de administración de justicia en favor del ciudadano, para estar a la altura de las necesidades y los cambios que se han marcado desde el Poder Legislativo. Prueba de ello son los cambios legislativos que se han dado en recientes fechas y que han tenido un impacto directo en la impartición de justicia, como son las reformas en materia de derechos humanos, juicio de amparo y materia penal; los cambios en materia mercantil para introducir los juicios orales; los jueces de ejecuciones; las acciones colectivas, que han obligado a modificar la normativa para regular el registro común de las asociaciones civiles a que se refieren los Artículos 585 y 619 del Código Federal de Procedimientos Civiles; el amparo adhesivo y el control de convencionalidad; cambios que han puesto en marcha un gran engranaje dentro del Poder Judicial para mover lo que anteriormente se tenía y actualizarlo a la brevedad, con objeto de cumplir con el máximo precepto constitucional de tener una justicia pronta y expedita. Además, dada la relevancia de las reformas en materia de derechos humanos, dentro del Consejo de la Judicatura Federal se ha adoptado como acuerdo, el que la normativa y la actuación de los órganos jurisdiccionales y administrativos se apeguen a lo que establece el
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tercer párrafo del Artículo 1° constitucional, es decir, que toda actuación se apegue a un pleno respeto a los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, respecto al marco normativo, el Consejo, al crear una norma, deberá tomar en cuenta que su redacción sea incluyente; es decir, que tome en cuenta las características del grupo cuya protección pueda ser afectada con dicha norma, ajustando su actuación conforme al quinto párrafo del mismo artículo constitucional. Todos estos cambios, han tenido como consecuencia que los juzgadores federales se actualicen con el profesionalismo y la excelencia que la labor les exige y al Consejo le corresponde darle esas herramientas necesarias para cumplir con lo que constitucionalmente hay obligación. Aquella romántica idea del juez con toga y birrete dentro de un juzgado con estrados, se ha transformado en la figura de un juzgador como servidor público, que es un profesional del derecho, con responsabilidades frente a la sociedad y el Estado, que debe conducirse con sobriedad hacia el exterior y también en su vida privada. Además, está sujeto a un escrutinio público, en donde no sólo debe velar por una justicia adecuada y equilibrada, sino que debe apegarse a un código de ética que, en sabias palabras del ministro en retiro Mariano Azuela, se define como: “un instrumento eficaz para vivir cotidianamente los principios y virtudes para contribuir así a que el Poder Judicial de la Federación sea respetable y respetado”. La justicia que es la virtud por excelencia de los jueces, que inclina a darle a cada quien lo que le corresponde o pertenece, debe otorgarse con simplicidad, profesionalismo, excelencia, transparencia, sensibilidad y apegada a la realidad, pero sobre todo con gran cercanía hacia el justiciable. Este es un gran reto que se tiene, el de transformar el pensamiento que aún se conserva en estos días, en pleno siglo xxi: la justicia es accesible únicamente para quien tiene los medios económicos y, por qué no decirlo, sino hasta sociales, cuando es evidente que se han dado grandes pasos para acercar a todo aquel que ocurre a un tribunal a exigir un derecho y someterlo a un órgano imparcial, objetivo e independiente, para decidir lo que en un estado de derecho es procedente. Para lograrlo, el Consejo ha implementado instrumentos adicionales al código de ética del Poder Judicial de la Federación. El primero de ellos es la denominada Guía de Prácticas para el Ámbito Jurisdiccional, que es una herramienta que busca facilitar el trabajo en los órganos jurisdiccionales y fortalecer la credibilidad y respeto de la propia institución. Por otro lado, hay un acuerdo normativo para verificar la situación financiera de los servidores públicos, en donde todos están sujetos a revisión patrimonial, en donde el secreto bancario no es obstáculo para transparentar el desempeño de consejeros, jueces, magistrados y demás personal que labora en el Poder Judicial, con el objeto de establecer indicadores para cumplir con la obligación constitucional que tiene el Consejo respecto a la vigilancia. Son pasos que se han dado y se reconoce que faltan labores que se deben fortalecer y atribuciones que deberían revisarse, como en cuanto al aspecto disciplinario. Aquí vale la pena reflexionar al respecto, ya que se deberían transparentar las medidas disciplinarias que se imponen a los servidores públicos, con énfasis en los juzgadores federales, ya que existe la
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percepción generalizada de que los jueces y los magistrados son personas “intocables”, que existe “corrupción” en su gestión judicial y que difícilmente son sancionados. Sin embargo, en el Consejo ha existido una tendencia por ser cada vez más meticulosos en la revisión de faltas administrativas en el ejercicio de la función jurisdiccional y ello ha traído aparejado un incremento no menor en las sanciones a servidores judiciales por diversas causas, incluyendo a jueces y magistrados. Es por ello que se considera necesario ahondar en la publicidad; cuando se impongan medidas disciplinarias que conllevan un doble efecto, al interior del Consejo para hacerles saber a los integrantes del Poder Judicial de la Federación que, en el caso de que incurran en una falta a su desempeño, éste será motivo de investigación y posible sanción; y hacia la sociedad de darles elementos de confiabilidad para que denuncien en caso de que se considere que un servidor judicial se ha apartado de su correcto desempeño y que, como consecuencia de una mala actuación, el Consejo impondrá las medidas correctivas que se estimen pertinentes. Esto va de la mano también, para llevar a cabo una reflexión sobre esta materia, es decir, la disciplinaria, y otorgarle atribuciones al propio Consejo para que también pueda revisar las cuestiones disciplinarias de jueces y magistrados en materia electoral y los servidores públicos que presenten sus servicios en la scjn, dejando sólo la excepción para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este aspecto va ligado a la revisión acerca de la integración del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, si se debe ampliar el número de integrantes como en otros países y, por qué no, revisar quién lo preside. Al respecto, en la presente legislatura que está por concluir, existe una iniciativa sobre el tema, la cual se encuentra en comisiones y este esfuerzo pudiera, en un futuro, servir de base para su análisis y discusión, con el objetivo de profundizar sobre la viabilidad y pertinencia de fortalecer al Consejo de la Judicatura Federal, a casi dos décadas de su creación. Así pues, como este tema, seguramente muchos otros podrán salir para la reflexión. Pero aquí lo más importante es que las ideas que hoy convergen para mejorar un país al que todos quieren y que se sueña pueda transformarse con acciones prontas, resultado de las propuestas que se han planteado, expuesto y discutido para que el México ideal se haga realidad.
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reformas del poder juducial José Gabriel Neira Sosa
El derecho a la seguridad y a la justicia se fundamenta, en su concepción más básica, en la protección de la persona en contra de actos lesivos de otros individuos. El derecho a la seguridad y a la justicia son esfuerzos importantes que el gobierno del Estado de México ha realizado mediante una profunda reforma a los sistemas de seguridad ciudadana, procuración y, sobre todo, impartición de justicia. El 19 de octubre de 2011 se promulgó la Ley de seguridad del Estado de México, parteaguas para el cumplimiento de la función de seguridad, incorporando el concepto de seguridad ciudadana; así la persona se coloca en la acción de gobierno como su eje central al asegurarle el ejercicio y respeto de su ciudadanía, pero sobre todo sus libertades y derechos fundamentales. Mediante la disposición de espacios de participación social armónica se propicia la solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales, se fortalecen las instituciones favoreciendo condiciones que les permitan a los ciudadanos desarrollar de forma permanente sus capacidades en un ambiente de certeza. Por otro lado, el sistema de justicia se encuentra sujeto a una profunda transformación, convertido ahora en un sistema acusatorio de corte adversarial y oral basado en juicios orales, así la reforma ha permitido una procuración en impartición de justicia más justa y expedita. Debido a que el Estado de México ha sido una de las entidades pioneras en la aplicación de este modelo, fue necesario adecuar el código de procedimientos penales para armonizar la legislación estatal con la legislación federal. Así, se llevó a cabo un diagnóstico integral en materia de seguridad ciudadana y procuración de justicia al considerar cambios estructurales en rubros tales como seguridad ciudadana, procuración de justicia, impartición de justicia y reinserción social. Bajo la fórmula de seguridad y justicia de los mexiquenses y con la concurrencia de los tres poderes de gobierno, la colaboración entre el ejecutivo estatal a través de sus órganos de seguridad y procuración de justicia, resultaron relevantes al colaborar también el poder judicial como administrador de justicia.
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Por tanto, bajo un principio proactivo, es indispensable fortalecer las instituciones de seguridad ciudadana y procuración de justicia, diseñando acciones que posicionen esas conductas mediante el uso del conocimiento para la acción contra riesgos futuros a la sociedad. La percepción ciudadana en esta materia resulta fundamental para que las personas puedan desarrollar sus capacidades de forma plena. La inversión en infraestructura física y equipamiento de seguridad permitirá contar con una sociedad más protegida. Ahora bien, en el contexto nacional las instituciones se transforman en el tema de la reforma al poder judicial, señalada como una tarea relevante que no admite demora, para que un estado de derecho garantice la seguridad de los ciudadanos en convivencia con un sistema de justicia que fortalezca a un Estado-Nación y lo consolide entre sus propias instituciones. En el tema central de esta mesa, la reforma a un sistema judicial debe entenderse como el resultado de una transformación social con la participación del mayor número de actores involucrados, que atienda las necesidades colectivas de la población y otorgue al poder judicial el instrumento renovador sin apartarse de los nuevos acontecimientos que surjan en México. No debe escapar a nuestra atención que la reforma al poder judicial va de la mano con la reforma del Estado y, mucho menos, que en este proceso se presenta un movimiento de carácter internacional, cuyo fin, entre otros, pretende que el Estado se transforme para hacerlo más funcional al contar con recursos y atribuciones elementales para cumplir con su función, pasando del Estado mínimo al Estado eficiente. Puntos como mejoras en la administración de justicia, fortalecimiento de la independencia judicial, desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de controversias, mejora de la educación legal de los jueces, abogados y del público en general y creación de nuevos canales para que los sectores de la población tengan acceso a la justicia, deben ser la línea a seguir para la reforma al poder judicial. Se considera que para consolidar el nuevo sistema de justicia deben establecerse las siguientes líneas de acción: • • • •
Fortalecer el sistema de juicios orales. Implementar medios alternativos de resolución de conflictos. Instalar unidades de mediación y conciliación con una cobertura regional. Promover entre la ciudadanía el uso de medios alternativos para la resolución de conflictos. • Avanzar en la actualización de procedimientos y adecuación normativa. • Impulsar la creación de los protocolos de investigación para los delitos de alto impacto, como es el caso de los protocolos para la investigación de delitos vinculados a la violencia de género en el Estado de México. • Impulsar la reforma legal a la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y al Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que permita crear las unidades de medición y conciliación en 100% del ámbito municipal.
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• Regular las técnicas especiales de investigación, por ejemplo, las operaciones encubiertas, entregas vigiladas y recompensas. • Impulsar la ley de extinción de dominio y crear la unidad de inteligencia financiera y patrimonial. • Desarrollar los protocolos de cadena de custodia y procesamiento de la escena del crimen para policías ministeriales. • Definir las competencias para la investigación y persecución de los delitos de narcomenudeo. • Revisar la actualización y la homologación del Código de Procedimientos Penales, los reglamentos, los protocolos de operación y los manuales de organización y procedimientos. • Establecer una reingeniería de procesos que considere la modernización, el cambio de imagen institucional y el equipamiento en las instalaciones de las agencias del ministerio público, semefos, centros de justicia e instalaciones del poder judicial. • Diseñar políticas sociales urbanas y de control, orientadas a proteger al ciudadano con énfasis en la prevención. • Impulsar una reclasificación de los tipos penales. • Incorporar los principios del sistema acusatorio a las materias civil y mercantil, especialmente en la solución de controversias. • Fortalecer la figura de la defensoría jurídica pública y gratuita. • Consolidar la defensoría pública para asegurar la igualdad de justicia para todos lo mexiquenses. En conclusión, incorporar principios como el de seguridad democrática, justicia cercana y en especial el de sociedad protegida, bajo diagnósticos, instrumentos de acción objetivos, dirigidos a la seguridad ciudadana y la procuración de justicia, en el que el poder ejecutivo estatal genere la reinserción social, el respeto a los derechos humanos mediante una eficiencia operativa y de recursos en el manejo de procesos tecnología y capital humano, aplicando una normatividad adecuada para la transformación de la participación y percepción ciudadana fomentándola, utilizándola como herramienta para avanzar en la implementación de tecnologías y mecanismos de coordinación interinstitucional, permitirá una reforma judicial para mantener una sociedad protegida ante un eventual riesgo.
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mesa de política económica Coordinación Ángel Augusto Buendía Tirado Participantes Jesús Alberto Cano Vélez
Roberto Escalante Semerena
Mauricio de María y Campos
Alberto Montoya Martín del Campo
Gonzalo Núñez González
Relatoría
Lázaro Santillán
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relatoría Lázaro Santillán
Contexto El objetivo de esta mesa fue responder las preguntas: ¿por qué la economía mexicana ha tenido un crecimiento tan bajo, menor a 2%, a lo largo de los últimos dos sexenios y un distribución del ingreso tan desigual?, ¿qué hacer para hacerla crecer a sus tasas históricas de 6% anual y distribuir mejor el ingreso?, ¿cómo fortalecerla ante un entorno de crisis global y, en todo caso, aprovechar esta situación para dar un salto hacia adelante?
El debate • La mesa estableció que a lo largo de los últimos 30 años se generó una crisis de desarrollo donde México involucionó en su capacidad de crecimiento, en la generación de empleos, en el poder adquisitivo del salario y en materia de gasto público, entre otros aspectos, lo que le ha impedido elevar el nivel de vida de la población. • Se dijo que se perdió la capacidad de establecer políticas de fomento económico eficaces y disminuyó la estructura productiva en todos los sectores. • Se mencionó que la economía de México se hizo dependiente de los ciclos económicos externos y en particular de los Estados Unidos, así como de los intereses de las corporaciones globales que han sustituido a las empresas y, muchas veces, a sus trabajadores mexicanos. • También se planteó que México ha perdido poder nacional y el pacto social interno. Esta condición histórica le impide al Estado garantizar la prelación de los derechos humanos individuales, —como los establecidos en el Artículo 1° de la Constitución, a la vida, la educación, la alimentación, el empleo y la salud—, sobre los de las corporaciones globales. • Se afirmó que son indicadores de la crisis del desarrollo económico de México:
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− La notable desindustrialización del país que redujo su participación en el pib de 25 a 17%. − La dependencia alimentaria que alcanza 42% del consumo aparente. − La exportación del crudo e importación de 50% de refinados y más de $35 millones de dólares de petroquímica anualmente. − La reducción, a un límite que no existe en ningún país desarrollado, de la Banca Nacional que ha sido sustituida por entidades extranjeras que controlan 90% del sistema de pagos y prácticamente la totalidad de los ahorros de los trabajadores. − Así como la disminución del gasto público a 24% del pib, lo que resulta en un Estado impotente para fomentar el crecimiento económico y reducir la desigualdad, la cual se considera una de las mayores en el mundo. • Se explicó que los fines del desarrollo económico y la equidad social se han subordinado a la dinámica de acumulación de las corporaciones trasnacionales y a los intereses hegemónicos, en un contexto donde se ha constatado, a nivel internacional, que la supuesta autorregulación de los mercados no se cumple. • Se afirmó que prueba de ello son la actual crisis financiera y económica, la que plantea la necesidad de hacer prevalecer la racionalidad del interés público en la economía, para que, en ese marco, se puedan ejercer las libertades y los derechos de toda la población. • Se planteó que para tener un México diferente en el futuro, primero se tiene que despertar de la pesadilla y redefinir los objetivos para este siglo. • También se señaló que México tiene el imperativo de recuperar su proyecto histórico de desarrollo. • Se piensa que ante la pérdida de poder nacional con entidades y procesos que no están comprometidos con un pacto por el desarrollo nacional, nuestra nación se debe proponer ser una potencia económica tecnológico-industrial, sobre la base de sus propios méritos y capacidades, para garantizar los derechos humanos individuales y colectivos de los mexicanos. • Se explicó que la recuperación del poder nacional requiere del fortalecimiento y vigencia de la rectoría del Estado, en un marco democrático que permita formular de manera corresponsable un Plan Nacional de Desarrollo, en función del interés de los mexicanos, y que se disponga de los recursos, facultades legales, instituciones y políticas de Estado que garanticen su plena realización. • Se dijo que, en virtud de que no existe soberanía política sin soberanía económica, México requiere restablecer y fortalecer todas aquellas condiciones que le permitan ser potencia económica, es decir, la capacidad de satisfacer las necesidades sociales, de educación, empleo y bienestar, sobre la base del trabajo, los recursos, las instituciones y empresas de capital nacional que las lleven a cabo.
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• En ese sentido, se enfatizó que las decisiones fundamentales para que México sea potencia económica en este siglo son: − Reconocer la inviabilidad, irracionalidad e injusticia del actual orden social, lo que conduce al imperativo de su superación por una vía política y democrática. − Fortalecer el régimen político con la participación corresponsable de la sociedad, para que permita la deliberación y acuerdo sobre un nuevo pacto social de producción y distribución de la riqueza y el ingreso, y que además redefina el papel de México ante la economía global. − Establecer las bases constitucionales de un Consejo Económico y Social y Ambiental en el que participen las organizaciones económicas nacionales, sindicatos, organizaciones campesinas, colegios profesionales y, por supuesto, las entidades federativas. − Reconstruir una Banca de Capital Nacional de fomento que aumente su presencia en 80% de los mercados. − Aplicar de manera estricta la Constitución, en lo que se refiere a la explotación de los hidrocarburos, la prestación del servicio público de energía eléctrica y las áreas económicas estratégicas, sobre la base de una política energética integral que sustituya la dependencia actual de los hidrocarburos y avance hacia una mayor participación de las energías renovables. − Administrar el comercio exterior e interior, en función de los requerimientos del desarrollo nacional, la rentabilidad y competitividad de las empresas nacionales. − Elevar el poder adquisitivo del salario por arriba de la inflación, sobre la base del desarrollo tecnológico, la innovación y el aumento de la productividad de todos los factores, con el fin de fortalecer el mercado interno y convertirlo en motor de crecimiento. − Incorporar la dimensión sectorial y regional al proceso de planeación e implementación de políticas públicas, dándole particular atención a las pequeñas y medianas empresas productivas. − Promover la recuperación del sector rural, mediante el impulso al desarrollo agropecuario y el logro de la seguridad alimentaria. − Aplicar una política financiera que promueva la inversión en el sector agropecuario, así como en industrias y regiones prioritarias, buscando la generación de empleos, las exportaciones con mayor valor agregado nacional, el desarrollo tecnológico y la innovación y el cuidado del medio ambiente. − Implementar, en forma pragmática, una nueva política comercial que permita defender de manera efectiva a la producción nacional eficiente de la
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competencia desleal y que promueva la incorporación de materias primas y componentes nacionales competitivos. − Orientar la inversión extranjera directa hacia objetivos de desarrollo nacional, promoviendo flujos adicionales de nuevas fuentes y un mayor efecto del aprendizaje tecnológico y comercial, para fortalecer capacidades nacionales. − Recuperar la capacidad de regular la inversión extranjera directa hacia los objetivos nacionales y el poder del Estado, con el fin de utilizar las compras de gobierno para el desarrollo del mercado interno, la tecnología y las empresas de capital nacional. − Construir la industria del futuro, eficiente en el uso de energía, agua y otros recursos naturales, y que cuide el medio ambiente en sus procesos y productos, con la participación activa del gobierno, empresarios y ciudadanos. − Convocar, de manera urgente, un pacto social que permita una reforma fiscal integral, en el que todas las personas físicas y empresas tributen de manera análoga a lo que contribuyen en países desarrollados, y que favorezca que la renta petrolera se destine a 75% a la inversión.
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ponencias
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lo stato Ángel Augusto Buendía Tirado
El Estado (Lo stato, lo que está) es, hasta ahora, la creación más notable de la inteligencia humana para normar, recrear y conducir la vida social. Salvo unas cuantas excepciones, no existe posibilidad de realización fuera de la sociedad. Somos seres sociales. Creamos y, a su vez, la sociedad nos crea. En su endiosamiento absurdo del mercado, el credo neoliberal postuló e implantó un modelo que ha debilitado al Estado, que le ha restado instrumentos y ha vuelto raquíticas sus responsabilidades y funciones económicas, políticas y sociales. Durante tres décadas se afirmó que: • El Estado debía retirarse y dejar su función compensatoria en el mercado y que éste haría un reparto eficaz de la riqueza. Falso. Hoy hay más desigualdad y más pobreza. • Que la apertura comercial indiscriminada daría más presencia y competitividad en la esfera internacional. Mentira. Hoy, México es una de las economías mas abiertas del planeta y una de las menos exitosas. Mientras otras naciones protegen de muchas maneras a sus mercados internos, invaden y hacen que se consuma un alud creciente de productos importados, que aniquila empresas mexicanas, arrojando a miles de trabajadores hacia la informalidad. Así, se envía al extranjero buena parte del debilitado ingreso de los mexicanos. • Que la desregulación haría más productivo a México. Mentira. Hoy, con patentes de corso, los jeques financieros y sus aliados en el sector público y en los organismos financieros internacionales, así como bancos ajenos al interés de México, privatizan las ganancias y socializan las pérdidas. El sistema financiero global, cleptómano insensible, es la gran fábrica global de desigualdad y pobreza. Se mencionó que la flexibilización laboral generaría empleos e incrementaría la productividad. Mentira. La precarización laboral, el desempleo creciente, la informalidad y buena parte de la violencia y la frustración social son saldos lastimosos.
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Por otra parte, todas las leyes que definen la función, las responsabilidades y los alcances del Estado fueron elaboradas cuando nuestra nación tenía un partido hegemónico, mayorías absolutas en el Congreso de la Unión y los congresos locales y presidencialismo cuasi imperial. Ninguna de estas variables está hoy presente. Ese México ya no existe. No regresará —aunque algunas élites políticas hoy lo añoren y pretendan su restitución— pero las leyes fundamentales son las mismas. La paupérrima producción legislativa, la tensión y la disfuncionalidad entre poderes, la genuflexión del Estado ante las bandas que disputan a tiros los restos de la República y su incapacidad para frenar la creciente degradación de la calidad de vida de los mexicanos y alentar una mejor distribución del ingreso, son consecuencia de la degradante terquedad de intentar resolver los problemas de hoy, con normas de ayer. Sucede también que cuando, casi de manera milagrosa, logramos crear una nueva forma, la decadencia la llena de los viejos contenidos. Es monumentalmente evidente que el diseño, la estructura y el funcionamiento del régimen político mexicano es obsoleto. El presidencialismo en México es una reliquia de un país que cambió. Si aceptamos que el Estado es la expresión de la voluntad colectiva de seguir siendo una nación soberana, democrática y próspera, urge contestar una pregunta fundamental: ¿Qué Estado requerimos? Es absurdo repetir el cansado argumento de que esa discusión ya se dio. Que es una deliberación bizantina. Se dio hace casi tres décadas, los dueños del mundo impusieron un monodiscurso y un consenso que ha demostrado, hasta el hartazgo, su ineficacia para crecer con justicia. Tenemos que en las circunstancias de hoy, plantearnos de nuevo la pregunta, definir y pactar nacionalmente sus alcances, su estructura institucional e instrumental y, sobre todo, reafirmar y fortalecer su ineludible responsabilidad social. La Historia nos enfrenta a una disyuntiva: convertirnos en potencia latinoamericana o en una disimulada estrella de la bandera estadounidense. Es posible avanzar en el amplio espectro de relaciones con los Estados Unidos y desenganchar el carro del tren de la política exterior estadounidense. Quién sabe a dónde nos lleva. Se requiere de más dignidad, más inteligencia, más pertinencia, mayor autonomía. Por ello, una condición incancelable para desatar los nudos que impiden nuestro despegue es reformar al Estado; restituir su fortaleza y su función. Dotarlo de las instituciones republicanas indispensables y ponerlo al timón del futuro de México. La más grande esperanza de retomar el rumbo de la República depende de un encuentro afortunado entre una nueva ciudadanía, democrática, digna y educada y un Estado revitalizado. La polinización cruzada entre sociedad madura y Estado activo es una condición de desarrollo indispensable. Las grandes reformas de Estado las han hecho, las hacen y las harán los grandes estadistas. Los que saben imaginar rumbos y construirlos colectivamente. Mujeres y hombres entrena-
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dos en el servicio a la República. Hombres de la República. Con amplia experiencia, sabiduría política, autoridad moral y compromiso con todos los tiempos y las regiones de México. Ojalá pronto, en este nuevo ciclo sexenal, se pueda constatar que existen y, más allá de los clichés y las frases propagandísticas de campañas, saber qué proponen y cómo lo harán. De verdad y a fondo. Necesitamos hombres de la República, que sepan construir un firme consenso nacional en las calles y las plazas públicas, en los congresos y en las múltiples organizaciones de la sociedad. Y después, con esa base de soporte social, salir al mundo manteniendo claros y firmes, antes que otros, los intereses de los mexicanos. La patria atormentada, ya no aguanta otra etapa sin rumbo, sin justicia social, sin dignidad y sin vergüenza.
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política económica Jesús Alberto Cano Vélez
La economía mexicana lleva estancada tres décadas. En este periodo se ha crecido a tasas de alrededor de 2% del pib, un nivel similar al crecimiento de la población, por lo que en términos per cápita hay estancamiento. En los últimos 11 años, las tasas de desempleo se han incrementado significativamente, el subempleo y la informalidad también, y los trabajos que se generan son muy mal remunerados. Por su parte, la coneval reportó 57 millones de pobres para 2010, 12 millones de mexicanos más de los que se tuvieron en 2006. Finalmente, el coeficiente de gini (que mide la desigualdad) prácticamente no cambia antes y después de impuestos y transferencias. Bajo este panorama es irresponsable decir que se va por el buen camino o reconfortarse en que podríamos estar peor; es momento de cambiar de rumbo. Se necesita un nuevo proyecto nacional de desarrollo que permita crecer a tasas de 6% y con ello duplicar la producción del México en un periodo de 12 años. Se requiere mayor crecimiento con igualdad y estabilidad. Se deben encaminar todas las políticas al objetivo de crecer más. Para ello, es necesario la estabilidad económica, pero ésta no es suficiente, no se puede crecer sin procurar una mejor distribución de la riqueza, el Estado debe de proveer un piso mínimo para que los mexicanos alcancen su potencial. Es necesario fortalecer al Estado como equilibrador social. Para ello hay que transitar hacia la universalización de los servicios, incluyendo la protección social (salud y pensiones). Se deben reducir los costos de la formalidad y con ello integrar a más mexicanos al mercado laboral. También se tiene que mejorar la calidad de los servicios, particularmente el de educación, para que quienes acudan a las escuelas públicas tengan las capacidades necesarias para ser más productivos y, con ello, sus expectativas de ingreso sean mayores. Otra tarea es la de consolidar al Estado como rector del desarrollo. México ha perdido la capacidad de garantizar el estado de derecho. Esto se refleja notablemente en la inseguridad pública (que sí incide en el desarrollo económico), pero también en la incertidumbre de las inversiones o en la persistencia de prácticas monopólicas. Por ello, es necesario avanzar para contar con organismos de regulación económica autónomos que cuenten con los instrumen-
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tos necesarios para eliminar prácticas anticompetitivas y cuya labor no esté sujeta a la voluntad del Ejecutivo. Una tarea que se ha olvidado durante los últimos años es la de impulsar al Estado como promotor del desarrollo. Esto lleva al menos, a replantearse la conveniencia de recuperar la política monetaria y analizar la posibilidad del mandato dual del Banco de México, esto es, otorgándole la posibilidad de estimular el crecimiento económico, además de su mandato actual y respetando su autonomía. En este mismo sentido, se tiene que aceptar que aquella noción de que “la mejor política industrial es la que no existe” ha quedado completamente rebasada. Una nueva política industrial debe estar encaminada a impulsar decididamente la inversión tanto pública como privada. Es necesario reconstruir las cadenas productivas nacionales, fortalecer la presencia de México en aquellos mercados con mayor dinamismo (notablemente la región Asia-Pacífico) e incrementar el crédito al sector privado (que actualmente sólo representa 24% del pib). La Banca de Desarrollo no puede seguir en el letargo, sino que debe ser el instrumento mediante el cual el gobierno pueda impulsar sus prioridades sectoriales y regionales, cuidando la solvencia de las instituciones que la componen. Incrementar la inversión pública también es prioritario. Excluyendo a pemex, el gobierno federal sólo invierte un poco más de 2% del pib. Esta cifra debe crecer privilegiando proyectos de gran alcance, articulados con una perspectiva regional de largo plazo. Para ello, se deben potenciar las asociaciones público-privadas, pero también destinar recursos a proyectos rentables socialmente mediante inversión pública pura. En este sentido, también es necesario replantearse la apertura de pemex al sector privado, sin perder la propiedad estatal del petróleo puesto que las inversiones que requiere cada vez son mayores y un modelo de riesgo compartido nos podría traer mayores resultados. México no puede salir adelante si no resuelve el tema del campo. Hay que avanzar en dos vertientes, una para eliminar el rezago del sector rural y otra para hacer más productivo al campo. Se debe por un lado, eliminar la pobreza alimentaria y, por el otro, mejorar las políticas del fomento al campo, a través de reforma institucionales (ir más allá en la reforma de 1992), mayor crédito y mejoramiento de los programas para hacerlos más progresivos. Una forma de promover el desarrollo para enfrentar los nuevos retos es el invertir más en ciencia y tecnología. En el próximo sexenio tenemos que alcanzar la meta de 1% del pib, pero también mejorar las estrategias, para hacer del aumento en la productividad y el valor agregado, el eje fundamental de nuestras políticas. Todo esto no puede realizarse si no se lleva a cabo la madre de todas las reformas: la Reforma Integral de la Hacienda Pública. Un Estado que cumpla con los objetivos señalados, tiene que estar debidamente fondeado. No puede mantenerse la elevada dependencia petrolera que hace vulnerables las finanzas públicas. Hay que transitar hacia los derechos universales fondeados con impuestos generales, se tiene que eliminar regímenes especiales tanto en los impuestos a la renta como al consumo, se requiere buscar un régimen fiscal más simple y equitativo (donde quienes tengan más, paguen más) y no puede dejarse de lado el alcanzar
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un mejor acuerdo federal que distribuya mejor las obligaciones y potestades de los tres órdenes de gobierno. Finalmente, debe hacerse un rediseño del gobierno, pues su estructura ya no obedece a los problemas y retos actuales; asimismo se debe contar con nuevas instituciones para promover la participación social. El gobierno no puede actuar de manera aislada, sin tomar en cuenta los diversos actores del país. Por ello, vale la pena rescatar la idea de un Consejo Económico y Social para el Desarrollo que dé cauce a la deliberación y reflexión de la política económica y que agrupe al gobierno, la academia, las cámaras, los colegios y asociaciones gremiales y a todas las instituciones de la sociedad civil que tengan algo que aportar. México tiene que cambiar su política económica. Existe consenso respecto de lo que se puede y tiene que hacer. Ahora es momento de ponernos de acuerdo en los detalles y avanzar en la agenda modernizadora de México.
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la situación económica actual en méxico Roberto Escalante Semerena
Producción El Producto Interno Bruto de México ha mostrado un dinamismo diferenciado en los últimos años; durante el periodo de 1900-1940 creció a una tasa promedio anual de 1.78%, en 19411980 dicha tasa fue de 6.21%, en promedio, mientras que de 1981 a 2000, el crecimiento promedio anual fue de 2.32%, continuando con una tendencia de largo plazo decreciente, la cual marca un estancamiento evidente, en los últimos 12 años el dinamismo solo ha alcanzado 1.84% anualmente. La evolución del producto potencial marca una trayectoria de largo plazo decreciente, la cual se acentuó con la crisis económica global actual. En el caso de México, fue una de las economías que más resintió los efectos negativos de la contracción, al registrar una caída de la producción de alrededor de 6% en 2009, según datos de inegi.
Empleo Como consecuencia de dicha coyuntura, el nivel de desocupación se incrementó de manera considerable. El nivel más alto de desempleo de los últimos 12 años se presentó en el mes de septiembre de 2009, cuando 6.41% de la población económicamente activa no contaba con un empleo. Aunado a esto, el sector informal absorbe más de 13.7 millones de trabajadores (los cuales no pagan impuestos), indicador que se mantiene a la alza después del punto más bajo de la recesión. Además, la cantidad de personas en condiciones de subempleo o “empleo precario” mantiene una tendencia de largo plazo a la alza; en el segundo trimestre de 2009 se registró una tasa de subempleo de 10.68% del total de la población económicamente activa (pea), a pesar de que en 2012 esta cifra es de 8.14%, el desempeño de la economía no ha permitido regresar a los niveles anteriores a la coyuntura de 2008.
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Los problemas en el mercado de trabajo en México parecieran ser menores que en otros países, en donde cuentan con tasas de desempleo superiores a los 10 o 15 puntos, sin embargo, si se considera a los problemas de desempleo y subempleo como indicadores conjuntos, se tiene que 13% de la población económicamente activa se encuentra sin un empleo o con un trabajo precario. México no resuelve los problemas de empleo y la situación se torna aún más difícil si se observa el comportamiento del consumo y la inversión.
Inversión La contracción más severa de la inversión en los últimos años, se presentó en abril de 2009, con una caída de 16.66% de la inversión fija bruta (respecto al mismo mes del año anterior). Al ser la inversión una variable externa ante el crecimiento, esto ha determinado el comportamiento actual de la economía. Según datos de la ocde, el consumo privado en México ha aumentado 4.1% en lo que va del 2012 respecto al año anterior, lo cual incrementa las expectativas de inversión. Luego de la profunda recesión de 2009, el consumo y la inversión privados en México, se recuperaron con cierto rezago, pero sin tener un comportamiento sustancialmente en pro del crecimiento.
Desigualdad El proceso de desaceleración económica ha sido acompañado por la inequidad en el reparto de ingresos. La distribución del ingreso en México es tan desigual que 22.5 millones de personas se apropian del 51% del ingreso total, mientras que casi los 80 millones de personas restantes se quedan con la otra mitad. En México se presentan condiciones de desigualdad drásticas, 10% de la población más pobre, vive con $15.53 pesos diarios por persona en promedio, esto equivale a $1.11 dólares. En contraste, 10% de la población con más ingresos vive con $330 pesos diarios per cápita, equivalente a $24 dólares.
Pobreza Actualmente, 52 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y 11.7 millones en condición de pobreza extrema, lo que hace dimensionar la magnitud de los desafíos que enfrenta el Estado para erradicarla, especialmente en aquellas regiones y grupos sociales más desfavorecidos y rezagados. Las entidades con mayores índices de pobreza son Guerrero, Oaxaca y Chiapas; donde se observan niveles de inequidad en la distribución del ingreso mayores a los nacionales.
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Inflación Una de las políticas macroeconómicas de las que más se hace alarde en México, es la de la estabilidad de precios. El Banco de México ha mantenido un nivel de precios a la baja en los últimos años, hasta estabilizarlo muy cerca de su objetivo de largo plazo. La tasa de inflación más alta en los últimos años se registró en diciembre de 2008, cuando ésta fue de 6.53%, respecto al año anterior. Las expectativas del Banco de México estiman una tasa de inflación anual para el cierre de 2012 de 3.68%, la cual es congruente con el comportamiento de este indicador por más de cinco años y con la meta de inflación que tiene marcada el instituto central como meta (de 3% ± 1 punto). A pesar de ello, el incremento de precios en los alimentos es 10% superior a la inflación general, específicamente, las tortillas de maíz, las carnes, la leche y el huevo muestran variaciones a la alza superiores a las de la economía en su conjunto (medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor). Esto hace que las personas más vulnerables tengan cada vez menos capacidad de compra de los productos básicos, incrementando aún más los niveles de pobreza alimentaria.
Deuda pública Otro de los aspectos relevantes es el saldo de la deuda pública, al ser una condicionante del crecimiento de largo plazo. En los últimos 30 años la deuda pública se ha incrementado 2.18% promedio anual. Durante el último sexenio, ésta se incrementó 12.19% en promedio anual, mientras que la deuda interna y externa mostraron aumentos medios anuales de 15.97 y 6.72%, respectivamente. En el último año, el nivel de endeudamiento muestra un aumento significativo, pues la deuda total aumentó 145%, la interna 103% y la externa 32% durante el periodo 2008 a 2012. Sin embargo, la deuda interna ha mantenido una tendencia permanentemente creciente de 1997 a 2012, hasta convertirse en el doble de la externa. El gobierno no ha mostrado una actitud sólida sobre la reversión de la tendencia de la deuda pública.
Inseguridad La contracción en los principales sectores de la economía mexicana ha traído como consecuencia inevitable el aumento de la inseguridad, desesperanza y frustración social. En la primera década del siglo, la inseguridad en México se convirtió en una de las principales preocupaciones de sus habitantes y del sector empresarial. Ante las demandas de detener la ola de delitos las autoridades han echado mano de distintos programas, tecnología y endurecimiento de las penas para combatirla, pero sin lograrlo.
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A partir de 2006, cuando se declara la guerra al crimen organizado, hasta la fecha, han muerto más de 60 mil personas como saldo de esta batalla. Es indudable que éste es uno de los grandes problemas de la economía en México, la cuestión es la forma de afrontarlo. Erróneamente el gobierno federal insiste en el uso de las fuerzas armadas, cuando la fuente del problema es la falta de oportunidades de empleo y educación.
Expectativas Según la encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de mayo, los especialistas esperan un incremento anual del pib de 3.72% al cierre de 2012; 3.62% para 2013; en 2012 una tasa de inflación anual de 3.65%; aumentos del consumo y la inversión del sector público de 3.11 y 5.90%, respectivamente; incrementos de 4.12 y 5.96% del consumo y la inversión del sector privado. Los principales obstáculos para la economía son la debilidad de los mercados externos y de la economía mundial, así como la inestabilidad financiera, los problemas de inseguridad pública y la ausencia de cambios estructurales.
Propuestas Derivado de estos problemas es necesario considerar una nueva macroeconomía destinada a manejar solventemente desequilibrios, pero que auspicie la inversión y el empleo; un nuevo Estado, más apoyado en los ciudadanos que en los partidos y que comparta la política pública, con una visión de país y de globalidad, auspiciando el bienestar y con decisión de hacer justicia, preocupado no sólo por los equilibrios macroeconómicos, sino también por la cohesión social. Es necesaria una expansión del crédito a las pequeñas y medianas empresas, con tasas de interés competitivas y que permitan la viabilidad de las inversiones en el largo plazo. Se necesita una política industrial, apoyada por la banca de desarrollo (primer piso). Es importante crear nuevos empleos de calidad, porque en México el subempleo ha tomado fuerza; así como considerar un incremento en el salario real; una política educativa, con acento en la calidad de la educación básica y de aumento de la cobertura en la educación superior, acompañada de una política de auspicio a la investigación básica y aplicada, y una política hacendaria que garantice salud, educación y pensiones como derechos universales.
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una estrategia para la reindustrialización de méxico Mauricio de María y Campos
Diagnóstico reciente de la evolución de la industria manufacturera Durante los últimos 30 años, se redujo el crecimiento del pib y ocurrió una gran pérdida de participación del sector industrial en la economía mexicana. El sector secundario pasó en promedio de 32% a 26% del pib y el manufacturero de 22.4% a 15.2%. La política económica promovió un rápido crecimiento de las exportaciones, pero también de las importaciones y la ruptura excesiva de cadenas de valor. El financiamiento al sector productivo, sobre todo el destinado a la expansión y modernización de la planta instalada se ha colapsado. Ello significó una desindustrialización de México frente a países emergentes, que han estado aumentando su crecimiento a tasas de 6 a 11% anual y aumentado la participación del sector manufacturero en el pib a niveles que han oscilado entre 27% (Corea del Sur) y 40% (China). Los países europeos más exitosos como Alemania, Suecia y Finlandia han mantenido por arriba de 20% la participación de su industria en el pib, complementada por un sector de servicios de alto valor agregado y contenido tecnológico. México requiere una nueva estrategia para crecer en forma sostenida a 6% anual, generar más de un millón de empleos cada año y reindustrializarse, con tasas de crecimiento del sector manufacturero superiores a las de la economía en su conjunto, 8% anual, que permitan recuperar su papel de liderazgo en la economía.
Nuevo mapa industrial del mundo y valorización de la política industrial El mapa industrial y tecnológico del mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 25 años. Primero fue el acelerado crecimiento exportador de los tigres del Sudeste Asiático y Corea del Sur en la década de 1980 y la primera mitad de la década de 1990 cuando en América Latina se padecía estancamiento industrial y exportador. A partir de la segunda mitad de la década de 1990, los denominados brics (Brasil, Rusia,
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India, China y Sudáfrica) liderados por China han tenido un crecimiento muy alto y sostenido con un fuerte componente tecnológico nacional. China, con tasas de crecimiento cercanas a 10% anual en las últimas dos décadas, se ha convertido en el taller industrial global. En 10 años ocupa ya los tres primeros lugares en 17 de las 22 categorías a dos dígitos y lidera nueve, incluyendo autos y maquinaria eléctrica (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, onudi).Se espera que se convierta en los próximos cinco años en la primera economía mundial, superando a los Estados Unidos, y que India se ubique como la tercera o cuarta del mundo. A partir de la experiencia exitosa de los tigres asiáticos —y sobre todo de China y los brics— puede observarse un nuevo activismo y políticas industriales, incluso en Europa y los Estados Unidos, partiendo del reconocimiento de que, son los países con sectores productivos sólidos e innovadores —como Alemania y Suecia— los que sobreviven mejor la crisis y tienen mejor futuro.
Necesidad de rediseño de la estrategia macroeconómica e industrial En México es fundamental un marco de estabilidad a mediano y largo plazo para dar certidumbre a la inversión productiva; pero también el impulso al crecimiento para salir del estancamiento estabilizador que ha prevalecido en las últimas dos décadas. Es urgente una reforma fiscal integral (ingreso, gasto, gestión y deuda sostenible) que permita canalizar recursos crecientes al gasto social y la búsqueda de la equidad y la inclusión social, pero en particular a la inversión bruta fija (pública, privada, nacional y extranjera) que como porcentaje del pib ha caído de niveles de 25 a 17% en los últimos 30 años (frente a niveles de 40% en India y 50% en China). México requiere una nueva política financiera que canalice mayores recursos a la inversión, particularmente créditos de equipamiento para la expansión y modernización productiva y capital de riesgo. Esto exige fortalecer a la banca múltiple y otros intermediarios de capital nacional y reconstruir y expandir el papel de la Banca de Desarrollo. Se requiere una renovada visión territorial y un plan de fomento regional a la inversión estratégica pública y privada en infraestructura para mejorar esa competitividad sistémica, apoyada por un monto presupuestal ampliado, que detone las inversiones privadas nacionales y extranjeras complementarias. Es indispensable mejorar la inserción económica de México en la globalización. Esto demanda revisar las actuales relaciones y acuerdos internacionales que limitan o condicionan el patrón de crecimiento de México —incluyendo el tlcan, que ha perdido vigencia—. La vecindad con los Estados Unidos y Canadá obliga a ser creativos para aprovechar mejor el potencial existente y eliminar restricciones al desarrollo industrial competitivo mexicano. Pero el mayor crecimiento y desarrollo tecnológico relativo de China, India y otros países abre ventanas de negocios y de cooperación, que no se sospechaban hace una década.
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Una estrategia industrial compartida Para impulsar la reindustrialización de México y satisfacer las necesidades de un país de 125 millones de habitantes en los próximos 10 años, así como para lograr una presencia competitiva creciente en los mercados globales, es necesaria una estrategia industrial compartida —público-privada-social— de largo plazo, alimentada y apoyada por las instituciones de educación superior e investigación de México, que exige identificar conjuntamente prioridades sectoriales y regionales de inversión y desarrollo en la industria manufacturera, en el marco de las demandas esperadas en México y el mercado internacional, y establecer una alianza encaminada a: • La promoción del mercado interno, a través de un pacto para elevar de manera sostenida en la próxima década los salarios reales con un compromiso de creciente inversión productiva y productividad total de los factores, así como de fortalecimiento de la demanda hacia el mercado nacional, con apoyo financiero suficiente. • La incorporación de la dimensión subsectorial y regional a los procesos de planeación, formulación e implementación de políticas públicas. • La aplicación de una política financiera que promueva la inversión en industrias y regiones prioritarias, estructuras competitivas, generación de empleos, internacionalización y exportaciones con mayor valor agregado nacional, desarrollo tecnológico e innovación y cuidado del medio ambiente. • La implementación pragmática de instrumentos de política comercial que permitan defender de manera efectiva a la producción nacional eficiente, de la competencia desleal y el contrabando, y que promuevan la incorporación de materias primas y componentes nacionales competitivos. • La orientación efectiva de inversión extranjera directa hacia objetivos y metas de desarrollo nacional, promoviendo flujos adicionales de nuevas fuentes y el logro de un mayor efecto aprendizaje–tecnológico y comercial para fortalecer capacidades nacionales. México debe utilizar mejor y fortalecer la capacidad de negociación que le confiere su posición geográfica, sus recursos naturales y humanos, su bono demográfico y otros activos y fuerzas derivados de su historia política, económica y social. No más apertura indiscriminada sin reciprocidad de nuestros socios comerciales e inversionistas. • El uso efectivo del poder de compra de los gobiernos —federales, estatales y municipales—, los organismos descentralizados y las empresas del Estado, puede jugar un papel crucial en el fomento industrial como lo hacen pragmáticamente todos los países desarrollados y en desarrollo, en el marco de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (omc), cuidando siempre que se trate de precios competitivos a partir de financiamientos también competitivos de la banca comercial y de desarrollo.
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• El impulso a la educación de calidad, el desarrollo tecnológico, la innovación y la competencia a través de nuevos instrumentos con rendición de cuentas, tanto en la esfera institucional, como por la vía de la oferta y de la demanda. La industria del futuro debe ser lo más eficiente posible en el uso de energía, agua y otros recursos naturales y cuidar del medio ambiente en sus procesos y productos; debe ser una industria sustentable. Las empresas deberán ser apoyadas para realizar las transformaciones necesarias en esa dirección.
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méxico del siglo xxi: potencia económica o país dependiente Alberto Montoya Martín del Campo
México. hacia el siglo xxi, enfrenta una encrucijada histórica: ser potencia económica por méritos propios, como condición indispensable para garantizar el pleno desarrollo y los derechos humanos individuales y colectivos de los mexicanos; o desaparecer como Nación independiente.
Dos proyectos históricos posibles hacia el futuro A estos dos proyectos corresponden perfiles diferentes de Presidente de la República: ser mandatarios de todo el pueblo de México, para restituir un proyecto soberano y constitucional de desarrollo; o ser gerentes y gendarmes de las corporaciones globales y de los países más poderosos. En las últimas tres décadas se sustituyó el proyecto constitucional de desarrollo, por una economía política tributaria y dependiente, que debilitó al Estado, generó un elevado atraso social, pérdida de capacidades productivas, extraordinaria desigualdad y pobreza. Las facultades de lo público fueron apropiadas por la lógica y por los representantes del interés privado más concentrado. Ello condujo a la reducción del poder nacional, al vaciamiento de la soberanía y a la reducción del poder ciudadano. Esta tendencia a la privatización del poder público, devino en la administración de lo público para el beneficio privado, lo que induce, de manera sistemática, la corrupción de la vida y las instituciones públicas. Como consecuencia, el sistema fiscal es profundamente inequitativo e irracional, le impide al Estado realizar suficientes inversiones públicas que impulsen las inversiones privadas, así como avanzar hacia una mayor igualdad y justicia social. Profundizar la actual economía política equivale a una mayor involución y a un suicidio histórico. Para el pueblo de México, esto resulta inaceptable, porque es irracional, injusto y atenta contra sus libertades y derechos humanos y sociales más elementales, como son: edu-
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cación, alimentación, salud, vivienda digna, empleos y salarios remuneradores, que están jurídicamente garantizados en la Constitución. La evidencia histórica y la teoría económica demuestran la falacia de la autorregulación del libre mercado; de la primacía del interés individual sobre el colectivo como criterio de racionalidad; de la globalización como sinónimo de desarrollo y justicia, y del Estado mínimo, policiaco y garante de la propiedad, como concepto de verdadera democracia. Que México sea una de las sociedades más desiguales del mundo es irracional e injusto. Que las “reformas estructurales” que se proponen sean equivalentes al control y usufructo económico, social y político de la nación, por el capital corporativo multinacional, es insultante. El presidencialismo autoritario no ha sido superado. La alternancia devino en ineficiencia y polarización política, y no en el fortalecimiento de las libertades democráticas, la deliberación pública y el mayor peso político de los ciudadanos en las decisiones del Estado. Se requiere un cambio de economía política y del régimen político, y no sólo de partido político en el poder público, o de pequeños ajustes que tengan como efecto profundizar el modelo de desarrollo de los últimos 30 años; como condición necesaria para el crecimiento, desarrollo y generación de empleos bien remunerados, así como la vigencia de los derechos humanos y la paz social. Esta profunda transformación exige políticas de Estado basadas en argumentos y propuestas que sean demostrados. Los compromisos hechos durante las campañas son inalcanzables con la actual economía política, que requiere ser fundada en la democracia en todos los órdenes: político, económico, mediático, social y cultural. Con la actual economía política es imposible superar la tasa de crecimiento promedio de 2% del pib observada en los últimos 30 años y alcanzar una tasa de 6.5% de crecimiento anual del pib, que es necesaria para crear más de un millón de empleos formales y bien remunerados al año; para disminuir la desigualdad y elevar la competitividad nacional. Los compromisos de aumentar la tasa de crecimiento y crear empleos son imposibles de realizar con el presente paradigma, porque éste no se estableció para el desarrollo de México, sino para beneficio de las corporaciones globales y de sus Estados-Nación, mediante una alianza con un reducido grupo de individuos y corporaciones nacionales. Ante la recalcitrante realidad, que no modificó su curso con la alternancia partidaria en la última década, México exige compromisos históricos serios, responsables y fundamentados. La irrupción política, libertaria y crítica de los jóvenes debe ser impulso para un cambio en la actual economía política. El país es pasto seco y no admite demagogias, manipulaciones, ni fantasías. Millones de jóvenes y de trabajadores no admiten más engaños y manejos. La restauración del presidencialismo, sin contrapesos políticos y sociales reales, para mantener un proyecto histórico irracional e injusto, sin verdadera democracia económica y social, conducirá necesariamente a una polarización social y política de imprevisibles consecuencias. Es tiempo de convocar a todos —sociedad y gobierno— a asumir la responsabilidad histórica y a construir verdaderos consensos políticos, sobre la base de la argumentación, la
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demostración de los hechos, la justificación ética y racional de los fines y medios, y la recuperación del proyecto histórico de los mexicanos. La primera condición necesaria, es superar la mentalidad fatalista de un destino manifiesto de dependencia para los mexicanos. La premisa categórica para el cambio del actual orden social es que sólo los seres humanos constituyen fines en sí mismos, de donde se sigue que el orden económico, político, social, cultural y de relaciones internacionales, son medios para la realización de este fin. México es un Estado-Nación con raíces en culturas con más de 10 mil años de antigüedad, 300 años de virreinato y 200 años de vida independiente, que no puede considerar su futuro como un orden social injusto y degradado en sus libertades individuales y colectivas. México ha conquistado el derecho a una existencia como nación libre y soberana; con su identidad y proyecto histórico propios, ante cualquier corporación global o nación con pretensiones hegemónicas. Los derechos humanos establecidos en el Artículo 1° de la Constitución obligan al Estado a su plena realización. No existe justificación de ninguna política, que no contribuya a este fin. Los derechos humanos colectivos, tanto al desarrollo, como al goce de las riquezas naturales para el desarrollo, que se proponen nulificar algunos partidos políticos y sus candidatos, son premisas innegociables e irrenunciables en un estado de derecho como el mexicano. No existe soberanía política, cultural y militar, sin soberanía económica. Por estas razones, se propone que:
México sea potencia económica en el siglo xxi, y no una colonia para la expansión y generación de utilidades extraordinarias para las corporaciones globales, como condición para garantizar los derechos humanos y colectivos de todos los mexicanos.
Ser potencia quiere decir, tener la capacidad de satisfacer las necesidades de la sociedad mexicana, sobre la base del proyecto constitucional de desarrollo, con la rectoría del crecimiento y el fomento económico del Estado; la prelación de la Constitución sobre los tratados internacionales de carácter económico; el mercado interno autosustentable; los impuestos justos pagados por todos los mexicanos y las empresas establecidas en el país; el trabajo y las oportunidades de emprendimiento de los mexicanos; las instituciones públicas, privadas y sociales nacionales; los recursos, el ahorro y la inversión nacional, de empresas públicas, privadas y sociales de capital nacional; todo lo cual debe ser la base para garantizar los derechos humanos individuales y colectivos de todos los mexicanos. Para que México sea una potencia económica en el siglo xxi, capaz de garantizar los derechos humanos y colectivos, es necesario restablecer la soberanía económica sobre los tratados de libre comercio; el proyecto nacional y posicionamiento geopolítico, los intereses de las corporaciones globales y de las hegemonías de los países más ricos; desarrollar la educación y la cultura nacional con una visión cosmopolita y universal; desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación sobre la base de instituciones, organismos y empresas nacionales;
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garantizar tanto la democracia sustantiva como la democracia mediática; rediseñar el conjunto de la economía política (política fiscal, monetaria, energética, industrial, científico-tecnológica, salarial, de desarrollo regional, desarrollo marítimo, infraestructura de comunicaciones y transportes, entre otras dimensiones) en función del desarrollo nacional; relacionar la democracia económica y la macroeconomía, mediante el establecimiento de un consejo económico, social y ambiental, sobre bases constitucionales; promover una soberanía económica multidimensional en todas las ramas y sectores; así como recuperar la supremacía militar y de seguridad nacional cedida en los últimos años, mediante la cancelación de los compromisos con los Estados Unidos en esta materia, que están conduciendo al establecimiento de un Estado policiaco-militar.
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crisis del desarrollo mexicano Gonzalo Núñez González
En los últimos 30 años México involucionó en su capacidad de crecimiento, generación de empleos, poder adquisitivo del salario y gasto público, lo que impide ofrecer empleo a los mexicanos y elevar el nivel de vida de toda la población. México perdió la capacidad de establecer políticas de fomento económico eficaces y disminuyó su estructura productiva en todos los sectores, lo que lo hace dependiente de los ciclos económicos externos y en particular de los Estados Unidos, así como de los intereses de las corporaciones globales que han sustituido a las empresas y trabajadores mexicanos. Como consecuencia de lo anterior, México ha perdido poder nacional y el pacto social interno, los fines del desarrollo económico y la equidad social se han subordinado a la dinámica de acumulación de las corporaciones trasnacionales e intereses hegemónicos. Esta condición histórica impide la prelación al Estado de garantizar los derechos humanos individuales sobre los de las corporaciones globales, como los establecidos en el Artículo 1° de la Constitución, a la vida, la educación, la alimentación, el empleo y la salud. A nivel internacional, se ha constatado que la supuesta autoregulación de los mercados y de condiciones de competencia no se cumplen en la realidad puesto que han llevado a crisis financieras y económicas, que plantean la necesidad de hacer prevalecer la racionalidad y el interés público para que en ese marco se puedan ejercer las libertades y derechos de toda la población. Este proceso se manifiesta en la desindustrialización de México que redujo su participación en el pib de 25 a 17%, la dependencia alimentaria de 42% del consumo aparente, la exportación del crudo e importación de 50% de refinados y más de $35 millones de dólares de petroquímica anualmente; la reducción a un límite que no existe en ningún país desarrollado de la banca nacional que ha sido sustituida por entidades extranjeras que controlan 90% del sistema de pagos y prácticamente la totalidad de los ahorros de los trabajadores; así como la reducción del gasto público a 24% del pib lo que resulta en un Estado impotente para fomentar el crecimiento económico y reducir la desigualdad, que es una de las mayores en el mundo.
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Los fines de México en el siglo xxi Para poder soñar con un México diferente en el futuro, primero se tiene que despertar de la pesadilla. México tiene el imperativo de recuperar su proyecto histórico de desarrollo. Ante la pérdida de poder nacional frente a entidades y procesos que no están comprometidos con un pacto de desarrollo nacional, México se debe proponer ser una potencia económica tecnológico-industrial, sobre la base de sus propios méritos y capacidades, para garantizar los derechos humanos individuales y colectivos de los mexicanos. La recuperación del poder nacional requiere el fortalecimiento y vigencia de la rectoría del Estado en un marco democrático que permita formular de manera corresponsable un proyecto de desarrollo nacional en función del interés de los mexicanos, que disponga de los recursos, facultades legales, instituciones y políticas de Estado que garanticen su plena realización. En virtud de que no existe soberanía política sin soberanía económica, México requiere restablecer y fortalecer todas aquellas condiciones que le permitan ser una potencia económica, es decir, la capacidad de satisfacer las necesidades sociales, de educación, empleo y bienestar sobre la base del trabajo, los recursos, las instituciones y empresas de capital nacional que las lleven a cabo.
