Diálogo 39 Nueva Época / ¿Resolver hoy a costa del futuro?El dilema de la minería en Guatemala

Nueva época, Año 4, No.

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Guatemala, marzo 2005

¿Resolver hoy a costa del futuro?

El dilema de la minería en Guatemala

Martin Cooper

Minería: ¿Son posibles los puntos de encuentro?

E

n los meses recientes, el tema de la exploración y explotación minera, tradicionalmente poco relevante en los últimos años en Guatemala, ha cobrado notoriedad dentro de la opinión pública, hasta el punto de generar un verdadero debate.

Quienes están a favor de la explotación minera rescatan el tema, por su importancia para la economía, pues en su opinión, ésta actividad se traduce en inversión de capital, creación de fuentes de trabajo, mejoramiento de infraestructura para las comunidades e ingresos para las entidades públicas relacionadas con tal actividad extractiva. Por su parte, quienes la adversan afirman que las variables mencionadas son mitos derivados de la temporalidad de la producción y que, por el contrario, provoca uso desmesurado de agua, erosión de suelos, peligro de contaminación por insumos altamente tóxicos y, en consecuencia, un daño irreversible de los recursos naturales.

La problemática ambiental derivada de actividades productivas supera el tema de la minería. Es necesario recordar que el problema del desarrollo en Guatemala pone en juego variables económicas, políticas, sociales, ambientales y étnicas que justifican la conveniencia de alcanzar acuerdos entre diversos grupos sociales, sobre todo después de la crisis de los regímenes autoritarios y de la afirmación de los principios de participación social en la Constitución Política y en otras leyes del país.

Publicación mensual de FLACSO-Guatemala y elPeriódico Secretario general de FLACSO Francisco Rojas Aravena San José, Costa Rica CONSEJO ACADÉMICO DE FLACSO-GUATEMALA Víctor Gálvez Borrell-director Isabel Rodas/Walda Barrios-Klee Edelberto Torres-Rivas/Virgilio Reyes Tel. PBX (502) 2362-1431 Fax: (502) 2332-6729 Correo electrónico: flacsoguate@flacso.edu.gt Página web: http://www.flacso.edu.gt Coordinación de edición: Hugo de León P. Edición: Víctor Gálvez Borrell Diagramación: Hugo Leonel de León P. Corrección:Mario Maldonado Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero de la agencia sueca de desarrollo internacional ASDI/SAREC 30,000 ejemplares

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Steve Dinnino

Así, la discusión sobre las opciones para el desarrollo requiere la presencia de instituciones públicas, comunidades, organizaciones sociales, centros académicos y mercado.

En el tema minero, hay vacíos en la legislación que deben corregirse: obtener el uno por ciento de las regalías por la extracción de metales, repartido entre el municipio y otros entes estatales, aparece como anacrónico para financiar una estrategia de desarrollo a largo plazo. Por otra parte, es muy limitada la capacidad operativa del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para el monitoreo de los impactos ambiéntales. Al no contar dicha cartera con un presupuesto razonable para sus actividades, queda relegada a un plano puramente normativo. Paralelo a ello, en las temáticas de ambiente, recursos naturales y biodiversidad el Estado guatemalteco no presenta posturas unificadas, necesarias en casos como el que nos ocupa (falta unificación de criterios entre el MAGA, MARN, INAB y SEGEPLAN, por ejemplo).

El punto de acercamiento entre las posiciones que favorecen la actividad minera y quienes se oponen a ella parecería ser el de mantener o garantizar el máximo de aspectos positivos desde el punto de vista económico y productivo, con el mínimo de riesgos ambientales. ¿Es esto posible y en su caso cómo? ¿Hasta dónde es dable mantener la rentabilidad de una inversión, aceptando las restricciones derivadas de la lógica de la protección y conservación de los recursos naturales? ¿Qué modelos de racionalidad económica y qué procesos extractivos pueden ser lo suficientemente "amistosos" con la naturaleza, para mantener dentro de límites socialmente aceptables los riesgos que toda actividad productiva genera? Resulta claro, también, que esta situación se produce en el marco de una economía globalizada, en la que no es precisamente equitativa la correlación

de fuerzas entre poderosas empresas multinacionales y pequeños y débiles Estados, Las señaladas son algunas de las preguntas, cuyas respuestas se esperaría que abonaran el terreno del acuerdo entre los intereses en juego en este tema, tan controversial en los últimos meses en Guatemala y al que este diálogo pretende contribuir.

Además de las dos posiciones anteriores, es necesario considerar una tercera: la de los pueblos indígenas en Guatemala. En al menos dos instrumentos aparecen disposiciones sobre la consulta a los pueblos indígenas en relación con sus propias prioridades de desarrollo (artículo 6, 1ª Artículo 7, 1. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT ). Otra norma similar aparece en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en cuanto a la opinión de las comunidades indígenas previa realización de cualquier proyecto de explotación de recursos naturales, que pueda afectar la subsistencia y modo de vida de tales comunidades ( IFG iii, AIDPI ).

