Diálogo 30 Nueva Época/ Escenarios electorales en Guatemala

Nueva época, Año 3, No.

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Guatemala, noviembre de 2003

Escenarios electorales en Guatemala Democracia, legitimidad y elecciones Víctor Ferrigno El escenario electoral Gustavo Porras Castejón

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*Licenciado en ciencias jurídicas y sociales, especialista en etnodesarrollo y analista político.

Doctorando en derecho ambiental por la Atlantic International University, Florida, EE.UU. ** Sociólogo, egresado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París; miembro de la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz (1997-1999); secretario privado de la Presidencia de la República (1996-2000).

Presentación

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scenarios electorales en Guatemala, la penúltima publicación de diálogo de este año, recoge los resúmenes que los propios autores realizaron de sus intervenciones públicas en el foro que, con el mismo nombre, patrocinara FLACSO el 9 de octubre de 2003. El propósito de dicho foro fue aprovechar la acumulación existente de información, tras seis meses de campaña electoral (mediante varias ecuestas de opinión y de intención de voto que han sido publicadas, de presentaciones de candidatos y de planes de gobierno, de informes de observación electoral, etc.), para abrir un espacio de reflexión y análisis. La intención consistía en generar un paréntesis en este torbellino de publicidad, denuncias y contradenuncias, violencia y rumores que ha caracterizado esta campaña electoral (no en menor intensidad que las anteriores), y que ha terminado por producir una sensación de acoso y hasta de saturación entre los electores, sin que ello se convierta, necesariamente, en fuente de claridad y conocimiento práctico para que el ciudadano

esté en condiciones de fundamentar mejor su decisión y escoger entre el abanico de opciones que los candidatos ofrecen pero que constituyen, no obstante, muy pobres opciones efectivas.

Dentro de este contexto, Víctor Ferrigno en “Democracia, legitimidad y elecciones”, avanza una serie de consideraciones críticas sobre las opiniones de los y las ciudadanas encuestadas a través de las mediciones realizadas, las ofertas de los candidatos, el sistema de partidos políticos y las perspectivas que se avecinan para 1994. Gustavo Porras Castejón, por su parte, en “El escenario electoral”, presenta lo que a su juicio serán las situaciones previsibles el 9 de noviembre y el 28 de diciembre cuando tengan lugar la primera y segunda vuelta de las elecciones generales 2003. Incluso cuando las argumentaciones y las interpretaciones de ambos autores son distintas, existe una preocupación y coincidencia compartidas por la difícil perspectiva que se avecina para el país a partir de 2004, sea cual fuere la administración que se instale.

Democracia, legitimidad y elecciones Víctor Ferrigno F. confrontación armada con un altísimo costo en vidas, sufrimiento y recursos.

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Publicación mensual de FLACSO-Guatemala y elPeriódico Secretario general de FLACSO Wilfredo Lozano San José, Costa Rica CONSEJO ACADÉMICO DE FLACSO-GUATEMALA Víctor Gálvez Borrell-director Virgilio Álvarez/Walda Barrios-Klée/ Virgilio Reyes/Edelberto Torres-Rivas Tel. PBX (502) 362-1431 Fax: (502) 332-6729 Correo electrónico: flacsoguate@flacso.edu.gt Página web: http://www.flacso.edu.gt Coordinación de edición: Hugo de León Edición: Víctor Gálvez Borrell Diseño y diagramación: José Bolaños Corrección: Ariel Ribeaux Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero de la agencia sueca de desarrollo internacional ASDI/SAREC 30,000 ejemplares

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l mayor daño que se le pude infringir a la democracia es darla por consumada, sin comprender que su ampliación y profundización nunca termina, pues es nada más —aunque nada menos— el sistema de gobierno menos imperfecto. En ese contexto, las elecciones deben entenderse como un termómetro para medir la calidad de nuestra democracia, cuyos avances son pocos y flacos.

Los Acuerdos de Paz no son otra cosa que un pacto político para transitar hacia la democracia participativa, proceso que se ha frenado por falta de voluntad política. Así, no sólo prevalecen las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado interno, sino que su transformación se ha estancado.

