Diálogo 14 Nueva Época/ DESAFÍOS Y PROBLEMASDE LA DEMOCRACIA ENCENTROAMÉRICA by FLACSO Guatemala

Publicación mensual de FLACSO

Nueva época, Año II, No. 14, marzo de 2002 / 1

Publicación mensual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/FLACSO-Guatemala. Nueva época, Año II, No. 14, marzo de 2002

DESAFÍOS

Y PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA EN CENTROAMÉRICA René Poitevin / Alexander Sequén-Mónchez*

frecemos al lector una parte del libro Los desafíos de la democracia en Centroamérica, el cual es fruto de una investigación realizada en colaboración por los autores durante los años 2000 y 2001 y próxima a salir a luz por la Editorial FLACSO. Es necesario tener presente que algunas de las afirmaciones contenidas en la parte que ahora se publica a manera de primicia, deberán ser entendidas dentro de una lectura del contexto global de la obra.

través del reciclamiento de activos de los ejércitos y de las guerrillas, se ha podido profesionalizar el servicio de seguridad ciudadana. No obstante, el mérito ha sido empañado por el involucramiento de algunos de los efectivos policiales en hechos delictivos. Es cierto que hay avances, pero es imposible negar que pudo haberse hecho mucho más. El problema fundamental deriva de una tarea inconclusa: la desmilitarización de la policía. En lo que respecta a Guatemala, prevalece la influencia militar originada por el peso de la Guardia Civil Española en la formación policial y por

REFORMA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Uno de los logros de los acuerdos de paz suscritos en El Salvador y en Guatemala, ha sido la unificación de los cuerpos policiales en uno . Con todo y los defectos que significó el proceso de integración, efectuado a

René Poitevin Doctor en sociología por la Universidad de París. Exdirector de la FLACSO- Guatemala . Actualmente se desempeña como investigador de la FLACSO y Vicerrector Académico de la Universidad Rafael Landívar. Alexander Sequén-Mónchez Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar, y ayudante de investigación de la FLACSO. Actualmente prepara su tesis doctoral para la Universidad de Utrech, Holanda.

Las opiniones expresadas en este suplemento son de la exclusiva responsabilidad de sus autores.

2 / Publicación mensual de FLACSO la presencia del ejército en actividades de inteligencia e investigación criminal. Aunque se han dado pasos realmente importantes en el tema, queda claro que falta mucho para que la policía logre hacerse de la confianza pública. En materia de seguridad ciudadana, Centroamérica es testigo de que el aparato policial está, cuantitativa y cualitativamente, atado de manos para enfrentar con eficacia al crimen. Sorprende comprobar, en todos los países de la región, que la cantidad de los petrechos con que cuenta la delincuencia sobrepasa el respaldo tecnológico con que opera la policía. Ante esta falta de seguridad, las personas han optado por comprar los servicios de policías privadas. Sobre el asunto diremos que este fenómeno –el de la privatización de la seguridad– es característico de una sociedad de posguerra, donde el tráfico de armas y de influencias permitió a muchos involucrados en cualquiera de los bandos (especialmente el ejército) hacerse del personal necesario para sus operaciones encubiertas. En todo caso, queda “asegurado” sólo aquél que puede pagar por ello. En lo que respecta a Nicaragua y a Honduras, la actividad policial ha sido una de las más criticadas por parte de la sociedad. Los casos de corrupción, brutalidad policial e ineficacia, revelan una estructura verdaderamente insuficiente para salvaguardar a los ciudadanos del flagelo de la delincuencia. Ello, aunado a los altos índices de pobreza, ha dado como resultado la proliferación de delitos menores que, sin embargo, no dejan de causar un severo impacto en la paz social y, al no tener una respuesta del Estado, han comenzado a debilitar la creencia social en el valor de la democracia. Existe

es una publicación de FLACSO-Guatemala y de elPeriódico.

