Diálgo 1 Nueva Época/ EN RÍO REVUELTO... NADIE

Publicación mensual de FLACSO

Nueva época, No. 1, febrero de 2001 / 1

Publicación mensual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/Flacso-Guatemala

2001:

“EN

BALANCE Y PERSPECTIVAS POLÍTICAS

RÍO REVUELTO... NADIE

EDITORIAL Hace cuatro años, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Guatemala, inició una publicación mensual, centrada en el análisis de la coyuntura política y social. Diálogo ofrecía un aporte a la reflexión durante aquel difícil período que se iniciaba inmediatamente después de la firma de la paz, en diciembre de 1996.

Han transcurrido cuatro años desde aquella memorable fecha en que se suscribió la paz y desde que FLACSO abrió diálogo como su publicación mensual. Desde enero de 1997 hasta enero del 2001, se han editado 44 números cubriendo igual cantidad de temas, en los que connotados cientistas sociales y especialistas de distintas materias, tanto nacionales como extranjeros, sintetizaron sus interpretaciones y aportes dirigidos a sectores de la sociedad guatemalteca que aspiran a estar informados y a debatir sobre los problemas seculares del país.

En su momento, diálogo sustituyó la productiva y fructífera labor de la Revista Polémica, cuya edición había empezado en Costa Rica. Hoy damos un paso adelante al convertir nuestra publicación en un suplemento dominical y mensual, que circulará gracias a la hospitalidad de elPeriódico, al apoyo de Magna Terra editores y al aporte financiero de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional –ASDI–.

A través de esta nueva forma de circular, diálogo aspira a cubrir a un número sensiblemente mayor de lectores y cumplir así con uno de nuestros principales objetivos: difundir conocimientos relacionados con las ciencias sociales y propiciar la reflexión y el debate sobre temas relevantes y que conciernen a la sociedad guatemalteca.

Esperamos que con su lectura y opinión nos ayuden en esta labor.

© Hugo de León

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E

l análisis de la situación política actual muestra que muchos de los problemas que confronta la administración Portillo/ FRG, son similares a los que caracterizaron a los gobiernos de la transición a la democracia, desde el inicio de ésta en 1986. No obstante, también resaltan otros, con especificidades y matices propios.

El deslinde en todo caso, no siempre resulta fácil. Es por ello que el interés de esta reflexión sobre la coyuntura crítica que se está constituyendo en Guatemala, no puede limitarse al análisis exclusivo de la administración que principió el 14 de enero del 2000. Estamos frente a una situación producto de la acumulación secular de problemas no resueltos y de raíces profundas. Por momentos, se tiene la sensación contradictoria de que las dificultades actuales son magnificadas por algunos medios de comunicación, que ejecutan una feroz oposición, ruidosa y que reacciona ante los excesos verbales del presidente y la ineficiencia de su administración y no frente a la inacción del Estado y la situación política nacional, que es, en su conjunto, la que atraviesa un mal momento. Es necesario entonces examinar ese trecho en una perspectiva mayor para responderse a la pregunta ¿cómo se encuentra Guatemala al inicio de este siglo?

es una publicación de FLACSO - Guatemala y de elPeriódico.

Secretario General de FLACSO Wilfredo Lozano Director de FLACSO - Guatemala Víctor Gálvez Borrell Suscripciones: FLACSO - Guatemala 5a. avenida 6-23, zona 9 Tels: (502) 362-1431 al 33 Fax: (502) 332-6729 Correo electrónico: flacso3@gold.guate.net Página web: http://www.geocities.com/athens/rodes/9162 Diseño, edición y diagramación: Magna Terra editores

CONSEJO ACADÉMICO DE FLACSO Víctor Gálvez Borrell, Director Virgilio Álvarez, Coordinador Académico Walda Barrios/Silvel Elías/Gisela Gellert/Irene Palma/Edgar Pape/Jorge Solares/Edelberto Torres-Rivas CONSEJO HONORARIO ■ Alain Touraine, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia. ■ Alejandro Portes, Johns Hopkins University, USA. ■ Volker Lühr, Freie Universitat LateinamerikaInstitut. Berlín, Alemania. ■ Mitchell A. Seligson, University of Pittsburgh, USA. ■ Guy Hermet, Instituto de Ciencias Políticas, París, Francia.

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EL SISTEMA FLACSO

EN EL TERRENO DE LAS APARIENCIAS

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO- es el programa de formación en ciencias sociales más importante del continente. Cuenta con unidades académicas en diez países de América Latina, realiza actividades de investigación, docencia, extensión, asesoría y publicaciones, y mantiene estrecha colaboración con instituciones científicas, tanto de carácter nacional como internacional.

A iniciativa de la UNESCO, la FLACSO se constituyó en 1957 como un organismo de carácter internacional, intergubernamental, de carácter regional y autónomo. La Facultad se organizó, inicialmente, en Santiago de Chile, en donde se ofrecieron los primeros cursos de posgrado. A partir de 1973 se produce el crecimiento institucional de la FLACSO, habiéndose creado unidades académicas en Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, Costa Rica, México, Guatemala, República Dominicana, Cuba y El Salvador. Este crecimiento ha obedecido al interés de los países latinoamericanos por adherirse al Acuerdo General de constitución de la Facultad. Sus órganos de gobierno y su estructura interna están establecidos en dicho Acuerdo.

La sede del sistema FLACSO es la Secretaría General, que se encuentra en San José, Costa Rica, desde junio de 1979.

