Diálogo 66 NuevaÉpoca La formulación participativa de una política nacional de desarrollo rural

Nueva época, No. 66

Guatemala, julio de 2008

La formulación participativa de una política nacional de desarrollo rural integral*

L

os Acuerdos de Paz permitieron que el tema agrario y el del desarrollo rural dejaran de estar en la penumbra y se ubicaran en el debate nacional. Los posteriores incumplimientos en la materia hicieron vigente la preocupación de la comunidad internacional y de importantes sectores nacionales, lo cual llevó a que los últimos dos gobiernos (el de Alfonso Portillo y el de Oscar Berger) intentaran, sin lograrlo, formular participativamente una política nacional de desarrollo rural integral. En el marco de la iniciativa empresarial llamada Plan Visión de País, los partidos políticos también pretendieron formular por consenso una política y una ley en la materia.

El gobierno actual insiste en esta pretensión fracasada. Asimismo, la crisis alimentaria mundial y las características estructurales

prevalecientes en la realidad nacional han puesto el tema agrario en primer plano. Todo lo anterior hace relevante el examen de lo actuado en este campo para encontrar lecciones aprendidas (¿?) en una temática que tiene una vigencia coyuntural muy grande y una trascendencia estructural e histórica muy profunda, máxime si se toma en cuenta que, en un país como Guatemala, hablar de desarrollo rural equivale, en gran medida, a referirse al desarrollo nacional. A estas preocupaciones, desde la perspectiva de los procesos de formación de políticas públicas, responde la publicación del presente trabajo.

* Este trabajo ha sido elaborado a partir del texto de la tesis doctoral del autor (Zapata, Adrián, 2008, “El Proceso de Formación de la Política Pública de Desarrollo Rural en Guatemala, 1996/2006”, FLACSO-Guatemala)

Una definición normativa de Desarrollo Rural Integral Adrián Zapata*

A

lo largo de la historia guatemalteca y en el período reciente, ha habido políticas públicas relacionadas con la problemática del área rural (incluyendo la política pública que consiste en no hacer nada al respecto). Sin embargo, estas políticas no han sido para el desarrollo rural, sino que, fundamentalmente, han estado dirigidas a enfrentar la problemática del área rural de acuerdo con determinados intereses predominantes, de naturaleza excluyente. Esta realidad se expresa durante la historia, comenzando por la conquista y colonización, pasando por los gobiernos conservadores y liberales, la contrarrevolución de 1954, la contrainsurgencia durante el conflicto armado interno y llegando hasta la etapa de la postguerra y construcción de la paz.

Hace falta, por lo tanto, intentar una definición normativa que permita tener un horizonte que indique si determinadas intervenciones del Estado tienen o no el propósito de lograr el desarrollo rural (que como tal deber ser incluyente).

Por ello, este horizonte normativo posibilita determinar si una política pública de desarrollo rural es tal, dada su virtud. Por virtud se entiende aquí la realización del bien público (que equivale al bien común) que debe caracterizarla.

Para elaborar una definición normativa, se han tomado en cuenta elementos sustanciales (de contenido), así como procedimentales (referidos al proceso de formación de las políticas públicas). Los parámetros básicos para intentar esta definición normativa parten del numeral III del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, uno de los Acuerdos de Paz de mayor trascendencia para la realidad nacional.

Se parte, además, de establecer que la problemática del desarrollo rural está vinculada con la correspondiente al tema agrario, aunque la rebasa. Su resolución resulta fundamental e ineludible para atender la situación de la población que vive en el área rural, que es la más afectada por la pobreza y la pobreza extrema y que, históricamente, ha estado asociada con la desigualdad, que es persistente. Es ineludible, por tanto, la transformación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra, para incorporar a la población rural al desarrollo económico, social y político, “…a fin de que la tierra constituya para quienes la trabajan base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad”.1 O sea que, aunque difícilmente la tierra puede ser “el” pilar de una política nacional de

desarrollo rural, también es cierto que en Guatemala es igualmente difícil pensar la posibilidad del desarrollo rural sin tierra que lo sustente (es decir, sin una transformación de la actual estructura agraria).