Secretario general de FLACSO Wilfredo Lozano San José, Costa Rica

Nueva época, Año II, No. 14, marzo de 2002 una especie de hartazgo que explica, en parte, la obsesión de muchos centroamericanos por armarse o emigrar de sus países. Costa Rica tampoco es la excepción. La ciudad de San José se ha visto afectada seriamente por el fenómeno de la criminalidad. En la percepción de este tema confluyen una serie de factores polémicos, centrados en el problema que representa, de una forma u otra, la inmigración nicaragüense. Si bien ésta fue utilizada como mano de obra barata en el mercado urbano, no ha recibido un tratamiento equitativo desde el punto de vista del salario y la seguridad social. La falta de oportunidades salariales ha dado como resultado el surgimiento de muchos jóvenes transgresores de la ley que, a decir verdad, han ocasionado serios problemas a la democracia costarricense. Hay que aclarar, empero, que no se trata de criminalizar un fenómeno lo suficientemente complejo como el de la inmigración; sin embargo, al no acceder a la ocupación laboral formal, el emigrante se ha convertido, por una parte, en una especie de surtidor para la delincuencia y, por otra, ha despertado un celo patrio muy cercano a la intolerancia. En términos concretos, la seguridad en Centroamérica es una de las fallas más visibles del proceso democrático. Los estados han sido incapaces de elaborar una política contra el crimen que le permita a sus sociedades prever resultados a largo plazo, y esto constituye un reto urgente por solventar.

DEMOCRACIA

Y JUSTICIA PENAL

Francisco Díaz, miembro del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador, al reflexionar sobre la justicia explica, por ejemplo, que ésta se expresa únicamente cuando se imparte en un régimen democrático,1 de ahí que para un reconocido abogado, si la justicia se regatea a los ciudadanos, la democracia comienza inevitablemente a debilitarse. “La justicia es talón de Aquiles de la democracia”,2 ha escrito con certeza.

CONSEJO ACADÉMICO DE FLACSO-GUATEMALA Víctor Gálvez Borrell-director Virgilio Álvarez/Walda Barrios-Klée /Silvel Elías/Gisela Gellert/Irene Palma/ Edgar Pape/Jorge Solares/Edelberto Torres-Rivas

CONSEJO HONORARIO ■ Alain Touraine, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia. ■ Alejandro Portes, Johns Hopkins University, USA. ■ Volker Lühr, Freie Universitat Lateinamerika-Institut, Berlín, Alemania. ■ Mitchell A. Seligson, University of Pittsburgh, USA. ■ Guy Hermet, Instituto de Ciencias Políticas, París, Francia.

Tels: (502) 362-1431 al 33 Fax: (502) 332-6729 Correo electrónico: flacsoguate@flacso.edu.gt Página web: http://www.geocities.com/athens/rodes/9162 Coordinación de edición: Hugo de León Diseño, edición y diagramación: Magna Terra editores Esta edición es posible gracias al apoyo financiero de la agencia sueca de desarrollo internacional ASDI / SAREC

Entrevista, San Salvador, agosto de 2000. César Barrientos Pellecer, El talón de Aquiles de la democracia, Magna Terra editores, Guatemala, 1997.

Publicación mensual de FLACSO La militarización de la justicia realizada por los distintos autoritarismos centroamericanos, con la excepción de Costa Rica, tuvo una secuela que ha repercutido en la conversión del aparato judicial en un ente de control y de sanción ideológica. Con los procesos de democratización se avanzó en el tema; sin embargo, todavía prevalecen la burocracia que se manifiesta en la organización judicial misma y la ineficacia que cobra vida en la tardanza de los fallos y en la ausencia, en muchos casos, del debido proceso. A finales de la década de 1980, se gestaron importantísimos espacios para la modernización de la justicia, auspiciados por la cooperación internacional. La eventual desmilitarización de los estados contribuyó a la búsqueda de normativas legales que hicieron posible el compromiso democrático adquirido en los acuerdos de paz (para el caso guatemalteco y salvadoreño). Así se reformaron, en primera instancia, los códigos de procedimiento penal. Con la asesoría argentina, se inició el proceso de reforma judicial en Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, que supuso el tránsito de un modelo inquisitivo –afín a la Doctrina de Seguridad Nacional– a uno surgido de la adecuación de los principios procesales del sistema acusatorio, que no buscan más que la caracterización de sus acciones a partir de la ética y de la transparencia. Recién Nicaragua acaba de sumarse a la lista de países interesados en modernizar su sistema de justicia. Como consecuencia, al interior de los estados se crearon espacios institucionales como el representado por el Ministerio Público y la Defensa Pública Penal, a la vez que se proyectaron cambios vitales como el relacionado con el desarrollo de la carrera judicial, en aras de fortalecer el principio de la independencia de poderes. Tampoco podemos pasar por alto algunas tentativas que se han desplegado a favor de la democracia y que tienen que ver con la profesionalización del servicio; es decir, con la idea de que la justicia es, ante todo, una prestación debida y que, por lo tanto, ésta debe caracterizarse por un nivel aceptable de calidad. Debemos hablar, incluso, de cierta tendencia a frenar, mediante un esfuerzo de reforma legal, la injerencia política del Ejecutivo en la actividad judicial, trasladando la competencia para la elección y el nombramiento de sus funcionarios al Poder Legislativo. Esto es positivo siempre que dicha actitud se combine con una eficaz auditoría social que controle e impida la manipulación de las mayorías legislativas. Exceptuamos el caso nicaragüense, donde la influencia política del partido oficial ha causado estragos en la credibilidad pública del sistema de justicia,