Decisiones fundamentales para que México sea potencia económica en el siglo xxi • Reconocer la inviabilidad e injusticia del actual orden social que conduce al imperativo de su superación por una vía política y democrática. • El fortalecimiento del régimen político con la participación corresponsable de la sociedad, que permita la deliberación y acuerdo sobre un nuevo pacto social de producción y distribución de la riqueza y el ingreso, que además redefina nuestro papel ante la economía global. • Establecimiento sobre bases constitucionales de un consejo económico social y ambiental en el que participen las organizaciones económicas nacionales, sindicatos, organizaciones campesinas, colegios profesionales y por supuesto las entidades federativas. • Reconstrucción de una banca de fomento de capital nacional que aumente su presencia a 80% de los mercados. • Aplicación estricta de la Constitución en lo que se refiere a la explotación de los hidrocarburos, la prestación del servicio público de energía eléctrica y las áreas económicas estratégicas. Lo anterior sobre la base de una política energética integral que sustituya la actual dependencia de los hidrocarburos y avance hacia una mayor participación de las energías renovables.
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• Administración del comercio exterior e interior en función de los requerimientos del desarrollo nacional, y la rentabilidad y competitividad de las empresas nacionales. • Elevación del poder adquisitivo del salario por arriba de la inflación sobre la base del desarrollo tecnológico, la innovación y el aumento de la productividad de todos los factores, con el fin de fortalecer el mercado interno y convertirlo en motor de crecimiento. La incorporación de la dimensión sectorial y regional al proceso de planeación e implementación de políticas públicas, dándole particular atención a las pequeñas y medianas empresas productivas. • Promover la recuperación del sector rural mediante el impulso al desarrollo agropecuario y el logro de la seguridad alimentaria. • Aplicación de una política financiera que promueva la inversión en el sector agropecuario, en industrias y regiones prioritarias, buscando la generación de empleos, las exportaciones con mayor valor agregado nacional, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como el cuidado del medio ambiente. La implementación pragmática de una nueva política comercial que permita defender de manera efectiva a la producción nacional eficiente de la competencia desleal, y que promueva la incorporación de materias primas y componentes nacionales competitivos. La orientación de la inversión extranjera directa hacia objetivos de desarrollo nacional promoviendo flujos adicionales de nuevas fuentes, y un mayor “efecto aprendizaje” tecnológico y comercial para fortalecer capacidades nacionales. • Recuperar la capacidad de regular la inversión extranjera directa hacia los objetivos nacionales y el poder del Estado de utilizar las compras de gobierno para el desarrollo del mercado interno, la tecnología y las empresas de capital nacional. La industria del futuro debe ser eficiente en el uso de energía, agua y otros recursos naturales y cuidar del medio ambiente en sus procesos y productos, con la participación activa del gobierno, empresarios y ciudadanos. Es urgente un pacto social que permita una reforma fiscal integral en el que todas las personas físicas y empresas tributen de manera análoga a lo que contribuyen en países desarrollados, y que permita que la renta petrolera se destine en 75% a la inversión.
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mesa de política fiscal Coordinación José Luis Genel García Participantes Jesús Alberto Cano Vélez
Jorge Chávez Presa
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez
Alfredo Phillips Olmedo
Gabriel Reyes Orona
Raúl Sánchez Kobashi
Relatoría
Luis Rodrigo Genel Castañeda
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relatoría Luis Rodrigo Genel Castañeda
Contexto El objetivo de esta mesa fue responder dos preguntas: ¿cuáles deben ser las metas de la Reforma Hacendaria que requiere México de manera urgente?, ¿qué papel debe jugar un mayor esfuerzo fiscal en el desarrollo nacional?
El debate • En primer término, los integrantes de la mesa se propusieron utilizar el término de política hacendaria. • Se definió que el objetivo principal del debate en esta mesa era presentar propuestas de política hacendaria para que México pueda crecer con equidad, en un entorno de estabilidad y sustentabilidad. • En ese sentido, se estableció que es posible y deseable alcanzar las siguientes metas: − Aumentar el crecimiento histórico de 2-3% proyectado para el 2012, a 6% en tres años, con estabilidad a largo plazo. − Generar cuando menos un millón de empleos. − Promover el incremento de la inversión por lo menos a 30%, integrando alrededor de 22% de inversión privada, incluyendo la extranjera y 8% pública, lo que requiere un esfuerzo fiscal de cuando menos cuatro puntos porcentuales en cada rubro. − Gestionar, de acuerdo con la nueva legislación, asociaciones público-privadas y programas y proyectos públicos de servicios financiados por el sector privado. − Utilizar el déficit estructurado e incorporarlo en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y Presupuesto. − Emplear toda la deuda pública para generar proyectos de inversión.
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− Promover una reforma tributaria con el fin de elevar los ingresos del gobierno federal y estructurar los precios y tarifas de los servicios públicos, para mejorar el perfil de los ingresos gubernamentales. − Alcanzar entre 30% y 32% de Presupuesto de Egresos de la Federación como porcentaje del pib. • Se dijo que para lograr lo propuesto anteriormente, se requiere, entre otras, realizar las siguientes acciones: Por el lado de los ingresos: − Llevar a cabo una reforma impositiva con criterios de progresividad, universalidad, con ampliación de la base impositiva con esquemas de cumplimiento simples, evitar la duplicidad, reducir costos en la captación, eficiencia fiscal, incentivos apropiados, así como eliminar políticas públicas que se contrapongan con el sector informal. − Revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, eliminando su contenido tributario. − Transparentar los subsidios otorgados por el gobierno federal, en especial a las gasolinas, la electricidad y el gas. Analizar el esquema de flexibilizar los precios de la gasolina, de acuerdo con los movimientos internacionales del precio del petróleo; en un formato similar para el precio del gas y proponer recaudación directa sobre la venta de la gasolina. − Estudiar las posibilidad de duplicidades del Impuesto sobre la Renta (isr) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (ietu). − Definir un Impuesto al Valor Agregado (iva) generalizado paulatinamente, buscando el mejor uso y el destino óptimo, en términos de distribución de ingreso a programas como el seguro social universal, asignando una tasa cero a 18 productos de consumo básico e incrementando en mínimo porcentaje a lo largo de los próximos años, homogeneizar la tasa del iva a nivel nacional (excluyendo tarifas diferenciadas fronterizas). − Utilizar la deuda que actualmente se ubica cercana a 40%, debajo de una zona de confort de 60% del pib, recomendada por organismos internacionales. − Cuidar que el crecimiento en el servicio de la deuda no pase el crecimiento del pib. − Proponer reglas más estrictas y transparentes en cuanto al manejo del servicio y el stock de la deuda. − Atender que la deuda del sector privado sea congruente con el crecimiento de la economía, para evitar problemas como los recientemente sucedidos en Europa, causados por el endeudamiento privado, principalmente.
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Evitar el financiamiento de posibles quebrantos del sector privado con deuda pública (tipo el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, fobaproa). − Utilizar los remanentes del Banco de México que resultan de las diferenciales en el tipo cambiario para inversiones. Por el lado de los egresos: − Rediseñar de forma integral la política de gasto público, evitando el sentido inercial del presupuesto. − Definir con claridad los programas para los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. − Ofrecer potestades tributarias a entidades federativas y municipios. − Promover reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. − Utilizar el gasto como un instrumento de promoción fiscal, desarrollo sectorial, equilibrio productivo y de subsidios progresivos. − Reducir el gasto corriente y promover mayor gasto de inversión. − Consolidar el sistema de presupuesto con base en resultados y definir con claridad los indicadores de desempeño de programas y proyectos. Instrumentar presupuestos multianuales. − Realizar actividades de fiscalización del ejercicio del gasto durante el año fiscal. − Dar más facultades a los órganos fiscalizadores para sancionar los desvíos en el gasto público, en especial a la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública y órganos internos de control, entre otros. − Fortalecer el marco de transparencia para la propiedad o seguimiento en el gasto gubernamental.
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polĂtica fiscal
ponencias
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política hacendaria José Luis Genel García
La política hacendaria integra tres grandes instrumentos: • Política fiscal. • Presupuestaria. • Deuda pública: se integra por el nivel de la deuda y el servicio de la misma. Aquí se plantea cómo se impactan las variables macroeconómicas con los ajustes a las políticas citadas, en especial en el crecimiento del Producto Interno Bruto (pib), en la demanda agregada, en la inflación, en la inversión pública y privada, en la creación de empleo y en la distribución del ingreso. Además se presentan algunas interrogantes sobre las relaciones entre las citadas variables con el fin de alcanzar objetivos definidos, como crecimiento cercano a 6% del pib anual, creación de un millón de empleos y estabilidad de precios. Después de 12 años de estancamiento, ya que México ha crecido menos de 2% anual, y la población ha aumentado en porcentaje similar, es necesario replantear el modelo conservador que se ha seguido por las actuales autoridades hacendarias. A falta de crecimiento no se han generado tampoco los empleos que se requieren, por lo que buena parte de la oferta de trabajo ha emigrado ilegalmente, con el principal socio comercial, los Estados Unidos, aunque recientemente por la política de endurecimiento de las medidas migratorias de ese país, y su situación de recesión económica, se ha reducido el número de personas que cruzan la frontera norte, lo que se ha reflejado en un incremento notable en la tasa de desempleo en México. Otro factor que ha producido el actual esquema de política hacendaria es el incremento en el número de pobres de nuestro país, más de 50 millones de mexicanos se encuentran en esta condición y cerca de 25 millones de éstos se ubican en el grado de pobreza extrema, especialmente de precariedad alimentaria. Por ello es imperativo cambiar drásticamente el contexto de la política hacendaria.
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política fiscal
En primer lugar, se tiene que llevar a cabo un gran esfuerzo fiscal por parte de las autoridades hacendarias, para ordenar la captación de ingresos adicionales a los que actualmente se logran, que son aproximadamente de 20% del pib; la meta debe ser de alrededor de ocho puntos porcentuales adicionales del pib; entre otros, ampliar la base de recaudación, es decir, incluir a los evasores; una reorganización de los impuestos, revisando el iva para incluir los productos de la canasta de consumo básico, de una manera selectiva y poco significativa (hasta alcanzar un máximo de 3% para reorientar la captación a programas sociales; revisar la factibilidad de la aplicación del ietu; analizar los regímenes especiales y ordenar los otros impuestos, como el ieps, isr, isan, ide, para tener claridad, y transparencia en su aplicación. Ajustar en un marco de justicia social, los derechos sobre los servicios que presta el Estado, el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público, así mismo, consolidar como fuente de ingreso a los aprovechamientos, en especial las multas y las concesiones. Otra fuente de ingresos proviene de los precios y tarifas que se definen para las entidades paraestatales, por lo que es necesario estudiar la factibilidad de las mismas, buscar un precio sombra o de mercado flexible, que permita cubrir sus costos operativos, para lo cual se debe analizar el esquema de producción de cada una de las paraestatales, y que además les den el espacio suficiente para obtener utilidades a reinvertir para mantener la capacidad instalada e incrementarla. Es imperativo transparentar los esquemas de subsidios, en especial, los que se otorgan a los consumidores de insumos energéticos (gasolina, diesel, gas, electricidad), para evitar el dispendio y buscar una distribución más justa de los recursos federales. De forma complementaria y con el fin de cubrir las necesidades imperiosas de crecimiento y creación de empleo, es necesario definir una política de endeudamiento más flexible, enfocada en su totalidad a proyectos de inversión productiva, ubicar el flujo de la deuda en una cifra cercana a 2%, la que se ubica por debajo de la observada en los Estados Unidos, de 3%, y muy inferior al promedio de la ocde, cercana a 6%. Subir ligeramente el flujo del endeudamiento, tanto interno como externo con fines productivos, no es inflacionario, ni genera presión en la carga de deuda total sobre la población, ya que es autofinanciable y se refleja en incrementos notables en el crecimiento del pib, porque implica acumulación de capital y no gasto corriente. Cabe destacar que México mantiene una relación de deuda total a pib inferior a 40% lo que se considera saludable, por ello romper el paradigma de los conservadores de mantener la relación flujo de deuda a pib en menos de 1%, la deuda adicional, reitero, debe ser para fines de incrementar la productividad. Otra reforma que debe realizarse a fondo es la presupuestaria, ya que el tamaño del Presupuesto de Egresos de la Federación se ha mantenido en las últimas dos administraciones en un rango cercano a 20% del pib, por lo que no se ha utilizado el Presupuesto de Egresos de la Federación, como instrumento de crecimiento, como motor de desarrollo. Para ello es necesario el monto a 30% del pib y dinamizar el ejercicio del gasto gubernamental, utilizarlo como un verdadero promotor para la generación de inversión pública y
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privada, en especial bajo los nuevos esquemas de Asociaciones de Proyectos Público-Privados y Proyectos de Servicios con Participación Privada. El esfuerzo debe considerar un incremento sustantivo en la inversión pública, cuando menos de cuatro puntos porcentuales del pib, y ofrecer los instrumentos necesarios para que la inversión privada crezca en la misma proporción, ello redundará en crecimiento del pib y en la generación requerida de empleos. Otro factor necesario para mejorar el perfil del presupuesto es el de reducir el gasto corriente, en especial en servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, buscando optimizar las asignaciones autorizadas, con esquemas de licitaciones transparentes. Finalmente, reorientar el presupuesto de las entidades del sector público, en especial pemex, cfe, imss e issste, con el fin de canalizar recursos a capítulos de inversión productiva que permitan generar ingresos propios adicionales en esquemas de austeridad administrativa. Será necesario, asimismo, reubicar las asignaciones presupuestarias a las entidades federativas y a los municipios, para elevar la relación de estos recursos con respecto al total del Presupuesto de Egresos de la Federación, con el fin de buscar un verdadero desarrollo regional, de acuerdo con las vocaciones y competencias de los estados y ayuntamientos, promoviendo un mayor esfuerzo fiscal en el ámbito estatal y local para incrementar los ingresos y, por ende los presupuestos de dichos órdenes de gobierno. Así, podrá llegarse al México en que se sueña, crecimiento cercano a 6%, más de un millón de empleos anuales generados y estabilidad en el nivel de precios, con más productividad, mayor ingreso per cápita, un mejor posicionamiento de la economía a nivel mundial, procurando alcanzar uno de los 10 primeros lugares en pib, y un impacto altamente favorable en las variables sociales, con una mejor distribución del ingreso, en un entorno de desarrollo regional equilibrado y sustentable.
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política fiscal Alejandro Gutiérrez Gutiérrez
Antecedentes La estabilidad macroeconómica y la política fiscal no han sido efectivas en superar la mediocridad del crecimiento económico. La tasa de desocupación ha pasado de 3.9% en el primer trimestre del 2005 a 5.6% en el tercer trimestre del 2011. El ingreso laboral deflactado con el índice de precios de la canasta alimentaria ha disminuido en más de 15%. La población en situación de pobreza ascendió a 46.2% en 2010, lo que representó 52 millones de personas. En comparación con 2008, significó un aumento de 3.2 millones de personas conforme a datos de coneval en 2011. El índice de Gini, que mide el nivel de desigualdad en los ingresos, se incrementó entre 2006 y 2010, subió de 48.1 a 50.9, un incremento de 2.8 puntos en cuatro años en estándares internacionales que es de los mayores incrementos en un lapso tan corto.
Metas económicas para México Restablecer la competitividad de la economía nacional en los índices globales, a partir del fortalecimiento de la capacidad del Estado para fomentar una economía competitiva en sus mercados internos y en los mercados internacionales, la reindustrialización de México sobre la base de la innovación y el conocimiento, con tecnologías limpias, un capital humano competitivo y una infraestructura de desarrollo moderna. Recuperar la capacidad de crecer de manera sostenida a tasas superiores al 6%. Una Reforma Hacendaria integral que garantice la viabilidad de las finanzas públicas, el desarrollo y la cohesión del país, al asegurar las capacidades del Estado en la promoción del desarrollo, la seguridad pública, la certeza jurídica y el bienestar de la población.
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Generar en un plazo de tres años, más de un millón de empleos formales, con mejoras constantes y medibles en los salarios reales de la población y en la contención de la economía y el empleo informal. Erradicar la pobreza extrema en un plazo de seis años y lograr una reducción significativa en la desigualdad en el ingreso y a nivel regional.
Objetivos para México Crecer con equidad, generar más empleos de calidad, mejores salarios reales, menos pobreza y desigualdad, y obtener estabilidad financiera. Establecer un nuevo orden de prioridades inmediatas, en el cual los motores del desarrollo sean las fortalezas internas, el papel estratégico de las empresas públicas y la competitividad nacional sobre la base del impulso a la economía del conocimiento y el desarrollo sustentable. Consolidar un Estado activo con las capacidades financiera, técnica y humana necesarias para cumplir sus obligaciones sociales y hacer posible una economía competitiva, innovadora y distributiva del ingreso, con instituciones capaces de garantizar una vida digna, productiva y segura. Mercados competitivos con reglas equitativas y transparentes garantizadas por órganos reguladores autónomos, como base de una economía dinámica, capaz de generar empleos de calidad en forma sostenida y garantizar precios de bienes y servicios accesibles para el sector productivo y los consumidores. Ampliar los instrumentos de participación de los sectores productivos y sociales en la toma de decisiones y evaluación de la política económica, con instrumentos de información que garanticen la absoluta transparencia y la rendición de cuentas.
Principios para terminar con la mediocridad y el rezago económico y social Crecimiento sostenido con igualdad. Incentivar la inversión por medio de la certeza jurídica y fiscal de largo plazo, así como la estabilidad institucional de los criterios, en aquellos sectores sujetos a regulación. Un nuevo modelo de desarrollo, con tres elementos: • Que preserve la estabilidad, sin sacrificar el crecimiento económico con igualdad. • Fortalecimiento del mercado interno y de la productividad de la planta productiva nacional. • Un nuevo equilibrio entre Estado, mercado y sociedad.
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• Abatir el diferencial de tasas activas y pasivas. Una reducción en el margen en tasas de interés entre 0.2 y 0.5 puntos porcentuales está asociada con un incremento de 1% en el pib. Reconstruir la Banca de Desarrollo, desmantelada desde hace más de 11 años, que debe de reorientar el crédito de fomento a empresas excluidas del sistema bancario comercial. Independencia, transparencia y contrapeso judicial de los organismos reguladores de la actividad económica. Las asociaciones público-privadas deben evitar transformar fracasos privados en deuda pública. Son persistentes las elevadas tarifas eléctricas a los usuarios medios comerciales e industriales, y el subsidio generalizado a los consumos domésticos bajos y medios. Se requiere el procurar incentivos para la eficiencia de cfe y no transferir sus ineficiencias a los usuarios mediante tarifas. En telecomunicaciones, la actual política regulatoria tiene características de una política industrial basada en principios de proteccionismo selectivo, que distribuye exclusividades y administra la entrada de nuevos competidores. El cambio tecnológico puede lograr lo que los reguladores han sido incapaces. Se insiste en instrumentos regulatorios que inhiben la inversión en capital, no se permite la inversión extranjera en todo el sector, no se libera una cantidad suficiente de espectro, no se tienen responsabilidades de cobertura social para todos los operadores y no se permite la libre concurrencia de todos los operadores a servicios convergentes de banda ancha; todo ello sólo provoca que las redes existentes tengan una menor productividad de la que deberían tener con la actual tecnología.
Abatimiento de la corrupción como parte de la Reforma del Estado La incidencia de la corrupción tiene un costo fiscal y un costo social que debe reconocerse como freno al crecimiento y con perjuicio patrimonial a la sociedad en su conjunto. La actual burocracia creada para minimizar las posibilidades de corrupción en el sector público, se ha mostrado incapaz de identificar y penalizar los casos en forma efectiva. Su actual diseño se debe reformar a fondo. Si éstas fueran evaluadas por los indicadores de corrupción, tales entidades de control deberían diagnosticarse como inoperantes y con el solo efecto de incrementar el gasto público, sin generar ningún beneficio social. Conforme al Índice de Transparencia Internacional, México se ubicaba en el año 2000 en el lugar número 59, en el último reporte se ubica en la posición 100 de 183 países. En 11 años, la percepción de la corrupción en México ha empeorado el equivalente a 41 posiciones. Los recientes casos hechos públicos en cfe, pemex, imss, el caso Coahuila-Walmart, etcétera, demuestran la prevalencia de los actos de corrupción en todo nivel de gobierno.
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La movilización de recursos producto de actos de corrupción por parte de funcionarios en los diferentes niveles de gobierno, demuestra la ausencia de fiscalización de los recursos públicos, de los ingresos de los funcionarios, del uso de las entidades públicas y de tráfico de influencias como vehículos de lavado de dinero. Es tiempo de que el auditor sea la sociedad, que sean entidades u organismos ciudadanos independientes los que transparenten la gestión de los recursos fiscales de los estados, por medio de facultades de compilación y difusión de indicadores de las fianzas públicas estatales y municipales, ejecución de análisis beneficio-costos de proyectos financiados por endeudamiento, y la evaluación del control presupuestal de tales proyectos públicos durante su ejecución. Que establezca la adecuada rendición de cuentas y cero tolerancia a los actores de actos de corrupción. Si no se promueven reformas dirigidas a acabar con la corrupción y los privilegios, todo será nuevamente una utopía.
Criterios fiscales y Reforma Hacendaria La Ley de Ingresos es también una “ruleta rusa fiscal”, ya que sólo afecta a ciertos sectores para completar los recursos públicos. No se debe modificar el entorno impositivo cada fin de año, por lo tanto, es necesario eliminar la Ley Anual de Ingresos para dejar de depender de los diputados en turno y sus exigencias voluntaristas de recursos. Con la periodicidad anual de la Ley de Ingresos, no es posible que las empresas tengan una planeación de inversiones de largo plazo, como en otros países del mundo. La visión recaudatoria de corto plazo siempre va a sacrificar una mayor recaudación y una mayor estabilidad en un escenario fiscal estable multianual. Una mayor base tributaria conlleva menor carga fiscal. La eliminación de tratamientos especiales y privilegios fiscales implica requerir menor carga tributaria sobre la economía como un todo. Una menor carga tributaria y menores costos de cumplimiento implican mayor formalización de la economía. Mayor base y menos cargas implican mayor eficiencia recaudatoria y mayor simplificación en el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Tasas impositivas que no inhiban la inversión elevando el costo del capital. Es decir, considerar que la tasa de isr a las empresas no tiene un efecto neutro en la rentabilidad de los proyectos de inversión. El iva recauda 3.5% del pib (con tasa de 16%), mientras que Chile con una tasa de 19%, recauda 8% del pib (sólo tienen exención simple la educación, la salud y el autotransporte de personas, y una tasa reducida a la vivienda). Tasas diferenciadas de iva causan: costo fiscal en recaudación, incentivos a la evasión, distorsión en los precios relativos que derivan en decisiones de inversión no óptimas para la economía, costos de administración y planeación fiscal para el causante con múltiples tasas.
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La Reforma Fiscal no sólo debe extraer recaudación, debe de ser inclusiva de la población como base gravable. Una política hacendaria extractiva sólo ahoga la actividad económica y tienen de rehén a un sólo grupo de causantes en perjuicio de su bienestar e incentivos de crecimiento. En el 2006, los ingresos totales del Gobierno Federal fueron de 21.8% del pib, y en el 2011 de 22.2%, es decir, los ingresos totales se han mantenido constantes, a pesar de mayores tasas impositivas y nuevos gravámenes la recaudación se ha mantenido constante. El gasto total ha pasado de 22.8% del pib en 2006 a 26.2% en el 2011. El crecimiento del gasto total no corresponde a la estabilidad de los ingresos del Gobierno Federal. El fmi estima que entre 20 y 30% el pib es el tamaño de la economía informal y abarca 30% de la población ocupada. Tales magnitudes deben reconocerse como un costo de oportunidad en recaudación. Mayores tasas impositivas y mayores costos de cumplimiento sólo incrementan el tamaño del sector informal y no incrementan recaudación. De acuerdo con el reciente World Competitiveness Report 2012, México (lugar 17) tiene una recaudación tributaria total respecto al pib menor que Chile (lugar 19) y Brasil (lugar 25). Una menor recaudación por impuestos indirectos ocupando el lugar 20, que países como Perú (21), Chile (23) y Brasil (34). De forma semejante, en la recaudación por impuestos sobre el ingreso a personas físicas en la posición 16, menor que Brasil (20) y Colombia (26) y respecto a la recaudación sobre el ingreso de empresas en donde México ocupa el lugar 10, menor que la de Brasil (24), Perú (39) y Chile (48). En el mismo reporte señalado anteriormente, se califica el esfuerzo para evitar la evasión fiscal con 3.5 de una escala del 1 al 10. Mientras a Brasil se le evalúa con 5.6 y con 8 a Chile. El desempeño de la recaudación tributaria en México tiene 11 años de estancamiento, tal desempeño exige una Reforma Hacendaria que eleve la recaudación, de tipo incluyente y no extractiva, evitando los efectos adversos en incentivos a la inversión y protegiendo a la población de menores ingresos.
Desempeño de la Recaudación Tributaria (% del pib) Año
Recaudación no petrolera
2001 2007 2009 2011
13.7 14.4 13.9 14.2
IVA
ISR-IDE-IETU
3.3 3.6 3.4 3.5
4.8 4.9 5.0 4.9
Fuente: ocde Statistics, shcp e inegi.
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reflexiones con rumbo
Una Reforma Fiscal debe ser intensiva en la formación de incentivos para disminuir la evasión y la elusión, así como formalizar las transacciones comerciales en la economía. Tal enfoque es consistente con el enfoque moderno de política fiscal, donde los efectos recaudatorios se basan en la formación de incentivos para generar ingreso gravable y los efectos en el tiempo de menores tasas impositivas sobre la inversión y el empleo; y la estabilidad del entorno impositivo a favor de la planeación de inversiones de largo plazo. Una Reforma Fiscal debe tener como objetivos: disminuir los costos en los que incurren los causantes, las personas físicas y morales, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por la existencia de diferentes mecánicas de gravamen sobre el ingreso; integrar los elementos de control con los que fue justificado originalmente el ietu al mecanismo del isr; eliminar los factores desalentadores para la creación de empleos, el esfuerzo laboral y la inversión en capital por medio de su efecto sobre el costo del capital y la penalización por el uso de crédito; unificar la tasa del iva con excepciones simples al consumo, considerando los efectos en el consumo de los que menos ingreso tienen; ampliar el universo de contribuyentes por medio de la disminución de los tratamientos diferenciados y la disminución en el costo de cumplimiento.
Perspectivas en hidrocarburos Es evidente que la dependencia de los ingresos petroleros es cada vez más importante, cuando debería ser lo contrario. En el 2000 nuestra dependencia era de 33% de nuestros ingresos y para el año 2011 fue de cerca de 40%. A lo largo del 2012, los precios de la mezcla mexicana de petróleo se han mantenido por encima de los 100 dólares por barril (dpb), lo que significa que el gobierno recibe mayores ingresos que en 1999, cuando tenía un precio promedio de 20.88 dpb. Los mayores ingresos del precio del petróleo se han visto reflejados en el gasto y no en el bienestar de la población. Actualmente, se está iniciando una revolución energética basada en la explotación del Shale Gas, tal que se ha anticipado el inicio de la edad de oro del gas en la economía. Entre 2009 y 2011, la oferta recuperable de gas natural en los Estados Unidos se ha duplicado. El advenimiento de una nueva fuente no convencional de gas natural se ha derivado del cambio tecnológico desarrollado en la última década. Los recursos potenciales del Shale Gas en nuestro país representan un elemento fundamental de la planeación de largo plazo y fungen como un detonador de desarrollo económico, lo que permitirá la creación de empleos e infraestructura, con efectos positivos en sentido social, por la reducción de los precios de gas de uso doméstico y de las pequeñas y medianas empresas. Es complementaria para su explotación, la liberalización a la inversión en una red de ductos que haga posible el transporte del gas natural a las redes de distribución y a los usuarios finales ubicados en las zonas urbanas.
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En México se estiman 19.3 trillones de metros cúbicos de Shale Gas, por lo que nuestro país sería el tercero en el continente americano, después de los Estados Unidos y Argentina, y el cuarto a nivel mundial. México tiene potencial mundial de Shale Gas y la revolución energética del gas ha llegado. No se debe llegar tarde a la revolución y al advenimiento de la edad dorada del gas.
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reforma hacendaria Alfredo Phillips Olmedo
Ante los cambios en la economía mundial y los retos de la globalización, México se encuentra en un dilema: mantener la estabilidad a través de la toma de medidas de austeridad importantes, o generar empleos y crecimiento a través de la inversión, para salir de la crisis. La situación en la que se encuentra México no es muy favorable, en los últimos años no ha existido un crecimiento económico acorde con las exigencias del mercado internacional, existe un bajo crecimiento comparado con América Latina, un persistente desempleo y carencias, tanto en infraestructura como en competividad, así como un crédito escaso y caro. Estos factores necesitan solucionarse a través de una Reforma Hacendaria integral la cual incluya una reforma fiscal recaudatoria, así como unas reformas presupuestal y del sistema financiero eficientes. A través de estos cambios y reformas, el objetivo es tener un crecimiento económico aproximado de 6% anual, crear un millón de nuevos empleos y lograr un equilibrio macroeconómico a mediano plazo. El objetivo primordial de una Reforma Fiscal es asegurar al Estado los ingresos necesarios para promover el desarrollo económico del país, en estos momentos, México tiene una carga tributaria inferior a los países de la ocde y a muchos países latinoamericanos. Los ingresos federales apenas representan 20% del pib. Para lograr esta importante reforma es necesario aumentar la recaudación, ampliar la base tributaria, lograr un mejor balance entre los impuestos directos como es el isr y los indirectos como el iva, y reducir la evasión fiscal por medio de la eliminación de tratamientos especiales, a través de una certidumbre jurídica. Si se establece un isr justo, se equilibrará la carga fiscal de forma que los que ganan más, paguen más, y así la clase media y los grupos de menor ingreso se verán protegidos y la evasión fiscal podría disminuir. Esta reforma deberá incluir a los estados y municipios, ya que su ingreso depende de las transferencias federales en aproximadamente 88%, con esta reforma deberán revisarse las facultades tributarias y obligaciones de gasto tanto de la federación, los estados y municipios.
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La valoración del aumento al impuesto predial deberá realizarse cuidadosamente a través de la mejora de los registros y la organización efectiva del catastro, actualmente el ingreso federal por este impuesto es apenas 0.02% del pib. La reducción del subsidio al pago del agua, lograría dos mejoras importantes, la principal sería el uso responsable del vital líquido y la segunda, un aumento en la recaudación por el pago de este servicio. Es necesario complementar esta reforma con otra de tipo financiero, pues sin crédito no puede existir financiamiento para darle impulso al crecimiento. Este crédito tan necesario debe orientarse adecuadamente, para que las instituciones logren ser productivas. El trabajo conjunto de Banxico, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (cnbv), será de vital importancia para regular la capitalización, el otorgamiento de créditos y la distribución equitativa del ingreso federal en todo el territorio nacional. No deberá perderse de vista el derecho de la ciudadanía a conocer en qué se gastan los impuestos recaudados por el gobierno, quien debe entregar cuentas claras y diseñar un presupuesto que evite el derroche, los gastos excesivos y superfluos del aparato burocrático y dirigir los fondos hacia programas asistenciales y al fortalecimiento de la industria y la creación de empleos que generen una mejora en el nivel de vida de sus ciudadanos.
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servicio de administración tributaria Raúl Sánchez Kobashi
La vida en México ha seguido una ruta marcada por el cambio, se ha convertido en el signo de estos tiempos, conductas y actitudes que por años se juzgaron como naturales e incuestionables, van quedando eliminadas por las nuevas formas de actuar y pensar. El desarrollo nacional ha contemplado entre muchas, la transformación de la administración tributaria por ello, el Autor abordará la creación del Servicio de Administración Tributaria (sat), mismo que constituye una de las acciones más profundas y permanentes de reforma y modernización del sector público. La Reforma de la Administración Tributaria surgió como una respuesta a la necesidad inaplazable de asegurar una base adecuada y estable de recursos fiscales, y de hacer frente a los compromisos y transformaciones derivadas del tlc, el comercio electrónico y otros muchos hechos económicos de gran relevancia para nuestro país. En ese contexto, era imperativo asegurar la integridad y la eficiencia de la recaudación de impuestos, para ello, fue importante que la autoridad fiscal a cargo de la aplicación de la legislación en la materia y la recaudación de contribuciones, se convirtiera en un organismo descentralizado, moderno y autónomo, con funcionarios formados en un servicio civil. El sat ha buscado observar y asegurar la aplicación correcta, eficaz, equitativa y oportuna de la legislación fiscal y aduanera, así mismo, promover la eficiencia de la administración tributaria y estimular el cumplimiento por parte del contribuyente, de sus obligaciones. A 15 años de la creación del sat, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con carácter de autoridad fiscal y con autonomía de gestión presupuestal y técnica, ha cumplido casi todos los objetivos para los que fue creado. Ha delimitado parcialmente el ámbito de la política tributaria, asignando el diseño de ésta a una responsabilidad específica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no del órgano encargado de la administración tributaria, el cual cuenta con suficiente autonomía técnica y administrativa. Ha logrado fortalecer el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales, haciendo énfasis en las acciones preventivas, como la simplificación, la asesoría y la orientación, y sobre
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todo, el rediseño de los sistemas de información, faltando aún mucho por hacer en la educación al contribuyente. Se han modernizado y optimizado los procesos recaudatorios y fiscalizadores mediante esfuerzos profundos de reingeniería y actualización de sistemas. Se ha logrado elevar la calidad de los servicios y atención al contribuyente, utilizando precisamente la innovación tecnológica e informática y estimulando una nueva filosofía de trato al contribuyente, mediante programas de calidad en el servicio. Un poco a la saga ha quedado la profesionalización y especialización de los funcionarios fiscales, mediante un servicio de carrera idóneo para la institución, ya que desde el año 2000, la puesta en marcha del servicio fiscal de carrera fue un paso decisivo para la modernización del sistema de administración tributaria de México, para enfrentar el reto de fortalecer ingresos públicos y dar mayor estabilidad a las finanzas públicas. Es evidente que es necesario contar con mayores ingresos para que el Estado cumpla satisfactoriamente con la tarea de seguir promoviendo el desarrollo de México, mediante un mayor gasto en salud, educación, infraestructura básica, desarrollo rural, combate a la pobreza, seguridad pública, entre otros, y esto no se va a lograr sin antes resolver por completo el reclamo de la sociedad de mejorar la administración tributaria. Es indiscutible que, a pesar de los avances que se han tenido y que son muchas las acciones de reforma y modernización de la administración tributaria, a lo largo de estos 15 años sigue siendo prioritario realizar acciones de fondo para vencer problemas e inercias que impiden una recaudación sana de los impuestos, así como el nivel relativamente bajo de cumplimiento de obligaciones fiscales, y todavía hay mucho que hacer en las deficiencias relacionadas con esquemas burocráticos complejos, la falta de información al contribuyente, así como la educación y asistencia al mismo. Continuar el proceso de la modernización de la administración tributaria (entiéndase, modernización como los cambios que día a día, de toda actividad en la vida) implica seguir reflexionando en aspectos tan importantes como el tamaño del Estado, la desregulación y simplificación administrativa, la descentralización y desconcentración de funciones y facultades a los estados, que éstos cobren más impuestos y se endeuden menos, el servicio a la comunidad (contribuyentes y no) y la redefinición de las relaciones entre la sociedad, los servidores públicos y los poderes del Estado. Así pues, es importante que el sat continúe con su espíritu y vocación para el que fue creado, para lograr que los contribuyentes mexicanos paguen impuestos con mayor simplificación, como una norma de vida, y reciban permanentemente la asesoría y orientación por parte de la administración fiscal, logrando así una cultura contributiva que traerá como consecuencia una recaudación que esté al nivel de los parámetros mundiales. México requiere que en los retos que enfrentamos en materia de administración tributaria exista un trabajo coordinado entre todos los sectores, ya que no puede haber un desarrollo sin el uso eficiente, transparente y apegado a derecho, de los recursos con que los ciudadanos contribuimos al gasto público, por mandato constitucional.
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mesa de política exterior. méxico, américa del norte y asia Coordinación Carlos Jiménez Macías Participantes J. Alberto Aguilar Iñárritu
José Carreño Figueres
Jorge Flores Kelly
Mateo Lejarza Leo
Leopoldo Michel Díaz
Eddie Varón Levy
Relatoría
Carlos Alberto González
Susana Martínez de la Borbolla
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relatoría Carlos Alberto González Susana Martínez de la Borbolla
Contexto Los temas de esta mesa tienen como eje articulador varias preguntas en el marco actual de la globalidad: ¿América del Norte es un bloque o una sociedad comercial de vecinos distantes y, en su caso, cuáles son las ventajas o desventajas de no serlo o cómo podría ser lo primero?, ¿México se autocomprende como un país integrante de América del Norte o todavía no?, ¿hasta cuándo?, ¿la relación de México con Asia, en particular con China, debe definirse en términos bilaterales o en el contexto de su carácter de país norteamericano?, ¿cuál será, en este sentido, el impacto de la entrada de México a la Trans-Pacific Partnership Agreement (tpp)?, ¿cuál es el estatus de la relación de México con los países que conforman las amplias zonas definidas en el nombre de la mesa? y ¿qué hacer para relanzar nuestra relación con ellas?
El debate • Desde un principio, los participantes coincidieron en la urgente necesidad de replantear la política exterior con fundamento en los muchos desaciertos que exhibe la política exterior mexicana de los últimos años. Éstos se han expresado no sólo en la pérdida de liderazgo de México en América Latina, sino también en la indefinición y pésima operación que el país tiene al interior de su contexto principal: América del Norte. • Se habló además de la ineficacia de su relación con las otras potencias emergentes, especialmente, de los denominados brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y en la absoluta ausencia de vínculos reales con países de Asia-Pacífico, entre otras muchas cuestiones negativas en materia de organismos multilaterales. • Se comentó igualmente, el debilitamiento en general de la estructura de la Cancillería, a nivel de las representaciones diplomáticas y, recientemente, de conflictos innecesarios y muy mal manejados, como ha sucedido con Francia o la pésima gestión de tema de las visas canadienses y el maltrato a turistas mexicanos en España.
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• Se señaló también la vergüenza que implica la grave vulneración de los derechos humanos de los emigrantes provenientes de los países hermanos del sur que cruzan nuestro territorio. • Se dijo que el Servicio Exterior se ha convertido en una inocua burocracia y que, para ciertas cosas, es mejor traer gente de afuera; sin embargo, el Servicio Exterior Mexicano, puede y debe recuperar su gran prestigio de antes. Debe modernizar su comprensión de México en el mundo, comenzando por incorporar en ella a parte de sus grandes abandonados como, por ejemplo, las empresas trasnacionales mexicanas: Cementos Mexicanos (cemex), América Móvil, Grupo Industrial Maseca (gimsa), entre otras. • En primer término, se consideró de vital importancia, no sólo terminar de entender a los Estados Unidos, cuestión que México no ha logrado del todo, aún siendo su vecino y principal socio comercial, destino de la emigración mexicana y lugar de residencia de nuestros paisanos, —una de las más grandes diásporas del mundo—, entre otros aspectos. Tampoco los mexicanos se comprenden a sí mismos en el marco de esa relación y además carecen como gobierno y como país de una visión, propuesta o proyecto para América del Norte. En síntesis, no ha respondido la importante pregunta de ¿qué hacer o qué hace con su pertenencia a América del Norte? • Se señaló que lo anterior explica en buena medida, entre otras cuestiones, las grandes insuficiencias de la seguridad nacional respecto de la frontera norte, no sólo en su comprensión, sino en su operación, para lograr una frontera segura. Es esa ausencia de un verdadero organismo de Estado, responsable de la seguridad nacional, con parámetros propios, además de la manifiesta indefinición ante los Estados Unidos y América del Norte en general, lo que hace que la Cancillería y el gobierno en general reaccionen en esta materia, en lugar de accionar con criterios propios. • Para los Estados Unidos, la economía es un asunto de seguridad nacional, en cambio en México, es unidimensional. México debe aprender a jugar con Washington, para hacer valer sus opiniones. Por ejemplo, la Drug Enforcement Administration (dea) y todas las agencias estadounidenses, al final juegan de acuerdo con sus intereses. • Se mencionó que en la actualidad no se hace cabildeo, hay que hacerlo o pagar el precio. La Cancillería gasta su presupuesto en rentas y sueldos, incluso el Instituto Federal Electoral (ife) tiene más presupuesto que la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre). También los centros de estudios de México-Estados Unidos deben empezar a hablar de otras cosas. Antes, con Salinas, México tenía un excelente cabildeo en los Estados Unidos. México debe tener acuerdos petroleros con América Central y el Caribe. • Se comentó que otro ejemplo de ello es la ausencia de un instituto de inmigración autónomo, con patrimonio propio, que opere en coordinación con las áreas de seguridad nacional mexicanas y norteamericanas, —Estados Unidos y Canadá—, así
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como centroamericanas y caribeñas, además de Colombia, Perú, los países andinos y Venezuela, y que cuente con atribuciones para la formulación de políticas públicas en la materia y para coordinarse con las áreas operativas responsables de las políticas interior y exterior. Su existencia contribuiría, sin duda, a lograr mayores avances en el proceso de la reforma migratoria en los Estados Unidos, en beneficio de muchos mexicanos, y también garantizaría una gestión apegada a derecho, —en particular, en las disposiciones sobre derechos humanos—, de la emigración que cruza por la frontera sur mexicana. Uno de los integrantes de la mesa, formuló varias hipótesis sobre los cambios globales, que hacen suponer que es muy difícil sostener el modelo imperial estadounidense, tal y como se conoció en el siglo xx, en particular a fines del ese siglo, después de la caída del Muro de Berlín. La globalización y los acuerdos de libre comercio ya existen, —ya no son un tema—, salvo el caso de la tpp. Sus fortalezas siguen siendo el dólar, la guerra, la tecnología de punta y la energía, y sus objetivos fundamentales siguen dictados por la expansión de sus empresas multinacionales, en un contexto de economía global dominante, donde la potencia europea se encuentra ahora en crisis. Sin embargo, el mundo tiende hacia una multipolaridad de bloques que relativiza el peso de todos y cada uno de ellos, aunque incrementa su interdependencia y eso exige reformular las estrategias de dominación. Se explicó además, que está en duda el modelo de globalización contemporánea con base en los mercados financieros. Se piensa que es urgente regularlo, hasta incluso demandar la creación de una comisión global de la verdad. Se necesita impulsar un segundo modelo de globalización, más cercano a las propuestas que se autodenominan de mundialización, de corte más cooperativo, y con un mayor énfasis en los factores que permitan avanzar hacia una mejor gobernanza del planeta, a partir de cerrar espacios a la discrecionalidad, tanto de los poderes fácticos como de los comportamientos irresponsables de algunos países, en materias financieras, energéticas o ambientales, por ejemplo. Se comentó que este es un momento muy bueno para México, que amerita de gran imaginación interior, para una actuación exterior más eficaz, donde se debe asumir que las mejores opciones para México se encuentran en apoyar al segundo modelo de globalización. En un contexto de redefinición, se dijo que hay que proponer un modelo global para los países emergentes, a través del diálogo social. Ya han habido movilizaciones alrededor del mundo buscando ajustes para estabilizar la economía y, sin duda, habrán mucho más, y cada vez con mayor profundidad. Se planteó que el modelo global alternativo que se presenta, habla de que vivimos una crisis, y no un caos, ya que a través de varias de las cumbres internacionales ha surgido una serie de valores, como los derechos de la mujer, sustentabilidad, libertad de religiones y ética, nuevas tecnologías, pacto global, que son las bases de los
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mínimos derechos sociales económicos y medioambientales que requiere el mundo en este siglo para su buen funcionamiento. El nuevo mundo tiene valores nuevos que hablan de cooperación internacional, en temas como las energías alternativas y la sociedad de la información, entre otros. Se mencionó que México necesita mejorar también en telecomunicaciones, producir contenidos en tres idiomas, crear una telefónica mexicana con influencia en la región cultural, con derechos de propiedad intelectual; así como en investigación científica y desarrollo tecnológico, puertos, industria aérea, aspectos laborales y ambientales. Se señaló además que, junto con los Estados Unidos y Canadá, —las distintas partes de Canadá—, México debe buscar crear una región integradora con dimensión, densidad y capacidad geopolítica y geoeconómica suficiente frente a las ventajas de Europa y de Asia. Es evidente que esta región implica una Norteamérica fuerte y como tal debe seguir avanzando por la ruta de la tpp. Sin duda, se afirmó que la relación más importante de México es con los Estados Unidos. Si no hay entendimiento con ese país, no hay comprensión con el mundo. También se indicó que nos faltan nuevos pactos y acuerdos, lo cual ha llevado al país a aislarse en este siglo. México debe aprovechar la situación de crisis en Europa y colocarse como uno de los pilares mundiales de la globalización. Por otro lado, se dijo que la relación con China es difícil, ya que son antitéticos, pues son competencia. En este momento se ha iniciado una tendencia creciente a regresar inversiones de China a los Estados Unidos, impulsadas tanto por la política de Buy American, —la cual se robustecerá cada vez más—, como por crecientes problemas de control de calidad en la maquila china y por el comienzo de una segunda etapa de tecnología estadounidense, que no han compartido con China, ni están dispuestos a hacerlo. Los estadounidenses pecaron de avaros cuando entregaron a China lo que debieron haber entregado a América, y ahora lo corregirán por seguridad del imperio. Asimismo, se mencionó que México no tiene nuevas definiciones en su política exterior acordes con los tiempos, además de que perdió el sentido de las anteriores; no ha construido en estos 12 últimos años alianzas políticas con nadie. Debe entender que es más importante para los Estados Unidos, que lo que esta nación es para México. Se ha diversificado y lo seguirá haciendo, sin embargo, tenderá a prevalecer un importante nivel de interdependencia entre ambos. Los mexicanos inmigrantes se están regresando de los Estados Unidos, y a su vez ya hay tres millones de estadounidenses viviendo en México, mismos que crecerán con el arribo de un número cada vez mayor de baby boomers jubilados dispuestos a radicar aquí. Por ello se cree que para avanzar en esta relación, es necesario verla hacia el futuro y no desde el pasado, como ha sido hasta ahora. Cuando México llegue a ser la quinta economía más importante del mundo, —porque lo puede ser—, los Estados
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Unidos será la segunda o la tercera y ese sí es un tema de fondo. Se debe comenzar por desnarcotizar esta relación, pues tanto esto como el tema migratorio, son temas que corresponden más a los Estados Unidos que a México. Se propuso que es momento de empezar a pensar en un tlc de segunda generación, en el que haya mecanismos multilaterales, ya que la agenda futura de México es América del Norte y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), enmarcada en la tpp. En su relación con América Latina, se habló de que México debe ser un líder cultural, más que económico, sin que ello signifique no acrecentar su presencia económica en la región, sino comprenderlo como que a México no le corresponde formar parte de un bloque económico que se está enfocando en torno a Brasil y a China, sino participar competitivamente con él. Se señaló también que la esfera fundamental de seguridad mexicana es América Central, Caribe, Colombia, Venezuela, la región Andina, los Estados Unidos y Canadá. Socios importantes en el sur son Argentina y Chile, este último además es un importante aliado en temas acerca de Asia-Pacífico. Como dice el padre Solalinde: México debe convertirse en la palanca de desarrollo del istmo centroamericano. Se puntualizó que el actual modelo de política exterior no sirve para este nuevo milenio, y el mayor desafío es su relación con la gran potencia de los Estados Unidos donde, sin dependencias, la economía china también debe verse como una oportunidad y no como una amenaza, ya que dentro de 25 años, 200 millones de chinos serán de clase media, lo que hará de aquel país, la primera economía del mundo. Mirar hacia Asia-Pacífico debe considerarse una diversificación estratégica, más que refugio de fortaleza. China ya está llegando al agotamiento, ya que sus ritmos de crecimiento están llegando al límite. Se comentó que México sigue siendo un cliente más importante que China para los Estados Unidos, y mientras no se aprenda esto, no se podrá manejar bien una relación con Asia. Hace 20 años que no hay una doctrina de política exterior, de Zedillo para acá, hay en el proceso de integración. Se debe comprender a cabalidad que el gran reto de México no sólo es entrar en nuevos mercados sino, sobre todo, internalizar o interiorizar su propio proceso exportador, porque hoy requiere importar cuatro de cada cinco insumos que necesita para exportar y ese proceso le impide crecer y desarrollarse. El país debe dejar de ser una economía exportadora de mano de obra barata, para exportar valor agregado mediante la sustitución de sus importaciones en condiciones de mercado abierto. Para finalizar, se destacó que basta con imaginar que si se redujera uno de los cuatro insumos que se importan, México incrementaría en 20 o 25% su capacidad productiva, con el concomitante efecto positivo en materia de empleos, salarios, expansión de mercado interno y desarrollo científico y tecnológico que esto implicaría. Si se hiciera esto, lo que al final significa interiorizar la acumulación de capi-
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tal que hoy se lleva el exterior, México se encontraría en posibilidades de subir a la clase media a mucho más gente y, de esta manera, nos volveríamos un país muy atractivo, no sólo para los Estados Unidos, sino para todo el mundo, lo que favorecería el avance de nuestra alicaída justicia social. Se concluyó que la intención es convertirse en un polo atractivo para los países inversores de capital. El diálogo político le brinda a una nación la fortaleza para enfrentarse y recuperar los liderazgos perdidos, en el caso de México, con América Latina.
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ponencias
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el méxico con el que todos soñamos Carlos Jiménez Macías
En los últimos años, la falta de una genuina política exterior de Estado basada en los intereses y objetivos de México, y la incapacidad terrible para definir estrategias coherentes, ha llevado a que México se conduzca en el escenario internacional con respuestas meramente coyunturales. México muestra signos evidentes de debilidad diplomática y de una política exterior francamente equivocada y ni el inmovilismo, ni el desdén, tienen cabida en el México en que se sueña. Es evidente que, como Estado, México necesita replantearse las prioridades de política exterior y, en este ejercicio, se considera a dos regiones preferentes para el accionar de México durante los próximos años, debido a los vínculos tan estrechos que se mantienen con una, y por las implicaciones que genera para la economía mundial la otra.
América del Norte El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) ayudó a que México se convirtiera en un país exportador exitoso de productos manufacturados y un destino atractivo para la Inversión Extranjera Directa (ied), lo cual hizo importantes contribuciones al crecimiento económico de México en la segunda mitad de la década de 1990 y sirvió como soporte del crecimiento y la estabilidad económica que imperó en el país en los primeros años del nuevo siglo. A pesar de estos éxitos —que para nada son despreciables— las limitaciones del tlcan en el nuevo panorama internacional son evidentes, ya que el principal objetivo que se propuso alcanzar con su firma, a casi 20 años de su aplicación, aún no se consigue, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, no han alcanzado un nivel de prosperidad equivalente y, poco a poco, pierden competitividad regional en el mundo. Así, México enfrenta importantes desafíos que deben atacarse en el futuro próximo si es que desea recuperar un crecimiento económico sostenido y robusto. Para encarar los problemas estructurales de la economía mexicana, sigue siendo urgente instrumentar un proceso profundo de reformas internas que México necesita para elevar su
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crecimiento económico. Pero ello no lo es todo; México también necesita buscar una relación económica y de seguridad más cercana con los Estados Unidos y este nuevo entorno obliga a México a negociar con el gobierno de Washington una nueva fórmula de administración de la frontera, que permita asegurar un tránsito rápido y eficiente del comercio bilateral, pero que, al mismo tiempo, satisfaga las preocupaciones de seguridad regional. La otra tarea, sin duda, tiene que ver con la migración, tema en el que México y los Estados Unidos encuentran su reto y su oportunidad más importante. Ambos países tienen mercados laborales complementarios y una dinámica poblacional suplementaria, pero al mismo tiempo, existe una diferencia de ingreso aún demasiado marcada, pese a lo que se aseguró que el tlcan iba a corregir; y, en conjunto, estos tres elementos son un motor muy importante para la migración. El problema migratorio no se podrá resolver mediante medidas de coacción unilaterales y, en este asunto, sólo se mostrarán avances cuando se entienda que la migración es un fenómeno económico, sociológico, antropológico e incluso con raíces históricas a nivel mundial y continental. Mientras tanto, los flujos migratorios no se van a detener mientras persistan las disparidades en el desarrollo entre México y sus vecinos del norte. Entre tanto, se alcanza este nivel de comprensión fenomenológico, la política migratoria no debe convertirse en apéndice de la política de seguridad nacional y, mucho menos de seguridad pública, por lo que la relación de México con el gobierno de Washington en el futuro próximo, exige una rectificación profunda para dialogar sin tibiezas ni sumisiones, dejando atrás el discurso monotemático concentrado en la agenda de seguridad, para ubicarlo en el ámbito de la estrecha cooperación y la responsabilidad compartida de cara a los retos que enfrentan ambos Estados. Por otro lado, la Iniciativa Mérida ha hecho evidente que el nivel de cooperación bilateral alcanzó un nuevo grado en materia de la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, es necesario que dicha iniciativa se reformule y se vuelva a dimensionar, convirtiéndola además en un instrumento formal sometido a la aprobación del Poder Legislativo de México, específicamente por la Cámara de Senadores, lo que les daría total capacidad a los legisladores para darle puntual seguimiento, en los términos de la fracción I del artículo 76 constitucional, y vigilar el equilibrio entre soberanía y cooperación. A partir de ello, se debe crear la coyuntura perfecta para impulsar una relación bilateral de gran cooperación y ponerle fin a una relación en la que México es quien paga un costosísimo precio facturado en muertes y descomposición social, a cambio de la seguridad estadounidense. En cuanto a la relación de México con Canadá, si bien es cierto que desde la firma del tlcan los flujos de inversión y comercio entre ambos países también han aumentado, asimismo es cierto que el potencial de la relación ha sido desaprovechado por ambas partes. El tlcan creó una serie de mecanismos institucionales que ninguno de los dos gobiernos ha sabido utilizar, lo cual hace que en el papel, parezca que en vez de un acuerdo trilateral, se tengan dos acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, uno México-Estados Unidos y el otro Canadá-Estados Unidos.
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La relación México-Canadá ha mostrado un perfil bajo más allá del ámbito comercial, bien sea por la falta de intereses compartidos, o inclusive de vínculos culturales reales, que acerquen a ambas naciones en su conocimiento mutuo. Esta política de alejamiento aun se manifiesta en el hecho de que México y Canadá rara vez se ponen de acuerdo para tratar problemas con los Estados Unidos y prefieren lidiar cada uno por su cuenta con él. Para revertir hoy esta tendencia, los gobiernos de México y Canadá deben trabajar en la construcción de una agenda común con el fin de incrementar su competitividad en los nuevos sistemas transnacionales de producción, que garanticen la entrada de los productos respectivos a los Estados Unidos, frente a nuevos competidores como China. En resumen, es necesario un México políticamente estable para un desarrollo sostenido, que no sólo ofrezca prosperidad, sino que también brinde la posibilidad de generar empleos mejor pagados, que coadyuve a que la migración se contraiga sustantivamente. Por otro lado, un México moderno con infraestructura eficiente también ayudará a fortalecer la competitividad regional al contar con mecanismos que ayuden a que el comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá se fortalezca y se potencie.
Asia-Pacífico Asia-Pacífico es una región que desde hace años ha presentado, profundos desafíos para la política exterior mexicana, a causa de los vertiginosos procesos de cambio que se están gestando en aquellas latitudes. La ausencia de vínculos más estrechos con esta región es consecuencia de una política exterior inconsistente. Lo cierto es que se ha registrado un intento del gobierno mexicano por dotar a la relación, de una base legal con algunos países de la región, que permita profundizar el nivel de los vínculos. Sin embargo, el gobierno de México se ha quedado muy corto en el intento. Durante las últimas décadas, el continente asiático y sus economías han mostrado un crecimiento económico vertiginoso, caracterizado por sus altísimos niveles de Inversión Extranjera Directa (ied), su enorme expansión comercial, la generación de conocimiento y ciencia aplicada, y su creciente necesidad de energía y otras materias primas fundamentales. El peso cada vez mayor de las principales economías asiáticas en la economía global se debe a los índices de crecimiento altos y sostenidos, y ya superan por mucho a los índices de crecimiento de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde). Al parecer, su dinamismo es de tal magnitud que las crisis económicas globales del 20082009 y la actual europea, han tenido un impacto menor en las economías asiáticas. Más aún, parece que Asia, con China a la cabeza, podría liderar un proceso global de recuperación. Con tres de las 10 economías más grandes (China, Japón e India) y más de 35% del pib mundial, Asia es un componente clave de la economía internacional y podría contribuir de manera decisiva a atenuar en parte los desequilibrios generados en la economía mundial.