El diálogo que se ofrece a los y las lectoras no aborda en forma específica el tema de los pueblos indígenas. Recoge en dos artículos, sin embargo, razonamientos de quienes están a favor y en contra de la explotación minera.

El primero, preparado por tres profesionales ligados al Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas, CESEM, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC (los ingenieros Omar Flores Beltetón, Carla Gordillo y Julio R. Luna, con estudios de postgrado en minería).

El segundo, elaborado por el arquiteco Jorge Cabrera, con estudios sobre ecología, postgrado en evaluación de impacto ambiental en la Universidad de Aberde, Esocia, Universidad Nacional de México y Brasil, y ex comisionado presidencial para la protección al medio ambiente (1984-1989).

El hombre necesita para su subsistencia y bienestar, el uso y explotación de los recursos que la tierra le proporciona...

Omar Flores Beltetón, Carla Gordillo y Julio Luna Aroche, CESEM-USAC

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n este artículo se abordan algunas implicaciones ambientales, políticas y sociales que derivan de la explotación minera en Guatemala. La pregunta que se intenta responder y que guía esta reflexión es la siguiente: ¿Es posible en la búsqueda del desarrollo y en la senda de facilitar su acceso a grupos de población que han estado marginados y catalogados como de extrema pobreza, darles una opción que si bien agotaría un recurso natural no renovable, les dejaría al menos algún beneficio que de otra manera no les ha llegado?

La pregunta es importante para la sociedad guatemalteca y la decisión que adopten las actuales autoridades de gobierno deberá contar y tratar de armonizar la opinión pública, procurando que esta última sea responsable y que cuente con elementos suficientes para su adecuada fundamentación.

Se esperaría también que, a través del acceso a la información, se pueda llegar a un consenso, a fin de buscar una eficiencia económica, de tal forma que exista paridad entre los beneficios marginales y los costos de la sociedad.

Recursos naturales y desarrollo

recuperación de los ecosistemas, a través de la propia naturaleza o de la tecnología para reducir significativamente tales impactos.

El hombre necesita para su subsistencia y bienestar el uso y explotación de los recursos que la tierra le proporciona, sea como materias primas, energía, alimentos o productos finales.

Esto es innegable y todos hacemos uso de los mismos, sin excepción. Las presiones sobre tales recursos han ido en aumento, conforme la población y el crecimiento urbano también se incrementan y las economías se expanden.

Ello porque se necesitan insumos para el bienestar de la población y es este bienestar lo que se busca a través del desarrollo.

Obligadamente se debe partir de esta premisa.

La forma como se han explotado los recursos y sus consecuencias para el planeta han contribuido a la reflexión sobre cómo debería hacerse ese uso en el futuro. Surgió así el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, que comprende tres dimensiones: la económica, la ambiental y la social (ver figura 1). La dimensión económica supone el impacto que tiene determinada actividad o uso de los recursos, por ejemplo en los ingresos, en el Producto Interno Bruto (PIB), en el empleo y en el consumo, para no mencionar sino algunos aspectos importantes a considerar. La dimensión social incluye los impactos en las actividades y la vida de la comunidad, de los grupos sociales, de sus intereses, expectativas, etcétera, lo que comprende también los eventuales conflictos que pueden generarse (gobierno-empresas-comunidades). Por su parte, la dimensión ambiental tiene que ver con la capacidad de asimilación, afectación y

Foto Omar Flores

Figura No. 1 Las tres dimensiones del concepto de desarrollo sostenible

Desde los niveles individual, empresarial, comunitario y gubernamental o público, toda actividad humana debería regirse por estos principios, buscando que las actividades se lleven a cabo de manera responsable y equilibrada, balanceando los aspectos o dimensiones indicadas. Lo anterior no significa que ciertas actividades (como la minería, la agricultura o la industria) no deban ejecutarse; éstas pueden ser realizadas pero siguiendo los lineamientos antes mencionados .

Implicaciones ambientales Es importante recordar que toda actividad económica, que busque la producción de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades humanas, tendrá impactos sobre los ecosistemas sin excepción. Así, la agricultura que provee de alimentos ha provocado reducción de la cubierta vegetal y contaminación por uso de agroquímicos. No obstante, la superficie de área en uso y la degradación del suelo son significativamente mayores en la agricultura, si se les compara con las áreas ocupadas por las explotaciones mineras, que no llegan a sobrepasar medio kilómetro cuadrado (lo que representa el 1.1% de todo el territorio nacional, incluyendo las cuatrocientas licencias que actualmente se han emitido a través del Ministerio de Energía y Minas).

Naturalmente, la minería tiene implicaciones ambientales y éstas dependerán del tipo de mineral a explotar; es decir, si es no metálico (arcillas, carbonatos, caolín, asbestos, esquistos, jadeita, mármol) o metálico (oro, plata, níquel, cobre, plomo, zinc). Es posible minimizar el impacto sobre el ambiente con el desarrollo de la tecnología, de políticas bien encauzadas y de un permanente monitoreo y vigilancia, .