Desde esa perspectiva, si no retomamos la transición hacia la democracia con nuevos brillos, las próximas elecciones lejos de significar un avance cívico, pueden convertirse en una mascarada que legitime el régimen de exclusión, opresión y represión que llevó a una

Los compromisos de paz delinean, de manera integral, una ruta hacia la democracia participativa —el régimen político—, sobre la base de tres ejes: una democratización del modelo de Estado, una profunda transformación del régimen social y una tibia reforma del régimen económico.

Se pactó la democratización del modelo de Estado contrainsurgente, racista y excluyente, por uno democrático, pluricultural y de derecho, lo que no se ha impulsado. Los órganos de inteligencia siguen espiando y reprimiendo a los ciudadanos honrados, el ejército mantiene una fuerte ingerencia en la seguridad pública y en el aparato de justicia, la impunidad es moneda corriente, y las políticas públicas privilegian a los sectores pudientes y a la población urbana y ladina, como se demuestra al estudiar el gasto público.1 El régimen societario guatemalteco, caracterizado por la exclusión social y la opresión étnico-cultural, casi no ha sufrido modificaciones, salvo por la emisión de leyes2 que no se 1 Centeno, Pavel y Virgilio Reyes, Pobreza y Pueblos indígenas.

FLACSO, Guatemala, 2001. Mimeo.

2 Reformas al Código Municipal; tipificación del delito de discriminación y aprobación de la Ley de Idiomas Nacionales.

cumplen y promesas políticas que nunca se concretan; la convivencia respetuosa entre indígenas y ladinos es aún un horizonte lejano.

El régimen económico no sólo no se ha transformado, sino que sus inequidades se acrecentaron: aumentó el número de pobres, se profundizó la pobreza y se incrementó la concentración de la riqueza en cada vez menos manos, según el último Informe Nacional de Desarrollo Humano.

En semejante contexto de exclusión, opresión y amenazas, las elecciones no logran convertirse en un mecanismo ciudadano para legitimar a las nuevas autoridades, a las leyes o a las instituciones. Así, caminamos hacia una creciente ingobernabilidad y a un alarmante deterioro de los valores republicanos.

Esta problemática de fondo es la que no aparece ni en el discurso ni en los programas de los candidatos, ni se ventila en los medios de comunicación al abordar el proceso electoral. La ciudadanía tiene clara conciencia de esta cuestión, pues más del 62% de los entrevistados en la primera encuesta sostiene que la problemática nacional continuará igual, independientemente de quien sea el candidato ganador. En la siguiente encuesta (julio de 2003) el 88% se mostró interesado en conocer los programas de gobierno que, en la mayoría de los casos, no existen o no se habían difundi-

zaciones de masas, sino meros aparatos de poder. En ese contexto, la coherencia y la capacidad de convocatoria ciudadana de los programas carecen de importancia. Para lograr el voto de minorías no hace falta comprometerse políticamente frente a la nación con un programa integral; basta impresionar a través de los medios de comunicación, o alinear a los incondicionales con ofrecimientos y granjerías.4 Sin compromiso programático real, los gobernantes tienen el campo libre para ejercer el poder a su sabor y antojo, y de existir, los mecanismos de fiscalización ciudadana carecen de parámetros para ejercer su función contralora.

El abstencionismo, por otra parte, ha sido determinante para que el voto citadino domine sobre el resto del país. No es enteramente cierto que, por participar, las minorías votantes representen la soberanía popular; históricamente ha existido una abismal desproporción entre los votantes que determinan el triunfo del candidato ganador y los electores empadronados, aunque esta brecha podría reducirse en las próximas elecciones.

Lo relevante de este fenómeno es que exacerba las contradicciones ladino-indígena y ciudad-campo, sobre las que gravita buena parte del conflicto social actual.

do. El 82% dijo no sentirse representado por ningún partido político; al 58% no le agrada hablar de política con sus amistades, y el 63% sostiene que su participación cívica se limitará a emitir el voto.

El abstencionismo,3 sumado a las concepciones de la clase política guatemalteca, provoca que los partidos no lleguen a ser organi-

A reserva de profundizar en la significación política de las cifras electorales, hay que reiterar que la clase política, varios medios y bastantes analistas se pierden en ellas. Se asume que, en el marco de la naciente institucionalidad, las reglas de representación ciudadana son válidas y no las analizan en el marco de la diversidad cultural de nuestra nación.