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La bonanza económica se refleja con claridad en las principales ciudades asiáticas que cambian de cara en pocos meses, al surgir los rascacielos, centros comerciales, parques de diversiones, casinos, autopistas y aeropuertos, lo que modifica la imagen y la forma de vida de sus habitantes. En este contexto, México enfrenta el reto de responder creativamente al nuevo poder de Asia. No puede permanecer al margen de los cambios polares de la economía mundial. En este espíritu, México puede hacer más dinámica su presencia en Asia-Pacífico considerando que tiene a su favor una historia de política exterior digna y respetuosa, que le es reconocida por los asiáticos, aunque por los desaciertos de los últimos años, este capital político poco a poco se desvanece. Los gobiernos de China, India, Filipinas, Corea, Vietnam, Malasia o Indonesia saben que México ha estado con ellos en los momentos difíciles de su reafirmación nacional. Ahora hay que acercarse con mayor entusiasmo a los nuevos acontecimientos de la región y aprovecharlos de la mejor manera posible. El cambio de actitud es muy importante y debe expresarse mediante propuestas muy puntuales. Por ejemplo, en 2015 habrá en el mundo 1,000 millones de turistas por año, la mayoría de los cuales provendrá del este y del sur de Asia (Organización Mundial de Turismo, 2009). Esta estadística debe motivar la acción del gobierno de México para desarrollar la infraestructura necesaria para atraer a una porción de esos turistas, haciendo valer la vasta oferta turística que ofrece México. Por otro lado, las economías china e india, en conjunto, tienen un potencial suficiente para hacerse más grandes que la estadounidense en tan sólo unas cuantas décadas. En este sentido, México debe aprovechar las oportunidades que tendrá este desempeño empresarial de los chinos y los hindúes en el futuro inmediato, trabajando para que la nación mexicana pueda insertarse en las cadenas productivas y las redes comerciales que se tejerán alrededor de esta nueva dinámica de negocios. En esta propuesta, caben las incursiones en joint ventures comerciales, pero también las financieras. En un contexto de crisis económicas mundiales recurrentes, la voluntad política y el ingenio emprendedor deberán construir las oportunidades de negocio que México necesita para contrarrestar sus rezagos estructurales. El caso de China merece especial mención. Se ha insistido fuertemente desde diversos sectores de la sociedad, entre ellos el Poder Legislativo de México, en la imperiosa necesidad de desarrollar una visión integral de largo plazo, en donde el gobierno ejerza el liderazgo en el acercamiento estratégico con China, pero que también el sector empresarial mexicano asuma la responsabilidad de abrir mercados y establecer alianzas y asociaciones productivas. Además de las evidentes ventajas bilaterales de una política de Estado como ésta sea desarrollada por México, también se pueden generar algunas otras condiciones favorables para México al usar la plataforma china para incursionar en relaciones de conveniencia para México con los países del pacífico asiático.
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Conclusión Para concluir, debe señalarse que resulta fundamental que la política exterior mexicana sea de nuevo una política de Estado que se sustente en objetivos concretos y estrategias adecuadas, orientados a mejorar de forma directa las condiciones internas. Asimismo es prioritario que tal política exterior de Estado, busque mejorar la posición negociadora de México frente a otras naciones, principalmente frente a los Estados Unidos, pero que también encuentre la forma de: • Que los derechos consagrados en la Carta Magna de México, se conviertan en realidad plena para todos los mexicanos. • Garantizar que México detone su verdadero potencial económico, a partir de sus ventajas competitivas. • Que México recupere su liderazgo internacional, a partir de los avances nacionales y viceversa. • Recuperar el liderazgo en América Latina, para lo cual México necesita ser un interlocutor independiente y válido, lejos de la subordinación a los intereses particulares de los Estados Unidos en la toma de decisiones. • En la relación con los Estados Unidos, México no debe ser extremista. Esta relación seguirá siendo muy importante para México, pero no debe ser la única. El hecho de que ambos compartan una frontera tan amplia con el mercado más importante del mundo, no debe ser menoscabado. Esto sería desconocer por completo la realidad geopolítica de México, sin embargo, el equilibrio en esta relación debe llegar cuanto antes para nosotros. • Vincularse pronto con la zona Asia-Pacífico, región que sin duda se convertirá en el motor generador de crecimiento y riqueza en el presente siglo. • Desarrollar una presencia proactiva y congruente con los principios de política exterior en los foros multilaterales.
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méxico, un país indeciso de américa del norte J. Alberto Aguilar Iñárritu
Las fuertes tradiciones hispana, anglosajona y francesa, que conformaron las naciones de América del Norte, junto con una historia de hegemonía imperial y de luchas contra esa dominación, hicieron de esta zona un espacio de relaciones lejanas, en el que sus integrantes, a pesar de estar intrínsecamente vinculados por mucho tiempo y muchas veces a pesar de ellos, no terminan aún de encontrarse y tienden al autismo en su estratégica relación, no obstante, el destino indisolublemente compartido que les depara el siglo xxi y que sin duda, alcanzará a América Central, al Caribe y al Gran Caribe. En un mundo donde la economía determina la geopolítica del tercer milenio y les exige a las naciones asumir una dinámica integradora como dato central de su toma de decisiones, para la mayoría de los habitantes de estas latitudes sigue pasando desapercibida la importancia de encontrar los caminos que les permitan avanzar hacia la reunión norteamericana, asunto que por fuerza pasa por definir una fórmula que promueva y comparta equitativamente los beneficios de esa unión. Sin duda, América del Norte está llegando tarde a la evolución del mundo global. Limitados por el intercambio comercial, la onerosa y crispante guerra contra las drogas y el tema migratorio, siguen siendo naciones incapaces de reconocer a sus vecinos por encima de las gafas nacionalistas y del poderoso aldeanismo político y cultural, que domina a las tres naciones norteamericanas. Continúan siendo vecinos distantes, unos más que otros, sí se habla de manera bilateral, pero al fin todos distantes si se trata de trilateralidad. Sin embargo, cada vez es más clara la interdependencia de México, no sólo económica, que ya tiene muchos años en eso, sino ahora cultural, de seguridad y aun política y electoral. México como expulsor de una de las diásporas más grandes del mundo, es un agente que, sin duda, dinamiza esta tendencia. Pero también lo serán los denominados baby boomers, particularmente de los Estados Unidos, que se jubilan en decenas de millones y a los que sus $1,500 dólares de gasto mensual en promedio, así como la necesidad de las compañías de seguros de abaratar el pago de su compromisos médicos, los impulsarán a buscar nuevos
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horizontes fuera de su natal Estados Unidos, teniendo como principales y naturales destinos a México y Canadá. Otra fuerza que impulsará la mayor integración de Norteamérica son justamente las necesidades de mercado de la Europa en crisis, donde los Estados Unidos seguirán siendo, por mucho tiempo, su principal destino y, por tanto, las decisiones de localización continuarán pasando por México y Canadá, como es el caso de las industrias de aereopartes y automotriz, que a su vez, México en particular tenderá a convertirse en un mercado de consumo para sus exportaciones cada vez más importantes. Desde luego que el tema de Asia se cuece aparte, en particular el de China, porque aunque de manera correcta todos los países de América del Norte, —en un patrón muy distinto al de América del Sur—, seguirán ampliando su participación comercial con ese gigante para equilibrar sus balanzas, es claro que la verdadera fuerza de las naciones de Norteamérica respecto de Asia dependerá de su nivel de cohesión regional económica, e incluso social, y en materia de seguridad. En ese sentido, sin duda fue buena la decisión de México de participar junto a los Estados Unidos y Canadá en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (tpp, por sus siglas en inglés), pero la pregunta evidente es si esto ¿será suficiente?, dada la tradicional propensión mexicana a firmar tratados comerciales y a abrir su economía, como si de ello dependiera su desarrollo, cuestión que ha sido claramente cuestionada por la realidad. La respuesta es que no es suficiente, como tampoco lo sería impulsar una integración de América de Norte más fuerte, a partir de la presencia activa y decidida de México, sin tapujos ni simulaciones, si México no se propone superar una de las mayores debilidades de su estructura económica, a saber, la enorme dependencia que tiene su capacidad exportadora de las importaciones de insumos. Es decir, todos los esfuerzos aperturistas e integradores de México serán inocuos, cuando no contraproducentes, respecto de sus necesidades de desarrollo justo, sustentable, equitativo e incluyente, si no se da un firme golpe de timón para interiorizar los beneficios de la capacidad exportadora mexicana. Hay cálculos que establecen que México necesita importar cuatro de cada cinco insumos que requiere para exportar, lo cual hace de su economía un paradójico modelo capitalista exportador cuya acumulación de capital es exógena, es decir, favorable a las economías que le venden los insumos que normalmente son aquellas donde México concentra sus exportaciones. Mientras México no se proponga superar su estatus maquilador, a partir de apoyar la sustitución de importaciones en condiciones de mercado abierto, o sea de plena competencia, no sólo seguirá siendo un país exportador de mano de obra sobreexplotada, sino que no podrá crecer de acuerdo con las necesidades de su propia población y continuará teniendo como agenda central en América de Norte el tema de la migración y de la drogas, en tiempos del buy american y de la firme presión de los sindicatos de los Estados Unidos en favor de la restricción migratoria. Un camino desde luego falso, pero muy vistoso, que al final sufren los
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mexicanos y México, que pierde su bono demográfico para que los mexicanos en los Estados Unidos produzcan un producto interno bruto similar al de México, pero allá. El punto es comprender que el gran reto de México no sólo es entrar en nuevos mercados por la vía jurídica de liberar aranceles y someterse a otras disposiciones, —como el caso del Acuerdo Comercial contra la Falsificación (acta, por sus siglas en inglés)—, sino, sobre todo, internalizar o interiorizar su propio proceso exportador para facturar más valor agregado a partir de relanzar sus cadenas productivas derruidas y convertir ese propósito en una política de Estado consistente en el mediano y largo plazos. Basta con imaginar que si se redujera uno de los cuatro insumos que México importa, estaría incrementando en 20 o 25% su capacidad productiva, con el efecto positivo concomitante en materia de empleos, salarios, expansión de mercado interno y desarrollo científico y tecnológico que ello implicaría. Si México hace esto, que al final significa interiorizar la acumulación de capital que hoy beneficia al exterior, se encontraría en posibilidades de subir a la clase media a mucho más gente, y de esta manera volverse superatractivo no sólo para los Estados Unidos y Canadá, sino para todo el mundo y avanzar en el sentido de superar el actual alicaído estatus de la justicia social. La intención no sólo debe ser convertirse en un polo atractivo para los países inversores de capital, sino que a partir de conseguir una mayor sustentabilidad y fortaleza económica, elevar su capacidad de negociación al interior de América del Norte y así hacer valer sus posiciones en el creciente proceso de integración que viene. Así podrá apoyar a América Central en su inclusión en ese proceso, al Caribe y al Gran Caribe, en especial a Colombia, y continuar hacia los países andinos y sus aliados en América del Sur. Integrarse más en América del Norte, no significa darle la espalda a América Latina, sino reconocer que la dinámica económica más importante de México se realiza en este contexto del norte y que a partir de él debe retomar su cercanía histórica, cultural y social latinoamericana, para convertirla en un baluarte económico también. Es el mismo caso con Asia y con Europa, las características de las ventajas competitivas que México sea capaz de fortalecer e impulsar, en el marco de su mayor y mejor integración norteamericana, le dará las bases para aprovechar los beneficios de su obligada diversificación con esos mercados. Integrarse de manera decidida y constante en América del Norte y ser promotor de su sentido trilateral, no significa cancelar la diversificación de las relaciones comerciales de México con el mundo, pero tampoco avanzar en ellas quiere decir que deba considerar su fuerte presencia norteamericana como un mal del que debe escapar. Ya es tiempo de que México se comprenda a sí mismo en el marco de esa relación norteamericana y de superar la carencia como gobierno y como país de no tener una visión, propuesta o proyecto para América del Norte. En síntesis, es momento de preguntarse y responder ¿qué hace México con su pertenencia a América del Norte? Para lograrlo debe realizar varias cuestiones:
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• Primero, abrir de manera clara y transparente el debate político sobre su integración para superar de una vez por todas el cerco ideológico que la aprisiona e induce a realizarla de manera soterrada y también para evitar que este proceso sólo contemple las prioridades del gran capital. • Segundo, México necesita inducir un mayor conocimiento sistematizado sobre sus vecinos y propiciar que ellos lo conozcan mejor; ya es momento de superar los dañinos clichés con los que tienden, en la ignorancia, a definirse unos respecto de otros. • Tercero, México debe acostumbrarse a pensar por encima de sus atavismos y, sin hacer a un lado sus problemas y menos su resolución, apropiarse de la imagen objetivo del país que quiere y puede ser, toda vez que México cuenta con las condiciones necesarias para constituir una de las cinco principales economías del mundo en los próximos 20 o 30 años, y de esa manera visualizar su integración en el contexto de Norteamérica. • Cuarto, es momento de que México aprenda a producir y a pensar en tres idiomas, los mismos de América del Norte y de definir su imagen en Norteamérica y de ahí lanzarla al mundo. • Quinto, asumir que este tema forma parte también del capítulo insuficientemente resuelto de la construcción del México democráticamente moderno del siglo xxi y, por tanto, debe contribuir para la urgente definición de un nuevo proyecto de país compartido, que tanta falta le hace a México. Finalmente, debe ser claro que los paradigmas de México para percibirse en el mundo del siglo xx, ya no son útiles para navegar en las procelosas aguas globales de este siglo. Si no puede comprenderse en América del Norte, si no es capaz de ubicarse en ese contexto y sacar la mayor ventaja de él, México no podrá entenderse en el mundo.
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méxico y américa del norte José Carreño Figueres
Al margen de la necesidad de categorización, América del Norte —junto con Centroamérica y la cuenca del Caribe— es un tema de seguridad nacional y los Estados Unidos en concreto, tal vez junto con Canadá como parte de la asociación norteamericana, Guatemala, Belice y Cuba en menor medida, una cuestión que por su importancia tiene un enorme impacto doméstico. La dimensión de seguridad nacional respecto a los Estados Unidos es gigantesca. Tal vez si los antepasados de México hubieran tenido mejor información, hubieran tomado las precauciones necesarias para evitar la llegada de estadounidenses al territorio de Texas o que la separación de ese estado llegara a convertirse en una guerra con los Estados Unidos. Y aunque no hubieran podido, con una mayor noción de nacionalidad, tal vez se hubiera evitado la pérdida del resto de los territorios. Pero a pesar de que las autoridades virreinales conocían el expansionismo estadounidense y de que el gobierno del México Independiente, sabía desde 1827, que la llegada de colonos estadounidenses podría crear problemas, la fijación en lo que la “Güera Rodríguez” definía como: “fuera de México, todo es Cuautitlán” y la polarización política, con un limitado sentido de nacionalidad, llevó a la pérdida de territorios. La situación actual es distinta en muchas formas, los Estados Unidos siguen siendo una enorme presencia —y tal vez mayor que entonces— pero la interrelación lleva a México y a ese país a una integración creciente que se refleja en lo económico, lo social y lo cultural, con su correspondiente impacto político. La relación entre México y los Estados Unidos es y ha sido una relación asimétrica, pero eso no hace, ni debe hacer, actores pasivos a la espera de lo que hagan los estadounidenses. México debería ser un jugador muy activo en la agenda que le interesa y que es de una amplitud enorme. Para usar una definición estadounidense, la relación con México es tan importante como la que se tienen con Rusia o China, sin armas nucleares, pero sí con migración y problemas fronterizos.
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Sin embargo nadie, empezando por los estadounidenses, va a hacer cesiones o reconocer derechos, si no es en su propio interés, el énfasis en el derecho y lo correcto suena bien, pero a fin de cuentas puede quedarse en palabras. Si a lo ético y lo moral se le agregan intereses comerciales, importancia estratégica, impacto político dentro y fuera del propio territorio, conveniencia económica y de seguridad, la fórmula cambia extraordinariamente. México tiene esas posibilidades y esos recursos. Lo que no posee, sin embargo, son doctrinas de política exterior o de seguridad nacional que le permitan aprovecharlos de manera concertada. Carece también de los mecanismos dentro de los centros de estudios especializados, que permitan evaluar situaciones y ofrecer análisis y consejos a los responsables de definir políticas. Pongo como ejemplo el caso del operativo llamado: “Rápido y furioso”. Al margen de lo que se piense de la ley, la costumbre y la tradición estadounidense respecto al comercio de armas y el derecho a tenerlas, que por décadas han sido el eje de un debate político-ideológico en aquel país, no se le puede pedir que cuide las fronteras de México, para evitar que ingresen aquí objetos que son casi de libre circulación allá. Es como pedirle a México que evite la entrada de indocumentados mexicanos a territorio estadounidense. Ahí lo que está en juego es una cuestión de soberanía, y al parecer, a pesar de la inversión mexicana en mecanismos de seguridad, no hay un cuerpo de policía capaz de enfrentar el contrabando de armas desde los Estados Unidos o Centroamérica. Para muchos, hablar de los Estados Unidos y México como aliados, y aun naciones en proceso de integración es un anatema. Pero los intereses hablan, y a menos que suceda algo que hoy por hoy es imposible —como un cambio completo de ubicación física— seguirán así por siglos. México es cada vez más Norteamérica, por economía y por sociedad, si se quiere ignorar la geografía. A 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), la economía de México está cada vez más integrada a las de los Estados Unidos y Canadá y el número de mexicanos que reside en estos países, especialmente en los Estados Unidos, se cifra en millones. En términos de comercio, la relación mexicana con los Estados Unidos alcanzó el año pasado alrededor de $460 mil millones de dólares. Esto equivale más o menos al comercio de ese país con Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia juntas. En conjunto, China tiene una mayor relación que México, pero México es un cliente más importante para las exportaciones estadounidenses. Las inversiones estadounidenses en México pasan de los $100 mil millones de dólares. Las inversiones mexicanas directas en los Estados Unidos son de alrededor de $12 mil millones de dólares, pero puede especularse respecto a la cantidad de fondos mexicanos en bancos estadounidenses. El comercio mexicano con Canadá fue de $34,500 millones de dólares, en 2011, el comercio total de la región norteamericana fue de $1,013 mil millones de dólares.
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El intercambio de México con sus socios del tlcan, específicamente los Estados Unidos, es el equivalente a 80% de su comercio exterior, el comercio con México representa 15% del comercio estadounidense con el mundo; el comercio de la región representa cerca de 40% del total. Esas cifras hacen recordar que los intereses económicos de México están en América del Norte. No hay ningún plan que aborde posibles soluciones concretas a los problemas que impone esa relación económica, más allá de declarar el deseo de reducir esa dependencia. La migración viene a la mente, no sólo como ejemplo de los problemas y la asimetría entre los dos países, sino como muestra de la mezcla de los problemas de seguridad nacional y política entre ambos países. La parte económica tiene un considerable impacto social en México: más de 20% de las familias mexicanas depende o son beneficiadas por los más de $20 mil millones de dólares anuales en remesas que reciben de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Es evidente que la situación económica estadounidense o las medidas administrativas o políticas contra indocumentados tienen un impacto doméstico en México. Unos 11 millones de mexicanos residen en Estados Unidos, como migrantes legales o indocumentados en proporciones aproximadamente similares. Hay además unos 16 a 20 millones de mexicano-estadounidenses, y esto implica un impacto en la política de ese país. Se estima que hay hasta tres millones de estadounidenses que pasan en México más de 10 meses del año, aunque oficialmente se considera que hay alrededor de un millón de residentes formales. Sería difícil encontrar en el mundo una relación de ese tipo en esas proporciones. El impacto social y cultural es enorme, en lo positivo y lo negativo. La vecindad nos impone realidades, desde ser el destino turístico más cercano y extraño para el turismo estadounidense, a ser ruta de paso para el narcotráfico hacia esa sociedad; desde poseer una relación de integración económica, hasta tener un papel en las preocupaciones de seguridad nacional estadounidense. Debe recordarse que los Estados Unidos es un país “paranoico” y que, por ejemplo, los migrantes indocumentados son la representación física de la vulnerabilidad de su país a la infiltración de enemigos, por más exagerado y absurdo que parezca. También son una sociedad en un proceso de cambio que la llena de miedo: los Estados Unidos se considera un país de la raza blanca, anglosajón y cristiano, pero esa sociedad está a punto de pasar a la historia, y las personas de raza blanca quedarán como la principal minoría en un país de minorías. Los mexicanos se precian de tener un impacto cultural en los Estados Unidos. Pero lo sufren también. Si alguien duda del impacto socio-cultural se le invita simplemente a darse una vuelta por los Starbucks de esta ciudad y sus imitadores; se les ruega a que suban a los autobuses donde se anuncia “el compadre Chava con su norteño banda” y el tipo de relatos frecuentemente contenidos en la música popular, así como en el tipo, el estilo y el tono de movimientos y demandas sociales y políticas cada vez más presentes en la sociedad mexicana.
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Una interdependencia, aunque sea tan desigual, tiene impacto en el otro país también y eso es algo en lo que no hay seguridad de que se haya sabido aprovechar, en gran medida por las exigencias de la política mexicana doméstica y sus ficciones. Sí, México es latinoamericano, por gusto y por inclinación cultural y hasta racial, pero por geografía, por geopolítica, por seguridad nacional, por economía y por relación social, es cada vez más norteamericano y no hay forma de cambiar dicha realidad. Como conclusión, creo que lo mejor que se puede hacer como país es fortalecer instituciones nacionales, desde la confianza en la policía o los poderes de gobierno, hasta políticas que alienten la creación de empresas y empleos que reduzcan la presión migratoria; desde reformas laborales hasta un estudio más activo, profundo y oportuno de lo que ocurre en nuestro entorno inmediato, especialmente en los Estados Unidos. De no hacerlo, se corre el riesgo de ser no un aliado, sino un Estado dependiente.
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el futuro de la relación méxico-américa del norte Jorge Flores Kelly
En los últimos años, la política exterior mexicana respecto a América del Norte y los Estados Unidos se ha enfocado fundamentalmente a responder a las necesidades percibidas desde el presente. Sin embargo, las relaciones con América del Norte deben abordarse, no desde el presente, sino desde el futuro que se está creando para México en la región. Deben estar basadas en la ambición y el futuro. De acuerdo con múltiples estudios de corredurías financieras internacionales y de prestigiados analistas en geopolítica, México será la quinta economía más grande del mundo, hoy es la décima cuarta, y será el país más dinámico en la región de América del Norte. Este futuro altera radicalmente la agenda de las relaciones de México con los países de la región de Norteamérica. Más aún, las últimas cifras de comercio exterior muestran una mayor penetración de las exportaciones mexicanas en los Estados Unidos, así como una mayor diversificación a otros mercados, pasando de 92% en 1994, a 77% en 2011. En cuanto al tema de la migración inversa, son cada vez más migrantes mexicanos los que regresan a México desde 2001 y también ha crecido el arribo de los migrantes estadounidenses a México, y se espera que se agudice en los próximos 20 años, llegando a haber, según algunas estimaciones, el mismo número de mexicanos por nacimiento en los Estados Unidos que de estadounidenses por nacimiento viviendo en México. La agenda actual está envejecida y anticuada, corresponde a un México rezagado, rural, sin clase media y no se adecua a sus intereses. En pocas palabras, no es consistente con los intereses que vienen de un futuro en el que los Estados Unidos tiene a la quinta economía más grande del mundo. Las relaciones bilaterales más poderosas con los Estados Unidos vendrán cuando sean creadas desde el futuro de México; no es sólo sacar de la agenda los temas de seguridad/narcóticos migratorios, sino plantear una agenda que esté alineada con el futuro hacia el cual vamos. Las preguntas que se plantean son las siguientes:
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• • • •
¿Qué papel juega México? ¿Cuáles son los rasgos característicos en las relaciones y cuáles son los intereses? ¿Cuál o cuáles deberían ser los intereses nacionales que deberían perseguirse? ¿Cómo debe México aprovechar el contexto internacional para defender sus intereses nacionales?
En concreto, el planteamiento a las preguntas expresadas, es el siguiente: • Crear una agenda para la relación con América del Norte desde el futuro de México como la quinta economía más grande del mundo. Esta es una asignatura pendiente. • Los temas sobre las drogas dominan la relación, no se usa el contexto internacional y son fundamentalmente unidireccionales. • Plantear la agenda migratoria desde el futuro: migración inversa y migración de los Estados Unidos a México. Hoy por hoy el tema migratorio es más importante para los Estados Unidos que para México. • Fortalecer la integración comercial y profundizar en la maquila de servicios como parte de un nuevo tlcan que puede llevarse al siguiente nivel y diseñarlo. • Utilizar mecanismos multilaterales para resolver temas de interés mutuo como el de las drogas.
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repensar la región: norteamérica frente al cambio global Mateo Lejarza Leo
La crisis tiende a generalizarse y, si bien es cierto que su origen viene de la caída del sistema financiero y bancario norteamericano, ya ha contaminado severamente al sistema financiero global y a la economía productiva de una parte importante de los países desarrollados. Parece inminente que la ola golpee a los países emergentes que a base de disciplina y sacrificios, —entiéndase más pobreza y desigualdad— estabilizaron sus economías, y ahora ya están bajo riesgo de que el choque de la crisis anule sus logros, particularmente si no cambian sus estrategias económicas y sociales. Por su gravedad y alcance puede afirmarse que esta crisis es global y sistémica. La impresionante burbuja especulativa del sistema financiero estalló y sus consecuencias afectan a países centrales y periféricos. Las ficciones de una bonanza sin límites y sin fundamentos reales se han deshecho y el golpe sobre la economía productiva está siendo tan intenso que se volverá un círculo vicioso contra el propio sistema financiero. La revisión de lo acontecido no deja duda de que la crisis se derivó de una serie de circunstancias que fueron acumulándose hasta estallar, por lo que enfrentar la situación implica reconocer que la falla está en el modelo y no sólo en la regulación. Se impone un cambio de mentalidad si se desea que cambie la forma en la que se gestiona la globalización. Inmersos en esta convulsión, los países han venido buscando respuestas para evitar que el mundo entre en una etapa de depresión, sin embargo, lo realizado hasta ahora no parece contener los aspectos más nocivos de la crisis y la metástasis parece inminente. En esta búsqueda se pensó que el G-20 podría ser el espacio para deliberar y acordar acciones específicas que dieran salida a esta grave situación, no obstante el diagnóstico o las acciones —o ambos— surgidos de este mecanismo no han dado los resultados esperados y ahora una parte importante de Europa se encuentra con serios problemas poniendo en duda la viabilidad del modelo del estado de bienestar que emblemáticamente los diferenciaba del modelo norteamericano, a pesar que ambos esquemas han quedado en entredicho por el impacto de la crisis. No parece, por tanto, que se pueda continuar sin cambios profundos. Lo que se observa en la Unión Europea es que el alcance de las crisis es más que económico pues las democracias y
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soberanías que la componen están cimbrándose ante el embate de sus sociedades, las cuales no aceptan las medidas de ajuste extremas, con las que se pretende regresar a un equilibrio pero sin crecimiento; lo que no es posible porque el daño es profundo y lo que viene no puede afrontarse acudiendo a las viejas prácticas, que son las mismas que provocaron la crisis. Definitivamente los mercados financieros, siendo la vanguardia de la globalización, ahora la han puesto en entredicho y no hay duda de que se requiere de una mejor regulación y de una supervisión eficaz para evitar nuevos abusos, sin embargo, no es suficiente lograr la estabilidad financiera y bancaria. Es indispensable fijar nuevos rumbos de crecimiento y distribución de la economía productiva y ponerla al servicio del empleo decente y verde, de la cohesión y del desarrollo social, de la inclusión, del crecimiento verde y fundar una nueva gobernabilidad multilateral mundial. Es necesario que tal enfoque esté presente en el ámbito mismo de la formulación y aplicación de las medidas que han de impedir que se generalice la crisis, y asegurar con ello principalmente el fortalecimiento de las economías de los países llamados emergentes, para convertirlas en un dique que contenga el riesgo de una recesión generalizada y a la vez sea la base para construir el perfil de las nuevas formas de crecimiento y de estabilidad. Parte de lo que ha llevado a la situación actual es que la globalización económica desplazó a la globalización política, por lo que es el momento de modificar esa tendencia. Hay una imperiosa necesidad de contar con instituciones internacionales fuertes que conduzcan los problemas que se generan en la globalización y las crisis. Las reformas estructurales necesarias son la del sistema global, más democracia, más ética, más valores, más eficacia. El rumbo está marcado por las cumbres mundiales celebradas en los años recientes, las cuales han creado una nueva dimensión de los derechos universales mínimos, como un gran movimiento civilizatorio, que ahora, mediante el impulso de acciones positivas habrá que exigir. Para salir de la crisis es indispensable reconocer que antes de 2008 las cosas no eran del todo favorables, que había una serie de desequilibrios económicos y sociales, y políticas públicas que deliberadamente reproducían la desigualdad y la concentración del ingreso y de la riqueza, y que siguen operando y sobre las cuales se tiene que dar un giro transformador, que lleve a modificar el esquema en el que se le asignó al Estado la subvención de la educación, la formación de los trabajadores, la seguridad social y la compensación de la pobreza y la desigualdad. Un ejemplo de esto es México, en donde el gobierno, a través de permitir la flexibilización laboral ha venido entregando un subsidio salarial a las empresas nacionales y multinacionales, el que además de desvalorar el trabajo para generar una competitividad de bajo costo, vino a destrozar a las instituciones de seguridad social; los propios fondos de pensiones recién privatizados son insuficientes para garantizar una pensión digna, por los bajos salarios del mercado laboral mexicano. En este esquema, que es global, se aceptaron también cargas fiscales bajas, déficit público mínimo, privatizaciones y desregulación, y abandonar las políticas estatales de estabilización por políticas arcaicas, excepto en el caso de las monetarias, cuyo principal objetivo es garan-
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tizar la estabilidad de los precios, tal situación no debe de continuar porque en ese sendero la salida a la crisis será demasiado estrecha y lenta, lo que nos expone a ser alcanzados por la ola expansiva de la recesión mundial. Hay datos que indican que la recuperación económica de cada país será un proceso único, cada caso se dará con plena soberanía y con base en sus circunstancias, recursos y capacidades propias. La crisis ha llevado a una situación en la que no hay recetas para resolverla, es un momento histórico que demanda enorme energía creativa y, en consecuencia, impone el desafío de la construcción de nuevas realidades. También es cierto que si la crisis no se pudo diagnosticar, parece menos posible el tratar de predecir los cambios que se producirán como consecuencia de los efectos de la crisis y de las transformaciones que se emprenderán para salir de ella; sin embargo, lo que sí está claro es que, particularmente en los procesos económicos, ya nada o muy poco permanecerá sin modificaciones sensibles. Pocas veces está mejor utilizada la interpretación de que crisis significa oportunidad. La actual, no obstante haberse generado en el espacio de lo financiero y bancario, ha sido tan profunda y tan extendida que está alcanzando a la economía real y afectando las variables sociales. Lo que va a prevalecer es mínimo, mucho cambiará y será tan novedoso que, sin duda, se van a modificar diametralmente los perfiles y las tendencias que venían prevaleciendo en los países y en la globalización. El caso de los Estados Unidos es un referente en esta crisis-cambio, pues si bien es cierto que hay indicios de su recuperación, su comportamiento no corresponde a retornar a la forma de hacer las cosas como antes de la misma.
Una nueva hegemonía Un aspecto importante de lo que está sucediendo en el mundo con la crisis es la pérdida de fuerza de los Estados Unidos para mantenerse como potencia hegemónica, lo que supone su desplazamiento, y la ocupación de ese papel por otra potencia o grupo de potencias suficientemente fuertes para producir los equilibrios necesarios para la nueva gobernanza mundial. El modelo capitalista estadounidense caracterizado por las acciones unilaterales y excluyentes, una fuerza militar agresiva, la arrogancia de sus empresas multinacionales, la producción consistente en ciencia y tecnología, la influencia destacada en los sistemas de información y el control de los organismos multilaterales, como la onu, la omc, el fmi, el Banco Mundial, la oea, etcétera. Su estratosférica deuda, el consumismo, el individualismo y el desperdicio están en el centro de este modelo claramente imperial, con rasgos extremos de codicia y deshonestidad como comportamiento estructural de sus prácticas de acumulación de riqueza. Este modelo ha generado una crisis de pronóstico reservado y de repercusiones mundiales evidenciando su colapso, ahora la prioridad es demostrar que se puede sustituir ese modelo por uno mejor y tener certeza de que existe ese modelo alternativo y que tiene viabilidad.
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El relevo tendrá que darse con modificaciones sustanciales en los instrumentos de expansión económica y de control del sistema global, que deberán de ser esencialmente democráticos, incluyentes y justos.
México y el cambio Ante el intenso y convulsivo torrente de circunstancias en el que no hay salidas preconcebidas el tema es: qué papel va a jugar México, quiénes serán sus aliados y cómo eso se reflejará al interior en términos de respuestas y soluciones a la crisis. A pesar del poderío de China, Rusia, Japón o la India, éstas no representan un modelo de capitalismo que sea sustitutivo del que se está colapsando, el modelo de la Unión Europea también se encuentra en crisis lo que hace poco posible el que pueda imponerse como espacio hegemónico. Es de elemental lógica que no puede resolverse una crisis como la que se vive con medidas convencionales, respuestas desde las mismas instancias que la provocaron o con decisiones puramente económicas y regulatorias. Prueba de esta afirmación es que, como nunca en las últimas décadas, se han inyectado recursos a bancos y empresas, y esto no ha contenido la avalancha, eso anuncia que habrá que hacer mucho más que poner dinero en los hoyos negros. La dimensión social está trastocándose y a esa nadie la está atendiendo, países como el nuestro tienen que levantar la voz y poner énfasis en este tema, desigualdad, pobreza, falta de crecimiento, productividad y competitividad limitadas y el desempleo son factores que tienen que resolverse con urgencia, por lo que tendrán que contemplarse en los objetivos de la renovación de la operación financiera y bancaria mundial. Hay que poner en la mesa esta dimensión, de otra manera las soluciones que surjan no tendrán credibilidad y mucho menos resolverán la crisis; la prueba de esto son las medidas impuestas a Grecia, que siendo la punta del iceberg y no el problema en sí mismo, su fracaso hará que todo estalle, dando inicio a otra catástrofe global. Una nueva hegemonía global puede surgir de aprovechar los potenciales de una asociación estratégica entre México, los Estados Unidos y Canadá, definiendo estrategias conjuntas de competitividad, de cooperación para reducir asimetrías y de intercambios que privilegien sinergias que desarrollen ventajas competitivas respecto a otras regiones como Europa o Asia. México debería abrir la deliberación sobre la necesidad de replantearse la relación en Norteamérica y no continuar empujado por inercia por la dinámica del tlcan y por los temas importantes, pero que se siguen atendiendo como si nada hubiese cambiado en los Estados Unidos y en el mundo. La relación comercial, la migración, la seguridad en la frontera y el desafío del crimen organizado no deben de seguir siendo los únicos ingredientes de la relación, hay que plantear medidas y acuerdos cuyo objetivo central sea el de fortalecer a las tres economías desarrollando de manera coordinada sus potenciales particulares pero también las del conjunto como países, la fuerza de un proyecto como éste puede no ser contrastable, por su población, idiomas, fuerza económica, tecnologías, energía, agua, territorio, etcétera.
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Es un proyecto que los Estados Unidos aprecie, ante las nuevas condiciones y la necesidad de imponer un liderazgo basado en la competitividad, la fuerza innovadora y en la capacidad de recambio. Es sin duda una oportunidad histórica para México, a condición de que formule un nuevo paradigma de relación regional y partir de ahí para redefinir también una nueva relación con América Latina y el resto del mundo. Temas como desarrollo regional de nuevas energías alternativas, investigaciones conjuntas y comercialización de patentes en genoma humano, en nanotecnología y en medicinas alternativas, redes físicas y virtuales en educación y en salud. Redes comunes de telecomunicaciones, terrestres y satelitales, desarrollo compartido de aplicaciones y software, de contenidos en tres idiomas, redes de trenes de alta velocidad que conecten a los tres países, puertos y aeropuertos con inversiones comunes público-privadas. Estrategias comunes educativas y de formación profesional en forma presencial y a distancia. El desafío es retomar la iniciativa histórica partiendo de la construcción de un nuevo proyecto de nación que recomponga el tejido interno promoviendo la cohesión social, la inclusión, que recupere crecimiento y sea distributivo, equitativo, democrático y justo y con esas bases lanzar una nueva etapa de globalización de la economía nacional y de México.
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la política internacional de méxico en el segundo decenio del siglo xxi Leopoldo Michel Díaz
La política internacional o política exterior de un país es un tema de difícil comprensión para las élites políticas, cuanto más para los ciudadanos comunes; por ende, es una de las áreas que poco se discuten en el espacio público y, por tanto, no está entre los asuntos que ocupan cotidianamente la política y mucho menos es un tema de amplia discusión en los procesos electorales como el que actualmente vivimos. Al final del día, como gustaba afirmar Tipp O`Neill: “toda política es local.” El famoso político norteamericano, líder de la cámara de representantes del Congreso de los Estados Unidos durante 10 años (1977-1987) y 34 como representante demócrata por Massachusets, sabía lo que decía: el éxito de los políticos está ligado a la habilidad de entender e influenciar los temas que les preocupan a los electores y éstos normalmente son problemas que les afectan directamente en su vida diaria. No obstante que se reconoce, sobre todo en la época actual la de la llamada globalización, que la política y la economía internacionales influyen de manera significativa en el rumbo y el destino de los distintos países, en la arena nacional se discute muy poco, y se entienden menos, los vínculos, las ligas y las influencias de los distintos actores y sectores más allá de las fronteras. Si esto es cierto para la mayoría de los países que integra la comunidad internacional, en el caso de México se agudiza: es un país que mira más al pasado que al futuro, por lo que normalmente es presa de su propia historia. Las ideas y las creencias heredadas le impiden moverse con agilidad y rapidez para adaptarse a las circunstancias cambiantes del mundo. México tiene además una tradición defensiva en su política internacional: son más los años que ha dedicado a mantener su soberanía y autonomía, que los que ha ocupado en desarrollar una política activa en la arena internacional. La discusión actual de la política internacional en México es un espacio para iniciados; es una comunidad muy pequeña, si acaso integrada por algunos miembros del Servicio Exterior mexicano, así como unos pocos académicos y contados miembros de la clase política y de la sociedad civil. Basta echar una mirada a las secciones internacionales de los diarios y revistas de México, los noticieros de la televisión o ambos, o al volumen de ventas de las publicaciones
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internacionales para darse cuenta del nivel de información y de interés que el público mexicano tiene por estos temas. Los analistas de política internacional y de política exterior en el México de hoy, los pueden contarse con los dedos de las manos. La aldea global es una realidad, pero las referencias con las que se manejan las sociedades siguen siendo bastante locales. El pensamiento político predominante en México está orientado por un aislamiento nacionalista acorde con una dinámica muy local, distante de la profundidad de las transformaciones globales por las que atraviesa el mundo actual. Es por ello imperativo llamar la atención sobre las coordenadas y los cambios que están ocurriendo a nivel mundial y que, sin duda, impactarán el destino de México. En la presente coyuntura todavía es prematuro predecir la salida de la crisis económica internacional que traerá consigo un cambio en las coordenadas del poder mundial. Hoy no puede preverse el destino de la Unión Europea, ni la sobrevivencia del euro y la eurozona; tampoco está totalmente claro el redimensionamiento y predominancia de los Estados Unidos como superpotencia económica, política y militar; así como la profundidad de los efectos de la emergencia de China y la India como principales economías y nuevos polos de poder internacional. Como consecuencia, se está trasladando el eje del poder internacional del Atlántico al Pacífico. Todavía es difícil aquilatar en su justa dimensión la emergencia de los denominados brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) como potencias medias capaces de influir en la toma de decisiones internacionales; de la misma manera, no están claras las posibilidades de América Latina como una de las regiones más dinámicas del siglo xxi, así como todas las demás situaciones que influyen en la transformación del orden internacional hasta ahora conocido. Amén también de la problemática de los temas globales como: el cambio climático, la transformación y los usos de la energía fósil y el desarrollo de nuevas fuentes energéticas renovables y más limpias, la gobernanza económica y financiera, así como el combate y control del crimen transnacional organizado, todos ellos elementos que influyen en la escena internacional. La nueva realidad internacional y sus diferentes problemáticas tendrán que ser atendidas por el próximo gobierno, si es que se quiere recuperar la dimensión de México como un actor internacional de influencia, tal y como corresponde a una nación como México, la que de acuerdo con distintos indicadores y mediciones está entre las primeras 15 economías y comunidades políticas del mundo. Lo cierto es que por sus dimensiones objetivas, su tamaño económico, territorial y demográfico, esta nación ya no puede mantenerse al margen de la toma de decisiones políticas internacionales. Es sintomático que las plataformas de política exterior de los candidatos a la Presidencia de la República sea un tema muy poco debatido en el actual período de campaña, así como el que los representantes de la política exterior de los candidatos sean tres miembros, jubilados o en activo, del Servicio Exterior mexicano. Al respecto, no se advierten grandes diferencias en las ideas y propuestas que han expuesto los representantes de las principales corrientes políticas. En el número corriente de la revista Foreign Policy, edición mexicana, se publican sendas entrevistas a quienes encabezan respectivamente los equipos de política exterior de los
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tres principales candidatos a la Presidencia de la República: embajador Jorge Eduardo Navarrete por Andrés Manuel López Obrador; embajador Jorge Montaño por Enrique Peña Nieto y embajador Rubén Beltrán por Josefina Vázquez Mota. De igual manera, estos mismos personajes publicaron sendos artículos en la revista Foreign Affairs: Latinoamérica, número de abril-junio de 2012. Las críticas fundamentales que hacen los tres a la política exterior actual son de forma, de falta de coordinación, de insuficiencias y de cosas no realizadas, pero también van al fondo del problema. Tienen razón, la omisión y el bajo perfil del equipo que actualmente dirige la política exterior mexicana no tiene paralelo. No se había tenido una política exterior, o más bien una “no política exterior” tan errática desde hace años. La política exterior mexicana fue por mucho tiempo una política de consenso, hoy ya no lo es más. Sin grandes rupturas, el país, a través de su Historia, logró integrar una serie de prácticas y de doctrinas que constituyeron un corpus de una política que le permitió navegar, con relativo éxito e influencia, por las turbulentas aguas de la conflictiva internacional. No es sino hasta los últimos años en que parece haberse perdido el rumbo: el deterioro de la imagen de México y la pérdida de influencia en los asuntos internacionales es patente. El activismo y la presencia de los diplomáticos mexicanos en los más diversos foros no hacen una política exterior, se necesitan objetivos claros y propósitos específicos que han faltado para darle coherencia y profundidad al actuar internacional de México. Con énfasis y matices diferentes, los tres representantes de los candidatos mantienen una línea discursiva semejante. A partir de sus posiciones y respuestas no se podrían advertir grandes diferencias en lo que será la política internacional de un nuevo gobierno. Cualquiera que sea el ganador, lo que intentaría es restablecer las bases de la política exterior y la imagen de México en el mundo. De ahí que cada uno ponga el acento en su concepción de cómo corregir los defectos de la política exterior actual. A partir de las diferentes posiciones podría afirmarse, que el modelo de política exterior que se pretende seguir es básicamente el que se diseñó desde hace por lo menos 20 años, el que heredamos de la década de 1990, al término de la guerra fría: un país orientado por su geopolítica y su historia. Con una relación fundamental con los Estados Unidos al que México está unido en el esquema establecido por el tlcan y por un andamiaje institucional de cooperación en seguridad, lucha al tráfico de drogas y demás problemas de la frontera, diseñado en ese mismo período. Asimismo, se identifican a las relaciones bilaterales y regionales con América Latina, región a la que pertenecemos por nuestra afinidad cultural y lingüística, y a la que estamos vinculados por una larga historia de relaciones políticas, como el otro eje que define nuestra acción internacional. A partir de esas dos relaciones fundamentales se pretendería recuperar la actividad de una política de pertenencias múltiples, la que permitiría mantener buenas relaciones con las otras regiones fuera de nuestro continente: con Europa, a partir del acuerdo global y la asociación estratégica con la Unión Europea y con algunos países en lo individual; con Asia Pacífico a partir de los esquemas regionales de cooperación como la apec y también por las relaciones
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bilaterales con los países más dinámicos de la región como la República Popular China, Japón y Corea del Sur. México tiene además la pretensión de ser un actor internacional de peso, con voz propia en los organismos multilaterales. Para ello tiene una larga historia de presencia en los foros y organismos internacionales. Sin embargo, la imagen de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad y desorden que en los pasados cinco años hemos proyectado al mundo, impiden tener una mayor influencia en la toma de decisiones globales. La realidad es que si México quiere recuperar su presencia e influencia en el mundo, el modelo de política exterior heredado de la década de 1990 se tiene que modificar y profundizar. No se puede seguir dándole la misma importancia y prioridad a las distintas regiones. La situación actual exige definiciones mayores por las que México tiene que optar; tiene que potenciar su presencia en el mundo internacional, a partir de definir prioridades y alianzas en su política internacional. La política de los pasados 20 años ha servido para navegar entre distintas aguas y mantener una presencia en los diferentes foros, organismos y regiones. La presencia de México hoy tiene grandes limitaciones y no contribuye mayormente a la misión fundamental de la política exterior que es promover los intereses nacionales e impulsar el desarrollo económico y político de México. Hay ciertos momentos en la vida de algunos países en los que las definiciones de política internacional son fundamentales para su evolución y desarrollo. Qué hubiera sido de España y Portugal si en los años posteriores a las dictaduras no hubieran optado por su integración a las comunidades europeas y a la otan; o en los países de Europa Central y del Este, que después de la desaparición del bloque soviético escogieron un camino determinado con su ingreso en la Unión Europea y la otan. También puede citarse el desarrollo y la reforma económica de la República Popular China, que gran parte de su éxito está asociado a las definiciones y cambios en su política internacional. México en esta etapa de variaciones del poder internacional, de la emergencia de varios polos de poder económico y político mundial, del cambio del poder hegemónico de la principal potencia de la posguerra fría, los Estados Unidos, que además es nuestro vecino y principal socio comercial y financiero, tiene que optar por ciertas alternativas que hasta ahora ha podido postergar. La pertenencia fundamental a América del Norte o a América Latina es una de las definiciones que deben hacerse conscientes y actuar en consecuencia. No pueden ser alternativas semejantes, no se puede mantener por mucho tiempo más la acción dubitativa entre las dos regiones. La opción de México ya está definida hacia América del Norte y sobre todo con nuestro principal socio económico, primordial mercado de exportación y fuente de inversión en el que vive 10% de su población y que aporta los principales flujos de turismo y de cooperación, está destinado a ser socio y aliado político fundamental en esta nueva época, los Estados Unidos. Pero no basta decir que es la relación principal, lo que se necesita es que México se asuma como parte de América del Norte y actuar en consecuencia. Ello no quiere decir que se pierdan las relaciones con América Latina. Por el contrario tendrán que tomar otra dimensión en función de la pertenencia de México a América del
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Norte. Es parte del vecindario y no puede olvidarse a América Central como el principal campo de acción de la política internacional de cooperación de México, con la cual hay infinidad de ligas, muchas de ellas condicionadas por el hecho de ser el espacio de tránsito de esa región con los Estados Unidos, como sería el caso de la migración y el tráfico de drogas, y que tendrían como consecuencia repensar el tema fundamental de la seguridad regional. Asimismo, no es posible dejar de desarrollar relaciones y alianzas con los países más grandes de América del Sur: Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile e incluso Venezuela. Se podría pensar en un cambio en las relaciones de estos últimos con los Estados Unidos y, para ello, el papel de intermediación de México podría ser fundamental. La relación con las otras regiones del globo también tendrá que adecuarse. Con Europa se vislumbra un periodo de turbulencia que no ofrece grandes posibilidades en los próximos cinco años. Pero esta es una región que no va a perder totalmente su peso internacional, por lo que se debería preparar el relanzamiento de las relaciones entre México y aquella región. Con Asia Pacífico, la región de mayor impulso económico mundial, tendremos que replantear las relaciones con los principales polos de poder emergente, como la República Popular China y la India. México como miembro de América del Norte tendrá que dar otra dimensión a su relación con China. En conclusión, lo que se quiere para un México del futuro es una política internacional, coherente, de sólidos principios y audaz en la defensa de los intereses nacionales; que mantenga su voz y sea tomada en cuenta en los procesos de toma de decisiones internacionales. Una política activa, que no la paralicen los valores del pasado, que le permita darse cuenta de los cambios que operan en el mundo para actuar en consecuencia. La imagen de México en el mundo ha sufrido un deterioro fundamental en los pasados años, necesita cambiar esa percepción y sobre todo la que la opinión pública internacional tiene de México. Existen tareas internas que hay que hacer, pero también están las propias del ámbito internacional que se tendrían que desarrollar. El nuevo gobierno tendrá como obligación avocarse a solucionar esta problemática si quiere hacer de la política internacional una palanca para el desarrollo y la evolución del país. “México es un país mejor y más grande que el que está en la cabeza de la mayoría de los mexicanos. Es preso de su pasado y es preso también de la idea pobre que tiene de sí mismo, y que ha exportado al mundo”. Una de las primeras tareas de una nueva administración será corregir este lastre del pasado. La coyuntura que se abre, al coincidir los dos nuevos gobiernos de una relación fundamental, como son el de México y el de los Estados Unidos, es una ventana de oportunidad que no hay que desaprovechar en la construcción de una nueva era de nuestra política internacional.
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mesa de política exterior. méxico, américa latina, áfrica y medio oriente Coordinación Gustavo Carvajal Moreno Participantes Ignacio Morales Lechuga
Víctor Alfonso Maldonado
Jorge Eduardo Navarrete
Martín Olavarrieta
F. Javier Sánchez Campuzano
Adalberto Santana Relatoría
Otilio Flores Corrales
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relatoría Otilio Flores Corrales
Contexto Los temas de esta mesa tuvieron como eje articulador dos preguntas en el marco actual de la globalidad: ¿cuál es el estatus de la relación de México con los países que conforman las amplias zonas definidas en el nombre de la mesa? y ¿qué hacer para relanzar su relación con ellas?
El debate • Se planteó que a nivel mundial existe un sentimiento de descontento y malestar generalizado, hay un ánimo de búsqueda de sentido y de cambio social. • Se piensa que este sentimiento se está estructurando y crece a través de internet y de las redes sociales. • Esa es una de las razones por las que este encuentro, aprovechando la tecnología y las nuevas tendencias, se extiende a través de las redes sociales para incluir en el debate a más de tres millones de personas, que es la cantidad que integra la base de datos que se posee. • Se dijo que el reto de las relaciones exteriores de México es saber enfrentar este entorno, siempre novedoso y cambiante, debido a la influencia de las comunicaciones mediáticas. • Se mencionó que hay una búsqueda de un nuevo contrato social, a la que habría que sumarse y, desde esa base, promover la renovación y fortalecimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre), pues por medio de ella México es representado y promocionado en el mundo. • Para el fortalecimiento de su política exterior se debe partir de definir cuál es su esencia, y ésta se encuentra, sin duda, en el axioma juarista. • Se expuso que el reto, no sólo de México, sino del conjunto de las sociedades del mundo para pensar en el presente siglo, es escapar de la imagen de la violencia y
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adoptar una visión cosmopolita y multicultural que posibilite el replanteamiento del orden internacional, con base en una nueva concepción del ser humano y en una revitalización humanista de los conceptos de política, poder y soberanía. Se dijo que el reto reside en lograr la capacidad del conocimiento humano necesaria para plantearnos la multiplicidad como método de comprensión. Se mencionó que los choques intraculturales e interétnicos que generan la violencia actual, están en contacto íntimo con el reto de desarrollar esa capacidad intelectual. Se planteó que es evidente que el mundo experimenta una revolución intelectual, sin embargo, es claro que el humanismo ya no tiene contenidos pragmáticos útiles para la era contemporánea, por lo que es necesario dotar al pensamiento humanista de esos contenidos. Se explicó que están a prueba no sólo los humanismos, sino incluso la misión de las grandes religiones del mundo, como parte de esa titánica tarea de volver a conceptuar la condición humana en la confrontación permanente entre diversidad y homogeneidad en la globalidad. Se comentó además que la enorme y sorprendente importancia de las novedades tecnológicas, sobre todo en materia de comunicación humana, comunicación trascendente y explosiva, conforman una circunstancia óptima “para aportar algo” en la solución de lo anterior. Se preguntó lo siguiente: ¿qué le falta a México ante esta pléyade que aguarda el cambio del mundo, para buscar elementos de “identidad” que permitan replantear la esencia fundamental de la justicia? Al respecto, se dijo que es menester asumir al mundo actual como una herencia de la caída de los muros. Un mundo violento, donde los elementos de la delincuencia organizada se mezclan con los religiosos, migratorios y de corrupción. Se considera que es en este contexto donde hay que vislumbrar que se vive en una “segunda modernidad” y que hay que estar preparados para ello. También se afirmó que hay que dejar la “existencia simple”, para aceptar como ineludible un cosmopolitismo global. Se enfatizó que el mundo enfrenta el caos, por lo que la situación actual implica los siguientes fenómenos: − La disolución de la urss. − La revolución que amenaza a los países transicionales. − El conflicto generalizado en África. − Los enfrentamientos étnico-religiosos. − La migración. − La corrupción y el crimen organizado.
• Se mencionó que por todo lo anterior, se ha modificado la geopolítica.
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• Se explicó que se ingresa a una nueva era, la de la segunda modernidad, caracterizada por la revolución de género y la constitución de sociedades cosmopolitas. En ésta el individuo es educado no para servirse a sí mismo, sino para incrementar la productividad de las grandes empresas. • También se dijo que la creciente influencia de los organismos supranacionales ha modificado el concepto de soberanía nacional, acotada por las acciones y decisiones de esos organismos. • En suma, se comentó que la organización mundial ha transitado de una estructura basada en entornos cerrados hacia una sociedad global, pero que no está preparada para enfrentar los eventos inesperados. • Se planteó que en México, los partidos y sus candidatos no están leyendo bien la nueva realidad. Todo es considerado a nivel doméstico y se olvidan de que la dinámica global es determinante; por eso muchas de sus propuestas no son útiles, porque dejan de lado la dimensión global, respecto de la cual muchos fenómenos internos no son más que su efecto. • Por lo que se considera que esto presupone una reinterpretación del poder, de la soberanía, del federalismo, de la idea de comunidad, para que, con base en ello, se refunde la sociedad. • Se propuso que para resolver los problemas de México, es muy importante abandonar la actitud endogámica que lo ha caracterizado y se adopte el cosmopolitismo global. • Se pidió tomar en cuenta que los jóvenes representan un gran reto, ya que hasta ahora nadie les ha tendido la mano para ayudarlos e integrarlos. • En México se tiene el problema de que hay autonomía, su Secretaría de Relaciones Exteriores es una subsecretaría del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por lo que habría que ser autónomos para plantear una nueva política internacional. • Se afirmó que para fortalecer la política exterior mexicana es necesario considerar lo que es y lo que ha sido, y también habría que ponderar su idioma, porque la lengua es el vehículo de la cultura. México tiene un valor específico y muy fuerte en el mundo, pero debido a lo anterior, este valor no se manifiesta, no se tiene claro adónde quiere ir. • Por otra parte, se expuso que habría que regresar a la Historia para encontrarse y proyectar para el futuro; es algo que México tampoco has hecho. Se mencionó como ejemplo que hace ya varios años, en ocasión de un acto conmemorativo, marcharon conjuntamente en París representantes de las fuerzas armadas francesas y alemanas, para simbolizar la unión de ambos pueblos y el fin de los rencores históricos, ese día nació, simbólicamente también, la Unión Europea. Esto es algo que no se ha hecho en México y no se han superado los odios del pasado. • Se dijo que con tolerancia y buena fe tendrían que resolverse los atavismos y rencores antiguos para avanzar.