En la medida en que avanza la década, la sociedad guatemalteca parece caminar hacia un despeñadero. Hay quienes tienen la impresión de que en el timón del gobierno no hay nadie o que hay muchos y de ahí la errática dirección del camino. Dos factores críticos se conjugan. Por una parte, los inesperados errores políticos y en cadena de quienes detentan el poder; por el otro, los efectos del atraso político y cultural del conjunto de la sociedad guatemalteca, esa poderosa inercia de lo premoderno que está contenido en el Estado contrainsurgente y en las fuerzas sociales y políticas que lo hicieron posible y que se resisten a desaparecer. La explicación que se propone, mas allá del nivel de las apariencias en el que parecieran quedarse retenidos numerosos columnistas de la prensa escrita, es que la crisis tiene un aspecto coyuntural, ciertamente, pero que corresponde al mismo tiempo al carácter estructural, excluyente e inequitativo de la sociedad guatemalteca, a las fuerzas políticas y económicas, algunas de cuyas élites dirigentes actúan en el escenario de la crisis, como si 36 años no hubieran sido suficientes para cambiar. El gobierno Portillo se mueve en el interior de una crisis de la que resulta ser coautor y víctima.

Probablemente en este nudo resida la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo.

La paradoja de la experiencia guatemalteca se arrastra desde 1982, porque la opción democrática no surgió como expresión de fuerzas políticas organizadas que lucharon desde abajo y con éxito frente a la dictadura militar. La apertura política inicial fue parte del juego de la guerra y estuvo dictada por su propia lógica. La decisión de abandonar el gobierno y “retornar a los cuarteles” que tomó la cúpula militar, coincidió con un repliegue casi continental de las fuerzas armadas en aquellos países en los que funcionaban regímenes autoritarios. En este sentido tuvo una inspiración foránea, pero también fue una pieza fundamental de la estrategia dirigida a disminuir, en el límite, la virulencia del conflicto. En un tour de force institucional se razonó que legitimando el poder autoritario y la represión con gobiernos civiles libremente electos, la guerrilla perdería sus “banderas” y se alcanzaría la victoria política sobre los insurrectos.

FUNCIONES ●

Asegurar la formación de especialistas en ciencias sociales en América Latina, a travésde cursos de posgrado y especialización. ● Realizar investigaciones en ciencias sociales sobre asuntos relativos a la problemática latinoamericana. ● Difundir en la región latinoamericana y con el apoyo de los gobiernos y otras instituciones, conocimientos en ciencias socales, sobre todo, el resultado de sus propias investigaciones. ● Colaborar con universidades e instituciones similares de enseñanza e investigación en América Latina. ● Realizar todas las actividades académicas relacionadas con las ciencias sociales que apunten al desarrollo e integración de los países del continente latinoamericano.

FLACSO-GUATEMALA

inició actividades en Guatemala en 1986 y fue reconocida formalmente, a través del Decreto 96-87 del Congreso de la República. De acuerdo con dicha regulación, su propósito es cooperar en el desarrollo de las ciencias sociales en el país, en los campos de la investigación, docencia superior, asistencia técnica, difusión y publicaciones especializadas.

FLACSO-Guatemala tiene un carácter multidisciplinario en el campo de las ciencias sociales y trabaja en colaboración con universidades, centros e instituciones de investigación, así como con entidades gubernamentales, al igual que con instituciones internacionales de similar carácter. Sin abandonar su vocación nacional, FLACSO-Guatemala también se involucra en tareas de investigación y docencia que tienen como ámbito la región centroamericana.

Existen tres categorías de unidades académicas de FLACSO en América Latina: los proyectos (cuando se inician actividades), los programas (cuando se consolidan tales proyectos) y las sedes académicas (cuando el desarrollo alcanzado por la actividad docente y de investigación así lo justifica). Guatemala se convirtió en Sede Académica el 29 de septiembre de 1998, cuando la Presidencia de la República ratificó el acuerdo inicial suscrito con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ello le permitió elevar el nivel de los programas y las certificaciones académicas que extiende a sus estudiantes, en beneficio de la mayor calificación del recurso humano del país.

F LACSO

© Hugo de León

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LAS TAREAS INCONCLUSAS Dentro de este contexto contradictorio, el Estado contrainsurgente no se desmontó con la victoria de Vinicio Cerezo en 1985. Los intereses democráticos tardaron mucho más en poder organizarse y, cuando lo hicieron, la cuota de sangre se había ampliado, ya que la guerra pero sobre todo la represión, duraron hasta 1996. Lo que pocos previeron fue que la presencia de políticos civiles en el gobierno y la decidida presión internacional, facilitarían el fin del conflicto armado. Con balbuceos iniciales en 1987, con mayor voluntad política en 1991 y con verdadera decisión en 1996, concluyó el proceso de negociación y se firmó la “paz firme y duradera”. El juego electoral y la participación social y política contribuyeron lenta pero indefectiblemente, a cambiar el escenario bélico y al silencio de las armas. El conflicto fue substituido gradualmente por la competencia partidaria, por el debate público, por mecanismos de concertación, por el ejercicio de los derechos políticos y por la práctica de varias consultas electorales. Desde 1985, Guatemala entró de manera zigzagueante en un desarrollo democrático que debió acelerarse cuando las negociaciones de paz culminaron el 29 de diciembre de l996.

La administración que suscribió formalmente la paz perdió, sin embargo, la oportunidad histórica de convertirla en el cimiento de la consolidación democrática. Ello sucedió, en parte, porque el PAN, Álvaro Arzú y su equipo más próximo, estaban más interesados en fortalecer el proyecto de gobierno y garantizar la continuidad del partido en el poder, que la democracia a través de una apertura política multipartidista y de una mayor participación social, que en todo caso, podrían hacerles perder el control del gobierno o generar tensiones entre intereses poderosos. Se desperdició así una oportunidad única y la fuerza política y moral que tenía en aquel momento quien firmó la paz. En lugar de convocar a la sociedad guatemalteca en un proyecto de largo plazo, de reconstrucción y reconciliación nacional, se monitorearon los “beneficios de la paz” a través de la publicidad y se intentó diferir la ejecución de varios de los compromisos contemplados en sus acuerdos, apuntalando la “imagen del régimen”, para lo cual el ex presidente Arzú contó con la mirada complaciente de la opinión internacional.