La tecnología así como la investigación han avanzado en este campo y es necesario establecer indicadores ambientales de sustentabilidad para el sector, de los que ya se tienen experiencias en Iberoamérica por medio de proyectos como el de Ciencia y Tecnología para Iberoamérica CYTED (Villas Boas R. 2002).

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En cuanto al manejo del cianuro, existe el Instituto Internacional para el Manejo del Cianuro ( UNEP , 2002) y el mismo sistema de Naciones Unidas, a través de su Programa del Medio Ambiente, ha establecido políticas para el cierre adecuado de las minas y ha adaptado la metodología APELL -Awareness and preparedness for emergencias at local level(Concienciación y preparación para emergencias a nivel local para la minería ( PNUMA, 2004).

Adicionalmente a lo indicado arriba, otras opciones consideran el uso de normas ambientales ISO 14000 y certificaciones internacionales, así como sistemas de ecoetiquetado, códigos de conducta y esquemas de auditorías ambientales. Esto requiere de recursos económicos así como de capacitación y entrenamiento de personal. Es aquí en donde las universidades deben jugar un papel primordial, tanto en la formación de recursos humanos, como en el monitoreo de dichos proyectos y en el resultado de sus investigaciones, ya que sin la generación de esta mínima información básica para la toma de decisiones y encauzamiento de los proyectos, se corre el riesgo de manipulación social y política intencionada y tendenciosa.

Es comprensible la escasez de ese staff de personal capacitado en Guatemala. Son pocos los ingenieros y geólogos mineros, ya que nunca ha existido una cultura minera en el país. La mano de obra requerida por este sector de la economía no ha pasado de lo artesanal y empírico. Este es también un desafío para la ingeniería nacional: demostrar que se tiene capacidad y recursos humanos para absorber nuevas tecnologías y condiciones para hacer bien las cosas. Todo ello constituye un reto.

En cuanto a otros retos derivados de la protección del ambiente, deben señalarse: controles directos, elaboración y aplicación de planes integrales de explotación y rehabilitación ambiental, explotación racional del recurso, cuidado para evitar que se produzcan accidentes y desastres en zonas de explotación y, cuando el yacimiento llega al fin de su explotación, verificación de un adecuado programa de cierre de la mina que contemple la restauración de la flora y la fauna en los alrededores, así como la generación de actividades económicas para

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la población local, cuando ya no se cuente con ingresos por parte de la actividad minera.

Implicaciones políticas Las actividades que generan ingresos económicos y que se espera que produzcan beneficios colectivos están reguladas en mayor o menor medida por el Estado, que es además el ente que las impulsa o desestimula, según los casos, a través de las políticas públicas que define. En Guatemala, la actividad minera no ha constituido un reglón significativo de economía. En parte, ello deriva del escaso conocimiento sobre el potencial minero de que se disponía a nivel de minerales metálicos. No

fue si no hasta el período 1996-2000, que se decidió estimular la inversión extranjera para este sector. En el caso de la minería metálica, la zona de San Marcos puede decirse que presenta una alternativa para una región con pobreza extrema, de acuerdo con estudios realizados por SEGEPLAN (2001), región poco atractiva para otras actividades productivas.

Se presenta entonces la oportunidad para que dicha región pueda beneficiarse con fuentes de trabajo que de otra manera no podría disfrutar y con el desarrollo de infraestructura, vivienda, carreteras, puentes, tendido eléctrico y comunicaciones, así como mejoras en la educación y la salud. El Estado se vería beneficiado con el aumento de sus ingresos así como la municipalidad local, aunque de una manera temporal. Por ello, debe hacer un uso óptimo de tales ingresos mientras dure la explotación del recurso, el cual tiene una duración finita y procurar crear programas en la región para cuando este ya no se tenga,

se hayan desarrollado capacidades de subsistir.

Será importante, entonces, expandir otros sectores de la producción paralelos a la minería. Por otra parte, no debe permitirse que los recursos de que se dispone sirvan al enriquecimiento de unos pocos y que las menos beneficiadas sean las comunidades locales, como ha sido común con otros activos del Estado. Si bien esto podría parecer utópico e ideal, es aquí en donde la participación ciudadana debe entrar a jugar un papel primordial para que los beneficios obtenidos por la explotación del recurso se traduzcan en beneficio reales para las comunidades locales y la sociedad guatemalteca. En tal sentido, el Estado debe crear las condiciones necesarias a través de un marco regulatorio y definir políticas económicas, ambientales y laborales, para la adecuada explotación del recurso, así como velar por el cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales que haya suscrito y que estén relacionados con la actividad minera.