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• Se enfatizó que lo que se debe plantear es que México retome su presencia en el mundo, a través de una directiva de política internacional esencialmente mexicana. • Por otro lado, se mencionó que ante las medidas tomadas por España para restringir la entrada legal de mexicanos a su territorio, el primer paso del gobierno de México tendría que ser el solicitar formalmente que se retiren esas medidas y esperar la respuesta, y si en un plazo prudente ésta no se produce, entonces habría que considerar otras acciones. • Además se comentó que existe confusión entre política exterior y acción internacional, cuando se distingue entre ellas es más fácil establecer el papel de los actores. También se dijo que hay muchos actores, por lo que es importante que el gobierno de México deje espacio para que éstos interactúen con sus similares, —actores privados económicos y actores subestatales—, que no gestionarían ni definirían la política exterior de México, pero sí llevarían a cabo diversas acciones que contribuirían a cumplir con los objetivos de política exterior. Por lo que a la sre le correspondería apoyar y encauzar estas acciones, y, si fuera el caso, coordinarlas. • Se consideró que México es uno de los países menos representados en el mundo, y sería necesario revisar la estructura de la sre, a fin de incrementar el número de representaciones y hacerlas más eficaces. • Con respecto a los partidos políticos, se dijo que no han presentado planteamientos claros respecto a la política exterior, aunque sí han ofrecido algunas orientaciones, no obstante, considerando que estamos inmersos en un proceso electoral, no extraña la situación, pues en ningún país las campañas incluyen a la política exterior como uno de los puntos más relevantes. • Se refirió que México no debe limitarse sólo a albergar foros y reuniones internacionales, sino que debe aportar sustancialmente al debate mundial. • También se comentó que entre las regiones del mundo en desarrollo, América Latina, junto con África subsahariana, fue la que mejor ha enfrentado la crisis económica surgida en 2008, la cual se manifestó a través de la caída brusca de los ingresos por exportación a Norteamérica, así como de la inversión directa proveniente de esa zona; este mismo factor también causó una disminución de las remesas enviadas desde los Estados Unidos y Europa. América Latina pudo absorber la crisis mediante medidas anticíclicas, debido a que la quiebra de Lehman Brothers, detonante de la crisis, ocurrió en un momento en que el crecimiento promedio de Latinoamérica era de 5%. Sin embargo, México fue la excepción porque, en razón de ciertos temores respecto a la estabilidad monetaria, no puso en práctica las disposiciones pertinentes y el resultado fue la caída de 7% del pib. • Se manifestó que esto también se explica por la estrecha dependencia de México, Centroamérica y el Caribe hacia los Estados Unidos, mientras que en América del Sur los países del área han diversificado su relaciones económicas y comerciales con otros países, principalmente con China, país que ha ocupado el lugar de los Estados
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Unidos como principal socio comercial, lo que ha hecho que esta subregión sea menos vulnerable. En este sentido, en Sudamérica, China está desplazando a los Estados Unidos como principal socio comercial. Por otra parte, sus demandas más importantes son las materias primas agrícolas e industriales, vendidas principalmente por Perú, Chile y Venezuela. El resultado es el incremento de los ingresos por exportación para estos países, no obstante, esto tiene un costo, que es la reprimarización de la economía sudamericana. Se refirió que la Conferencia Internacional de Partidos Políticos de Asia (por sus siglas en inglés, icapp) y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (copppal) están preparando diversos programas de movilidad internacional entre América Latina y Asia, pero los latinoamericanos no se inclinan mucho hacia el exterior, se repliegan hacia adentro y eso constituye un verdadero obstáculo para estas iniciativas. Por otro lado, en cuanto a la soberanía, se planteó que no debe dejarse de lado la importancia prioritaria de la soberanía alimentaria. Se explicó que China demanda cada vez más productos alimenticios y podría acaparar la producción mundial, por lo que México debe producir más alimentos, si no lo hace se arriesga a la hambruna. Con respecto a Asia, se dijo que es notable el desarrollo económico de algunas ex repúblicas soviéticas, como Kazajistán, que son muy ricas, además de que en su territorio quedaron instalaciones militares y tecnológicas estratégicas de la era soviética muy importantes. Se expuso que un caso similar de gran dinamismo económico es el de Malasia y Camboya, este último recientemente independizado. Pero también hay problemas, ya que Nepal vive una guerra interna entre partidos de izquierda. Se afirmó que el futuro está en Asia y América Latina, pero que debe fortalecerse la política internacional respecto a ellas. Sin embargo, se destacó que América Latina se encuentra circunscrita en un cambio importante, pero que México no tiene ni vida ni visión propias, porque las perdió y no las ha vuelto a definir. Por esto, se enfatizó que México está obligado a redefinir tres aspectos centrales: − El papel de la política exterior mexicana en la región. − Qué hacer con las remesas. − Qué hacer con la migración que retornará a nuestro país.
• Se explicó que la política exterior de México debe considerar que los principales problemas que enfrenta México están relacionados con la soberanía política y alimentaria, la seguridad nacional, —considerada en relación, principalmente, con el crimen organizado—, y los flujos migratorios. No obstante, la dificultad que entraña este conjunto depende, en gran medida, de las determinaciones impuestas por la globalidad, lo cual impide tener una clara visión de lo que va a pasar.
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• Se resaltó que hay 50 millones de mexicanos en el exterior, de los cuales una parte considerable son jóvenes con preparación que laboran en zonas urbanas, por lo que las remesas que envían son muy importantes para la economía nacional en conjunto y, en particular, para algunas regiones. Por ejemplo, el df se convirtió en poco tiempo en la segunda entidad de la República que más recibe remesas enviadas por este tipo de trabajadores. • Por otro lado, se mencionó que deben considerarse las medidas que se tomarían para integrar económica y socialmente a esta población, en el caso de que una parte regresara al país. Al respecto, se dijo que una de las estrategias sería el desarrollo de la tecnología para que ese sector absorba a la población que retorne. • Otra estrategia que se propuso fue el turismo, que representa la mejor alternativa para que México mejore su economía, pues esta actividad es un detonante del desarrollo de las regiones, además, permite que el sector de la población empleado en la prestación de servicios obtenga liquidez inmediata. • Sin embargo, se explicó que para que esta industria prospere, es necesario garantizar la seguridad de los visitantes y de las inversiones, es decir, que el principal problema que nuestro país debe resolver es el de la seguridad, acabar con la delincuencia para garantizar la integridad y tranquilidad de los turistas, y estabilidad política para dar certidumbre y confianza a los inversionistas. Además, habría que considerar que la política turística no debe limitarse a la promoción de destinos, sino desarrollarse en torno a la promoción de la cultura de México. • Se mencionó que esto es lo que han hecho, con buenos resultados, países como Francia, que dan a conocer cuál es la forma de vida de su población, y eso es lo que los vuelve aún más atractivos. • Asimismo, se cree que es posible que parte de la presión migratoria no provenga de mexicanos en el extranjero que deseen regresar, sino de extranjeros que soliciten asilo político o económico, y esto también debe considerarse. • Poro otra parte, se habló de que, en América Latina, los partidos políticos se están inclinando hacia la derecha y prevalece un sentimiento de división, favorecido por los procesos electorales en diversos países. Tal es el caso de Honduras; de Venezuela también, país que enfrenta un escenario de incertidumbre provocado por el delicado estado de salud del presidente Hugo Chávez, quien, a pesar de todo, presentará el próximo 4 de julio su candidatura a la reelección; y de México, cuyo proceso de elección puede producir una crisis política y social. • Al respecto, se mencionó que López Obrador ya dijo que prevé fraude electoral y es posible que el candidato del pri sea objeto de una fuerte campaña de desprestigio, quizá le acusarán, pocos días antes de la elección, de estar estrechamente vinculado al narcotráfico. Por su parte, en los Estados Unidos, Hillary Clinton ha dicho en dos ocasiones que el pri no ganará las elecciones. • El problema de México es que no ha tenido vida propia, sino dependiente de los
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Estados Unidos, quien ya envió funcionarios a pedir cuenta de los candidatos mexicanos a la Presidencia de la República. Se hizo énfasis en que es significativo que se diga que el gobierno estadounidense proporcionó la información que condujo a la detención, en días pasados, de militares mexicanos de alto rango acusados de relaciones con el crimen organizado, y que posee los expedientes de otros 30 militares. Entre ellos, el general Tomas Ángeles Dahuajare, quien participó en una reciente reunión de la Fundación Colosio y criticó duramente la estrategia del gobierno federal de combate al narcotráfico, —que ha producido más de 50 mil muertos en los últimos años—, y días después fue aprehendido. Efectivamente ha sido un error enviar al ejército a combatir el narcotráfico, las fuerzas armadas eran una institución muy respetada, que hoy está desprestigiada. Se planteó que el conflicto electoral se evitaría solamente si el ganador lo fuera por un margen muy amplio de votación, lo cual, en las actuales circunstancias, es difícil de prever. En cuanto al panorama de los países latinoamericanos, se habló de que Argentina enfrenta problemas con España, a raíz de la decisión de la presidenta Cristina Fernández de nacionalizar el petróleo. En lo que toca a Perú, la situación es de creciente estabilidad, pues el presidente Ollanta se está inspirando más en la estrategia de Lula que en la de Evo Morales. Asimismo, en Cuba hay un proceso de apertura en marcha que impulsa el presidente Raúl Castro; y en este sentido, resulta fundamental repensar la relación de Cuba y México para este siglo. Las Antillas Holandesas continúan luchado por su independencia, Holanda les ha otorgado la categoría municipal, pero para los independentistas eso no es suficiente. Respecto a la lucha por la descolonización en América Latina, se dijo que no se puede dejar de lado el asunto de las Malvinas. También se abordó el punto de que en la región latinoamericana “no hay dictaduras”, se viven transiciones con una relativa estabilidad, pese a las enormes diferencias sociales. Excepto México y Colombia, durante los últimos 10 años, se comentó que la región de Latinoamérica ha vivido una etapa pacífica y de estabilidad política (salvo Honduras, que sufrió un golpe de Estado en 2008), no hay dictaduras ni conflictos graves y sí una profundización de la democracia. En cuanto a Venezuela, se considera que la situación es estable, a pesar de la incertidumbre provocada por el estado de salud de su Presidente. Si bien la oposición política a Chávez está polarizada, no se vislumbran posibilidades de un conflicto armado por esa causa, y es probable que, en el caso de que Hugo Chávez falleciera, su régimen continuaría. Se señaló que los fenómenos actuales en América Latina y sus actores son de un tipo distinto a los que estábamos acostumbrados, y requieren respuestas novedosas.
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En este sentido, las ideas nos han servido para que tengamos claro lo que debemos hacer, por lo que es importante retomar el ideario juarista y actualizarlo. Se sugirió que América Latina debe plantearse la posibilidad de integración para fortalecerse, pero una integración horizontal y no vertical como siempre se ha propuesto. Por ello, es necesario sumarnos a la tendencia mundial hacia la constitución de bloques regionales. Se recordó que en América del Sur se han desarrollado iniciativas comunes en este sentido, como Mercosur, pero en el norte no, México no ha considerado nada al respecto. Se destacó que las comunicaciones se están integrando también y las redes sociales amplían el horizonte. El turismo, la movilidad internacional, las telecomunicaciones y la descolonización, son los ojos de la nueva modernidad que México debe tomar en cuenta. Se planteó que América Latina vive una convulsión que redefine fronteras, y se vislumbran más cambios: Venezuela tendrá elecciones este año y Argentina ha tomado decisiones fuertes. También se expuso que los principales problemas de la región son los movimientos migratorios y el crimen organizado. Al respecto se dijo que existe un decrecimiento migratorio hacia los Estados Unidos, sin embargo, sus efectos a lo largo de muchos años obligan a redefinir “dónde comienza” América Latina, ahora que hay más de 50 millones de latinos en la franja fronteriza entre México y aquel país del norte. Se puntualizó que la migración depende del comportamiento de la economía, y la crisis que afecta actualmente a los Estados Unidos y a Europa está influyendo en una reducción del flujo migratorio de México hacia el norte, un incremento de la migración centroamericana hacia México y su disminución hacia Europa. Asimismo se prevé que aumentará la migración europea, en especial de españoles y portugueses, hacia Argentina, Venezuela y México, principalmente. Por otro lado, se dijo que las remesas de los migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, —alrededor de 305 millones de personas—, continúan siendo un factor importante para la economía de la región; además, esta población, debido a su dinámica interna, está constituyendo una nación interna en los Estados Unidos. Aunque no es un fenómeno nuevo, también se habló de que se ha acrecentado la delincuencia organizada en América Latina. Esto constituye además un importante factor económico, no sólo para la región, sino para todo el continente, cuyo impacto se estima en alrededor de $39 mil millones de dólares. Este fenómeno no es reciente, por lo menos se remonta, en México, a 80 años atrás, sin embargo, se ha agravado en los últimos años. Se expuso que el otro gran problema de la región latinoamericana, además del político, es la ecología. Por ello, resulta estratégico reforzar la mirada sobre el cam-
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bio climático, en especial el calentamiento global y el tema del “agua”, y enfocar las reflexiones hacia lo que sucede en Brasil y no se debe perder de vista el caso de Chile. Al respecto, se señaló que hay conflicto entre Brasil y la onu, porque ésta ha declarado que el agua del Amazonas es de la humanidad, pero Brasil ha reclamado, en previsión de la escasez mundial de agua que se producirá en un futuro no muy lejano, el caudal de este río para sí mismo. En cuanto a Chile, se comentó que los glaciares en su territorio se deshielan de manera acelerada y es posible que, dentro de aproximadamente 40 años, toda su costa quede bajo el agua. También se planteó que Medio Oriente hierve, Argelia, Túnez, Irán y Turquía, viven el calor de los jóvenes y el caso de Siria es emblemático. Los movimientos juveniles de protesta en Medio Oriente, son fundamentalmente antigubernamentales y muy fuertes, pero no está claro su destino final. De Irán se dijo que no ha abandonado la idea de fortalecerse política, militar y económicamente, y junto con Turquía, apoya los movimientos contestatarios de la región; además, Irán está fortaleciendo su presencia en América Latina, hecho que ha puesto en alerta a los Estados Unidos. En el caso de Siria, se expuso que el gobierno no parece dispuesto a permitir que haya un cambio, por tanto, la ocurrencia de eventos violentos se incrementará. Se añadió que existen los contactos intercontinentales entre América Latina y el Medio Oriente, como se ha mostrado en las relaciones que ha establecido Irán con algunos países de la zona. En cuanto a África, se explicó que vive una “revolución” periódica. Entre sus consecuencias prácticas resalta la fragmentación cada vez mayor del continente. Para finalizar, se refirió que la mayor parte de la región africana se encuentra en un estado de conflicto permanente; de los más de 100 partidos políticos africanos, la generalidad, —excepto en 5 o 6 países, entre ellos Sudáfrica—, son locales, lo cual es un indicador del grado de fragmentación política.
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la política exterior de méxico con américa latina y el caribe Gustavo Carvajal Moreno
El reto de México frente a los diversos cambios que enfrenta el mundo, entre ellos, las inconformidades de grandes sectores de la población latinoamericana, el apogeo de las redes sociales y de la tecnología y el ingreso a una segunda modernidad, caracterizada por la revolución de género y la constitución de sociedades cosmopolitas y globales, debería orientarse a rescatar la cultura, los orígenes y el valor de México como nación, para que esa imagen vuelva a proyectarse hacia el mundo. Desafortunadamente, en los últimos años poco se ha hecho para promover la presencia de México ante el mundo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual debería encauzar y coordinar las acciones necesarias para cumplir los objetivos planteados sobre política exterior. Sin embargo, esto no se ha logrado suficientemente. Si México quiere recuperar y desarrollar un mayor crecimiento económico, debe volver a plantear el rumbo de su política exterior, tomando en cuenta como temas relevantes la soberanía política y alimentaria, la seguridad nacional y los flujos migratorios. También debe volver a impulsar el turismo, pero para que ello funcione primero deben resolverse los problemas de inseguridad existentes, para garantizar la integridad y tranquilidad de los turistas. Por otra parte, América Latina, frente a la crisis económica de 2008, fue una de las zonas que mejor la ha enfrentado, tomando medidas anticíclicas y logrando un crecimiento promedio de 5%; sin embargo, México no siguió estas mismas medidas y tuvo una caída de 7% del pib. Dicha caída puede explicarse por la dependencia que tiene, junto con Centroamérica y el Caribe, hacia los Estados Unidos, mientras que los países de Sudamérica han buscado diversificar sus relaciones comerciales, sobre todo con China, país que está convirtiéndose en el socio comercial principal de varios países. La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (copppal) visualizando la necesidad que existe entre los países de Latinoamérica de ampliar sus mercados y de asociarse comercialmente con los países de Asia, está preparando diversos programas de movilidad internacional que favorezcan nuevos intercambios.
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Asimismo, un aspecto significativo que México debe retomar y reflexionar es la necesidad de recuperar su vida propia y dejar de depender de los Estados Unidos en muchos aspectos. Quizás una opción a mediano plazo sería la posibilidad de integración de América Latina a través de bloques regionales, como ha sido el caso de mercosur pero, en este sentido, México debe esforzarse más por salir de su aislamiento dentro del bloque norte y acercarse más para hacer alianzas con los países del bloque sur. De cara a lograr los cambios requeridos para que México vuelva a tener un papel destacado en el mundo, es preciso reorientar y unificar los esfuerzos necesarios para fortalecer la política exterior, y esto es un tema pendiente que el nuevo gobierno tendrá que incluir en su agenda.
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de historia y dignidad Víctor Alfonso Maldonado
Hoy son otros los tiempos y otras las circunstancias, dirán algunos. Pero las causas de la libertad y la justicia siguen siendo las mismas. Si en épocas que parecen ya muy remotas, México fue considerado como una de las naciones más respetadas y escuchadas en defensa de la libertad, la justicia y los derechos humanos, hace ya años largos que tal privilegio se ha perdido. Es cierto, ya es historia antigua y casi no quedan testigos que hayan vivido aquel entonces. Pero no está de más, como suele hacerse en Europa, mirar al pasado para entender el presente, para tomar decisiones que comprometan el futuro. Así, uno por uno, los europeos repasan su historia. Basta asomarse a las librerías para constatar en títulos nuevos, que sigue siendo un tema actual lo que le sucedió a otras generaciones. Los españoles continúan analizando las causas que originaron una sangrienta guerra civil e impusieron al dictador Francisco Franco en el poder. Los franceses no acaban de digerir el fenómeno de la Colaboración y la Resistencia, ni se resignan con la pérdida de sus imperios en África y el sudeste asiático. Gaullistas y antigaullistas continúan en discusiones que se antojan eternas y no pasa día en que algún escritor o articulista arroje “nueva luz” sobre los hechos pasados.
En un tema sí parece haber acuerdo: no hay perdón No hay perdón para los traidores. No lo hay para los criminales de guerra; no para los genocidas. Nadie puede remover impunemente supuestas glorias del franquismo, los nazis o el fascismo. Claro, siempre existen excepciones: la defenestración del juez Garzón es un triste ejemplo, pero lo es también de que en España la historia antigua continúa vigente. Entonces ¿por qué no mirar al pasado cuando examinamos la relación actual y futura de México con los países que integran la Unión Europea? En momentos álgidos, de enorme peligro para la integridad de México, cuando se hablaba de invasión territorial de las potencias afectadas por el decreto de expropiación petrolera
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firmada por el presidente Cárdenas, la voz firme del delegado permanente mexicano ante la Sociedad de Naciones, Don Isidro Favela, se opuso a la mayoría medrosa que admitía, con subterfugios técnicos, la invasión de Italia a Abisinia para crear un imperio… Sólo un ejemplo de las múltiples intervenciones del embajador mexicano en el Palacio de Ginebra. Inútil extenderse sobre la actitud de México ante la guerra civil que ensangrentó a España. Rara vez la diplomacia de un país habrá alcanzado las alturas de profesionalismo y dignidad que la situación exigía. Los nombres de Narciso Bassols, Luis I. Rodríguez, Fernando Gamboa o, destacando entre todos Gilberto Bosques —gran héroe cívico como pocos se han dado en la Historia de México— forman una lista irrepetible en las páginas gloriosas de su diplomacia. ¿Cómo fue que Lázaro Cárdenas, se pregunta uno con frecuencia sin encontrar una respuesta suficiente, un militar michoacano, formado en el fragor de la Revolución armada, sin estudios universitarios y sin haber traspasado nunca las fronteras de México, tuvo tan sagaz intuición política para dirigir con tanto acierto la política exterior de México en momentos particularmente difíciles? La respuesta debe estar en un libro que aún no he leído. Fueron tiempos de dignidad nacional que se han perdido. Los ejemplos sobran, a cual más valiosos, ¿por qué no recordar la postura de Manuel Tello en la Organización de los Estados Americanos (oea) cuando cumpliendo instrucciones del gobierno estadounidense, los países de América votaron por mayoría, menos uno, la expulsión de Cuba de la Organización. Y de manera más reciente ¡cómo no recordar el plante gallardo del canciller García Robles ante el golpe de Estado de Pinochet! De acuerdo, es historia pasada. Lo actual es la ignominia, la humillación y la bajeza. Nunca se había caído tan bajo en más de un siglo de Historia. La política exterior, que fue en un tiempo orgullo de México y ejemplo de dignidad ante el mundo, arrastra ahora su indignidad con medrosa actitud. ¿Qué en Arkansas votan por leyes abiertamente racistas contra los mexicanos, que son tratados como delincuentes y deportados en masa con el signo de indeseables? Nada: la Cancillería expresa su preocupación y sus buenos deseos para que las autoridades de allá reconsideren sus disposiciones y perdonen nuestras deudas, a sabiendas que a nada conducirán sus tímidas declaraciones. No se vayan a enojar los gringos. A España, México no puede oponerle deudas de gratitud. Pero de un país tan ligado a México, difícilmente se hubiera admitido, como se hace ahora, un proceder vacilante ante la actitud prepotente, altanera de su gobierno en contra de quienes se atreven a viajar a España, con altos riesgos de menosprecio y degradación. La respuesta de México no ha ido más allá de las consabidas declaraciones timoratas e inocuas, cuidando de no tocar la susceptibilidad de la otrora llamada Madre Patria. Ante las deportaciones injustificadas de muchos mexicanos por no llevar consigo el irrisorio documento de carta invitación debidamente sellado, notariado e imagino celosamente investigado, la Canciller mexicana declaró que este es el momento de hacer recíproco a España el gran apoyo que esa nación ha mostrado en múltiples foros. Frente al Ministro de Relaciones español, quien opinó a este propósito que es impensable que unas relaciones tan
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estrechas y tan amistosas como las nuestras se vean empañadas por ese asunto, la Canciller no desaprovechó la oportunidad de bajar la cabeza y “descartó que México vaya a adoptar alguna medida contra los turistas españoles que viajan a nuestro país en respuesta a las expulsiones de mexicanos. Antes bien —agregó— recibimos con los brazos abiertos a los españoles que viajan a México”. Ninguna medida que pueda ofender la prepotencia europea. Nada que incorpore un sesgo de dignidad a la política exterior de México. Nada que implique altura conceptual en la conducción de la relación con las demás naciones, sobre todo si son poderosas y tienen a México, como en otro contexto dijera Franco, “atados y bien atados”. Que otros países, como Brasil, opongan la estricta reciprocidad a medidas vejatorias en contra de su país ¡Pues allá ellos con su dignidad, su honor y su vergüenza…! Lo de México en la actualidad es la bajeza, la docilidad y la modestia de miras.
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política exterior hacia américa latina en los inicios del siglo xxi Adalberto Santana
La globalización altera de manera continua la vida de todos los habitantes del planeta. En el caso de América Latina y el Caribe, representa la transnacionalización permanente de la producción, el comercio, el sistema financiero y de los estilos de vida occidentales. En virtud de que el orden internacional busca garantizar los contratos económicos, a través de su influencia en los gobiernos y estructuras sociales latinoamericanos, el debate para México se centra en encontrar la configuración económica, política y social que más le favorezca. Para América Latina y el Caribe se ha señalado que las oportunidades y el acceso a bienes y servicios son fundamentales, pero también es muy importante el proceso mediante el cual los individuos son sujetos activos de su propio desarrollo, incidiendo responsablemente en sus vidas y su entorno inmediato. A las sociedades latinoamericanas se les considera como las más desiguales del mundo. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) ha requerido de Latinoamérica, que las condiciones objetivas de los hogares y las restricciones que enfrentan, se relacionen finalmente con la calidad y eficacia de la representación política y la capacidad redistributiva del Estado.1 Un replanteamiento en la política exterior mexicana hacia los países de América Latina impone la necesidad de un profundo análisis de la primera década del 2000. Durante este periodo, se manifestaron los fenómenos más desestabilizadores que modificaron las categorías y los índices de desarrollo humano, y que afectaron la vida de sus habitantes: el narcotráfico y el crimen organizado, junto con su problemática. Al mismo tiempo, se reconoce que en la región se ha vivido el periodo más prolongado de regímenes democráticos y de designación de autoridades mediante elecciones; es decir, las democracias se reafirmaron. Se instalaron modelos de procesos de alternancia, de triunfos de propuestas de élites unidas, de bloques de grupos de izquierdas que institucionalmente pudieron articularse; tanto para los escaños en los congresos legislativos y la Cámara alta, al igual que para las presidencias. En estas expresiones políticas, por los resultados económicos en la vida diaria de los
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habitantes, muchos de los relevos no se entienden como expresiones de malestar con la democracia, sino más bien de malestar en la democracia, debido a las enormes disparidades en materia de ingresos. La democracia supone un aumento en las condiciones para las opciones de carácter colectivo, que inciden en la calidad de vida de las personas, por las libertades que goza un pueblo. Entonces, debe entenderse que la falta de igualdad de oportunidades de desarrollo, educación, salud y empleo, representó, y representa hasta 2012, una amenaza directa para la consolidación de la democracia y la participación ciudadana. Si desarrollo humano, como una y otra vez lo han dicho los informes del pnud, es “el aumento de las opciones para que las personas puedan mejorar su vida”, entonces, la democracia es desarrollo humano en la esfera de lo público.2 Así, se considera que entre los objetivos de la política exterior de México hacia América Latina están el de servir de catalizador del debate latinoamericano, aportar datos objetivos y constituir un marco analítico para el diálogo continental, defender los intereses de la región antes que cualquier imposición económica, producir de forma creativa estrategias de seguridad pública regional, para enfrentar los desafíos que ponen en riesgo la democracias, el sano desarrollo y la viabilidad de los Estados nacionales de los latinoamericanos. La participación de México en foros, cumbres y plataformas de organismos en América Latina, debe recuperar su liderazgo. Conviene comprometerse a fondo en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (celac), el Sistema Económico Latinoamericano del Caribe (sela), la Asociación de Estados del Caribe (aec) y otros organismos. Pero también, en gran medida, debe fortalecer sobre todo a los países menos favorecidos y más afectados por las crisis económicas de Centroamérica y el Caribe.
Referencias 1 Informe de Desarrollo Humano, Programa de Naciones Unidas, 2005. 2 Informe “La democracia en América latina: hacia una democracia de ciudadanas y Ciudadanos”. Programa de Naciones Unidas (PNUD), Nueva York, 2008.
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mesa de reforma del distrito federal Coordinación Martín Olavarrieta Participantes Vladimir Galeana
Araceli García Rico
Rogelio Jiménez Pons
Mauricio López Velázquez
Relatoría
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relatoría Otilio Flores Corrales
Contexto Los ejes de esta mesa se encuadran en torno al debate de muchos años sobre el estatus constitucional del Distrito Federal (df), en su múltiple calidad de sede de los poderes federales, capital de la República, metrópoli y gobierno local de una de las entidades más importantes y pobladas del país.
El debate • Los temas considerados más relevantes por el relator fueron: − Las novedosas aristas para plantear el reordenamiento urbano: desarrollo económico y tecnológico y viabilidad productiva. − Reorganizar acuerdos con base en lo que dicta la Constitución. − Replantear el modelo educativo para combatir la corrupción. − Toda esta gama de factores para combatir la impunidad, que es el efecto directo de un sistema ilegítimo. • En primer término, se estableció que resulta fundamental la participación y las propuestas ciudadanas, para construir una agenda de cambio que pueda evolucionar en cuatro etapas: − Participación ciudadana. − Independencia en los órganos de gobierno delegacionales del df. − Independencia en las políticas administrativas con base en la población que se atiende. − Encontrar las bases para una reforma estructural para atender el uso de suelo.
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• Se considera que es muy importante manejar conceptos y categorías para hablar de manera franca sobre estos temas, ya que requieren de una traducción homogénea. • Se dijo que la reflexión sobre el df, se debe realizar en dimensiones mundiales y globales para posibilitar pensar a la “polis” desde ángulos metropolitanos, más allá de los meros ajustes jurídicos que, por cierto, tendrán que tomar en cuenta los derechos humanos y el fenómeno de la migración, desde sus más diversas expresiones. • Se requiere “ir al fondo” ante la enorme complejidad del tema; habría que contemplar que: − Hay que simplificar la ley − No hay nada perfecto y, por tanto, todo es perfectible. • En otro orden de ideas, se reflexionó que es necesario revisar el número de delegaciones políticas que existen actualmente en la Ciudad de México. • Se estableció la necesidad de crear un contrapeso real, ante el centralismo del poder que tiene actualmente el gobierno de la Ciudad de México. • En consecuencia, se considera importante fortalecer los consejos y los cabildos ante la concentración del poder, para así priorizar los recursos. • Se puede comenzar con una reforma integral en el Estatuto de Gobierno, para fiscalizar lo que se está haciendo y, entonces, construir un modelo propio. • Se contextualizó históricamente la pertinencia de una reforma para el Distrito Federal, y por ello se subrayó la importancia del debate sobre la existencia del “Estado 32”, donde se considera que existe un doble discurso. • Se dijo que Andrés Manuel López Obrador presentó siete principios y cuatro objetivos, que son: − La Ciudad de México es cede de los poderes del Unión. − El df debe tener un derecho particular. − En el df debe haber un gobierno eficaz. − Se debe fortalecer a las instituciones. − Tenemos que poner énfasis en la rendición de cuentas. − Hay que replantear la autonomía. − Tenemos que avanzar en materia de participación ciudadana. • En ese debate se cree que lo fundamental es alcanzar cuatro objetivos centrales: − Poder ciudadano. − Fortalecer las facultades del legislativo local. − Democratizar al gobierno. − Tener acceso a la justicia.
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• Se propusieron cuatro puntos estratégicos para replantearse el “orden” en la Ciudad de México: − Seguridad. − Empleo. − Movilidad. − Desarrollo sustentable. • Respecto del fenómeno de las “marchas”, se señaló que es necesario centrar la atención en problemas específicos, comprendiendo que este tema forma parte de otros, como son la libertad y el límite de expresión civil y que, además, se entrelaza con aspectos muy importantes de la agenda como los de seguridad, el policial y el desempleo. • En esto se mencionó la pertinencia de pensar en “la cultura ciudadana” como problema y como solución, tema que por cierto, demanda plantearnos el gran tema que es el de la justicia. Como se aseveró, “justicia” para combatir la impunidad y aplicar la juridicidad. • Se propuso que hay que buscar nuevas fórmulas para rediseñar las “formas de expresión”, para generar orden en las colectividades y las condiciones para la autogestión.
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reforma política del distrito federal Martín Olavarrieta
En principio, se instala el grupo de los reformadores y, por ende, los que sí consideran necesaria la Reforma Política del Distrito Federal, incluso en función del “metropolitanismo”1 para su reorganización y diseño que resulte más eficaz. Las categorías son un punto medular y referencial para repensar y proyectar todo lo que hay que hacer en torno a la ciudad capital, así mismo definir es ordenar y por ello, primero debe haber un acuerdo sobre los diversos temas, conceptos, propuestas, acciones y resultados conclusivos inherentes para entender esta “reforma” la cual será necesariamente “política”. Lo anterior, es parte de una simple metodología para comunicar de manera coincidente en una “reforma política”. Y es que una reforma no es sólo la consecución de un proceso o procedimiento, sino también, en lo fundamental, es el cambio sustantivo y significativo de las instituciones y de su funcionamiento. Es la valoración de las circunstancias la que dictamina directamente a la dinámica propia del “derecho”. Y es que no puede haber reforma política sin responsabilidad política alguna, la reforma congrega ese carácter ético. Con la intención de prever y conseguir los acuerdos básicos es necesaria la tarea de informar sobre el estado y la disposición de ánimo que prevalece en los protagonistas y en los servidores públicos, dentro de sus propios y distintos ámbitos, órdenes y niveles de gobierno para trabajar la concertación institucional. Esto equivale a determinar que la reforma de esta ciudad tendrá que ser parte de una reforma constitucional. En consecuencia, es imprescindible replantearse una reforma para el Distrito Federal, tomando en consideración que es parte de una metrópoli y que, como tal, habrá de consensuarse y legislarse una reforma no sólo integral, sino multidimensional, multifocal, multicultural e inclusive dentro del concepto del “metropolitanismo”. Esto equivale a establecer, otra vez, que la reforma de esta ciudad tendrá que ser parte de una reforma constitucional. La mezcla de unos protagonistas se dosificará de modo natural para combinarse con otros que ya intervienen en las transformaciones de su entorno y contorno, en la modificación de su ciudad y estado, así como en la reforma de su país y del mundo.
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Si bien, de aquellos, unos se irán pronto y otros pronto serán, lo trascendente es el entendimiento para que se mantenga vigente el estado de derecho, fortaleciendo asimismo los mecanismos cohesionadores y nacionalistas que lo hacen valer de modo permanente. Unión y seriedad en las reformas de gran calado que son institucionales y no individuales. Iniciar el análisis, discusión y confrontación y debate de las ideas, junto con las cosas que suceden en las nuevas espacialidades virtuales y en las soberanías estatales intradependientes, será “el punto triple” de cualquier reforma política con lo que se construya el futuro de las vialidades y de las interconexiones humanas, maquinales, artificiales, financieras y administrativas en las que hoy, ya se está inserto y partícipe. Espacios donde hay que mesurar al egoísmo, con el fin de revalorar la fuerza que tiene la sociedad civil en “lo que acontece”, pues lo simultáneo generalmente es lo determinante, al menos es así en sociedades de consumo mediático. Conforme a una pluralidad “efervescente”, hay que plantearse cuáles son en realidad los puntos de partida, de encuentro y de arribo para una reforma política de esta ciudad. En la segura existencia de una Constitución Política para esta capital, encaminada por los cambios que la reforma política del Estado, se propone y se formula la inevitable mayor apertura para la participación ciudadana en materia del interés público. Este paso será clave para saber cuáles serán los rumbos y límites de varias leyes reglamentarias o secundarias, como son el estatuto de gobierno y la ley electoral: ángulos elementales para agilizar la vida institucional de la Ciudad de México. La reforma tenderá a ser de alta resolución y “transparencia”, como exigencias de la totalidad de la participación ciudadana; tendrá que ser democrática o simplemente se anulará en su ensayo debido a la interconexión, social a nivel local, estatal y nacional, que se está dando tecnológicamente para deliberar, decidir o dirigir desde planos múltiples. En la Reforma Política para el Distrito Federal, todos habrán de encontrarse para compartir derechos y deberes. Finalmente, algunas ideas base sobre la Reforma Política del Distrito Federal. • ¿Qué se puede entender por “reforma” en esta era de las grandes transformaciones conceptuales? • ¿Es posible una narrativa sobre la Reforma Política para el Distrito Federal, más allá de una reforma jurídica? ¿Cuál es la necesidad capital para una reforma de tales magnitudes? • ¿Cuáles son las premisas sustantivas de una reforma integral para replantearse la coexistencia interestatal e interinstitucional para esta Metrópoli? • ¿En qué momento de la historia se circunscribe una reforma histórica desde lo social, en lo político? • ¿Es posible hablar de nuevos protagonistas en una incipiente reforma posible e integral? ¿O lo que se presenta son sólo efectos concretos de grupos cupulares a los que obedecen?
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• ¿Cómo se ha reconfigurado la “pluralidad” institucional en los poderes del Distrito Federal? • ¿El estado de derecho se ha transformado en un instrumento del mercado? ¿Es posible plantearse una genuina reforma política sin una reforma social? ¿Y la reforma educativa? • ¿El punto de partida para una reforma general de la Ciudad de México es una constitución política? ¿Cuáles son los planteamientos?
Nota 1 Las palabras griegas metro, significa en nuestro idioma, “medida”, “proporción”, y polis, “ciudad”, por tanto, metrópolis significa, medida de ciudad o de comunidad. El ismo, que es sufijo, significa perteneciente a, o concerniente a. El metropolitanismo es una palabra clave para designar una reflexión en torno a las dimensiones de una ciudad excedida en sus latitudes geopolíticas. Es una tendencia innovadora, o modo de hablar sobre la ciudad (Cf. Diccionario de la Lengua Española, Espasa Calpe, 2005).
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la impunidad el principal problema urbano Vladimir Galeana Solórzano
En muchas ocasiones se observa a un pequeño grupo de vecinos cerrar una calle, una avenida, un eje vial, o incluso el circuito interior. La mayoría de las veces ni siquiera se saben los motivos, apurados por llegar a buen destino. El origen de este tipo de actos prohibidos por la ley o los bandos de policía y buen gobierno puede ser distinto, y quizá disímbolo o inverosímil: la desatención de la autoridad administrativa, el incumplimiento de una promesa, la prestación de un mal servicio, o quizá porque ese día alguno de esos líderes vecinales que abundan en una urbe, pensó que era el momento de hacerse notar para obtener prebendas a las que se han acostumbrado durante mucho tiempo. El impacto negativo que genera cualquier acto de irresponsabilidad en la gran ciudad resulta brutalmente lesivo para la convivencia armónica de más de 20 millones de personas que habitan una de las concentraciones urbanas más grandes del planeta. Lo que ocurre en una colonia del Distrito Federal puede propiciar problemas en cualquiera de los 58 municipios conurbados o viceversa. La lista de actos imprudenciales resulta diversa e innumerable y va desde el parroquiano que se pasa un alto, el que maneja después de haber ingerido bebidas alcohólicas, el “microbusero” o el camionero que en la competencia por ganar pasaje pone en riesgo la integridad de los pasajeros, el vecino que transgrede las normas de convivencia, el dueño del salón que excede el número de personas permitido por los reglamentos de protección civil, el restaurantero que viola el horario establecido en la licencia de funcionamiento, el policía que en abuso de sus funciones busca la obtención de contraprestaciones adicionales al salario que devenga, el oficinista que desatiende sus funciones, y hasta los miembros del esquema orgánico de las dependencias públicas que discrecionalmente permiten a sus subalternos la comisión de actos de corrupción, o las complicidades políticas para mantener el “clientelismo” en beneficio de sus partidos políticos. Así, la impunidad se presenta como el principal problema urbano, por lo que resulta imprescindible entender su significado y sus alcances. En el ámbito jurídico material, la impunidad ha sido tradicionalmente definida como: “la no persecución penal de conductas (acciones y omisiones), que encuadran en principio en
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el derecho penal material y que pertenecen a la criminalidad común, pero que por razones más bien fácticas que normativas no resultan castigadas. Para los tratadistas en el sentido amplio, la impunidad se entiende con los hechos subordinados al Derecho Penal general, pero en sentido restringido se vincula a la violación de los derechos humanos universalmente reconocidos”. También señalan los estudiosos del derecho que: “Por leyes de impunidad se conocen las disposiciones de amnistía o indulto a favor de determinadas violaciones y violadores de derechos humanos, así como otras disposiciones especiales que impiden la penalización. Éstas representan una forma inmediata y directa de la impunidad, porque excluyen de una ulterior sanción las violaciones de derechos humanos cometidas”. Habrá que agregar que el carácter de impune se ha extendido a todos los ámbitos de lo cotidiano afectando esa convivencia armónica que requieren las grandes concentraciones urbanas como la del altiplano mexicano. Lo impune es ahora cualquier tipo de transgresión a la normatividad no tan sólo en materia penal, sino de violación a leyes y reglamentos sin que se apliquen las sanciones pecuniarias o administrativas insertas en las leyes y reglamentos que norman o deben normar nuestra vida diaria. La impunidad se ha convertido en uno de los problemas más difíciles de erradicar no sólo por la carencia de una conciencia colectiva que garantice los derechos plenos del ciudadano, sino del respeto a esas leyes y reglamentos que cada día se vuelven más inútiles por la inoperancia de quienes tienen la obligación de su aplicación. Dicen los estudiosos del Derecho que uno de los requisitos indispensables de existencia de la norma jurídica es su propia violación, pero ante la falta de la aplicación de esas leyes y reglamentos por las autoridades competentes, la impunidad es, en consecuencia, el mayor enemigo de la norma jurídica, de los derechos humanos y de los llamados derechos de terceros. Para decirlo más fácil, cualquier problema que se presenta en la Ciudad de México y los 58 municipios conurbados encuentra su origen en la impunidad. En el ámbito penal según las cifras delictivas, la impunidad llega hasta 98%, es decir, que de 100 delitos cometidos solamente dos se castigan. Eso muestra la dimensión del problema de seguridad pública que enfrentan los mexicanos, pero se remite a la gran ciudad, englobando en ella a esos municipios conurbados, en todas las latitudes se convive y cohabita con las conductas impropias de gobernantes y gobernados en una serie de complicidades y actos permisivos que nos han condenado al caos y a la disfuncionalidad urbana. El gobierno de la Ciudad de México permite que grupos de taxistas que militan en su partido operen el transporte público sin reunir los requisitos legales, pero también lo hacen con grupos distintos a los que toleran para evitarse problemas políticos. Las marchas y los plantones son cosa de todos los días, y se privilegia el derecho de unos cuantos sobre el derecho de la mayoría, por ésas complicidades partidistas a que se ha hecho referencia. Un ejemplo claro es la permisibilidad para que los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (sme) cometan actos lesivos contra las vías generales de comunicación, al igual que los miembros de organizaciones magisteriales con militancia en el partido gobernante.
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Con el pretexto de que los problemas por los que protestan corresponden a la esfera de responsabilidad del gobierno federal, los ciudadanos son quienes están obligados a padecer las molestias del tránsito, e incluso hasta agresiones, cuando se atreven a levantar la voz a causa de las protestas toleradas por los intereses políticos del gobierno del Distrito Federal. Las calles se han convertido en territorio de la impunidad, y van desde la tolerancia al ambulantaje, la venta de piratería, el robo de luz, la trata de personas, la prostitución, la venta de espacios por los llamados “franeleros”, y un sinfín de actos que los citadinos observamos impávidamente porque no tenemos otro camino. Cuando el simple ciudadano acude ante la autoridad administrativa a reclamar la restitución de sus derechos, la impunidad se presenta en el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos por el cargo que desempeñan y el salario que devengan. Las estructuras administrativas están marcadas por la ineficiencia y la corrupción, y las judiciales están permeadas por lo mismo. Las violaciones al uso del suelo son constantes, los programas de desarrollo urbano son operados discrecionalmente con la complicidad de los Notarios Públicos para facilitar a la autoridad administrativa la autorización de usos del suelo por derechos adquiridos. Las licencias de construcción se obtienen fácilmente mediante dádivas aunque pongan en riesgo la seguridad de las personas. El caos urbano es producto de las conductas impropias de los ciudadanos. Cuando se comete un acto contrario a los reglamentos y a las leyes se busca la forma de evadir la responsabilidad, porque es preferible corromper que padecer la aplicación de esas leyes y reglamentos que los mismos ciudadanos se han dado para garantizar su convivencia de forma más ordenada. Son quienes se han convertido en el germen más destructivo y lesivo de la legalidad. Pareciera que esta sociedad está condenada a padecer las consecuencias de la pérdida de sus principales valores y principios. Para recuperar la armonía se requiere tomar conciencia de que las conductas propias, al fin y al cabo humanas, tienen que ser modificadas a través de la recuperación de los principios y valores como son: la libertad ejercida con responsabilidad, el respeto a la expresión privilegiando los derechos de las mayorías, la solidaridad con las causas de las minorías, la cooperación para cohabitar con dignidad en el mismo espacio y la honestidad en los actos individuales y, principalmente, en el ejercicio gubernamental. En función de ello es se garantiza al menos una convivencia más armónica en el intrincado juego de intereses que genera una megalópolis como ésta.
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reforma del distrito federal Araceli García Rico
La Reforma Política del Distrito Federal es un proceso que ha concluido y que busca hacer eficiente y congruente la transformación de la capital del país como sede de los Poderes de la Unión, en beneficio de sus habitantes. Gracias a los esfuerzos y consensos alcanzados por todas las fuerzas políticas, es que hoy puede elegirse de manera democrática al jefe de Gobierno y a los Jefes delegacionales, además se cuenta con una Asamblea Legislativa representativa de todas las comunidades de esta gran urbe. Sin embargo, debe continuar el perfeccionamiento de la organización político-administrativa para responder a una ciudad en transformación continua, y a una población con necesidades crecientes y cada vez más estricta en demandar que el uso que los gobiernos dan a sus impuestos se vea reflejado en mayor eficiencia en las tareas gubernamentales. A continuación, se exponen algunas propuestas que ciudadanos y sus respresentantes deben estudiar y discutir: • Revisión del número de delegaciones existente. Es necesario analizar si el número de delegaciones existente es el adecuado, quizá discutir si es pertinente pasar de 16 a 20 delegaciones en que se divida el territorio de esta capital, con la finalidad de atender en cada una a una población de más o menos 400,000 habitantes, ya que en delegaciones como Iztapalapa y Gustavo A. Madero, se sobrepasa el millón de habitantes. El reordenar las estructuras de gobierno territorial en función de un menor nivel poblacional, permitirá contar con administraciones públicas con un eje de actuación gubernativa ubicada en el principio de descentralización y con una mayor proximidad de gestión hacia los habitantes. Este cambio presupuestalmente no implicaría mayores dificultades, ya que del análisis que se haga al respecto, se tendrían que dividir los recursos otorgados a aquellas con mayor densidad poblacional, para la creación de la nueva delegación o división territorial.
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• Autonomía de gestión administrativa delegacional. Se deben pensar las mejoras estructurales para atender a los vecinos de colonias, sin obstáculos entendiéndose esto como el principio de autonomía de gestión presupuestal en primer término para cada delegación, es decir que los proyectos aprobados y su suficiencia presupuestal, determinados por la Asamblea Legislativa, serán la base del ejercicio del gasto, evitando la imposición, por parte de las autoridades centrales de medidas que impidan u obstaculicen el ejercicio oportuno de ese presupuesto y se puedan realizar de manera oportuna la ejecución de obras y la prestación de servicios que se requieren en cada colonia y calle de la delegación a la que se haya otorgado el presupuesto. • Reforma en materia de seguridad. Se debe también analizar una reforma en materia de seguridad, en la cual se pueda facultar a cada jefe delegacional para que tenga la capacidad de disposición e instrucción a la fuerza pública, para atender las necesidades de protección vecinal. Esto sin perjuicio de la unidad de mando, ya que actualmente este es uno de los reclamos más importantes de la ciudadanía y, de manera recurrente, los delegados invocan el pretexto de falta de competencia en este sentido. • Representación vecinal sin manipulación política. Es necesaria la participación activa de la ciudadanía con las autoridades del Distrito Federal, en la decisión de obras y servicios de las colonias con la orientación de los vecinos, del gasto público de la delegación, con una reforma que les permita tener una representación vecinal, en sus colonias y a nivel de la delegación, con garantías de blindaje contra la manipulación política o de autoridades, para lo cual propongo discutir la creación del comité de colonia, por agrupaciones de manzanas, dotándoles de voz y voto en la definición de obras y servicios de las colonias, aportando la orientación para el gasto público en su colonia. Lo anterior servirá para realizar la verificación adecuada de servicios y obras, a través de la representación ciudadana o vecinal antes referida que será el mecanismo que pueda constatar que los servicios y obras propuestos se están llevando a cabo por las autoridades, y éste pueda ser el medio de reclamo a su gestión y, sobre todo, al impulso de obras y prestación de servicios. • Supervisión de servicios públicos. Para reforzar la propuesta anterior, propongo discutir la creación de la oficina general de supervisión de servicios públicos, en la que se establecerán los indicadores de calidad y la inspección permanente del Estado de la prestación de servicios y funcionamiento de obras, ya que el gobierno no tiene por qué responsabilizar a los vecinos por la falta de reporte de fallas e insuficiencia en los servicios públicos, pues es una obligación de las autoridades.
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• Uso de suelo y urbanización. En la Ciudad de México, es necesario constituir un organismo técnico y profesional, de carácter colegiado, responsable de la planeación y ordenamiento territorial, en materia de uso del suelo y una planeación a corto, mediano y largo plazo, en materia de urbanización, distribución de viviendas con una planeación integral, ya que actualmente se construyen edificios de departamentos, sin planear si existe o no un abasto en servicios como agua, o aumento de la densidad poblacional y sin una distribución equitativa. • Agua. Un tema de prioridad fundamental es el del agua, ya que debe de ser indispensable el legislar en esta materia con miras a una planeación, proyección y ejecución de obras en materia hidráulica, en donde se fijen bases rectoras de unidad de gestión, tratamiento integral, coordinación y participación de los usuarios. Actualmente no existe una debida planeación respecto al abasto de agua en la Ciudad de México, y menos aún sobre las tarifas de agua que no son las adecuadas y, en ocasiones, son desmedidas e injustas para ciertos sectores de la población. • Libre tránsito, libertad de expresión y respeto al derecho de terceros. Dentro de las reformas que se deben discutir en el Distrito Federal, está la regulación de manifestaciones en vías y espacios públicos. La Asamblea Legislativa está obligada a legislar en este tenor, para crear una ciudad en equilibrio: entre el derecho a manifestarse y el derecho a la libertad de tránsito de los ciudadanos, ya que los constantes bloqueos en diversos puntos de la ciudad no pueden considerarse parte del concepto de manifestación y éstos deben, por ende, quedar prohibidos, y cuando se presenta tendrían que sancionarse conforme a sus consecuencias jurídicas.
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el nuevo rol de las grandes ciudades Rogelio Jiménez Pons Gómez
El modelo de civilización es una marca conceptual, una férrea línea de separación entre el campo y la ciudad. Lo urbano persistentemente se opone a lo rural y en casi todos los aspectos así es, dos espacios diferentes que suponen características, actividades, así como actitudes de sus habitantes radicalmente opuestas, dos ritmos de vida y forma de ver el entorno por demás disímil. Ahora, la brecha conceptual que establecen estos dos opuestos, deberá irse reduciendo y paulatinamente integrar, ya que los avances científico, tecnológico, social y cultural nos obligan a reconsiderar la propia perspectiva, no sólo desde el punto de vista de la planeación territorial, donde ya existía la añeja escala del análisis de las cuencas, la cual establecía una íntima vinculación entre ambos ámbitos, sino desde una nueva perspectiva que obliga a modificar nuestra conducta. Habría que actualizar una serie de consideraciones de índole ambiental y económica y, por tanto, ética y de políticas de desarrollo de este mundo, lo que fundamentalmente presupone ser consecuentes con los nuevos compromisos derivados de la sustentabilidad. La sociedad actúa en su espacio de forma integral y sus acciones, independientemente de efectuarse en uno u otro espacio, tienen repercusiones y referentes entre ambas. La correlación intensa y constante entre campo y ciudad, es ahora más visible y comprensible que hace unas cuantas décadas. Un campo pobre y colindante con una ciudad rica, tarde o temprano afectará a ésta de muchas y variadas formas; de igual manera, una ciudad pobre afectará a un campo vecino rico y productivo. Inculcar la conciencia de la comunidad sobre esta visión del entorno de las ciudades, puede ser un paso significativo para garantizar una actitud más consecuente de las nuevas generaciones sobre su responsabilidad hacia su amplio territorio compartido. La forma del desarrollo humano y su sentido gregario ha privilegiado a las ciudades como el centro motor de la civilización actual, concentrando en ellas sus principales valores culturales, sociales y económicos. Son las ciudades la expresión más compleja del poder humano y el ámbito no natural que plasma fehacientemente presencia humana sobre la tierra. Las ciudades nacen, crecen, se desarrollan y eventualmente mueren; pero en ese amplio lapso de
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tiempo se caracterizan por la acumulación de conocimiento, cultura y capital, por tanto, de poder. La visión tradicional que separa a la ciudad de su contexto territorial, que impide ver la escala de su hábitat natural, hace inconscientes, a los habitantes de sus efectos en el medio ambiente, así como les impide lograr una visión integral de su aprovechamiento. Las ciudades, en la medida de su poder efectivo, deben asumir una responsabilidad a la escala real de su área tributaria correspondiente a las cuencas o zonas de influencia económica, ambiental, e incluso del aspecto cultural y social del conjunto urbano. Salvo amplios territorios como la selva amazónica, el Ártico o la Antártida, los Andes, los grandes desiertos, bosques y selvas, y otros cuya escala determine un tratamiento especial, no deben concebirse como espacios naturales y rurales sin manifestar su relación, intensa, estrecha o mínima, con los espacios urbanos que en ellos pueden incidir, y por ende, buscar responsabilizarlos de asumir las acciones necesarias para lograr el sano desarrollo de requerirse su recuperación, manutención y puesta en valor ante toda la sociedad. Más allá de las zonas metropolitanas donde coexisten, en una misma estructura espacial, distintas entidades y escalas de gobierno, se debe garantizar que entre zonas de reserva, áreas protegidas, se reconsidere lo estrictamente rural, lo suburbano y lo urbano, sus distancias, características y diferencias y sean reflexionadas de tal manera que se establezca una nueva identificación del conjunto. Creando con ello, no sólo una imagen integrada, sino una ordenación legal espacial nueva concebida holísticamente, que no deberá descartar nada. Imaginemos un caso extremo: que la visión de los volcanes del Valle de México sea alterada por una supuesta actividad minera que destruyera esa imponente vista (como ya sucedió en las montañas que rodean a San Cristóbal de las Casas, Chiapas). Tanto el Popocatépetl como el Iztaccíhuatl son parte patrimonial del paisaje de la Ciudad de México y de Puebla para que el conjunto interviniera, sería menester establecer una proporción de responsabilidad económica, social y política de los centros urbanos, para lograr la preservación de esos elementos vitales de nuestras ciudades y, en consecuencia, conseguir la fórmula de “transferencia de potencialidad” de la ciudad al ámbito natural. La de escala del análisis de la ciudad y su territorio:
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La nueva realidad económica, caracterizada por intermitentes crisis en países donde comúnmente se aplican políticas de desarrollo basadas en la exagerada jerarquización de “el libre mercado” se ha creado una gran distorsión en la forma y eficiencia del crecimiento y evolución del conjunto territorial, de tal manera que los beneficios difícilmente se distribuyen equilibradamente generando graves e injustos contrastes. Los altos costos del suelo han creado un crecimiento en detrimento de las áreas rurales y, en muchos casos, de incorporación de suelos no aptos para el desarrollo urbano, e incluso zonas de protección ecológica, áreas de recarga del acuífero, etcétera, donde la incorporación al tejido urbano y a los servicios resultan mucho más onerosos que en las zonas más ricas.
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Es fundamental concebir a las ciudades como unidades integrales que requieren armonizar los cuatro componentes que les pueden garantizar una evolución equilibrada y sustentable: la protección del medio ambiente; el desarrollo económico; el desarrollo social y el desarrollo cultural. Sin embargo, hay un componente que por sí solo puede determinar la sustentabilidad de una ciudad: el trabajo, como parte del desarrollo económico. La base que sostiene a una ciudad es el empleo. Toda ciudad para su progreso y evolución positiva, requiere de la generación y acumulación de capital de todo su conjunto social, esto es lo que define una ciudad exitosa: una población capitalizada y realizada, lo que le permite, además de generar infraestructura productiva, cubrir las demandas de salud, educación, recreación y cultura, produciendo, como consecuencia, espirales positivas de desarrollo. Pero las ciudades mexicanas han crecido de forma desordenada y a partir de procesos contra natura por la imposición de la corrupción en muchas de las esferas de toma de decisiones subordinadas al poder político; esto ha alterado la lógica de los usos de suelo, valores de mercado, conectividad e implementación de infraestructura de toda índole. Hace 40 años era fácil encontrar en las zonas de invasión de terrenos ejidales al oriente de la ciudad, predios invadidos con superficies suficientemente amplias para que las familias asentadas en ellos pudieran, además de iniciar un largo proceso de autoconstrucción, ir generando ahorros en las pequeñas superficies del traspatio donde sembraban macetas con chiles, verduras, criaban conejos o pollos, etcétera; asimismo, la posibilidad de traer a un pariente a vivir con ellos y montar talleres o pequeñas tiendas y modestos negocios para completar los ingresos familiares; así se fue construyendo la ciudad, pese a la falta de planeación y sobrada corrupción de autoridades. El ahorro y la acumulación de capital de sectores de bajos ingresos, les permitió a muchos integrarse a una clase media con suficiente capacidad de compra. La suma de millones de habitantes en este constante proceso de ahorro y acumulación de capital es lo que fortalece a una sociedad y le da capacidad de mercado interno para generar múltiples cadenas productivas. Sin embargo, y de forma muy marcada en las últimas décadas en la Ciudad de México y en toda su zona metropolitana, por la carencia de instrumentos, tanto jurídicos como de planeación y desarrollo urbano, la falta de una visión completa, así como una rampante corrupción tanto en las delegaciones como en los municipios conurbados, ha significado crecer y operar cotidianamente de forma anárquica e ineficiente, tanto en gasto energético como en desgaste del capital humano y su salud, resultado de miles de horashombre perdidas en el tránsito cotidiano, generando grandes pérdidas, que afectaron el ahorro y la acumulación de capital, empobreciendo todo. Un sector que ha sufrido los embates de la exagerada e irracional plusvalización del suelo urbano es la vivienda, particularmente la de interés social, lo que ha sido un factor de presión sobre el suelo rural. Hace 40 años, la vivienda de los llamados cajones de interés social, podía llegar a medir poco más de 80 m2 de área construida y en algunos casos, asentarse en terrenos con superficies superiores a 120 m2, lo que a la postre significó una considerable acumulación
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de capital. Hoy la oferta de casas de los cajones equivalentes es de menos de 50 m2. ¡Como si las personas fueran de la mitad de tamaño! Además de estar construidos en terrenos mínimos donde no hay capacidad de sembrar nada ni de hacer crecer la construcción. Aunado a lo anterior, por condiciones de mercado, las reservas territoriales y el suelo susceptible de ser utilizado para la vivienda social cada vez se encuentra más retirado de los centros de trabajo, generando grandes desplazamientos de los habitantes para dirigirse a su trabajo, escuela o áreas de servicios. Hay muchos estudios que demuestran el gran problema social, que se sigue acumulando, que representan estos conjuntos de vivienda, completamente desarticulados y dispersos, además de carecer del equipamiento necesario para hacer más habitable su entorno y generar un producto social más sano, o sea la comunidad. Ya no es viable dejar sólo en manos de los desarrolladores de vivienda la solución a estos grandes y graves problemas; se requiere del concurso de diferentes instancias y la coordinación del Estado para que de forma integral se recurra al conjunto urbano, esto es, a la escala de la ciudad, buscar y generar las condiciones que le permita a la sociedad generar espacios de vivienda digna y que sean rentables a escala del conjunto, garantizando su viabilidad económica, conectividad y un mejor producto social; esto va a implicar el establecimiento de nuevas reglas para la incorporación de los nuevos entes productivos a la trama urbana, esto es, se deberán transferir valores del suelo urbano a la integración de reservas territoriales suficientes, así como a modelos de vivienda vertical que ofrezcan un mayor número de metros cuadrados habitables en distancias razonables que permitan tiempos de transporte “humanizados”.