El interés inmediatista, el aprovechamiento publicitario y el temor de avanzar y profundizar en las reformas, hicieron que Arzú y el PAN dejaran perder la posibilidad de fortalecer la democracia. Se olvidaron de que la negociación, aunque limitada en sus actores, había sido el resultado de un largo y accidentado proceso en el que participaron otros protagonistas, para convertir la paz en un éxito partidista y conseguir, así, réditos electorales en 1999. Al hacerlo, también dejaron una pesada herencia para las futuras administraciones. Ello lleva a pensar que la administración del PAN tenía una concepción “gerencial” de la paz: la misma serviría para mejorar la gestión pública, pero no para reconstruir un nuevo Estado y una nueva sociedad.

Algunos ejemplos bastarían para mostrar lo indicado, así como la debilidad democrática de Arzú y el PAN: no se jugaron a fondo con ocasión de la reforma constitucional para elevar a ese rango los principales compromisos de los acuerdos de paz. Los cambios bien pudieron haberse decidido en 1997 y la suerte de la consulta popular de mayo de 1999 hubiera sido otra, pues la administración de Arzú gozaba todavía en aquel año de mayor prestigio. En su lugar se retrasaron y el PAN, como partido, adoptó una actitud titubeante y temerosa de perder simpatías para las elecciones generales de 1999, cuando intuyó que las fuerzas del rechazo estaban trabajando más y mejor que las del apoyo. Tampoco se tomaron medidas oportunas para desmontar el Estado Mayor Presidencial y para investigar y procesar a los

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sospechosos de integrar las redes del crimen organizado (el caso Moreno tuvo un carácter publicitario y espectacular y perseguía más bien ganar un caballo en el ajedrez electoral que se avecinaba, que atacar efectivamente la impunidad). No hubo voluntad de introducir una reforma al sistema tributario y alcanzar en el plazo previsto el 12% que estipulan los acuerdos de paz, ante el temor de afectar algunos intereses de grandes fortunas que podrían ser de utilidad en la campaña política de 1999. Fue igualmente mediocre la actitud frente a las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y con un carácter simbólico, el presidente Arzú se negó a recibir personalmente el histórico documento, en el memorable acto del Teatro Miguel Ángel Asturias, en febrero de 1998. El asesinato de monseñor Gerardi y su esclarecimiento, planteó un desafío puntual al gobierno que éste no supo enfrentar y decidió “dejar para el próximo” su solución.

La elección de Alfonso Portillo dentro de este contexto, fue una expresión del desencanto y de la culminación de la serie de contradicciones propias de la transición a la democracia con guerra interna (1986-1996). Las cuatro administraciones de la transición arrastraron consigo los efectos negativos de esta contradicción: reactivación de partidos políticos, elecciones y promesas de ampliación de la democracia por una parte, con represión, violaciones a los derechos humanos y defensa a ultranza de los intereses gestados durante el largo régimen autoritario (1954-1985) por la otra. Durante la transición se intentó la construcción democrática pero sin fuerzas políticas democráticas que la respaldasen. Esta aseveración es aplicable tanto a las fuerzas conservadoras como a la insurgencia, durante el proceso de negociación y después de la firma de la paz.

La crisis que se vive no es sólo la de un gobierno sino la del Estado que no se ha reconstituido y por ello, más que problemas de coyuntura, los que están aflorando son contradicciones que se originan en las herencias del atraso, en los demonios del pasado y en una reconciliación que aún no llega. Si se dice que el gobierno actual agudiza ese largo proceso crítico, es porque ha magnificado las dificultades preexistentes de la política heredada y ha sumado varias causas propias: ●EL PRESIDENTE PORTILLO PARECE SER VÍCTIMA DE SU PROPIA BIOGRAFÍA.

Durante un período de su juventud, transcurrida en el exilio, tuvo una reconocida militancia de izquierda, pero ahora fue el candidato de un partido político de difícil clasificación ideológica. El FRG es una formación de base caudillista, que incluye una mezcla abigarrada de fuerzas conservadoras, de grupos confesionales, de militares y paramilitares, de algunos grupos empresariales y de desprendimientos de la antigua izquierda. Su sola ubicación como partido de derecha, como usualmente suelen señalar algunos analistas, es insuficiente para dar cuenta de sus características. Portillo fue electo popularmente, con un amplio apoyo ciudadano, pero sin programa partidario claro y con un discurso “multiusos”, que durante la campaña electoral y actualmente, sigue siendo calificado de populista.

El carácter populista se acrecienta a través de una oferta electoral desmesurada, emocional, complaciente y variable según el público, pero que encuentra dificultades para concretarse. ● EL GOBIERNO ES RESULTADO DE UN EQUILIBRIO INESTABLE Y SUS INICIATIVAS SON MULTICÉFALAS. El mandatario identifica su administración como pluralista pues en la misma aparecen personalidades de la derecha económica, militantes del partido oficial, líderes de organizaciones populares, algunos políticos oportunistas, tecnócratas, así como figuras de la

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En el interior de esta difícil cohabitación se distingue, no obstante, la importancia del grupo afín al partido oficial (que también domina el Congreso de la República) y del vicepresidente de la República, frente al resto de funcionarios que no tiene este origen militante. La razón es simple: el presidente Portillo es el jefe del gobierno pero no el líder del partido en el poder, lo que explica el comportamiento peculiar de la actual administración, distinto del de las otras de la transición, en las que el presidente también lideraba al partido oficial, incluyendo el caso de Serrano Elías, a pesar que no contaba con mayoría parlamentaria.1 No obstante lo anterior, también existen diferencias en el seno del FRG, que no son fáciles de identificar pero que tienen que ver con los orígenes de la militancia partidista y que no fueron visibles por la personalidad de Ríos Montt, fundador y su líder indiscutido, pero que aparecieron en cuanto los dividendos del poder estuvieron a la mano. Dentro de un contexto como el descrito, es explicable pero no por ello justificable que existan dificultades para alcanzar una dirección unificada de gobierno, más allá de las declaraciones de política.2 Una composición tan disímil y con tantas fuerzas centrífugas como las que aparecen en el gobierno, dificulta el trabajo de la administración pública. El gobierno debe gobernar porque para eso fue electo, pero parece que el estilo gerencial del presidente también contribuye a dificultar las cosas.