Dentro del contexto indicado, el gobierno de la República deberá presentar una política que garantice la transparencia en las actividades que emprenda y el acceso a las decisiones e información por parte de la sociedad civil, principalmente de la comunidad afectada. NaFoto Omar Flores turalmente, el desarrollo de dicha actividad implicará compromisos y transacciones, así como conflictos entre las prioridades globales y locales, por lo que será necesario crear un equilibrio entre las necesidades a largo plazo y los imperativos a corto plazo, así como procurar el mínimo daño ambiental a cambio de beneficios sociales y económicos.

Implicaciones sociales Las implicaciones sociales de la minería abarcan una gama de problemas que van desde la satisfacción social de las necesidades hasta la serie de conflictos gobierno-empresascomunidades, que incluyen tenencia de la tierra, uso de la misma, relocalización de poblaciones, prioridades en cuanto a la concepción del desarrollo local, impactos ambientales, pluriculturismo y carencia de equidad. En este sentido, debe tomarse en cuenta que, sin contar con experiencia en el desarrollo de la minería, en Guatemala ya existe una variedad de problemas sociales aún no resueltos (tenencia de la tierra, luchas

ideológicas, salubridad, marginamiento, discriminación, distribución de la riqueza, analfabetismo, corrupción, falta de transparencia, etcétera) ligados a la debilidad de políticas adecuadas, coherentes y mantenidas en el largo plazo.

Seguramente se empezará a vivir en Guatemala mucha de la experiencia vivida en cuanto a la explotación de los recursos naturales en Sudamérica, como en Perú, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. Existen experiencias negativas pero también ejemplos positivos, como la creación de un fondo para la sustentabilidad (UNEP, 2003).

Dentro de los aspectos sociales a considerar como parte de este tipo de implicaciones, deben mencionarse las referentes a los derechos de las comunidades y la importancia de que ellas participen en la toma de decisiones. Para que esto suceda en forma fundamentada, es necesario que las mismas tengan acceso a la información, la que debe ser clara, transparente, objetiva y balanceada.

Ello evitará su manipulación. Este proceso de información responsable debe realizarse durante todas las etapas del ciclo de vida de la mina, añadido a la existencia de un marco jurídico adecuado para evitar el surgimiento de conflictos.

El interés de incrementar la actividad minera carece de lógica...

Jorge Cabrera Existen posiciones encontradas sobre la minería, en especial la de metales a cielo abierto. Por una parte, la versión oficial y la de las entidades interesadas en que esta actividad se constituya en uno de los motores del desarrollo económico del país. Por la otra, la de comunidades y colectivos sociales que han manifestado abiertamente su rechazo por los impactos sociales, políticos, ambientales y por otros aspectos que afectan la seguridad y la tranquilidad de las poblaciones, en los lugares donde se pretende desarrollarla.

Los puntos del debate En materia económica, el debate considera la inversión extranjera, la generación de fuentes de trabajo y los beneficios económicos más directos. Esto se ha discutido aún en el Congreso de la República, pues hay serias dudas sobre la relación costo-beneficio: según la Ley de Minería vigente, corresponde al Estado únicamente el 1% de las regalías, el cual se divide en 0.5 para las municipalidades del área de la extracción de minerales y el otro 0.5, para fondos gubernamentales. Adicionalmente, se ha cuestionado, con fundamento,

Conclusiones No cabe duda que esta nueva faceta de la explotación minera en Guatemala está creando una importante discusión entre ambientalistas, Iglesia, gobierno y academia. Como tema de desarrollo, empieza a generar desafíos que se deberán afrontar: el enfoque consultivo, la transparencia, la protección del medio ambiente, la democracia, la erradicación de la pobreza, la resolución de conflictos, los procesos globales.

Como ingenieros forjadores del desarrollo y con la responsabilidad de la formación de los recursos humanos en la búsqueda de calificación profesional a través de la diseminación del conocimiento, nos sentimos técnicamente motivados ante el desafío de contribuir a la solución de la problemática nacional, presentando nuestras soluciones de manera responsable y profesional, enmarcadas dentro de los códigos de buenas prácticas y ética, dentro de una visión del desarrollo acorde con el desarrollo sostenible.

El 1 y 2 de diciembre de 2004 se realizó el Primer Foro Nacional de Minería, el cual tuvo como objetivo avanzar en la cons-

trucción de consensos nacionales para lograr una política minera competitiva, que a la vez sea social y ambientalmente responsable. Después de dicho evento, se espera tener una visión más objetiva de la temática, fundamentada en información basada en experiencias de expertos internacionales y con los aportes surgidos de las mesas de trabajo en las que participaron diversos actores e instituciones.

Se puede afirmar que uno de los principales logros obtenidos en dicho evento fue propiciar el diálogo, la participación y la consulta. Lamentablemente, la sociedad guatemalteca no contó con la madurez para enfrentar un evento de tan importante dimensión. Existen dificultades y falta de madurez para la integración de consensos vía equipos multidisciplinarios y con visiones holísticas para la búsqueda del desarrollo.