Escala de territorio del conjunto La Ciudad de México, con todo y su zona metropolitana, tiene en conjunto, por su tamaño de mercado, la capacidad de implementar soluciones de transferencia de potencialidad que pueda financiar tanto la protección y gestión del entorno natural, como de la instalación racional de la población laboral, mediante la generación de reservas territoriales, adquiridas y financiadas por el conjunto urbano, de forma que se pueda lograr como resultado una mejor integración del tejido social y aumentar la calidad del entorno de las familias y la comunidad; ambos aspectos, si no están debidamente atendidos significan pérdida y mañana aún más; en planeación aplica la máxima: “lo que no hagas hoy, mañana inevitablemente será más caro”. La totalidad de la zona metropolitana de la Ciudad de México, con todos sus componentes político-administrativos y con la promoción activa del Estado para garantizar la acción y participación decidida de sus comunidades; deberán establecer las fórmulas de solución integral de los grandes problemas, el tamaño y la cantidad de población permiten tener una escala de soluciones, pero de muy compleja gestión. Solo un Estado fuerte (no sólo el gobierno) puede iniciar la reconversión del suelo urbano y someter la transformación de los usos
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y destinos del territorio, bajo una planeación racional de los valores del suelo y de la transferencia constante de potencialidad que haga recibir ingresos de las zonas de alta plusvalía, a las zonas naturales o a las reservas de terrenos para desarrollos de vivienda. Acciones obligadas como la redensificación de toda el área metropolitana, acciones que faciliten la conectividad y la ampliación de las grandes redes de infraestructura, así como la incorporación de nuevas inversiones productivas, servicios comerciales, turísticos, educativos y científicos, harán del conjunto un vigoroso sistema urbano que tenga suficiente margen de valores de mercado y mayor eficiencia administrativa para lograr las mezclas de giros y de desarrollos inmobiliarios, haciendo que los productos inmobiliarios más exitosos puedan cargar con parte importante de los costos de las áreas a proteger y optimizar. La concentración urbana nos va a permitir lograr las condiciones de mercado para tal propósito. Sólo con una generosa visión del conjunto y acciones concertadas a todos los niveles, la enorme Ciudad de México podrá ir generando paulatinamente una nueva cultura de convivencia y responsabilidad ciudadana, más allá de divisiones administrativas y políticas, esto implica una nueva filosofía de gobierno y sociedad capaz de inspirar soluciones al nivel correspondiente: el reto está a la altura y proporción de los problemas que se pretenden resolver, pero no hay otra escala de solución, por lo que habrá que proponer en este importante Foro, iniciar las acciones que permitan dar los primeros pasos en la dirección correcta.
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reforma política del distrito federal Mauricio López Velázquez
El piso de construcción es la iniciativa que se encuentra en comisiones en la Cámara de Diputados. Se debe partir de siete principios: • • • •
Ciudad sede de los Poderes de la Unión. Ciudad capital de todos los mexicanos. Ciudad única. Gobierno que haga más con menos. Un gobierno eficaz. Funcionalidad operativa, administrativa y política. • Fortalecimiento democrático de los órganos de gobierno. • Toda la autonomía posible, pero también toda la participación federal necesaria. • Ciudad con participación ciudadana real. Gobernabilidad democrática con pesos y contrapesos. Cuatro objetivos: • Poder ciudadano. En las delegaciones con los ayuntamientos y en las acciones de gobierno con mayor participación ciudadana. • Fortalecer las facultades legislativas de la Asamblea. Claridad y simplificación del marco jurídico de la ciudad. • Democratizar y dar mayor transparencia a las decisiones de gobierno, combatiendo a la corrupción. • Justicia y seguridad para todos, no sólo para una minoría que puede pagar su protección y su defensa. Impartición de justicia más expedita. Buscar el máximo consenso posible y cero imposición, evaluando la viabilidad de generar una nueva arquitectura constitucional del Distrito Federal.
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Un proceso real de democratización en la Ciudad de México y no un proceso de articulación corporativa desde el gobierno de la Ciudad. Transformar las relaciones políticas desde la base, propiciando mayor poder ciudadano y un mejor gobierno que atienda adecuadamente sus demandas de seguridad, empleo, luz, agua, drenaje, medio ambiente, baches y banquetas. Los grandes temas y los temas cotidianos. Un compromiso es con la libertad, la democracia y la legalidad. Con un nuevo poder ciudadano para hacer efectiva la democracia de la ciudad, con respeto a los derechos de todos, con un gobierno eficiente y eficaz, contra la impunidad y la corrupción. Entre 1987 y 1996 se llevaron a cabo tres reformas constitucionales que cambiaron la organización política del Distrito Federal: en 1987 con la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se instituyó la elección popular de representantes locales con atribuciones limitadas a dictar bandos, ordenanzas, así como Reglamentos de Policía y de Buen Gobierno; en 1993 se otorgaron facultades legislativas a dicho órgano de representación ciudadana; en 1996 se introdujo la elección del jefe de Gobierno y de los diputados a la Asamblea Legislativa a partir de 1997, adicionalmente, se contempló la elección de los Jefes delegacionales de las demarcaciones territoriales a partir del año 2000. Es con esta última reforma que se logra un gobierno local de origen popular y autónomo. A pesar de los logros significativos en la materia, continúa el debate relacionado con la figura jurídica que la ciudad debe tener y las atribuciones de sus órganos de gobierno. El Distrito Federal debe mantenerse como sede de los poderes federales, preservar el principio de unidad de la Ciudad como tal, facilitar su funcionalidad operativa, administrativa y política, asegurar una mejor respuesta gubernamental y mayor bienestar para la sociedad, fortalecer democráticamente los órganos de gobierno, establecer contrapesos democráticos a la autoridad del ejecutivo local y ampliar la participación ciudadana. En otras palabras, se visualiza una ciudad renovada y rediseñada en su estructura institucional que garantice mejor calidad de vida para los ciudadanos. Ninguna reforma tiene sentido si no logra este objetivo. Es tarea de todos definir qué organización política y administrativa deseamos. Ello no significa que se abandone la responsabilidad de ser la capital del país, pero es irracional no considerarse como una comunidad política y social, con sus propias expresiones e identidades, con horizontes y con un pasado y un futuro que la determinan como colectivo. La Ciudad de México es algo más, mucho más que la depositaria de los Poderes de la Unión, está lista para avanzar en su autonomía, sin abandonar su responsabilidad histórica. El Distrito Federal pertenece a la Zona Metropolitana del Valle de México (zmvm), compartida con municipios del Estado de México e Hidalgo; concentrando a más de 40% de la población y casi 20% del territorio. La zona del Valle de México es el centro de México y el Distrito Federal representa el centro de la metrópolis. Es la segunda área metropolitana más grande del mundo, sólo superada por Tokio. Se parte de un ejercicio de la autocrítica de la ciudad que el pri construyó en el siglo xx y se demanda reciprocidad en la evaluación de los gobiernos del prd y del pan en lo que va de este siglo.
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Parece que esta ciudad se sigue gobernando bajo un esquema de instituciones y mecanismos que fueron útiles en otra época y que hoy deben ser revisados, no sólo en su diseño macro y legal, sino en su dimensión local y cotidiana. Es necesario pensar en un nuevo diseño que estimule e incentive la colaboración entre todos los actores políticos. El pluralismo es un factor fundamental, no se trata de un problema de partido, sino de un tema de Estado.
Modificaciones al régimen jurídico y de gobierno del Distrito Federal Que el Distrito Federal siga siendo la ciudad capital, asiento de los poderes federales. Una ciudad renovada y rediseñada en su estructura institucional que garantice mejor calidad de vida para los ciudadanos. Ninguna reforma tiene sentido si no logra este objetivo. Este ejercicio no es sólo una reforma del poder político de la ciudad, sino una reforma para una mejor ciudad, que satisfaga las demandas de salud, educación, empleo, cultura y desarrollo de todos sus habitantes. La discusión de estado 32 “¿sí o no?” es miope y limitada. Tratándose de un problema complejo se requiere de una solución integral e innovadora, que contemple el rediseño de una ciudad garante de pluralidad, diversidad y colegialidad en la toma de decisiones eficaces y oportunas. Debe darse prioridad al funcionamiento de los Poderes de la Unión sobre los actos de autoridades y normas locales, aun bajo controversias constitucionales, facultando al Congreso para dictar las disposiciones necesarias. Es indispensable fortalecer a la Asamblea Legislativa como instancia directamente responsable de la legislación, que lleve a la armonización de la Ciudad dentro del concepto de ser parte de una gran metrópoli. Se debe crear un órgano colegiado para la unidad de políticas públicas en toda la Ciudad, que evite la duplicidad de esfuerzos y la invasión de competencias entre autoridades integrada con los Jefes de demarcación territorial y el jefe de Gobierno, que deberá reunirse periódica y obligatoriamente. Es indispensable incentivar la participación ciudadana en la elaboración y control de las políticas públicas, se propone valorar la creación de un cuarto nivel de gobierno o la figura de Concejales ciudadanos, dándole capacidad en el proceso de gobernanza de la ciudad y dejando atrás toda forma de seudorepresentación ciudadana. Se debe discutir en el ámbito local: la autonomía del Ministerio Público y su diferenciación de las funciones de fiscalía, el mecanismo de nombramiento de los Jueces del Tribunal Superior de Justicia, la posibilidad de contar con una Corte del Distrito Federal, la judicatura y la pertenencia o no del Tribunal Administrativo al Poder Judicial. Es necesario descentralizar del Gobierno del Distrito Federal a las demarcaciones territoriales.
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El piso del debate es la primera minuta devuelta por el Senado de la República a la Cámara de Diputados en 2002, respecto a la iniciativa de Reforma Política del Distrito Federal presentada en 2001 por la Asamblea Legislativa. Se deben precisar las atribuciones y facultades de los órganos de gobierno de la Ciudad para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación legisle en materia de disposiciones, atribuciones y facultades de órganos de gobierno del Distrito Federal. En materia de afectación al régimen financiero del Distrito Federal, se considera que: • Debe definirse la vocación económica de la ciudad y tener un programa rector transexenal que oriente el desarrollo de la capital. • Toda reforma política implica reasignación de recursos económicos, por lo que los legisladores del pri están obligado al análisis de los impactos en materia de costos y beneficios; reasignaciones de facultades y atribuciones económicas, tributarias y de ejercicio de gasto, antes de proceder a votar cualquier propuesta. • Se requieren nuevas reglas de transparencia y rendición de cuentas tanto en los ingresos como en los egresos del gobierno central y en los delegacionales, que hasta hoy han registrado un manejo opaco de los recursos. Hay una coincidencia contundente en la necesidad de que sea la Asamblea Legislativa quien tenga facultades sobre los techos de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal, con base en las reglas que establezca la Federación y el impacto que tendrá el dejar de ser deuda soberana. Se debe revisar el clasificador por objeto del gasto para permitir una relación más objetiva y transparente en su ejercicio y asignación, así como su seguimiento y evaluación. Se debe poner orden en el ejercicio del gasto social y los subsidios en la ciudad, evitando duplicidad entre el gobierno central y las delegaciones, además de atender la urgente necesidad de pasar de la universalidad de los programas a la focalización, generando condiciones de desarrollo de capacidades y acceso a los mercados laboral y económico, y no como un simple asistencialismo que no ayuda a combatir la pobreza.
Retos del sistema electoral y democrático del Distrito Federal y la participación ciudadana Es necesario adecuar el código electoral local a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se debe restringir la intervención en la vida interna de los partidos por parte de las autoridades electorales, que debe regirse exclusivamente por sus propias determinaciones. Se debe revisar la transparencia y rendición de cuentas de los órganos electorales, ya que al ser órganos autónomos, se han presentado casos de opacidad y corrupción que no se sancionan.
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Se deben revisar los mecanismos de integración de la Asamblea Legislativa, así como la asignación de los espacios de representación proporcional. Una ley de partidos o la suficiencia del libro específico que existe en los códigos electorales federal y local para su regulación. Las figuras y mecanismos de participación ciudadana y representación vecinal deberán rediseñarse para evitar que sean instancias disfuncionales, fácilmente capturadas por autoridades delegacionales o centrales, y sean utilizadas como estructuras electorales de los partidos. Crear consejos ciudadanos de verificación de las políticas y programas públicos, vinculados a labores de contraloría social, opinión para la decisión y operación para los ciudadanos, estableciendo mecanismos de participación de la sociedad civil organizada, como los observadores ciudadanos. Se debe legislar un procedimiento transparente de evaluación de los perfiles de los aspirantes a integrar los órganos autónomos, tales como el Tribunal y el Instituto Electoral, para evitar la designación a través de cuotas de grupos parlamentarios.
Reforma del órgano legislativo del Distrito Federal La Asamblea Legislativa debe tener facultades y atribuciones para la aprobación del Estatuto Constitucional, siguiendo las disposiciones y normatividad en la materia que establezca la Constitución y las leyes federales, y que su aprobación requiera de la mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes. Se le debe otorgar facultad a la Asamblea Legislativa para presentar iniciativas de ley al Congreso de la Unión sobre cualquier materia y su participación, al igual que las legislaturas de los estados, en el proceso de reforma constitucional. Se debe revisar la posible asignación a favor del órgano legislativo local de diversas facultades hasta ahora ejercidas por el Congreso de la Unión, así como la conveniencia de establecer límites, restricciones y alcances. Dentro de la Asamblea Legislativa es importante poner especial atención en aspectos relacionados con el desarrollo urbano delegacional: comisión y órganos de gobierno, nombramientos de titulares de órganos de gobierno y autónomos, jueces, y Comisión de Derechos Humanos, para que se establezcan perfiles y mecanismos de designación transparentes y participativos. Es necesario que todos los grupos parlamentarios tengan la obligación de presentar un reglamento interno que rija su funcionamiento.
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Modificaciones al ámbito delegacional Creación de cabildos delegacionales. Deben existir órganos colegiados de gobierno que permitan el control político, la rendición de cuentas, la transparencia y la coparticipación en la gestión pública delegacional. Es necesario establecer un mayor número de demarcaciones territoriales, respetando historia, tradición e identidad cultural, ya que el alto índice poblacional que se registra en las 16 actuales, no permite el desarrollo de un gobierno eficaz. Este proceso debe alcanzar una mayor participación ciudadana y obligadamente, una reducción de la burocracia. Las delegaciones deben tener facultades de gobierno ligadas a la seguridad pública y a la cohesión social, sin que esto se interprete como autonomía total y con mecanismos de evaluación de la gestión, rendición de cuentas y transparencia.
Desarrollo metropolitano Se debe generar una instancia integrada por representantes de los estados que conforman la megalópolis, es decir el Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo y Morelos, para lograr la coordinación de acciones, la homologación de normatividad y la presentación y ejecución de programas de infraestructura contemplados en los fondos metropolitanos. Valorar la creación de un parlamento metropolitano para atender asuntos de las áreas conurbadas e incorporar en los instrumentos jurídicos conceptos modernos de cooperación, corresponsabilidad e interdependencia. Es necesario que los nuevos órganos metropolitanos revisen los actuales convenios de colaboración entre entidades federativas y municipios, para evitar duplicidad y la redundancia en la ineficiencia y el conflicto de competencias. Cualquier mecanismo que se establezca, debe contemplar la prestación de servicios que el Distrito Federal otorga a la población flotante que desarrolla su actividad económica y productiva en la ciudad.
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mesa de régimen de estado y gobierno Coordinación
José Alberto Aguilar Iñárritu
Participantes Francisco Burgoa Perea
Manuel Camacho Solís
Sami David David
Jorge García Córdova
Porfirio Muñoz Ledo
César Augusto Santiago
Relatoría
J. Alberto Aguilar Iñárritu
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relatoría J. Alberto Aguilar Iñárritu
Contexto Hay quienes consideran que la transición a la democracia concluyó con el arribo de la alternancia, mientras que muchos otros piensan en la necesidad de una segunda transición relativa a consolidar la democracia en el ejercicio del poder, para así alcanzar una gobernabilidad democrática eficaz. Este debate forma parte de la ya larga discusión sobre la necesidad de actualizar o reformar el régimen de Estado y de Gobierno mexicano. Diagnósticos sólidos hay, propuestas serias y viables también las hay, ¿qué falta para avanzar en esa materia?, ¿por qué en este campo como en casi todos, resulta tan complicado volver a subir a México en los rieles de su modernización, hoy fallida?, ¿el actual sistema de partidos políticos funciona a favor del cambio?, ¿los partidos políticos están comprometidos con hacer avanzar la modernización democrática del país?, ¿cuál es el modelo de gobierno que requiere México para estimular el acuerdo y su unidad en lo fundamental, respetando e incluyendo su diversidad?, ¿los problemas de gobernabilidad derivan de la incapacidad de quienes tienen o han tenido la oportunidad de detentar el poder o es un asunto de diseño estructural, son ambos?, ¿el diseño actual todavía puede funcionar o se avanza hacia un cambio de régimen, de clase política o de ambos?, ¿cuál sería este nuevo modelo: presidencialismo funcional, presidencialismo racionalizado con gobierno de gabinete, semipresidencialismo o gobierno parlamentario?, ¿basta con reformar al Ejecutivo o es impostergable hacer lo propio con el Congreso y también con el Poder Judicial?, ¿se pueden hacer todas estas reformas a distinto ritmo, por partes, en paralelo, o se requiere actuar de manera integral con un diseño total que defina la forma de sus partes? Finalmente, es claro que para cambiar la forma de organización política de la sociedad no basta contar con la verdad de la razón, porque se requiere alinear mayoritariamente la verdad de los intereses en favor de esa transformación, por eso es imprescindible a cada momento identificar donde están las resistencias al cambio y dónde los apoyos, para, en consecuencia, determinar la estrategia a seguir. Estos y otros muchos temas colaterales y directos, motivaron la conversación en esta mesa.
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El debate • De inicio, en la mesa se planteó la urgente necesidad de actualizar el marco constitucional y legal que rigen a los Poderes Federales Ejecutivo y Legislativo, —toda vez que el tema del Poder Judicial fue objeto de otra mesa—, especialmente, lo relativo a estimular la deseable colaboración de ambos poderes respecto de los requerimientos para alcanzar una gobernabilidad democrática eficaz, como la reclama México hoy. • Se recordó que desde 1997, el Presidente de la República dejó de contar con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y que en el año 2000, la alternancia en el Poder Ejecutivo consolidó la época de los gobiernos divididos, —como es frecuente observar en toda democracia—, y el Ejecutivo ya no contó con el respaldo de ambas Cámaras del Congreso para su gobierno, como antes de la transición democrática era la regla. Esto implicó un nuevo esquema de ejercicio del Poder Público que, sin embargo, tuvo que ser, —y aún lo es—, gestionado con las reglas del otrora régimen de partido hegemónico, porque las instituciones del Estado o han sido parcial e insuficientemente actualizadas o simplemente nada se les ha tocado respecto de su diseño original: permanecen tal y como fueron definidas en el siglo pasado y, algunas de ellas, con anterioridad. • Se estableció que afrontar retos y situaciones nuevas con instrumentos que fueron concebidos para atender otras realidades, propicia al menos ineficacia y puede dañar seriamente la convivencia social y la salvaguarda de los intereses de los gobernados. • En la mesa se dijo que la constante falta de acuerdos entre los poderes, en particular el Ejecutivo y el Legislativo, que en el México de los últimos 12 años, se sitúa más allá del natural debate e incluso confrontación coyuntural, implícita en el equilibrio de poderes, es en buena medida resultado de lo anterior y actúa en detrimento de la eficacia de gobierno y pone en riesgo la deseable buena percepción ciudadana acerca de las bondades de la democracia. • Esta circunstancia del perenne desacuerdo entre los poderes, ha dado lugar a distintas posturas en el debate destinado a solucionar lo que se denominó: la ecuación no resuelta presidencialismo-pluralidad democrática que vive México. • En torno a este debate, hay quienes sostienen que el marco jurídico existente es pertinente y suficiente, y que el problema radica en los errores, incapacidad o falta de experiencia de las personas que ocupan puestos estratégicos en la toma de decisiones. • Por otro lado, se ubican quienes argumentan que no es necesariamente un asunto de personas, sino de leyes que necesitan actualizarse para atender los problemas derivados del multipartidismo y la deficiente comunicación entre poderes y aun de una rara combinación entre la debilidad manifiesta del Ejecutivo, —ya sin sus añe-
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jos poderes metaconstitucionales—, y la pervivencia de ciertos grados de libertad autoritarios, por ejemplo, en materia presupuestal o de nombramientos en organismos supuestamente autónomos, incluso en su acción legal respecto de la integración de otros poderes. En cualquier caso, hubo consenso en que la persistencia de la no construcción de acuerdos conlleva una serie de perjuicios, en detrimento de los gobernados. Al comienzo de la mesa se recordó también que aunque hay quienes consideran que no hay que cambiarle nada al presidencialismo actual, las corrientes que se pronuncian por realizarle cambios son cada vez más numerosas. Se enunció que las propuestas para actualizar el régimen político se ubican en torno a cuatro esquemas dominantes: el sistema presidencial funcional y equilibrado; el sistema presidencial con gobierno de gabinete o racionalizado; el sistema semipresidencial y el sistema parlamentario y, a manera de apunte, se bosquejaron sus características. El sistema presidencial funcional y equilibrado o funcional, busca garantizar la eficacia del Poder Ejecutivo. Mantiene al Presidente en su carácter de jefe de Estado y jefe de Gobierno, y lo dota de varios instrumentos constitucionales para gestionar mejor su relación con el Congreso. El Presidente puede modificar la correlación de fuerzas en el Legislativo, a favor de su gobierno, mediante la construcción de alianzas interpartidistas. De igual forma, esta propuesta exige una modernización a fondo del Congreso. El sistema presidencial con gobierno de gabinete o racionalizado, mantiene también en el Presidente de la jefatura del Estado y del gobierno, pero añade al control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, un denominado control intraorgánico, el cual proviene del nominado gabinete del Poder Ejecutivo. Esta figura supone la creación del jefe de Gabinete, que es un funcionario subordinado al Presidente, quien lo propone como responsable de coordinar esa nueva figura. Este funcionario es responsable de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo con la participación del Legislativo, de gestionar el desempeño del programa de presupuesto anual y de ser el principal interlocutor con el Congreso, lo que le permite asistir y participar a las sesiones camerales, con voz, pero sin voto. En este modelo, las coaliciones de gobierno no sólo son altamente valoradas, sino que se establecen por obligatoriedad para evitar que se gobierne en minoría, si el candidato triunfante no tiene los votos suficientes para garantizar la mayoría absoluta en el Congreso. Al igual que el modelo anterior, éste supone una modernización amplia del Congreso. El sistema semipresidencial, a diferencia de las anteriores, propone la separación entre la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. La primera corresponde al presidente electo por la ciudadanía y la segunda al jefe de Gobierno, cuyo nombramiento recae en un funcionario electo por el Congreso a propuesta del Presidente, en concordancia con la correlación mayoritaria de fuerzas ahí representadas. Esta
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última circunstancia consolida la relación de confianza política del gobierno con el Congreso, el cual, además de su nombramiento, determina su permanencia en el cargo. Las competencias del jefe de Gobierno se establecen en la Constitución y para el ejercicio de la función cuenta con la nominación de un gabinete reconocido constitucionalmente, nombrado por el Legislativo a propuesta suya. Esta forma de gobierno tiene por definición un carácter de coalición obligatoria que asegura la formación de mayorías estables. Al igual que los anteriores, supone la plena modernización del Congreso. • La cuarta opción, el régimen parlamentario supone un giro radical de organización política que, entre otros aspectos, exige contar con un régimen de partidos muy consolidado y claramente representativo de la sociedad, además de definir el mecanismo para la definición de la jefatura del Estado y del gobierno y tener un Congreso moderno, eficaz y eficiente. En todo caso, esta propuesta, aunque tiene varios adeptos, representa la posición menos recurrida, sin que por eso se le declare inviable. • En este punto se hizo mención de que la viabilidad de cualquier transformación de este tipo o de cualquier otro referente a la modernización de México, exige avanzar hacia la conformación del nuevo pacto de poder de la democracia. • Se hizo un breve recuento del tema y se señaló que, en 200 años de vida, México ha vivido gracias a tres pactos de poder: − El pacto de Guadalupe Victoria que dio origen a la República independiente. − El pacto que se conformó con Benito Juárez y se consolidó con Porfirio Díaz y que permitió afianzar al Estado. − El pacto que se desarrolló a lo largo de las gestiones de Obregón, Calles y Cárdenas, y que estabilizó y proyectó institucionalmente a la Revolución y permitió el desarrollo. • Este último pacto terminó en 1982 con el colapso fiscal del antiguo régimen. A partir de 1983 se intentó construir un pacto sustitutivo que sucumbió con la crisis de la modernización fallida en 1994. • El primer gobierno de la alternancia tuvo las condiciones para construir ese imprescindible pacto de poder de la democracia, pero no lo hizo. En consecuencia, se van a cumplir 30 años de estar “despactados”. • Se continuó con el desarrollo de la mesa, y los participantes alternaron sus análisis sobre qué hacer con el Congreso y con el Ejecutivo. El Poder Judicial, como ya se dijo, en tanto que fue objeto de otra mesa, en ésta no se abordó más que de manera referencial. • Con respecto al funcionamiento del Congreso de la Unión se enfatizó la problemática del legislador en lo individual, en donde se destaca que éste ha sido sometido
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cada vez más a un concepto grupal incorrecto que tiende a su anulación, lo cual se refleja hasta en la terminología usada: se habla de bancadas y no de legisladores. Si bien conforme al marco jurídico vigente, cada legislador al interior de cada cámara se reúne con quienes tienen la misma ideología, de acuerdo con el partido político por el cual obtuvieron el cargo y así pueden conformar los distintos grupos parlamentarios, una vez creados éstos, los trabajos se ajustan a la agenda legislativa acordada por cada uno de esos grupos, dejando en segundo término al legislador en lo individual. En este sentido, se apuntó que prácticamente los grupos parlamentarios han adquirido tanto poder al interior de las cámaras, que han ido desplazando la función de los legisladores. Hubo quien afirmó que ahora las Juntas de Coordinación Política son más autoritarias y omnipresentes que la Gran Comisión anterior, al menos en el número de legisladores que la integraban, respecto del peso actual de los tres coordinadores con mayor responsabilidad que constituyen el eje de todas las decisiones. Llegándose a extremos de decidir desde las mayores, hasta las más nimias situaciones administrativas con la plena discrecionalidad y opacidad que les permite ser propietarios del voto ponderado que les otorga la ya cuestionada fórmula de “bancadas”. Los legisladores, al estar limitados en lo individual en el desempeño de sus responsabilidades, en la práctica dejan de ser los representantes de la ciudadanía o de las entidades federativas y, por más buenas intenciones que tengan de velar por los intereses generales, no pueden hacerlo. Se sugirió, en consecuencia, reformar los estatutos de los grupos parlamentarios para que se reconozca la individualidad de los legisladores, la función que deben de realizar conforme a la Constitución y dejar de ser un cámara de “bancadas”. Asimismo, se razonó acerca de la necesidad de establecer una proporcionalidad transparente entre el salario que perciben los legisladores y la responsabilidad que tienen, haciendo a un lado la discrecionalidad de los coordinadores en la materia. También se consideró importante dejar clara la razón de ser del Senado de la República y actuar en consecuencia. El Senado es una cámara revisora no una Cámara de Diputados “pequeña”, que se está haciendo cada vez más grande en sus funciones, esto debido a que, a últimas fechas, ha venido creciendo en sus facultades ratificadoras y ahora hasta se habla de que debe tener participación en materia presupuestal. Es claro que derivado de sus funciones es quien mantiene una mejor comunicación con el Presidente de la República, situación que difiere respecto a la Cámara de Diputados. Se consideró necesario refrendar el carácter bicameral de nuestro sistema, precisando y respetando las funciones de cada cámara o, en su caso, abrir el debate respecto de las conveniencias de un retorno unicameral.
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• De igual forma, es importante revisar y acotar las funciones que tiene la Junta de Coordinación Política, con el fin de que se concentre en el desempeño de las tareas administrativas y que las de decisión correspondan a los legisladores o al pleno. • En ese tenor, la mesa analizó el tema de la reducción de legisladores que se encuentra en el actual debate político-electoral. Se refirió la necesidad de revisar si el tema de facilitar los acuerdos o el asunto administrativo de disminuir costos, que se argumentan como soporte de la propuesta, realmente se correlacionan con el número de legisladores existente o si esto último responde a otras prioridades del sistema, que en su momento motivaron su diseño actual. • Se concluyó que toda modificación al respecto debe verse en términos de la relación que deben guardar el volumen de votos y el número de curules, en cuanto a la importancia de alcanzar los mejores equilibrios posibles entre ambas magnitudes. Es decir, aceptando que no hay sistemas perfectos, el tema es evitar o al menos minimizar la sobre o la subrepresentación de la voluntad de los electores en la conformación del Congreso. • Se recordó que el sistema mexicano se inspiró en el modelo alemán donde la representación legislativa de mayoría y la proporcional es exactamente de 50 y 50%. Se comentó que en esto también hay un asunto de distorsión en la percepción ciudadana al respecto, mucha de ella motivada mediáticamente e insuficientemente orientada o contrarrestada por la labor de la comunicación social del Congreso. En donde, entre otras cuestiones, se piensa que los legisladores de representación proporcional no son electos por voluntad ciudadana, desconociendo no sólo su función, sino incluso que existen regímenes donde todos los legisladores son electos por lista y, no por ello, son menos democráticos o representativos, como en España, por ejemplo. • Adicionalmente, se mencionó que entre los legisladores que arriban al Congreso por la vía plurinominal se encuentran los mejores cuadros de cada partido político, lo cual contribuye de manera decidida a orientar y soportar la calidad del debate legislativo, aunque también es necesario reconocer que la figura se ha prestado a abusos por parte de las dirigencias partidarias para hacer valer sus intereses personales o de grupo. Sin embargo, hay que ubicar esta distorsión no en la figura, sino en los grados de discrecionalidad de esas dirigencias en sus institutos políticos, lo cual, entre otros aspectos, motiva la reiterada necesidad de crear una ley de partidos que transparente las decisiones, estimule la rendición de cuentas, anime y soporte la democracia interna y tutele los derechos de los militantes. • Además, se señaló que una manera de evitar estos excesos sería conformar la lista plurinominal con aquellos candidatos de mayoría que no hubieran resultado electos, seleccionados de acuerdo con un gradiente de votación obtenida, que avalara su representatividad.
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• En su caso, se dijo, si es tan grande la necesidad o el compromiso de disminuir el número de diputados, se puso sobre la mesa una propuesta consistente en reducir 100 diputados de mayoría, para que la integración de esa cámara sea de 400 legisladores: 200 electos por el principio de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. • También se presentó otra propuesta que rechaza a contracorriente la reducción de legisladores y argumenta en favor de ampliar el número de diputados a 600: 300 de mayoría y 300 de representación y que considera que para el tamaño del país esto sería adecuado, considerando que Francia, por ejemplo, teniendo menor población, —más de 64 millones de habitantes—, cuenta con más diputados en la Asamblea: 577 legisladores. • En el caso del Senado de la República, hubo consenso en eliminar los 32 legisladores que son electos por la vía plurinominal en la lista nacional; sin embargo, surgió otra visión que planteó la posibilidad de tener senadores de representación proporcional definidos y electos sólo por entidad federativa, subrayando que, no obstante, tendría que aceptarse que, en algunos casos, habría más senadores que diputados. • Se hizo patente que existen serias deficiencias en dos funciones de gran trascendencia de la Cámara de Diputados: la relativa al presupuesto y a la cuenta pública. De la primera se habló de sus debilidades respecto del peso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) y de esta última se dijo que el informe o no se entrega en tiempo o cuando se hace, no hay consecuencias, fortaleciendo en la práctica la impunidad. Porque nadie rinde cuentas públicas, debe revisarse dicha función para consolidarla. • Con respecto del tema de la “Reforma del Congreso”, se remarcó que su necesidad es estratégica, puesto que la integralidad sistémica resulta obligatoria e impostergable en materia de “Reforma del Estado”, pero no deben confundirse ambas reformas y menos aún, reducir la última a la primera. Primero no son los mismos temas y después debe contemplarse que de la decisión que se tome en cuanto a qué régimen de Estado y de gobierno se quiere, dependerá el diseño que tenga el Congreso, es decir, la segunda condiciona a la primera. • En este sentido, se destacó como un logro de la lix Legislatura del Congreso de la Unión, la obligatoriedad de los grupos parlamentarios de conformar una agenda legislativa al inicio de los trabajos, así como inducir las coaliciones legislativas y establecer que éstas deben buscar coincidencias y tener una agenda en común. • De igual forma, se reformó el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace a la facultad que cada cámara tiene para expedir sus propios reglamentos. Esto dio origen a que tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, crearan sus propios reglamentos y que ambos se publicaran en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio y el 24 de diciembre de 2010, respectivamente. Reglamentos que sin duda representan un
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avance, aunque se acepta que aún no resuelven de manera suficiente la problemática interna de las cámaras. • Se consideró que algunos de los aspectos que deben tenerse en cuenta para avanzar en la Reforma del Congreso son: − Atender al desprestigio que tienen los legisladores y dar a conocer más sus funciones para que la ciudadanía pueda demandar su utilidad. − Despresurizar el Pleno al darle legalidad o más facultades a las Comisiones. Incluso se propuso permitir la votación en primera lectura en comisiones, con el fin de asegurar su funcionalidad. − Crear un “Centro Productor de Leyes”, con el nombre que se decida, en el que se cuente con asesores que tengan el perfil idóneo y conozcan de técnica legislativa, dado que es uno de los temas que estima relevantes y en el que hay que mejorar el procedimiento legislativo. − Revisar y analizar dos grandes temas que no se han querido tocar de fondo y que son los relativos a la transparencia y a la rendición de cuentas. • En la mesa se hicieron pronunciamientos en contra de los “parches” a la Constitución, los cuales únicamente conllevan a reformas limitadas y que no resuelven los problemas de fondo de la Reforma del Estado. • Lo verdaderamente importante, se reiteró, es definir ¿qué tipo de régimen político se desea?, porque teniendo clara esta respuesta, se tendrá claro cuáles son los objetivos que se deben plantear y qué proponer para alcanzarlos. • De ahí que no es posible pretender reformar por separado al Congreso, si no se sabe cómo o cuál modelo es con el que se desea ser gobernados. • Lo que queda claro, se dijo, es que todos los métodos hasta ahora aplicados para hacer avanzar la Reforma del Estado han fracasado y están rebasados. Hay que hacer otra cosa. Hay desde luego logros en todos: en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado; en la Comisión Ejecutiva para la Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, la denominada cenca; en los recientes trabajos para la Reforma Política, pero ya no es cuestión de repetir ninguna, sino de hacer otra cosa para poder avanzar. • Se mencionó que la Reforma Constitucional de 1996 fue un avance en la construcción del nuevo régimen político, pero quedó inconclusa. • Un participante estableció que el Partido Acción Nacional judicializó el proceso electoral al incorporar el entonces Tribunal Federal Electoral, al Poder Judicial de la Federación. • Uno de los puntos que se destacó fue que el entonces presidente Ernesto Zedillo decidió “romper el cordón umbilical del Gobierno Federal con el Partido Revolucionario Institucional”, porque era evidente que el pri era un partido de Estado.
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• Se dijo que la experiencia de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, creada durante el gobierno del presidente Vicente Fox, había acordado que una posibilidad viable para crear una nueva Constitución, sería a través de incorporar un artículo transitorio en la Constitución Federal para conformar una Comisión del Congreso integrada por legisladores, quienes deberían dejar su cargo a su respectivo suplente y trabajar durante un año en el proyecto de una nueva Constitución. Sin embargo, debido a la indiferencia mostrada por distintos actores políticos, el tema se fue diluyendo para dar paso a reformas constitucionales que sólo atienden problemas específicos y no problemas generales, como lo son los que derivan de la Reforma del Estado. • En el caso de la cenca, también se comentó, se trabajó bien y fue un buen método que dio lugar a una gran cauda de propuestas viables, hasta que los partidos políticos olvidaron sus compromisos, después de lograr la reforma electoral de 2007. Cuando le tocó el turno a la reforma del régimen de gobierno, la cenca fue boicoteada y después desmantelada, llegando incluso a precipitar su caída al difamarla en los medios, argumentando inconcebibles asuntos de malos manejos administrativos que nunca fueron denunciados en la instancias correspondientes y mucho menos probados, pero que sirvieron para dañar el ejercicio. La verdad es que las disputas entre los partidos para no darle el mérito a nadie y las resistencias conservadoras al interior de todos, conformaron un terrible muro para no dejar pasar el cambio que propiciaba la Ley para la Reforma del Estado que el Senado había aprobado. • En relación con los ejercicios de la Reforma Política, éstos lograron un cierto nivel de integralidad gradualista en el Senado, pero fueron despedazados en la Cámara de Diputados, porque se consideraban no convenientes políticamente para algunos intereses políticos. El resultado fue la aprobación de una miscelánea, cuando no contradictoria y dispersa, siempre insuficiente. Sin embargo, para los que aceptan el gradualismo, hay algunos avances que tendrán que ser precisados, completados y hacerlos funcionales por las nuevas agendas legislativas. • En fin, varios participantes establecieron que derivado de nuestra situación política actual y de la forma de integración de los Poderes Federales Ejecutivo y Legislativo, pareciera que sólo queda algo en el camino entre el gobierno de gabinete y el régimen semipresidencial. • Una parte de la mesa comentó que dentro de las propuestas para reformar el régimen político existente, la opción está en instaurar el gobierno de gabinete, para propiciar no sólo una mejor funcionalidad en la relación del Ejecutivo con el Legislativo, a través de la incorporación de más practicas parlamentarias y hacer compatibles presidencialismo y pluralidad, sino porque es claro que ya no son tiempos para considerar la omnipresencia del Presidente o su capacidad para saber de todo o resolverlo todo. Sin embargo, otra parte de la mesa consideró que ese modelo era
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insuficiente y se pronunció por el semipresidencialismo que separa al jefe del Estado, de la jefatura del gobierno y profundiza la transformación del sistema vigente. Todos aceptaron que la situación actual del presidencialismo es evidentemente disfuncional, aunque algunas propuestas de reforma se ubicaron más en la lógica del llamado modelo de presidencialismo funcional, que implica dotar de más instrumentos de gobierno al Presidente, pero también al Legislativo. Se trata de contar en sus formas tradicionales, con dos poderes fortalecidos y funcionales para el desempeño de sus tareas. En la mesa se reiteró que es notorio, respecto de reformar o actualizar las instituciones del Estado, que no hay voluntad política dentro de los partidos políticos para realizarla a fondo. Para precisar las rutas de acción, más allá del asunto de los diseños constitucionales, se hizo énfasis en la necesidad de identificar en dónde se encuentran las resistencias al cambio, porque en la medida en que se tenga clara esta situación, entonces podrá establecerse una estrategia exitosa de reformas. Las reformas que se propongan deben tener una relación con la autoridad del Estado, con el fin de transformar el régimen político y, en función de eso, analizar si existen condiciones para tener una nueva Constitución, cuestión que hoy y en el futuro próximo no se mira muy clara, más allá de su debate conceptual. La necesidad de llevar a cabo una reforma del régimen político tiene como fin darle una gobernabilidad democrática a nuestro país porque, de lo contrario, seguiremos siendo testigos de lo sucedido desde 1997, cuando el Presidente perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y a partir del año 2000, ya no la tuvo en ambas cámaras y después en 2006, entre cuestionamientos de legitimidad, características de personalidad y estilo de gobernar, y falta de instrumentos para hacerlo con eficacia, aún se aprecia el deterioro de la gobernabilidad. En el escenario político actual se percibe que el próximo Presidente de la República, con independencia del partido que lo haya propuesto, de nuevo no tendrá mayoría absoluta en el Congreso. Volverá a ser, por decirlo así, un Presidente de primera minoría, con un Congreso de mayoría contraria. De nada servirán de nuevo las propuestas parciales, si no se está dispuesto a pactar para gobernar con fuerza y propiciar cambios de consenso que mejoren la capacidad de las instituciones para cumplirle a los gobernados. De ahí que el riesgo de verse disminuido es real. De nuevo se tendrán problemas para aprobar sus iniciativas, y si a esto se le añade una incapacidad o incomprensión para construir acuerdos, se verán afectadas las relaciones entre ambos poderes y no habrá avances en los temas torales para México, por tanto, es necesario recuperar el valor de la política. Si existe resistencia al cambio y se tiene la intención de llevar a cabo una reforma de fondo, los medios de comunicación juegan un papel determinante.
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• Se está ante la urgencia de trabajar unidos en una reforma para actualizar el régimen político de acuerdo con las necesidades actuales, de lo contrario, de seguir así para el año 2015, se vislumbra un escenario muy complicado y no sería sencillo establecer el orden en México. • Se comentó que hay muchas coincidencias en que se tiene que llevar a cabo una reforma al régimen político, pero lamentablemente es notorio que existen grupos conservadores en todos los partidos políticos que la impiden. No se diga para elaborar y aprobar una auténtica Reforma del Estado, sino en ciertos temas en los cuales existe un aparente avance pero que al final, en la práctica, no pasa nada. • Un ejemplo claro de ello, es la denominada Reforma Política que recientemente se aprobó y que, en forma aparente, tiene muchos temas novedosos, como es la consulta popular, la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, por mencionar algunos. Sin embargo, no se quisieron establecer en forma detallada aspectos para hacerlas viables y poder llevarlas a la práctica; por el contrario, el legislador prefirió dejar eso para una ley reglamentaria. Es el caso, por ejemplo, de las candidaturas ciudadanas, que no sólo desplazaron su vigencia en el tiempo, sino que restringieron la positividad del nuevo derecho. • Por esto, quienes integren la próxima legislatura del Congreso de la Unión, serán los responsables de establecer los requisitos que deberán satisfacerse en el ánimo de que los ciudadanos podamos ejercer a plenitud esos derechos. • De hecho, ha sido una práctica recurrente que los temas inherentes al ejercicio del poder público prefieren no tocarse, como es el caso de la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes y otros ya mencionados. • En la mesa hubo quien planteó no estar de acuerdo con la necesidad de la reelección legislativa, no así con la de alcaldes que, dijo, le parecía conveniente. Argumentó que en el caso de los legisladores, incluso no era necesaria porque en la práctica se podían reelegir innumerables veces al pasar de una cámara a otra y regresar a la primera. Otro participante que señaló que precisamente eso, que llamó “chapulinismo”, también se evitaría si hubiera una reelección legislativa acotada. • Se consideró que es común observar que el legislador aprueba y después no cumple con los plazos que el mismo estableció para instrumentar derechos constitucionales, lo cual fue calificado de irresponsabilidad. • Ese es el caso, por ejemplo, de las reformas constitucionales en materia de Amparo y de Derechos Humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 6 y 10 de junio de 2011, respectivamente. En el primer caso, van más de 250 días sin que se expida la Nueva Ley de Amparo y empiezan a contar los días sin que tampoco se expida toda la reglamentación de la segunda reforma señalada. • Esto se traduce en una flagrante violación constitucional por omisión del legislador en perjuicio de los gobernados, sin embargo, al no haber un procedimiento sancionador para que los legisladores cumplan con su responsabilidad constitucional para
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la cual fueron electos, no pasa nada. Aun cuando se comprometieron a cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen al momento de rendir su protesta. • La mesa concluyó dejando patente la urgencia de llevar a cabo una Reforma del Estado de fondo, que incluya un procedimiento, claro, preciso y sencillo para sancionar en verdad a los legisladores que no cumplan con sus responsabilidades.
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el cuarto pacto de poder de la historia de méxico: una visión para terminar con el estiaje político J. Alberto Aguilar Iñárritu
El próximo primero de julio se cumplirán 12 años del arribo electoral de la alternancia en México. Son 12 años también de múltiples debates, diagnósticos, propuestas y sobre todo, de escasas instrumentaciones en la urgente e insatisfecha actualización democrática de las instituciones nacionales. En fin, son dos sexenios de tratar infructuosamente de consolidar la democracia en el ejercicio del poder federal y local y garantizar su eficacia social. Al término de la próxima jornada electoral, se habrán sucedido numerosas luchas encaminadas a superar el siglo xx y entrar de lleno al siglo xxi, sin poder lograrlo aún. Habrán sido muchos años de arcaísmo triunfante sobre las intenciones de modernizar a las instituciones de la nación que, sin dejar de reconocer algunos avances, lejanos a todo resultado sistémico o integral, dejarán un saldo preocupante: la ausencia de un nuevo pacto de poder, imprescindible para vigorizar la nueva época democrática de México y capaz de dar cohesión en torno a un destino definido y compartido mayoritariamente. Un acuerdo en lo fundamental que dibuje un lugar de inclusión, seguridad, prosperidad y felicidad para cada uno en el desempeño de sus talentos, en beneficio propio, de su familia, así como del mejor suceder de la nación. Un nuevo acuerdo, cuya falta obliga a recordar que los mexicanos carecen de rumbo consciente porque no están pactados, que no poseen una hoja de ruta compartida que los convoque a unir esfuerzos, porque no han edificado la aceptación mayoritaria de sus objetivos, que no tienen concordia debido a que no han comprendido que la unidad no es origen, sino destino y que como tal es necesario construirla, a partir de modificar las características de la lucha por el poder, de su racionalidad misma. Este julio primero habrá concluido la última elección del siglo pasado y con ella quien haya ganado el derecho a dirigir la Presidencia de la República, su próximo gobierno y el país en su conjunto se encontrarán de frente a un cúmulo de contradicciones agudizadas por el impasse conservador que se ha sufrido todo este tiempo. Se encontrarán grandes desafíos en áreas tan sensibles como la justicia, la seguridad y los derechos humanos, la eficiencia de la economía, la equidad, la inclusión y el bienestar social, los alimentos, el agua, el aire y
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el medio ambiente, la permeabilidad, la representación y la legitimidad políticas, y la presencia y acción global de México, entre otras. Seguramente descubrirá que ha ganado una Presidencia de primera minoría, en medio de un continuum de litigios en tribunales electorales y cuestionamientos más o menos importantes a su legitimidad, que subrayan que las elecciones se han realizado entre adversarios de palabra y enemigos de realidad, porque los mexicanos no están pactados. Constatará que tiene enfrente un Congreso dividido, o de mayoría opositora, y que no cuenta con instrumentos institucionales para construir un gobierno de mayoría, o al menos, con la suficiente capacidad para pactar con las oposiciones y lograr mayores márgenes de maniobra. Sabrá que sí puede erigir un gobierno de coalición, por medio de las nada despreciables artes de la política, para lo cual no requiere mover ni una coma del marco constitucional y legal vigente, sin embargo, jugarán en contra de esa que puede ser una saludable decisión, tanto elementos culturales, como políticos. Los primeros se refieren a la supervivencia de la tradición del presidencialismo hegemónico del siglo pasado, que se observa tanto en el discurso como en la actitud de los candidatos y en una concomitante idea de coalición que se confunde con la cooptación de las oposiciones, generalmente en forma individual, lo cual inhabilita esos esfuerzos para efectos de soportar el ejercicio de gobierno, como se ha podido analizar en los gobiernos surgidos de las coaliciones electorales. Los segundos residen de nuevo en la ausencia de pacto, en la conformación misma del Congreso, poco representativo de la diversidad militante y civil y muy sujeto a las determinaciones de los intereses de las personas y grupos dominantes en las dirigencias de cada partido, lo cual lo hace proclive al chantaje, además de estar sujeto a una estructura normativa obsoleta que lo induce hacia una operatividad ineficiente. De igual forma, el sesgo grupal de los compromisos de los candidatos en la nominación de su gabinete deja poco espacio para incorporaciones de coalición y, sobre todo, la definición insuficiente de sus propuestas o programa de gobierno que aparece como un asunto a puntualizar a posteriori, una vez que la mercadotecnia hizo su parte, y por último, la debilidad estructural del propio ejecutivo no hegemónico sujeto a múltiples vetos. Ante este panorama poco alentador, quien asuma la jefatura del Estado deberá tomar una decisión: seguir por la misma ruta de los últimos dos sexenios con gobiernos unipartidistas, divididos y poco eficaces; ser un Ejecutivo en permanente confrontación con el Congreso, ahora ante retos todavía mayores y con menores márgenes de acción, o abrir en serio el espacio para caminar hacia la redefinición de las reglas del juego en el régimen de Estado y de gobierno para adecuarlas a los requerimientos de la democracia mexicana; consolidar sus capacidades en favor de restituir el interés general dando vigencia a la República, hoy colonizada, y en bien de la eficacia del Estado. Para avanzar en la vía de la segunda opción, lo primero es abandonar por equivocado e improcedente todo diagnóstico que anime cualquier expectativa de retorno a la hegemonía presidencialista. Sustituirlo por otro, que comience por asumir que aunque no existe una
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imposibilidad definitiva a ganar la mayoría absoluta desde las urnas, que hasta ahora esa no ha sido la regla, y que si esta condición se verifica, de cualquier manera, el sistema debe garantizar la presencia actuante de la minoría. Normalmente de las elecciones surgirán gobiernos divididos, la característica política del México postransición es la difusión o dispersión del poder, todas las fuerzas son minoría y todas deben tener la posibilidad de hacerse con la mayoría. Ello obliga a solucionar la ecuación no resuelta presidencialismo-multipartidismo, que es la raíz del problema, a través de modificar los estímulos que condicionan la racionalidad actual de la lucha por el poder y que la hacen proclive al desacuerdo, por otros que conduzcan hacia la colaboración sin arrear banderas. Es decir, se trata de abandonar la premisa dominante de la lucha por el poder: el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo, y sustituirla por otra opción donde quien gana acepta gobernar con quien perdió para fortalecerse, con base en su representatividad, afinidad ideológica y de proyecto o ambas, y quien pierde asume que su rol de lucha de minoría por ser mayoría puede avanzar colaborando con transparencia con quien ganó, porque será visible en su acción. La segunda parte de esa nueva ruta de transformación tiene dos componentes, primero echar mano de la gran riqueza doctrinal que ha producido el debate de reforma del Estado durante estos 12 años, y segundo, asociar el cambio a introducir esas fórmulas o sus componentes en la solución de los retos que tendrá por delante el nuevo gobierno. Respecto del primer componente, las propuestas de actualizar el régimen político se ubican en torno a cuatro esquemas dominantes: el sistema presidencial funcional y equilibrado, el sistema presidencial con gobierno de gabinete o racionalizado, el sistema semipresidencial y el sistema parlamentario. Sin la intención de profundizar1 aquí sus características, se apunta que el sistema presidencial funcional y equilibrado o funcional, busca garantizar la eficacia del Poder Ejecutivo. Mantiene al Presidente en su carácter de jefe de Estado y jefe de Gobierno, y lo dota de varios instrumentos constitucionales para gestionar mejor su relación con el Congreso. El Presidente puede modificar la correlación de fuerzas en el Legislativo a favor de su gobierno mediante la construcción de alianzas interpartidistas. De igual forma, esta propuesta exige una modernización a fondo del Congreso. El sistema presidencial con gobierno de gabinete o racionalizado, mantiene también en el Presidente la jefatura del Estado y del gobierno, pero se añade al control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, un denominado control intraorgánico que proviene del gabinete del Poder Ejecutivo. Esta figura supone la creación del jefe de Gabinete, que es un funcionario subordinado al Presidente, que lo propone como responsable de coordinar esa nueva figura, de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, de gestionar el desempeño del programa presupuesto anual y de ser el principal interlocutor con el Congreso, lo que le permite asistir y participar a las sesiones camerales, con voz pero sin voto. En este modelo, la coaliciones de gobierno, no sólo son altamente valoradas, sino que se establecen por obligatoriedad para evitar que se gobierne en minoría si el candidato triunfante no cuenta los votos suficientes para garantizar
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la mayoría absoluta en el Congreso. Al igual que el modelo anterior, éste supone una amplia modernización del Congreso. La tercera opción, el denominado modelo semipresidencial, a diferencia de las anteriores, propone la separación entre la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. La primera corresponde al presidente electo por la ciudadanía y la segunda, el jefe de Gobierno, recae en un funcionario electo por el Congreso a propuesta del Presidente, en concordancia con la correlación mayoritaria de fuerzas ahí representadas. Esta última circunstancia consolida la relación de confianza política del gobierno con el Congreso quien además de su nombramiento, determina su permanencia en el cargo. Las competencias del jefe de Gobierno se establecen en la Constitución y para el ejercicio de la función contaría con la nominación de un gabinete reconocido constitucionalmente, nombrado por el Legislativo a propuesta suya. Esta forma de gobierno tiene, por definición, un carácter de coalición obligatoria que asegura la formación de mayorías estables. Al igual que los anteriores supone la plena modernización del Congreso. La cuarta opción, el régimen parlamentario supone un giro radical de organización política que entre otros aspectos exige contar con un régimen de partidos muy consolidado y claramente representativo de la sociedad, además de establecer el mecanismo para la definición de la jefatura del Estado y del gobierno y contar con un Congreso moderno, eficaz y eficiente. En todo caso esta propuesta con adeptos representa la posición menos recurrida, sin por eso invalidarla. Con relación al segundo componente de la ruta de transformación descrita, aunque es necesario que el nuevo gobierno precise sus prioridades de acción para asociar las nuevas fórmulas a la solución de sus desafíos, no se piensa que puedan estar muy alejadas de los retos descritos en páginas anteriores. Es aquí donde toma relevancia la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto de poder de la democracia. En 200 años de vida México ha vivido gracias a tres pactos de poder: el de Guadalupe Victoria que dio origen a la República independiente; el pacto que se conformó con Benito Juárez y se consolidó con Porfirio Díaz y que permite afianzar al Estado; y el pacto Obregón, Calles, Cárdenas que estabiliza y proyecta institucionalmente a la Revolución y permite el desarrollo. Este último pacto terminó en 1982 con el colapso fiscal del antiguo régimen. Desde 1983 se intentó construir un pacto sustitutivo que sucumbió con la crisis de la modernización fallida en 1994. El primer gobierno de la alternancia tuvo las condiciones para construir ese imprescindible pacto de poder de la democracia, pero no lo hizo. En consecuencia se cumplirán 30 años de “despacto”. Un ejemplo de cómo actuar en consecuencia se puede observar en torno a la cuestión fiscal. Hace tiempo el autor escribió que: “El modelo oligopólico de finanzas públicas petrolizadas se agotó, es la oportunidad de superar nuestra modernización fallida mediante un nuevo acuerdo fiscal, como la forma más tangible del nuevo pacto de poder que le urge a México. Así podremos desechar lo que no funciona y construir un nuevo bloque gobernante como base de la decisión electoral de 2012 y de la posterior conducción de la nación. Es una cuestión de sobrevivencia que otra vez reclama a las élites cumplir con su responsabilidad; hasta
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ahora han fallado, esperemos que no opten por tomar la falsa puerta del suicidio…”, “Todo pacto fiscal se sustenta en un pacto de poder, porque al final son lo mismo. La cuestión fiscal es la columna vertebral del Estado, es la versión en ingresos y egresos del acuerdo político que soporta a la República; su estado de salud es un indicador de la vigencia de ese contrato. Si lo fiscal enferma, es capaz de producir el derrumbe del sistema político; su desplome es una condición sine qua non de los estados fallidos. Su sanidad siempre descansa en la equidad y contribuye a la concordia. La historia mexicana da cuenta del derribe fiscal de estructuras políticas desde el siglo xviii, a lo largo del siglo xix y más recientemente del colapso del régimen de la revolución en 1982. En torno a lo fiscal se detonó también la Revolución Francesa, después de años de abusos y de irresponsabilidad de las élites monárquicas”.2 Me parece que lo dicho sigue siendo válido. Con sus diferencias, varios de los candidatos se han pronunciado por realizar una profunda Reforma Fiscal, que entre otras cosas implica revisar el llamado presupuesto de gastos fiscales que equivale, en su última discusión cameral de 2011, a 4.2 puntos del pib y en donde se esconden los llamados privilegios fiscales, amén del no pago fiscal y todo aquello que debe soportarse con petróleo en materia de gasto público, 30% del total. Si este aspecto no se reforma suprimiendo buena parte de sus componentes, los poco más de $500 mil millones de pesos que implica no podrán ser utilizados para incrementar, por ejemplo, la tasa de inversión nacional y no se podría crecer y abandonar el raquitismo de la última docena. Entre otros, estos privilegios fiscales benefician a grupos muy poderosos que deberán ser conminados a aceptar la Reforma Fiscal que se los quita. Ese es un tema real de gobierno, así como convencer a la sociedad en su conjunto a aceptar por ejemplo un iva parejo, cuestión que exige responder a cambio de qué y una respuesta es por mayores beneficios sociales tangibles como seguridad social universal, seguro para el desempleo, pensiones universales y más empleo con mejores salarios, por ejemplo, pero eso implica lograr una gran negociación al interior del Estado y con la sociedad, donde no es menos importante es el tema de la transparencia y la rendición de cuentas para poder avanzar en esa materia. Por eso se afirma, que en el marco de propuestas conceptuales existentes, si se cuenta con la suficiente sensibilidad y capacidad de operación políticas en el nuevo gobierno, es posible, deseable y útil avanzar en la necesaria reforma del régimen de Estado y de gobierno, construyendo un nuevo pacto de poder y dando solución a los múltiples desafíos del nuevo gobierno. Para lograrlo, es imprescindible comenzar por entender que el México de los presidentes omnipresentes, infalibles y todólogos ya pasó, y que llegó el momento de los gabinetes de capacidad, de los congresos profesionalizados y de los partidos democráticos y transparentes para que la política constructiva vuelva a ocupar su lugar, y las instituciones de la democracia alcancen su plena eficacia para servir a la gente. En ese sentido, es claro que luchar y lograr construir el nuevo pacto de poder de la democracia, el cuarto de la historia de México, permitirá arribar, sin arriar las banderas de nadie, al México que todos sueñan, porque se habrá edificado a partir de entrelazar sueños individuales. Porque se habrá alcanzado en conjunto la unidad en la diversidad y con ello se habrá
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inaugurado una nueva época de concordia y conseguido un rumbo firme, mayoritariamente sustentado en el acuerdo de las diversas minorías que conforman políticamente esta Nación, para avanzar hacia la prosperidad compartida y la felicidad que merecemos.