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El 80% de los entrevistados durante la segunda encuesta atribuyó el abstencionismo a la desconfianza que generan los propios partidos políticos.

Al respecto véase el análisis comparativo de los programas de gobierno PAN-FRG (E. Gutierrez, M. Marroquín y V. Ferrigno, Ediciones Fundación Myrna Mack, diciembre de 1995).

El abstencionismo, por ejemplo, es visto únicamente como una falta de responsabilidad ciudadana, y no como una expresión política de la poca credibilidad en el Régimen de representación de partidos —RRP—. Cuando algunos aventuran que existe falta de credibilidad ciudadana, reducen ésta a los partidos y no al sistema electoral.

De esta suerte caminamos hacia un esquema de elecciones funcionales, las cuales —a diferencia de las elecciones fundantes— rescatan, predominantemente, los aspectos formales de la democracia electoral.

En las elecciones próximas, como en las anteriores, habrá libertad para votar, pero no para elegir. Por ejemplo, salvo el caso de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca —URNG—, todos los demás partidos representaban opciones de la derecha.

Aún no están dadas, en su totalidad, las condiciones legales para que todas las fuerzas sociales se expresen políticamente en el marco electoral. A este respecto no debemos olvidar que un sistema político es, entre otras cosas, un espacio donde la lucha y la convivencia de contrarios se va equilibrando para evitar las crisis o la ruptura del andamiaje institucional.

En este contexto, y sin olvidar el proceso de transición que vivimos, el Tribunal Supremo Electoral —TSE— crece en reconocimiento por su labor meramente administrativa, obviándose su incapacidad política para democratizar el proceso.

En la misma tesitura observadores y analistas —reduciendo el problema a tecnicismos— recomiendan medidas tales como llevar urnas a las aldeas para garantizar la representatividad democrática de las elecciones, incrementando la participación ciudadana. Ignoran que en las elecciones de 1985 el pueblo votó masivamente en el marco del mismo régimen noviembre 2003, No. 30 /

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electoral, y si con posterioridad no lo hizo, es por razones políticas y no operativas.

El proceso de institucionalización funcional —que no real— tiene su correlato electoral en lo que denominamos un régimen de representación de minorías, las cuales determinan —arrogándose la representación ciudadana— el destino político de la nación.

El fenómeno encaja perfectamente en el desigual proyecto de nación de la clase dominante: la política económica la determinan las élites beneficiarias, sin participación de los productores; la política social la determina una minoría ladina, en detrimento de una mayoría indígena; la política nacional la determina, electoralmente, una minoría que sí se reconoce en el actual RRP, ignorando a la mayoría excluida, que por ende no vota.

En este marco, la legitimidad del gobierno electo es insuficiente, lo que hace suponer que el fenómeno de la ingobernabilidad será creciente y, muy probablemente, será enfrentado con la represión, pues la polarización tenderá a acrecentarse.

Frente a partidos políticos y autoridades que le dan la espalda a las demandas sociales, la principal tarea de la transición democrática es construir en la sociedad una fuerza de oposición, partidaria y no partidaria, con posiciones definidas ante cada cuestión relevante de la vida nacional, convirtiéndolas en banderas de lucha cívica, hasta que devengan en políticas públicas.

En un auténtico régimen republicano, una oposición partidaria y social contribuye a organizar en los espacios societarios, antes que

en los institucionales, la fuerza social y la autonomía indispensables para enfrentar la política antipopular de los gobiernos excluyentes y opresivos por venir. Esto implica construir en el pueblo, al fragor de la lucha cívica, la confianza en las propias fuerzas, antes que la confianza popular en los dirigentes de la oposición.

Si se quiere construir una oposición no se puede formar parte del gobierno, presente o futuro; ésta es la más elemental regla republicana. Por ello, la autonomía del movimiento social no se puede comprometer en frentes cívicos de dudosa independencia.

Ellos son ellos, y nosotros otra cosa. No confundir esa diferencia es el primer requisito para ser oposición, defendiendo nuestros derechos y preparándonos para lo que haya de ser, con claridad, tiempo y paciencia.