Lo anterior se vió reflejado en los acontecimientos acaecidos a mediados de enero, con la falta de capacidad para la resolución de conflictos, el desinterés por consultar a los cuerpos colegiados y académicos, relegando el aspecto técnico por intereses sectarios y polítiqueros.

que la generación de fuentes de empleo tampoco constituye un beneficio sustantivo para las comunidades, ya que según la información contenida en documentos del Estudio de evaluación de impacto ambiental, EIA, no pasa de doscientos puestos de trabajo.

Según constatamos directamente en Sipakapa, San Marcos, muchos de los empleados actuales son salvadoreños u hondureños; y el trabajo de la población local podría tener algún impacto significativo únicamente en la primera fase de la explotación.

Adicional a lo anterior, y en base a experiencias de otros países (Guanacocha en Perú, Tambor Grande y Esquel en Argentina) se han identificado incrementos en los precios de la tierra, del agua y del costo de vida en áreas de índices de pobreza muy elevados, como son San Marcos, Izabal, Chiquimula y otras regiones en las que se pretende impulsar la minería de metales a cielo abierto.

Preocupan también los impactos ambientales sobre el agua (cantidad y calidad), la destrucción de ecosistemas y otros efectos colaterales de menor impacto. Los impactos ambientales más negativos son sobre el agua: las enormes cantidades que utilizan estas empresas para los procesos de hidrometalurgia generan serios desbalances en los sistemas hídricos, así como efectos de contaminación por metales pesados y derivados del uso del cianuro y otros químicos. Hay que considerar también los residuos de los "depósitos de colas" (su degradación excede la presencia de la mina: doce o quince años y hay procesos de

Dan Yacarinno

este tipo que pueden tomar cientos de años), así como qué sucede con estos depósitos cuando las compañías se retiran, y si se produce algún derrame por diferentes causas...

Igualmente generan contaminación los materiales de desecho que no son utilizados y que han sido removidos de la montaña (ejemplo de contaminación con arsénico en Honduras), pudiendo contener metales pesados que por

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efecto de la erosión del agua y del aire, terminan en cauces de ríos y mantos subterráneos de agua.

El interés de incrementar la actividad minera en Guatemala carece de lógica frente a la agroforestería, la producción orgánica, los textiles, el turismo y otras industrias que traen mayores beneficios al país y son de naturaleza más distributiva y amigable con el ambiente.

La minería, que se ha convertido casi en obsesión para algunas autoridades gubernamentales, es un tema impuesto en el que no se han manejado con transparencia los aspectos relacionados con la consulta y participación de las comunidades que pueden verse afectadas por este tipo de actividades.

Si el gobierno de la República hubiera utilizado estos mecanismos de consulta en forma transparente, no se estaría viviendo la situación actual y las tendencias hacia conflictos crecientes. Y si las autoridades realmente hubieran querido ayudar a estas poblaciones marginadas, al menos les hubieran preguntado cuáles son sus aspiraciones; como ellos bien lo han dicho más de una vez, tienen muchas, pero no son las que les está imponiendo el gobierno. El rechazo a la actividad minera es un elemento generalizado entre las poblaciones indígenas y campesinas, lo que quedó bastante evidenciado en la encuesta que publicó Prensa Libre en octubre del 2004 (más del 90% de las personas consultadas rechazaba abiertamente esta actividad) y otras manifestaciones públicas realizadas en fechas recientes, tanto en la ciudad capital como en el interior del país.

El desarrollo de un país se construye con la gente, respetando sus aspiraciones, patrones culturales y modos de vida, no abrazando ciegamente el fomento a la inversión extranjera que beneficia mucho a pocos, busca rentabilidad con visión de corto plazo para luego desaparecer, dejando, en el caso de la minería de metales a cielo abierto, áreas desoladas y materiales tóxicos por largos periodos y en muchos casos mayores índices de pobreza y deterioro de la calidad de vida.

Los foros de discusión En los primeros días de diciembre se llevaron a cabo distintas actividades relacionadas con el tema minero, dentro de las que cabe destacar al menos tres: el Foro Nacional de Minería (llamado foro oficial), el Foro Alternativo y el Congreso Nacional Maya sobre Minería.

La síntesis de las conclusiones de estos foros se vuelve a resumir en dos posiciones encontradas. Una, la del foro oficial, que busca justificar el desarrollo minero haciendo algunas modificaciones ("cosméticas") con tal de fomentar la mal llamada "minería sostenible" o "minería limpia", que no es factible a criterio de

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algunos expertos internacionales (como el doctor Robert Moran) y de experiencias internacionales como las ya mencionadas. Las conclusiones del foro oficial incluyen: el fortalecimiento institucional de las capacidades del Ministerio de Energía y Minas ( MEM ), así como del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), reformas a la Ley de Minería (sin citar cuáles) reglamentar el Convenio 169 en temas de participación de pueblos indígenas, coherencia entre las reformas a la Ley de Minería y la legislación de descentralización y el Código Municipal, inclusión del delito minero, diálogo y consulta (incluso estableciendo consejos consultivos permanentes), fiscalización ambiental y auditoria social, creación

¿Qué ofrece este panorama? Simplemente un camino a la discordia y a la polarización, lo que en un ámbito más amplio incluye las negociaciones de los tratados de libre comercio orientados a fortalecer un modelo de desarrollo centrado en lo económico y que deja de lado los temas de mayor interés social y ambiental.