La concentración de la riqueza en pocas manos contrasta con la pobreza y pobreza extrema de la mayoría de la población del área rural, razón por la cual “es indispensable subsanar y superar este legado, promover un agro más eficiente y más equitativo, fortaleciendo el potencial de todos sus actores, no solamente en el ámbito de las capacidades productivas sino también en la profundización de las culturas y los sistemas de valores que conviven e intercambian en el campo guatemalteco (…) que aproveche asimismo el alto potencial de desarrollo agrícola, industrial, comercial y turístico de dichos recursos, debido a su riqueza de recursos naturales”.2 La política agraria y la política de desarrollo rural integral son, sin duda, diferentes; pero, indiscutiblemente, relacionadas, principalmente en países con las características históricas y estructurales de Guatemala. De la misma manera que resulta imposible desconocer las limitaciones de una política agraria para impulsar por sí misma el desarrollo rural, también es impensable dicho desarrollo sin transformar la estructura agraria prevaleciente. Sin embargo, la realidad social y política del país las ha planteado, en los hechos, como contradictorias, al punto de que, en los reiterados y fracasados intentos que se han hecho para formular participativamente una política de desarrollo rural integral nacional, estos se quiebran una y otra vez cuando se aborda el tema agrario.

Entre política agraria y política de desarrollo rural integral se ha producido una ineludible contradicción que, paradójicamente, no tiene sentido, ya que la primera es un componente esencial de la segunda.

Otro elemento primordial en la definición de una política nacional de desarrollo rural es el papel del Estado, ya que “corresponde al Estado un 2

Ibid.

*Adrián Zapata. Abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Magíster en Políticas Públicas, por la Universidad Rafael Landívar, doctor en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Guatemala. Ha sido profesor en la Facultad de Agronomía de la USAC y Consultor en diversos proyectos en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) en Guatemala.

1 Gobierno de Guatemala/URNG, 1996, “Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria”,México.

Publicación mensual de FLACSO-Guatemala y elPeriódico Secretario general de FLACSO Francisco Rojas Aravena San José, Costa Rica CONSEJO ACADÉMICO DE FLACSO-GUATEMALA Virgilio Álvarez Aragón- director Oscar López / Santiago Bastos/Marcel Arévalo Paola Ortiz / Virgilio Reyes / Luis Raúl Salvadó / Simona V. Yagenova Edgar F. Montúfar Corrección: Mario Maldonado Coordinación y diagramación: Hugo de León P.

Tel. PBX (502) 24147444 Fax: (502) 24147440 Correo electrónico: flacsoguate@flacso.edu.gt Página web: http://www.flacso.edu.gt Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero de ASDI/SAREC LAS

IDEAS EXPRESADAS EN ESTA PUBLICACIÓN NO NECESARIAMENTE SON COMPARTIDAS POR

FLACSO-GUATEMALA

Y SU PATROCINADOR

30,000 ejemplares 2/ No. 66, julio de 2008/

económico y las políticas públicas integralmente concebidas que lo posibiliten (articulación de políticas sociales y económicas) así como la distribución de activos productivos, para que la población esté en condiciones de aprovechar, de manera equitativa, las oportunidades de desarrollo humano, en un contexto nacional caracterizado por la multiculturalidad.

Pero, además de este contenido que se asigna a una política de desarrollo rural, también se requiere la consideración del elemento participativo en el ciclo de las políticas públicas. Se hace referencia a la concreción de la dimensión participativa de la democracia.

La concertación –como expresión concreta de la participación– entre el Estado, los empresarios y los sectores sociales, para la formulación de las políticas correspondientes, constituye un componente sustancial de cómo avanzar hacia del desarrollo rural.

Participar para concertar en el proceso de formación de las políticas públicas

papel fundamental y urgente en este proceso. Como orientador del desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversión pública y prestatario de servicios, como promotor de la concertación social y de la resolución de conflictos…".3 Asimismo, es importante subrayar que una visión del desarrollo rural debe partir de una comprensión del carácter histórico social del territorio que constituye ese espacio rural y del modelo económico prevaleciente a nivel nacional.

También debe entenderse que el desarrollo rural no puede dejar de considerar la inserción ventajosa en la mundialización económica, para lo cual es imprescindible partir de las posibilidades que la realidad territorial presenta.