El escenario electoral Gustavo Porras Castejón

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l proceso electoral actual ha tenido desde sus inicios un curso sinuoso y en alguna medida sorprendente. Hasta hace apenas tres meses todavía no se encontraba definido por entero el cuadro electoral (estaba aún pendiente la inscripción del general Ríos Montt), y durante un año o más flotó la incertidumbre con relación a la candidatura de Oscar Berger y lo que pasaría al interior del principal partido de oposición: hasta ese momento el PAN. En el curso de pocos meses ha variado sustancialmente la situación y las perspectivas del sistema político partidario. Antes de la salida de Oscar Berger del PAN se hablaba de un bipartidismo, de una polarización PANFRG. Hoy, el panorama es de una fragmentación y/o debilitamiento de los partidos que parecía iban a ser hegemónicos, tanto en las elecciones como en el futuro inmediato.

Sin embargo, la fragmentación partidaria no cuestiona que otra vez el electorado se defina en torno a tres tendencias básicas: la que personifica el FRG, la que representó el PAN (hoy dividido) y una “tercera fuerza” a la que se identifica genéricamente como contestataria, de izquierda o de contenido popular.

De manera que al igual que en las elecciones pasadas, el elevado número de candidatos no 4 / noviembre 2003, No. 30

implica que el electorado se fragmente de manera significativa. Si se analizan los datos de las encuestas con relación a la intención de voto, se podrá comprobar que entre cuatro agrupaciones partidarias (GANA, FRG, UNE y PAN) se concentra entre el 85 y el 90% del mismo.

Los cambios abruptos en la situación de los partidos reflejan debilidad institucional, fragilidad de sus compromisos internos y ausencia de cohesión en torno a ejes programáticos o conceptos políticos; un pragmatismo electoral que no responde ni mucho menos a diferencias políticas y programáticas reales, sino a la competencia entre grupos de interés e incluso personas.

La evolución de la situación interna del PAN es, a este respecto, dramática y aleccio-

nadora. Cuando el PAN celebró sus elecciones internas en noviembre del año pasado, una encuesta de Aragón & Asociados para la Fundación Soros mostró que el 89% de los entrevistados saludaban con beneplácito tal iniciativa. Más de 200 mil personas participaron en dicha elección, pero poco tiempo después ocho de los 15 miembros del Comité Ejecutivo anularon el resultado, y es de remarcar que con apego a la ley. Se subraya este aspecto porque muestra —entre varios elementos más— la insuficiencia de la Ley Electoral vigente para propiciar —y menos salvaguardar— la democracia interna en los partidos. Según datos de la misma encuesta, si en noviembre de 2002 se hubieran celebrado las elecciones, el PAN con Berger de candidato habría arrasado.

En cuanto a los resultados de la primera vuelta electoral, está claro que Berger obtendrá el primer lugar. Lo que está por verse es quién logrará la segunda posición, en la que parece haber un triple empate virtual entre Álvaro Colom, el general Ríos Montt y Leonel López Rodas.

Hasta el momento Álvaro Colom puntea en este grupo de acuerdo con las encuestas.

Pero sin entrar en la polémica acerca de la validez de las encuestas, es preciso tomar en cuenta algunos aspectos para evaluar las cifras que resultan de ellas. Uno de esos aspectos es que las encuestas a nivel nacional sólo llegan hasta dos o tres cabeceras municipales por departamento. Es decir, el área rural propiamente tal no es investigada.

No obstante lo anterior, se afirma que las muestras son válidas porque en el área rural se replican las tendencias detectadas en dichas muestras, pero sin negar que en ocasiones anteriores esto se ha confirmado, en las elecciones por venir es preciso considerar, por ejemplo, que el FRG posee bolsones de voto cautivo cuya incidencia no es posible medir por medio del procedimiento normal de las encuestas. Asimismo, en la situación actual parece que hay cierta inhibición por parte de algunos entrevistados para declarar abiertamente que votarán por el FRG, dado el ambiente hostil que prevalece al respecto.