¿UNA DEMOCRACIA “ENFERMA” O “PASMADA”?

La gradual consolidación democrática que debió darse una vez firmada la paz no se ha producido. Ello confirma lo ya señalado en el sentido que en Guatemala está ocurriendo una transición democrática sin actores democráticos. El análisis que se hace a continuación es un intento por responder a la pregunta ¿hacia dónde nos estamos moviendo? Un proceso democrático puede avanzar con mayor o menor dificultad, respaldado por actores que lo apoyan y que están convencidos de que la democracia, a pesar de sus limitaciones o imperfecciones, es la mejor forma de gobierno posible. En la teoría política reciente, ello está previsto, pero también lo está que puedan ocurrir reversiones o restauraciones autoritarias, es decir, retrocesos al antiguo orden. O bien que se produzca una situación intermedia, ambigua, esencialmente contradictoria, que sucede cuando la transición se empantana, cuando siguen funcionando algunas de sus instancias y principios (partidos 1

La excepción fue la administración de De Léon Carpio, que careció de un partido oficial y de un grupo partidista en el Congreso por las circunstancias excepcionales en las que asumió el poder.

2 Un ejemplo de estas dificultades se encuentra en la política de descentralización que ha producido un largo y enconado desgaste entre las instancias y los responsables de ponerla en práctica durante el primer año de gobierno. Otro más reciente es el de los efectos de la reducción del presupuesto que produjo la desaparición de varias secretarías de gobierno, a pesar de que el propio presidente asistió a las reuniones con los diputados para discutir dicho presupuesto, a finales del 2000.

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izquierda en reposo ideológico. Es útil recordar que estas últimas fueron llamadas por vínculos de amistad y que su participación ha sido a título personal y sin ninguna conexión orgánica, pero que con ello han contribuido en parte al desconcierto del resto de la izquierda.

Cuando esto ocurre, más que de pluralismo ideológico se trata de una sumatoria de nombres particulares que tienden indefectiblemente a verse superados por la dirección que impone el equipo dirigente, por lo general, el núcleo duro del partido de gobierno. Ello es muy distinto, por ejemplo, de los casos de las coaliciones de gobierno de otras democracias del primer mundo, en las que se ha decidido de antemano integrar un gabinete y cada uno de los participantes acepta colaborar y mantener sus vínculos claros con su organización de origen, mientras dure la coalición.

políticos, elecciones, autoridades electorales, división de poderes, etc.) pero se van vaciando de contenido, porque la democracia no se generaliza ni interiorizan sus valores cuando no se revitalizan los partidos y la clase política, cuando las personas pierden la confianza y hasta la esperanza, porque no se asumen ciudadanos y no se sienten comprometidos ni capaces de influir en el Estado. En suma, cuando la política se percibe como un “mal necesario” (pero cada vez menos necesaria y cada vez más execrable). Esa situación es grave porque revela una debilidad esencial de las fuerzas democráticas y paralelamente, un renovado vigor de los actores con asideros en el pasado autoritario. Para efectos locales, correspondería denominar a esta situación la de una democracia que se enferma o que se pasma y parece detenerse desorientada, sin saber qué rumbo tomar. Algunos de los rasgos que se exponen a continuación podrían considerarse como parte de los riesgos de que esté ocurriendo en Guatemala un proceso de este tipo. ● LA VOLATILIDAD DEL ENTUSIASMO ELECTORAL Y DEL APOYO POLÍTICO CIUDADANO. El comportamiento político de los guatemaltecos parece estar dominado, a lo largo de la transición democrática, por una conducta guiada por el ensayo-error para escoger al candidato de sus simpatías en cada consulta electoral y por una mutación muy rápida en el apoyo concedido al equipo ganador que está iniciando el gobierno. Ello esconde descontento y frustración, que fundamentan una peligrosa tendencia a la pérdida de confianza y credibilidad en las instituciones democráticas y en la política en general. Este doble comportamiento principió con la administración demócrata cristiana, cuando el candidato ganador obtuvo 68% de los votos y el partido consiguió la mayoría en el Congreso y 66% de las alcaldías. El descontento con Vinicio Cerezo empezó a hacerse palpable durante el segundo año, conoció dos intentonas de golpe de Estado y su partido apenas obtuvo el 17% del favor del electorado en las siguientes elecciones.

Serrano Elías alcanzó el 60 % de los votos en 1991, pero el descontento era tal en mayo de 1993, que el gobernante optó por un fallido golpe de Estado para enfrentarlo y su partido quedó prácticamente eliminado en la siguiente contienda electoral. El PAN sufrió un proceso semejante al pasar del 51.2% de los votos en 1995 para perder con 32% en 1999.

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El proceso anterior muestra que el ciudadano ensaya en cada oportunidad, al escoger a un candidato y a una formación política distintos, que vota más por castigo que por opción, pero que también participa cada vez menos en las respectivas contiendas electorales.3 El otro efecto de este comportamiento de prueba y error, es el rápido desencanto con el candidato ganador, luego que éste principia a hacer gobierno. Ello provoca que en las siguientes elecciones, su partido político prácticamente se eclipse. La historia de lo ocurrido en 1999 y de la administración actual, confirman este comportamiento (aunque se desconoce obviamente cuál será el desenlace y la suerte del FRG en la contienda electoral del 2003). Pero lo que está sucediendo es que se está peligrosamente acortando el tiempo en el que aflora el desencanto. En efecto, luego de haber obtenido el 68% de los votos en las elecciones de 1999, el presidente Portillo registró un sensible descenso de su popularidad, a juzgar por las encuestas que se realizaron casi al inicio de su administración.