Nueva época, Año II, No. 14, marzo de 2002 / 3 cuya actuación ha seguido las pautas que le presenta el gobierno deArnoldo Alemán.3 No obstante los limitados logros de la reforma judicial, es evidente que en muchos casos ésta no ha logrado proporcionar los resultados esperados. Como se dijo antes, la violencia política desmanteló la estructura estatal sustituyéndola por el control militar y político de los ciudadanos. Se debilitaron de esta manera los estados, y la estabilidad social que se busca a partir de la aplicación del derecho fue seriamente limitada. Por otro lado, paralelamente al reclamo de las sociedades, observamos que en el interior de sus estados se reproducen fenómenos como los ya descritos de la corrupción, el nepotismo, la formalidad y la burocracia excesivas, la politización de la garantía de imparcialidad, etcétera; sin mencionar las tradicionales deficiencias provenientes de la escasez de recursos económicos. En una palabra, el sueño de la construcción del Estado de Derecho en la región ha tenido que esperar más tiempo del que se creía iba a tomar con el fin de los conflictos bélicos y con el entusiasmo que significó el proceso de pacificación. Si antes el poder militar marcaba el itinerario de la acción judicial, hoy desafortunadamente es el turno del oportunismo político, que ha pretendido hacer de la administración de justicia uno de sus epicentros para solventar compromisos restrictivos a los intereses del partido oficial. En la actualidad, la percepción que se tiene de la organización judicial es bastante negativa.4 Es necesario recordar que se trata de sociedades que viven una época de pos© Ricardo Ramírez Arriola guerra, donde apenas se ha iniciado una configuración democrática de los espacios públicos y privados, y en las que, además, la subjetividad fue dramáticamente afectada –el caso del genocidio en Guatemala, lo que provoca una visión de la justicia inmediatista, alimentada por la insatisfacción y la indignación crecientes. Es importante hacer referencia al fenómeno de los linchamientos en Guatemala, principalmente en áreas donde el conflicto armado fue particularmente despiadado –Cobán, Huehuetenango, El Quiché. Algunas personas, movilizadas gracias a la impunidad de la masa, han tomado “la justicia” en sus manos, haciendo de la muerte de un sospechoso la forma más gráfica de su rotundo rechazo a la ineficacia de un sistema que no da respuesta a la sed de justicia pronta y cumplida que campea en la cotidianidad de la

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Entrevista con Manuel Ortega Hegg, Managua, junio de 2001.

Expresada en múltiples encuestas de opinión realizadas por periódicos y en estudios académicos.