Con relación a la disputa del segundo lugar en la primera vuelta también hay que tomar en cuenta cuál es la estructura político-partidaria que respalda a cada candidato, y en ese sentido Ríos Montt y López Rodas aventajan a Álvaro Colom. En particular hay que aceptar que el FRG es, sin duda, la estructura partidaria más sólida y disciplinada y que cuenta con recursos cuantiosos.

El PAN, a pesar de la erosión de adherentes que le representó la ruptura con Berger y que es ostensible en la disminución en las preferencias del electorado, logró conservar lo fundamental de su estructura partidaria. No es cierto que en las elecciones incida solamen-

te el despliegue publicitario mediático. El trabajo de partido, el disponer de operadores políticos, el contar con una forma organizada de tomar decisiones y trasladarlas a las bases influye grandemente en el resultado electoral y puede ser el factor que haga la diferencia.

El panorama de la segunda vuelta electoral puede cambiar sensiblemente según quien sea el contrincante de Berger. La opinión dominante es que su rival más difícil sería Álvaro Colom, y el más fácil Ríos Montt, dado que, sin ninguna duda, la candidatura de Berger —como ninguna otra— se ha beneficiado del voto de castigo, a lo que suma el “voto de arrepentimiento” (“Lástima que no votamos por Berger”, era una expresión generalizada en Guatemala apenas unos meses después de instalado el gobierno actual).

Mucho se especula también en torno a que Álvaro Colom podría repetir un fenómeno similar a lo ocurrido entre Jorge Carpio y Jorge Serrano en las elecciones de 1990. Sin descartar que Colom podría tener un fuerte repunte en la segunda vuelta, hay que tomar en cuenta que entre Carpio y Serrano apenas hubo un uno por ciento de diferencia en la primera vuelta, y que Serrano encarnó la típica situación del candidato que sorprende y asciende vertiginosamente desde el principio, lo cual no ha sido el caso de Colom, a pesar de que él también ha ascendido en el curso del proceso electoral.

Hoy parece confirmarse la previsión de que ningún partido o alianza de partidos (GANA) tendrá mayoría en el Congreso ni en las alcaldías. El 64.2% de los entrevistados en una encuesta de Aragón & Asociados declara que no votarán igual para presidente que para diputados, mientras sólo el 24.2% dice que sí. En el caso de los alcaldes, el 62.3% dice que no y el 29.5% que sí.

Los datos anteriores ilustran una situación de difícil gobernabilidad. La gente ya no quiere aplanadoras legislativas, pero no tiene claro lo que puede pasar con un Congreso fragmentado, en una situación en la cual lo que ha prevalecido es una oposición de corte netamente electorero, que se reduce a decir no a todo lo que provenga de los rivales, y en especial de quién esté gobernando, con el criterio que el desgaste del gobierno es lo que nutre a la oposición.

En este sentido es preocupante la dinámica que ha adoptado “la entente de los diez”, originalmente integrada con motivo del rechazo a las encuestas publicadas en los medios escritos y que ahora suscribe una plataforma común. Ojalá esto condujera a definir compromisos multipartidarios en torno a políticas públicas de interés general, pero es difícil ser optimista, habida cuenta de lo que ha sido la oposición tradicional y la confrontación que se manifiesta actualmente entre ellos y Berger.

Pero más allá de los datos relativos a la situación electoral propiamente tal, las encuestas de Aragón & Asociados —cuyo objetivo fundamental es estudiar la opinión ciudadana y no simplemente la intención de voto—, reflejan una determinada maduración en la conciencia del electorado, y en particular, un seguimiento atento a las diferentes incidencias del proceso electoral.

Son muchos los datos que ilustran lo anterior, entre los cuales destacaría los siguientes. Uno sería la cautela mostrada por los entrevistados para decidir su voto durante todo el período en el cual era incierto el panorama electoral (cuando no se sabía a ciencia cierta quiénes serían en definitiva los candidatos y por qué partido). Así, en noviembre de 2002, el 47.5% declaró que no había decidido por quién votar; en febrero 2003 esta cifra se elevó a 54%, y en abril a 61%. Sin embargo, cuatro meses noviembre 2003, No. 30 /

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después (en agosto de 2003), cuando la oferta electoral fundamental ya estaba definida, el 75.6% declaró que ya había decidido por quién votar.