Lo anterior guarda relación con los enormes retos que existen para reducir la pobreza y con la persistencia de los déficit sociales acumulados desde décadas y que los años de la guerra acrecentaron; con las limitaciones de un Estado ya de por sí débil para cumplir sus funciones de promoción del bien común, pero que quedó aún más frágil luego de la “década perdida” y del conflicto armado interno; y con la magnitud de las promesas electorales ampliamente difundidas durante la última contienda. Esto confirmaría lo indicado al inicio de este ensayo, en el sentido de que los problemas obedecen a una doble clave: la existencia de restricciones propias del Estado guatemalteco y los problemas magnificados por la actual administración. En todo caso, el “desencanto con el gobierno” tiende a trasladarse al resto de las instituciones, contribuye a la desvalorización de la política, estimula la inercia del ciudadano, así como las veleidades autoritarias. ● LAS DEBILIDADES DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y DE SUS CANALES DE EXPRESIÓN. El panorama a lo largo del año 2000 confirma la tendencia en el sentido que la arena política se ha trasladado de los partidos a las organizaciones sociales y ello, a pesar de la atomización, debilidad, desarticulación y resultados limitados que tales organizaciones consiguen. Existe coincidencia en la mayoría de los análisis que se han realizado en el país, sobre las deficiencias de los partidos políticos, su escasa implantación y el limitado apoyo y credibilidad que generan en la población.4 En este sentido, son los actores que con más dificultad han logrado su reconversión desde el inicio de la transición democrática hasta la fecha. Pero en el caso de los partidos de oposición que tienen representación parlamentaria, la situación muestra signos innegables de inanición. En efecto, como expresión de su derrota electoral, el PAN entró en crisis y un sector de sus diputados se separó integrando el “bloque unionista”. En enero de 2001, sin embargo, algunos de los fundadores de dicho bloque anunciaron también su retiro de éste. La izquierda parlamentaria, por su parte, también ha dado muestras de división y la escisión de la ANN y la diáspora de sus diputados por el surgimiento de diferencias irreconciliables entre sus directivos, es sólo cuestión de tiempo.

3 Desde la cifra récord de participación electoral registrada para las elecciones a Asamblea Nacional Constituyente en 1984 (78.1%) hasta las generales de 1995 (37% para la segunda vuelta), el descenso en la asistencia a las urnas ha sido evidente. Dicha proporción se elevó levemente para la consulta electoral (40.4% en la segunda vuelta). Esta tendencia al descenso en la participación ciudadana debe no obstante matizarse, por los problemas de un padrón electoral envejecido, que registra alta sobreenumeración (cifra de muertos y migrantes no descontados).

4 ASIES-Universidad de Pittsburgh, La cultura democrática de los guatemaltecos, 1998. PNUD-IIDH-CAPEL, El desafío democrático, reflexiones de las sociedades centroamericanas ante el resultado del Latinobarómetro, 1997.

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Confirmarían así la apreciación según la cual la izquierda en Guatemala se asemeja a los restos de un naufragio. Todo lo anterior no ha hecho sino acelerar la fragmentación de la oposición al FRG, ahora más dividida que nunca. Y los partidos que han empezado a organizarse o reorganizarse, lo hacen con el interés puesto en el horizonte inmediato de las elecciones generales de 2003.

En estos momentos, quienes convocan, denuncian y movilizan la opinión pública son organizaciones sociales y ONG vinculadas a la defensa de los derechos humanos, a las que se añaden también algunos medios de comunicación social. Sus demandas son de carácter sectorial, generalmente motivadas por decisiones puntuales o escándalos gubernativos, como el caso de la ley de bebidas alcohólicas, la movilización para evitar la acelerada aprobación de algunas reformas legales importantes, como la relativa a partidos políticos o para garantizar transparencia en la selección de candidatos a la Corte de Constitucionalidad por parte de los cuerpos electorales.

Los resultados en este sentido son diversos. Los plantones frente al Congreso para protestar por el caso de la ley de bebidas alcohólicas, mostraron una escasa capacidad de convocatoria y las dificultades para garantizar su persistencia. El éxito en retrasar la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos fue mayor y resta por ver si se obtienen resultados en cuanto a la transparencia del proceso de selección para el caso del tribunal constitucional. Frente a estas organizaciones también existen las que presionan para evitar que el Código de la Niñez cobre vigencia y se aprueben salarios mínimos, las que pugnan por incrementar las penas de determinados delitos o que se oponen a la educación bilingüe y a los programas de salud reproductiva por ejemplo, indicando que defienden de esta forma la democracia, en su versión conservadora. En todo caso, son agrupaciones que están protagonizando la acción política ante la manifiesta deficiencia de la función que les correspondería a las formaciones partidistas.

Lo anterior parece ser una consecuencia no esperada del propio proceso de negociación y de paz. En efecto, la negociación facilitó en la práctica, lo que la transición a la democracia había tan sólo potenciado: el surgimiento y ampliación de organizaciones sociales de diversos matices e intereses sectoriales y gremiales. A las tradicionales agrupaciones sindicales, estudiantiles, campesinas y empresariales conocidas en Guatemala desde décadas, vinieron a añadirse otras cuyo número y dispersión creció sensiblemente desde la década de 1990: organizaciones indígenas, de mujeres, de micro, pequeños y medianos empresarios, de derechos humanos, de acompañamiento y desarrollo, etc. Tales agrupaciones recibieron un importante apoyo de organismos bilaterales y multilaterales de cooperación y muchos de ellos se caracterizaron por su especialidad territorial (el occidente y norte del país), temática o enfoque de trabajo (participación comunitaria y autogestión).