4 / Publicación mensual de FLACSO mayoría de guatemaltecos. Cada linchamiento es una renuncia a la vida democrática, por cuanto se legitima arbitrariamente el regreso de la venganza privada como el medio más rápido de acceder a la “justicia”. Con respecto a la voluntad política de efectuar los cambios que anulen paulatinamente este conjunto de problemas, lamentablemente éstos no han podido pasar del discurso a la realidad. Por fortuna, uno de los aciertos de las reformas procesales en materia penal en Centroamérica fue introducir la noción de que un conflicto no se resuelve exclusivamente en la instancia judicial, sino que puede repararse el daño (si éste no afectó el interés social) al margen del sistema, a fin de no saturarlo con pequeñeces; es decir, por la vía de la negociación y del arbitrio. Aun cuando la posibilidad ha quedado abierta, es obvio que los tribunales de justicia no están lo suficientemente preparados para atender las demandas. El mayor reparo que puede hacerse al sistema de justicia centroamericano es el de la ausencia de una política criminal que sintetice en un sólo proyecto –ajeno a las posturas y decisiones coyunturales de los gobiernos– una visión de la forma cómo los estados planifican prevenir, perseguir y castigar el crimen de acuerdo a los principios innovadores del derecho penal y del pleno respeto de los derechos humanos. Parafraseando a Barrientos Pellecer, éste es otro “talón de Aquiles” de la democracia en Centroamérica: ni policías, ni jueces, ni abogados, han integrado sus tareas en función de una causa común. Sus gestiones transcurren más bien aisladas unas de la otras, sin la mayor comunicación ni el menor compartimiento de planes y estrategias que, de efectuarse, le ahorrarían a la sociedad muchos problemas y, sobre todo, le aportarían al Estado una importantísima cuota de credibilidad.

Nueva época, Año II, No. 14, marzo de 2002 únicamente pone en práctica una creencia errónea de la sociedad: tratar al niño y al adolescente como objetos que carecen de derechos. Para la instauración de una verdadera democracia se hace necesario reestablecer la vigencia real de un Estado de Derecho, ligada al reforzamiento de la percepción de los ciudadanos sobre la legitimidad de ese orden legal, de la necesidad del respeto a la norma como forma de vida civilizada, y de la aceptación que éstas son, en definitiva, las mejores garantes del ejercicio democrático.

CORRUPCIÓN Y LA FALTA DE

TRANSPARENCIA EN LA SOCIEDAD Y EL

ESTADO

La implementación de una carrera judicial permitiría la recuperación de uno de los espacios que han perdido el derecho y, por ende, los gobiernos: el sistema carcelario. En la actualidad, en Centroamérica, este apartado constituye una asignatura pendiente para la búsqueda de la democracia. Los centros de reclusión existentes no pueden considerarse más que como espacios para la consolidación del crimen, una especie de círculo vicioso inquebrantable que aumenta los peligros de la inseguridad a corto, mediano y a largo plazo. Además, muchas de las personas que se encuentran detenidas no han sido declaradas culpables por un tribunal competente; forman parte de esa categoría que algunos estudiosos del derecho penal han denominado “presos sin condena”, y que no es más que el resultado de la criminalización de la pobreza. Pareciera ser que hay prisa por llevar a la cárcel a cientos de miles de “peces chicos” cuando el grueso de la criminalidad organizada no ha sido siquiera detectada. Es evidente la falta de criterio político para comenzar a reparar esta falla que, de postergarse por más tiempo, traerá consigo un posible colapso judicial. El rezago en la administración de justicia abarca el campo de la infancia. A pesar de los cambios en la materia que establece la Convención de Derechos del Niño, firmada en 1989, no ha podido pasarse del modelo de la situación irregular –que prácticamente hace del menor infractor un consumado delincuente– al modelo de la protección integral que otorga al niño su valor como persona y le confiere los derechos de los cuales es sujeto. En Guatemala y El Salvador se han producido batallas infructuosas por lograr dicho cambio jurídico. Habría que mencionar la especulación de carácter fundamentalista que ha manipulado la ignorancia popular, empañando la argumentación del debate. Al respecto, el aparato judicial

Una de las características más evidentes de las sociedades centroamericanas son los continuos escándalos que la prensa local destaca con relación al uso indebido de los recursos públicos. La corrupción y la falta de trasparencia de muchos funcionarios, de diferentes categorías, se relacionan con lo que se ha señalado como una concepción patrimonial del Estado, percibido por muchos gobernantes como un espacio en el cual el lucro personal y la oportunidad de hacer negocios con provecho propio es constante. Las nociones del bien común y la del espíritu de servicio están ausentes de una manera clara.