Otro aspecto a destacar es que no se produjeron las confusiones que se daban por sentadas con relación a la candidatura de Berger.

Se afirmaba que mucha gente marcaría el símbolo del PAN pensando que votaba por Berger, pero en la encuesta de agosto, a la pregunta de quién es el líder del PAN, sólo el 4% respondió que Berger y el 0.4% que Arzú, mientras la gran mayoría señaló que era Leonel López Rodas.

La gente sabe que la solución a la problemática del país pasa fundamentalmente por la vía de la política (72%), aunque un porcentaje similar considera que estas elecciones no aportarán la solución. Asimismo, la mayoría

considera que los partidos políticos son indispensables e insustituibles para el funcionamiento del sistema democrático, aunque cerca de un 80% dice no estar de acuerdo con ninguno de los partidos existentes.

Interrogados los entrevistados acerca de qué cambios esperarían que se produjeran en los partidos políticos para que éstos cumplieran correctamente su papel, las respuestas no son ninguna utopía sino realistas y trazan metas que estarían al alcance de los partidos si éstos tuvieran la convicción y la voluntad respectivas.

Lo que la gente señala mayoritariamente es que los partidos deben ser representativos de la sociedad y no sólo de pequeños grupos de interés, que deben practicar la democracia interna (en particular para la selección de can6 / noviembre 2003, No. 30

didatos), y que deben trabajar de forma permanente y no únicamente para las elecciones.

Asimismo, al valorar los diferentes elementos que inciden en la decisión de voto, las respuestas se apartan de la pauta tradicional, según la cual el único factor de peso resultaba ser el candidato mismo. Ahora tiene una ponderación muy importante el equipo con el que se cuente y el programa.

La gente sabe, grosso modo, que la economía tradicional del país ya colapsó y que se necesita de una nueva estrategia económica.

Por éste y otros elementos ya citados, se explica que a la pregunta de si algún partido o algún candidato ha dicho algo nuevo, el 93.1% responde que no.

A pesar de ello, y como quedó señalado, la mayoría ya ha decidido su voto, con el criterio realista de que de todas formas hay que

elegir y que no todos los candidatos son iguales. Sin embargo, la mayoría, asimismo, comprende que los ciudadanos votan pero no eligen, puesto que quienes en realidad eligen son los grupos de poder que tienen la posibilidad de financiar campañas electorales.

Hay muchos indicadores más que se podrían citar para mostrar esta evolución positiva en la conciencia del electorado que, por supuesto, no carece de grandes lagunas, sobre todo en aspectos doctrinales. Se trata fundamentalmente de una conciencia empírica, producto de la experiencia de 20 años de democracia electoral (el período más largo en la historia del país), y del dramatismo que revistió el resultado de la elección pasada y la situación presente.

En efecto, se puede decir que la elección pasada constituyó un verdadero trauma sicosocial de grandes dimensiones. En el curso de pocos meses no menos de un millón de guatemaltecos pasaron de la confianza ciega en que habían encontrado por fin al líder esperado, el amigo de los pobres, a una enorme frustración y conciencia del error cometido. La reacción lógica para mucha gente fue prometerse a sí misma que eso no volvería a ocurrir, y yo puedo decir, por experiencia, que en el trabajo político partidario que realicé pude comprobar un nivel de exigencia sobre el discurso político que nunca había observado en Guatemala.

Sobre el resultado de las elecciones es poca la incidencia que a estas alturas se puede tener. Nuestra mayor preocupación debe centrarse en lo que pasará a partir del 14 de enero de 2004. A este respecto hago los siguientes planteamientos: ❖ Si no se logra un pacto mínimo de gobernabilidad durante los primeros seis meses del nuevo gobierno ya no será posible lograrlo. ❖ Ese pacto de gobernabilidad no puede reducirse a un compromiso entre partidos políticos, sino que debe abarcar a las fuerzas fundamentales de la sociedad: trabajadores, empresarios, expresiones ciudadanas, y muy especialmente los medios de comunicación. ❖ Dicho pacto de gobernabilidad debería abarcar al menos dos temas fundamentales: el pacto fiscal y la reforma política, por medio de una Ley Electoral y de Partidos Políticos verdaderamente democrática que, entre otras cosas, impida la dictadura de hecho de los secretarios generales y establezca un financiamiento público para los partidos políticos que pueda al menos crear opciones frente a la situación actual, en la que tenemos un sistema político partidario absolutamente privatizado. ❖ La experiencia, tanto interna como de otros países, muestra que los pactos políticos de envergadura sólo son posibles si el esfuerzo es encabezado e implementado por el Presidente de la República.