Este incremento en el número de organizaciones sociales no corre paralelo, sin embargo, con la existencia de una acción concertada entre ellas. En forma paradójica a lo que ocurría en la década de 1980 (en la que funcionaban menos organizaciones sociales pero un vasto movimiento popular), en la actualidad se cuenta una pluralidad de agrupaciones de diverso tipo, pero no existe un movimiento social vigoroso y tales asociaciones aparecen muy desarticuladas entre sí. ● LOS PELIGROS DEL RETORNO AL PASADO. Para complicar aún más la situación y la incertidumbre, el clima de inseguridad ciudadana se ha teñido recientemente de un fenómeno que no es del todo nuevo, pero que parece haber cobrado fuerza. Se trata de una manifestación de violencia, que por el tipo de organización o de sujetos a quienes

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afecta, hace sospechar un retorno a los viejos procedimientos intimidatorios del régimen autoritario. En efecto, algunos casos de secuestro y los ataques a agrupaciones de derechos humanos, ONG de mujeres y asociaciones partidistas que se registraron durante la segunda mitad del año 2000, provocaron la sensación de que se estaban reeditando las ominosas prácticas que en los años de la guerra fueron responsables de la crisis de las organizaciones populares y llevaron a tantos guatemaltecos y guatemaltecas al exilio.

Aunque los hechos ocurridos son ambiguos y no puede asegurarse que obedezcan a una estrategia de este tipo, han contribuido al clima de inseguridad que vive el ciudadano común y que los ofrecimientos gubernamentales de ésta y de la administración anterior, no han logrado atajar. Y es que una democracia sin seguridad y sin plena garantía de los derechos humanos, es una democracia debilitada y frágil. El problema es complejo porque no se resuelve sólo con más policías, aunque una policía civil eficiente sea una condición necesaria, pero no suficiente para ello. Es necesario que el sistema de seguridad y justicia funcione en forma integrada y coordinada para beneficio del ciudadano, lo que implica que el Ministerio Público, los tribunales de justicia y el ministerio del interior mejoren su eficiencia y coordinación. El fenómeno de los linchamientos pende como el símbolo de la barbarie en la que puede hundirse la sociedad guatemalteca, si sus sistemas de seguridad y justicia no reaccionan. ● LA INDEFINICIÓN DEL PROCESO DE RECONVERSIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS. El año 2000 ha sido testigo de la forma como se ha complicado el proceso de reconversión de la estructura militar del Estado, que venía produciéndose de manera paralela a la democratización política y a las negociaciones de paz y que, paradójicamente, se frenó durante el propio gobierno que firmó el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. A nivel declarativo, las intenciones de la administración actual de avanzar en las transformaciones institucionales que ajusten las misiones, funciones y estructuras militares a los requerimientos de un Estado democrático y de derecho, parecieran ser más enérgicas que aquellas ambiguas que caracterizaron los últimos años de la administración del PAN. Los hechos muestran sin embargo, una situación confusa, marcada por la ausencia de acciones concretas, por la existencia de visiones contrapuestas sobre el tema en el interior del gobierno y por el fortalecimiento de sectores militares reacios a una redefinición de tales misiones, funciones y estructura de la institución armada.

De hecho, la compleja estructura de alianzas del gobierno actual ha permitido que resurjan en la arena política militares en retiro –algunos de los cuales fueron purgados de la institución por problemas de corrupción o por su oposición al proceso de negociación de paz– y que se sitúen en posiciones de poder que les otorgan la capacidad de incidir y decidir en cuestiones relativas a las fuerzas armadas, la política de seguridad del Estado y las relaciones de éstas con la sociedad y con el Estado. Es una situación que en el interior del ejército causa desconcierto y molestia, según lo han señalado algunos militares en medios de comunicación y que va en contra de los intereses de su modernización y profesionalización.

Guatemala vive una situación inédita en su historia política reciente: el surgimiento de un poder militar extrainstitucional, cuya influencia sobre las fuerzas armadas es consecuencia de su asociación con la administración política y que forcejea con la estructura institucional de mando en torno a temas cruciales para el ejército, estableciendo sus propias alianzas con sectores militares de alta y civiles dentro y fuera de la administración. Embarcada en un proceso de transformación, inevitable ante el anacronismo que representa el

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Estado contrainsurgente, sin una clara orientación gubernamental que apunte objetivos precisos y legítimos y con una estructura de mando debilitada y fraccionada, la institución armada continúa en la búsqueda de una definición de su sentido y misión en esta nueva etapa de la vida nacional.

Es evidente que las fuerzas armadas ya no son lo que fueron antaño y que ya no ocupan los espacios de intervención y control del Estado de las décadas de los setenta y ochenta. Resulta igualmente cierto, que los años de la transición a la democracia y de la negociación para alcanzar la paz, así como los fenómenos de la globalización, la redefinición de alianzas internacionales y las transformaciones geopolíticas del mundo contemporáneo, han influido en el nacimiento de una “mentalidad militar distinta”, que no se corresponde necesariamente con el estereotipo que se manejaba en aquellos años.

Baste el pase forzoso a retiro de todo el generalato, por decisión de la nueva administración, para ejemplificar el alcance de las últimas transformaciones políticas que han tenido lugar. Este cambio, sin embargo, está lejos de ser suficiente: ni la institución militar se ha transformado total ni plenamente (nuevos valores, nuevas funciones, nuevas estructuras), ni se han gestado con aceptación y legitimidad las formas de control que deben garantizar –como ocurre con cualquier otra institución pública– que su funcionamiento responda a los intereses de un Estado democrático y de derecho, que está aún por construirse en el país.

A inicios de 2001, el ejército parece encontrarse aún en una situación de autonomía relativa que es peligrosa para la democracia: no controla al poder político, pero tampoco es controlado efectivamente por éste.