Estos temas son tratados en el marco de estas negociaciones como acuerdos paralelos, en los que las condiciones humanas y la calidad ambiental de los que depende la vida, pasan a un plano irrelevante y lo que se buscan, al menos en materia ambiental, es mejorar la capacidad de las instituciones para ejercer controles más eficientes, pero dentro de un modelo que lo que fomenta es el consumo y no el mejoramiento de la calidad de vida.

Las teorías encontradas Las perspectivas económicas liberales, que se centran en criterios propiamente económicos, incluyen visiones de la vida en sociedades en las que se postula al mercado como el escenario social perfecto. Su funcionamiento se basa en la aceptación voluntaria de los individuos a partir de sus intereses particulares, sin atender los fines colectivos. Las interacciones sociales quedan reducidas a relaciones de mercado. El centro se pone en el individuo, y la sociedad deja de ser una categoría con características propias, reflejando en cambio un mero agregado de personas distintas, cada una atendiendo sus propios fines.

Randy South

de cooperativas mineras e información y formación en minería a las comunidades, dando como un hecho que esta actividad va.

Paralelamente, las principales conclusiones del Foro Alternativo y del Congreso Maya incluyen: el rechazo categórico a las licencias de exploración y explotación minera otorgadas sin consentimiento de las comunidades; el respeto a la identidad, territorio y derechos de los pueblos indígenas; la adopción de mecanismos transparentes de consulta con las comunidades antes de realizar cualquier actividad; la derogación de la actual Ley de Minería; el resarcimiento de los daños causados a la "madre naturaleza" en las comunidades que ya han sido afectadas y el rechazo al foro nacional de minería; solicitudes especificas a los alcaldes para que sus posiciones estén del lado de la población; cumplimiento de lo establecido en el Código Municipal y respeto a la autonomía del municipio; solicitud de retiro a mineras y a la comunidad internacional; y solidaridad con los pueblos indígenas.

En Centroamérica existen expresiones de esta corriente en la difusión de los "fondos de inversión social", en la privatización de ciertas áreas de la salud y la educación, propuestas como el manejo "gerencial" de escuelas secundarias, y en la transmutación del vocabulario: la cobertura social y la educación son una forma de "inversión", las personas son "capital humano", la naturaleza es “capital natural” y se entrena en "tecnologías sociales". Paralelamente, las políticas ambientales pasan a basarse en asignación de derechos de propiedad a los recursos naturales, desembocando en la privatización de bienes comunes.

Así como se habla del capital humano en este terreno, también se propone un "capital natural", de donde la conservación es una forma de "inversión". O sea que, cuando se conserva un área natural, en realidad no se están protegiendo ni las especies ni los procesos ecológicos, sino que se está "invirtiendo". La conservación se convierte en un negocio. Las políticas ambientales pasan a depender más y más de mecanismos de mercado, como el pago de tasas o impuestos a la contaminación, en las que aquéllos que tengan el dinero suficiente podrán pagar para seguir contaminando.

Según Hayek (1968), son los individuos, persiguiendo sus propios intereses y beneficios, quienes determinan la marcha de la sociedad. Allí no hay lugar para la razón ni para una ética de solidaridad o altruismo. Hayek sostiene que: "La competencia no es otra cosa que un ininterrumpido proceso de descubrimiento, presente en toda evolución, que nos lleva a responder inconscientemente a nuevas situaciones. Es la renovada competencia, y no el consenso, lo que aumenta cada vez más nuestra eficacia". Esta propuesta se sustenta en un tipo de mercado competitivo, en donde otros órdenes de mercado que dan cabida a otros tipos de relación (reciprocidad, canje, solidaridad, etcétera) son también excluidos (E.Gudymas).

Entre otros argumentos absurdos, quienes abogan por la globalización económica alegan que, en el largo plazo, ésta aumenta la protección ambiental. Su teoría consiste en que, a medida que los países se globalizan, a menudo explotando recursos como bosques, minerales, petróleo, carbón, peces, vida silvestre y agua, su mayor riqueza les permitirá salvar más porciones de naturaleza de posibles estragos y, además, les permitirá introducir elementos técnicos para mitigar los impactos

ambientales negativos derivados de su propia producción aumentada. Sin embargo, existen fuertes evidencias de que, cuando los países aumentan sus aparentes ganancias dentro de una economía global, la mayor parte de ellas va a las corporaciones globales, que tienen pocos incentivos para volver sus beneficios hacia la protección ambiental. En vez de hacerlo, arrastran al país a una explotación aún mayor, o simplemente se guardan el dinero y escapan rápidamente de éste. Tal es la conducta corporativa normal dentro de una economía global (J.Mander).