Publicación mensual de FLACSO Esta idea del Estado patrimonialista obedece, por una parte, a un rezago de la clase política con respecto a las formas procedimentales del actuar público, y por la otra, a una atenuación de la frontera entre lo público y lo privado como conceptos y como espacios delimitados para la actuación diferenciada de personas-funcionarios con roles y objetivos distintos. Se dice que esta confusión es propia de los tiempos modernos y uno de los tantos efectos de una concepción neoliberal que privilegia lo individual y lo privado. La corrupción en el Estado también tiene otras fuentes, dentro de las cuales se encuentra la inserción del crimen organizado internacional, cuyo principal exponente es el narcotráfico, pero no es el único: el contrabando de armas, vehículos y madera es otro dominio que se encuentra estrechamente asociado. En el área encontramos ejemplos de este componente en varios niveles de la sociedad y el Estado. Es en Guatemala donde se encuentra más desarrollada esta presencia, y la asociación con funcionarios estatales representa un verdadero peligro para la expansión de estos ilícitos. Esta presencia incide no sólo en la deformación del perfil estatal, sino también, como es obvio, en un mayor descrédito de la política.

DECIR

LO QUE SE PIENSA:

UN REPASO DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Nueva época, Año II, No. 14, marzo de 2002 / 5 imposible pasar por alto algunos pronunciamientos efectuados por la Sociedad Interamericana de Prensa –SIP– y por el Relator de la Organización de Estados Americanos –OEA– con respecto a la libertad de expresión, que coinciden en que la represión no ha dejado de acechar la labor periodística. Prueba de ello es el asesinato en Costa Rica y en Guatemala, respectivamente, de Parmenio Medina, el 7 de julio de 2001, y de Mynor Alegría Armendáriz, el 5 de septiembre del mismo año. Ambos periodistas, aun cuando no se han aclarado los móviles de los crímenes, habían denunciado casos de corrupción. En El Salvador, entretanto, en febrero de 2001, los tribunales de justicia archivaron el caso de la locutora Lorena Saravia, asesinada en agosto de 1997 luego de denunciar anomalías en el gobierno salvadoreño del entonces presidente Armando Calderón Sol. Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua son, en la actualidad, escenarios donde el nivel de crítica política se ha extendido a situaciones que en los años 80 hubiesen sido imposibles siquiera imaginar. La circunstancia costarricense es distinta: su tradición política ha ido de la mano con la libertad de opinión. Está claro que la revolución de las comunicaciones tuvo un impacto en la naturaleza de la prensa. Por un lado, imprimió un alto nivel de velocidad en la generación de la información, que se tradujo en un amplio espectro de cobertura. Pero, por otro, esa velocidad, que pertenece al campo de la cantidad: periódicos, programas radiales o televisivos, revistas, etcétera, no encuentra una correspondencia con la calidad de lo que se dice, comenta o critica. En una palabra, la

Sin duda, uno de los logros más relevantes del proceso democratizador fue que los centroamericanos comprendiéramos la importancia de la libre emisión del pensamiento. Una democracia se funda en el disenso de la opinión, en la libertad de prensa y, necesariamente, en la actitud crítica de los ciudadanos con respecto al poder y a quienes lo ejercen. El papel de la prensa en nuestras sociedades ha cobrado un primer plano por la importancia que ésta tiene en la elaboración de las agendas públicas y en las formas de expresión de la opinión de los ciudadanos. Mucho se ha avanzado en materia de opinión política en el área, sin embargo, el mayor peligro no es el reaparecimiento de la censura o de la intolerancia, sino la generación por parte de la propia prensa de percepciones o agendas que no corresponden totalmente a la realidad o que no la reflejan adecuadamente, convirtiéndose entonces en generadoras de conflictos o de opiniones ciudadanas que permean toda la sociedad política y que se ajustan a motivaciones, a veces, muy sectoriales. En Centroamérica este tema lleva un significado incuestionable, ya que sirve de parámetro para medir el grado de democracia existente. Durante y al final de los períodos autoritarios, caracterizados por el itinerario de guerras civiles y de la contrainsurgencia, la prensa desempeñó una función de denuncia permanente que fue reprimida con violencia. A pesar de que todavía no se han esclarecido algunos de los asesinatos de periodistas –como el caso de la guatemalteca Irma Flaquer, los informadores siguen siendo objeto de cierta coacción, que va desde la confrontación abierta con el poder político, pasando por la estrategia de la cooptación,5 hasta las amenazas provenientes de sectores que defienden intereses ilegítimos y sectarios. Esto dicho desde una óptica general. Pero es 5

Aunque también ello sucede en los demás países centroamericanos, la administración del presidente Alfonso Portillo en Guatemala, se caracterizó en un inicio por la incorporación de periodistas al gabinete de gobierno, o bien al servicio exterior.