Referencias 1 J. Alberto Aguilar Iñárritu, 2012: La última elección del siglo xx, Editorial Porrúa/Facultad de Derecho, unam/copuex, 2012 y Semipresidencialismo en México ¿salida del estancamiento del régimen?, Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, 2012. 2 J. Alberto Aguilar Iñárritu, “El México de los últimos años, un país de relaciones perversas…”, en contraste, 2012.
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el régimen de gobierno mexicano, su evolución y situación actual Francisco J. Burgoa Perea
En el Teatro de Iturbide, Luis Manuel Rojas Arreola, en su calidad de Diputado Presidente declaró “El Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1º de diciembre de 1916, el período único de sesiones.” Y posteriormente, José Venustiano Carranza Garza, Primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión hizo uso de la palabra para expresar los motivos que justificarían el “Proyecto de Reformas a la Constitución del 5 de febrero de 1857” que sometió a la consideración de este Congreso Constituyente. Así los diputados constituyentes de 1916-1917 formalmente conocieron el proyecto que durante dos meses discutieron, modificaron, adicionaron y aprobaron para quedar como la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que Reforma la de 5 de Febrero de 1857”, que Venustiano Carranza promulgó el 5 de febrero de 1917 y que entró en vigor el 1º de mayo siguiente, en donde quedaron incorporadas muchas de las demandas provenientes de la Revolución y se establecieron los principios básicos sobre los que se empezaría a construir el sistema político mexicano del siglo xx, que se encargaría de darle la tan anhelada estabilidad al país que se necesitaba en la era posrevolucionaria. Al paso del tiempo fue moldeándose el entonces ‘nuevo’ régimen presidencial en México con sus características propias, mismo que funcionó durante la hegemonía de un partido político único en el poder, pero se carecía de algo que resultaba ajeno en el sistema político mexicano: la democracia. De lo contrario ¿cómo podemos entender que en 1976, los ciudadanos de aquel tiempo, sólo tuvieron la opción para elegir a José López Portillo como Presidente de la República? Derivado de varios sucesos de la época, entre ésos, el movimiento estudiantil de 1968 y la referida elección presidencial, tuvo origen la Reforma Política de 1977 que impulsó Jesús Reyes Heroles y que marca un punto de inflexión en lo que se puede llamar el inicio de la transición política: de un sistema del partido hegemónico a uno pluripartidista. En este contexto, la lvii Legislatura de la Cámara de Diputados (1997-2000) tuvo gran relevancia al confirmar en su integración, el pluripartidismo que llegó para quedarse en incipiente democracia de México, ya que por primera vez el Partido Revolucionario Institucional
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no contaba con la mayoría absoluta y Porfirio Muñoz Ledo pasó a la historia al ser el primer diputado de oposición (prd) en presidir esta Cámara el 1º de septiembre de 1997 y en contestar el tercer informe de gobierno del Presidente Ernesto Zedillo. Posteriormente, vino la alternancia en el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal al llegar Vicente Fox Quesada, quien fue postulado por el Partido Acción Nacional y de igual forma le tocó ser el primer Presidente en no contar con la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Actualmente sería impensable tener un escenario similar al de hace 35 años, sin embargo, a partir de que la realidad política de México permitió la creación de nuevas opciones para los ciudadanos mediante distintos partidos políticos, se fue cristalizando el mosaico pluripartidista pero bajo el andamiaje constitucional del antiguo régimen. Es evidente que las últimas reformas constitucionales de fondo que han sido impulsadas por distintos actores políticos, sólo muestran un interés en la forma en cómo deben organizarse las elecciones y garantizar su confiabilidad, empero, existe un desinterés o “falta de acuerdos” para realizar la Reforma del Estado o la Reforma Política más importante: la forma en cómo debe ejercerse el Poder Público. Esta reforma se debe centrar en los mecanismos de colaboración y de pesos y contrapesos entre los poderes federales Ejecutivo y Legislativo, sobre el principio de que el Presidente de la República no cuenta con la mayoría absoluta en el Congreso y en la tendencia actual, parece que el Poder Legislativo Federal seguirá integrado por minorías, a menos que en un futuro cercano se quiera incorporar la denominada “cláusula de gobernabilidad”, que garantiza que al partido político que obtenga el mayor número de los votos (la primer minoría), se le otorgue en forma automática un número de curules o escaños para que alcance la mayoría absoluta. Es decir, con esta cláusula se busca construir mayorías artificiales que permitan gobernar o mantener el establishment, sin que estas mayorías hayan contado con la legitimidad de los ciudadanos a través del sufragio. En este sentido, se considera necesario construir un régimen presidencial funcional a los requerimientos de la aún incipiente democracia mexicana. Un sistema presidencial dotado de nuevas formas políticas, culturales y jurídicas para estimular la formación de esas mayorías que se requieren urgentemente y que sólo podrán alcanzarse mediante la conformación de grandes pactos entre las minorías representadas en el Congreso, porque es notorio que uno de los grandes problemas de la forma de gobierno es la falta de construcción de acuerdos, que se traduzcan en una gobernabilidad democrática y que se vean reflejados en un proyecto de nación incluyente. Han pasado 12 años desde la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal en México y ya es impostergable empezar a diseñar las reformas institucionales que permitan concluir la transición política y democrática, creando un nuevo conjunto de mecanismos que ponga al día al Estado con la sociedad y facilite la maduración democrática de su relación. Es necesario que el régimen presidencial mexicano pueda afrontar los retos del siglo xxi con una reforma de fondo y no con una endeble como la llamada “Reforma Política” recién aprobada por el Poder Revisor de la Constitución y que incluye: candidaturas independientes,
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iniciativa ciudadana, consulta popular, iniciativa preferente a cargo del Presidente de la República, ratificación del Senado a los titulares de los órganos de regulación de telecomunicaciones, energía y competencia económica, la ampliación del plazo para conceder licencia al Presidente hasta por 60 días a cargo de la Comisión Permanente, la sustitución provisional del Presidente en caso de falta absoluta a cargo del Secretario de Gobernación, posibilidad de que el Presidente rinda la protesta constitucional ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la eliminación de la “cláusula de gobernabilidad” en la integración de los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Los anteriores temas de la “Reforma Política” parecieran muchos, pero en el fondo no lo son si se analizan a detalle y más que muchos, no se cuenta aún con su ley reglamentaria y ahí es donde se podrán establecer requisitos que pocos serán los que puedan cumplirlos, como es el caso de las candidaturas independientes que si no se tiene cuidado, existiría el riesgo de ir en retroceso y caminar rumbo a una plutocracia. Es un imperativo luchar por la reforma deseada y no tener que conformarse —una vez más— con la reforma posible, porque de no impulsarse de nuevo una gran reforma a la forma de gobierno, pasarán muchos años más sin que se toque el arcaico diseño constitucional que fue funcional durante el antiguo régimen, pero no en el que México vive en el presente, dado que el mosaico pluripartidista llegó para quedarse y para ser incluido en las políticas públicas que a todos nos incumben. Existen muchas propuestas para rediseñar el ejercicio del poder público y atender las necesidades de una sociedad que se muestra inconforme ante la incapacidad de los gobernantes y legisladores para darle a México una gobernabilidad y con ello, empezar a satisfacer muchas de sus demandas. Por eso, es necesario analizar y discutir seriamente algunos temas que sin duda, consideramos le darían oxígeno puro a nuestro sistema: reelección inmediata y limitada de legisladores y alcaldes, revocación de mandato, referéndum, segunda vuelta electoral presidencial, reforma al Congreso de la Unión, gobierno de coalición o gobierno de gabinete. De ahí que serán los legisladores federales de la lxii Legislatura del H. Congreso de la Unión quienes tendrán la responsabilidad histórica de cumplir con el mandato que les otorgó la ciudadanía y pronunciarse al respecto, porque una cosa es incuestionable: México merece tener un sistema político del siglo xxi con el objetivo de que exista una eficaz gobernabilidad democrática y mucho también dependerá del interés que sobre estos temas tenga el Presidente de la República electo para el periodo 2012-2018; de hecho a él le corresponderá encabezar el 5 de febrero de 2017, la ceremonia del primer centenario de la Constitución de 1917. Creo que es tiempo de ir pensando en construir un gran acuerdo que permita tener una Constitución renovada para esa fecha y que contemple los mecanismos adecuados en beneficio de la sociedad mexicana.
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reforma del congreso Sami David David
Camino a la consolidación democrática prevalecen dos reflexiones que deben externarse: primero, la elección que viene tiene que confirmar la vía electoral como senda para procesar los cambios en el poder público; segundo, el Poder Legislativo es un protagonista sin par, encarna la representación nacional y ejerce la centralidad de un estado de derecho: las normas colectivas para ejecutarse y que den base a la tarea jurisdiccional se agregaría un punto importante: el verdadero control y vigilancia sobre otros poderes. La Reforma del Congreso no debe ser tratada como un proceso aislado, hay que ubicarla dentro de un contexto amplio, denominado recurrentemente “Reforma del Estado”, la cual implica revisar, analizar y estudiar la integración, estructura, facultades y funciones del Poder Legislativo y las relaciones que constitucional y legalmente establecen con los otros Poderes de la Unión. Por tanto, una reforma integral del Congreso deberá advertir tanto su ubicación como Poder Legislativo en el régimen político nacional, como estructura y organización interna del mismo en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. La reforma integral y modernización del Congreso son asignaturas que aún tienen pendientes los legisladores, no es una propuesta actual, de coyuntura o momentánea; por el contrario, ha constituido un propósito que se origina desde que México asumió el objetivo democrático de garantizar que sus instituciones representativas reflejen la pluralidad nacional. El desarrollo democrático de México demanda respetar y alentar toda iniciativa del Poder Legislativo para fortalecer su independencia, garantizar su pluralismo político y sus facultades de supervisión y control sobre los órganos de la administración pública federal, particularmente de control presupuestal y de la cuenta pública. El perfeccionamiento de las instituciones parlamentarias es muy dinámico y requiere un minucioso seguimiento y una constante actualización. La obligación que hoy se tiene es la de poner al día las estructuras y mecanismos de funcionamiento de México para cumplir a cabalidad el compromiso de la representación. Desde hace ya varios años, el Congreso mexicano ha estado inmerso en un proceso gradual de modernización, que le permita adaptar su organización, funcionamiento y procedi-
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mientos a las necesidades del entorno actual, en el que necesariamente las cámaras deben desempeñar sus funciones con la oportunidad y eficiencia que la ciudadanía demanda. Entre los temas que se consideran de manera obligada en la agenda para el fortalecimiento y modernización para el Poder Legislativo, destaca el del análisis y adecuación del proceso legislativo, cuyos preceptos generales y normas de operación datan de muchas décadas atrás, por lo que en muchos casos se han vuelto inoperantes y en otros obstaculizan y aletargan el procedimiento. La propuesta que se presenta tiene la finalidad general de aportar elementos que contribuyan a avanzar en materia de políticas de modernización del proceso legislativo, permitiendo que la Cámara de Diputados desempeñe su función de creación y modificación de normas jurídicas, de una manera más dinámica y eficiente. Al Poder Legislativo le toca velar por el buen funcionamiento institucional de la República: le corresponde hacer los arreglos institucionales que permitan acrecentar la actividad y prestigio de las instituciones, delinear el modelo de organización política que propicie la formación de mayorías estables y mantenga por encima de la controversia a las instituciones del Estado y devolver a los ciudadanos en plenitud la conducción de la política. Por ello la Reforma del Congreso es una de las grandes asignaturas pendientes de la reordenación institucional del régimen político mexicano. Sin dejar de reconocer que el Congreso se ha esforzado por estar a la altura de las necesidades del país y hacer su trabajo, su marco jurídico no le ayuda mucho en esta labor. Pero para entender los obstáculos que se enfrenta al interior de las cámaras, se debe señalar que México lleva muchos años en continuos y prolongados cambios que están modificando no sólo al sistema político, sino al propio país. La sociedad mexicana de 2012 no es la misma de hace 10 o 20 años, que está inmersa en un proceso democrático que dio inicio hace varias décadas y que hoy requiere seguirse transformando. Al respecto, vale la pena recordar que los países desarrollados son aquellos que cuentan con democracias consolidadas, con instituciones capaces de procesar la diversidad social y política y la solución de los conflictos. Por lo tanto, en la medida que el Poder Legislativo federal logre equilibrar la unidad y diversidad de sus integrantes, es que logrará estar plenamente a la altura de los requerimientos de la sociedad. Y justamente para invertir los porcentajes negativos sobre las reformas y la democracia en altos índices de participación y exigencia, es que se debe llevar a cabo una Reforma Política integral, que logre acercar las instituciones a la sociedad, que transmita un mensaje claro que en el Congreso se encuentra representada la pluralidad del país y en él todas las voces se escuchan y se atienden, que no es un gasto suntuoso financiar un sistema democrático. Desde entonces, los importantes cambios constitucionales que se han venido realizando no se han reflejado en modificaciones del marco normativo del Congreso. Si bien no han faltado esfuerzos valiosos, para actualizar y enriquecer la legislación interna por parte de todos los grupos parlamentarios, no se ha logrado ponerla en consonancia con el orden jurídico constitucional.
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Para llevar a cabo todo proceso reformador hay que partir del principio que en una democracia nadie tiene el monopolio de la razón, de la verdad, de los votos y de las decisiones públicas, por lo que la constante debe de ser el diálogo, la apertura, la discusión y la ponderación. Asimismo, la Reforma del Congreso debe enfocarse en combatir la inmovilidad parlamentaria, centrando la atención no sólo en el mejoramiento del funcionamiento de las cámaras, sino también en impulsar mayor claridad y certeza respecto a las relaciones que tiene el Poder Legislativo con los otros poderes y con la ciudadanía.
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la transformación del régimen político en la reforma del estado Porfirio Muñoz Ledo
La urgencia de construir un sistema político que asegure la sustentabilidad de la democracia y la viabilidad del país permea el discurso de los partidos, de la opinión pública y de la sociedad civil. Destaca que los movimientos sociales surgidos para alzar la voz ante la emergencia nacional, coinciden en la necesidad de apresurar los ajustes antes de que los cimientos mismos de las instituciones sean demolidos por la simulación y la corrupción. A 12 años de la alternancia, los señalamientos recaen en los actores políticos mayoritarios, quienes no han avanzado en los acuerdos mínimos que permitieran llevar adelante una empresa de tal envergadura. El doble lenguaje incrementa el descrédito de la clase gobernante. Preocupa la parálisis que ha desembocado la alternancia después de lo que los estudiosos de la transición llaman una “reforma pactada”. Se obtuvo el respeto del poder al sufragio público para sustituir al antiguo partido hegemónico, mas pronto los contendientes privilegiaron la ocupación y el reparto del poder, y desestimaron la Reforma Institucional. La continuación de las Reformas de Consenso de 1996-1997 era una obligación del nuevo gobierno. Después de convocar a un gran esfuerzo concertado para la “refundación de la República” con la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, Vicente Fox abandonó el propósito en aras de las llamadas reformas estructurales y una alianza concupiscente con el pri. De esta manera dilapidó la legitimidad de que disponía y su gobierno encalló en la intervención franca en el proceso electoral en los dos últimos años de su administración. En 2007, el esfuerzo para construir la Reforma del Estado en un órgano especial del Congreso que derivó en la creación de la Comisión Especial de Negociación y Construcción de Acuerdos (cenca). No obstante, el método del consenso fue abandonado desde sus inicios, cuando las Reformas Electoral y Penal fueron aprobadas por las cúpulas de los partidos mayoritarios. Al inicio de la lxi Legislatura, las diversas propuestas de Reforma Política incurrieron en la grave regresión de fortalecer el presidencialismo y trasladar las prioridades más evidentes por la obtención de ventajas y réditos en el horizonte electoral. Con ello, se canceló la oportunidad de construir desde las plataformas y agendas de los partidos una gradual transformación del régimen.
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Se afirma que un grave defecto de la democracia abortada es la “baja intensidad” de la ciudadanía y la precariedad de la cultura democrática, rasgos que se arrastran desde el régimen de partido hegemónico. Por ello, los ejes temáticos pueden sostener un régimen democrático sólido: una democracia participativa y deliberativa, sistemas electorales abiertos a la renovación política que impidan el establecimiento de pesadas e impermeables partidocracias, la descentralización del poder público hacia las comunidades locales, así como un marco de seguridad y justicia orientado al respeto de los derechos humanos. El control de los sistemas educativos y de la comunicación por estructuras concentradas de poder es el rasgo más perverso de la circunstancia actual. La complicidad de las últimas administraciones con el corrupto liderazgo magisterial y con el oligopolio mediático ha hecho de estas últimas auténticos actores deliberantes y con una capacidad de decisión que supera a los poderes constituidos. El chantaje y la amenaza de los poderes fácticos no sólo socava la división de poderes y la forma republicana de gobierno, sino que compromete severamente las posibilidades de que la sociedad emprenda la acción política con capacidad crítica hacia los gobernantes, pero depositando su confianza en las instituciones que dirigen. Uno de los enfoques privilegiados de la Reforma del Estado es la introducción de correctivos en el sistema electoral de México, abandonados a partir del reparto de posiciones entre los partidos mayoritarios: fundamentalmente, el gasto excesivo y desproporcionado de las campañas electorales y el peligro de la monetarización de la política. Ha quedado en suspenso la aprobación de normas que regulen las precampañas electorales, así como las campañas internas de los partidos y que fortalezcan las facultades de los órganos electorales en ese ámbito y los medios de impugnación de los ciudadanos ante la violación del derecho al sufragio. Preocupa la pérdida gradual de autonomía de los consejos, las fiscalías y los tribunales electorales, tanto como la simulación política que ha introducido subrepticiamente el sistema de cuotas partidarias en la integración de esas instituciones. El tema más debatido en el andamiaje constitucional de México es el de la forma de gobierno. Numerosos son los estudios e iniciativas tendientes a sustituir el actual régimen presidencial por otro que contenga elementos esenciales del sistema parlamentario. Resulta indiscutible que el presidencialismo mexicano ha sido contrario al desarrollo de una auténtica ciudadanía, ya que depositó durante largo tiempo en un solo individuo o grupo la suerte del país. El régimen presidencial, tal como se ha practicado en América Latina, es un híbrido entre el sistema constitucional norteamericano, el caudillismo ancestral mexicano y un sistema de partidos de corte europeo. Su diseño institucional correspondió a sistemas de partido hegemónico, o bien, a regímenes autoritarios de toda especie. No se estima compatible con sistemas pluripartidistas y a esta inadecuación se le atribuye la inestabilidad y la ineficiencia de la mayor parte de los sistemas políticos de la región. Ya se ha manifestado que para consolidar la democracia constitucional es necesario que el Ejecutivo se someta a la vigilancia de la ciudadanía y del Legislativo. Dado que el ejercicio del poder en la pluralidad implica la cooperación de las fuerzas políticas, si ningún partido
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dispone de mayoría en la Presidencia y en el Congreso, se requiere una coalición de gobierno basada en un acuerdo programático explícito, responsable y controlable. Una propuesta alterna a las coaliciones cupulares que ha merecido consenso es la de Gobierno de gabinete, según la cual el Congreso intervendría en el nombramiento de un jefe de Gabinete, así como en la ratificación los demás miembros del gobierno. De esta forma, se establecería una mayoría legislativa que sostendría la acción política del gobierno y procesaría sus proyectos legislativos. Ello comenzaría a separar la esfera del Estado y la del gobierno, lo que redundaría a su vez en un fortalecimiento de las políticas de largo plazo y en una relación más estrecha entre el resultado de las elecciones y la orientación de las políticas públicas. La concepción del Estado como depositario de consensos, proyectos y políticas de largo plazo es un desafío inaplazable. A los mecanismos democráticos correspondería procesar las controversias y los conflictos sociales, integrar las instancias de representación política y traducir en actos de gobierno la voluntad popular. El Estado encarnaría así los valores y las instituciones permanentes de un país y el gobierno sería el resultado del ejercicio del sufragio y reflejaría la diversidad de las aspiraciones ciudadanas. Convendría también introducir en el texto constitucional una definición consecuente del interés nacional que recogiera el consenso actual de México sobre su futuro. De esta forma, los principios de política exterior, que ya están integrados en la Constitución, serían complementados con criterios para determinar los intereses del país, a los cuales se encuentra legalmente subordinada nuestra diplomacia. Es por estas consideraciones que diversos expertos han visto con preocupación en la actual lxi Legislatura la aprobación de la llamada Reforma Política que tomó varios días de reuniones en comisiones y cinco días de sesiones ordinarias. Los defectos de origen convirtieron la propuesta en una colección más de parches que eluden una reforma democrática integral de los derechos políticos y las instituciones públicas. Naufragaron tanto la reelección consecutiva de legisladores como la reconducción y el veto al presupuesto. Se desechó la propuesta de la izquierda para incluir la revocación del mandato como el control ciudadano permanente sobre sus representantes, que debía discutirse conjuntamente con la reelección. Mención aparte merece el rechazo a las disposiciones que establecían una consulta popular sumamente rígida, que de ninguna manera contemplaba un avance sustantivo en el derecho político de participación, ni detallaba mecanismos suficientes para dar el poder a la sociedad de intervenir en las decisiones públicas, sino que mantenía a la ciudadanía sometida a requisitos burocráticos excesivos. No obstante, se abrió la puerta para las candidaturas independientes, pero se abandonaron los detalles que serán objeto de reformas a la ley secundaria. Asimismo, se aprobó el derecho de iniciativa legislativa ciudadana con serias limitaciones y ninguna garantía de que sean discutidas y aprobadas. En contraste, se otorgó al Presidente de la República la facultad de presentar dos iniciativas con trámite preferente ante el Congreso.
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Se votó positivamente el tema de la sustitución presidencial ante una falta absoluta, para que recaiga en el Secretario de Gobernación; asimismo, se estableció que la toma de protesta del titular del Ejecutivo pueda realizarse ante los órganos directivos de las cámaras del Congreso. Se homologó la sobrerrepresentación máxima del partido mayoritario en el Distrito Federal con la disposición para la Cámara de Diputados, que es de 8%. Esta reforma mínima, destazada, es representativa tan sólo de la simulación que ejercen los partidos mayoritarios. Es por ello indispensable fortalecer mediante comicios libres, legales y transparentes, la legitimidad de las instituciones y una vez concluído el proceso electoral, emprender todos los esfuerzos posibles para instaurar un Pacto Político Nacional y establecer la agenda de las reformas institucionales indispensables para garantizar la gobernabilidad de México.
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la siempre inacabada reforma del congreso César Augusto Santiago
El Congreso mexicano exige una reforma de fondo En México, se ha convertido en deleznable eslogan, el hablar de las llamadas reformas estructurales. Cada vez que el gobierno requiere de una explicación, una excusa o un pretexto para disimular su incompetencia, recurre al expediente de hablar de la falta de reformas estructurales, e inculpar a todo mundo por ello. Como casi siempre se asocian estas llamadas reformas a intereses del sistema, de sus beneficiarios o de las cúpulas fácticas del poder, las pretendidas reformas siempre terminan en enunciados generales que no reforman ninguna estructura, sólo sirven como pretexto para que todo quede igual. En el Congreso ha ocurrido lo mismo, los tres partidos dominantes han insistido en su reforma, para que todo quede igual. Reformas que pueden producir agilidad en las discusiones o facilidad para aprobar leyes que no representen mayor problema; en el fondo, el Congreso ha perdido legitimidad ante la sociedad. Es una entelequia a la que con razones o sin ellas, se puede atacar impunemente de todo y sin reconocer su relevante importancia. Cuando el partido hegemónico dominaba el Congreso, las reformas importantes de tiempo en tiempo se aprobaban, como ocurrió con la reforma de los artículos 25, 26 y 28 constitucionales para instaurar prácticamente un capítulo económico en la Constitución o las posteriores reformas para actualizar el tratamiento constitucional al campo, o bien aquellas que reconocieron la personalidad jurídica de las iglesias y crearon el Sistema de los derechos humanos, seguían el curso que el Presidente de la República determinaba en su gobierno y consecuentemente después de largas batallas legislativas, consolidaba un proyecto armónico de tan largo aliento, como que hasta ahora siguen estando vigentes. Este es un modelo que ya no puede restaurarse, es un tiempo que ya pasó, es un modelo que ya no puede volver a estar vigente. Cuando en 1994 el partido hegemónico perdió la mayoría en la cámara, debió darse esa reforma para adecuar realmente al Congreso a la pluralidad y al nuevo tiempo que de ahí en
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adelante tendría que vivir. Pero pasó lo mismo que con la transición en el Poder Ejecutivo, no han habido reformas trascendentales que hagan viable el nuevo tiempo de México. Han sido sólo adecuaciones que han degenerado en simples eslogan y estratagemas publicitarios. El Congreso, en mi opinión, se ha demeritado en su desempeño, porque los partidos no han sido capaces de proponer una reforma de fondo, que desde luego, implicaría el término de los privilegios partidarios en las cámaras; pero que sin duda, devolvería al Congreso su importante trascendencia. Una Asamblea Cameral de 500 Diputados y un Senado con 128 integrantes, son poblaciones numerosas que no facilitan la operación cotidiana en ambas cámaras. Sería más útil una Cámara de Diputados de 400 diputados, en donde se compitiera en 200 distritos de mayoría relativa y se eligieran otros 200 por el principio de representación proporcional, y en el Senado simple y llanamente terminar con la lista de senadores plurinominales, que desnaturaliza el principio de la representación paritaria por entidad federativa, que está en la razón de ser del Senado de la República. Aún más importante que eso, resulta el reconocer la personalidad de los diputados y senadores, lo que trae aparejada la precisión de sus responsabilidades, derechos y obligaciones frente a la sociedad. Desde 1994, se instauró una Junta de Coordinación Política en donde un pequeño grupo resuelve a conveniencia de los partidos, el desempeño de la Cámara. En el año 2000, el autor presentó una iniciativa de ley para crear, en la Ley Orgánica del Congreso, un capítulo especial que se le denominara de los Diputados y los Senadores al Congreso de la Unión. En ese capítulo se sugería la precisión de derechos, obligaciones y prerrogativas de los legisladores considerados individualmente. Es absurdo que exista un capítulo en la ley de los “Grupos parlamentarios”; pero no uno que hable de los legisladores en su individualidad. La Cámara de Diputados más propiamente, como está la ley, debiera de llamarse: “Cámara de Grupos Parlamentarios”, porque un diputado en lo individual no existe si no forma parte de un grupo y no obedece las determinaciones de su coordinador. Es una propuesta de elemental sentido común, que no progresa porque aun cuando los coordinadores en lo individual pudiesen estar de acuerdo en que un diputado requiere de precisión en sus derechos y sus obligaciones, pero también en sus prerrogativas, independientemente de las del grupo, al coordinador no le conviene porque motiva la falta de cohesión del grupo, para las decisiones verticales. No solamente no se ha avanzado en reconocer individualmente a los legisladores, sino que se ha puesto de moda el hablar de las bancadas, en vez del grupo de individuos. Las bancadas, que propiamente muestran el tránsito de una Cámara de Diputados a una Cámara de Grupos Parlamentarios y de ahí, en la jerga absurda de las bancadas, a una Cámara de Bancas. Estas dos serían reformas de gran significación, reducir el número de legisladores y darles individualidad reconocida en la ley.
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Sin embargo, se podría prescindir de las dos propuestas, si hubiese la voluntad de recuperarle al Congreso, su capacidad, su vocación de auténtico representante de la soberanía popular y de la federación constituída por entidades federativas. No hay que olvidar que el Congreso es la encarnación de la democracia representativa, si no es eficaz, la representatividad estará en duda, es un absurdo, y un proceso de autodenigración, el que los legisladores haciéndose eco del eslogan publicitario que señala como una panacea a la democracia participativa, aboguen desde sus asientos en el Congreso, para desmantelar la representatividad consagrada en la Constitución, por ensayos participativos sin reparar en el asambleísmo y en los orígenes de este fenómeno tan antiguo como la sociedad misma. Por ahí empezó la lucha política, por el asambleísmo, por la intención de tener representatividad directa, que con los inconvenientes históricos que se conocen en todo el mundo, concluyeron con un modelo de democracia representativa en donde sólo dos instituciones participativas han probado tener eficacia, el plebiscito para consultas populares en casos especiales y el referéndum para darle mayor contenido a decisiones tomadas en el esquema de la democracia representativa. El Congreso ha perdido eficacia porque no ha sabido mostrar su independencia, porque no ha podido establecer catálogos precisos de hechos y actos irrenunciables que tienen que ser cumplidos ritualmente. Porque no ha sabido delimitar bien sus competencias, porque al final, ha caído en el juego de la ambición, la condescendencia con el poder o la búsqueda desaforada de ventajas partidarias que están terminando con el Congreso y con el sistema de partidos mismo. Por definición, la Cámara de Diputados debiera ser con las diputaciones locales, la cámara de origen, para que en el origen, estuviesen las grandes discusiones de los temas de difícil tránsito, y en el Senado, por la más elemental congruencia con su razón de ser, debiera instaurarse un escenario de revisión. Es obvio que la lógica de este planteamiento señalado en la razón de ser del bicameralismo, se ha perdido, y ahora cuando hay un asunto que publicitariamente se vende como panacea estructural, ambas cámaras compiten en audacias, para ver cuál de las dos presenta primero un proyecto vendible en los medios, apoyado con publicidad, que dé ventajas políticas a sus actores. No están de por medio los intereses del Congreso como un todo, sino la obtención de ventajas políticas para los audaces autores de las audacias. El debate se pervierte así porque muchos temas surgidos de unas pequeñas cúpulas e impuestos por mecanismo publicitarios amplios, no pueden discutirse ya con objetividad y muchos temas colaterales se pierden, se abandonan, se ocultan ante la presión brutal de las decisiones audaces de la primera iniciativa. Es decir, los diputados quieren ser senadores y en un exceso, los senadores quieren ser diputados, cuando llega la discusión del presupuesto, por ejemplo, se ve la urgencia de los senadores para opinar, proponer, pedir, quieren también ahí, estar presentes aun cuando su responsabilidad constitucional los ubica en otras dimensiones.
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México pasa por una crisis en su estructura política que algunos se han atrevido a sugerir que se acerca a las deleznables consecuencias de un estado fallido. El sistema de partidos requiere una transformación absoluta, el modelo de los tres partidos fuertes, pragmáticos, que se sostienen más por la fuerza de sus personajes individuales, que por la consistencia de sus plataformas y principios, que poca gente conoce y mucho menos aún les importa, está mostrando una sociedad pragmática, supeditada a la información mediática con la que es bombardeada todos los días. En el fondo, hay un problema que tendrá que resolverse por la observancia estricta que los primeros principios, como dijeron, como han dicho los padres fundadores de todas las naciones. Tener libertad para ejercer el voto. Dar las garantías de que éstos serán contados escrupulosamente, no conceder ventajas y hasta financiar a los actores en las competencias. Es decir, una democracia con calidad democrática. Pero el proceso no se agota ahí, no concluye el día de la elección, ni siquiera en su calificación, se acaba cuando se rinden cuentas de lo ofertado y de lo ilusionado. Nadie rinde cuentas, la legislatura anterior, a pesar de tener la obligación constitucional de dictaminar cada año las cuentas del gobierno, con la mayoría panista en ambas cámaras, no revisó una sola de las cuatro que le correspondía dictaminar. No se dictaminaron las cuentas y esto debía ser sancionable y los legisladores de la legislatura anterior que no cumplieron con su obligación, también deberían explicarle a la sociedad, por qué no lo hicieron y sufrir las consecuencias. La legislatura anterior eliminó el informe presidencial, anuló la obligación del Presidente para pedir permiso en sus viajes al exterior y no dictaminó una sola de las cuentas públicas que tenía obligación de hacer. Es una obligación exclusiva de la Cámara de Diputados, si no quiere que la Cámara se desprestigie, si no quieren ser objeto del escarnio público, bien conviene a los legisladores hacer su trabajo: ejercer a plenitud la democracia participativa, luchar por su individualidad para corresponder a su representatividad popular, desmantelar el predominio partidista, por la libertad partidista, reconocer la cámara de iniciativas y la cámara de revisión. Evitar el afán concentrador de facultades gratas, para hacer caso omiso de las responsabilidades ingratas como la dictaminación de la cuenta pública. Dejar que el Ejecutivo proponga, nombre, designe, no regatear su potestad, para que no se regateen las facultades del Congreso. Hacer realidad el esquema de colaboración entre poderes y obligar a todos a rendir cuentas por igual. Finalmente, el Congreso debe volver a ser el lugar de reunión de los poderes de la República. El sitio privilegiado de la representatividad nacional. Ojalá que este país no tenga que esperar otros 200 años para ver si así el Presidente, decide celebrar el fasto en el Congreso de la Unión, con la Suprema Corte y el Congreso entero, como debiera corresponder a cualquier nación civilizada.
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transparencia, rendición de cuentas y libertad de expresión
transparencia, rendición de cuentas y libertad de expresión Coordinación
Alejandro Capdevielle Flores
Participantes Mauricio Farah
Héctor Murillo Cruz
Casio Carlos Narváez Lidolf
Emilio Nassar Rodríguez
Porfirio Patiño Juárez
Javier Sepúlveda Relatoría
Erika Elizabeth Spezia Maldonado
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relatoría Erika Elizabeth Spezia Maldonado
Contexto El objetivo de esta mesa fue revisar tres temas, que si bien es cierto tienen que ver con un concepto de Estado democrático, se trataron de manera individual, ya que cada uno tiene un significado, contenido teórico y regulación jurídica propios. Los tres temas fueron: transparencia, acceso a la información y libertad de expresión. El debate • Primeramente, se explicó que la necesidad de transparentar surge por diversos factores; uno de ellos es el interés ciudadano por conocer los actos de los funcionarios públicos y, en caso necesario, sancionar a aquellos que abusen del poder. • Se dijo que la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, no pueden ser atribuidos a un determinado partido o gobierno, sino que, por el contrario, han sido una conquista de la sociedad civil organizada en la academia y en los medios de comunicación principalmente. La democracia habla del poder del pueblo y la transparencia retoma este poder a través de la información. • Se acordó que la condición necesaria para la consecución de un Estado transparente es la rendición de cuentas; sin información, no puede haber ésta, y sin ella, sólo habrá corrupción e impunidad; por lo tanto, la transparencia y la rendición de cuentas son herramientas muy importantes para consolidar un combate frontal a las prácticas de corrupción, ya que permiten hacer más eficiente la función pública e impulsar las ideas y políticas liberales, motivando con esto la aspiración progresista que tanto requiere nuestro país. • Además, se reconoció que el acceso a la información y el intercambio y la creación de conocimientos contribuyen, de manera significativa, a fortalecer el desarrollo económico, social y cultural de México, sin embargo, se considera que este proceso se acelerará, a medida que se eliminen las barreras que impiden el acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a la información.
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• Se explicó también que el acceso a la información en poder del Estado, es un derecho fundamental de los individuos. El Estado está obligado a garantizar el ejercicio de este derecho, ya que toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes, en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuera necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. • Se señaló que lo que sigue es optimizar el uso de la información. La ruta para el Estado será, por tanto, el gobierno abierto, es decir, un conjunto de políticas destinadas a maximizar el valor público de la información; garantizando que los aspectos de la forma en la que se operan y se administran al gobierno y los servicios públicos, se encuentren abiertos al escrutinio y supervisión ciudadana. • La transparencia, la rendición de cuentas y la libertad de expresión son tres de los pilares fundamentales en la construcción, consolidación y desarrollo de la democracia, pero cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones, se limita la libertad de expresión y el desarrollo efectivo del proceso democrático. • En cuanto al tema de la libertad de expresión, se reconoció que a medida que la sociedad transparenta su accionar, existe mayor disponibilidad de la información en el dominio público; sin embargo, resulta imposible que esa cantidad de información pueda ser conocida por todos, entendiendo que las fuentes de información se han diversificado. Por tanto, es trabajo de los medios de comunicación actuar con profesionalismo al seleccionar, de este cúmulo de información, la que es realmente relevante, para transmitirla de manera responsable y honesta. • Se concordó en que el incremento y permanencia de agravios ocurridos en perjuicio de periodistas y medios de comunicación, así como las agresiones de las que son objeto los defensores civiles, y que constituyen una lamentable realidad; agresiones que se multiplican, produciendo el hostigamiento directo de la víctima, a la par de que producen un clima generalizado de temor en los integrantes del gremio. • Se mencionó que los derechos de los periodistas en los medios de comunicación y el grado de libertad que tienen a veces, mas no siempre, están estipulados y garantizados por la ley. En este contexto, la falta de legislación y de regulación son una amenaza directa a la independencia de los medios. • Se aceptó la necesidad de asegurar el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos, partiendo de la premisa fundamental de la existencia de un estado de derecho. • Se recordó que la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, también, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática, derecho que está reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la
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Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104, adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (unesco), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales.
Las conclusiones Por lo anterior, se concluyó que: • Se conseguirá una mayor transparencia de los actos del Gobierno, afianzando las instituciones democráticas a través del derecho de acceso a la información. • Se puntualizó que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio de transmisión. Así mismo, que la libertad de prensa es esencial para la realización del ejercicio pleno y efectivo de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información. Constituye además un derecho individual que guarda relación con los derechos colectivos, con respecto al derecho de la sociedad, en general, a recibir información y opiniones sobre diversos temas políticos, sociales, culturales, del comercio o publicitarios. • Tomando en cuenta que los ataques contra la prensa en México han obligado a numerosos medios de comunicación, como medida de seguridad, a renunciar a la publicación de noticias acerca del crimen organizado, privando así a toda la sociedad mexicana de información vital. Se considera que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, y que es deber del Estado prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. • El Estado debe hacer, de manera inmediata, todo lo que esté a su alcance para frenar la ola de violencia contra los y las periodistas, combatir la impunidad e impedir el silenciamiento de los medios de comunicación. • Es urgente la implementación de una política de protección para las y los comunicadores, romper el ciclo de impunidad que invita a los criminales a cometer nuevos crímenes contra periodistas y entender que proteger a la prensa y a defensores de derechos humanos es esencial para el combate integral de la delincuencia y la protección de la democracia. • La violencia que afecta a los periodistas y los defensores civiles de derechos humanos se inscribe en el clima general de inseguridad pública que se vive en México,
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aspecto que se ha convertido en la principal preocupación y exigencia de la sociedad mexicana y, por tanto, es una de las cuestiones prioritarias que deben atender los gobiernos en sus distintos niveles. En ese sentido, se coincidió en que debe ser una prioridad la aplicación efectiva y urgente de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (feadle) y la aprobación, por parte de las legislaturas de los estados, de la reforma constitucional que facultaría a las autoridades federales a investigar y juzgar los delitos contra el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, se convergió en que mientras se concreta el proceso de federalización de delitos cometidos en perjuicio de los periodistas, es necesaria la activación de los mecanismos existentes para que las autoridades federales asuman la investigación de los homicidios cometidos. Se considera que en el tema de la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la libertad de expresión y a la seguridad jurídica, que desde luego incluye una procuración e impartición debida de justicia, en favor de los gobernados, es necesaria una política de prevención del delito que permita hacer efectivo el ideal de todos, incluidos los integrantes del sector periodístico y de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos. La prevención del delito constituye uno de los deberes a cargo del Estado reconocido en el sistema jurídico mexicano, obligación que debe abarcar todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que garanticen la salvaguarda de los derechos humanos y aseguren que las eventuales violaciones a éstos sean efectivamente sancionadas conforme a la ley. Es indispensable que tanto gobernados como autoridades participen para generar los medios de seguridad y prevención de agresiones, y rijan su actuar con pleno respeto a las leyes; de tal suerte que, cuando éstas sean transgredidas, se manifieste claramente la actuación decidida del Estado para restituir los derechos y garantizar el pleno acceso a la justicia y su procuración. La impunidad debe dejar de ser el resultado de la mayoría de los casos penales. Por otra parte, se lanzó una enérgica protesta a los diferentes gobiernos de los estados, para que la libre expresión de las ideas y pensamientos no sigan sujetos a leyes criminales, sobre todo aquellas que penalizan la expresión dirigida a periodistas, pues atentan no sólo contra su libertad para comunicarse, sino también contra sus derechos humanos. Se concordó en que las tensiones entre los periodistas y los poderes del Estado se acentuarán, mientras siga sin existir un marco jurídico en toda la República, sobre el secreto profesional del periodista. Además se afirmó que es necesario un diálogo incluyente en los temas cruciales
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para la industria de la radio y la tv, que promueva la inversiรณn y los avances tecnolรณgicos, se siga fomentando la libertad de expresiรณn y el derecho a la informaciรณn, operando en la sana competencia que permita la transmisiรณn de contenidos de calidad.
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ponencias
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la defensa de la libertad de expresión Alejandro Capdevielle Flores
Los editores y periodistas en México han defendido con orgullo, pasión y legitimidad la libre expresión. Toda tribuna es importante para la denuncia, y todas las plumas y voces gozan de igual fuerza para defender la libertad de expresión y el derecho a la información, como un derecho reconocido nacional e internacionalmente. La libertad de expresión sufre abusos y excesos, es por ello que es necesario que la cultura de la transparencia informativa se vuelva una realidad. Un país democrático debe avanzar día a día, no sólo en el ámbito de los derechos humanos, sino en actos como el que hoy se presencian, en donde todos tienen como obligación el mantener las máximas garantías a los periodistas para proteger su integridad física y moral, y el respeto absoluto e irrestricto al ejercicio de sus libertades de expresión y pensamiento. El ejercicio de la libertad de expresión crítica para honrar el derecho a la información veraz ha estado sujeto a distintas presiones: desde los “boicot” publicitarios, la compra de ejemplares para silenciar información y las amenazas, hasta la privación ilegal de la libertad y de la vida. De cara a este fenómeno, el Estado ha reaccionado en dos frentes, pero generando dudas. El primer paso fue el resolutivo del 15 de febrero de 2006 para crear la ahora llamada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión como fiscalía de la pgr, como resultado de presiones nacionales e internacionales por el inicio de los ataques sistemáticos y crecientes contra quienes ejercen este derecho, sobre todo los periodistas. Se pensó —al menos eso quiso creer buena parte de la comunidad periodística— que con esa decisión se esclarecerían los delitos cometidos en perjuicio de informadores y periodistas. Lamentablemente no ha sido así. A seis años de su creación, esa fiscalía no ha cumplido su cometido por dos razones: limitaciones legales que, aunque lentamente se han ido superando, impiden equiparar esta figura con otras fiscalías especiales, como la de delitos electorales y la ausencia de voluntad institucional para dotarla de los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento. En marzo pasado, el Senado aprobó una adición al segundo párrafo de la fracción xxi del Artículo 73 constitucional que ya había sido votada favorablemente por la Cámara de Dipu-
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tados (se encuentra en proceso de ser ratificada por los congresos locales), y el grueso de la comunidad informativa festejó el hecho creyendo que se trataba de la “federalización de delitos cometidos en perjuicio de los periodistas”. Por supuesto que no es así, porque la reforma establece que la autoridad federal podrá conocer de casos de agresiones a periodistas. No dice deberá, lo que deja a la federalización en un estado de fragilidad. Como medida de prevención, el 30 de abril pasado, el Congreso aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de derechos Humanos y Periodistas. De entrada, es paradójico que no sólo los defendidos de los derechos humanos sean objeto de tutela legal, sino también los defensores. El contenido de la ley es exhaustivo, y refleja un buen trabajo de su comité de diseño e incorpora distintos supuestos para la defensa de la integridad de activistas y periodistas. Desde el punto de vista formal, sólo contiene una falla: la parte de las sanciones. ¿Qué pasa si los encargados de hacer cumplir la ley no lo hacen? La ley ofrece dos respuestas poco afortunadas: las que establezca la legislación aplicable y crea dos tipos penales tan complejos que difícilmente un servidor podría encuadrar en dichos supuestos; así pues, será poco menos que imposible aplicarlos en los hechos. En países como México, la sanción constituye el punto de partida para generar condiciones para que la ley vigente sea eficaz o se cumpla, sobra decir que el reglamento no puede resolver esta ausencia, en consecuencia, dicha disposición legal será sólo un catálogo de buenas intenciones y modelo de buenas prácticas. Difícilmente podrá ser más que eso. Es imprescindible la interiorización en cada una de las personas de lo que debe ser tolerado, exigido y denunciado, se debe impulsar la relación con los demás, ver los aspectos básicos de preocupación común y procurar que cada quien pueda estar en condiciones de realizar su proyecto vital. En el mismo sentido, es también una exigencia verbalizar en todo momento estas pautas de comportamiento para que gobernantes y gobernados podamos convivir en paz. A favor o en contra, pero callados o indiferentes jamás. De no transitar por este sendero de vida cívica, los resultados seguirán siendo los mismos de siempre: habrá seguridad psicológica temporal de activistas y periodistas, pero sin una razonable armonía con la observancia de la ley que todos quieren. Varios estados han derogado en sus legislaciones la difamación y calumnia, el Distrito Federal se convirtió en la tercera entidad en México donde ya no existen los delitos de difamación y calumnia. Estas ofensas se convierten en ilícitos civiles para los que no puede existir pena de cárcel, Al ser derogados los delitos los procesos serán sobreseídos. Los casos que se ventilaban como juicios penales podrán seguir como civiles de conformidad a la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. La Organización de las Naciones Unidas y Reporteros Sin Fronteras, reprobaron a México por los riesgos que enfrentan los comunicadores ante el crimen organizado para ejercer su profesión, en México persiste el riesgo para ejercer la libertad de expresión pese a los compromisos internacionales de las instituciones y las leyes con las que se cuenta para salva
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guardar este derecho. Fue el país en el que fueron asesinados más periodistas en el mundo durante 2011, a los que se suma un desaparecido por luchar por la libertad de expresión contra el crimen organizado, ya que éste con frecuencia disfruta de la complicidad de algunas autoridades corruptas que tienen participación en el deterioro de la situación de la libertad de prensa en México. Se lanza una enérgica protesta a los gobiernos de los estados, para que la libre expresión de las ideas y pensamientos no siga sujeta a leyes criminales. Las personas que tienen el deber de guardar el secreto profesional o información reservada, con frecuencia son citadas a comparecer ante el ministerio público en calidad de testigos, en innumerables ocasiones se les presiona y amenaza para que revelen su secreto profesional, lo que constituye una clara intimidación. Autoridades judiciales de muchos estados, que siguen el mandato del gobernante en turno, exigen a los periodistas la revelación de sus fuentes, presionando e intimidando y, muchas veces, encarcelándolos, desconociendo que México es firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas y lo dispuesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que bien se señala en el documento que estamos por suscribir. El atraso del derecho mexicano es evidente, corresponde a la fiscalía aportar las pruebas y a los jueces valorarlas. Lo que es inaceptable en una sociedad democrática donde funciona un estado de derecho, es utilizar resquicios legales para coaccionar a los periodistas y suplir con su información los vicios de las investigaciones policiacas y las resoluciones judiciales. Las tensiones entre los periodistas y poderes del Estado se acentuarán mientras siga sin existir un marco jurídico en toda la República sobre el secreto profesional del periodista. Recuérdese, hoy día de la libertad de expresión, a Francisco Zarco, quien expresó: “yo creo que la opinión sí puede ser un error, jamás un delito”.
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la transparencia y acceso a la información en méxico Mauricio Farah
El paradigma más importante de los últimos años ha sido la consolidación de la democracia en México. El proceso que hemos vivido en el País se ha visto enmarcado por derechos de reciente reconocimiento, mismos que han establecido nuevas pautas en su vida institucional y social. Diversos factores como la globalización económica, la cooperación para el desarrollo entre las naciones y el combate a la corrupción, han permitido la creación de leyes e instrumentos normativos que garantizan los derechos propios de un Estado democrático: el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Dentro de las estrategias adoptadas para combatir la corrupción se encuentra la implementación de políticas de transparencia gubernamental. A través de ellas se han sujetado al escrutinio público las principales funciones de los órganos de gobierno. Dichas políticas presentan a la transparencia no sólo como un deber de los gobernantes, sino como un derecho de los ciudadanos. La transparencia es pues un asunto de dos: por un lado, se tiene derecho a recibir la información generada o custodiada por el Estado; por el otro, éste se encuentra obligado a poner a disposición de toda persona los datos relacionados con el quehacer público. La necesidad de transparentar surge por diversos factores, uno de ellos, el interés ciudadano por conocer los actos de los funcionarios públicos y, de ser el caso, sancionar a aquellos que abusen del poder. Un Estado democrático muestra siempre como columna vertebral la transparencia, pues ésta le otorga poder a los ciudadanos al permitirles conocer las decisiones gubernamentales más importantes, como podrían ser el ejercicio del gasto, los nombres de los beneficiarios de programas sociales, entre otros. La democracia habla del poder del pueblo y la transparencia retoma este poder a través de la información. La transparencia, por supuesto, no puede dejarse al cumplimiento espontáneo de nuestros gobernantes. Debe estar justificada, sustentada y garantizada por un órgano imparcial, con autonomía técnica y presupuestaria como lo tenemos con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (ifai). Por otra parte, el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental. Se encuentra reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual señala
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que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de investigar y recibir informaciones y opiniones. Del mismo modo, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones”. Esto ha sido interpretado como el derecho que tienen las personas a accesar a datos e informaciones de los entes públicos. Es un derecho que determina una condición necesaria para un régimen democrático, pues reconoce que los ciudadanos tienen en todo momento la posibilidad de solicitar y obtener información sobre la actuación de los órganos del Estado. El derecho de acceso a la información tiene además una función instrumental indispensable, cuando menos, para tres propósitos fundamentales: el ejercicio informado de los derechos políticos, el adecuado control social y, finalmente, la satisfacción de derechos económicos y sociales, especialmente, por parte de ciudadanos pertenecientes a los sectores más vulnerables. Una condición necesaria para la consecución de un Estado transparente es la rendición de cuentas. Sin información, no puede haber rendición de cuentas y sin ésta, sólo habrá corrupción e impunidad. El reto que ahora se tiene en materia de transparencia es optimizar el uso de la información por parte de la sociedad, esto es, otorgarles a los ciudadanos información socialmente útil. La transparencia activa les concede información de utilidad para la toma de decisiones en relación con los productos, trámites y servicios gubernamentales. La información concientiza a la sociedad. Los ciudadanos más informados son los mejores, pues son los que exigen y reclaman, a través de la participación, la actuación del gobierno como un administrador del Estado mas que como el centro del mismo. En consonancia con lo anterior, hoy en día existe un nuevo camino para el Estado: el “Gobierno Abierto”. Se trata de un conjunto de políticas destinadas de manera precisa a generar información que los ciudadanos no sólo puedan consultar sino además utilizar. Esta política tiende a maximizar el valor público de la información en posesión de las entidades gubernamentales. El fin primordial del “Gobierno Abierto” es entablar una conversación constante con los ciudadanos mediante la cual se les escuche, para tomar en cuenta lo que ellos quieren y, sobre todo, necesitan. El compromiso que se adopta es el de garantizar que los aspectos de la forma en que el gobierno y los servicios públicos son operados y administrados, se encuentren abiertos al eficaz escrutinio público y a la supervisión de la sociedad. No basta con dar información. Se debe crear un mecanismo de retroalimentación gobierno-ciudadano para fortalecer al Estado. Este es, finalmente, es el propósito del llamado “Gobierno Abierto”: generar una democracia participativa y no sólo electiva, en la que los ciudadanos ejerzan su poder no solamente cuando voten, sino en todo momento.
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rumbos de la radiofonía Héctor Murillo Cruz
Francisco Javier Sánchez Campuzano, presidente de Grupo Siete, se ha distinguido, no tanto por sus meditaciones, sino más bien en virtud de sus experiencias, búsquedas y resultados que lo califican como un profesional de la diplomacia y de la nueva radiodifusión, que estará en boga hasta que adelante su marcha el siglo xxi. El autor conoció a Sánchez Campuzano desde que, ya egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam, presentó un libro en la flamante librería Universitaria Insurgentes que en aquel entonces, 1969, había inaugurado el rector Javier Barros Sierra, la cual contaba con una galería para la presentación de escritores a cuya ceremonia de inicio habían asistido entre otros, Octavio Paz, acompañado del maestro en la Facultad de Derecho, Alfonso Noriega Jr., el célebre “Chato”, gerente de la Financiera Nacional Azucarera, hasta a cuya oficina en la calle Balderas acudíamos quienes gustábamos de una extensión de la cátedra a la manera socrática. Más adelante, el gran catedrático escribiría en una de sus obras, anticipándose al triunfo de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón: “…el conservadurismo aun cuando fue derrotado en el siglo xix en México, en realidad de verdad, en el subsuelo de las ideas políticas —por lo menos como aspiración— ha continuado viviendo y en actitud activa”.1 Sánchez Campuzano, maestro y doctor en Relaciones Internacionales, disertó el 6 de marzo de 1970 sobre el texto del que es coautor: “Los medios de comunicación de masas en México”, (unam) y cerró el Tercer Ciclo de Presentaciones de Autores Universitarios, organizado por el sistema de Distribución de Libros y Librerías Universitarias, a cargo del autor. Ya desde entonces Sánchez Campuzano pedía a los medios informativos funcionaran “en la medida del ideal que pide cultura de alto nivel y conocimientos válidos para forjar una auténtica opinión pública”. Una demanda actual de los estudiantes del movimiento #YoSoy132. Pero las perspectivas del dirigente del Grupo Siete no han quedado como meras inquietudes académicas. En la década de 1990 invitó a un nutrido grupo de conductores radiofónicos para crear programas a partir de su estación 1530 y luego en la 1440, de amplitud modulada. En caso del autor, durante años, dos veces por semana a lo largo de una hora en-
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cabecé el programa “Política y Sociedad” en el cual participaron decenas de invitados, pero la estructura fundamental fue la de intercambio civilizado de opiniones —a veces contrapuestas— de representantes designados por los tres principales partidos. Ellos fueron Francisco José Paoli, pan; Carlos Calvo Zapata, pri y Jaime Enríquez Félix, prd. Los cuatro tuvimos el alto honor de recibir el Premio Nacional de Periodismo 1998, correspondiente al xxvii Certamen Nacional, convocado por el Club de Periodistas de México. El esfuerzo de dedicar muchas horas a programas “hablados” forjadores de criterios propositivos, autónomos, entre el auditorio, indudablemente significó un sacrificio de los objetivos lucrativos del Grupo, cosa que no desconocía Sánchez Campuzano, hombre idealista pero que fue director de la Escuela Técnica de Publicidad. Además, los conductores de las series y los participantes habituales no recibían ningún salario. Esta fue una aventura que valdría la pena reemprender con los ajustes indispensables.