Esta proyección hacia fuera no debe ser absoluta, ya que dejaría de considerar otras opciones referidas a la realidad nacional y regional, es decir, con una orientación hacia el interior del país y hacia el entorno regional más próximo.

No se puede ignorar que la pretensión de la inserción ventajosa a la mundialización económica sólo apela a las posibilidades reales de ciertos y relativamente reducidos sectores sociales, dejando fuera a la mayoría de la población, fundamentalmente campesina e indígena, que sobrevive en el contexto de la economía campesina de subsistencia. Para estos sectores, que son los mayoritarios, la alternativa tampoco puede ser una política asistencialista de “seguridad alimentaría”, sino la posibilidad de una reforma agraria integral que conjugue mercado con intervención muy clara del Estado, lo cual de ninguna manera puede equipararse al reducido reparto de tierras.

El desarrollo rural plantea como horizonte normativo la construcción de un modelo económico cada vez más incluyente, en términos sociales y productivos.

En síntesis, se conceptualiza el desarrollo rural como un proceso fundado en una visión territorial del espacio rural (construido a partir de determinadas dinámicas territoriales, que obviamente son básicamente sociales y contradictorias) en la que el Estado (en sus diferentes niveles) se ponga al centro del mismo para impulsar y favorecer el crecimiento 3

Una cuestión fundamental a precisar es lo que se entiende por participación, de cara a los procesos de formación de las políticas públicas. Al respecto, se asume una definición sobre la concertación, siguiendo a Licha (2003) cuando dice que es “la búsqueda de acuerdos nacionales para la gobernabilidad democrática y la transformación social (…) que apunta a democratizar el proceso de formación de políticas y de esta forma contribuir al logro del desarrollo con democracia y equidad”.4 Con mayor precisión, Licha caracteriza la concertación como “un proceso participativo y negociado del Estado con los actores sociales claves del proceso de formación de políticas públicas, a nivel de un país o localidad, que afecta la direccionalidad y los contenidos de las mismas, con importantes implicaciones para la sociedad”.5 4 Licha, Isabel, 2003, “Concertación y Gerencia Social: conceptos, enfoques y experiencias”, INDES/BID. 5 Licha, op. cit.

Ibid.

No. 66, julio de 2008/3

Faltaría agregar a este análisis lo considerado por Compston (2002),6 también citado por Licha, cuando argumenta que la concertación “se trata de un modo fundamental de formación de políticas, que ocurre cuando concurren a la vez tres factores: i. Una situación crítica; ii. Actores fuertes; y iii. Un acuerdo básico y explícito entre los actores con respecto a los objetivos de la política".7 A las anteriores argumentaciones, habría que agregar la consideración sobre el debilitamiento de la legitimidad de la dimensión representativa de la democracia (la que se realiza mediante los partidos y el sistema de partidos) así como la necesidad de promover su dimensión participativa (donde están presentes diversos actores sociales) no para que sustituya a la primera, sino para fortalecerla. La concertación en la formulación de políticas públicas (entre ellas la de desarrollo rural) es la expresión de esta dimensión participativa de la democracia.

La reiterada razón del fracaso de los procesos participativos para formular la política nacional de desarrollo rural integral

Estado, de los partidos y del sistema de partidos) y un desproporcional desbalance de poderes que sitúa a determinados sectores del poder económico en condiciones de ejercer no sólo presión, sino que efectiva y directa incidencia en los diversos órganos del Estado, particularmente en aquellas políticas públicas que afecten sus intereses. El caso del desarrollo rural es un ejemplo típico de dichos intereses, principalmente por su inherente relación con el tema agrario.

El elemento de la debilidad institucional se manifestó en dos hechos.

Primero, por el rol que jugaron ambos gobiernos en estos procesos participativos. Durante la administración de Alfonso Portillo, el Ejecutivo estuvo de simple espectador en la Mesa, desinteresado en asumir un liderazgo que sólo acrecentaría sus ya graves contradicciones con los sectores empresariales. En el período posterior (con Oscar Berger) el gobierno asumió abierta y descaradamente la representación y defensa de los intereses empresariales, particularmente cuando estos se retiraron del proceso con la intención de hacerlo abortar. Y segundo, por el papel que jugaron los partidos políticos, que fueron, en ambos períodos gubernamentales, los grandes ausentes del proceso. Esta debilidad es de orden estratégico, pues los principales decididores de política siempre estuvieron alejados (con algunas excepciones poco trascendentes).