Lo que está en juego es la gobernabilidad del país en una situación particularmente apremiante y difícil, tanto interna como externa. Si el sentido de supervivencia, el patriotismo y el concepto de bien común no prevalecen en alguna medida sobre la politiquería sectaria y los intereses creados, se confirmará el pronóstico pesimista que tiene el 73% de los ciudadanos con relación a que, pase lo que pase en las elecciones venideras, la perspectiva de Guatemala continuará siendo negativa.

Libro Mujeres, género e historia en América Central durante los siglos XVIII, XIX Y XX fue presentado

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n el marco de las actividades del Posgrado en estudios de género (Módulo II, Historia y epistemología del feminismo, que coordina Lizeth Jiménez), el jueves 16 de octubre se presentó el libro Mujeres, género e historia en América Central durante los siglos XVIII, XIX y XX, editado por Eugenia Rodríguez. En el volumen, integrado por 14 ensayos, producto del esfuerzo de la Red de Historiadoras Centroamericanas, se encuentran textos de cuatro autoras guatemaltecas. Lizeth Jiménez y Anacarla Ericastilla presentan un trabajo sobre la producción femenina de aguardiente clandestino, bajo el sugerente titulo de “Las clandestinistas de aguardiente en Guatemala a fines del siglo XIX”; Beatriz Palomo de Lewin participó con un estudio sobre la vida conyugal (1741-1870), y Ana Silvia Monzón con ensayo acerca de la participación de las mujeres en la Revolución de octubre de 1944. El ensayo de Eugenía Rodríguez —que forma parte del texto presentado— se refiere al divorcio en Costa Rica (1800-1950).

Grupo de post-grado en estudios de género en la clase impartida por Tania Palencia, septiembre de 2003

FLACSO organizó foro sobre escenarios electoralesen Guatemala

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l 9 de octubre, organizado por FLACSO, tuvo lugar el foro denominado “Los escenarios electorales en Guatemala”, en el que se contó con la participación de los especialistas Alberto Adrianzén, de la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos OEA, los analistas políticos independientes Víctor Ferrigno y Gustavo Porras Castejón, y Víctor Gálvez Borrell, director de FLACSO-Guatemala, quien actuó como moderador de la actividad.

Inició la ronda de exposiciones el señor Adrianzén, quien realizó un análisis comparativo entre el proceso electoral que recientemente tuvo lugar en su país de origen —Perú— y el que se desarrolla en Guatemala.

Por su lado, Víctor Ferrigno expuso el trabajo titulado “Democracia, legitimidad y elecciones”, el cual apoyó con una amplia presentación de cuadros y gráficas. Concluyó esta fase con la presentación de Gustavo Porras, quien desarrolló el tema del foro haciendo énfasis sobre lo que llamó el “curso sinuoso y en alguna medida sorprendente” del proceso electoral guatemalteco.

El foro cerró con una activa participación del público asistente que dirigió numerosas preguntas a los expositores, quienes, aun en contra del tiempo dispuesto para la realización de este evento, hicieron el mejor esfuerzo por responder la mayoría de ellas.

En el podium y en el uso de la palabra aparece el Dr. Gustavo Porras Castejón, a la derecha; en la mesa, el Lic. Víctor Ferrigno, el Lic. Alberto Adrianzén y el Dr. Víctor Gálvez Borrell.

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FLACSO-Guatemala

Pone a disposiciรณn de los interesados, en forma gratuita, su publicaciรณn mรกs reciente El padrรณn electoral

en Guatemala: antecedentes y situaciรณn actual.

Nota: Los interesados pueden acudir a recibir su ejemplar en la sede de FLACSO-Guatemala 5a avenida 6-23 zona 9 ciudad de Guatemala.

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(un ejemplar por persona)