Desde tal situación y ambigüedad, son factibles opciones diversas y contradictorias. Por una parte, continuar avanzando en la transformación hacia una institución moderna, ajustada a los requerimientos de defensa de un Estado democrático, profesional y apolítica, subordinada al orden legítimamente constituido. Pero también se puede retroceder hasta la reconstitución del ejército como poder político, con creciente capacidad de veto y como actor protagónico, involucrado en las más diversas áreas de la vida política y social del Estado, como parte de una reversión autoritaria.5 El reto de la actual administración es forjar una política que asegure y oriente la transformación institucional en dirección de la profesionalización y apoliticidad de las fuerzas armadas, en el contexto de una gobernabilidad precaria y de una cultura política híbrida, marcada por fuertes rasgos autoritarios en sus concepciones sobre el poder, su ejercicio, la función del Estado y la cotidianidad. La pregunta es si podrá alcanzarlo, superando así algunas de sus propias contradicciones.

Y ¿QUÉ ESPERAR DE LA ECONOMÍA? En este campo, la situación no parece muy alentadora. En efecto, los desequilibrios heredados de 1999 con tasas de interés altamente volátiles, la caída en los flujos de recursos externos y lo más grave, el 5 En este sentido, varios análisis coinciden en los riesgos de retorno al pasado que representan las alianzas de militares en retiro y desplazados de puestos de mando, con civiles de tradición autoritaria y golpista, pero se ha pasado por alto el fenómeno de inestabilidad que también representan otros grupos que estuvieron vinculados a las fuerzas armadas y que se sienten desprotegidos y hasta traicionados por no haber recibido los “dividendos de la paz”: ex miembros de la Policía Militar Ambulante, discapacitados de guerra, desmovilizados del ejército y ex patrulleros de las PAC. Son un contingente numeroso, no articulado entre sí pero muy crítico del proceso de paz y susceptible de movilizarse y de reaccionar agresivamente frente a determinadas situaciones que les afecten o de conducirse dentro de una renovada cultura autoritaria. Las denuncias sobre participación de ex patrulleros en casos de linchamientos, son un ejemplo de ello.

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© Hugo de León

deterioro en las expectativas de los agentes económicos, siguen latentes. Esta tendencia está fuertemente influida por la incertidumbre, la pérdida de confianza en la moneda y la política económica, ya que las medidas de ajuste restrictivas iniciadas por las autoridades económicas para disminuir los efectos de dichos desequilibrios, no presentan mayores indicios de afirmarse o consolidarse. Por el contrario, el crecimiento de las reservas, la disminución en las tasas de interés y la estabilidad del tipo de cambio, constituyen avances que chocan con el hermetismo del sistema bancario privado cuya cartera de créditos no ha respondido adecuadamente para reactivar la producción, congruentes con las señales de la política monetaria. Por su parte, el gobierno central mantiene una continuada insuficiencia de ingresos y una baja capacidad de ejecución, que le imposibilita poner sus propios apoyos para consolidar los esfuerzos de estabilización.

La situación anterior mantiene un retraimiento de la inversión privada y reactiva nuevas amenazas de inestabilidad en la generación de empleo e ingresos, sin que pueda alejarse el temor de los riesgos heredados de la crisis bancaria y la quiebra de financieras en que salieron perjudicados miles de ahorrantes y que contribuyó a desprestigiar a la administración del PAN, que a ojos de los afectados no hizo nada para garantizar la salvaguarda de sus derechos frente a las quiebras fraudulentas de las “financieras”. Situados en el contexto extraeconómico de la crisis, la relación riesgo-país es un agravante pues al contrario de lo sucedido en otros años, las tasas de interés a niveles altos no están atrayendo capitales del exterior, sino que más bien producen el congelamiento de inversiones. Y si a ello se agrega la persistencia de los bajos precios de los principales productos de exportación, la baja ejecución del crédito externo y la fatiga de las donaciones, es previsible que crezcan las presiones sobre el tipo de cambio y se expanda la especulación, con una fuerte depreciación del quetzal y por consiguiente, una ola inflacionaria que afectaría a la mayoría de la población.

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ALGUNAS CONFUSIONES E INCONGRUENCIAS También existen confusiones que contribuyen a dificultar la situación.

La primera consiste en considerar que la economía de mercado tiene una autonomía total y que las inversiones se distorsionan por la intervención del Estado. Tal creencia apunta a descapitalizar a este último y a rechazar básicamente cualquier intento de cambios en la tributación que afecte la inversión (como aparece en el fondo de la petición dirigida por algunas agrupaciones al Congreso de la República, de someter a consulta cualquier emisión de nuevos impuestos, por ejemplo).

Otra confusión es que la economía debe orientarse primordialmente hacia lo global, subestimando la formación del mercado interno, lo que dificulta contar con estrategias de fomento empresarial y de inversiones que piensen y actúen nacional y localmente. Por último y que parece ser parte del consenso, que el pacto fiscal debería preocuparse fundamentalmente de elevar la eficiencia y lo peor, que tienda a considerarse que los tributos al consumo son impuestos neutrales.

Como parte de algunas incongruencias en la política económica puede citarse el hecho de que mientras prevalecen exigencias de reducción del presupuesto, también existe en el gobierno una tendencia a que el sector público debería compensar por la vía de las inversiones, el decaimiento del sector privado. Ello ha dado lugar a aumentos presupuestarios y al rompimiento de los compromisos consensuados en el pacto fiscal, pues el gobierno se anticipó con un paquete diferente, negando con ello uno de los avances ganados por el sector privado de elevar elIVA.6 La alteración a la ley de bebidas alcohólicas por parte del organismo legislativo, rompió los puentes de diálogo con la sociedad civil agravando la situación. Este tema y la solicitud de antejuicio que provocó, se ha convertido en uno de los problemas de mayor tensión entre el Organismo Legislativo y el Judicial. El problema que alimenta la coyuntura reside en que mientras el Estado no logre resolver el tema fiscal, piedra angular para el financiamiento de las exigencias de una democracia y la economía nacional se mantenga en ese relativo “punto muerto’’, los escenarios de la ingobernabilidad pueden acrecentarse.