6 / Publicación mensual de FLACSO tecnología de punta de los mass media, característica de la globalización, no ha tenido un alcance correlativo en cuanto a la calidad de la información que reproduce. La abundancia en el dominio de la prensa no ha sido sinónimo de pluralidad ni de incidencia total. ¿Puede caracterizarse una prensa centroamericana? La respuesta es ambigua: mientras las realidades o contextos sociopolíticos son cada vez más distintos, hay una especie de hilo conductor que no es difícil rastrear. Así, la prensa se nos presenta como sector que ha sido atravesado por las lógicas de la modernización empresarial y de la política. En el primer aspecto para bien; en el segundo es obvio que algunos medios de comunicación mantienen una actitud favorable al interés político. Esto no es de extrañar, recordemos que uno de los principales diarios de Honduras es propiedad, precisamente, del expresidente Carlos Flores. Por otra parte, la prensa ha evolucionado en la ocupación de espacios que no habían sido tradicionales, desde la televisión hasta internet. No obstante, hay diferencias radicales: mientras la prensa televisiva de El Salvador es audaz y está dotada de una saludable versatilidad, la guatemalteca es prácticamente inexistente. El control político de los noticieros quedó al descubierto gracias a la polémica que sostuviera, a través de los canales de televisión, el gobierno de Alfonso Portillo –específicamente el entonces ministro de Comunicación y Obras Públicas, Luis Rabbé– con la prensa escrita. La información manejada por los programas televisivos distaba de la verdad, y provenía de una mezcla de intereses políticos y empresariales, nacionales e internacionales. Retomando la comparación con El Salvador, Guatemala no ha podido desplegar un verdadero profesionalismo periodístico de tipo televisivo. Mencionamos el periodismo salvadoreño pensando en la insistente crítica que han desarrollado algunos periodistas como Mauricio Funes y otros. Igual situación se observa en Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Salvo en Guatemala, el estilo del talk-show va en aumento. La opción, con ser saludable, no deja de ser cuestionable. Así, por ejemplo, Roberto Turcios y Carlos Fernando Chamorro,6 dos reconocidos periodistas centroamericanos, opinan lo siguiente: “En El Salvador el papel de la prensa ha sido muy positivo. Se vivió una transformación de una prensa poco profesional, poco independiente, muy preocupada por portarse bien ante el poder, a una prensa con mayor visión...”; mientras que Chamorro explica que: “En los últimos años, la prensa se ha convertido en una de las instituciones más confiables de la sociedad... es la institución que realmente está fiscalizando al gobierno”. Como vemos, tanto para los salvadoreños como para los nicaragüenses, el factor periodístico ha sido uno de los motores más importantes de la democracia. Para los hondureños, por otro lado, según Ramón Custodio, la prensa ha desempeñado un papel positivo: “Con todos sus excesos, en Honduras la prensa siempre tiene algo que decir... y eso ha generado confianza entre los ciudadanos, porque la verdad, en general, no se queda sin ser dicha”.7 Lo mismo para los costarricenses, donde el uso de la libertad de opinión ha sido una práctica histórica. Sin embargo, un agudo sociólogo nos previene: 6 7

Entrevistas realizadas en mayo y agosto de 2000, en las ciudades de San Salvador y Managua. Entrevista a Ramón Custodio.