Juventud e ideología La transmisión de la cultura a las nuevas generaciones se realiza a través de diversos canales, a veces con rupturas, como ocurre en países de Europa, África, o en los Estados Unidos, México y Chile, por lo menos. La educación media y superior, la participación activa permitida por las nuevas tecnologías grupales, el estudio de las estructuras y candidatos de los partidos, de la sociología y de los medios de comunicación han alcanzado importancia primordial. Al mismo tiempo que se discuten los diferentes niveles de conceptuación de la cultura, está regresando una categoría postergada de las ciencias del hombre, la ideología. “Idea-fuerza” que engloba tanto el aspecto positivo implícito en una concepción del mundo y la vida en sociedad, como el enmarañamiento, la distorsión y la falsa conciencia. La ideología es la cultura en ejercicio, la energía movilizadora de los cambios sociales; como síntesis cultural maneja símbolos, insultos, pancartas, loas, porras, que surgen o se introducen en las clases sociales, partidos políticos, grupos de presión y hasta órdenes monásticas. Pero existen testimonios de confusión, ciertos partidos fraccionarios y algunos escritores renombrados, que están tratando de convencer a los ciudadanos de que se abstengan o abracen un concepto de democracia al estilo del Partido Republicano anglosajón, desvinculado de las clases sociales para sujetar al Estado mexicano y de paso desaparecer al pri, además de considerarlos erróneamente la misma cosa. Curiosamente estas opiniones coinciden con el capitalismo salvaje, que desde hace mucho intenta desmantelar las instituciones liberales de México, para implantar en definitiva la nueva sociedad de libre mercado, sin libertad ni comercio libre. Es el momento que “Grupo Siete” inicie un nuevo esfuerzo a través de los modernos ingenios electroacústicos que ya serán de frecuencia modulada, y costarán en conjunto $3,500 millones de dólares, como lo estimó Sánchez Campuzano, desde la Presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
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Los grandes cambios tecnológicos, económicos y sociales también han influido positivamente, y seguirán haciéndolo, en materia de representación política, pero los congresos deben prever y elegir los nuevos caminos de entendimiento de sus miembros con los electores, es la previsión lo que nos permite considerar el futuro. Es imprescindible que los diputados y senadores mexicanos consideren la posibilidad de aprovechar a favor de sus instituciones, los grandes beneficios que puede otorgar al desarrollo de la democracia parlamentaria, la tecnología electrónica. En la Cámara de Diputados pueden instalarse en las computadoras de los legisladores una tarjeta de televisión, una cámara sencilla y el correspondiente “software” para que tengan una comunicación directa con las oficinas de sus distritos, los partidos que los postularon, las universidades, las asociaciones civiles. La inversión sería pequeña y al alcance de los presupuestos generales y de los grupos parlamentarios, que podrían hacerlo con equidad y a un ritmo creciente para satisfacer el interés da cada diputado. Se coincide con especialistas en prospectiva o previsión social y se cree que: “en la capacidad de elección democrática y participativa del hombre y en su capacidad para crear un futuro diferente del presente colmado de problemas que parecen no tener solución”.2 Si bien es cierto que la comunicación es la única forma de entendimiento entre los seres humanos, para que ésta sea efectiva debe poseer virtudes como la sencillez y la claridad. Sin embargo, con los avances tecnológicos la profesionalización de la comunicación se ha convertido en asunto más complicado, sin perder las virtudes originales, nuevos medios y herramientas facilitan su accesibilidad y profusión. La telegrafía y la telefonía, cedieron paso a medios como la computación y el Internet, cuyo manejo no es tarea fácil pero sí al alcance de quienes se interesen en ella. Además, han surgido redes sociales como Twitter y Facebook, con ritmo imparable como lo demuestran los activistas universitarios. Con estos instrumentos las distancias han perdido importancia en un universo más tecnificado, sucesos que hasta hace unos cuantos años requerían de un largo tiempo y un complicado mecanismo de divulgación para ser del conocimiento público, ahora sólo necesitan unos instantes. Así, la sociedad civil aspira a mayor competencia entre las empresas dueñas de los medios electrónicos, y a conocer aquello ocurrido en los más apartados rincones del planeta, esta comunidad exige, mejor y más información en radio y televisión.
Referencias 1 El pensamiento conservador y el conservadurismo en México, unam, 1972. 2 Barbieri Masini, Eleonora, La previsión humana y social, fce.
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libertad de expresión y derecho a la libre recepción de las ideas y de información Casio Carlos Narváez Lidolf
La garantía constitucional de la libertad de expresión y el derecho a la recepción libre de información e ideas, consagrados respectivamente en el texto constitucional mexicano y en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, han sido tema de una amplia literatura y, sin embargo, respecto a los medios masivos de comunicación electrónica, tales derechos han sido reducidos merced a diversas legislaciones, estas medidas han encarecido su operación a un mercado publicitario, única fuente de ingresos de los mismos, que se ha abatido, debido a la inseguridad en prácticamente todo el territorio nacional, y a una sobrerregulación. La anterior reflexión lleva a considerar la grave situación que concesionarios y trabajadores de la industria enfrentan en México, aunada a la competencia indiscriminada del resto de los medios de información y comunicación, y especialmente de aquellos, que ni en nuestro país ni en el mundo se encuentran sujetos a reglas, tal y como es el internet, que sirve para aspectos prácticos en el intercambio de información e ideas, de ciudadanos y de empresas, y también posee efectos nocivos y de inseguridad para las familias, sobre todo para niños y jóvenes, cuya atención ha sido captada por el internet y que, en casos extremos, ha llevado a México a ocupar el poco honroso segundo lugar en materia de difusión de pornografía. Es claro que existen intereses transnacionales, que arropan la protesta contra el establecimiento de reglas, que no necesariamente conllevan los efectos benéficos de la libre expresión y el derecho a recibir información y contenidos, y que han entrado decididamente a la competencia económica con los medios de comunicación masiva. No es una vana preocupación dejar a la niñez y a la juventud capturadas por entretenimiento e imágenes vía internet, aun cuando dicha herramienta también pueda ser usada para tareas educativas, una preocupación por nuestra identidad cultural y el decidido apoyo a la sociedad mexicana.
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solo falta nuestra voz Emilio Nassar Rodríguez
En los últimos años se ha hablado mucho de la necesidad de modificar la legislación de la radio, argumentando que se debe promover la diversidad, la pluralidad, la participación y la democracia, la libertad de expresión y el derecho a la información, entre otros. El principal argumento es que la radio está concentrada en pocas manos y que no cumple con la función social que requiere la sociedad, por lo que intentan nuevas figuras jurídicas, que les permitan a nuevos jugadores operar frecuencias de radio, pero en condiciones distintas (con privilegios) a la radio privada. El mecanismo sería otorgar una cantidad indeterminada de nuevos títulos para operar estaciones de radio, insertándolas al mercado publicitario.
Solo falta nuestra voz En México, 23 grupos operan 33% de las frecuencias al aire, las estaciones permisionadas 24% y el restante 43%, por aproximadamente 250 radiodifusores independientes. Esto lo ubica como el único sector de las telecomunicaciones que no está concentrado. La radio privada, libre e independiente ha sido y es un factor fundamental en la transición democrática mexicana. A lo largo de los años, los radiodifusores han demostrado una actitud plural, que promueve la diversidad y el diálogo, dando acceso a todas las voces que tienen algo que decir o que aclarar, sin ningún otro interés más que el informativo. Esta labor se ha caracterizado por su pluralidad democrática, la diversidad y la responsabilidad social. Los comunicadores abren espacios de diálogo, en los cuales los mexicanos emiten su punto de vista sin restricción ni censura, contribuyendo a la formación de la opinión pública. A través de los micrófonos se habilita la denuncia, la crítica y la participación ciudadana. La libertad de expresión y el derecho a la información son efectivos.
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Quizá el mayor acierto del modelo de la radio concesionada a los particulares, es la diversidad de operadores, fuentes de financiamiento, espacios noticiosos y líderes de opinión. La información que surge siempre encuentra espacios para su difusión. El modelo actual también contempla la figura de estaciones permisionadas, que da cauce a la radio pública y a los particulares, cuyo interés es difundir contenidos de índole cultural, que son operadas por universidades, organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas y por los tres niveles de gobierno, entre otros. Para el ejercicio democrático, la radio es fundamental, por eso es indispensable mantener a la industria económicamente autónoma, que siga siendo un medio eficiente de comunicación local. Por ello, la regulación debe garantizar que la radio se conserve sana en su infraestructura, lo que le permita no ceder a presiones políticas o de grupo, si se debilita con leyes que puedan tener efectos nocivos contrarios a los buenos propósitos que la inspiran. El espectro radioeléctrico es administrado por el Estado y bajo el principio de que en regímenes democráticos los medios de comunicación no deben ser manejados por éste, se concesiona a los particulares la operación de esta labor de interés público, cuyo servicio es gratuito, por lo tanto, le corresponde al Estado regular de tal forma, que les permita a los concesionarios cumplir con la labor social que le encomienda la ley. Los reguladores deben asegurar la viabilidad de la industria de la radiodifusión, sector estratégico para el desarrollo de México. Es necesario un diálogo incluyente en los temas cruciales para la industria, que le permita a la radio mexicana encontrar incentivos a la inversión, se inserte en los avances tecnológicos, siga fomentando la libertad de expresión y el derecho a la información, operando en la sana competencia que permita la transmisión de contenidos de calidad. La buena noticia es que el propósito que inspira los posibles cambios a la legislación, hoy en México es una realidad, patente en la evolución democrática de los últimos años.
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el sueño que vivo Porfirio Patiño Juárez
… si fuéramos un pueblo de dioses, seríamos naturalmente demócratas. Pero sólo somos hombres. La democracia es nuestra aspiración, a la vez que nuestra necesidad práctica. la demagogia es su peligro. Ikram Antaki Es la educación forma generosa del ser, del Estado y la sociedad, propuesta e invitación de este foro “El México que soñamos”. Este compromiso deberá ser a partir de hoy, premisa en el oficio cotidiano de quienes se dedican a la noble tarea de informar, entendiendo la responsabilidad que ello implica. Es pertinente reconocer que no es el mejor momento para el periodismo en México y en el mundo, ya que lamentablemente nuestro país es el segundo más peligroso en el planeta para este oficio, tan sólo después de Irak. La acción del crimen organizado está tristemente logrando ser un lugar común en la sociedad. Muchos colegas han muerto, aumentan los desaparecidos, algunos han optado por la autocensura como único medio de supervivencia. Por otro lado, en muchos casos los criterios mercantiles coartan la libertad de expresión, modificando con ello las agendas editoriales sobre la noticia. Las prácticas de atención a los increíblemente existentes feudos políticos, es un tema que parece estar regresando a las salas de redacción. Periodistas que con credibilidad y “rating” a su favor tienen que dejar sus espacios informativos, víctimas de intereses poderosos, que casi nunca tienen que ver con el bien común. Hoy, quizá son los medios locales los que viven los tiempos que parecieran parte de la historia negra de México. El abandono de la cobertura en las fronteras, las opiniones sustituyendo a los reportajes.
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Los corresponsales desplazados por la foto o el video, gracias al celular de un ciudadano. El desempleo en el gremio es una realidad cotidiana. No sólo con ganas es suficiente. El mínimo necesario para no abandonar tan noble tarea, será leer la actuación de los jóvenes y grupos civiles en la dinámica social de hoy. Ahora más que nunca, tener claros los principios básicos del periodismo será la primera herramienta. La vocación por la verdad, el respeto y la justicia será lo que dignifique a esta labor, y ante la sociedad que exige dignidad del hombre. Éste no es el mejor momento para el periodismo, pero sí el mejor para ser periodista. Ahora se tendrá que pasar al compromiso asumido, para que lo aquí dicho y discutido, no se quede en una ponencia, es la tarea como periodistas, en el espíritu de impulsar una cultura plural y crítica. Que se refleje en los contenidos que día a día llegan a las audiencias de los medios en que se labora. Los que tienen la misión de informar, llevan implícita una responsabilidad de participar en este devenir de México como país y con los mexicanos, que dentro y fuera de nuestro territorio, demandan información, cuestionar a los gobiernos que siguen teniendo una deuda impagable con millones de personas, que viven día a día en la más lacerante y creciente pobreza, víctimas casi siempre de la falta de educación. Recuérdese los sueños de juventud, despertando en ese idealismo que motiva, y que ahora la realidad cuestiona y grita, un mundo distinto es posible y como periodistas se es parte vital de ese cambio, y, sin duda, responsables del mismo. Don Jesús Reyes Heroles dijo: … se es joven cuando se ve la vida como un deber y no como un placer, cuando nunca se admite la obra acabada, cumplida, cuando nunca se cree estar ante algo perfecto. Se es joven si se está lejos de la docilidad y el servilismo, si se cree en la solidaridad y en la fraternidad. Se es joven cuando se quiere transformar y no conservar; cuando se tiene la voluntad de hacer y no de poseer; cuando se sabe vivir al día, para el mañana; cuando se ve siempre hacia adelante; cuando la rebeldía frente a lo indeseable no ha terminado; cuando se mantiene el anhelo por el futuro y se cree todo posible. Cuando todo esto se posee, se pueden tener mil años y ser joven. hay juventud con años y hay vejez antes de tiempo. Para ser joven o viejo, lo que menos cuenta es la edad. joven o viejo, decía el poeta, son “papeles que reparte la vida y que no siempre coinciden con nuestra vocación”.
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periodistas y defensores civiles de derechos humanos Javier Sepúlveda
En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde 1991 se creó el Programa Especial de Periodistas, el cual fue ampliado en 1995 para incluir la atención a los defensores civiles de derechos humanos que, en el desempeño de su labor, sean víctimas de violación a sus derechos fundamentales. En 1997 se creó la Coordinación General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, área que, como Dirección general, quedó adscrita a la Quinta Visitaduría General en enero de 2005. El Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos tiene como objetivos principales, por una parte, la defensa de los derechos de los periodistas, reconociendo la libertad de expresión y el derecho a la información como un elemento imprescindible del estado democrático, así como la promoción del respeto al marco jurídico sobre la libertad de expresión, el derecho a la información y de libertad de prensa reconocidos en la Constitución federal y los tratados internacionales sobre la materia, suscritos por México. Por otra parte, proteger los derechos de los defensores civiles de derechos humanos, previstos en el marco jurídico internacional y con especial énfasis en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, atendiendo a la importancia de la participación de los agentes sociales en la transformación de una realidad social más justa, en la cual se exige una plena observancia de los derechos humanos y la consolidación de una cultura en los mismos. El incremento y la permanencia de agravios ocurridos en perjuicio de periodistas y medios de comunicación, así como las agresiones de las que son objeto los defensores civiles, constituyen una lamentable realidad que ha sido evidenciada por diversos actores; agresiones que se multiplican, produciendo el hostigamiento directo de la víctima, a la par que generan un clima generalizado de temor entre los integrantes del gremio. El derecho a la libertad de expresión y opinión constituyen elementos fundamentales contenidos desde los primeros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En una de las consideraciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se
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señala que “el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra”. La libertad de expresión no solamente comprende el derecho a difundir información, sino ideas e investigación también. Constituye además un derecho individual que guarda relación con los derechos colectivos en cuanto al derecho de la sociedad en general a recibir información y opiniones sobre diversos temas políticos, sociales, culturales, del comercio o publicitarios. Agredir a un periodista o a un comunicador en el ejercicio de su labor, es agredir a la sociedad en su derecho a ser informada, a conocer, comunicar y tomar decisiones libres, autónomas e informadas. Cuando se agrede a un periodista, no sólo se violan sus derechos individuales, también se violan, en perjuicio de la sociedad, los derechos colectivos. Los defensores de derechos humanos realizan una labor fundamental en la consolidación del estado de derecho y de una sociedad democrática, ya que coadyuvan con el deber del Estado de promover y proteger los derechos más esenciales de las personas, a través de las acciones que realizan en favor de la promoción y defensa de los mismos, además de propiciar que se logren abatir la impunidad, la corrupción, el abuso de poder y la injusticia, ya que buscan generar el mejoramiento de las condiciones sociales, políticas, económicas, así como la toma de conciencia respecto del tema. En la actualidad, los defensores de derechos humanos enfrentan grandes riesgos en el desempeño de sus labores y están expuestos a un sinfín de agresiones, debido a su participación activa en la promoción y protección de las libertades fundamentales de las personas.
Situación actual En los últimos cinco años se observa con suma preocupación un notable incremento en el número de agresiones contra los miembros del sector periodístico y de los defensores de derechos humanos, sin que las autoridades procuradoras de justicia esclarezcan, en la mayoría de los casos, los hechos que motivaron los ilícitos cometidos, tales como homicidios, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidación, entre otras. Tampoco se advierte que las autoridades encargadas de la seguridad pública hayan logrado inhibir a los agresores o desarrollado políticas preventivas adecuadas, lo que contribuye, por acción, o por omisión, a alentar la impunidad. La suma de agresiones registradas motiva a pronunciarse al respecto, con la finalidad de lograr que las autoridades ajusten su actuación en las funciones de investigación y de persecución del delito al marco constitucional y legal, con el fin de que se garantice el pleno respeto de los derechos humanos. Actualmente, México vive una inédita crisis de seguridad pública, que tiene su origen en el crecimiento y la expansión de los grupos de la delincuencia organizada, las batallas cada
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vez más violentas entre ellos y el papel primordial que ha asumido el Estado para combatirlos. La violencia que afecta a los periodistas y los defensores civiles de derechos humanos se inscribe en el clima general de inseguridad pública que se vive en México, aspecto que se ha convertido en la principal preocupación y exigencia de la sociedad mexicana y, por tanto, es una de las cuestiones prioritarias que deben atender los gobiernos en sus distintos niveles. También es cierto que las agresiones que sufren están relacionadas, particularmente, con las informaciones sobre abusos y corrupción que están dando a conocer y que incomodan a los servidores públicos involucrados, así como las informaciones sobre delincuencia y narcotráfico que molestan a los miembros de las organizaciones del crimen organizado. Organismos no gubernamentales sostienen que cualquier análisis de los últimos años que se refiera a las violaciones a la libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo, debe partir de un hecho fundamental: existe un subregistro de casos que se relaciona directamente con la autocensura que periodistas y medios han adoptado como medida de protección; la denuncia pública se ha reducido, en tanto que el Estado se abstiene de brindar garantías de investigación y sancionar a los responsables. El impacto de esta violencia, expresado brutalmente al despojar de la vida a estos periodistas o sustraerlos de sus familias, amigos y colegas, origina un clima de intimidación que acalla otras voces y produce un resultado multiplicador por el efecto de intimidación que genera en los demás integrantes del gremio. Por su frecuencia, las amenazas e intimidaciones son acciones que pretenden disuadirlos de llevar a cabo sus investigaciones y darlas a conocer a la opinión pública; este tipo de transgresión se traduce, de manera directa, en amenazas por vía telefónica y correos electrónicos, intimidaciones personales, atentados a las oficinas, daño en su patrimonio, vigilancia en domicilios privados y oficinas, espionaje telefónico, allanamiento y robo de materiales. La situación actual de los defensores de derechos humanos resulta crítica, no sólo por la ausencia de protección frente al clima de inseguridad que se vive en diversas zonas del País, sino también por la escasa cultura pública de algunas autoridades en el tema de los derechos humanos, por las constantes y repetidas prácticas que derivan en abuso de poder en contra de este grupo y el incumplimiento de compromisos internacionales y nacionales plasmados en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, de armonizar la legislación federal y local con los tratados internacionales en derechos humanos. Por ello, resulta primordial incorporar a la agenda pública la discusión sobre la creación de mecanismos eficaces de protección y prevención contra violaciones a los derechos humanos cometidos en perjuicio de los defensores. Algunos de los actos cometidos en su agravio, buscan inhibir las acciones de denuncia, ya que al ejecutar estos actos se produce un sentimiento generalizado de indefensión e inseguridad, lo cual limita y obliga a los defensores a abandonar su labor. Ante la situación de violencia que enfrentan los periodistas y defensores de derechos en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaboró dos Guías para implementar medidas cautelares, una en materia de periodistas y otra respecto de defensores de dere-
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chos humanos en México, con miras a optimizar la instrumentación de estas medidas de protección por parte de las autoridades federales y estatales correspondientes. Las Guías tiene como objetivo proporcionar lineamientos en relación con las medidas cautelares que pueden solicitarse a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y seguridad pública a nivel federal y estatal, a fin de evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas en cada caso particular. El Artículo 20 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos estipula en el apartado C, fracción vi, que la víctima tiene derecho a “solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos”. A fin de garantizar ese derecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede conocer, de oficio o a petición de parte, los hechos que pudieran constituir una violación a los derechos humanos, cometidas por autoridades de los tres niveles de gobierno.
Propuestas En la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la libertad de expresión y a la seguridad jurídica, que desde luego incluye una debida procuración e impartición de justicia en favor de los gobernados, es necesaria una política de prevención del delito que permita hacer efectivo el ideal de todos, incluidos los integrantes del sector periodístico y de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos. La prevención del delito constituye uno de los deberes a cargo del Estado reconocido en el sistema jurídico de México, obligación que debe abarcar todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que garanticen la salvaguarda de los derechos humanos y aseguren que las eventuales violaciones a éstos sean efectivamente sancionadas conforme a la ley. Es indispensable que participen tanto gobernados como autoridades para generar los medios de seguridad y prevención de agresiones, y rijan su actuar con pleno respeto a las leyes; de tal suerte que, cuando éstas sean transgredidas, se manifieste claramente la actuación decidida del Estado para restituir los derechos y garantizar el pleno acceso a la justicia y su procuración. La impunidad debe dejar de ser el resultado de la mayoría de los casos penales.
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¿por qué ya no hay valores? Esteban Moctezuma Barragán
Una de las grandes preocupaciones sobre el futuro, es la falta de valores que aglutinen a la comunidad en un pacto social libre, constructivo y pacífico. El origen de la pérdida de valores cívicos, sociales y familiares es, sin duda, el profundo cambio en la vida productiva. En primer lugar, está la ausencia relativa de uno de los pilares formativos de los niños: la madre. Cuando la mujer empezó a trabajar se debilitó la formación espiritual, moral y cívica de sus hijos. A muchas personas no les agrada este análisis porque piensan que es un argumento en contra de la igualdad de género. En realidad es una crítica al hombre, que no ha sido capaz de responder a esa nueva realidad para integrarse de manera plena en la educación de sus hijos. Además, en el mercado laboral, ni empresas, ni legisladores han considerado la importancia de crear estrategias que apoyen a los empleados en la formación de sus hijos. Lo cierto es que el acuerdo social implícito del siglo pasado, era que la escuela informaba y la familia formaba; siendo la familia, la madre. Hoy ya no sucede eso. Esto obliga a pensar, cómo suplir o reforzar la función formadora de la familia, incluyendo a la norma laboral y cómo transformar a la escuela para que fortalezca su capacidad formativa, además de instructora. Las fuentes de información para niños y jóvenes han cambiado radicalmente. En México, tradicionalmente existían tres: la madre, el maestro y el ministro de un culto religioso. Hoy, la información globalizada está entrando a los hogares indiscriminadamente y fuera de aquellos conductos tradicionales, de forma que cambian la cultura y los valores. Esto en sí no es bueno o malo, pero es una dinámica que afecta la convivencia y el futuro de la sociedad moderna, sin que se le haya dado la importancia que merece. A la televisión, revistas y el cine se han sumado el internet, el celular, los videojuegos y las redes sociales, por mencionar los más relevantes. Por otra parte, el universo de interacción del ser humano se desdobló geométricamente. A principios del siglo pasado un individuo en toda su vida conocía en promedio a menos de 300 personas, hoy en promedio llega a conocer a cerca de tres mil.
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Lo anterior significa una gama inmensa de opiniones, estilos de vida, actividades que fortalecen la democracia y relativizan los valores de una comunidad, que afectan las visiones locales y crean una conciencia universal y por ende, nuevos valores y antivalores. El avance farmacológico, es otro de los cambios que ha tenido un gran impacto en la gama de valores y en especial en la sexualidad. Las consecuencias de la actividad sexual no son las mismas que antes, por lo cual el compromiso ante ellas, tampoco. Antes existía el peligro del embarazo, ahora se puede evitar. Por lo tanto, se ha relativizado el beneficio de llevar una vida con valores, lo que privilegia el individualismo y el materialismo. Es importante prestar mayor atención a la enseñanza de valores, no en la prédica, sino a través de la práctica. Un camino sugerido es aprovechar el empeño del mundo de utilizar la tecnología en la educación para crear el nuevo paradigma de introducir la educación en la tecnología. Si una fuente de información y de socialización, de valores y antivalores ahora son las nuevas tecnologías, hagamos uso de ellas en favor de una sociedad armónica y más democrática.
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sueños no convertidos en realidad Rafael Bracamontes Cosío
Como miembro de la generación del ’68, el autor podría dejar pasar la oportunidad de retomar algunos de los sueños que entonces hubo y no se convirtieron en realidad, pero sí se aprovechó la trayectoria laboral para lograr la máxima aportación posible. Se habla del fin de las ideologías, de que ya no puede haber utopías y de que el pragmatismo debe encaminar todo esfuerzo. Aunque al autor ya se le ha calificado de ecléctico simplista, en este momento resulta obsoleto hablar de izquierdas y derechas, de liberales y conservadores, de capitalistas y clase trabajadora, etcétera, puesto que las perspectivas tecnológicas presentan condiciones tan diferentes que hay que encontrar denominaciones, procesos y estudios más profundos de dicha realidad. La propuesta es la siguiente: • Sin perder el progreso y los avances tecnológicos, cuidar la ecología, promoviendo principalmente las energías alternativas. • Buscar un equilibrio entre el control de la violencia y que la previsión de que ésta no provoque más violencia como respuesta. • Promover la libertad de expresión, de acceso a la información y de privacidad, cuidando que éstas no afecten a terceros. Por lo que se refiere a aspectos particulares: • Cultura. − Que continúen las industrias culturales internacionales, sin que se pierda la identidad cultural de cada uno de los pueblos. − Que la equidad sea la unidad de medida del trato entre hombres y mujeres. − Que al respetar el mestizaje en México y la continuidad del mismo se evite la discriminación étnica.
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− Que ya sea en un patriarcado, matriarcado o cualquier otra forma, persista la unidad familiar, a fin de brindar la más correcta atención a la infancia. − Que los fundamentalismos religiosos no pongan en peligro la libertad de creencias. • Economía. − Que ya sea a través de la estatización o de la privatización, los recursos naturales de México estén al servicio de la población en general. − Que los acuerdos gubernamentales, ya sean globalizadores o proteccionistas, no impidan que la producción, comercio y adquisición de productos y servicios sean accesibles a la mayoría de la población. − Que la tasa de interés en el crédito no sea especulativa. − Que las modificaciones a las formas del empleo como son la robotización, el teletrabajo, etcétera, no reduzcan los derechos de los trabajadores, tales como la sindicalización, la libertad de organización o la individualidad del mismo. − Que el sistema de pensiones, ya sea cooperativo o bancario, garantice que el adulto mayor perciba un equivalente promedio a sus aportaciones y a su salario. − Que el acceso a la propiedad de la vivienda sea proporcional al ingreso del ocupante, aunque los plazos fueran mayores. − Que el transporte público garantice la movilidad ciudadana sin detrimento de la libertad del transporte privado. • Salud. − Que la seguridad social o el seguro médico privado garanticen la óptima atención médica del paciente. − Que se integren a la práctica de la medicina alópata las medicinas alternativas. − Que se respete la voluntad del ser humano sobre la aceptación de vida artificial o eutanasia, en el caso de enfermedades terminales. − Que se regule en forma humanitaria el trasplante de órganos. • Educación. − Que la tendencia a tecnificar la enseñanza en pos de una mayor productividad, no disminuya la enseñanza humanística, que permita al ser humano el ejercicio de su individualidad.
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− Que se universalice la acreditación de los conocimientos adquiridos en la educación, ya sea ésta presencial, a distancia o en otras formas tecnológicas. • Política. − Que la legislación especifique cada día más los límites que se pongan al poder y que se permita a la ciudadanía la supervisión de los mismos. − Que se respete el que la sociedad civil pueda proponer leyes y candidatos sin estar sujeta a los partidos políticos. − Que la consulta ciudadana se haga efectiva para la toma de decisiones que afecten a las mayorías. − Que independientemente de los partidos que gobiernen, se establezca, por fin, el servicio civil de carrera. − Que el Estado se conserve laico, independientemente de las libertades religiosas. Cada generación va encontrando sus propias soluciones, sin embargo, no se deben ignorar las experiencias de las generaciones anteriores, tratando de evitar los errores del pasado y haciéndolo con creatividad e innovando soluciones para el futuro.
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reflexiones con rumbo
el méxico en que todos sueñan Verónica del Castillo
Un México donde los padres no se preocupen por el México que les tocará a sus hijos, sino más bien por los hijos que le dejarán a al País. Se sueña con un país donde la mayoría de los mexicanos sea una masa crítica, que logra los cambios necesarios independientemente de sus gobernantes. Que haya más estadistas y políticos preocupados por las próximas generaciones, no por las próximas elecciones. Un país donde justicia, libertad y paz, sean una realidad. Porque primero se logra la paz interna para reproducirla al exterior. Se sueña con que México deje de aparecer en la lista de los peores países para ser mujer. Donde los hombres estén listos y seguros de sí mismos, para poder recibir órdenes de una mujer presidente sin importar partido político al que pertenezca. Hombres que hayan sanado su relación con la madre para poder ver a su pareja de igual a igual. Mujeres que se hayan hecho responsables de sus emociones, para no querer vengarse del machismo cayendo en el hembrismo. Una sociedad evolucionada e incluyente que no genitalice constituciones para poder ser gobernados por hombres, mujeres, homosexuales, bisexuales o transexuales, porque lo importante será que la ley se cumpla más allá del género. Un nuevo orden social que se rija por el gobierno comunitario, horizontal, de servicio al prójimo donde las jerarquías verticales dejen de existir para gobernar desde un círculo donde cada persona es igualmente importante para sí misma como para los demás. Donde las emociones que gobiernen a los ciudadanos sean el amor, la compasión, la tolerancia y la alegría en vez de ira, frustración y resentimiento. Donde cada ser humano se haga responsable de sus pensamientos, palabras, acciones y emociones para no señalar al de enfrente. Que los mexicanos salgan del papel y la energía de víctimas para asumir que cada quien tiene lo que se ha ganado y que se tenga el gobierno que se merece, que nada es gratuito y que “papá gobierno” no puede con todo el paquete. Un México donde cada ciudadano se convierta en activista de una noble causa: bosques, agua, niños, erradicación de la violencia en todas sus formas, indígenas, etcétera. Que el placer del servicio sea la nueva adicción, porque el que
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da viene siendo el que más recibe. Una sociedad viviendo en conciencia de la unidad y que lo que se hace repercute en algún rincón del mundo. Un país donde cada gobernante, político, legislador o persona en el poder, elija la paz antes de la violencia o confrontación, decida ser honesto ante la tentación de la mordida, la tranza o la avaricia del enriquecimiento ilícito. Un país sin Ejército, más que para atender situaciones de emergencia, desastres y rescates. Donde se distribuya la riqueza y no la pobreza, no sólo la material, sino la espiritual. Un país donde las mujeres con pocos recursos, se conviertan en pequeñas empresarias y no dependan de un hombre que las tiranice o explote. Niñas con suficiente empoderamiento y autoestima para que sepan decir “no” cuando algo no les gusta, para no llegar a ser explotadas sexualmente. Un país donde los seres humanos no estén en venta. Donde dejen de existir foros para divertirse a costa del dolor ajeno a pesar de estar en el siglo xxi como corridas de toros, box, gallos y perros de pelea, giros negros y prostíbulos. Donde las mujeres no ejerzan violencia sobre su mismo género, mujeres que honren un código para cuidarse mutuamente, desde sus esposos hasta sus hijos, trabajos y pertenencias. Un país bello y mágico, donde las madres cuiden a sus hijos y los amen y defiendan más que a su vida, madres que honren y agradezcan el privilegio sagrado de dar vida, en vez de cometer filicidios, abusos y torturas. Madres que besen los ojos de sus hijos, en vez de sacárselos por realizar rituales satánicos. Un país donde la abundancia material, espiritual y educativa, deje de expulsar a cientos de migrantes al autoexilio, arriesgando su vida por desesperación. Se sueña con que la ley sea igual para todos, hombres y mujeres. Para que las cárceles dejen de estar llenas de indígenas presas inocentes por una triple discriminación: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Que deje de ser legal que el hombre asesine o maltrate a una mujer por sospecha de infidelidad, como actualmente sucede en 14 estados de la República, incluidos Campeche y Michoacán donde las mujeres reciben condenas más altas que los hombres por el mismo delito y con una reincidencia de 2% con respecto a la de 70% de ellos. Un país donde ejercer el periodismo deje de costar tantas vidas, donde la libertad de expresión sea un derecho de todos y para todos, donde la palabra impunidad quede fuera del diccionario y la vida cotidiana. Donde gobiernos y sicarios dejen de decir “o estás conmigo o estás en mi contra”. En el México que se sueña, cada persona pone en primer lugar a Dios o a su Poder Superior como cada quien lo conciba, de esa forma las relaciones familiares se ordenan en el amor, para dar paso a sociedades sanas y extinguir las disfuncionales. En el México que se sueña se le destinan más recursos a la educación y prevención de adicciones que a ningún otro rubro. Este México es posible. ¡Más corazón y menos razón!
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tolerancia y respeto como valores esenciales Otilio Flores Corrales
Los retos del hombre del siglo xxi no son pocos, el mundo está en constante transformación y se vive en un constante intercambio entre culturas. Sin embargo la comunicación y el conocimiento del pensamiento de otros pueblos a veces no es la adecuada y aún persisten prejuicios, intolerancia y rivalidades por diferencias de religión, costumbres y puntos de vista. Para lograr un equilibrio, se necesita un cambio profundo en el que el ser humano se vea a sí mismo como un todo. El Estado tiene que colaborar para promover el desarrollo de sus ciudadanos de forma integral, con acciones encaminadas al bienestar común y no sólo a intereses particulares. La educación del individuo como un todo es un derecho y el Estado debe tomar la responsabilidad de proporcionar los medios para que ésta sea uno de los ejes del desarrollo a través de la cual los mexicanos aprendan de sí mismos, así como de su país y del mundo que los rodea. El conocimiento dará libertad al ser humano y será la base para adquirir una visión amplia de su entorno; la tolerancia y respeto como valores esenciales para la convivencia entre todas las personas deberán promoverse y también formar parte de la estructura del gobierno, si el comportamiento de éste hacia sus gobernados tiene como base estos valores, muchos de los problemas actuales de México podrían ser evitados, ya que los gobernantes intentarían realizar su trabajo en beneficio de la colectividad y no con miras a obtener ganancias personales.
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un méxico mejor para los trabajadores Patricio Flores Sandoval
Un México mejor desde la visión y reflexión de los trabajadores en materia laboral, reclama la construcción inmediata de una nueva política pública y social integral capaz de constituir la base y centro del crecimiento de la economía nacional, a partir de la generación de empleos, del incremento de la productividad y dar resultados en el bienestar de las grandes mayorías de la población, una nación más justa. Durante los últimos años, en otros países se han realizado cambios positivos en sus estructuras económicas y sociales. En ellos se ha dado paso a una participación creciente de los trabajadores en los procesos productivos, con mayores salarios y la consecuente elevación de la demanda agregada por las variables macroeconómicas reales del consumo y la inversión, con esquemas más equitativos de distribución de la riqueza. Destacan Japón, India, Brasil, Corea del Sur, y ahora comienza a hacerlo, China. México caminaba en esa dirección, pero al haber abandonado el impulso y las responsabilidades públicas, se logró sumir y ubicar a México en la tasa de crecimiento económico más baja de América Latina. Los resultados están a la vista. Aquí se han agudizado distintos problemas y se han vuelto mucho más complejos los desafíos, en tanto que otros países lograron avanzar en materia productiva y laboral, con mayor justicia y bienestar social. México enfrenta diversas complejidades en el tema de generación de empleos, si se toma como referente lo definido por la Organización Internacional del Trabajo: empleos decentes, dignos y con seguridad social. Con el tipo y raquítico crecimiento económico adoptado, solamente se ha incrementado la mayoría de desigualdades, en especial, la desigualdad social. Esta realidad pone a prueba y bajo creciente tensión el pacto y los acuerdos sociales esenciales de esta sociedad, por el grave deterioro económico y, por el daño a las condiciones de vida y la calidad de la misma de la mayoría de la población. En el ámbito laboral, existe la necesidad de concretar y superar el tratamiento e impulso que se ha dado a diferentes propuestas, sesgadas y parciales, con empecinamientos que nada han aportado al debate y diálogo social. Mucho menos, a cualquier posibilidad de lograr alguna concreción. Las propuestas en los temas laborales, hasta ahora no aportan nada, sus
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reflexiones con rumbo
promotores visibles, sólo han proporcionado algunas frases, imágenes y mensajes que no van al fondo de los problemas que enfrentan los trabajadores y las empresas. Dan la impresión de que le apuestan al desorden, a la confusión, al engaño y a una mayor precarización del trabajo, para que, en materia laboral, las cosas se mantengan como están y así, algunos empleadores, sigan obteniendo mucho mayores beneficios de los que ya vienen cosechando. Los trabajadores piensan que se deben superar las generalizaciones de proyectos que han sido superficialmente expuestos y que no muestran un plan con objetivos y estrategias para hacer posibles los propósitos que persiguen porque, en la mayoría de los casos, francamente esconden sus verdaderas intenciones. Algunas de las propuestas interesadas de reformas simplemente no se ocupan de abordar los problemas reales, como los bajos salarios predominantes, el desempleo y subempleo, la terciarización laboral, el llamado outsourcing sin límites, la carestía o la inflación que rebasa a los aumentos salariales. Desde la perspectiva de los trabajadores organizados en México, existe apertura y disposición al diálogo y al debate hacia la construcción de una Reforma que respete los derechos laborales de los trabajadores mexicanos y que sirva para generar empleos y reconstituir la seguridad social con el rediseño, legal, técnico, financiero e institucional de fondo que regenere sus capacidades y beneficios, ante los problemas y desafíos que plantean el cambio demográfico, la transformación de la conformación del mercado laboral, y la evidente falta de estudios y análisis que permitan la comprensión profunda de las magnitudes y dinámicas de los problemas laborales y de la seguridad social que resulta precaria, inviable e injusta, y se opone al avance social de México. Los mercados laborales mexicanos no tienen trabajadores asalariados con ingresos crecientes, como alguna vez se pensó que prevalecerían. Su característica más relevante es el número importantísimo de mexicanos no está cotizando en la seguridad social. Casi la mitad o muy por encima de 40% de la población económicamente activa se encuentra desarrollándose en la economía informal, en la economía “sublegal” o en la abiertamente ilegal y fraudulenta, lo cual ha precarizado el trabajo de los mexicanos. Y eso es lo más grave: una proporción creciente de los empleos, no aporta a los sistemas de seguridad social. Se necesitan reformas sin versiones sesgadas que sirvan para regular el desorden y el abuso de esquemas flexibilizadores de la norma, para regenerar capacidades de poder garantizar y realizar derechos laborales reales, en una legislación laboral contra la precarización del trabajo y la degradación de los derechos y prestaciones sociales. Todos necesitan una legislación actualizada para facilitar el encuentro de equilibrios entre empresarios empleadores y trabajadores, que posibiliten la reactivación sostenida y sustentable de la economía nacional ante las crisis económicas y financieras siempre presentes o amenazantes. Se requiere de una reforma laboral integral, no parcial, que permita pagar las deudas que permanecen ocultas con los trabajadores mexicanos, para que puedan incrementar su ingreso y alcanzar mayor poder adquisitivo, calidad de vida y bienestar social. Ante las condiciones objetivas, es indispensable la suma de voluntades de todos los actores, sectores y ciudadanía para lograr una acción social y política reconstructiva y rege-
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neradora. La verdadera democracia no puede ni debe quedarse anclada en los procesos político-electorales, sino que debe avanzar hacia la reforma de la sociedad entera. Se debe acabar con el obsoleto e inhumano esquema económico concentrador de la riqueza revalorizando las relaciones entre capital y trabajo con medidas económicas y fiscales que dejen mayor ingreso disponible para el consumo de bienes y servicios, satisfactores de los trabajadores y elemento principal del crecimiento de la economía nacional. Dadas las condiciones imperantes durante el año 2012, para avanzar se requerirá de un gobierno compartido y corresponsable en el que asumiendo el método de diálogo social que significa el tripartismo, se puedan construir consensos y acuerdos en gobiernos participativos en los tres niveles: federal, estatal y municipal, y en el caso del Distrito Federal, a nivel de delegaciones, donde las decisiones fundamentales sean compartidas y corresponsables, dado que nadie en la actualidad es poseedor de la verdad ni representa a la unidad absoluta. Hoy más que nunca, la clase política mexicana está obligada a asumir sus responsabilidades con México y no sólo con intereses partidarios, sectarios o de grupos fácticos de poder. En esos gobiernos, deben participar los ciudadanos y la diversidad de fuerzas sociales reales y representativas. Un México mejor desde la visión y reflexión de los trabajadores, hace necesario construir un nuevo pacto y plan social, ya que actualmente no hay ningún acuerdo que ordene y oriente el esfuerzo común para garantizar el crecimiento de la economía y el desarrollo social.
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el méxico en que se sueña Alberto García Aragón
Algunos de los objetivos que se plantean para llegar a alcanzar un México más comprometido son los siguientes: • Un pueblo que viva con tranquilidad. − Que ningún mexicano padezca hambre. − Recuperar nuestra soberanía alimentaria. − Hacer más eficiente la organización del campo y el producto de nuestros litorales. − Racionalizar la intermediación productores-consumidores. • Oportunidad de superación a jóvenes de las áreas rurales. − Creación de centros de capacitación en artes y oficios para jóvenes, principalmente para los que habitan en pequeñas y alejadas poblaciones rurales.
• Eficiente y honesta administración de los recursos financieros. − Eliminación de obras suntuarias y derroches ofensivos para el pueblo. − Evitar duplicidad de funciones en los aparatos gubernamentales. − Reorganización de las diversas áreas de fiscalización y control, buscando su centralización y dependencia de los congresos federal y estatales que, se supone, deberían de ser los representantes del pueblo. − Severo castigo a los corruptos.
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• Abaratar la democracia. − Disminución de representantes oficiales. − Recalcular los recursos económicos destinados a partidos políticos. − Creación de rigurosos perfiles para candidatos. − Eliminación de prebendas y lujos que se autoasignan, incluyendo al ife. − Mayor interés en el eficiente y honesto desempeño de todos los integrantes del poder judicial. Por supuesto, la lista es más larga, pero confiemos en que quien ocupe la Presidencia de la República, reúna las cualidades necesarias, sobre todo valiente energía y capacidad negociadora para lograr estos objetivos, así como la suficiente inteligencia para designar como sus colaboradores a las personas con verdadero deseo de servir y con una demostrada capacidad y experiencia, para tratar de terminar con las inequidades existentes en beneficio de más de la mitad de nuestra población.
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el méxico en que se sueña Alicia Gray
Para tener un México libre, habría que tener la posibilidad de que la gente progrese, sin que prevalezca la criminalidad, ni la corrupción que intimide a los ciudadanos. Para llegar a ser ciudadanos plenamente responsables en todos los ámbitos de la vida, hay que comenzar por serlo en el terreno personal: alimentarse correctamente, cuidar de la propia salud e higiene y evitar cualquier hábito perjudicial. En el área familiar, habría que asumir la responsabilidad que se tiene con la pareja y los hijos, procurando su desarrollo y bienestar intelectual, físico y espiritual para que, a su vez, aprendan a cuidar de sí mismos y de los demás. Es fundamental además, transmitirles el sentido de responsabilidad hacia lo que les rodea y enseñarles a influir positivamente en las personas de su entorno. Al respecto, vale recordar el viejo precepto de “no hacer a otros, lo que no nos gustaría que nos hicieran”. Hay que enseñar a los hijos a ser dignos de confianza, trabajadores e industriosos, y a no tolerar, en nombre de la amistad, lo que es incorrecto, a cuidar de sus padres, abuelos, hermanos, así como ayudar a los viejos y a los niños. En el ámbito laboral, sería necesario hacerse responsable de la actividad que se desempeña y buscar en ella la excelencia; modificando la idea equivocada de que cometer errores es de humanos. En el campo de la política, se requiere tener gobernantes que capaciten a los ciudadanos en desventaja para ser autosuficientes, en vez de otorgarles pequeñas aportaciones como ayuda, para sentirse generosos con ellos (“enséñalos a pescar, no les des pescado”). El México que se sueña necesita ciudadanos con una sensación plena de dignidad y autoestima, interesados no sólo en la colonia y ciudad en donde viven, sino en proyectar la imagen del País en el escenario internacional, como la de un gran país en el cual se puede confiar y al que todos quieran visitar e invertir en él. Pero, también cada uno debe asumir la responsabilidad hacia el planeta, cuidando la tierra, los mares, la fauna, eliminar la contaminación y conservar los bosques; para que los ciudadanos puedan tener cubiertas sus necesidades básicas.
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Además habría que tomar conciencia de que para lograr lo que se proponga, hace falta tenacidad, trabajo y esfuerzo. También, habría que inculcar desde la infancia la belleza del arte en todas sus expresiones y estimular el refinamiento espiritual. Enseñar a los ciudadanos a tener metas pequeñas o de gran magnitud, y en la medida en que las vayan alcanzando, obtendrán bienestar. Se sueña con un México libre y próspero donde sus habitantes sean conscientes de la importancia de que cada uno realice su trabajo, produzca y pague sus impuestos; que conozca por igual sus derechos y sus obligaciones, y que cumpla con ellos. Al respecto, cito al pastor Adrián Rogers, quien expresó lo siguiente:
Todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, otra persona tuvo que haber trabajado para ello pero sin recibirlo. El gobierno no puede entregar nada a nadie si antes no se lo ha quitado a alguien. Cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión de que no necesitan trabajar porque la otra mitad esta obligada a hacerse cargo de ellas, y cuando esta otra mitad se convence de que no vale la pena trabajar porque alguien les quitará lo que han logrado con su esfuerzo… eso, mi querido amigo… es el fin de cualquier nación. ¡No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola! En suma, se sueña con que cada ciudadano de México sea autosuficiente, responsable, preparado, ético, libre, sano y feliz para hacer de éste un gran México.
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el méxico con el que se sueña Edilberto Huesca
México es un país con raíces profundas y ricas, el pasado prehispánico, con una tradición sabia y esplendorosa, se unió a la cultura traída por los españoles, dando lugar a la nación que hoy en día es. Sin embargo, la sociedad puede aún perfeccionarse y dar lugar a un País mejor. Se sueña con un México donde los cambios no sean con base en vanas propagandas, sino que empiecen a nivel individual. Si cada mexicano se compromete en lo más hondo de su ser a tener una actitud de superación y emprendedora, muy pronto el País dejará atrás los rezagos que lo mantienen atado. Es preciso hacer consciencia de que resolver los problemas no es algo que depende únicamente del gobierno, sino que los ciudadanos deben tener parte activa en ello. Sueño con un México en paz. Es posible que en los próximos años se erradique la violencia que sacude al País. Los delincuentes deben estar en la cárcel y no destruyendo la vida de las familias pacíficas y trabajadoras. Sin embargo, este objetivo no se podrá cumplir si antes no se eliminan males sociales como la pobreza, la marginación, y la falta de oportunidades, pues los delincuentes son reclutados por el crimen gracias a una sociedad que muchas veces margina a niños y jóvenes. Se sueña con un México que se coloque entre los primeros países del mundo, para ello será necesario superar los graves rezagos que hay en materia de educación. Con alumnos que pasan “de panzazo”, no podrá competir contra las grandes potencias, que continuamente innovan en el campo tecnológico, cultural y científico. Es necesaria una reforma del magisterio, no es posible que los maestros abandonen durante semanas, y en ocasiones meses, sus puestos de trabajo y los niños dejen de aprender. Se sueña con un México que enfrente debidamente el cambio climático y los graves daños que hoy en día se infringen al medio ambiente. El País debe hacer un tránsito hacía una economía verde, donde sea posible seguir desarrollándose y a la vez protejer la tierra, si esto no se hace, se compromete seriamente el futuro. La fauna y la flora se han visto considerablemente disminuidas por la tala indiscriminada de los bosques, Lo que traerá gran escasez de agua. ¿Qué será de grandes ciudades como el
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Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, cuando sus habitantes se vean privados del líquido vital? También se sueña con un México sin corrupción, porque lograr los objetivos que antes se han enumerado requiere de la fuerza de la honestidad y la honradez.
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el méxico que se quiere Francisco Ibarra López
Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. Miguel de Unamuno
Según Aristóteles, la finalidad del hombre es conseguir la felicidad. Al hombre se le distingue por poseer la facultad de la razón, la felicidad humana consiste en perfeccionar al máximo esta facultad. Y justamente es aquí de donde parte la visión del autor, “El México que quiero”, es un México feliz. Es un México en donde se pueda decir: • Que se puede ser feliz si se opta por ser felices. • Que una sonrisa es la cosa más simple que se pueda hacer para aclararle el día a alguien que lo necesita. • Que nadie sabe todo acerca de todo. • Que se debe entender y comprender el dolor ajeno, una vez que se tenga esta comprensión y un genuino deseo de aliviar el dolor del otro, habrá mejores personas. • Que se debe ser educados. Siempre es necesario un “por favor, gracias, usted o disculpe”, nunca sobran. • Que debe escucharse sin juicio o crítica los problemas del otro; es una forma garantizada de mostrar que nos importa. • Que es posible disfrutar de lo que ya se tiene, en lugar de perder el tiempo en pensar en lo que no se posee. • Que es positivo en ciertas ocasiones estar equivocado, ya que es la manera de aprender y crecer. • Que el respeto va más allá de sólo ser amable. • Que los amigos pueden ir y venir, pero la familia siempre estará a nuestro lado.
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El México que se quiere es un México en donde se apoya al otro a caminar y no se le mete el pie para que se caiga. Un México en donde se sepa: • Que la gente suele hacer lo mejor que puede con la información y el conocimiento que tiene en ese momento. • Que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. • Que es posible obtener más de lo que jamás se había imaginado, simplemente si somos amables y generosos con los menos afortunados. • Que hay un cúmulo de tradiciones e historia que debe conocerse, valorarse y apreciarse. El México que se quiere es un México en donde se sepa que la vida es corta y que se debe de sacar de ella el máximo provecho todos los días. Se deben hacer las cosas que hagan sonreír, lo que haga sentirse vivos y llenos de energía, respetando a los demás. El México que se quiere es un México con valores morales y humanos. Donde cada día se viva con amor, con respeto, con trabajo, con honradez y con esperanza.
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el méxico en que todos sueñan Angel Martín Junquera Sepúlveda
Un México sustentable y seguro es el que los ciudadanos anhelan, que posea un alto nivel de desarrollo humano, en el que coexistan la equidad, la libertad de expresión y de diálogo entre ciudadanos y funcionarios. Se sueña con un México en el que el ser humano pueda desarrollar plenamente sus capacidades para que coadyuve en el crecimiento del País en los ámbitos político, económico, social, ambiental y cultural. Sin embargo, los elevados índices de delincuencia, corrupción, narcotráfico; el rezago en la educación y los bajos estándares de empleo han coartado los ideales de la población. Para llegar a ese ideal de ciudadanía, que a veces parece utópica, es necesario desglosar cada una de las deficiencias en el estado de derecho de México y depurar los factores nocivos que deterioran el servicio de las instituciones que procuran el bienestar social. La educación es uno de los ejes principales que debe tener prioridad en la agenda política y ciudadana, es necesario invertir en ella y brindar oportunidades laborales dignas para los egresados que desean participar en el desarrollo productivo de México. “Mientras en México se invierten $2,284 dólares por alumno, tomando en cuenta todos los niveles educativos, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) invierten en promedio $8,169 dólares. El panorama mundial de la educación destaca el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan que tienen entre 15 y 29 años en un total de 7 millones 226 mil. La cifra coloca a México en el tercer lugar por el mayor número de jóvenes inactivos, de los llamados “ninis”, del total, 1 millón 930 mil tienen entre 15 y 19 años, quienes deberían estar en la educación media superior.”1 Pareciera que se vive en un país de paradojas, ya que la delincuencia cada vez está más organizada, la estructura de los cárteles del narcotráfico, entre los que destacan los del Golfo, Pacífico, Tijuana y Juárez, tienen cada vez mayor penetración, no sólo a nivel nacional, sino internacionalmente. El problema del narcotráfico aumenta la inseguridad, se tiene que plantear, analizar y debatir la estrategia para combatir este malestar social; es alarmante tener que llegar a casos,
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como por ejemplo en Ciudad Juárez, donde en los últimos cuatros años se reportaron más de 10 mil decesos por la narcoguerra y 7 mil fallecimientos por otros motivos, por ello han decidido gestionar la ampliación de tres panteones municipales en dicha entidad fronteriza.2 Para construir un México sano se deben conocer cuáles son las inquietudes de los ciudadanos, otorgar oportunidades, crear modelos inspiracionales positivos, detectar los focos rojos entre las comunidades, para que en conjunto con las autoridades se construya una sociedad participativa que coadyuve al crecimiento del País, el cual tiene que guiarse con el crecimiento económico y el incremento en el nivel de producción (pib) y dicho crecimiento tiene que ir de la mano con la educación de calidad, la seguridad y el buen desempeño de las autoridades.
Referencias 1 http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2011/09/21/869739/mexico-invierte-poco-educacion .html, Sección nacional, 21 de septiembre de 2011. 2 http://www.eluniversal.com.mx/notas/849486.html, Sección de estados, 26 de mayo de 2012.
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el principal problema de méxico Gerardo Laveaga
Frente a las indiscutibles ventajas que ofrece México para algunos grupos, la desigualdad económica y social ensombrece el panorama. Si se incluyen entre las variables que definen al País, éste ya no parece uno, sino varios Méxicos. No es el mismo México el de los empresarios que figuran en las listas de Forbes, que el de los grupos indígenas; no es el mismo el de las clases urbanas emergentes que el de las clases rurales que emigran a los Estados Unidos en busca de un horizonte alentador. Estas diferencias producen frustración, resentimiento, marginación, corrupción y delincuencia que, a la larga, impiden que México se convierta en el país pujante con el que sueñan muchos mexicanos. La desigualdad, naturalmente, debe combatirse en los frentes económico, político y social. Ante la asfixiante globalización que se padece, el gobierno del Estado no puede ignorar las asimetrías que produce el libre mercado —del que, el autor es partidario— y, como propuso John Maynard Keynes, debe regular, compensar, equilibrar: “Un capitalismo que sólo se concentra en los beneficios y deja a un lado la democracia y el bienestar de los trabajadores”, escribió Ulrich Beck: “se deslegitima a sí mismo”, tiene razón. Pese a todo lo que queda por hacer —particularmente en los ámbitos de justicia y educación— hay que trabajar en desmantelar los monopolios (públicos, privados y sociales), así como en garantizar que todos los mexicanos pagaran impuesto de manera proporcional a sus ganancias. Resulta imposible aspirar a mejorar los niveles de igualdad mientras una treintena de grupos tenga en su puño a México. Desmantelar estos monopolios (y aquí sólo se habla de los privados) no supone nacionalizarlos, como claman algunos. Las versiones latinoamericanas y centroeuropeas del socialismo prueban, con creces, que estas medidas están destinadas al fracaso. Lo que hay que hacer es articular un agresivo esquema para promover la competencia: para que existan refresqueras, cervecerías, televisoras, compañías telefónicas, productoras de tortillas, farmacéuticas y cementeras que, al competir entre sí, se vean obligadas a generar productos de mayor calidad a menor precio. La competencia es el mejor aliciente de una economía sana, como lo demuestra la historia. Es uno de los detonadores de la civilización, como escribió Niall Ferguson.