En relación con el desbalance de poderes, éste expresa una debilidad que corre el riesgo de hacer intrascendente la democracia, ya que las cúpulas empresariales demostraron su capacidad de veto a dichos procesos. Se puso de manifiesto que, sin su presencia, la viabilidad de cualquier proceso participativo para formular política pública es muy limitada, por lo menos en las actuales condiciones políticas, dada la correlación de fuerzas existente.

En este punto es conveniente señalar que una razón que conspira para mantener antagónicas las posiciones empresariales y las de los actores sociales es la prevalencia de un prejuicio ideológico, históricamente construido, en torno del tema agrario. Para el movimiento campesino, la Reforma Agraria se mantiene en su imaginario como la gran tarea inconclusa de la revolución de 1944, llegando en algunos casos a sobredimensionar sus posibilidades de lograr, por sí misma, el desarrollo de los territorios rurales.

A partir de las breves consideraciones teóricas hechas en los incisos anteriores, relativas al desarrollo rural y a los procesos participativos en la formulación de políticas públicas, se entra a referir muy sintéticamente a los repetidos fracasos de los esfuerzos emprendidos durante los gobiernos de Alfonso Portillo y de Oscar Berger por formular participativamente una política nacional de desarrollo rural. Al primer intento se le denominó Mesa Intersectorial de Diálogo sobre Desarrollo Rural (MIDDR) y, al segundo, Mesa de Diálogo y Participación de Desarrollo Rural Integral (MDPDRI).

Se considera que las raíces de esta lamentable realidad, que se podría denominar “proceso ineficaz de formulación participativa de política pública”, por sus resultados limitados (no logra formular por consenso la política) son, entre otras, las siguientes: un bajo desarrollo de la institucionalidad política (del 6

Compston, Hugo, 2002, “Globalization and Policy Concertation.

Workshop on Globalization and Labor Movements, European Consortiun for Political Research”, Joint Sessino, Turin, Italia.

7 Mesa de Diálogo y Participación de Desarrollo Rural, Declaración de Cierre, Guatemala, febrero de 2006.

4/ No. 66, julio de 2008/

Foto: Luis Alejandro de León Soto

Para las cúpulas empresariales, por otra parte, el tema agrario sigue siendo el fantasma comunista que comienza por afectar la propiedad sobre la tierra y luego seguiría “arrasando” la propiedad privada en general, razón por la cual Reforma Agraria es un tema prohibido porque vulnera el “sacrosanto” principio de la propiedad privada. Este desborde de ideología conservadora también es producto del aferramiento de los sectores empresariales a un concepto absoluto sobre la propiedad privada, y es, asimismo, expresión de una recia voluntad de los terratenientes y de los sectores empresariales vinculados con el agro, de no permitir la menor afectación a la concentración de la propiedad sobre la tierra.

Fue tan obvia la importancia del tema agrario en el fracaso de la Mesa de diálogo que se desarrolló durante el gobierno de Oscar Berger, que la propia Vicepresidencia de la República de entonces (2006), en la Declaración de Cierre de la Mesa que discutía la política de desarrollo rural integral, aceptó que “pese a haber identificado la necesidad de superar la concentración de activos productivos en el área rural como un obstáculo fundamental al desarrollo rural, entre otros, la Mesa interrumpió su trabajo en febrero de 2006, debido a las discrepancias entre la representación social y el Gobierno en torno de aspectos sustantivos de la política agraria”.8 Es significativo subrayar, de acuerdo con lo planteado en la cita anterior, que esas discrepancias fueron resultado de la abierta defensa que hizo la delegación gubernamental de los planteamientos e intereses de los sectores empresariales, quienes abandonaron el especio y presionaron al Gobierno para que, en su ausencia, fuera su “defensor de oficio”.