Conclusiones Es en este contexto, en el que se conjugan las nuevas tendencias económicas de la globalización, que se pretende imponer esquemas de desarrollo económico cuyos costos son mucho más elevados que los beneficios esperados. A ello se añade que se trata de países como Guatemala, en donde, además de elevados índices de pobreza, existe una elevada debilidad institucional, irrespeto a los derechos de las poblaciones marginadas, falta de justicia y altos índices de corrupción. Para

las comunidades, este tipo de actividades no son sostenibles ni social, ni ambientalmente, e incluso en términos económicos los beneficios son para el corto plazo, desapareciendo las supuestas "bondades" de la actividad minera (mantenimiento de infraestructura que las mismas empresas utilizan, ayudas a programas de salud, educación, etcétera).

Para ser real el desarrollo sostenible debe nacer de las propias aspiraciones de la población, en respeto a sus formas de vida, cultura y tradiciones, pues independientemente de lo que pensemos, somos parte de un gran equilibrio en el que todo está relacionado e, incluso, involucrar un compromiso intergeneracional.

Un gobierno sabio consulta con su pueblo, lo escucha y atiende sus aspiraciones y, aunque los beneficios económicos en la promoción de otras actividades no le resulten tan interesantes en el corto plazo, lo más seguro es que en plazos mayores, éstos sean aún mucho más significativos, al mantener viva la capacidad de la tierra en sustentar la vida. La minería de metales a cielo abierto no es sostenible, ni una opción viable para el desarrollo humano de Guatemala.

In Memorian, Jean-Loup Herbert (1941-2005) El artesano del diálogo, Abdelhalim Jean-Loup Herbert (1941-2005) dejó de existir el 6 de enero de 2005, a las 19 horas. Era un conocido antropólogo, apreciado dentro de la comunidad musulmana de Francia; falleció en Firminy donde residía y se dedicaba a la enseñanza de arquitectura urbana.

La inhumación según el rito musulmán se realizó el 10 de enero a las 13:30 horas en el cementerio de Firminy ubicado en la calle de los cuatro vientos (a diez kilómetros de Saint Etienne).

En sus últimos años, gozaba de amplio reconocimiento como especialista en las culturas y civilizaciones de Latinoamérica y se consideraba un ferviente admirador de Le Corbusier. El 24 y 25 de septiembre de 2004 había dirigido un coloquio internacional en París, titulado “El laberinto humano de Le Corbusier”. Jean-Loup Herbert fue cofundador de la revista La Medina. Era un activo participante en los trabajos de la Comisión sobre el Islam y la Laicidad y miembro del Centro Internacional de Investigaciones y Estudios Transdisciplinarios, CIRET. Conocido como Abdelhalim desde su conversión al Islam en la década de 1980, era un apasionado por la promoción de su conocimiento y el diálogo interreligioso. En ese sentido, llamaba a los franceses y europeos, en general, a reencontrarse con sus conciudadanos musulmanes para intercambiar, construir y conciliar iniciativas. Jean-Loup Herbert siempre estuvo presente en los llamamientos al esclarecimiento de la sociedad francesa sobre las civilizaciones y su dialéctica.

También estuvo comprometido con el mundo hispánico, sensible a la América del Sur y a las culturas indígenas americanas. En la década de 1960 vivió en Guatemala, como joven candidato a doctor. Su trabajo de campo le permitió ser testigo de la agitación que se vivía entre los

Walda Barrios-Klee et al pueblos indios. Espectador de las transformaciones en el pensamiento campesino, llamó la atención sobre la búsqueda de nuevas formas de expresión religiosa en el altiplano guatemalteco. Frente al clima de intolerancia política que se había instaurado por la intervención de EE.UU. en nuestro país, fue uno de los primeros en destacar que las confrontaciones ideológicas se expresarían con tintes religiosos. Los posteriores hechos ocurridos durante el enfrentamiento armado le darían trágicamente la razón.

En colaboración con Carlos Guzmán Böckler, fue coautor del texto “Guatemala: una interpretación histórico social”, con múltiples reediciones, que tuvo profundas repercusiones en las ciencias sociales de este país. Con el mismo coautor y Julio Quan, transformaron los análisis de clases sociales, incorporando elementos étnicos, ecológicos y de concreción histórica, para buscar salida a la estéril confrontación ideológica instaurada por la guerra fría en el país (Jean-Loup Herbert, Carlos Guzman Bockler, Julio Quan. “Indianite et lutte des classes”. Trad.