Nueva época, Año II, No. 14, marzo de 2002 “A veces el contenido de los noticieros de televisión y de radio, de los periódicos, es de los más pobres, tanto desde el punto de vista periodístico como desde el punto de vista intelectual. A veces no hay sobre qué informar y todo se convierte en nota roja. Hay un tratamiento amarillezco de la información... El periodismo de investigación se agota en ciertos nichos... Hay mediocridad.”8 La violencia política heredó un tejido social compuesto por una masa de personas que tienden a la homogenización de sus gustos. La sensibilidad y la inteligencia sociales fueron sustituidas por la búsqueda del escándalo, de la imaginería popular y del mercado. Aun así, sostenemos que la prensa ha fortalecido la expectativa democrática de nuestras sociedades. Cabe esperar que el relevo generacional de los espacios sea aprovechado a favor de la democracia, porque el peligro ya no es en sí la amenaza que emana del poder, sino la propia mercantilización de los servicios de prensa que, si ceden a la tentación de vender por sobre todas las cosas, le habrán restado a sus sociedades los usos de la crítica, de la reflexión y de la construcción de ciudadanía desde la responsabilidad de informar y de ser informado. El predominio del interés particular y empresarial, en detrimento del papel orientador de carácter público de la prensa, es un peligro que hay que señalar. Este peligro es mayor en sociedades que, como las nuestras, no tienen un tejido social fuerte y carecen de una institucionalidad probada. En el plano político la prensa ha substituido en muchos casos a los partidos políticos, en defecto de éstos, pero ello conlleva también el peligro del protagonismo y de la mezcla de intereses en instituciones cuya misión es distinta. En unas es servir de mediadoras para un proyecto político de los ciudadanos, y en otras es informar y orientar a la opinión pública. Si todo esto se mezcla, el resultado puede ser la confusión o desorientación de la opinión, o la sumisión de lo público a versión particular. Lo anterior se expresa muchas veces en un predominio del análisis coyuntural que hace que se pierda la perspectiva del largo plazo y de los grandes intereses del Estado. Esto último es un papel que nuestra prensa todavía no asume plenamente. Finalmente, no queda sino agregar que el rol desempeñado por la prensa centroamericana en los señalamientos de corrupción y malos manejos de los distintos gobiernos del área ha sido algo positivo y determinante para avanzar en la creación de una nueva ética pública, que viene a ser una necesidad impostergable para el avance de la democracia en nuestros países. Problemas como los ya señalados, tales como el patrimonialismo del Estado, la concepción privada de la gestión pública y sus problemas concretos –la corrupción y las conexiones con el crimen organizado internacionalmente, no son sino algunos aspectos de la nueva agenda de la globalidad, en los cuales el papel de la prensa ha sido más que deseable, en denunciarlos.

Entrevista a Abelardo Morales, San José de Costa Rica, mayo de 2000.

Nota:Las fotografías de Ricardo Ramírez Arriola fueron tomadas del libro Los que aquí estamos, publicado recientemente por el grupo editorial Porrúa, en México.

Publicación mensual de FLACSO

Nueva época, Año II, No. 14, marzo de 2002 / 7

1987-2002: QUINCE AÑOS DE EXISTENCIA DE LA FLACSO-GUATEMALA

a Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO– es un organismo internacional, regional y autónomo, integrado por los países latinoamericanos y del Caribe para promover la enseñanza e investigación de las ciencias sociales, que se creó en 1957 a iniciativa de la UNESCO. En los 45 años transcurridos desde entonces, la Facultad cuenta con unidades académicas en diez países: Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México y República Dominicana. Constituye el programa regional más antiguo e integrado de ciencias sociales en América Latina y el Caribe. La FLACSO inició sus actividades en Guatemala en 1986 por iniciativa de un grupo de profesores e investigadores de las universidades de San Carlos y Rafael Landívar. En 1987, el Congreso de la República emitió el Decreto 96-87 por el que Guatemala se adhería al acuerdo constitutivo de la FLACSO, formalizando así las funciones académicas de la Facultad en

CINCO AÑOS DE LA FIRMA

DE LA PAZ EN

el país. En la actualidad realiza actividades de investigación, docencia y extensión en las siguientes áreas académicas: Áreas académicas

Actividades

Estudios económicos Estudios étnicos

Investigación

Estudios de género y de juventud

Docencia (cursos, diplomados y maestrías)

Medio ambiente y desarrollo sostenible Estudios de seguridad

Extensión (foros, conferencias, publicaciones)

Estudios urbanos, de población y migraciones

De 1987 a la fecha, la FLACSO-Guatemala ha realizado 210 investigaciones, publicado y reeditado más de 160 títulos, e impartido varios diplomados y cursos superiores (en Relaciones Internacionales, Forestería comunitaria, Sociología ambiental, Liderazgo de jóvenes y mujeres mayas, entre otros). En colaboración con la Universidad Rafael Landívar ofrece una Maestría en relaciones internacionales, y recientemente inició otra Maestría centroamericana en ciencias sociales.