El Plan Visión de País y el desarrollo rural, una experiencia parcialmente exitosa Durante 2005, algunos empresarios discutieron la necesidad de lograr acuerdos interpartidarios alrededor de determinados temas que consideraban trascendentales, respecto de los cuales pretendían definir un rumbo gubernamental más estable, de tal manera que se garantizara una continuidad en las políticas públicas respectivas. Los temas a los cuales se le asignaba tal importancia eran educación y seguridad. Quien apareció públicamente como el principal promotor de esta iniciativa fue el empresario Diego Pulido, pero el financiamiento provino de un acuerdo entre diversos empresarios que se identificaron con la iniciativa.

Para darle legitimidad y amplitud a este proyecto, se conformó un grupo de personas de diferente procedencia social que se constituyeron en lo que se ha conocido como el “Grupo Facilitador”, cuyo propósito fue promover este acuerdo multipartidario. Esta iniciativa se desarrolló a lo largo de 2006. Es importante señalar que la relativa amplitud del Grupo Facilitador no alteró la hegemonía empresarial en el mismo.

Sin embargo, con el devenir de la iniciativa, aunque los partidos aceptaron participar, decidieron, por sí mismos, extender la agenda propuesta e incluir, entre otros, el tema del Desarrollo Rural. Afortunadamente, los sectores 8

Este Grupo Facilitador (conocido como G-15 en los medios) fue constituido por las siguientes personas: Diego Pulido, Felipe Bosh, Jaime Arimany, Mariano Ventura y José Angel Camposeco, de procedencia empresarial; Gonzalo de Villa, obispo católico y Harold Caballeros, pastor de la iglesia Shadai, procedentes de los sectores religiosos; Roberto Gutiérrez empresario medio y principal dirigente de los llamados Grupos Gestores; Helen Mack y Mario Polanco, activistas de derechos humanos; Rafael Espada eminente cardiólogo; y Gert Rosenthal, José Alejandro Arévalo, Alvaro Pop y Adrián Zapata vinculados con los sectores académicos.

empresariales no decayeron en su respaldo a este proceso, a pesar de la decisión de los partidos de ampliar sustancialmente los temas a discutir. Prevaleció en los empresarios una visión más amplia, en términos de pretender garantizar, como explícitamente lo han dicho, que se construya una autopista lo suficientemente ancha para que en ella pueda circularse en distintos carriles (a la derecha, a la izquierda o al centro) a diversas velocidades, pero asegurando que todos vayan para el mismo rumbo y destino. La metáfora anterior expresa una visión de clase, más allá de los intereses Foto: Luis Alejandro de León Soto sectoriales, donde el propósito es mucho más estratégico, relacionado con la reproducción del sistema en su conjunto.

Al iniciarse el funcionamiento de la mesa interpartidaria que discutió el tema del Desarrollo Rural Integral, los nudos fueron los mismos que ya se habían expresado en la Mesa que funcionó durante el gobierno de Berger (MDPDRI) a la cual ya se hizo referencia y que se puede resumir en los siguientes: estructura agraria, economía campesina, rol del Estado e institucionalidad del Desarrollo Rural. Sin embargo, los partidos lograron firmar un acuerdo político, donde se manifiestan, de manera consensuada, sobre dichas cuestiones. Sobre la cuestión agraria, los partidos dijeron: “dada la importancia que presenta el tema de la Estructura Agraria, la política de Desarrollo Rural en su eje agrario reconoce la demanda de acceso a la tierra –entre otros activos productivos, tales como financiamiento, tecnología, conocimiento etcétera– principalmente por parte de los grupos campesinos, que debe ser superada, y propone su atención bajo esquemas diversos que incidan en el mercado de tierras, del tal manera que se haga efectivo su acceso para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, para lo cual se revisarán y actualizarán los instrumentos vigentes en materia de acceso, regularización, resolución de la conflictividad agraria y, en general, de aquellos relacionados con los aspectos jurídico institucionales, promoviendo incentivos para la democratización del acceso y desincentivos para evitar la concentración de activos de forma desequilibrada. Este proceso de transformación de la estructura agraria deberá responder a la orientación e integridad de la política de desarrollo rural, al enfoque territorial que le da sentido y al marco constitucional que persigue el bien común y prohíbe la confiscación. La orientación de la transformación de la estructura agraria, por lo tanto, no es de carácter confiscatorio; sin embargo las acciones del Estado relativas a la recuperación de tierras adquiridas de forma irregular o fraudulenta sí serán un componente de la implementación de acciones de dicha transformación, debiendo ponerse a disposición para solventar la demanda de tierras y/o fortalecimiento del sistema guatemalteco de áreas protegidas…”.9 Como se ve, la relación tan conflictiva entre política agraria y desarrollo rural integral, se resolvió de manera exitosa, por lo menos en teoría. Los partidos políticos, que no participaron en los procesos de formulación participativa de la política nacional de desarrollo rural impulsados durante los dos gobiernos anteriores, lograron acuerdos que superan en profundidad esas frustradas iniciativas.