Frente a una situación como la descrita en el campo político y económico, una posibilidad es “amarrar” las diferencias que subsisten a nivel de la gestión pública, en torno a un programa rector, un único proyecto de gobierno y alcanzar así, certeza en el nivel superior de la definición política. Ello permitiría pasar luego a las acciones urgentes de modernización y eficiencia administrativa que se requieren para la ejecución, dentro de un marco de las prioridades (pues no se puede hacer todo dentro de la administración pública). Se trata, sin embargo, de una elección por partida doble, pues no bastaría tan sólo con un plan si éste no va acompañado de las decisiones y acciones necesarias para reanimar a la administración pública y enfrentar su tradicional burocratismo.

Otra opción podría consistir en reducir la heterogeneidad que exhibe la administración, lo que significaría redefinir la lógica de las alianzas y los compromisos (los gobiernos de todas las latitudes los tienen y sería ingenuo pretender negarlos). La cuestión es, entonces, el alcance y sentido de estas nuevas alianzas. Algunos analistas han recomendado, por ejemplo, que el presidente rompa con su partido.

Ello además de ser suicida, resultaría peor que la enfermedad, pues 6

La posición gubernamental en cuanto a no aumentar dicho impuesto, contradice las resoluciones del pacto pero gana adhesiones por parte de aquellos sectores de la sociedad civil que durante las negociaciones no estuvieron de acuerdo con tal medida.

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NoVEdaDeS produciría la parálisis de la acción pública, en la medida en que elFRG tiene mayoría en el Congreso y el resto de la oposición parlamentaria, como ya se señaló, exhibe niveles tales de división que la hace prácticamente inútil como fuerza política. La redefinición de las alianzas puede lograrse en un marco realista y con una buena dosis de imaginación. No obstante, parece ser que el presidente ha optado más por los cambios limitados de gabinete que por una estrategia de reanimación a fondo (la tradicional cirugía mayor de que se habla).

Cualesquiera de estas opciones u otras podrían ensayarse, pues existe la sensación de que es urgente recuperar el tiempo perdido a lo largo del primer año, para lo cual los primeros meses del año 2001 serán muy importantes.

Es necesario evitar que crezca la insatisfacción, dados los niveles de pobreza y exclusión que prevalecen en Guatemala y que pueden comprometer seriamente la gobernabilidad democrática o reeditar los rumores y el nerviosismo que se produjo durante el último trimestre del año 2000, sobre intentos de desestabilización y complots, tan típicos en la cultura política de los guatemaltecos, pero tan dañinos para el funcionamiento de la democracia y para la reactivación económica. “En río revuelto... nadie gana”.

El conjunto de signos negativos descritos a lo largo de este ensayo se inscribe dentro del enfoque de análisis inicial, en el sentido que más que una crisis gestada durante el año 2000, estamos en presencia de un fenómeno de arrastre estructural, cuya resolución no depende exclusivamente de la voluntad de la administración, sino de la de todos los actores sociales que con mayor o menor grado de poder y responsabilidad están en capacidad de sacar al país de este aparente “ojo de remolino” en el que se encuentra. Ello supone que aún y cuando la estrategia dirigida a alcanzar acuerdos o pactos de carácter nacional haya sufrido un grave desgaste, no debe olvidarse que en una democracia, las decisiones trascendentes no las toma únicamente el gobierno. Y aunque no parece existir receptividad para que tales diálogos se produzcan, éstos siguen siendo los instrumentos idóneos para el acercamiento y la discusión de los enfoques diversos. Resta ver si aún es posible relanzarlos y bajo qué circunstancias se rescata su credibilidad.

VÍCTOR GALVEZ B. GISELA GELLERT GUATEMALA: EXCLUSIÓN SOCIAL Y ESTRATEGIAS PARA ENFRENTARLA

SANTIAGO BASTOS PODERES Y QUERERES HISTORIAS DE GÉNERO Y FAMILIA EN LOS SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE

GUATEMALA

Este texto trata sobre la forma en que se dan las relaciones de poder en los hogares populares de ciudad de Guatemala, unas relaciones que están mediadas por los patrones que impone la diferencia de género. En unas condiciones en que conseguir los recursos de cada día es una prioridad básica, las mujeres resultan sobrecargadas de trabajo y responsabilidad, mientras los varones suelen ejercer la autoridad dentro del hogar aunque muchas veces descuiden la obligación económica.

Los documentos que se incluyen en esta publicación fueron preparados como insumos para el Informe de Desarrollo Humano 2000, Guatemala, la fuerza incluyente del Desarrollo Humano, preparado por el Sistema de Naciones Unidas.

Ambos enfatizan algunas de las respuestas sociales de la población que sufre la exclusión social.

CUADERNOS DE CULTURA FISCAL Cuenta con nueve tomos, como su edición original.

Estos textos pretenden llevar la discusión del tema fiscal a los más diversos y amplios sectores. El esfuerzo está orientado a proporcionar herramientas de análisis en un debate más amplio, es decir, la sociedad civil, sin la necesidad de la especialización y el conocimiento académico.

Coloquio internacional ECONOMÍA, MODERNIDAD Y CIENCIAS SOCIALES

© Juan Carlos Aguilar/Magna Terra

“LA CRISIS DEL CAPITALISMO” ¿EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS? Immanuel Wallerstein Director Instituto Fernand Braudel, Universidad de Binghampton, Nueva York Profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia Bolívar Echeverría Profesor, Universidad Nacional Autonóma de México –UNAM– Edelberto Torres-Rivas Profesor Investigador FLACSO-Guatemala y asesor del PNUD Carlos Antonio Aguirre Rojas Profesor-investigador, Universidad Nacional Autonóma de México – UNAM–