Carmen Fuentes et Eliane Benbanaste, París, 1972). Las tesis de esa obra molestaron a quienes permanecían anclados en los análisis con raíces en la “Kominform” de inicios de la década de 1950. De igual forma, la cauda de heroísmo pero también del horrible holocausto que se vivió durante la segunda mitad del siglo XX, cuyo costo se estima en la pérdida de más de 300 mil vidas y más de un millón de emigrados, les dieron la razón sobre el eje que organizaría la lucha de clases expresada en el enfrentamiento armado. Todavía se espera la valoración objetiva de la obra de estos analistas sociales.

En octubre de 1983, luego de varios años de estudio, Jean-Loup Herbert publicó sus consideraciones sobre el diálogo intercultural francoalemán. Con otros estudiosos llamó la atención sobre aspectos no considerados en el proceso de integración europeo. La profundidad de los trabajos y su utilidad para la unión europea obligaron a su reedición

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en 1999 (Jean-Loup Herbert, Jean Klein, Jeanne Kraus, Remi Hess et Danielle Lestable. “Communication interculturelle et identité nationale”.

Réédition 1999).

Su preocupación por el diálogo entre culturas se expresó en sus estudios sobre el pasado medieval europeo cuando convivían diversas expresiones religiosas. Por ello, destacó a la región de Al Andaluz como un ejemplo glorioso de paz e intercambio humano. Y escribió varios artículos sobre la legislación que reconocía los derechos musulmanes en el Estado español y su insuficiencia en Francia. Conocido como Abdelhalim desde 1987, luego de un encuentro estudiantil habido en Estrasburgo, experimentó un profundo sentimiento de solidaridad con las dificultades de los musulmanes, principalmente cuando preparaban sus tesis, buscaban establecer intercambios o conseguir trabajo.

Con sus alumnos, constituyó un primer grupo en 1988, fundando el Centro de Estudios e Investigaciones sobre la Economía Islámica, que presidía. En julio de 1989, organizó en el nivel universitario un seminario sobre el pensamiento musulmán. Etienne Trochmé, actual rector de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo, lo oficializó académicamente, lo que favoreció muchas jornadas de discusión sobre una treintena de tesis e investigaciones, así como el descubrimiento a profundidad de la metodología científica desarrollada en los países islámicos. Gracias a la iniciativa de Herbert, se ha podido recibir a miles de especialistas de universidades provenientes de esos países.

Como creyente, en los encuentros musulmanes aconsejaba evitar la confrontación y hacer un esfuerzo por comprender a los demás, con el objeto de conseguir que emergiera un pensamiento musulmán europeo, enlazado sólidamente con la Oumma. Con su esposa Leila Marie-Laure Bousquet y Maurice Gloton, se convirtieron en renombrados especialistas sobre el Corán. Los artículos que Jean-Loup publicó en la revista “La Medina” se mantendrán presentes con el paso del tiempo y

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8 / marzo 2005, No. 39

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serán honrados por haber contribuido al acerbo musulmán, como muestra de serenidad y espíritu abierto.

Desde su lecho de enfermo, Jean-Loup llamó la atención sobre la necesidad de que los musulmanes se comprometieran con su formación académica para formar parte de la intelectualidad universitaria.

Lamentaba que muchos de ellos no reaccionaran ante los asuntos de actualidad. Evocó el ejemplo de Anouar Abdelmalek, al que consideraba uno de sus maestros. Igualmente manifestaba una gran estima por Nadjmeddine Bamat y Eva de Vitray Meirovitch, por Muhammad Hamidullah y también por Mohammed Assad.

Como profesor de arquitectura, se interesó por las ciudades latinoamericanas (Jean-Loup Herbert. “Villes d’Amérique Latine: plus grandes que leurs problèmes? en Geocarrefour”. Revue de Géographie de Lyon. Volume 74 - No. 4 - 1999). En especial estaba fascinado por la planificación urbana de Brasilia debida a Oscar Niemeyer y Lucio Costa.

Organizó un homenaje a este último en 2002; lo llamaba poeta pragmático debido a que, en su obra, buscó instaurar un equilibrio que favoreciera a la vida, resolviendo el choque percibido como normal entre la coexistencia de la miseria absoluta y la abundancia exorbitante. Para el efecto, hizo una reseña de su pensamiento arquitectónico.

Jean-Loup Herbert era un ferviente admirador de Le Corbusier. Por esta razón, escogió vivir en Firminy, dentro de la unidad Le Corbusier.

Se desempeñaba como profesor en la Escuela de Arquitectura, unidad de la Universidad de Saint Etienne.

Después de organizar el coloquio internacional “El laberinto humano de Le Corbusier”, había participado en los trabajos de organización para llevar a cabo el coloquio “Derechos, libertades y obligaciones del culto musulmán en Francia”, que se celebró el 2 y 3 de septiembre de 2004, pero el empeoramiento de su salud no le permitió participar.

Condolencias más sinceras a su familia: su esposa Marie-Laure Bousquet, sus hijos Stéphane y Claude.