Desafortunadamente, todo este esfuerzo de los partidos se vino a tierra cuando el sector empresarial, que hegemonizaba el Plan Visión de País, decidió llevar al Congreso una propuesta de iniciativa de ley que, supuestamente, era la expresión jurídica de los acuerdos políticos alcanzados en la materia, sin previamente haberla sometido a un proceso de consenso interpartidario. Esta iniciativa de ley, a juicio de varios de los partidos que participaron en el proceso, no expresa los consensos políticos alcanzados.

9 Plan Visión de País, “Acuerdo Político. Política de Desarrollo Rural”, Guatemala, julio de 2006.

No. 66, julio de 2008/5

una corriente progresista y social demócrata, pero que no pareciera ser hegemónico, más allá del discurso presidencial que, cuando se enfrenta a las cúpulas empresariales suele pasar del ímpetu al sumiso arrepentimiento.

•

Si se logra un acuerdo entre la ADRI y este sector gubernamental, ¿quién garantiza que el mismo será aceptado por la bancada oficial, tan diversa como heterogéneo es el Gobierno y el Partido?

• Si se alcanza el milagro de la homogeneidad en la bancada oficial, ¿cómo se puede lograr el voto favorable de la oposición legislativa a una iniciativa que responde a un acuerdo entre el Gobierno, la bancada oficial y los sectores populares?

•

Y, por último, pero fundamental: ¿acaso las cúpulas empresariales se quedarán de brazos cruzados ante la posibilidad de que se apruebe una ley y una política que ha sido formulada en un proceso participativo en el cual ellos han estado ausentes?

Como se ve, el camino es cuesta arriba. Sin embargo, no puede dejar de valorarse el esfuerzo y la pretensión del Gobierno (o de parte de él) por lograr consensuar con los campesinos, los Foto: Luis Alejandro de León Soto ambientalistas y sus aliados, una política tan trascendental para el país. Ojalá se encuentre la manera de que los partidos políticos, actores esenciales de estos procesos, no estén al margen, ya que esta iniciativa, En importante señalar algunas características relevantes de esta si es exitosa, terminará precisamente en las puertas del Congreso, es decir, en experiencia, tales como las siguientes: participaron los principales grupos de las manos de los diputados, a quienes les corresponde la competencia decisión política (los partidos), se contó con el padrinazgo de las cúpulas constitucional de legislar. Ojalá haya manera de que las cúpulas empresariales empresariales, pero no estuvieron presentes los movimientos sociales vinculados también participen, pero propositivamente, no entorpeciendo las posibilidades con las luchas campesinas y ambientales, ni sus aliados. El resultado fue un de consensos, para que su ausencia no implique, una vez más, la inviabilidad documento político profundo, pero una iniciativa de ley que a estas alturas no política de este reiterado esfuerzo. cuenta con suficiente respaldo en el Legislativo. En este ejercicio de formulación participativa de política pública prevaleció la dimensión representativa de la democracia, habiendo sacrificado la dimensión participativa, ya que se excluyó la participación de los movimientos sociales.

Las cúpulas empresariales mostraron una faceta positiva en el ejercicio del poder que concentran, al haber logrado convocar exitosamente a los partidos políticos para discutir y acordar entre ellos políticas intertemporales, pero “comieron ansias” al pretender que los diputados aprobaran una iniciativa de ley que no había sido consensuada.