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En cuanto a la recaudación fiscal, México sigue siendo uno de los miembros más atrasados de la ocde en este aspecto. Lo peor es que son las mismas leyes las que alientan este fenómeno. Lo que en otros países sería evasión fiscal, aquí es elusión: las tasas de descuento, las exenciones, los inverosímiles amparos que se otorgan y toda una serie de mecanismos legales que no se creerían en países como Noruega o Suecia, hacen que aquellos que más deberían contribuir con el fisco, sean los que menos lo hacen. Por otra parte, el Congreso de la Unión no estimula a las entidades federativas a recaudar más y mejor. Prefieren que la federación distribuya los recursos, lo cual da control al centro, sí, pero también proporciona una excusa para la baja productividad. Esto hay que revertirlo. Guste o no, la recaudación fiscal es un instrumento inapreciable a la hora de promover la equidad y el desarrollo. En este escenario, habría que impulsar un acertado engranaje de transparencia y acceso a la información, para evitar que se desvíen los recursos financieros que se capten en la economía competitiva y la fiscalización eficiente. Fortalecer la maquinaria de rendición de cuentas para que los hospitales, escuelas, tribunales y carreteras que hacen falta (en cantidad y calidad) generen y mantengan una clase media que participe, bien informada, en las decisiones públicas. El asunto no es tan complejo, pero la solución no se dará espontáneamente. Mantenerse a la espera de que algo ocurra para actuar, puede generar un estancamiento que acabe en estallidos sociales o un régimen demagógico donde ricos, pobres y clases medias salgan perdiendo, y éste, decididamente, no es el México que se sueña.
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es posible otra realidad política Iddar de la Parra
Propuesta 1. La ignorancia de la fuerza política El país requiere sentido común en todos sus aspectos. Resulta inconcebible que los ciudadanos elegidos para los puestos de voto popular no tengan capacidad comprobada de estudios y conocimientos necesarios para el puesto que pretenden buscar. Se permite que la ignorancia tome las riendas del país a través del populismo. No es posible que viviendo en una sociedad en la que últimamente todo está basado en especialidades y competitividad, se permita ceder los destinos sólo a la popularidad de los candidatos, sin un previo análisis y evaluación de sus capacidades y conocimientos, no sólo el ser buen político, sino contar con los conocimientos necesarios de administración, economía, historia, etcétera. De otra forma, sólo se seguirá siendo un país de ignorantes, reflejándolo en sus propios gobernantes.
Propuesta 2. El engaño del voto popular No se debe permitir que se utilice el culto a la personalidad para conseguir un voto y no cumplir con su mandato. Se debe exigir que quien sea elegido por voto popular, no podrá abandonar su cargo mientras dure su mandato y menos para ocupar otro puesto que tenga ingresos de contribuyentes, ya sea municipales, estatales o federales, y mucho menos decidir quién lo reemplazará, sino se debe de considerar un desacato al pueblo que le confió su voto, castigándosele penalmente por mentira y engaño.
Propuesta 3. La ceguera frente a la información No es posible que cada candidato busque un plan de desarrollo, teniendo en sus manos toda la tecnología digital para realizarlo, en donde se refleje la infraestructura necesaria, a través
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de estudios de las necesidades socioeconómicas requeridas de acuerdo con las ciudades, municipios y estados; participando las diferentes instituciones educativas y empresas especialistas. De esta manera se tendría una plataforma, que con sólo las variantes, los candidatos o responsables de la administración propongan su modificación, pero de esta forma se tendrá claramente los efectos de cualquier decisión y una gran supervisión. Observando la complejidad del país, en sus diferentes estratos de gobierno desde los municipios, hasta el gobierno estatal y federal, y con apoyo de las instituciones educativas locales y regionales, se hicieran estudios de las necesidades de la infraestructura requerida, de tal manera que se puedan evaluar costos, tiempos y beneficios, y que esto se incluya en un plan de desarrollo regional, estatal y/o federal, de tal forma que no importe cambio de gobierno, el rumbo es definido, además que los presupuestos ya se pueden conocer o tener un estimado, con suficiente anticipación para el manejo de los mismos. En los procesos electorales establecer la llamada segunda vuelta cuando el caso lo amerite, para que cualquier representante popular esté respaldado por el mayor número de personas, así como favorecer la participación ciudadana, ya que esto es necesario para poder hablar de una verdadera democracia. Se requiere también eliminar los puestos denominados plurinominales, ya que no corresponden a una democracia. Que los puestos de elección popular no sean transferibles, ni revocables (a excepción de causa por fuerza mayor) y que estén obligados a terminar los periodos para los que se les eligió, ya que esto exige cumplir con cada una de las obligaciones y compromisos que una elección les encomendó y esto ayude a que no tengan cargos como trampolines para beneficio personal.
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reflexiones con rumbo
el méxico en que se sueña Javier Pérez de Anda
El México que se sueña. ¿Será eso, un sueño? ¿O puede ser una realidad si se lo proponen todos los mexicanos? Un país en el que los hijos y los hijos de éstos puedan ir tranquilamente a sus escuelas, a los parques y campos deportivos sin miedo a ser agredidos. En donde las leyes se cumplan de verdad, y gobernantes y gobernados vivan y trabajen con honestidad. En el cual los ciudadanos se comprometan a votar para elegir a la mejor persona y el mejor programa de gobierno para el bien de todos. Sin la criminalidad que hace de sus sueños pesadillas, que aniquila las esperanzas de la población, trastoca la convivencia civilizada, interrumpe y descompone la buena marcha de las empresas y paraliza las inversiones. En donde se respete por igual a patrones y trabajadores, en donde los empresarios puedan seguir generando fuentes de empleo para que los jóvenes disfruten de las mismas oportunidades y tengan trabajos honestos. En el que los gobernantes protejan en verdad el patrimonio de las familias, en donde la sociedad civil sea más participativa, que luche por ser tomada en cuenta y combatir la apatía y la incertidumbre. En donde la ciudadanía se involucre más en la economía y en la política y se consolide la democracia. En donde se use la tecnología para promover la educación, los negocios y la participación ciudadana; las redes sociales y el internet para conocer, investigar, para observar más el entorno internacional y ser más competitivos. Al repasar los cambios que ha tenido México en los últimos 50 años, se observan muchas razones y criterios que influyeron para que los gobiernos tomaran decisiones y llevaran a cabo esas transformaciones, no obstante, las diversas administraciones se movieron en la contradicción, en algunos casos avalando el proyecto político impulsado por el gobierno en turno, en otras se trató de la suma de distintos componentes de varias administraciones. Pero sin duda, la preocupación esencial era la de tener un mejor México, controlar su crecimiento y vigilar la utilización de los recursos presupuestales para alcanzar el objetivo y único fin: construir el México con el que soñamos. El México en que todos sueñan es sin duda un gran desafío, una elección de vida.
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el méxico en que se sueña Guillermo D. Salas Vargas
El México en que todos sueñan está lleno de paz, oportunidades y bienestar. De hecho, en la historia reciente de México se han visto esfuerzos sobrehumanos por alcanzar estas metas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. En reconocimiento a esos esfuerzos, se enumerán algunos puntos que podrían facilitar la aplicación del talento, esfuerzo y organización que se requieren para alcanzar el México que soñamos lo más pronto posible. • Educación. − Accesibilidad a un más elevado nivel educativo. Garantizar la obligatoriedad de la educación preparatoria mediante la generalización de los incentivos del programa “Oportunidades”. − Mayor duración de ciclos escolares. Elevar las horas y los días de la oferta de educación básica a los estándares de los países del Sudeste Asiático. − Mayor control sobre la calidad de la educación. Condicionar los aumentos salariales de cada maestro a las mejoras en los resultados de sus alumnos en las pruebas estandarizadas internacionales. • Energía. − Fomentar las energías alternativas. Permitir la libre distribución y exportación de energías verdes, pudiéndose inclusive obtener mayores ingresos mediante el cobro por la renta de la infraestructura. − Un subsidio a la gasolina más razonado. Eliminar el subsidio de consumo de gasolina ilimitado, pudiéndose sustituir por la asignación mensual de vales de gasolina subsidiada para cada ciudadano, de modo que la paraestatal pueda vender el consumo excedente de gasolina a precio de mercado. − Alianzas para excavar en aguas profundas. Forjar alianzas con empresas
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reflexiones con rumbo
paraestatales de extracción de hidrocarburos, como Statoil de Noruega o Petrobras de Brasil, para realizar excavaciones en aguas profundas. • Emprendimiento y competencia. − Antimonopolios. Instrumentar medidas antimonopolio en los casos de aquellas compañías privadas o públicas que estén capturando más de 60% del mercado de un recurso estratégico a nivel federal. − Impuesto a la dominancia. Previo estudio sobre su constitucionalidad, cobrar un impuesto especial a las empresas privadas que capturen de 30 a 59% del mercado de un recurso estratégico a nivel federal. − Fomento selectivo a sectores industriales. Asignar un presupuesto considerable para fomentar la ampliación de la red de manufactura de autopartes, aeropartes y aparatos electrónicos de alta gama, mediante la promoción del crédito, las incubadoras y la investigación. • Trabajo. − Empoderar al trabajador. Defender el derecho del trabajador a escoger, crear y renunciar al sindicato de su elección. − Modernizar a los sindicatos. Establecer una agenda para la promoción de la adopción de medidas de transparencia, rendición de cuentas y democracia interna en los sindicatos. • Impuestos. − Impuestos más simples y más progresivos. Simplificar el sistema de recaudación tributaria de impuestos y hacerlo más eficiente y progresivo, mediante la aplicación del gravámen a los contaminantes, un predial más elevado y un iva generalizado. • Redes de seguridad. − Nutrición, educación básica y salud. Garantizar los derechos elementales a nutrición, educación básica y salud, mediante la ampliación de los programas de “Oportunidades” y Seguro Popular, que deberán ser financiados por el iva generalizado.
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• Seguridad. − Involucrar a la ciudadanía. Un primer paso sería realizar un foro de especialistas de países como Colombia, Brasil y los Estados Unidos para progresar en la despenalización gradual de la marihuana, a fin de atenuar los incentivos para el surgimiento constante de grupos de narcotraficantes.
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el méxico en que se sueña Sylvia Sánchez Alcántara
México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual a las mujeres, según estudio publicado por la onu en enero del 2012, 44% de las mexicanas lo han padecido. De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Thomson Reuters publicado hace unos días, México se ubica como el país más peligroso de Latinoamérica para las mujeres, debido a que éstas padecen violencia física y sexual, hay una cultura del machismo y es escaso el acceso a servicios de salud en zonas rurales. Para tener el México en que se sueña, es muy importante erradicar la violencia y abuso contra las mujeres e impulsar su crecimiento personal y profesional. La comunicación y la educación son ingredientes muy importantes, junto con leyes de igualdad que permitan que la mujer tenga las mismas oportunidades reales que los hombres. Si se logran bajar los índices de violencia contra las mujeres, habrá familias funcionales con hijos sanos que desde pequeños aprenderán a respetar y valorar a la familia. Hoy, uno de cada tres hogares es sostenido por una mujer, por el abandono de sus obligaciones por parte del padre, forzando a las madres a sacar adelante solas a los hijos, situación que afecta a la sociedad. En el México en que se sueña, debe haber políticas que promuevan la igualdad de género, la protección contra la violencia y la explotación, así como el acceso a atención médica. En el México en que se sueña sería ideal que todos participaran activamente con tiempo, conocimiento, recursos o lo que haya a la mano para lograr familias funcionales enfocadas a la educación y al sano desarrollo de nuestros hijos que serán las próximas generaciones del País.
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un sueño para méxico Jaime Santos Martín del Campo
Ninguna sociedad es perfecta, como no lo es ningún ser humano. Gracias a este destino de imperfección la evolución es permanente. No es posible, ni deseable, crear una sociedad perfecta, las utopías solamente han traído sufrimiento y miseria humana a través de la historia. Lo deseable y posible es crear un ambiente que permita y estimule la evolución de una sociedad flexible en la que los individuos puedan crecer, crear, relacionarse con equidad y producir en libertad. Es inútil esperar que un líder providencial resolverá los problemas por arte de su personalidad y talento; nunca ha sucedido. Es inútil esperar que las personas en el poder se comporten con integridad ética y política porque son buenas personas. Es necesario envolver su gestión en un marco de incentivos virtuosos y una exigencia de rendición de cuentas ante la sociedad. Es ilusorio esperar que los ciudadanos se comporten con una actitud ética y de progreso a base de leyes y reglamentos. Es necesario crear el ambiente y los incentivos virtuosos que la propicien. Lo que requerimos: • Pacto social. Los mexicanos tienen una mística: construyeron México, se ponen de acuerdo, unifican la diversidad en un consenso mayoritario. Lo esencial es: − Oportunidades de bienestar creciente para todos. − Justicia. − Seguridad. − Equidad. − Nivel mínimo digno en la situación económica personal, mediante el trabajo personal. − Acceso a la salud. − Acceso a la educación.
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reflexiones con rumbo
− Acceso a vivienda digna. − Acceso a la cultura. − Participación ciudadana en la política. − Crecimiento económico sostenible y suficiente para generar oportunidades de trabajo. − Contribución fiscal equitativa generalizada. − Libertad de expresión, de credo, de militancia política. Los ciudadanos llevan y mantienen en el poder a las personas capaces de crear y hacer operar a las instituciones necesarias para impulsar la mejora de su sociedad y alcanzar las metas que se proponen. Poseer los recursos legales y políticos para separarlos de su cargo si no demuestran su competencia con logros concretos. Hay acuerdo en acatar las leyes y en que el gobierno las cumpla y las haga cumplir, en pagar los impuestos que corresponden legalmente. A los legisladores se les exige hacer cambios que mejoren la estructura legal de acuerdo al entorno presente. El Ejecutivo no es providencial ni lo sabe todo, establece las prioridades y las metas; convoca a expertos para definir soluciones y ejecutarlas, tiene la autoridad para hacerlas cumplir, es el responsable de su cumplimiento. Estas metas serán cumplidas cuando se logren crear: • • • • • •
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Ambiente de justicia, tanto en la procuración como en su impartición. Ambiente de seguridad, en la integridad física, moral y patrimonial del individuo. Ambiente que conduzca a la evolución y crecimiento individual. Ambiente político que lleve a la evolución de las estructuras administrativas de educación y capacitación. Ambiente que genere confianza y respeto a las instituciones, a las autoridades y a los mexicanos. Ambiente que estimule el sentido de pertenencia a la comunidad local y a México; que genere la convicción de que estamos creando, entre todos, una sociedad cada vez mejor. Infraestructura física que sirva de impulso a generar trabajo, riqueza y bienestar. Estructura jurídica estimule la inversión productiva privada y al crecimiento económico. Estructura fiscal equitativa que provea al gobierno de los recursos necesarios y es un incentivo para el trabajo productivo y para pagar impuestos. Ambiente de estímulos virtuosos que impulsen a las personas a salir de la pobreza por su propio trabajo, no propiciar un estado de confort en la pobreza con subsidios permanentes. Estructura administrativa que encuentre soluciones a las necesidades básicas de las personas en situación de pobreza.
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Cómo lo estamos logrando: • Las políticas de Estado y las políticas públicas están diseñadas para construir el México que se quiere y alcanzar las metas que se vayan proponiendo. • Instrumentos. − Establecer reglas claras para seleccionar, retribuir, capacitar, evaluar, estimular y separar de su cargo a los funcionarios de todos los niveles. − Dictar reglas claras de transparencia y rendición de cuentas; ante quién y cómo. • Justicia. − Se crean instituciones de procuración e impartición de justicia con suficiente autonomía para decidir y actuar libres de presión de otras entidades de poder, evitar la impunidad y el castigo injusto. • Seguridad. − Se crea un cuerpo policíaco unificado capaz de cumplir con las metas de seguridad. − Se aprende de los países que tienen buenos resultados. − Se origina una infraestructura carcelaria capaz de cumplir su cometido. − Se establece una entidad de inteligencia efectiva. • Evolución y crecimiento individual. − Hay instituciones públicas y privadas que promueven cultura, arte, valores, deporte. − Se han estudiado los modelos exitosos de otros países, lo que ha servido para diseñar los nuestros. − Existen ambientes y eventos que estimulan los encuentros sociales. − Se estimulan las instituciones que promueven el capital de riesgo y la siembra de empresas. − Se promueve la participación política de manera permanente, no solamente en las elecciones.
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• Conocimientos-educación. − Se crea una plataforma digital y analógica que estimula y permite el acceso a los conocimientos de manera libre e individual, mediante el internet, bibliotecas y eventos que estimulen el acceso a la información. − Se diseñan sistemas de educación de alta efectividad y bajo costo. − Se adoptan estilos de autoaprendizaje comprobados. − Se rediseñan la función del maestro, sus condiciones sociales y laborales. − Los padres de familia están al tanto de la evaluación de los maestros de sus hijos. − Se incorpora la educación en el actuar político. • Valores compartidos-ética. − Se crea progresivamente un cuerpo de valores compartidos y sentido ético que en la sociedad se irán adoptando y cambiando según la evolución de la misma y del entorno. • Reglas de convivencia-leyes. − Los legisladores modifican, derogan y crean nuevas leyes que son incentivos para lograr las metas que persigue la sociedad. − Hay predisposición a pagar impuestos fiscales, porque existen incentivos virtuosos. • Información-transparencia y rendición de cuentas. − Se ha logrado que todas las entidades que usan recursos públicos o recursos sociales sigan las normas de transparencia y cumplan con un sistema de rendición de cuentas. Los ciudadanos tienen acceso fácil a esta información, tanto a nivel local como nacional. • Infraestructura física. − El gobierno privilegia la infraestructura que genera empleos al construirse y que sirve como disparador de actividades económicas nuevas en las que participan inversiones e iniciativas privadas. Se calcula el retorno que recibirá el fisco en forma de nuevos impuestos que serán generados por la nueva actividad económica y que hará sustentable esa inversión en infraestructura.
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− La inversión privada recibe un estímulo para participar en la creación de infraestructura. − Existe una nueva situación en el campo que genera inversión privada productiva y rentable en agricultura moderna, productiva e intensiva. Ejemplos como los modelos de Brasil e Israel son estímulo de renovación. • Política y economía. − El gobierno en turno permite el juego libre de la democracia, vigilado y regulado por instituciones independientes. No utiliza recursos públicos para apoyar a partidos o candidatos. − El gobierno no es empresario, no tiene actividades económicas lucrativas. Hay leyes que orientan la explotación de recursos naturales por parte de entidades privadas, de manera que una parte mayoritaria de las ganancias sean para el beneficio general de la sociedad. − Se cuenta con leyes y acciones gubernamentales que mantienen un nivel satisfactorio de competitividad, estimulan la competencia y evitan los monopolios.
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un sueño para méxico Jaime Edelson Tishman
Existen, al menos como eslogans, países que tienen sueños nacionales y el más cercano es el famoso “sueño americano” que más allá del mito es un componente que ha servido a los estadounidenses por más de 200 años. Imán de inmigrantes de todas las latitudes, razas y colores también se ha vuelto tristemente, no sólo el sueño, sino parte de la vida diaria de millones de mexicanos que han dejado su tierra y a sus familias en pos de ese sueño, que les permita trabajar. El difunto Chava Flores, gran cronista de la Ciudad de México, nos relata de esta forma el “sueño Mexicano” de hace tres décadas: ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿A hacerte rico en loterías con un millón? Mejor trabaja, ya levántate temprano; con sueños verdes solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños de opio no conviene ni soñar: sueñas un hada … y ya no debes nada, tu casa está pagada, ya no hay que trabajar, Ya está salvada la Copa en la Olimpiada, ¡soñar no cuesta nada … que ganas de soñar! ¡Ah! … Pero eso sí … mañana sí que lo hago, pero eso sí … mañana voy a ir, pero eso sí … mañana sí te pago … ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Que faltan niños pa´ poblar este lugar, sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar.
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sigue soñando que el pri ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar… Chava Flores murió en 1987, y no tuvo oportunidad de ver lo que en su tiempo parecía imposible, ver al pri caerse de los zancos en el 2000. Hoy, el pri trata de ponerse de pie, ya se verá si lo logra y si los 12 años de castigo le dan para haber adquirido de menos unos gramos de humildad. Las preguntas obligadas serían: ¿se pueden vivir sueños ajenos? y si es así, ¿por qué hay que ir a soñar al otro lado del río Bravo? ¿Qué pasa en México que la desesperanza ya no da para soñar?, o ¿qué pasó en el camino a la realidad que nuestros sueños de niños se han ido convirtiendo en pesadillas? Son muchos los que piensan que el único fracaso real es la mediocridad. Cuántos años ha perdido México aceptando gobiernos mediocres, son tantos, que el deterioro y la palabra crisis se han vuelto componentes de la vida nacional. Este es precisamente el caso de la próxima elección. Los cuatro candidatos son dignos representantes de sus respectivos partidos, pero lejos están de representar a México. México está lleno de gente buena, de gente trabajadora, las universidades producen grandes profesionistas. La juventud está llena de fuerza, de ideas, de esfuerzo, dedicación y disciplina, y sólo se aprovecha para apoyar a un partido o atacar a otro. De los más de 100 millones de personas que hay en el territorio nacional, son sólo unos cuantos los que componen el crimen organizado y tienen a México de cabeza en su afán por acumular riqueza y poder, pero ¿no es acaso lo mismo que hacen los políticos de hoy? Hace un par de días se llevó a cabo el segundo debate presidencial y solo sirvió para confirmar cuán mediocres son los cuatro candidatos; sirvió para exhibir que ninguna de las alternativas es menos mala que las otras tres. Promesas de premios y regalos a cambio de votos, proyectos incosteables. Los cuatro con colas enormes que pisar y donde lo único real son las componendas y los negocios que ya prometieron en lo oscuro y que es lo que les permitió llegar allí. Tan faltos de cultura, tan miopes de la realidad que viven los comunes y los corrientes. Falsos Mesías, títeres de terceros, oportunistas del reflector, merolícos de guiones prefabricados, inventores de la aritmética ficción, adictos con síndrome de abstinencia al poder, estafadores que tratan de vendernos el futuro, que por cierto ya es nuestro, a 72 meses sin intereses, cuando si de algo están llenos sus planes, es precisamente de eso, de intereses; lástima que sólo sean de índole personal. México quizá sienta pena que a partir del próximo 1 de diciembre del 2012, sea uno de ellos quien lo represente. México no se lo merece, el pueblo de México tampoco.
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semblanzas A continuación las semblanzas de quienes participaron con su entusiasmo en el foro “El México que todos soñamos. Reflexiones con rumbo”, así como con sus textos para la realización de esta Memoria que manifiesta el compromiso que todos debemos tener para lograr un mejor destino de México.
Agustín Acosta Azcón
Javier Álvarez Magaña
Licenciado en derecho con mención especial por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en relaciones internacionales. Abogado litigante, además del ejercicio profesional de su carrera, ha desempeñado diversos cargos en el sector público.
Investigador y asesor en la Cámara de Diputados.
J. Alberto Aguilar Iñárritu Político y escritor mexicano. Economista por la Universidad Autónoma de México (UNAM), con estudios en planeación urbana y regional, derecho, ciencia política y administración pública. Con una amplia carrera en el sector público federal, estatal y a nivel de organismos internacionales ha sido diputado federal por el estado de Baja California Sur. Especialista en desarrollo político y política internacional. Se ha desempeñado como presidente de la Comisión de Reforma del Estado de la Cámara de Diputados, secretario técnico de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión. Actualmente es coordinador técnico de la Comisión de Reforma del Estado de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).
Fabián Aguinaco Bravo Abogado postulante en defensa de los derechos humanos. Profesor del ITAM y ex presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A. C. (BMA). Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y especialista en amparo y en derecho constitucional.
Eduardo Andrade Iturribarria Presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eléctrica. Director de IBERDROLA México. Ingeniero civil, egresado de la UNAM; especializado en administración de proyectos y finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM) y en proyectos de inversión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Lilia Aragón Actriz de educación universitaria, egresada de Bellas Artes, ha sido presidente de la Asociación Nacional de Interpretes (ANDI), secretaria general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y diputada federal.
Filemón Arcos Suárez Músico profesional; director del grupo musical “Los Joao”; vicepresidente de la Sociedad de Gestión Colectiva “EJE, Ejecutantes”; secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana (SNTMRM); subsecretario de organización y propaganda de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), consejero del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por la CTM; consejero político nacional del PRI, y diputado federal.
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Juan-Pablo Arroyo Ortiz
Rafael Bracamontes Cosío
Licenciado en economía y profesor titular desde 1971 en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual es egresado. Fue director y presidente del Colegio Nacional de Economistas A.C. Su área de especialización son las teorías aplicadas.
Funcionario por más de 45 años en el sector público en diversas áreas de comunicación social (Instituto Mexicano de la Radio [IMER], NOTIMEX, RTC). Egresado del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM; licenciado en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestría en educación en Temple University, EE. UU.
Edith Ávila Escritora y periodista mexicana. Especialista en derechos humanos y multiculturalismo.
Manuel Barclay Galindo Gerente general del Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda. Es arquitecto por la Universidad Veracruzana y maestro por la Universidad de Londres. Ha sido también director general de Ordenamiento Urbano y Regional en Veracruz.
José Eduardo Beltrán Hernández Ingeniero petrolero y licenciado en ciencias políticas y administración pública. Fue jefe de la Unidad Académica y profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También se desempeñó como secretario general de gobierno del estado de Tabasco y como diputado federal y presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, Artes Tecnología y Humanidades, A. C. Es autor del libro Petróleo y desarrollo.
Roberto Borja Ochoa Director general de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Coordinador del libro Formando profesionales técnicos en México: CONALEP una propuesta al futuro. Con una vasta experiencia en análisis y prospectiva del desarrollo social y cultural, en la que cabe destacar su libro México, un Estado de espaldas a la Nación.
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Néstor de Buen Lozano Doctor en derecho. Especialista en derecho laboral. Profesor emérito de la UNAM. Por su destacada trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos, la Encomienda de la Orden del Mérito Civil por Su Majestad don Juan Carlos I, Rey de España, en 1997, y el Premio Nacional de Jurisprudencia por la Barra Mexicana Colegio de Abogados BMA en 2005.
Ángel Augusto Buendía Tirado Licenciado en economía por la UNAM. Especializado en desarrollo regional en diversos proyectos del Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ha sido presidente del Colegio Nacional de Economistas; presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios, presidente fundador de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y coordinador general de Desarrollo Regional de Banobras. También fue secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. Ha ocupado diversas carteras en Tabasco durante las administraciones de Leandro Rovirosa, Enrique González Pedrero y Roberto Madrazo. Diputado federal en varias ocasiones. Actualmente es consultor en DECIDE Soluciones Estratégicas.
Eduardo Bueno León Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Sociólogo y politólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Actualmente es profesor en varias universidades.
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Francisco Burgoa Perea Profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM y de argumentación jurídica en el posgrado de derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM. Es licenciado, maestro y doctor en derecho por la UNAM.
Edgardo Buscaglia Especialista en el tema de seguridad, se desempeña actualmente como presidente del Instituto de Acción Ciudadana; como director del International Law and Economic Development Center, profesor invitado de la UNAM y como investigador principal en derecho y economía en la Universidad de Columbia University, EE. UU.
Juan-Pablo Calderón Patiño Asesor en la coordinación del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Egresado de relaciones internacionales por la Universidad Iberoamericana UIA y maestro en relaciones internacionales por el Colegio de Veracruz. Cuenta con estudios de maestría en El Colegio de Veracruz. Profesor del Instituto de Administración Pública del estado de Veracruz.
Manuel Camacho Solís Político mexicano. Asesor del Gobierno de la Ciudad de México. Es licenciado en economía, egresado de la UNAM. Ha sido canciller, regente de la Ciudad de México, diputado federal. Actualmente es senador.
Jesús Alberto Cano Vélez Diputado por el estado de Sonora. Licenciado en economía. Miembro del Colegio Nacional de Economistas. Profesor y autor de los libros: Banca pública y financiamiento del desarrollo: retos y perspectivas y El derecho a la alimentación de los trabajadores.
Alejandro Capdevielle Flores Licenciado en derecho por la UNAM. Ha sido secretario técnico del secretario de Gobernación, así como asesor del consejo directivo de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT). Vicepresidente y presidente de la Asociación de Editores de Periódicos Diarios y Revistas de la República Mexicana y del Consejo de la Comunicación. Actualmente es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados BMA; sigue establecido desde hace más de 25 años en el Bufete Jurídico Capín, Capdevielle y Asociados, S.C.
José Carreño Figueres Analista político y comentarista sobre política en México y los Estados Unidos, así como sobre las relaciones bilaterales. Corresponsal de medios mexicanos en Washington por 23 años, actualmente es investigador invitado del Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte (CEDAN) del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM (Campus México).
Gustavo Carvajal Moreno Presidente adjunto de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL). Ha sido presidente nacional del PRI, secretario de la Reforma Agraria, director de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), diputado federal en varias ocasiones y senador.
Verónica del Castillo Conductora y corresponsal de la Cadena Univisión. Es licenciada en ciencias de la información egresada de la Universidad Nuevo Mundo. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo por la cobertura en equipo del Casino Royale (2012).
Raúl Cervantes Andrade Político y abogado mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional PRI. Es doctor en derecho por la Universidad Panamericana. Ha sido electo diputado federal por representación proporcional en dos ocasiones, actualmente es senador.
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Lorenzo Córdova Vianello
Josué Escobedo Camilli
Consejero del Instituto Federal Electoral (IFE). Es licenciado en derecho por la UNAM y doctor de investigación en teoría política por la Universidad de Turín, Università degli Studi di Torino, Italia. Ha sido además profesor e investigador en la UNAM y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Estudió filosofía en la UNAM. Ha contribuido en diversas traducciones y seminarios de esa facultad y del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Miembro del PRI, con una importante labor en la formación ideológica de las organizaciones juveniles de esa organización política.
Gabino Cué Monteagudo Gobernador constitucional del estado de Oaxaca. Fue alcalde y senador. Es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM y maestro en dirección económica-financiera, por la Universidad Complutense de Madrid, España.
Mauricio Farah Secretario ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Es licenciado en derecho por la UNAM y maestro en política y gobierno, por la Universidad de Essex, University of Essex, Inglaterra. Inglaterra.
Eduardo Luis Feher Jorge Chávez Presa Consultor especializado en temas de finanzas públicas, presupuesto y energía. Es maestro y doctor por The Ohio State University, EE. UU. Ha sido secretario general de la Fundación Colosio A.C. y diputado federal.
Sami David David Político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional PRI. Es licenciado en ciencias políticas y administración pública por la UNAM. Ha sido senador y diputado federal en varias ocasiones.
Roberto Escalante Semerena Director de la Facultad de Economía de la UNAM. Licenciado por la UNAM, maestro por la University College London, Londres, doctorado en Wye College, y posdoctorado por la University of Cambridge, Londres. Especialista en economía agrícola y estructura agraria.
Luis Escobar Aubert Doctor en derecho, especialista y analista de temas de seguridad nacional. Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y del ITESM. Ha trabajado en el área de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación.
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Escritor, ensayista, autor de varias decenas de libros y colaborador de varios medios de comunicación. Doctor en derecho social. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actual presidente del tribunal universitario de la UNAM.
Otilio Flores Corrales Profesor e investigador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Licenciado y doctor en ciencia política, maestro en filosofía.
Jorge Flores Kelly Escritor y consultor en estrategia y organización. Licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en economía financiera y de negocios de la Universidad de Essex, Inglaterra University of Essex, Inglaterra. Ha sido consultor en Arthur D. Little y es socio director en Aporta Consultoría Estratégica. Autor del libro México piensa.
Patricio Flores Sandoval Dirigente del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (SITATYR). Ha sido profesor normalista y diputado federal por el estado de Jalisco. Es además, secretario de comunicación del CEN de la CTM y consejero nacional del PRI.
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Carlos Flores Rico Diputado federal por Tamaulipas. Vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI y presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Es licenciado en sociología, especialista en comunicación política y desarrollo social y miembro del Partido Revolucionario Institucional PRI desde 1973, donde ha desempeñado diversos cargos a nivel estatal y nacional. Es secretario general del movimiento territorial del PRI. Ha sido diputado federal en varias ocasiones y presidente del grupo de amistad México-Francia.
Vladimir Galeana Conductor del noticiario "Al instante" en Radio Capital. Es licenciado en derecho por la UNAM. Ha sido galardonado por la Asociación Nacional de Locutores y también obtuvo el Premio México de Periodismo en 2011.
Jorge García Córdova Licenciado en ciencias y técnicas de la comunicación por la Universidad Veracruzana. Fue asesor de la Coordinación de Asesores del secretario de Gobernación y del director de Caminos y Puentes Federales. Asimismo, fungió como coordinador de Vinculación y Difusión de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, consejero para Asuntos Internacionales del presidente de la Cámara de Diputados y asesor del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y del presidente de la Comisión para la Reforma del Estado. Actualmente es asesor de la Comisión de la Reforma del Estado de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Eliana García Laguna
Senador y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal. Estudió la licenciatura en contaduría pública en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, así como una maestría en planeación y desarrollo turístico en la Universidad de Surrey, Inglaterra University of Surrey, Inglaterra.
Es una reconocida activista en favor de los derechos humanos y la seguridad ciudadana. Secretaria técnica de la coordinación política del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República. Fue prisionera de conciencia reconocida por Amnistía Internacional de 1983 a 1985. Ha sido diputada. Actualmente promueve la legislación secundaria en derechos humanos, controles democráticos a las fuerzas armadas y la policía federal, así como los derechos de las víctimas de la violencia.
Adrián Gallardo Landeros
Araceli García Rico
Ramón Galindo Noriega
Licenciado en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido asesor económico de la presidencia de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados y presidente de la sección juvenil de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL). Actualmente ocupa la Vicepresidencia de Asuntos Educativos y Sociales de la Fundación Colosio A. C.
Alberto García Aragón Fue oficial mayor del gobierno de Zacatecas; contralor general en el Banco Nacional de Crédito Ejidal y en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas y en Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública. Tuvo un papel importante en la creación del Instituto Político Nacional de Contadores y, en general, una carrera destacada en el PRI. Durante más de 20 años fue vicepresidente de operaciones de Grupo Siete.
Dirigente nacional de mujeres de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Es licenciada en derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Especialista en derecho administrativo y estudios de género.
Carlos Enrique García Sauceda Maestro en filosofía y lógica, ingeniero químico de origen, especialista en logística y organización electoral. Ha sido fundador y presidente del Comité Ejecutivo Nacional CEN de la Agrupación Política Nacional “Organización México Nuevo”. Consejero político nacional, subsecretario de organización, coordinador nacional operativo electoral y coordinador nacional de programas de innovación del PRI. Actualmente es CEO de HTK, Heurística Aplicada, y consultor internacional en materia electoral y responsable en varias elecciones presidenciales en América Latina.
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reflexiones con rumbo
Diva Hadamira Gastélum Bajo Senadora y miembro activo del Partido Revolucionario Institucional PRI desde 1979. Dirigente del organismo de mujeres del PRI. Es licenciada en derecho y maestra en derecho social y familiar por la Universidad de Occidente de Guasave, Sinaloa. Ha sido diputada federal en varias ocasiones.
José Fernando González Sánchez Subsecretario de Educación Básica. Fue diputado federal. Es licenciado en derecho por la Universidad Tecnológica de México; maestro en tecnologías y comunicación educativa y doctor en ciencias políticas por la Universidad Iberoamericana UIA.
Elba Esther Gordillo David Gaxiola Asesor del Instituto Electoral del Distrito Federal. Licenciado en ciencias políticas por la UNAM. Ha trabajado en el Gobierno del Distrito Federal y también ha sido asesor en la Cámara de Diputados. Especialista en comunicación política.
Política y sindicalista, presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cargo que ejerce desde 1989. Ha sido secretaria general de la CNOP; senadora y diputada federal; secretaria general del PRI, además de fundadora del Partido Nueva Alianza (PANAL).
Luis Rodrigo Genel Castañeda
Alicia Gray
Presidente de administración del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF); licenciado en administración financiera egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM.
José Luis Genel García Consultor financiero, director asociado en Enlace de Servicios Especializados, S. C. Egresado de la University of Chicago, EE. UU. y de la UNAM. Experto en alta dirección en administración de recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos, con una amplia carrera en el sector público.
Carlos Alberto González Asesor en el Senado de la República.
Luis Armando González Placencia Investigador miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Actualmente presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Doctor en ciencias penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), y Master in Law (Ll.M.), con especialidad en sociología del derecho, con distinción Magna Cum Laude Aprobatur, en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica con sede en Oñati, España. Es también licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Reconocida cirujana plástica. Certificada por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C.
Juan N. Guerra Ochoa Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Estado de Sinaloa. Ha sido diputado federal en tres ocasiones, además de director jurídico y de gobierno del Distrito Federal y delegado en Milpa Alta. Es licenciado en derecho, doctor en psicoterapia.
Ángela María Guerrero Alcántara Integrante del Programa de Derecho a la Salud de la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en donde realizó, en 2010, el informe “Identificación de las estrategias de la industria tabacalera en México”. Es la responsable técnica del proyecto: “Análisis de la política de drogas en México”.
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez Empresario y asesor jurídico del Senado. Ha sido senador y diputado federal por el estado de Coahuila en dos ocasiones, además de senador, en donde se desempeñó como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta.
semblanzas
Edilberto Huesca
Ángel Martín Junquera Sepúlveda
Egresado de la licenciatura en derecho de la UNAM, con especialidad de publicidad y mercadotecnia en la Escuela Técnica de Publicidad. Presidente y fundador de la Sociedad Mexicana de Radio (SOMER) que luego sería CIMA-SOMER, Presidente de la Asociación de Radiodifusores del Distrito Federal. Actualmente es director general asociado del Núcleo Radio Mil.
Licenciado en derecho, egresado de la Universidad La Salle, con estudios de postgrado en Filosofía y Derecho Económico. Director de las revistas El mundo del abogado y Voy y vengo, coautor del libro Entre abogados te veas, así como editorialista de programas de radio y diversos periódicos. Es director del despacho Junquera y Forcada, entre otras empresas y consultorías.
Francisco Ibarra López Contador público por la UNAM. Ha ocupado todos los puestos directivos y de comisiones de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Actualmente es presidente de Grupo ACIR.
César Jáuregui Robles Consejero de la Judicatura Federal. Egresado de la Facultad de Derecho del Instituto Tecnológico de Monterrey, además de maestro en derecho corporativo y empresarial. Ha sido también diputado y senador por el Estado de Chihuahua.
Lucio G. Lastra Escudero Médico cirujano por la UNAM, Especialista en pediatría médica por el Instituto Nacional de Pediatría. Se ha desempeñado como director del Hospital del Niño de Tabasco; secretario de salud de Tabasco; delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz; director regional del IMSS de occidente. Actualmente es consultor sobre seguridad social y salud y es miembro de instituciones académicas nacionales e internacionales.
Gerardo Laveaga Político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional PRI. Ha sido tres veces diputado federal y dos veces senador por el estado de San Luis Potosí. Presidente de la Comisión de Asia-Pacífico en la Cámara de Senadores. Fue secretario general de la CNOP del PRI, Representante del Congreso de la Unión ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y presidente del Grupo Latinoamericano y del Caribe de la Unión Interparlamentaria (UIP).
Egresado de la Escuela Libre de Derecho. Se ha desempeñado como director general de Relaciones Institucionales (DDF); director general del Ministerio Público en lo Familiar y Civil (PGJDF); director general de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (PGR); director general de Prevención del Delito (PGJDF); director general de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); actualmente es consejero del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI).
Rogelio Jiménez Pons
Mateo Lejarza Leo
Especialista en proyectos de planeación territorial y urbanismo. Arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Urbanista premiado internacionalmente por Tabasco 2000 y autor del plan "50 Ciudades para un México sustentable". En el ámbito de la arquitectura, ha realizado diversas obras como hoteles de categoría especial (Quinta Real, Villahermosa) y tipo business; edificios de oficinas; centros comerciales; conjuntos de vivienda; restauración de edificios patrimoniales e históricos; ha sido funcionario federal y estatal; con su empresa se dedica a distintas áreas del diseño: tanto urbano, arquitectónico, gráfico, editorial y de interiores.
Vicepresidente y fundador del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales y de Convergencia Digital A.C. Ingeniero en comunicaciones y electrónica en la especialidad de acústica, por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana hasta 2010. Consejero representante de la Sociedad Civil en el Consejo Económico y Social del DF.
Carlos Jiménez Macías
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reflexiones con rumbo
Fernando Llanos Miembro del Sistema Nacional de Creadores, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes desde 2010. Estudió la licenciatura en artes plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” con especialización en video.
Everardo López Castro Ingeniero civil, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Contratista en el ramo de Obras y Operaciones Marítimas, participando en diferentes proyectos de infraestructura, operaciones y salvamento marítimo en los principales puertos y costas mexicanas. Desarrolla proyectos y procedimientos constructivos autosustentables, de protección y conservación del medio ambiente.
Víctor Alfonso Maldonado Licenciado en derecho, doctor en ciencias económicas de la Universidad de París, Francia. Premio Plaza y Janés (México) por su novela La noche de san Bernabé, (traducida al francés y al italiano). Finalista al premio Espejo de España por Las tierras ajenas. Autor, entre otros, de De ballenas y de hombres, publicado recientemente por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Premio de periodismo Pagés Llergo. Dos veces diputado, es autor del proyecto de Ley contra la tortura y de la Ley de protección a los animales. Su último puesto en el gobierno federal fue el de delegado de turismo para España y Portugal. Hasta 2009, fungió como secretario técnico-científico del Instituto Italo Latino Americano (IILA) de Roma. Condecorado con la Orden de Les Palmes Académiques de Francia con grado de Officier.
Mauricio de María y Campos Mauricio López Velázquez Presidente de la Fundación Colosio en el Distrito Federal y secretario técnico de la comisión política nacional del PRI. Es licenciado en economía por la UNAM. Ha sido diputado de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
Director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana UIA. Licenciado en economía por la UNAM y maestro en desarrollo económico por la Universidad de University of Sussex, Inglaterra. Ha sido embajador en Sudáfrica y secretario de desarrollo económico en el Gobierno Federal.
Enrique de la Madrid Cordero Es licenciado en derecho por la UNAM y maestro en administración pública por la Universidad de Harvard University, EE. UU. Ha sido director ejecutivo de relaciones institucionales y comunicación corporativa para HSBC México y América Latina, director general de Financiera Rural, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), diputado federal y coordinador general técnico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Actualmente forma parte del equipo de transición gubernamental del Presidente electo.
Gonzalo Martínez Corbalá Presidente del Consejo Mundial por la Paz. Ha sido diputado federal, senador, embajador en varios países y gobernador de San Luis Potosí, además de presidente del PRI en el Distrito Federal. Es ingeniero civil egresado de la UNAM, especialista en petróleo y energía sustentable.
Susana Martínez de la Borbolla Directora de relaciones públicas en información en Contraste. Licenciada en administración de empresas por la Universidad Anáhuac.
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José Luis Medina Aguiar Fue senador por el PRI del estado de Nayarit. Con una amplia carrera en el servicio público, es licenciado en economía. Ha sido presidente de la Fundación Colosio de su estado; ha colaborado en el diseño de planes de desarrollo regional, además de ser investigador y profesor universitario. Actualmente es consultor en estrategias de desarrollo como presidente de Decide Soluciones Estratégicas S.C.
Azucena Meza Maestra en políticas públicas y administración en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, licenciada en derecho por la misma universidad. Dirigente juvenil en el PRI, especialidad en derecho parlamentario y derechos humanos.
Ignacio Morales Lechuga Abogado y político. Se ha desempeñado como procurador general de la República y embajador de México en Francia. Ha sido además, rector de la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal.
Porfirio Muñoz Ledo Político mexicano. En la administración pública, ha sido secretario del Trabajo y de Educación, así como embajador ante la ONU y la Unión Europea. Fue fundador, y más tarde, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Tres veces electo legislador, ha sido presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Columnista y autor de diferentes libros, el más reciente: La vía radical para refundar la República.
Leopoldo Michel Díaz Ministro del Servicio Exterior Mexicano. Licenciado en relaciones internacionales por El Colegio de México y maestro en ciencia política por The New School for Social Research, de Nueva York, EE. UU. En el Servicio Exterior Mexicano, al que pertenece desde 1984, ha estado asignado en la embajada de México en China, en el consulado general de México en Nueva York, en la misión de México ante la Unión Europea, en la embajada de México en Hungría y en el consulado general de México en Fráncfort. Además en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha sido director general de enlace político, entre otros cargos.
Esteban Moctezuma Barragán Presidente ejecutivo de Fundación Azteca. Es licenciado en economía por la UNAM y maestro en política económica por la University of Cambridge, Inglaterra. Diplomado en desarrollo regional en Tokio, Japón. Ha sido senador, secretario de Gobernación y de Desarrollo Social, así como oficial mayor y subsecretario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Alberto Montoya Martín del Campo Catedrático e investigador de la Universidad Iberoamericana UIA. Egresado de la carrera de comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y maestro en comunicación y Cambio social por la Universidad de Stanford University, EE. UU.
Héctor Murillo Cruz Periodista y comunicador. Es licenciado en sociología por la Universidad Iberoamericana UIA. Ha sido director de Radio Educación y de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1997.
Casio Carlos Narváez Lidolf Abogado litigante egresado de la UNAM, ha sido socio fundador y director general de Consultores Jurídicos; asesor jurídico de diversos grupos de radio en el país, así como de la Organización Radio Centro y del Canal 13. Socio fundador y vicepresidente de Radiorama; fue presidente del consejo directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).
Emilio Nassar Rodríguez Fue presidente del consejo de autorregulación de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).
Jorge Eduardo Navarrete López Economista y diplomático mexicano, ha sido embajador en diversos países y misiones mexicanas. Investigador de la UNAM y del Centro de Investigaciones México–China. Además de subsecretario de Energía.
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reflexiones con rumbo
José Gabriel Neira Sosa
Iddar de la Parra Vargas
Es licenciado en derecho, con especialidad en administración del trabajo y la previsión social por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Se ha desempeñado como delegado federal del trabajo en el Estado de México. Subprocurador regional en Tejupilco y subprocurador y fiscal regional en Texcoco y es académico de número de la Academia Mexiquense de Jurisprudencia. Actualmente es director general de enlace interinstitucional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Empresario hotelero muy importante en el ramo. Director general de Vida nuez S.A. de C.V. Egresado de la Universidad de California.
Gonzalo Núñez González
Carlos Sergio Peláez de la Huerta
Especialista en economía regional y asesor de la Presidencia. Es doctor en economía. Ha sido gerente general y vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas. Actualmente trabaja en una propuesta para estimular la reindustrialización del país y generar empleos.
Consultor en Decide Soluciones Estratégicas S.C. Licenciado en economía y diplomado en planeación presupuestal por el ITAM, y evaluación de proyectos. Ha sido investigador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Martín Olavarrieta Vicepresidente de la Fundación Cultural Baur. Es licenciado en derecho. Ha sido diputado local en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y candidato del PRI a jefe delegacional de Miguel Hidalgo.
Porfirio Patiño Juárez Productor y jefe de la oficina de Univisión en México. Ha obtenido el Premio Internacional de Periodismo a la dirección y producción de programas informativos en lengua española.
Javier Pérez de Anda Egresado de economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM. Fue controlador general de las empresas de Organización Radio Centro, Fundador y presidente de Radiorama. Ha sido vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, auditor propietario y vicepresidente y presidente de la CIRT; vicepresidente del Consejo Nacional de la Publicidad.
Ignacio Otero Muñoz Coautor con el doctor Miguel Ángel Ortíz Bahena, del libro: La propiedad intelectual. Simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial. El caso de México. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido director del Registro Publico del Instituto Nacional de Derechos de Autor, además de fundador de la Revista Mexicana del Derecho de Autor.
Carlos Padilla Becerra Secretario técnico de la comisión de vigilancia del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Es licenciado en derecho por la Universidad Veracruzana. Además es miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano (COM), donde ha tenido importantes comisiones como jefe de misión en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012.
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Alfredo Phillips Olmedo Economista por la Universidad de Londres; estudios de posgrado en The George Washington University, EE. UU.; diputado federal; director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional; subdirector de asuntos internacionales del Banco de México; asesor asuntos monetarios internacionales del Secretario de Hacienda y C.P.; director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, embajador en Canadá y Japón; subsecretario de desarrollo social (vivienda); director general de Infonavit. Fundador y director gerente del Banco de Desarrollo de América del Norte. Actualmente, vicepresidente del Patronato del Museo Dolores Olmedo y consultor. Condecorado por Brasil, Perú, Venezuela y Francia. Miembro del PRI desde 1961; miembro del Consejo Político Nacional y coordinador general del CEN del PRI.
semblanzas
Maribel Portela
Fluvio César Ruíz Alarcón
Estudió la licenciatura en artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Como reconocimiento a su trabajo ha recibido los premios de la galería del Auditorio Nacional (1987) y del Museo José Luis Cuevas (1998). Su trabajo se exhibe en múltiples foros nacionales, latinoamericanos, estadounidenses y europeos con un amplio reconocimiento.
Consejero profesional del consejo de administración de PEMEX. Ha sido asesor de políticas energéticas de la Cámara de Diputados. Además de desempeñarse como catedrático en la UNAM, Es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM, cuenta con una maestría en ingeniería de exploración petrolera de la misma institución; maestría en economía en energía en la Universidad Pierre Mendes-France de Grenoble, Francia Pierre-Mendès-France University, Francia y doctorado en economía del petróleo por la La Sorbonne, Francia.
Édgar Rangel Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ingeniero petrolero por la UNAM, y doctor en ingeniería petrolera por la Universidad de Stanford University, EE. UU. Es miembro del Colegio de Ingenieros Petroleros de México y de la Society of Petroleum Engineers, además de profesor en la UNAM.
Gabriel Reyes Orona Es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Presidente de Transparencia Nacional A.C., y socio y director de RGPA. Ha sido procurador Fiscal de la Federación, miembro de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas.
Sergio Ricaño Pintor mexicano que ha obtenido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, como la selección en el Festival Internacional del video “Las ciudades al final del milenio” en Berlín, Alemania; y una beca del gobierno de Luxemburgo.
Mireille Roccatti Especialista en derechos humanos. Doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Ha sido presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fiscal para los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Gonzalo Rodríguez Ramírez Licenciado en derecho por el International Collegue for Experience Learning. Actualmente es asesor jurídico en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal y consejero del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México.
Guillermo Salas Vargas Es licenciado en relaciones internacionales por el Colegio de México, con maestría en administración de empresas en Dartmouth College, Hahover New Hampshire EE. UU., y alta dirección de empresas en el IPADE, México D.F. Es vicepresidente ejecutivo del Núcleo Radio Mil, fue además vicepresidente del consejo directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión.
Sylvia Sánchez Alcántara Publicista y activista, portadora de la antorcha en Londres 2012 (uno de los siete mexicanos representando a México).
F. Javier Sánchez Campuzano Empresario mexicano fundador y presidente de Grupo Siete. Es licenciado en relaciones internacionales, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con estudios de maestría y doctorado por la misma institución. Ha sido catedrático, fundador y presidente de la Asociación de Radiodifusores de Frecuencia Modulada de la República Mexicana, y de la Asociación de Radiodifusores del Distrito Federal (ARDF). Miembro de la Radio Advertising Bureau (RAB), presidente de la International Advertising Association (IAA); miembro del Instituto Mexicano de Estudios Publicitarios, International Comunication Institute (ICI). Presidente del Consejo Nacional de la Publicidad, diputado federal por el PRI y presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT). Actualmente ocupa el cargo de presidente del Consejo de Autorregulación de la CIRT.
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reflexiones con rumbo
Raúl Sánchez Kobashi Contador público egresado de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM, con posgrados en alta dirección, seguros, auditoría y finanzas. Ha desempeñado cargos de gran relevancia en el sector fiscal como presidente del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y administrador general de auditoría fiscal federal, entre otros; director general de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y la Malta, y consejero de diversas empresas públicas y privadas.
Adalberto Santana Director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM. Estudió la licenciatura, maestría y doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Es además, investigador del SNI.
César Augusto Santiago Político mexicano, doctor en derecho por Harvard, adjunto del doctor Alfonso García Robles en materia de desarme, miembro del Partido Revolucionario Institucional PRI, ha sido en varias ocasiones diputado federal y ha ocupado numerosos cargos en la estructura de su partido, en particular, en materia de acción electoral. Actualmente es presidente de la Fundación Alternativa APN.
Javier Sepúlveda Es doctor en derecho constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Actualmente es el director general del Centro Nacional de Derechos Humanos. De igual forma, fungió como director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, así como director general de asuntos jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue consultor jurídico legislativo del Senado de la República y abogado litigante.
Erika Elizabeth Spezia Maldonado Colaboradora en Grupo Siete. Es licenciada en derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha sido diputada federal, Cónsul de México en Filadelfia, EE. UU. Asesora del Ayuntamiento de Oaxaca, y directora fundadora del Centro de Planeación Estratégica del Municipio de Oaxaca de Juárez. Fue además presidenta estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla.
Marco Antonio Torres Hernández Ingeniero químico por la Universidad Veracruzana. Ha laborado en PEMEX, CFE, Cía. Nestlé, Serviteck del Sureste. Ha sido diputado federal y director de gobernación. Actualmente es coordinador de asesores de la Subsecretaría del Gobierno del estado de Veracruz.
Lázaro Santillán Licenciado en economía por el ITAM. Miembro del grupo de especialistas de Cambio Climático del IWA.
Jaime Santos Martín del Campo Trabajó en la industria farmacéutica en el área comercial durante 40 años. Actualmente es fotógrafo y su trabajo se ha exhibido en exposiciones individuales y colectivas.
Sergio Tovar Alvarado Secretario técnico de la comisión parlamentaria mixta México–Unión Europea. Ha sido diplomático en Cuba, Hungría y Reino Unido.
Jaime Edelson Tishman Cirujano dentista. Ha sido director de la Asociación Dental Mexicana, Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas A. C. (ADM).
Hilda Santos Padrón Doctora en medicina; directora general del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). Entre los cargos que ha desempeñado, destaca el de secretaria de salud en esa entidad federativa.
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César Turrent Fernández Director general del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Chapingo. Además, cursó una maestría y un doctorado en ciencias agrícolas en París, Francia.
semblanzas
Hugo Vadillo Zurita Secretario técnico de la Confederación Parlamentaria de las Américas, Senado de la República, ha sido secretario técnico de la presidencia del Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) y presidente de la Organización México Migrante, actualmente es delegado del Movimiento Territorial (MT) en Tabasco.
Miguel Ángel Van-Dick Puga Doctor en medicina. Ha sido secretario de capacitación y adiestramiento del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Además de subsecretario de organización del PRI en el estado de Jalisco.
Eddie Varón Levy Especialista en derecho internacional. Egresado de la California State University, EE. UU., Long Beach; del Centro Universitario Grupo Sol y del Instituto Nacional de Administración Pública. Ha sido además diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional PRI y director de Cooperación Internacional de la PGR de 2003 a 2005.
Fernando Vázquez Rigada Abogado por la UNAM con maestría en Harvard. Analista político de diversos medios de comunicación. Autor de dos libros, el más reciente Las palabras de casandra: historia del futuro del Estado mexicano, de editorial Miguel Ángel Porrúa. Presidente y director general de PCN Consultores, empresa que ha participado en más de 80 campañas políticas nacionales e internacionales.
Roberto Vidal Méndez Doctor en derecho, egresado de la UNAM, con estudios de posgrado en Alemania y Francia. Fue delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en los estados de Jalisco, Chiapas y Tabasco y primer secretario de seguridad pública del estado de Tabasco. Ex presidente de la Barra Nacional de Abogados Posgraduados y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un reconocido especialista en seguridad pública y seguridad nacional.
Juan Carlos Vázquez López Es maestro en administración pública, por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Padrón Nacional de Excelencia Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Licenciado en administración de empresas, por la UIA Universidad Iberoamericana. Es analista político y económico. Fue secretario técnico del consejo político del PRI en el Distrito Federal, presidente del comité delegacional en Cuajimalpa. Coordinador de giras de la presidencia del comité directivo del Partido Revolucionario Institucional PRI. Secretario general de la Fundación Colosio del partido Revolucionario Institucional PRI en el estado de Morelos. Entre otros cargos políticos dentro del PRI.
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El México que todos soñamos
Reflexiones con rumbo memoria del foro realizado los días 5 y 6 de junio de 2012 Se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2012, en los talleres de Procosa S.A. de C.V. Santa Cruz 388. Las Alboledas. Tláhuac. 13219. México, DF.