NoVEdaDeS

GUATEMALA:

UN BALANCE CRÍTICO

DEBATE 51 188

PÁGS.

Q57.00

CARLOS F. CHAMORRO LUIS PÁSARA ALBERTO FUENTES K. RAQUEL ZELAYA RUBÉN ZAMORA FRANCISCO LEAL BUITRAGO EDELBERTO TORRES-RIVAS

Los siete ensayos que integran la publicación número 51 de esta serie debate, corresponden a las ponencias que sus diversos autores presentaron en el foro interno de FLACSO-Guatemala titulado: “A cinco años de la firma de la paz en Guatemala: un balance crítico”. El mismo se realizó a finales de noviembre de 2001 en esta capital, y contó con el apoyo del International Peace Research Institute –PRIO– de Oslo. Al publicar estas siete ponencias, FLACSO-Guatemala espera reactivar la reflexión y el debate sobre el tema de la paz en Guatemala, y su abordaje desde perspectivas distintas de las que tradicionalmente se han aplicado al mismo.

8 / Publicación mensual de FLACSO

Nueva época, Año II, No. 14, marzo de 2002

NoVEdaDeS SER

INDÍGENA EN

Próximas publicaciones

CIUDAD DE GUATEMALA MANUELA CAMUS 396

LOS DESAFÍOS DE LA CENTROAMÉRICA

DEMOCRACIA

RENÉ POITEVIN ALEXANDER SEQUÉN-MÓNCHEZ 164

PÁGS.

Este trabajo es el resultado de una preocupación por estudiar la realidad centroamericana como un todo. Desde luego, la tarea no fue fácil a causa de la heterogeneidad que caracteriza a un conjunto de países cuyas dinámicas son complejas, debido a procesos históricos distintos. Precisamente, el examen de las diferencias permitió comprender y, en algunos casos, interpretar, aquellos rasgos y situaciones en las que no existe más distinción que la que establecen las fronteras.

Ser indígena en Ciudad de Guatemala es un esfuerzo por reflejar la diversidad de formas en que deriva la identidad étnica en el ámbito capitalino. Su protagonista es la deslegitimada población indígena residente, que ha sido tachada como “contaminada”. Este acercamiento a su vida, sus experiencias y sus palabras, pretende darle el espacio que se ha ganado y se merece con el reconocimiento de la indianización de la ciudad capital y de sus sectores populares.

SEGURIDAD

GÉNERO

Y BIODIVERSIAD

PÁGS.

DEMOCRÁTICA EN

GUATEMALA

BERNARDO ARÉVALO PATRICIA GONZÁLEZ MANOLO VELA 248 PÁGS.

EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE

CENTROAMÉRICA

374

PÁGS.

La región centroamericana se caracteriza por contener una alta biodiversidad producto de su privilegiada posición como puente biogeográfico entre dos grandes masas continentales que le confieren características propicias para la existencia de una gran diversidad de genes, especies y ecosistemas. Eso significa que en un espacio reducido, comparado con otras regiones del mundo, se presenten múltiples condiciones ecológicas que hacen posible que algunas especies hayan adquirido condiciones genéticas para establecerse en diferentes pisos altitudinales o regiones climáticas, como sucede con el maíz o el frijol, por ejemplo. Sin embargo, esa riqueza de biodiversidad no depende sólo de las condiciones que le confieren las características biogeográficas del área. La existencia de muchas especies, cultivadas o no, ha sido posible gracias a la intervención deliberada de las comunidades, que han encontrado en ellas motivos suficientes para asegurar su reproducción y mejoramiento.

Esta investigación discurre sobre los retos que representa el proceso de transformación de un Estado débil, autoritario y con crisis de seguridad interna, a un Estado democrático en el que se reformule la anterior Doctrina de la Seguridad Nacional –DSN– por de Seguridad Democrática. Los autores nos presentan conceptos, antecedentes históricos, la evolución, diagnóstico y debates de posguerra sobre Seguridad Democrática.