El escenario actual De manera sintética, se puede definir el escenario actual a partir de la constatación de tres elementos esenciales: la existencia en el Congreso de varias iniciativas de ley de desarrollo rural, incluyendo una que cuenta con el respaldo de diputados de la bancada oficial; también existe una propuesta de iniciativa de ley en esta materia, elaborada por consenso entre las organizaciones sociales que integran la Alianza por el Desarrollo Rural Integral (ADRI) y está en marcha una iniciativa gubernamental que pretende consensuar una iniciativa de ley de desarrollo rural integral con la ADRI.

Los retos del actual intento gubernamental por formular participativamente una política de desarrollo rural integral Partiendo de las lecciones ¿aprendidas? de las experiencias anteriores, es relativamente fácil ubicar los grandes retos que enfrenta la viabilidad del proceso que ahora impulsa el gobierno de Álvaro Colom y que podríamos sintetizar en los siguientes:

•

El proceso se desarrolla entre el movimiento campesino-ambientalista y sus aliados (pequeños empresarios, académicos, ONG), agrupados en la Alianza por el Desarrollo Rural Integral (ADRI) y un sector del Gobierno que notoriamente expresa

6/ No. 66, julio de 2008/

Foto: Luis Alejandro de León Soto

Asumió nuevo director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica Guatemala

En la fotografía aparecen, en el orden acostumbrado, la doctora Juany Guzmán, coordinadora académica del Sistema FLACSO, el ingeniero Álvaro Colom Caballeros, presidente constitucional de la República, el doctor Virgilio Álvarez Aragón, nuevo director de FLACSO-Guatemala y la maestra Isabel Rodas, directora saliente de la Facultad.

E

l lunes 23 de julio, con la participación del Excelentísimo Señor Presidente de la República, ingeniero Álvaro Colom Caballeros, de los señores embajadores de los países miembros del Convenio FLACSO, de varios miembros del cuerpo diplomático, autoridades públicas y académicas de distintas universidades del país, del doctor Olmedo España, representante del Rector Magnífico de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, de la doctora.

Juany Guzmán, representante del señor Secretario General, Francisco Rojas Aravena, tuvo lugar el acto de toma de posesión del doctor Virgilio Álvarez Aragón, como nuevo director de FLACSO-Guatemala.

Durante este acto hicieron uso de la palabra la maestra Isabel Rodas Núñez, directora saliente de dicha Facultad, la doctora Juany Guzmán, el nuevo director, doctor Álvarez Aragón y el Señor Presidente de la República, ingeniero Álvaro Colom.

A continuación se ofrecen algunos extractos del discurso pronunciado por el doctor Virgilio Álvarez: ..En nuestro país la construcción de una democracia ciudadana ha enfrentado visiones individualistas y anti estatistas que se impusieron como ideología hegemónica en todas las clases sociales. Los guatemaltecos hemos llegado de la represión a la paz sin abrir las puertas al debate ideológico, cargados aún de todas las desconfianzas que el poder público nos impuso cuando hizo de la aniquilación de sus opositores su signo característico.

Los poderes fácticos, extra y anti estatales, se han encargado de imponer sus intereses y conveniencias, empujando al Estado y gobernantes a respuestas reactivas, sin darles la posibilidad de construir propuestas de largo plazo que permitan establecer las bases de una sociedad donde los individuos sean ciudadanos consientes de los derechos y obligaciones de que son portadores.

Educados por décadas en el silencio, la delación y la impunidad, los guatemaltecos apenas comenzamos a descubrirnos los unos a los otros. Racistas por excelencia, no hemos sido capaces de establecer claros y efectivos diálogos interétnicos que nos permitan construir una sociedad abiertamente multicultural.

Seguimos siendo una sociedad machista que limita las posibilidades de las mujeres para incorporarse a los mercados laborales y a insertarse en los ámbitos de toma de decisiones con equidad.

En similares circunstancias los jóvenes no encuentran canales para desarrollar sus inquietudes, son alienados en el torbellino del consumismo.(...)

Lo anterior nos coloca ante la ingente necesidad de replantear la importancia social del conocimiento en contextos políticos y sociales como el de Guatemala.

Las ciencias sociales son capaces también de aportar sugerencias y propuestas a los hacedores y ejecutores de las políticas públicas para desentrañar las causas de los conflictos, procesos e interacciones entre individuos y grupos. No obstante, esta utilidad, ya discutida y analizada hace mucho tiempo por Merton,2 no puede entenderse como el fin o el ser del ejercicio científico, pues si fuese así, sus posibilidades de cuestionar y criticar un estado de cosas se verían limitadas a explicaciones y respuestas a partir de los intereses y necesidades de aquellos que controlan el poder en sus distintas esferas.

Las ciencias sociales en países como los nuestros, tienen la responsabilidad de construir un discurso propio, enfrentando y desarticulando la domesticación que de las instituciones académicas quiere hacerse, desde las instuticiones hegemónicas que difunden el discurso neoliberal. (...)

En el contexto nacional, la ausencia de políticas públicas para estimular el desarrollo de las ciencias, en particular de las ciencias sociales, ha provocado que las instituciones de educación superior se limiten a la formación de profesionales, en algunos casos acríticos ante las ideologías dominantes. Ante ello, es necesario que académicos, políticos y sociedad civil comencemos a impulsar la construcción de un pensamiento científico nacional que enfrente las visiones ideológicas que justifican el lucro desmedido, la anomia social y la explotación.

De igual forma, es imperativo que desde los espacios académicos intentemos construir propuestas que, basadas en la reflexión y análisis científico, constituyan alternativas efectivas a lo que hasta hoy han sido nuestros comportamientos y prácticas sociales, permitiéndonos construir, a partir de los marcos teóricos existentes, propuestas que superen los simples marcos doctrinarios que desde los reducidos actores sociales se utilizan para orientar a su militancia y acción política.

El Ing. Colom dijo: “...creemos que el apoyo de ustedes a nuestro gobierno deberiámos hacerlo mucho más institucional, respetando la independencia de la Facultad, por supuesto, pero sí más fuerte.”

No. 66, julio de 2008/7

Como institución de Educación superior nos comprometemos a ampliar su oferta de cursos de postgrado, velando por que continúen siendo referencias en cuanto a excelencia académica, eficiencia terminal y compromiso público.

Como institución de Estado, nos comprometemos a cooperar y colaborar con los entes de gobierno que así lo demanden, disponiéndonos, además, a impulsar todas aquellas acciones que, a partir de nuestra autonomía institucional, sea posible realizar para hacer de la crítica académica un mecanismo de propuestas para la definición o reorientación de las políticas públicas.

Como parte indisoluble de un organismo internacional de carácter regional nos proponemos estimular el diálogo latinoamericano.

Empeñaremos nuestros esfuerzos para dialogar y divulgar, comentar e incorporar a nuestro qué hacer, los avances, logros y aportes de las ciencias sociales de la región y, consecuentemente, de sus sociedades.

La maestra Isabel Rodas Núñez hizo un balance del periodo en que fungió como directora interina de FLACSO-Guatemala.

Si bien ya no es posible hablar de una ciencia neutra y sin compromisos con el entorno social que la circunda, tampoco lo es imaginar una ciencia sumisa a las exigencias e intereses de los líderes políticos y sociales. En tanto más autónoma y crítica sea la producción científica, con certeza será mucho más necesaria y útil a la sociedad en su conjunto. (...)

Como institución de Estado, autónoma en su gobierno interno y su política académica, la sede académica de la FLACSO en Guatemala ratifica hoy ese compromiso con el desarrollo de una ciencia social que, comprometida con la realidad nacional, tiene como única condición y límite su objetividad científica, la cual, sin ser parcial ni sectaria, tampoco puede ser neutra cuando de la demanda por equidad, justicia y libertad se refiere.

Asumir hoy, por un período de cuatro años, la dirección de la Sede Guatemala implica para nosotros honrar con todas nuestras fuerzas y decisión esos compromisos institucionales, disponiéndonos a consolidar la institución en todos sus aspectos y dimensiones:

El doctor Virgilio Álvarez Aragón asumió con su discurso la responsabilidad de dirigir el rumbo de la Facultad en los próximos cuatro años.

3a. calle 4-44 zona 10, ciudad de Guatemala PBX: 2414 7444 LIBRERÍA EN LÍNEA: http://www.promociencia.com 8/ No. 66, julio de 2008/